El grupo llega a los 2.000 integrantes, incluyendo a elementos desmovilizados que vuelven a las armas y nuevos reclutas

• Detectada la coordinación entre el residuo de las FARC y el ELN, con participación de miembros “desmovilizados” de la vieja cúpula guerrillera como Iván Márquez

• El Gobierno de Iván Duque reacciona a las presiones de Estados Unidos con la erradicación comprometida de 70.000 hectáreas de cultivo de coca

• La mayor concentración de producción de coca en la frontera con Ecuador vierte la violencia sobre este país, donde a lo largo de 2018 actuó “el Guacho”, exFARC

▲ Walter Patricio Arizala, alias “el Guacho”, antes de caer en una operación del Ejército colombiano

Informe SRA 2019 / María Gabriela Fajardo [Versión en PDF]

La duda que existía cuando en diciembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz colombiano, acerca de si la disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sería algo residual o más bien alcanzaría cierta entidad, suponiendo un claro problema de seguridad, ha quedado despejada. Los disidentes han ido creciendo en número progresivamente y a lo largo de 2018 se han consolidado en su actividad delictiva.

En la primera mitad de 2017 quedaron desmovilizados unos 6.800 guerrilleros de las FARC tras la entrega de casi 9.000 armas. El Gobierno estimó que del total de efectivos de las FARC, unos 400 combatientes (un residual 5%) probablemente se negarían a seguir las instrucciones de la cúpula guerrillera. En noviembre de 2017, en el primer aniversario de la firma del acuerdo de La Habana, la Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe estimando que la disidencia había alcanzado alrededor de 700 integrantes. En febrero de 2018 la Fundación Ideas para la Paz elevó la cifra a entre 1.000 y 1.500. A finales de 2018 dos informes de inteligencia, ambos difundidos por medios colombianos que aseguraron haber tenido acceso a su contenido, situaron el grueso disidente entre 1.750 y 3.000 efectivos.

La cifra máxima de esta horquilla fue establecida por un informe dado a conocer en octubre, del que apenas se dieron detalles, mientras que la menor fue aportada por un supuesto documento del Departamento de Defensa remitido al Congreso y revelado en diciembre. Este último fijaba el número de integrantes de todos los grupos ilegales del país en 7.260, de los que 2.206 pertenecían al ELN (Ejército de Liberal Nacional, la última guerrilla como tal aún activa en Colombia), 1.749 a la disidencia de las FARC y 1.600 al Clan del Golfo, un grupo de crimen organizado. De provenir ambas estimaciones sobre el tamaño de la disidencia realmente de agencias gubernamentales estaríamos ante una falta de información contrastada por parte del Estado, aunque todo puede deberse a que los informes se elaboraran en momentos distintos, además sin corresponderse con el tiempo de su difusión en los medios.

A la vista de la evolución del fenómeno, probablemente no sería equivocado pensar que a comienzos de 2019 el número de disidentes de las FARC puede rondar los 2.000. Este volumen incluye tanto personas que nunca se desmovilizaron, como excombatientes que volvieron a tomar las armas ante las dificultades encontradas en el paso a la vida civil y también nuevos reclutamientos.

Reorganización

Traspasado el estandarte político a la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria de los Comunes (que mantiene así las siglas FARC), los disidentes ya no cuentan con el relato de lucha social que antes acompañaba a las actividades que siguen desarrollando: narcotráfico, contrabando, extorsión y otros negocios ilícitos­. Así que han derivado en un ejemplo más de delincuencia organizada, articulada en diferentes grupos que, aunque están convergiendo, no tienen la estructura jerarquizada de la vieja cúpula guerrillera.

La dirección podría robustecerse si alguno de los dirigentes que han expresado disconformidad con la implementación del proceso de paz y han desaparecido durante algún tiempo, como Iván Márquez, vuelvan a la guerrilla. De momento, en cualquier caso, lo que se está observando es más bien una confluencia organizativa con el ELN. Así, varios medios publicaron en diciembre de 2018 acerca de esa coordinación, dirigida especialmente a sacar cargamentos de cocaína a través de Venezuela, país donde el ELN ha aumentado su actividad. Mandos del Ejército han confirmado esa cooperación. En un encuentro de alto nivel habrían participado, además de Iván Márquez, otros dirigentes de las FARC que supuestamente habían dejado las armas, como El Paisa y Romaña.

