▲ Vista nocturna de Shanghái [Pixabay]

COMENTARIO / Jimena Puga

La nueva Ley china sobre inversión extranjera, que entró en vigor el 1 de enero de 2020, tiene como principal objetivo acelerar las reformas de política económica del país para abrir el mercado interior y eliminar trabas y contradicciones de la ley anterior. Tal y como ha comunicado el presidente de la Republica Popular, la nueva norma pretende construir un mercado basado en la estabilidad, la transparencia, la previsibilidad y la competencia leal para los inversores extranjeros. Además, las autoridades chinas aseguran que esta nueva ley representa una parte fundamental de la política del Estado para abrirse al mundo y atraer una mayor cantidad de inversión extranjera directa.

El borrador de la norma, redactado en 2015, creó altas expectativas entre los reformistas chinos y los inversores extranjeros sobre un cambio en el régimen de la política de inversiones extranjeras del país. Y su publicación en 2019, año al final del cual el presidente de Estados Unidos y el de la Republica Popular acordaron un paréntesis en la guerra comercial de la que ambos son protagonistas, significó un avance en este cambio.

No obstante, la realidad es distinta. La postura de Pekín en cuanto a la inversión extranjera sigue siendo significativamente diferente en comparación con la concepción de inversión existente en la arena internacional, pero parte del sector reformista de la sociedad sabe que el gobierno no puede permitirse dejar pasar la oportunidad de mejora tras la paulatina ralentización de la inversión nacional en el mercado chino en la última década.

Por el contrario, y teniendo en cuenta la imagen que el Imperio del Centro ha querido proyectar al mundo desde la apertura del régimen, podría pensarse que el presidente Xi Jinping y los líderes del Partido Comunista habrían aprovechado la oportunidad de dar un lavado de cara a una nueva política que, en comparación con la laberíntica y anterior ley, sería sistemática y percibida de manera más amable por los países inversores, como medio para revivir los decrecientes índices de progreso económico. El nuevo acercamiento de la potencia asiática al libre mercado es, por tanto, una cortina de humo sustentada en el establecimiento de protocolos que definen vagamente los límites de los derechos de los que gozan los inversores extranjeros.

Como complemento al contenido de la ley de inversión extranjera, la regulación destaca su promoción y protección y detalla las medidas necesarias para asegurar su efectiva implementación. Esta promueve la inversión por la vía de protección de los derechos e intereses de los inversores, normalizando la administración de la inversión extranjera, mejorando el entorno de los establecimientos mercantiles, así como fomentando el avance de la apertura del mercado con un mayor alcance.

En concreto, el precepto estipula que las empresas de inversión extranjera gozarán de las mismas políticas favorables que las compañías domésticas. Además, detalla las medidas para proteger los negocios de forma confidencial y mejorar el mecanismo para la presentación de sugerencias de las firmas extranjeras a las autoridades.

También recoge y clarifica la implementación de un mecanismo de listas negativas de acceso a inversión extranjera y detalla el sistema de registro y notificación de este tipo de inversiones. Por ultimo, regula también las políticas de inversión para empresas establecidas en Hong Kong, Macao y Taiwán, y las responsabilidades legales para las violaciones de esta regulación.

Desde el plano estrictamente jurídico, el artículo 2 del precepto define el concepto de inversión extranjera como “actividad de invertir de forma directa o indirecta llevada a cabo por personas naturales, empresas u otras organizaciones extranjeras”, y además contempla cuatro circunstancias que se consideran parte de este tipo de inversión:

• Quien establece una empresa en el territorio chino tanto solo como con otro inversor

• Quien adquiere participaciones, acciones… u otros derechos e intereses de una empresa en el territorio chino

• Quien invierte en cualquier proyecto nuevo en China, tanto solo como con otro inversor

• Quien invierte en cualquier otro modo estipulado por ley, reglamentos administrativos o provisiones del Consejo de Estado

Con el término “empresa de inversión extranjera”, se refiere a una empresa incorporada al territorio chino bajo la ley de China y con toda o parte de su inversión financiada de un inversor extranjero.

No obstante, y tal y como se menciona anteriormente, a pesar de las importantes innovaciones de esta ley, todavía quedan muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, no especifica qué es la inversión indirecta. Tampoco especifica el alcance de “persona natural extranjera”: ¿qué ocurre con los chinos que adquieren otra nacionalidad? ¿y con los extranjeros que adquieren la ciudadanía china? Además, el legislador tampoco clarifica si la inversión proveniente de Hong Kong, Macao o Taiwán será considerada inversión extranjera.

Los artículos 4 y 28 de la nueva ley establecen que China adoptará el sistema de gestión del pre-establecimiento de tratamiento nacional (principio que garantiza a los inversores extranjeros y a sus inversiones acceso a los mercados sin desventajas, y por tanto en las mismas condiciones que los nacionales). Y el sistema de la Lista Negativa para la inversión extranjera, el cual consiste en medidas administrativas especiales para el acceso de la inversión extranjera a determinados campos. Es decir, el gobierno tratará como nacionales a todas aquellas inversiones extranjeras fuera de la Lista Negativa.

Este sistema de Lista Negativa fue probado por primera vez en la ZEE de Shanghái y expandido por el país en 2018. Tanto el artículo 4 como el 28 clarifican que la nueva Lista Negativa será promulgada previo acuerdo del Consejo de Estado. Lo cual supone que ni los ministros ni los gobiernos locales podrán establecer restricciones a la inversión extranjera. ¿Qué falta? Si los inversores quieren acceder a los sectores restringidos bajo la Lista Negativa, deben recibir autorización del Ministerio de Comercio, trámite que el legislador no recoge en la normativa.

Por otro lado, los artículos 34 y 37 de la nueva ley establecen el sistema de comunicación sobre el establecimiento de nuevas inversiones para la gestión y organización de las mismas.

De acuerdo con esos puntos, los inversores extranjeros están obligados a comunicar toda información relevante al departamento de comercio regulado por la Empresa de Sistema de Registro o la Empresa de Sistema de Publicidad de Información Crediticia. En estos artículos se recogen también las penalizaciones por incumplimiento. Pero una vez más, en este campo faltan requisitos de forma en cuanto a cómo y qué contenido se requiere para la comunicación de la información al departamento de comercio.

Este nuevo giro en la política económica se traduce, una vez más, en una estrategia mediante la cual Pekín pretende proyectarse en el panorama internacional como potencia económica poderosa e innovadora, tratando de ocultar la ralentización de su mercado interior y los daños sufridos por la guerra comercial contra Washington. Sin embargo, teniendo en cuenta los vacíos legales analizados en los artículos mencionados y su vaga y ambigua escritura, las empresas extranjeras tendrán que esperar a determinar lo que esta reforma supone realmente tras su puesta en práctica.