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[Roberto Valencia, Carta desde Zacatraz. Libros del K.O. Madrid, 2018. 384 págs]
RESEÑA / Jimena Villacorta
La historia de El Directo –un joven salvadoreño al que a sus 17 años se le atribuían 17 asesinatos, que entró y salió de la cárcel y finalmente fue sentenciado por sus compañeros de mara– sirve de lienzo para un cuadro aún mayor: el grave problema social que suponen las pandillas violentas en Centroamérica, singularmente en El Salvador.
Roberto Valencia, un periodista español que lleva casi veinte años residiendo en ese país centroamericano, ha dedicado tiempo y esfuerzo a abordar en profundidad este problema como reportero de “El Faro”, portal informativo salvadoreño galardonado por sus investigaciones. Carta desde Zacatraz (como los medios locales llaman a la prisión de máxima seguridad de Zacateoluca) es un relato periodístico que a través de una historia concreta expone el panorama más amplio de una realidad verdaderamente compleja.
El 11 de septiembre de 2012 fue la primera vez que Valencia se sentó a platicar con Gustavo Adolfo Parada Morales, alias El Directo, alguien que durante años había acaparado la atención de los medios, a pesar de la existencia de otros miles de jóvenes implicados en las maras. Ese contacto personal animó al periodista a buscar otros testimonios, hasta completar un libro que recoge la voz directa de Parada y la de personas que le conocieron, a partir de entrevistas con quienes le querían, como su madre o su esposa, y con quienes se enfrentaron a él, como algunos jueces.
Fruto de un embarazo no deseado, El Directo nació el 25 de enero de 1982 en la ciudad de San Miguel. Apenas dos décadas después era ya el hombre más peligroso y temido de El Salvador, o por lo menos así lo proyectaban los medios. Miembro de la Pana di Locos, clica de la Mara Salvatrucha, se convirtió en el principal enemigo público. Desde los 17 años, acusado de otros tantos asesinatos (de los que solo reconoció seis) y diversos crímenes, El Directo estuvo en tres centros de internamiento de menores y nueve cárceles. Tuvo la oportunidad de empezar una nueva vida en Costa Rica, pero la echó a perder. No logró irse a Estados Unidos. Estuvo libre por varios meses, pero no pasó mucho tiempo antes de que la Policía lo volviera a capturar.
A través de la vida de Parada, el autor proyecta el fenómeno de las maras en El Salvador. Hace un énfasis en cómo este fenómeno afecta sobre todo a las clases más bajas, mientras que el resto de la sociedad no se percata de la completa magnitud del problema y, por tanto, no se interesa en buscar una solución. Cómo es posible, se plantea Valencia, que una sociedad como la salvadoreña, con 6,5 millones de habitantes, tolere un promedio de 10 homicidios diarios, por no mencionar los otros numerosos delitos, en un país en el que el 1% de la población son pandilleros.
Las medidas de represión aplicadas por los gobiernos de la derecha (ARENA) y de la izquierda (FMLN) no han mejorado el problema de las pandillas. Estas han ido creciendo, tanto fuera como dentro de los centros de detención, muchos de los cuales se encuentran en un estado deplorable. Precisamente la condición de las cárceles agrava la situación: la infraestructura está dañada, hay una gran insalubridad y el hacinamiento es extremo. En la mayoría de las prisiones, los dirigentes pandilleros tienen una gran parte del control y desde ellas dominan sus respectivas organizaciones. “El sistema penitenciario de El Salvador es el más hacinado del hemisferio, afirmación certificada por la Organización de los Estados Americanos”, constata Valencia.
El Directo pasó por diversos encarcelamientos, donde fue gravemente herido en múltiples ocasiones, unas veces por orden de la Mara Salvatrucha, que le declaró traidor y le amenazó de muerte, y otras por policías y empleados de centros penitenciarios. Después de algunos meses en la cárcel decidió reformarse y renunciar a su actividad en la MS. Esto le trajo diversas oportunidades, pero regresó a la prisión. Finalmente fue asesinado en 2013, a los 31 años, por miembros de su nueva mara, La Mirada Locos, pues había sido acusado de mandar matar a alguien de la organización con cuya esposa había tenido un romance.
Es interesante observar cómo en un país donde se registran una gran cantidad de crímenes, durante al menos diez años el caso de El Directo tuvo una absoluta prioridad en los medios, que muchas veces exageraron el historial delictivo de Parada. “Vivimos en un país donde se ha amnistiado a grandes asesinos. La droga circula con relativa libertad y, a pesar de que funcionarios de la Policía han dicho que hay nombres importantes de la empresa, del aparato estatal y del ejército involucrados en el tráfico de droga, no hemos visto ninguna detención a ese nivel”, declara a Valencia el rector de la Universidad Centroamericana, José María Tojeira. Y añade: “La evasión del impuesto sobre la renta es un vicio bastante extendido entre los sectores más pudientes. La policía se maneja todavía con un grado de corrupción significativa. A los diputados se les perdona o se les investiga actos en los que la vida o el honor de otros ciudadanos han sido severamente amenazados”. Por su parte, Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo emérito de San Salvador, lamenta que periodistas, comentaristas, analistas y políticos repitieran una y otra vez, “como coro de iglesia, el falso estribillo de los 17 años, 17 asesinatos”. En su opinión, “quizás se les pasó de la mano en exhibición y prepotencia”, según recoge Valencia.
