Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras ya han aprobado el señalamiento, mientras que Brasil y Guatemala se han comprometido a hacerlo en breve

• El 25 aniversario del atentado contra la AMIA sirvió para desencadenar una cascada de pronunciamientos, rompiendo la falta de instrumentos legales adecuados contra el grupo

• Varios países han erigido listados de organizaciones terroristas, lo que permite una mayor coordinación con Estados Unidos en la lucha antiterrorista en la región

• La implicación de Hezbolá en economías ilícitas de la Triple Frontera y en redes de narcotráfico explican la decisión de los países afectados en América del Sur y Central

▲ Memoria a los fallecidos en atentado contra la AMIA, en Buenos Aires [Nbelohklavek]

INFORME SRA 2020 / Mauricio Cardarelli [versión en PDF]

El 25 aniversario del mayor atentado terrorista en Latinoamérica –el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994– sirvió para que varios países de la región anunciaran su propósito de declarar a la organización chií libanesa Hezbolá como grupo terrorista. A Hezbolá se atribuye el atentado contra la AMIA, en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas, así como el perpetrado también en la capital argentina contra la Embajada de Israel dos años antes, que causó la muerte de otras 22 personas.

El año 2019, pues, significó un salto importante en la confrontación de Hezbolá en el Hemisferio Occidental, ya que previamente ninguna nación latinoamericana había declarado como terrorista a esa organización, que sí es señalada como tal por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. De hecho, los códigos de derecho latinoamericanos, más allá del fenómeno propiamente guerrillero, apenas han tenido en cuenta el hecho terrorista externo, al tratarse de estados que no han sufrido como otros lugares del planeta el auge del terrorismo internacional, especialmente en lo que va de siglo y sobre todo de la mano del radicalismo islamista.

La ronda de declaraciones la abrió la propia Argentina en el mes de julio, en el aniversario mismo de la masacre de la AMIA. A mediados de agosto fue el turno de Paraguay, mientras que Brasil anunció también entonces su intención de seguir esos mismos pasos. Luego las gestiones de Estados Unidos catalizaron el proceso, de forma que en el marco de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, celebrada a mediados de enero de 2020 en Bogotá, tanto Colombia como Honduras procedieron a incluir a Hezbolá en listados de organizaciones terroristas. Por su parte, el presidente electo guatemalteco se comprometió a una medida semejante cuando asumiera la presidencia.

La catalogación realizada ya de modo efectivo por Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras (países atentos a la actividad de Hezbollá en la llamada Triple Frontera o a su implicación en el narcotráfico), y la aún no ejecutada, pero supuestamente inminente, de Brasil y Guatemala deberá ayudar a una mayor contundencia en la lucha contra ese grupo radical por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y en las sentencias de los respectivos tribunales de justicia.

Si ya en 2018 la detención de parte de la red del clan de los Barakat supuso un avance en la coordinación policial de Argentina, Brasil y Paraguay en el área de frontera compartida (la Triple Frontera, lugar de intensa actividad comercial y de financiación y ocultamiento de operativos de Hezbolá, amparados por elementos de una nutrida población musulmana), los pasos de 2019 constituyen una actuación decisiva.

Infiltración en América Latina

Militantes y células de Hezbolá han podido penetrar en las últimas décadas en América Latina en primer lugar aprovechando la diáspora libanesa. A raíz de la guerra civil vivida por el Líbano entre 1975 y 1990, miles de personas emigraron al continente americano, en ocasiones instalándose en lugares en los que ya existía cierta presencia árabe, como era el caso de palestinos o sirios. Aunque parte de esos inmigrantes eran cristianos, otros eran musulmanes; la concienciación entre estos últimos sobre la lucha contra Israel llevó a que se formalizaran redes de financiación de grupos radicales, en un proceso de lavado de dinero a partir de la profusa actividad comercial –y también de contrabando– llevada a cabo en muchos de esos enclaves.

