Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras ya han aprobado el señalamiento, mientras que Brasil y Guatemala se han comprometido a hacerlo en breve

• El 25 aniversario del atentado contra la AMIA sirvió para desencadenar una cascada de pronunciamientos, rompiendo la falta de instrumentos legales adecuados contra el grupo

• Varios países han erigido listados de organizaciones terroristas, lo que permite una mayor coordinación con Estados Unidos en la lucha antiterrorista en la región

• La implicación de Hezbolá en economías ilícitas de la Triple Frontera y en redes de narcotráfico explican la decisión de los países afectados en América del Sur y Central

▲ Memoria a los fallecidos en atentado contra la AMIA, en Buenos Aires [Nbelohklavek]

INFORME SRA 2020 / Mauricio Cardarelli [versión en PDF]

El 25 aniversario del mayor atentado terrorista en Latinoamérica –el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994– sirvió para que varios países de la región anunciaran su propósito de declarar a la organización chií libanesa Hezbolá como grupo terrorista. A Hezbolá se atribuye el atentado contra la AMIA, en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas, así como el perpetrado también en la capital argentina contra la Embajada de Israel dos años antes, que causó la muerte de otras 22 personas.

El año 2019, pues, significó un salto importante en la confrontación de Hezbolá en el Hemisferio Occidental, ya que previamente ninguna nación latinoamericana había declarado como terrorista a esa organización, que sí es señalada como tal por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. De hecho, los códigos de derecho latinoamericanos, más allá del fenómeno propiamente guerrillero, apenas han tenido en cuenta el hecho terrorista externo, al tratarse de estados que no han sufrido como otros lugares del planeta el auge del terrorismo internacional, especialmente en lo que va de siglo y sobre todo de la mano del radicalismo islamista.

La ronda de declaraciones la abrió la propia Argentina en el mes de julio, en el aniversario mismo de la masacre de la AMIA. A mediados de agosto fue el turno de Paraguay, mientras que Brasil anunció también entonces su intención de seguir esos mismos pasos. Luego las gestiones de Estados Unidos catalizaron el proceso, de forma que en el marco de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, celebrada a mediados de enero de 2020 en Bogotá, tanto Colombia como Honduras procedieron a incluir a Hezbolá en listados de organizaciones terroristas. Por su parte, el presidente electo guatemalteco se comprometió a una medida semejante cuando asumiera la presidencia.

La catalogación realizada ya de modo efectivo por Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras (países atentos a la actividad de Hezbollá en la llamada Triple Frontera o a su implicación en el narcotráfico), y la aún no ejecutada, pero supuestamente inminente, de Brasil y Guatemala deberá ayudar a una mayor contundencia en la lucha contra ese grupo radical por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y en las sentencias de los respectivos tribunales de justicia.

Si ya en 2018 la detención de parte de la red del clan de los Barakat supuso un avance en la coordinación policial de Argentina, Brasil y Paraguay en el área de frontera compartida (la Triple Frontera, lugar de intensa actividad comercial y de financiación y ocultamiento de operativos de Hezbolá, amparados por elementos de una nutrida población musulmana), los pasos de 2019 constituyen una actuación decisiva.

Infiltración en América Latina

Militantes y células de Hezbolá han podido penetrar en las últimas décadas en América Latina en primer lugar aprovechando la diáspora libanesa. A raíz de la guerra civil vivida por el Líbano entre 1975 y 1990, miles de personas emigraron al continente americano, en ocasiones instalándose en lugares en los que ya existía cierta presencia árabe, como era el caso de palestinos o sirios. Aunque parte de esos inmigrantes eran cristianos, otros eran musulmanes; la concienciación entre estos últimos sobre la lucha contra Israel llevó a que se formalizaran redes de financiación de grupos radicales, en un proceso de lavado de dinero a partir de la profusa actividad comercial –y también de contrabando– llevada a cabo en muchos de esos enclaves.

Un punto estratégico en esa dinámica ha sido la Triple Frontera, en la que viven unas 25.000 personas de origen libanés, así como como otros grupos árabes: se trata del área con más musulmanes de Latinoamérica. La porosa frontera conecta Ciudad del Este (Paraguay), que cuenta con 400.000 habitantes; Foz de Iguazú (Brasil), con 300.000, y Puerto Iguazú (Argentina), con 82.000. Se trata de un foco de actividades ilícitas ligadas el blanqueo de dinero, la falsificación, el contrabando y el narcotráfico. Se estima que el comercio ilícito en la Triple Frontera supone unos 18.000 millones de dólares al año. Las autoridades han podido constatar redes de financiación de Hezbolá, así como la presencia de operativos del grupo (el trazo de la preparación de los atentados de Buenos Aires de 1992 y 1994 llevó hasta ese enclave trifronterizo). El año pasado pudo detenerse a Assad Ahmad Barakat y una quincena de miembros de su clan, dedicado a generar fondos para Hezbolá.

Otros puntos de apoyo para Hezbolá han sido determinados lugares de Brasil que cuentan con mezquitas y centros culturales chiís radicalizados, que acogen actividades de clérigos extremistas como Bilal Mohsen Wehbe. Por otra parte, la estrategia de acercamiento de Hugo Chávez a Irán supuso una estrecha colaboración manifestada en la entrega de pasaportes venezolanos a islamistas y su participación en el negocio de la droga amparado por la cúpula chavista. Esa interrelación también contribuyó su mayor dispersión por la región, mediante progresivos lazos de Hezbolá con quienes participan en la estructura del narcotráfico, como las FARC o algunos carteles mexicanos (Los Zetas y Sinaloa).

Cascada de señalamientos

Argentina abrió la ronda de señalamientos de Hezbolá (y de creación, en la mayoría de los casos, de listas de grupos terroristas, que no existían previamente en los países latinoamericanos) al cumplirse 25 años del atentado contra la AMIA, en julio de 2019. El entonces presidente Mauricio Macri, que había puesto fin a las presidencias kirchneristas, de cierta complicidad con Irán, aprobó la creación de un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET).

Con motivo del destacado aniversario, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, animó a que los países del continente procedieran a ese tipo de declaración contra Hezbolá.

Paraguay siguió los pasos de Argentina un mes después. El gobierno de Mario Abdo Benítez había sido criticado por no actuar con decisión en la Triple Frontera, cuyo contrabando, como el de tabaco, y otras actividades ilícitas alimentan la percepción de corrupción que acompaña a los políticos del país. El presidente paraguayo cuenta además con introducir un paquete de reformas legislativas en contra del blanqueo de capital.

Brasil anunció el 20 de agosto su intención de proceder del mismo modo que sus dos vecinos, aunque de momento no ha ejecutado esa decisión. A finales de febrero de 2020, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño y diputado nacional, confirmó que el paso se daría “pronto”; sugirió que el retraso en adoptar la medida se debía a que se estudia aplicar la calificación de grupo terrorista también a otras organizaciones, como Hamas.

En diciembre fue el anuncio de Guatemala, cuyo presidente electo, Alejandro Giammattei, comunicó que cuando tomara posesión de su cargo pondría a Hezbolá en una lista negra. Giammattei vinculó la decisión a una política proisraelí que le llevaría también a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos (también Honduras y Paraguay se encuentran en la misma línea). Giammattei ocupó la presidencia el 14 de enero, pero aún no ha ejecutado sus promesas.

Detrás de estos movimientos de los países latinoamericanos estuvo la diplomacia estadounidense. El despliegue de esta quedó de manifiesto en el tercer encuentro de la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, una iniciativa impulsada por Washington con Hezbolá en la mirilla, entre otros objetivos. Ese encuentro se celebró el 20 de enero de 2020 en Bogotá y contó con la asistencia del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.

Colombia aprovechó esa reunión, en la que actuaba como anfitriona, para anunciar su consideración de Hezbolá como grupo terrorista. El presidente Iván Duque anunció que tres días ante el Consejo de Seguridad Nacional del país había adoptado los listados de Estados Unidos y de la Unión Europea de personas y organizaciones terroristas. La lista aprobada incluía la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, y de ella desaparecían las antiguas FARC.

Honduras, el país centroamericano más plegado a las estrategias de Estados Unidos, también realizó su anuncio internacional en la misma conferencia. Su canciller comentó al término de una reunión previa del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa que Honduras había designado a Hezbolá como grupo terrorista y se proponía crear un registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiación.

La seguridad regional americana ha tenido su foco de preocupación en el último año en Venezuela. Repasamos además la venta de armas de Rusia y España a la región, la presencia latinoamericana en misiones de paz, la droga en Perú y Bolivia y los homicidios en México y Brasil

▲ Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, y Nicolás Maduro, en agosto de 2019 [Palacio de Miraflores]

INFORME SRA 2020 / Resumen ejecutivo [versión en PDF]

A lo largo de 2019, Latinoamérica tuvo varios focos de tensión –violentas protestas callejeras contra medidas económicas en Quito, Santiago de Chile y Bogotá, y contra decisiones políticas en La Paz y Santa Cruz, por ejemplo–, pero a medida que esos conflictos fueron apaciguándose (en algunos casos, solo temporalmente) emergió de nuevo el constante problema de Venezuela como epicentro de inseguridad en la región.

Reducida a mínimos la migración centroamericana a Estados Unidos por las restrictivas medidas de la Administración Trump, han sido los migrantes venezolanos quienes sobre todo han seguido llenando los arcenes de las carreteras sudamericanas desplazándose de un país a otro, sumando ya más de cinco millones de refugiados. Las dificultades que ese incremento de población conlleva para los países de acogida indujo a varios de ellos a aumentar su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, aprobando en la OEA la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Pero eso no empujó a Maduro fuera del poder, como tampoco la asunción en enero de 2019 por parte de Juan Guaidó del cargo de presidente encargado de Venezuela (reconocido por más de cincuenta países), el fallido golpe de mano de unos meses después o la supuesta invasión de la Operación Gedeón de mayo de 2020.

Aunque Maduro parezca estabilizado, el trasfondo geopolítico se ha ido moviendo. El año 2019 vio cómo Rosneft se afianzaba en Venezuela como brazo del Kremlin, una vez China se había alejado como aportadora de créditos. El riesgo de no recobrar todo lo prestado hizo que Rusia actuara a través de Rosneft, obteniendo el beneficio de comercializar hasta el 80% del petróleo del país. Sin embargo, las sanciones de Estados Unidos finalmente forzaron la marcha de la energética rusa, de forma que a comienzos de 2020 a Maduro no le quedó otro gran socio extrahemisférico al que acudir que Irán. La república islámica, sometida a su vez a un segundo régimen sancionador, volvía así a la estrecha relación que mantuvo con Venezuela en el primer periodo de castigo internacional, cultivada por el tándem Chávez-Ahmadineyad.

Esa presencia iraní es seguida con atención por Estados Unidos (coincide con un despliegue del Comando Sur en el Caribe), siempre alerta ante cualquier impulso que Hezbolá –proxy iraní– pueda recibir en la región. En realidad, 2019 supuso un importante salto en la disposición de los países latinoamericanos contra esa organización, pues varios de ellos la calificaron por primera vez de terrorista. Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras aprobaron esa declaración, a raíz de cumplirse en julio el 25 aniversario del atentado contra la AMIA, atribuido a Hezbolá. Brasil y Guatemala se comprometieron a hacerlo en breve. Con ese señalamiento varios de esos países erigieron listas de organizaciones terroristas, lo que permite aunar estrategias.

La desestabilización de la región por la situación en Venezuela tiene una clara manifestación en la acogida y promoción en ese país de las guerrillas colombianas. En agosto el ex número dos de las FARC, Iván Márquez, y algún otro antiguo dirigente anunciaron, presumiblemente desde territorio venezolano, su vuelta a las armas. Tanto ese núcleo disidente de las FARC como el ELN habían comenzado a consolidarse a finales de año como grupos colombo-venezolanos, con operaciones no ya solo en la zona fronteriza de Venezuela, sino en el interior del país. Ambos grupos tienen en conjunto unos 1.700 efectivos en Venezuela, de los que casi 600 serían venezolanos reclutados, constituyendo con ello otra fuerza de choque al servicio de Maduro.

La salida rusa de Venezuela sucede en un momento de aparente menor actividad de Moscú en Latinoamérica. Ocurre así, desde luego, en el terreno de la venta de armas. Rusia, que se había convertido en un importante exportador de material militar a la región, ha visto disminuir sus ventas los últimos años. Si durante la década de oro del boom de las materias primas diversos países gastaron parte de sus importantes ingresos en la adquisición de armamento (lo que además coincidió con la propagación de la marea bolivariana, mejor relacionada con Moscú), el desplome del precio de las commodities y algunos cambios gubernamentales hicieron que en el periodo 2015-2019 Latinoamérica solo sea el destino del 0,8% del total de armas exportadas por Rusia. Estados Unidos ha recuperado su puesto de mayor vendedor al resto del continente.

España ocupa un destacado espacio en el mercado de armas, como séptimo exportador del mundo. Sin embargo, queda atrás en las preferencias de los países latinoamericanos, a los que vende menos material de defensa de lo que le correspondería por el volumen de comercio general que mantiene con ellos. No obstante, el nivel de ventas aumentó en 2019, tras un año de cifras especialmente bajas. En los últimos cinco años, España ha vendido a Latinoamérica el 3,6% de sus exportaciones armamentísticas mundiales; en ese periodo, sus principales clientes fueron México, Ecuador, Brasil, Perú y Colombia.

La mejor dotación de equipamientos militares podría hacer pensar en una mayor participación en las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, quizá como modo de mantener activo un Ejército, en un contexto de falta de despliegues regionales. Sin embargo, del total de 82.480 efectivos de las catorce misiones de paz de la ONU que había a comienzos de 2020, 2.473 procedían de países latinoamericanos, lo que supone solo un 3% del contingente total. Además, casi la mitad del personal era aportado por un país, Uruguay (45,5% de los efectivos regionales). Otro pequeño país, El Salvador (12%), es el siguiente en compromiso con las misiones, mientras que los grandes países están infrarrepresentados, singularmente México.

En cuanto a seguridad ciudadana, 2019 aportó la buena noticia de la reducción de los homicidios en Brasil, que descendieron en un 19,2% respecto al año anterior, en contraposición a lo ocurrido en México, donde subieron un 2,5%. Si en su primer año como presidente, Jair Bolsonaro se apuntaba un importante logro, gracias a la gestión del superministro de Seguridad Sérgio Moro (éxito empañado por el aumento de las muertes accidentales en operaciones policiales), en su primer año Andrés Manuel López Obrador incumplía una de sus principales promesas electorales y era incapaz de quebrar la tendencia al alza en los homicidios que invariablemente se ha dado anualmente a lo largo de los mandatos de sus dos predecesores.

Por lo que respecta a lucha contra el narcotráfico, en 2019 se produjeron dos hechos especialmente positivos. Por un lado, la erradicación de cultivos de coca por primera vez en el VRAEM, la zona de mayor producción de Perú. Dada su complicada accesibilidad y la presencia de los reductos de Sendero Luminoso, la zona había quedado previamente al margen de las operaciones de este tipo. Por otro lado, el cambio presidencial en Bolivia significó, según Estados Unidos, un mayor compromiso de las nuevas autoridades en combatir el cultivo ilícito de coca e interceptar el transporte de droga que llega desde Perú. En los últimos años Bolivia se ha convertido en el gran distribuidor de cocaína de la mitad sur de Sudamérica, conectando la producción peruana y boliviana con los mercados de Argentina y sobre todo Brasil, y con sus puertos exportadores hacia Europa.

[Maria Zuppello, Il Jihad ai Tropici. Il patto tra terrorismo islamico e crimine organizzato in America Latina. Paese Edizioni. Roma, 2019. 215 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

Normalmente vinculamos la yihad con Oriente Medio. Si acaso, también con el Sachel africano, abriendo el mapa hacia el oeste, o con la frontera de Afganistán, Pakistán e India, abriéndolo hacia el este. Sin embargo, Latinoamérica tiene también un sitio en esa geografía. Lo tiene como lugar para la financiación de la lucha terrorista –la cocaína supone un negocio que los islamistas aprovechan, como ocurre con la heroína en el caso concreto de los talibanes– y también como espacio en el que pasar desapercibido, fuera de radar (las playas caribeñas o brasileñas son el último lugar que se imaginaría como escondite de yihadistas).

Yihad en los trópicos, de la investigadora italiana Maria Zuppello, se ocupa precisamente de ese aspecto menos conocido del yihadismo mundial: los yihadistas de la caipiriña, por decirlo de un modo gráfico, para acentuar la normalidad con la que viven esos elementos radicalizados en el contexto latinoamericano, aunque se trata de redes criminales más siniestras de lo que puede sugerir el nombre.

La investigación de Zuppello, que tiene como subtítulo “el pacto entre terrorismo islámico y crimen organizado en América Latina”, se ocupa de diversos países, aunque es en Brasil donde la autora sitúa las principales conexiones con el resto de la región y con las estructuras internacionales de distintos grupos yihadistas. En concreto, señala la vinculación entre el líder religioso Imran Hosein, que propaga doctrinas salafistas, y el atentado contra la sala de fiestas Bataclan de París, pues su predicación tuvo una especial responsabilidad en la radicalización de uno de los terroristas, Samy Amimour. Zuppello también analiza los contactos cruzados de los brasileños que fueron detenidos en 2016 en la operación Hashtag, en la recta final de la preparación de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.

El libro de Zuppello comienza con una presentación a cargo de Emanuele Ottolenghi, investigador que trabaja en la Fundación para la Defensa de las Democracias, un think tank de Washington. Ottolenghi es un experto en la presencia de Hezbolá en América Latina, sobre la que ha escrito numerosos artículos.

En esa presentación, Ottolenghi destaca la colaboración establecida entre elementos yihadistas y ciertos niveles de la izquierda latinoamericana, especialmente la bolivariana. “Los mensajes extremistas difieren poco de la retórica de la revolución antiimperialista de la izquierda radical, profundamente enraizada durante décadas en América Latina”, afirma. Esto explica “el atractivo de la revolución islámica para los descendientes de los incas en la remota comunidad andina de Abancay, a cuatro horas de viaje de Machu Picchu, y para los revolucionarios cubanos y salvadoreños (ahora dedicados a extender la palabra de Jomeini en América Central)”.

