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Sin parlamento y con un presidente con un año prorrogado, el país complica el camino de la recuperación

La crisis económica y sanitaria mundial ha afectado a todos los países, pero en Haití el impasse de la situación ha agravado además una crisis política que viene de atrás. Con un presidente que se ha negado a abandonar el cargo y a renovar el Parlamento y que ha convocado un referéndum constitucional para dotarse de más poder, Haití se encuentra en un espiral destructivo del que la ayuda internacional no logra sacarle. La vecina República Dominicana ha anunciado la construcción de una valla fronteriza que permita controlar la entrada de haitianos.

ARTÍCULOChristian Santana

La pandemia de coronavirus ha agravado la ya siempre difícil situación económica de Haití y además ha contribuido a acentuar el colapso institucional que vive el país desde hace cinco años, al amparar de alguna forma el hecho excepcional de aplazamientos electorales. En materia de salud el impacto del Covid-19 no ha sido especialmente alto, al menos de acuerdo con las cifras oficiales (14.258 afectados y 307 muertos hasta finales de mayo de 2021, muy por debajo de las cifras de la vecina República Dominicana: 291.910 y 3.628, respectivamente), aunque el deficiente sistema sanitario nacional puede hacer suponer una mayor incidencia: de hecho, está siendo el último país americano en empezar a vacunar a sus habitantes.

En un país que de suyo cuenta con una reducida actividad económica, donde es frecuente que haya ejercicios de caída del PIB, el retroceso mundial de 2020 tuvo lógicamente una traslación moderada, al tiempo que la recuperación de 2021 apenas está siendo perceptible. Así, el PIB de Haití bajó un 3,7% en 2020 y crecerá solo un 1% en 2021, según las estimaciones del FMI. El daño económico y sus consecuencias sociales se observan especialmente en la tasa de inflación, que el año pasado se acercó al 23% y este año seguirá por encima del 22%. Además, en apenas dos años, la deuda pública de Haití aumentó casi diez puntos, pasando del 38,3% del PIB en 2017 al 47% en 2019.

Ya en abril de 2020, cuando empezaba la recesión global, el FMI advertía del daño que estaba ocasionando la parálisis política. “Debido a la frustración popular con alto niveles de corrupción y desigualdad, Haití ha estado experimentando una crisis política y un malestar social prolongados que en ocasiones ha paralizado la mayor parte de la actividad económica del país”, aseguraba el informe, y manifestaba que “ausente una implementación sostenida de buenas políticas y reformas integrales, la perspectiva permanece sombría”.

En los meses siguientes la pandemia ha empeorado las ya débiles perspectivas económicas de Haití. Una fuerte caída esperada en los flujos de remesas, la reducción de las exportaciones de textiles y la caída de la inversión extranjera directa ejercerán una presión significativa sobre la balanza de pagos. Los gastos sociales y sanitarios adicionales, junto con una nueva caída de los ingresos fiscales, aumentarán el déficit fiscal y las necesidades de financiación. Para hacer frente a esa emergencia, el FMI aprobó en abril de 2020 el desembolso de 111,6 millones de dólares. La cuantía estaba destinada aliviar el impacto de la crisis en la población, como pagar los salarios de algunos maestros y trabajadores, proporcionar transferencias de efectivo y raciones de alimentos a los hogares y proporcionar subsidios a los sectores de transporte y saneamiento.

A principios de este 2021 el gobierno de Haití introdujo un plan de recuperación económica post Covid-19 (Precop), con el objetivo de lograr un crecimiento del 3% en promedio durante los próximos tres años, la reducción gradual de la inflación hasta el 10% y la creación de 50.000 empleos. Según el Gobierno haitiano, en 2020 los ingresos del 95% de los hogares disminuyeron drásticamente y subió un 10% el desempleo.

Bloqueo político

En cualquier caso, Haití no cuenta con la estabilidad política requerida para una aplicación rigurosa del plan de recuperación. Desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2015, el país vive su último largo periodo de inestabilidad. Las denuncias sobre irregularidades retrasaron la segunda vuelta hasta noviembre de 2016. El triunfo fue para Jovenel Moïse, con el 55,6% de los votos y una muy baja participación. Moïse tomó posesión en febrero de 2017, un año después de lo que hubiera sido normal de no haberse distanciado tanto las dos vueltas. 