Roberto Valencia concluye que el problema de los medios de comunicación es que al principio se mostraron benevolentes con las maras, y luego magnificaron el fenómeno, sin hablar de las medidas represivas y las políticas utilizadas para combatirlas.
Carta desde Zacatraz no es un libro condescendiente, pero la crítica no ahoga toda esperanza. Advierte de que los salvadoreños se han acostumbrado a vivir con este problema. Hoy en día es más común evitar ciertos lugares que se sabe que son peligrosos, que tratar de luchar por mejorar al país. Pero alienta la confianza en que vidas destrozadas como la de El Directo sirvan para que las nuevas generaciones quieran para ellas algo mejor.
Tras romper sus relaciones con Taipéi, el Gobierno salvadoreño podría dar a Pekín la gestión de un puerto estratégico en la región
Hasta hace muy pocos años, China no tuvo interés por Centroamérica, básicamente por la ausencia de materias primas. La relación diplomática que esa región, casi en bloque, mantenía con Taiwán también desviaba su atención. Pero la dinámica ha cambiado. Animado por promesas chinas, El Salvador se sumó en agosto a otros países vecinos que han ido cerrando sus embajadas en Taipéi. ¿Por qué ahora a China le interesa Centroamérica? El caso salvadoreño apunta a un deseo de ganar peso en una área de histórica influencia de Estados Unidos.
ARTÍCULO / Jimena Villacorta
"Después de este cuidadoso análisis, anuncio que mi Gobierno ha tomado la decisión de romper las llamadas relaciones diplomáticas mantenidas hasta este día entre la República de El Salvador y Taiwán y establecer relaciones diplomáticas entre la República de El Salvador y la República Popular China". Así comunicó el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, el establecimiento de lazos diplomáticos con Pekín, el pasado 20 de agosto. La decisión seguía a la adoptada en mayo por la República Dominicana y en 2017 por Panamá, resquebrajando el apoyo de los países de América Central a Taiwán.
Taiwán respondió a ese anuncio asegurando que el Gobierno de El Salvador había reclamado una “suma astronómica” de dinero para financiar el puerto salvadoreño de La Unión y la campaña para las elecciones presidenciales de 2019 del partido gubernamental, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), extremos que el Gobierno salvadoreño negó. El ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Joseph Wu, presentó la ruptura de relaciones como una decisión de Taipéi, por la negativa a ceder a esas presiones, por más que todo indica que la iniciativa fue salvadoreña.
La práctica de pagos ocultos no es, desde luego, nada nuevo en los vínculos entre Taiwán y Centroamérica, pues ha quedada demostrada la entrega de cheques a mandatarios de El Salvador y otros países para mantener un reconocimiento diplomático tan conveniente para la isla asiática. Se trata, en cualquier caso, de un margen de corrupción que, a veces en forma de comisiones, también ha acompañado el desembarco de China en diversos países.
El paso dado por el Gobierno salvadoreño fue criticado por la oposición. El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), tachó de “pésima” la decisión y lamentó que los dirigentes del FMLN no solo apoyan “a las dictaduras represivas y asesinas de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, sino que además “ahora rompen con un país democrático para establecer relaciones con otra dictadura”.
La oposición criticó que el Gobierno se mueva por intereses partidistas y deje en el aire los tratados y convenios firmados con Taiwán, que ha sido un socio estratégico para el país durante 85 años y uno de sus principales cooperantes en áreas de tecnología, salud, agricultura y educación. Así, ha habido la pérdida de proyectos de cooperación, recursos financieros y otras ayudas, como el plan de becas para estudiantes salvadoreños en Taiwán.
Alerta de Estados Unidos
El cambio de socio, previsiblemente, significará la sustitución de programas taiwaneses por proyectos chinos de inversión. En los últimos años, El Salvador ha importado mucho más de China (804 millones de dólares en 2016) que de Taiwán (135 millones), pero ha exportado de modo parecido a ambos países (alrededor de 50 millones a cada uno). Lo normal es que ahora Taiwán deje de favorecer la compra de productos salvadoreños, a los que primaba, y que China compense la nueva relación con inversión en infraestructuras.
Es aquí donde entra la posibilidad de que China pueda quedarse con la concesión del puerto de La Unión Centroamericana, en el extremo suroriental de El Salvador, en el golfo de Fonseca. El Gobierno ha reconocido el interés chino por ese recinto, mientras que la oposición critica la falta de información que está habiendo en las negociaciones. La Embajada de Estados Unidos ha llegado a levantar sospechas sobre el riesgo de que, dada la poca transparencia de las gestiones, China pueda usar las instalaciones como base militar. La embajadora, Jean Manes, afirmó que “es alarmante la estrategia de expansión que China tiene en la región, no solo económicamente, sino también militarmente”. De hecho, Washington lleva un tiempo alertando sobre la mayor presencia de China en Centroamérica, como en el caso del Canal de Panamá, en principio con proyectos civiles pero que en ciertas circunstancias podrían poner en cuestión la seguridad estadounidense.