Para Ottolenghi, “el tema central de la alianza roji-verde entre bolivarianos e islamistas es la llamada resistencia frente el imperialismo estadounidense. Tras esa retórica revolucionaria, sin embargo, hay más. La creación de una alianza estratégica entre Teherán y Caracas ha abierto la puerta de Latinoamérica a los guardias revolucionarios iraníes y a Hezbolá. Venezuela se ha convertido en un centro para los agentes de Irán en la región”.

Los tráficos ilícitos generan millones de dinero negro que es lavado a través de circuitos internacionales. En ese proceso tienen importancia “las comunidades de la diáspora libanesa”, en áreas como La Guaira (entre Venezuela y Colombia), la isla Margarita (Venezuela), la zona franca de Colón (Panamá) y la Triple Frontera (entre Brasil, Paraguay y Argentina)

Precisamente esa Triple Frontera ha sido el lugar habitual al que referirse a la hora de hablar de Hezbolá en Latinoamérica. Los atentados ocurridos en Buenos Aires en 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la AMIA, respectivamente, tuvieron allí su origen operativo y desde entonces se ha documentado con frecuencia la vinculación financiera de ese rincón geográfico con el grupo extremista chií. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder se produjo una convergencia entre Venezuela e Irán que amparó la obtención de pasaportes venezolanos por parte de radicales islamistas, los cuales también fueron haciéndose con parte del negocio del narcotráfico a medida que el propio Chávez metía al estado venezolano en el negocio de la cocaína.

La convergencia de intereses entre las redes de crimen organizado en la región y los elementos yihadistas lleva a plantearnos, según Zuppello, si “Latinoamérica acabará siendo el nuevo cajero automático para la financiación de la yihad global”, o incluso “en algo más: un escondite de combatientes extranjeros en fuga o una nueva plataforma para ataques, o ambos”.

Uno de los aspectos concretos a los que se refiere Zuppello es el sector del halal y sus certificaciones, que está creciendo exponencialmente, lo que ha provocado la preocupación de las autoridades de la lucha antiterrorista en diversos países, que acusan a ese sector de ocultar la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. El comercio de carne halal ha dado cobertura a docenas de inspectores de carne iraníes, que se han asentado de manera permanente en la región.

Investigaciones como la realizada en Yihad en los trópicos han llevado a que 2019 por primera vez diversos países latinoamericanos aceptaran reconocer a Hezbolá como grupo terrorista.

La detención de Barakat, un importante operador financiero del grupo, fue posible gracias a la colaboración de Argentina, Paraguay y Brasil

• En enero de 2018 la Administración Trump reconstituyó una unidad de investigación sobre Hezbolá y en octubre etiquetó al grupo de organización criminal transnacional

• La llegada a la presidencia de Abdo Benítez en Asunción y Jair Bolsonaro en Brasilia ha activado la acción contra el narcotráfico, lavado de dinero y contrabando en el área

• Assad Ahmad Barakat y una quincena de miembros de su clan fueron detenidos a lo largo de 2018, en un “hito significativo” de la acción contra Hezbolá en Latinoamérica

▲ Puente de la Amistad, que une la población paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú [BienvenidoaParaguay.com]

Informe SRA 2019 / Lisa Cubías [Versión en PDF]

Las acciones de presión sobre Hezbolá han aumentado significativamente en el Hemisferio Occidental en el último año. Tanto Estados Unidos como los países de la Triple Frontera –espacio limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay, que cobija una densa red de financiación de la organización­– han tomado algunas medidas que, con diferente grado de compromiso gubernamental, han llevado a la detención de diversas personas y al desbaratamiento de sus estructuras de blanqueo de capitales.

En el caso de EEUU, el relevo en la Administración supuso un cambio de política. Algunos testimonios de funcionarios de la era Obama han sugerido que la anterior presidencia tuvo un trato blando respecto a las actividades en el continente por parte de Hezbolá, organización chií libanesa con una doble faceta política y militar. El propósito de esto habría sido evitar inconvenientes en la negociación de desnuclearización con Irán, uno de los pilares de apoyo más notorios de la organización. Así, la Administración Obama habría dificultado los esfuerzos para implementar el “Proyecto Casandra”, desarrollado por la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, para descubrir las fuentes del financiamiento que Hezbolá obtiene en América Latina para sus actividades ilícitas.