El Consejo Superior de Justicia estimó a comienzos de 2021 que los cinco años de mandato se cumplían el 7 de febrero, pero Moïse ha permanecido en el cargo, en medio de violentas protestas, alegando que su mandato concluye en realidad el 7 de febrero de 2022. Aunque los jueces nombraron un presidente interino, Moïse ha seguido gobernando, apartando a políticos y magistrados que han cuestionado su autoridad y a los que acusa de orquestar un golpe de Estado (llegó a detener a 23 personas por ese motivo). Cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, una institución que él mismo creó de nuevo en 2017 tras dos décadas de haber sido disueltas por Jean-Bertrand Aristide.

Además, Moïse ha pospuesto las elecciones legislativas que debían haberse celebrado en octubre de 2019, de forma que desde enero de 2020, cuando debía constituirse el Parlamento que debía elegirse, ha estado gobernando por decreto. Ahora promete elecciones legislativas y presidenciales para septiembre y noviembre de 2021, pero antes quiere proceder a una reforma de la Constitución que debe darle más poder. El referéndum constitucional ha sido convocado para el 27 de junio, con el fin de revalidar una nueva Constitución elaborada por una comisión de cinco personas todas ellas nombradas por Moïse. El nuevo texto que prevé eliminar el Senado, convirtiendo el sistema en unicameral, y preservar a los expresidentes de cualquier demanda judicial por corrupción u otros delitos. La Constitución de 1987 prohíbe reformas constitucionales por referéndum, pero Moïse alega de que su iniciativa no pruebe una enmienda sino una nueva Constitución.

La comunidad internacional ha reaccionado frente a la violencia y la corrupción registradas en Haití, pero no ha conseguido reconducir la situación. La ONU expresó sus quejas contra la impunidad y Estados Unidos ha aplicado sanciones contra dirigentes que han vulnerado derechos humanos. Sin embargo, esas instancias han tenido que asumir la realidad de la permanencia de Moïse en el poder y pasar a reclamar que mantenga el calendario electoral anunciado, como ha hecho la Administración Biden y la Unión Europea (aunque rechazan el cambio constitucional).

Relación con la República Dominicana

Las condiciones en las que se ha desarrollado la pandemia en el mundo han dado ocasión a la República Dominicana para plantear una frontera con Haití que pueda cerrarse de modo hermético cuando convenga y que permita un mayor obstáculo al contrabando, el narcotráfico y la inmigración ilegal. En su última rendición de cuentas ante el Congreso, el 27 de febrero de este año, el presidente dominicano, Luis Abinader, anunció la construcción de una valla que recorra la línea de 400 kilómetros que separa a los dos países de la isla de La Española. Una línea divisoria que combinará medios físicos y tecnológicos y que incluirá “una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto, además de sensores de movimientos, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos”. En mayo ya se habían construido 23 kilómetros de valla, con una altura de cuatro metros y coronada con espinos.

Abinader, de centroizquierda, compensó esa política dura con la promesa de dar documentos de identidad a los haitianos que viven en la República Dominicana (se calcula que residen 500.000, lo supone un 5% del censo dominicano, si bien la cifra probablemente es mayor). También anunció la concesión a Haití de diversos tipos de ayuda, como el suministro de excedente eléctrico dominicano y la contribución a la construcción de hospitales, para uso como maternidades y con financiación internacional, en el lado haitiano de la frontera. Precisamente la migración temporal de mujeres haitianas a la República Dominicana con el fin de dar a luz allí acogiéndose al sistema público de salud, a pesar en muchos casos de su estatus ilegal, es uno de los argumentos más usuales en el debate nacional sobre la migración desde Haití.

La República Dominicana se vio afectada al comienzo de la pandemia por el descenso de las exportaciones y luego por la paralización del turismo, pero este 2021 está conociendo una rápida recuperación, con un crecimiento estimado para el total del año del 6,2% (tras una caída del 6,7% en 2020), una cifra que se aproxima a los crecimientos de hasta el 7% que había experimentado en recientes años.