La Embajada de Estados Unidos también ha señalado el interés chino por comprar la isla Perico, ubicada junto al puerto de La Unión. El pasado mes de octubre, Ezequiel Milla, alcalde de La Unión, declaró que se había reunido con Bo Yang, empresario chino y vicepresidente de la Cámara de Comercio entre China y El salvador, para discutir sobre la venta la isla, para construir hoteles. Por su lado, el empresario admitió haber discutido intenciones de compra con los dueños de la parte privada de la isla, donde residen varias de familias, que tienen que estar dispuestas a desalojar sus hogares. La isla contiene una importante reserva de flora y fauna.
Puerto sin explotar
El puerto de La Unión está estratégicamente localizado en el golfo de Fonseca, donde confluyen El Salvador, Nicaragua y Honduras (es el único acceso de este país al Pacífico). Además, puede conectar en cuestión de pocos kilómetros con el canal seco que Honduras está a punto de terminar, al ampliar la carretera que une sus instalaciones de Puerto Cortés, en el Atlántico, con el golfo de Fonseca. La costa de Honduras en el golfo no reúne las condiciones apropiadas para un puerto de aguas profundas, por lo que la salida natural de sus mercancías al Pacífico sería La Unión.
El proyecto de construcción del puerto arrancó en 1994, bajo la presidencia de Armando Calderón Sol, con el objetivo de convertirse en el futuro “hub de las Américas”, de manera que los buques que superaran las dimensiones del Canal de Panamá, pudiesen atracar ahí. Gracias a un préstamo del Banco de Cooperación del Japón (JBIC) el proyecto echó a andar. El puerto se construyó entre 2005 y 2008 y fue inaugurado en 2010.
Bajo la presidencia de Antonio Saca, hubo dos decretos para su concesión. El primero, en 2008, revistió la fórmula de concesión maestra, es decir, que solo habría un operador administrando el puerto por 25 años; sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo en la Asamblea legislativa. En 2009 se presentó el segundo decreto, que proponía una sociedad compuesta por la estatal Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y un operador internacional, con una participación accionaria del 10% y del 90%, respectivamente. Pero debido al cambio de gobierno y otras complicaciones internas tampoco se aprobó.
En junio de 2010, ya con Mauricio Funes como presidente, el puerto de La Unión se inauguró bajo administración estatal, con la esperanza de poder acordar una concesión ese mismo año. Finalmente, se decidió aplicar la concesión maestra. En septiembre, la Asamblea aprobó el decreto 834, que contiene la ley de concesión del puerto. Dada la falta de aprobación de las bases de licitación y el contrato, por parte de otras instituciones, la concesión del puerto se aplazó un par de años, tiempo durante el cual las empresas interesadas fueron abandonando las conversaciones.
El proceso de licitación fue puesto finalmente en marcha en 2014, pero el concurso fue declarado desierto en 2015 porque no hubo ofertas para operar en la infraestructura. En 2017 se modificaron algunas leyes para atraer inversionistas, dada la urgencia de la explotación del puerto, cuyo mantenimiento ha costado al país casi 20 millones de dólares en la última década.
Puerto de La Unión, en el golfo de Fonseca, en el Pacífico centroamericano [CEPA] |
Zona Económica Especial
Si hasta la fecha las instalaciones han despertado tan poco interés de inversionistas, ¿qué beneficio podría ver China en La Unión? El diputado Mauricio Vargas, de ARENA, no cree que Pekín tenga ningún interés económico en el puerto, sino que más bien está siguiendo objetivos estratégicos, pues el golfo de Fonseca da acceso a tres países centroamericanos y forma parte del área que los estadounidenses consideran importante para su propia seguridad.
Para hacer más atractiva la opción de La Unión, el gobierno del FMLN presentó en julio de 2018 la Ley de Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental de El Salvador, área correspondiente a La Unión y una veintena de municipios colindantes. Gracias a las ventajas fiscales, China podría convertir ese punto del Pacífico en centro de distribución de sus productos en el Triángulo Norte centroamericano y Nicaragua. La conexión a través del canal seco de Honduras facilitaría conexión con el Atlántico.
La oposición estima que la creación de esa zona económica especial, que en caso de estar destinada a la llegada masiva de productos chinos podría afectar negativamente a las manufacturas locales, está acordada de antemano con China. No obstante, el presidente de la CEPA, niega oscurantismo en el proceso. “No tenemos nada que ocultar. El proceso que estamos llevando es transparente; hemos entrado en una etapa de consulta. El interés de nuestra administración es que se opere el puerto de La Unión y debemos verlo como proyecto de país”. Aseguró que hay compañías interesadas en la concesión también de Europa y América, no solo de Asia.