El “Proyecto Casandra”, ampliamente expuesto por la publicación Politico a finales de 2017, dio cierto fruto a pesar de esa supuesta interferencia, negada por otros funcionarios de la Administración Obama. En marzo 2017 se capturó a Kassim Tajideen, un importante financista de la organización terrorista, quien se declaró culpable en diciembre de 2018. En junio de 2017, el paraguayo Ali Issa Chamas, fue extraditado a EEUU para enfrentar cargos por conspiración para traficar drogas.

El cambio en la Casa Blanca, en cualquier caso, llevó a que tras el desmantelamiento de algunos equipos de investigación que se había producido la Administración Trump reinstaurara el esfuerzo contra Hezbolá. De esta forma, en enero de 2018 el Departamento de Justicia anunció la creación de una unidad de investigación específica denominada Equipo de Financiación y Narcoterrorismo de Hezbolá, y más delante, en octubre, designó a Hezbolá como organización criminal transnacional, al considerar sus actividades de narcotráfico y lavado de activos, más allá de la etiqueta de organización terrorista que EEUU ya le otorgaba.

Por su parte, a lo largo de 2018 el Departamento del Tesoro procedió a la inclusión de 31 individuos y entidades relacionados con Hezbolá en su lista de sanciones, entre ellos el financiero libanés Adham Tabaja, mientras que el Departamento de Estado designó en noviembre como terrorista a Jawad Nasralá, hijo de líder de Hezbolá, Hassan Nasralá, e impuso sanciones a varios miembros iraquíes de la organización.

Esas acciones han afectado básicamente a operativos residentes en Oriente Medio, pero apenas han incidido en la estructura de Hezbolá en la Triple Frontera o en Venezuela, lugares señalados por la Administración como sitios de implantación de esa organización. Así, el subsecretario del Tesoro para la Financiación Terrorista, Marshall Billingslea, habló a finales de octubre de una “profunda y sustancial huella” de Hezbolá en el Hemisferio Occidental, con una “muy robusta presencia” en la Triple Frontera, mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha subrayado varias veces la relación entre el régimen de Nicolás Maduro y Hezbolá, afirmando en febrero de 2019 que en Venezuela existen “células activas” de ese grupo.

Acción en la triple Frontera

No obstante, los esfuerzos tanto de la Administración Trump como de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, en diferente medida, llevaron a una importante operación en 2018 en el Triple Frontera, la más significativa en mucho tiempo: la detención de Assad Ahmad Barakat, considerado como uno de los principales operativos de Hezbolá en la zona, quien ya había sido sancionado por el Tesoro estadounidense en 2004. Para el experto Joseph Humire, esa constituyó “un hito significativo en el esfuerzo regional contra el terrorismo y los crímenes transnacionales practicados por Hezbolá en América Latina”.

Según los también expertos Emanuelle Ottolenghi y José Luis Stein, tres factores han llevado a este nuevo énfasis sobre el riesgo que supone Hezbolá. En primer lugar, las pistas de que los fondos que el grupo obtiene de sus redes de financiación en Latinoamérica han crecido notablemente, tanto porque sus necesidades han aumentado como porque las sanciones de EEUU sobre Irán pueden estar restringiendo el apoyo económico prestado por el régimen iraní. En segundo lugar, Washington está actuando ante el mayor utilización de su sistema financiero por parte de los montos generados para Hezbolá en Latinoamérica. Y en tercer lugar, la mayor reacción de Brasilia, Asunción y Paraguay obedece a los cambios de gobierno operados: abril de 2018 Abdo Benítez fue elegido presidente de Paraguay y en octubre Jair Bolsonaro ganó las elecciones de Brasil (ya previamente Mauricio Macri había sustituido a Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada).

Los inicios de Hezbolá en América Latina están directamente relacionados con la guerra civil en el Líbano, la cual suscitó en la década de 1980 una ola de migración hacia el continente americano, particularmente Sudamérica y sobre todo en áreas de fácil comercio, como es la Triple Frontera, donde se encuentra una de las mayores zonas francas del continente. Las conexiones familiares y de procedencia sirvieron al grupo, mediante elementos infiltrados, para desarrollar actividades de reclutamiento, obtención de fondos y lavado de dinero.

No fue hasta 1994, sin embargo, que la presencia de Hezbolá en América Latina se volvió notoria. Ese año se produjo el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. Aunque inicialmente fue reivindicado por un grupo islámico desconocido, pronto las investigaciones llevaron a la Triple Frontera y apuntaron a Hezbolá. También entonces se sospechó que esa organización pudo haber estado detrás del ataque dos años antes contra la embajada de Israel en la capital argentina, donde murieron 22 personas. Todo indica que en ambos casos la Triple Frontera fue aprovechada para la logística de los ataques y refugio de los perpetradores.