Un punto estratégico en esa dinámica ha sido la Triple Frontera, en la que viven unas 25.000 personas de origen libanés, así como como otros grupos árabes: se trata del área con más musulmanes de Latinoamérica. La porosa frontera conecta Ciudad del Este (Paraguay), que cuenta con 400.000 habitantes; Foz de Iguazú (Brasil), con 300.000, y Puerto Iguazú (Argentina), con 82.000. Se trata de un foco de actividades ilícitas ligadas el blanqueo de dinero, la falsificación, el contrabando y el narcotráfico. Se estima que el comercio ilícito en la Triple Frontera supone unos 18.000 millones de dólares al año. Las autoridades han podido constatar redes de financiación de Hezbolá, así como la presencia de operativos del grupo (el trazo de la preparación de los atentados de Buenos Aires de 1992 y 1994 llevó hasta ese enclave trifronterizo). El año pasado pudo detenerse a Assad Ahmad Barakat y una quincena de miembros de su clan, dedicado a generar fondos para Hezbolá.

Otros puntos de apoyo para Hezbolá han sido determinados lugares de Brasil que cuentan con mezquitas y centros culturales chiís radicalizados, que acogen actividades de clérigos extremistas como Bilal Mohsen Wehbe. Por otra parte, la estrategia de acercamiento de Hugo Chávez a Irán supuso una estrecha colaboración manifestada en la entrega de pasaportes venezolanos a islamistas y su participación en el negocio de la droga amparado por la cúpula chavista. Esa interrelación también contribuyó su mayor dispersión por la región, mediante progresivos lazos de Hezbolá con quienes participan en la estructura del narcotráfico, como las FARC o algunos carteles mexicanos (Los Zetas y Sinaloa).

Cascada de señalamientos

Argentina abrió la ronda de señalamientos de Hezbolá (y de creación, en la mayoría de los casos, de listas de grupos terroristas, que no existían previamente en los países latinoamericanos) al cumplirse 25 años del atentado contra la AMIA, en julio de 2019. El entonces presidente Mauricio Macri, que había puesto fin a las presidencias kirchneristas, de cierta complicidad con Irán, aprobó la creación de un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET).

Con motivo del destacado aniversario, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, animó a que los países del continente procedieran a ese tipo de declaración contra Hezbolá.

Paraguay siguió los pasos de Argentina un mes después. El gobierno de Mario Abdo Benítez había sido criticado por no actuar con decisión en la Triple Frontera, cuyo contrabando, como el de tabaco, y otras actividades ilícitas alimentan la percepción de corrupción que acompaña a los políticos del país. El presidente paraguayo cuenta además con introducir un paquete de reformas legislativas en contra del blanqueo de capital.

Brasil anunció el 20 de agosto su intención de proceder del mismo modo que sus dos vecinos, aunque de momento no ha ejecutado esa decisión. A finales de febrero de 2020, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño y diputado nacional, confirmó que el paso se daría “pronto”; sugirió que el retraso en adoptar la medida se debía a que se estudia aplicar la calificación de grupo terrorista también a otras organizaciones, como Hamas.

En diciembre fue el anuncio de Guatemala, cuyo presidente electo, Alejandro Giammattei, comunicó que cuando tomara posesión de su cargo pondría a Hezbolá en una lista negra. Giammattei vinculó la decisión a una política proisraelí que le llevaría también a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos (también Honduras y Paraguay se encuentran en la misma línea). Giammattei ocupó la presidencia el 14 de enero, pero aún no ha ejecutado sus promesas.

Detrás de estos movimientos de los países latinoamericanos estuvo la diplomacia estadounidense. El despliegue de esta quedó de manifiesto en el tercer encuentro de la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, una iniciativa impulsada por Washington con Hezbolá en la mirilla, entre otros objetivos. Ese encuentro se celebró el 20 de enero de 2020 en Bogotá y contó con la asistencia del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.

Colombia aprovechó esa reunión, en la que actuaba como anfitriona, para anunciar su consideración de Hezbolá como grupo terrorista. El presidente Iván Duque anunció que tres días ante el Consejo de Seguridad Nacional del país había adoptado los listados de Estados Unidos y de la Unión Europea de personas y organizaciones terroristas. La lista aprobada incluía la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, y de ella desaparecían las antiguas FARC.

Honduras, el país centroamericano más plegado a las estrategias de Estados Unidos, también realizó su anuncio internacional en la misma conferencia. Su canciller comentó al término de una reunión previa del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa que Honduras había designado a Hezbolá como grupo terrorista y se proponía crear un registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiación.