ENSAYO / María Estrada

Cuando se cumple un año de la sentencia de la Corte Africana de los Derechos Humanos reconociendo a los Ogiek el derecho sobre su tierra –arrebatada por el Gobierno de Kenia desde mucho tiempo atrás para la explotación maderera–, puede ser oportuno repasar los fundamentos jurídicos sobre el derecho colectivo a la tierra de los pueblos indígenas y cómo su reconocimiento puede favorecer la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Los Ogiek son un pueblo cazador y recolector que desde tiempos ancestrales ha habitado el bosque de Mau, en la selva de Tinet, en Molo, en el distrito Nakuru. Su existencia y continuidad dependen de los bosques, por los estrechos vínculos sociales, espirituales y culturales que les atan a ellos. La disposición de mayo de 2017 dictada por la Corte Africana de los Derechos Humanos obligó a un cambio de actitud por parte del Gobierno keniano. La Corte fundamentó su sentencia en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por las Naciones Unidas en septiembre de 2007, en cuya votación Kenia se abstuvo.

La Declaración de Naciones Unidas reconoce a los pueblos indígenas el derecho de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. En su preámbulo, el texto reconoce “la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”. También cabe considerar el Convenio 107 de la OIT de 1957, que dice: “La Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”.

El derecho internacional distingue entre las nociones de “tierra” y “territorio” para evidenciar la diferencia entre un espacio físico o geográfico determinado (la porción de tierra en sí) y la reproducción o manifestación de la vida cultural asociada a ese espacio. Esa vida cultural se expresa a través de distintas pautas culturales ligadas con formas de uso de la tierra y sus recursos, lazos ceremoniales y espirituales y múltiples maneras de ser y concebir el hábitat y el mundo. Con la noción de territorio no se protege un valor económico, sino el valor de la vida en general y de la vida cultural en particular. ¿Cuál es entonces la cantidad de tierra que debe regularizarse legalmente a favor de un determinado pueblo o comunidad? Las tierras que se entreguen deben respetar los criterios de idoneidad, suficiencia y tradicionalidad. Es decir, deben ser de suficiente extensión y calidad como para que el pueblo o comunidad pueda desarrollar su plan de vida, conforme a sus opciones y prioridades de desarrollo, vivir con dignidad como pueblo organizado acorde con su identidad cultural y garantizar su continuidad histórica y cultural. La noción de tradicionalidad define como propios de una comunidad a aquellos espacios territoriales que están en la memoria colectiva de las actuales generaciones y que todavía se reconocen como el hábitat natural del pueblo en cuestión, sea que esté enteramente bajo su control o que haya sido objeto de usurpaciones y desmembramientos en los últimos años.

A partir de estos conceptos, el derecho internacional y las legislaciones internas de los países han definido que el derecho a la tierra y al territorio implica:
a) la entrega de tierras que son utilizadas por el pueblo y comunidad, respetando las distintas modalidades de uso de la tierra y los recursos; b) la restitución de tierras perdidas involuntariamente y a las que hayan tenido tradicionalmente acceso, y c) la entrega de tierras adicionales o complementarias para asegurar el desarrollo y continuidad del pueblo o comunidad.

Además de estas fuentes de derecho internacional, hay otras iniciativas que inevitablemente hubieran llevado al triunfo de los Ogiek, gracias a los cambios que está experimentando la geopolítica global en las últimas décadas.

En primer lugar, en la comunidad internacional cada vez más son los Estados que se están sumando a las iniciativas de los modelos de desarrollo sostenible, ya sea por la presión ejercida por actores no estatales como las ONG o grupos de activistas; o por iniciativa propia, al percatarse los gobiernos de que es fundamental incluir la seguridad medioambiental en sus políticas de defensa. En el campo de estudios estratégicos, la política internacional ha estado dominada desde la Guerra Fría por la corriente realista. Esta corriente tiene una visión muy acotada, y considera la guerra y el conflicto características inherentes al sistema internacional. Los estados son los actores principales, y su meta es la acumulación de poder, definido en términos de capacidad militar. Este enfoque ha seguido ostentando un puesto predominante incluso después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, pese a que poco a poco se han ido introduciendo nuevas perspectivas. Han surgido nuevas corrientes que critican la limitada visión de las corrientes tradicionales, planteado que hay otros factores no militares que son relevantes a la hora de reconocer cuáles son las amenazas para la seguridad de las naciones y de los individuos. Varios autores, como Dalby, Floyd o Mathew, entre otros, creen que es necesario empezar a incluir y dar prioridad a la seguridad medioambiental en la agenda internacional; o lo que es lo mismo, “securitizar” el tema. Unos siete millones de personas mueren cada año como consecuencia del cambio climático, y la escasez de recursos es con frecuencia fuente de conflicto, especialmente en los países menos desarrollados.