De ahí que las últimas operaciones de seguridad realizadas en esa zona tengan especial importancia. A requerimiento de EEUU, la policía de Paraguay detuvo en mayo de 2018 a Nader Mohamad Fahrat y un mes después a Mahmoud Ali Barakat, ambos por narcotráfico y lavado de dinero, en lo que sería un año especialmente concentrado en el clan liderado por Assad Ahmad Barakat. En julio, la Unidad de Información Financiera de Argentina congeló los activos de 14 libaneses (once con residencia en Brasil y tres en Paraguay), todos ellos pertenecientes al clan. Esa red habría lavado dinero y evadido divisas por valor de 10 millones de dólares en un casino de la ciudad fronteriza argentina de Puerto Iguazú. En agosto la Fiscalía de Paraguay dictó una orden de captura del jefe del clan, alegando el uso de un pasaporte paraguayo falso. Assad Ahmad Barakat, fue detenido en septiembre por la policía brasileña. En Paraguay y Argentina miembros del clan fueron arrestados, jugados y condenados por crímenes de lavado de dinero, contrabando, evasión de productos y narcotráfico.

SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA, informe 2019

El informe Seguridad Regional Americana (SRA) que ponemos en marcha tiene el propósito de abordar anualmente las amenazas más recientes para la seguridad de los países americanos. Se ocupa de un espacio que en gran medida es la región de seguridad de Estados Unidos, por lo que muchos aspectos trascienden el ámbito nacional y pasan a una consideración geopolítica. La seguridad del Hemisferio Occidental incumbe, por tanto, también a la Unión Europea o a España, interesadas en la estabilidad y prosperidad al otro lado del Atlántico. Nuestro SRA es un barrido, a modo de radar, de las cuestiones más significativas ocurridas en este campo el último año.

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RESUMEN EJECUTIVO [versión en PDF]

La presente tensión geopolítica mundial se está jugando en el near abroad de las tres principales potencias. Ese término se aplica específicamente al espacio que en su día formaba parte de la URSS y hoy rodea a Rusia: la política exterior del Kremlin se encamina tanto a asegurar su influencia en esa zonas como a evitar que algunas de ellas se conviertan en peón de otros. Pero un pulso así, como el que ocurre en Ucrania o las repúblicas bálticas, también se da en el near abroad chino: el mar de la China Oriental y de la China Meridional. Y del mismo modo, aunque con un dramatismo menor, el juego geopolítico ha llegado también a ese extranjero próximo de Estados Unidos, que va más allá del patio trasero que constituye el Gran Caribe y podríamos extender al menos hasta la línea del Ecuador.

En el último año la región de seguridad de Estados ha entrado de lleno en esta nueva fase de geopolítica aguda. Eso se debe especialmente al aumento de la presencia de Rusia en ese entorno, especialmente en Venezuela, donde del auxilio económico se ha pasado en meses recientes a una sucesión de gestos de índole militar que desafían a EEUU. Además, el acuerdo firmado por Cuba para instalar una estación de Glonass, el navegador satelital ruso, alimenta la posibilidad de que Moscú vuelva a querer usar la isla para labores de inteligencia, como en el Guerra Fría. Similares sospechas existen en relación a una estación ya abierta en Managua, donde asimismo una academia para policías gestionada por Rusia ha sido señalada con suspicacia por el Pentágono.

A la par de esa actividad rusa en la región, Washington pone en ocasiones la de China. Aunque sin buscar hacer enojar a EEUU, como puede atribuirse al Kremlin en su deseo de reciprocar la presión recibida en Ucrania, los movimientos comerciales de Pekín son percibidos por los estadounidenses como no amistosos. Así ocurre especialmente en Centroamérica, donde en pocos años China ha ido desplazando la peculiar influencia que tenía Taiwán, país que en 2018 perdió el apoyo de El Salvador y República Dominica. A lo largo del año diversas autoridades estadounidenses expresaron la incomodidad por la toma de posiciones de China en el entorno del Canal de Panamá. Por lo demás, después de un 2016 sin apenas créditos a Venezuela y un 2017 en blanco, Pekín otorgó en 2018 un préstamo de 5.000 millones de dólares al régimen chavista (van ya 67.200 millones).

