Del éxito del superministro Sérgio Moro al fracaso de ‘abrazos, no balazos’: dos signos distintos en el primer año de los presidentes populistas de Brasil y México

• AMLO prometió terminar con la continua alza anual de los homicidios registrada en los mandatos de sus dos predecesores, pero a lo largo de 2019 la acentuó

• La mejora de las cifras en Brasil se ve empañada por el aumento de las muertes accidentales en operaciones policiales y del número de presos provisionales en las cárceles

• En los primeros meses de 2020 tanto en México como en Brasil los homicidios han aumentado, pero el confinamiento por el Covid-19 podría afectar a la estadística anual

▲ El presidente mexicano en la puesta de largo de la Guardia Nacional, en junio de 2019 [Gob. de México]

INFORME SRA 2020 / Túlio Dias de Assis y Marcelina Kropiwnicka [versión en PDF]

Uno de los conflictos más conocidos de Latinoamérica es su alto índice de violencia, a menudo como consecuencia de la gran presencia del crimen organizado. Dentro de este paradigma regional, no todos los mandatarios afrontan el problema de la criminalidad de igual manera. Mientras que unos optan por una política más pasiva, otros prefieren apostar por la mano dura, pese a los riesgos que esta puede suponer. 2019 fue el primer año de mandato de Andrés Manuel López Obrador y el de Jair Bolsonaro, líderes populistas de ideologías contrarias, que llegaron al poder con apenas un mes de diferencia. En Brasil los homicidios bajaron, en México subieron.

México

A lo largo de 2019 hubo en México un total de 35.588 víctimas de homicidio intencional. Esto significa que, al llegar a su fin el año 2019, se dejó atrás un máximo histórico de homicidios a nivel nacional. Con ello, el presidente López Obrador, conocido por la abreviatura AMLO, incumplía su promesa electoral de reducir la violencia. Aunque mantuvo su índice de aprobación en un 72% a finales de 2019, su aceptación se ha visto dañada después por su gestión de la crisis sanitaria del coronavirus.

Tres gobiernos anteriores habían favorecido el combate militar contra los cárteles de narcotráfico, pero López Obrador estableció al llegar una estrategia de seguridad divergente, centrándose más en el enfoque autodescrito de “abrazos, no balazos”. Este enfoque condujo a la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que el gobierno argumentó por el deseo de evitar una escalada de violencia de los cárteles. Además, AMLO creó la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad que ha estado desplegando decenas de miles de efectivos, anteriormente pertenecientes al Ejército y a la Policía Federal, para hacer frente a la delincuencia organizada en zonas clave de todo el país. Si bien la nueva estrategia tiene por objeto reforzar la seguridad y hacer frente a la violencia en las ciudades, hasta el momento no se ha frenado la barbarie. El presidente incluso se ha desdicho de otra promesa y ha anunciado que de momento el Ejército seguirá en las calles compartiendo la función de seguridad ciudadana.

El número de homicidios dolosos en 2019 fue de 34.582, un 2,5% más que los 33.743 del año anterior; los feminicidios llegaron a 1.006, con incremento del 10,3% respecto a los 912 de 2018, según el Sistema Nacional de Seguridad Público (SNSP). Aunque en años precedentes, durante el mandato de los presidentes Enrique Peña Nieto, hubo mayores aumentos —los anteriores incrementos fueron de un 15,7% (de 2017 a 2018), un 26,5% (de 2016 a 2017) y un 25,1% (de 2015 a 2016)—, los homicidios de 2019 representan la cifra global más alta registrada en los dos últimos decenios. Las cifras del mandato de Felipe Calderón (PAN), el primero en sacar a la calle el Ejército para combatir el narco, fueron superadas en el mandato de Peña Nieto (PRI) y ahora ha vuelto a haber un incremento en el primer año de López Obrador (Morena). Los tres criticaron la gestión en seguridad de sus antecesores y los tres fallaron en su propósito (AMLO al menos de momento).

En promedio, en 2019 se cometieron 2.881 asesinatos por mes; el número más alto registrado fue de 2.993 asesinatos en junio y el número más bajo el de 2.731 en abril. El estado con más homicidios fue Guanajuato, seguido del estado de México y Baja California. En cuanto a la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, Colima ocupó el primer lugar, con 98,3, seguido de Baja California (80,6) y Chihuahua (68,7).

Gran parte de la violencia que se ha producido en todo el país está directamente relacionada con las formaciones de bandas y los narcotraficantes, y la lucha por el dominio de los mercados locales. Por lo tanto, no es de extrañar que Colima, donde se encuentra el estratégico puerto de Manzanillo, foco de actividades ilícitas, sea el estado que encabece la lista negra. Además, existe colaboración entre los grupos delictivos de ambos lados de la frontera de Estados Unidos y México para el abastecimiento mutuo de drogas y armas. El 70% de los homicidios son cometidos con armas de fuego, muchas de las cuales han sido introducidas de contrabando a través de la frontera. La situación no solo socava la seguridad en México sino también en Estados Unidos. 