Categorías Global Affairs: Orden mundial, diplomacia y gobernanza Artículos Latinoamérica

La pandemia refuerza el valor de los centros de producción en las mismas subregiones

Las zonas francas de Centroamérica y del Caribe han sido un importante motor para las economías de la región. Favorecidas por la creciente globalización de las últimas décadas, ahora podrían verse potenciadas por un fenómeno en dirección opuesta: la «glocalización», la conveniencia de que los centros de producción estén en la misma subregión, cerca de los grandes mercados, para así evitar los problemas en las cadenas de suministros distantes vistos durante esta crisis del Covid-19 que tanto ha afectado al transporte y las comunicaciones. Los dos países líderes latinoamericanos en zonas francas, República Dominicana y Costa Rica, ofrecen mano de obra a precio conveniente y suficientemente cualificada a las puertas de Estados Unidos.

Una de las zonas francas de República Dominicana [CNZFE]

▲ Una de las zonas francas de República Dominicana [CNZFE]

ARTÍCULOPaola Rosenberg

Las denominadas zonas francas, también conocidas en algunos países como zonas libres, son áreas estratégicas dentro de un territorio nacional que poseen ciertos beneficios tributarios y aduaneros. En ellas se desarrollan actividades comerciales e industriales favorecidas por normas especiales de exportación e importación. Es un modo de potenciar la inversión y el empleo, así como la producción y exportación, logrando con ello el desarrollo económico de una parte del país o de su conjunto.

Las zonas francas son importantes en Latinoamérica, constituyendo en el caso de las economías más reducidas los principales núcleos de producción y de exportación. De acuerdo con la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), en el mundo existen unas 3.500 zonas francas, de las cuales 400 se encuentran en Latinoamérica, lo que supone el 11,4% del total. Dentro de esta región, tienen un especial peso en los países de Centroamérica y del resto de la cuenca del Caribe. Son singularmente importantes en República Dominicana y Costa Rica, así como en Nicaragua, El Salvador, Colombia y Uruguay (también en Puerto Rico).

Estos países se benefician de contar con abundante mano de obra (especialmente formada en el caso costarricense) y a bajo costo (singularmente en el caso nicaragüense), y ello cerca de Estados Unidos. Para fabricantes que desean entrar en el mercado estadounidense puede resultar interesante invertir en esas zonas francas, aprovechando las ventajas fiscales y las condiciones de la mano de obra, al tiempo que su producción se encontrará geográficamente muy cerca de su lugar de destino.

Esto último gana puntos en un mundo post Covid-19. La tendencia a una subregionalización, ante la fractura de las dinámicas de la globalización, ha sido destacada para otras áreas del continente americano, como es el caso de la Comunidad Andina, pero igualmente tiene un gran sentido para una mayor integración entre Estados Unidos y el Gran Caribe. En la medida en que, además, EEUU camine hacia un cierto desacoplamiento de China, las zonas francas de esta área geográfica pueden cobrar también una mayor relevancia.

 

Reproducción del informe gráfico de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), 2018

Reproducción del informe gráfico de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), 2018

 

Zonas francas de exportación

Las zonas francas pueden estar destinadas a la exportación (mercado externo), a la sustitución de importaciones (mercado interno) o a ambas cosas. Las primeras pueden tener un alto componente industrial, bien buscando la diversificación o dependiendo de las maquilas, o poner el acento en los servicios logísticos (en el caso de las zonas libres de Panamá).

Las zonas francas de exportación de productos han tenido un especial éxito en República Dominicana y Costa Rica. Como indica la AZFA, de los 31.208 millones de dólares exportados desde las zonas francas latinoamericanas en 2018, el primer puesto correspondió a las dominicanas, con 5.695 millones, y el segundo a las costarricenses, con 4.729 millones (el tercer puesto fue para Puerto Rico, con 3.000 millones). Las exportaciones desde las zonas francas de República Dominicana supusieron el 56% de todas las exportaciones realizadas por ese país; en el caso de Costa Rica fue del 48% (el tercero en el ranking fue Nicaragua, con el 44%).

República Dominicana es el país con mayor número de zonas francas (71 zonas de multiempresas) y sus 665 empresas generaron mayor cantidad de empleos directos (165.724). Costa Rica cuenta con 48 zonas francas (en tercera posición, tras Nicaragua), y sus 343 empresas generaron 93.496 puestos de trabajo directos (en quinta posición).

En cuanto a la rentabilidad que para el país supone esta modalidad económica, por cada dólar exonerado entre 2010 y 2015 las zonas francas de Costa Rica generaron un promedio de 6,2 dólares y 5 dólares las de la República Dominicana (El Salvador ocupó la segunda posición, con 6 dólares).