La crisis venezolana no solo está generando una fricción entre las tres principales potencias, sino que además es foco de inseguridad para los países de alrededor. El espacio que el Gobierno de Maduro ha seguido dando a los guerrilleros colombianos ha contribuido a que 2018 pueda considerarse como el año de consolidación de la actividad delictiva de la disidencia de las FARC, en colaboración con el ELN, una guerrilla todavía activa como tal que además está incrementando su radio de acción en Venezuela. El último año también vio un robustecimiento del ELN, que fracasadas las negociaciones que mantenía con el Gobierno realizó un atentado en Bogotá en enero de 2019 causando 21 muertos. Los disidentes de las FARC llegaron a finales de 2018 a ser unos dos mil, incluyendo elementos desmovilizados que vuelven a las armas y también nuevos reclutas. Su actividad de producción de coca, concentrada en el suroeste de Colombia, supuso a lo largo de 2018 un derrame de violencia al otro lado de la frontera con Ecuador, en parte por la actividad de “el Guacho”, un exFARC finalmente abatido por las fuerzas de seguridad colombianas.

El agravamiento de la situación venezolana, por otro lado, ha reducido la vigilancia en el mar, aumentado la corrupción de autoridades marítimas y de municipios costeros y empujado a los habitantes de esas localidades a buscar modos de subsistencia. Como consecuencia, los episodios de piratería frente a las costas de Venezuela y de sus vecinos orientales se han incrementado notablemente. En un solo ataque realizado en abril de 2018 en aguas de Surinam fallecieron quince pescadores de Guyana; por su parte las autoridades de Trinidad y Tobago decidieron crear una unidad aérea de élite para luchar contra esas acciones.

No es la única especial alerta en Trinidad y Tobago. La desbandada de yihadistas del ISIS que está suponiendo la pacificación de Siria ha puesto en guardia tanto a Washington como a Puerto España ante el posible regreso al país caribeño de quienes fueron a combatir a Oriente Medio. Trinidad y Tobago fue la nación que proporcionalmente más combatientes envió a Siria: un total de 130, de una población que puede alcanzar los dos millones habitantes, de los que apenas el 5% son musulmanes. Las autoridades detuvieron en febrero de 2018 a cuatro presuntos yihadistas por planear un atentado en el carnaval de la capital. Urgido por EEUU, que teme una diseminación por la región de extremistas trinitenses, el Gobierno insular desarrolló en 2018 una nueva estrategia antiterrorista.

El éxito internacional en terminar con el “califato” del ISIS traslada, pues, el riesgo a otras partes del mundo. También la presión de la Administración Trump sobre Irán puede estar incentivando una mayor actividad de Hezbolá en ciertos enclaves de Sudamérica –sería el caso de la Triple Frontera– para compensar la reducción de financiación que podría devenir de la efectividad de las sanciones estadounidenses a Teherán. El año 2018 supuso, en cualquier caso, una reactivación del interés de la Casa Blanca por desbaratar las redes de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando llevado a cabo por operativos de Hezbolá en América Latina: el Departamento de Justicia reconstituyó una unidad de investigación específica y el Departamento de Estado etiquetó al grupo, ya calificado por EEUU de organización terrorista, como organización criminal transnacional. El último año, además, vio un salto en la cooperación de los tres países de la Triple Frontera –Argentina, Brasil y Paraguay–, lo que permitió la detención de Assad Ahmad Barakat, un importante operador financiero de Hezbolá, y una quincena de miembros de su clan.

Si bien las cuestiones migratorias son de constante actualidad en las Américas, 2018 puede calificarse como “el año de las caravanas”, por las diversas marchas que partieron de Honduras hacia la frontera con Estados Unidos y que encontraron una dura respuesta de la Administración Trump. Uno de los aspectos polémicos fue la denuncia que esta hizo sobre la posible utilización de esas marchas por parte de presuntos extremistas islámicos con el objeto de llegar a EEUU pasando desapercibidos. Lo cierto es que Washington ha puesto atención a la ruta por Centroamérica de personas de otros continentes.

Así en 2018 acordó ayudar a Panamá a aumentar el control del paso de Darién, una región selvática en la frontera con Colombia en la que ese año fueron localizados casi 9.000 migrantes, el 91% africanos y asiáticos. De ellos, 2.100 entraban en la calificación estadounidense de “personas de interés” (procedentes de Bangladesh, Eritrea, Pakistán, Yemen y Somalia, entre otros países).

La región también ha conocido algunos avances, como detener el ascenso de los casos de muertes por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos, una epidemia que en 2017 marcó una cifra récord. A lo largo de 2018 el esfuerzo de erradicación de cultivos de amapola en México, cuyo notable incremento de producción de heroína había empujado al alza el consumo en EEUU (en mezcla con el sintético fentanilo, mayormente también llegado a través de México) y el mayor control legislativo y sanitario por parte las autoridades estadounidenses, parecen dar señales de que el problema ha dejado de crecer.