Esos contactos sucedían después de que las conversaciones entre el Gobierno y el ELN, abiertas en suelo ecuatoriano para explorar un acuerdo de paz, quedaran suspendidas en septiembre por decisión del presidente Iván Duque al no registrarse avances y entender que, en realidad, los elenos se estaban fortaleciendo, ocupando territorios antiguamente controlados por las FARC. El diálogo quedó roto a raíz del atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander, en Bogotá, perpetrado el 17 de enero de 2019, que dejó 21 muertos y 80 heridos.

Por otro lado, la desmovilización de las FARC, aunque como vemos incompleta, ha dado pie a la presencia en Colombia de carteles mexicanos, que de esta forma intentan extender su dominio también a los lugares de producción de la cocaína, algo que ha sido destacado por el fiscal general de la nación.

La coca y la disputa de dominios

Entre las prioridades del nuevo Gobierno de Iván Duque, que se hizo cargo de la presidencia del país en agosto de 2018, ha estado el intentar reducir la alta producción de hoja de coca y de cocaína, que en los últimos años ha conocido un fuerte incremento. Entre 2013 y 2017, el número de hectáreas con arbustos de coca pasó de 48.000 a 171.000 hectáreas, según La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Estados Unidos hace esos cálculos al alza para el mismo periodo: de 80.500 a 209.000 hectáreas (cifras estas últimas que habrían supuesto un salto de la producción potencial de cocaína de 235 a 921 toneladas).

El Gobierno saliente de Juan Manuel Santos se comprometió en marzo de 2018 a la erradicación manual de 70.000 hectáreas de arbusto de coca a lo largo del año (frente a las 52.000 que, según las autoridades colombianas, fueron erradicadas en 2017), en el marco de un plan quinquenal acordado con Estados Unidos, cuya Administración se había quejado del sustancial aumento de la producción de cocaína en el país en los últimos años. El Ministerio de Defensa de Colombia anunció que a junio de 2018 se habían reemplazado voluntariamente 42.000 hectáreas, según recoge el último informe de la Oficina contra la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas, la cual, por su parte, certificó que entre mayo de 2018 y enero de 2019 se habían erradicado casi 35.000 hectáreas. Estas cifras suponen el cumplimiento superior al 90% del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en diversos departamentos. No obstante, la urgencia por alcanzar los objetivos de reducción de espacio de producción podría estar llevando a una erradicación forzosa, no seguida de otras siembras, que a medio plazo podría suponer el retorno al cultivo de coca.

En 2018 siguieron aumentando los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, que ascendieron a un número récord de 164. Según la Defensoría del Pueblo, desde comienzos de 2016 hasta finales de 2018 fueron asesinados más de 420 activistas que desarrollaban un papel de liderazgo en distintas comunidades del país. Esta violencia está relacionada con la reorganización territorial de los grupos delictivos. Hubo especial incidencia en algunos departamentos de acceso al Pacífico, como Cauca y Nariño, donde una mayor concentración de la producción de cocaína y la desmovilización inicial de las FARC causaron tensiones entre organizaciones criminales para asegurarse el dominio del territorio. Estas fricciones causaron bajas entre dirigentes comunitarios que deseaban librarse del control que habían venido ejerciendo los carteles y grupos criminales. Por su parte, un total de 85 antiguos integrantes de las FARC fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz, como consta en el informe de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

El incremento de la actividad delictiva en la zona fronteriza con Ecuador, con centro de exportación de cocaína en el puerto de Tumaco, llevó a un vertido violencia sobre el otro lado de la frontera. A comienzos de 2018 diversos ataques a instalaciones de la Policía y del Ejército de Ecuador, así como varios secuestros, fueron atribuidos a disidentes de la FARC, dirigidos por “el Guacho”. Colombia y Ecuador procedieron a aumentar el despliegue de soldados a lo largo de la frontera para afrontar la situación. En diciembre de 2018 “el Guacho” fue abatido en Nariño por una unidad del Ejército colombiano.