En segundo lugar, en 2015 se anunciaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, que se agrupan en 17 objetivos y 169 metas. Estos fueron propuestos en 2014 en la Conferencia “Transformar nuestro mundo” de las Naciones Unidas, en la que se analizaron los resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del año 2000. Los ODM lograron avances en aspectos como la reducción del número de personas bajo el umbral de pobreza, pero en otros aspectos como el medioambiente hubo retrocesos. Esta vez, los ODS ponen sobre la mesa una agenda más integral y comprehensiva, y tienen la sostenibilidad como elemento central, velando por el crecimiento equitativo. El gran reto en este caso será su implementación, ya que las metas no son del todo claras y no demandan compromisos específicos, por lo que se corre el riesgo de que los estados esquiven el compromiso. De entre los objetivos establecidos, cabe destacar dos para el tema que estamos tratando. El objetivo 13 habla de “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” y el objetivo 15 de “proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica”. La estrategia de sostenibilidad que proponen los ODS incluye el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas mediante una gestión eficiente de los recursos naturales y una desvinculación de las presiones medioambientales respecto del crecimiento económico.

Dicho esto, y volviendo a los Ogiek, hay quienes afirman que su establecimiento en el bosque de Mau puede ayudar a la conservación del espacio, que estaría en línea con el objetivo 15. Los Ogiek se consideran los guardianes del bosque, y creen que su deber es contribuir a la conservación del mismo y de todas las especies que en él habitan. En la cultura africana —sin pretender caer en una excesiva generalización— el vínculo con la tierra es algo más que histórico y cultural, también es un vínculo espiritual. Allí es donde residen sus antepasados, cuyos espíritus custodian al pueblo. Además, una de las principales actividades de los Ogiek es la producción de miel. Por eso la libre disposición del bosque por parte del gobierno keniano supondría el desarraigo moral y existencial de estas gentes, además de otras graves consecuencias para el cambio climático. El bosque evita en buena medida las sequías y ayuda a la cohesión del suelo.

Además de esto, también hay que tener en cuenta la insostenibilidad del modelo actual de producción y consumo capitalistas, que solo generan desigualdad a través de una feroz competencia que resulta injusta para los grupos más marginados como son en este caso los pueblos indígenas. El gobierno keniano justifica la tala de bosques descontrolada como necesaria para el desarrollo y la generación de ingresos. Sin embargo, hay que considerar otros estilos de vida, que a su manera permiten un desarrollo igual de completo para las personas. Además de guardar la diversidad y promover el enriquecimiento cultural, el estilo de vida del pueblo Ogiek sería la solución para el desarrollo sostenible que persiguen los ODS.

A la luz de este caso es preciso plantear la idea de que quizás en otros lugares del planeta la solución para la conservación del medio ambiente y las especies es dejar que los lugareños que conocen esa tierra se ocupen de su cuidado. Este asunto concierne a numerosos grupos de personas. En Latinoamérica son frecuentes las disputas a causa de los abusos de los entes políticos en contra de los pueblos indígenas, que de igual forma acuden a los tribunales en busca de protección de sus derechos (poner ejemplos). Es entonces probable que la imposición de un modelo capitalista sin fuertes consideraciones sociales sea contraproducente en cuanto a la consecución del desarrollo, considerado este como aquello que eleva el nivel de vida de las personas. Los nuevos pasos a seguir ahora deben encontrar su fundamento en una concepción más amplia de desarrollo, teniendo en cuenta la diversidad de estilos de vida en el mundo, y viendo en la disposición de los pueblos indígenas de vivir y proteger los bosques una oportunidad que garantiza la conservación de los mismos.