Por lo que se refiere específicamente a Costa Rica, un informe de finales de 2019 de la entidad costarricense de promoción del comercio exterior, Procomer, situó la contribución de las zonas francas en el 7,9% del PIB, generando un total de 172.602 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, con un crecimiento anual del número de empleos de un 10% de promedio anual entre 2014 y 2018. En esas zonas está el 12% del empleo formal del sector privado del país. Un dato importante sobre la contribución al desarrollo de la economía local es que el 47% de las compras realizadas por las firmas situadas en las zonas francas fueron a empresas nacionales. Una dimensión social destacada es que las zonas aportaron 508 millones de dólares a la Caja Costarricense de Seguro Social en el 2018.

El régimen de zonas francas de la República Dominicana es especialmente aplaudido por el Banco Mundial, que califica a este país de pionero en este tipo de instrumento de promoción productiva y comercial, presentándolo como “el caso de éxito más conocido en el hemisferio occidental”. De acuerdo con las estadísticas del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), estas han contribuido en los recientes ejercicios al 3,3% del PIB, ayudando con ello a los importantes crecimientos de la economía del país en los últimos años (una de las mayores tasas de la región, con un promedio por encima del 6% hasta el comienzo de la presente crisis mundial). La cercanía geográfica a Estados Unidos hace que sus zonas francas sean ideales para empresas estadounidenses (casi el 40% de la inversión llega de EEUU) o para empresas de otros países que quieran exportar al gran mercado norteamericano (el 34% de la exportación se dirige a EEUU).

Categorías Global Affairs: Economía, Comercio y Tecnología Artículos Latinoamérica

La alta corrupción e impunidad en la región dificultan la erradicación de sobornos millonarios en las contratas públicas

La confesión de la compañía de construcción e ingeniería Odebrecht, una de las más importantes de Brasil, de haber entregado elevadas sumas como sobornos a dirigentes políticos, partidos y funcionarios públicos para la adjudicación de obras en diversos países de la región ha supuesto el mayor escándalo de corrupción en la historia de Latinoamérica. El notable incremento presupuestario durante la “década de oro” de las materias primas ocurrió en un marco de escasa mejora de la efectividad del Estado de Derecho y del control de la corrupción, eso propició que se produjeran elevados desvíos ilícitos en las contratas públicas.

ARTÍCULOXimena Barría [Versión en inglés]

Odebrecht es una compañía brasileña que través de varias sedes operativas conduce negocios en múltiples industrias. Se dedica a áreas como ingeniería, construcción, infraestructura y energía, entre otras.  Su sede principal, en Brasil, está ubicada en la ciudad de Salvador de Bahía.  La empresa opera en 27 países, de Latinoamérica, África, Europa y Oriente Medio. A lo largo de los años, la constructora ha participado en contratos de obras públicas de la mayor parte de los países latinoamericanos.

En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una investigación que denunciaba que la compañía brasileña había sobornado a funcionarios públicos de doce países, diez de ellos latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. La investigación se desarrolló a partir de la confesión hecha por los propios máximos ejecutivos de Odebrecht una vez descubiertos.

La compañía entregaba a los funcionarios de esos países millones de dólares a cambio de obtener contratos de obras públicas y beneficiarse del pago por su realización. La empresa acordaba entregar millones de dólares a partidos políticos, funcionarios públicos, candidatos públicos o personas relacionadas con el Gobierno. Su fin era tener una ventaja competitiva que le permitiera retener negocios públicos en diferentes países. 

A fin de encubrir dichos movimientos ilícitos de capitales, la empresa creaba sociedades anónimas ficticias en lugares como Belice, las Islas Vírgenes y Brasil.  La empresa elaboró una estructura financiera secreta para encubrir estos pagos. La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció que los sobornos en los países mencionados alcanzaron un total de 788 millones de dólares (casi la mitad solo en Brasil). Utilizando este método ilegal, contrario a toda ética empresarial y política, Odebrecht logró el encargo de más de cien proyectos, cuya realización le generó unos beneficios de 3.336 millones de dólares.

Falta de un poder judicial efectivo

Este asunto, conocido como caso Odebrecht, ha creado consternación en las sociedades latinoamericanas. Sus ciudadanos consideran que para que actos de este tipo no queden impunes, los países deben tener una mayor eficiencia en el ámbito judicial y dar pasos más acelerados hacia un verdadero Estado de Derecho. 