Donald Trump ha instado a México a que “haga la guerra” contra los cárteles. En noviembre anunció que iba a catalogar oficialmente a estos como organizaciones terroristas. “Estados Unidos están listos, dispuestos y capacitados para involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y eficaz”, tuiteó entonces Trump. Sin embargo, acabó aplazando esa proclamación a petición del presidente mexicano.

En el primer trimestre de 2020 los homicidios han mantenido su tendencia al alza, con 269 homicidios más que en el mismo trimestre del año anterior. Si bien las medidas de distanciamientos social adoptadas durante la crisis del Covid-19 pueden bariar la tendencia en el segundo semestre, la menor inversión en seguridad para dirigir el gasto público hacia el sector sanitario y el económico puede empujar al alza el número de asesinatos.

Brasil

Al contrario de México, Brasil ha logrado una serie de resultados más positivos, siguiendo una tendencia a la baja ya experimentada en el último año de la presidencia de Michel Temer. Ello se debe sobre todo a las medidas tomadas por el hasta hace poco ministro de Justicia y Seguridad Pública Sérgio Moro, exjuez federal al mando de la Operación Autolavado. La elección de Moro como ministro por parte de Bolsonaro no fue aleatoria, puesto que Moro es considerado por buena parte de la población como un héroe de la lucha contra la corrupción, debido a los varios procesos que dirigió contra miembros de Odebrecht y de la clase política, incluyendo el que llevaría a la prisión del expresidente Lula da Silva. Habiendo prometido en campaña mano dura contra el crimen y la corrupción, Bolsonaro decidió fusionar los ministerios de Justicia y de Seguridad Pública y ofrecer a Moro su dirección.

La decisión fue certera y una de las que mejor sostuvo la popularidad del presidente brasileño en su primer año de mandato. Prueba de ello fue la significativa bajada del número de crímenes violentos, entre los que destaca un descenso del 19% del número de homicidios. Se trata de uno de los indicadores más preocupantes en Brasil, puesto que es el país con mayor número bruto de homicidios anuales del mundo. En 2018 los homicidios fueron 51.558, mientras que en 2019 se redujeron a 41.635, lo que supuso un descenso del 19,2%. Excluidos de estas cifras los latrocinios, el descenso fue de 49.120 a 29.750.

Además, los robos de cargas en un 35% y aumentó en un 81% la aprehensión de droga. En Río de Janeiro, uno de los estados más problemáticos en lo que seguridad se refiere, los latrocinios (robo seguido de muerte) se vieron reducidos en un 34% y las aprehensiones de armas ilegales se incrementaron un 32%.

Una de las medidas que más contribuyeron a este descenso fue la integración de las diferentes instituciones de fuerzas de seguridad del estado en todos los niveles: federal, estadual y municipal. Esto ha permitido un mayor nivel de coordinación, especialmente significativo en el ámbito del servicio de inteligencia, cuya información fluye ahora más fácilmente entre instituciones. Además, en esta misma área, cabe destacar las inversiones realizadas en Big Data y sistemas de inteligencia. Principal atención se ha puesto en sistemas de reconocimiento facial y videovigilancia.

Otra política de gran relevancia ha sido la transferencia de jefes de bandas a presidios de mayor nivel de aislamiento, impidiendo así su posible comunicación y coordinación con los miembros de bandas que se hallan en el exterior.

Finalmente habría que mencionar el llamado “pack anticrimen”: una serie de leyes y reformas del código penal que aumentan el poder de actuación de las fuerzas de seguridad, además de establecer penas más duras para delitos de crímenes violentos, crimen organizado y corrupción. El proyecto aprobado finalmente por el Parlamento Brasileño dista bastante de la propuesta original de Moro, pero ha contribuido, si bien en menor medida, al descenso de la criminalidad.

Como contrapartida, las positivas cifras mencionadas fueron acompañadas de un preocupante incremento de muertes accidentales en operaciones policiales, habiéndose viralizado varios casos de niños fallecidos por balas perdidas en tiroteos entre bandas de narcos y las fuerzas de seguridad. Adicionalmente, el número de presos provisionales en las cárceles brasileñas se vio incrementado en un 4,3% respecto al año anterior. Todo esto ha alentado las críticas de la mayor parte de la oposición y diversas ONG de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

En los dos primeros meses de 2020, se registraron 548 muertes más que en el mismo período del año anterior. Este repunte se dio en 20 de los 27 estados federales de Brasil, de lo cual se puede inferir que se trata de una tendencia más bien general, antes que un episodio esporádico. No obstante, debido a la ordenanza de cuarentena obligatoria en varios estados y municipios, los homicidios volvieron a bajar, haciendo difícil cualquier extrapolación para el conjunto del presente año. Otro factor a tener en cuenta para 2020 es la reciente dimisión del ministro Moro; sin él, la posibilidad de que sigan las reformas iniciadas en el primer año se ve muy reducida.