De acuerdo con indicadores del Banco Mundial, ninguno de los diez países latinoamericanos afectados por esta red de sobornos llega al 60% de efectividad del Estado de Derecho y de control de la corrupción. Eso explicaría el éxito de la constructora brasileña en su política de coimas.

 

Fuente: Banco Mundial, 2016

 

La independencia judicial y su efectividad es esencial para la resolución de hechos de estas características. El correcto ejercicio de la Justicia moldea un apropiado Estado de Derecho, previniendo que ocurran actos ilícitos u otras decisiones políticas que puedan vulnerarlo. A pesar de que esto es lo ideal, los países involucrados en el caso Odebrecht no cumplen con cabalidad esta debida independencia judicial.

En efecto, según el Reporte de Competitividad Global para 2017-2018, la mayoría de los países afectados obtienen una baja nota respecto a la independencia de sus tribunales, lo que indica que carecen de un poder judicial efectivo para juzgar a los presuntos involucrados en este caso. Así ocurre, por ejemplo, con Panamá y con la República Dominicana, situados en los puestos 120 y 127, respectivamente, en cuanto a independencia judicial, de una lista de 137 países.

Uno de los problemas que padece el Órgano Judicial de la República de Panamá es el alto número de expedientes que maneja la Corte Suprema de Justicia. Esa congestión dificulta que la Corte Suprema pueda trabajar de manera efectiva. La alta cifra de expedientes procesados se dobló entre 2013 y 2016: la Sala Penal de la Corte procesó 329 expedientes en 2013; en 2016 fueron 857. Aunque el Órgano Judicial panameño ha mejorado su presupuesto, eso no ha representado un aumento cualitativo en sus funciones. Esas dificultades podrían explicar la decisión de la Corte de rechazar una extensión de la investigación, aunque ello pueda significar cierta impunidad. En 2016 solo hubo dos detenidos por el caso Odebrecht. En 2017, de los 43 imputados que podrían estar involucrados en la aceptación de sobornos valorados en 60 millones de dólares, solo 32 fueron procesados.

La República Dominicana también se encuentra en una situación parecida. Según una encuesta de 2016, solo el 38% de los dominicanos confían en la institución judicial. A ese bajo porcentaje puede haber contribuido el hecho de que para ejercer de jueces de la Corte Suprema fueron elegidos miembros activos de los partidos políticos, algo que opaca la credibilidad de la Justicia y su independencia. En 2016, los tribunales dominicanos solo indagaron sobre una persona, cuando la Corte Suprema estadounidense estimaba que la empresa brasileña había dado 92 millones de dólares en sobornos políticos, uno de los montos más elevados fuera de Brasil. En 2017, la Suprema Corte de la Republica Dominicana ordenó la excarcelación de 9 de 10 presuntos implicados en el caso por insuficiencia de pruebas.

Necesidad de mayor coordinación y reforma

En octubre de 2017, fiscales públicos de Latinoamérica se reunieron en Ciudad de Panamá para compartir información sobre blanqueo de capitales, especialmente en relación al caso Odebrecht. Los funcionarios expresaron la necesidad de no dejar ningún caso impune, para contribuir con ello a resolver uno de los mayores problemas políticos, económicos y judiciales de la región. Algunos fiscales reportaron haber sufrido amenazas en sus investigaciones. Todos valoraron de manera positiva el encuentro, ya que con él ponían de relevancia la necesidad en Latinoamérica de una mayor coordinación fiscal y armonía legislativa. No obstante, es importante destacar que la República Dominicana estuvo ausente de esa reunión.

Toda concienciación de los ministerios públicos de Latinoamérica es esencial ante la correlación observada entre los países afectados por los sobornos de Odebrecht y su deficiente posición en índices proporcionados por diferentes organizaciones internacionales y centros de investigación.  El inefectivo Estado de Derecho y la falta de control de la corrupción facultan que empresas como Odebrecht puedan triunfar en su política de sobornos para obtener una ventaja competitiva. 

Las carencias de los sistemas judiciales en países como Panamá y República Dominicana, en concreto, pueden hacer posible que funcionarios públicos queden impunes de los delitos cometidos. Además, el caso Odebrecht, de gran magnitud en la región, podría congestionar aún la actividad judicial si no se hacen reformas efectivas en cada país. 

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