COMENTARIO / Luis Ángel Díaz Robredo*

Puede resultar sarcástico para algunos, e incluso cruel, escuchar que estas circunstancias de pandemia mundial por COVID-19 son tiempos interesantes para la psicología social e individual. Y aún puede resultar más extraño, tener en cuenta estos tiempos difíciles a la hora de establecer relaciones con la seguridad y la defensa de los estados.

En primer lugar hay que señalar lo evidente: las actuales circunstancias son excepcionales puesto que no habíamos conocido antes una amenaza para la salud tal que trascendiera a ámbitos tan diversos y decisivos como la economía mundial, la política internacional, la geoestrategia, la industria, la demografía… Los individuos e instituciones no estábamos preparados hace unos meses y, aun a día de hoy, los solventamos con cierta improvisación. Las tasas de mortalidad y contagio se han disparado y los recursos que la administración pública ha movilizado son desconocidos hasta la fecha. Sin ir más lejos, la operación Balmis –misión de apoyo contra la pandemia, organizada y ejecutada por el Ministerio de Defensa– ha desplegado en 20.000 intervenciones, durante 98 días de estado de alarma y con un total de 188.713 militares movilizados.

Además de las labores sanitarias de desinfección, logística y apoyo sanitario, se han dado otras tareas más propias del control social, como la presencia de militares en las calles y en puntos críticos o el refuerzo en fronteras. Esta labor que a algunas personas puede desconcertar por su naturaleza poco habitual de autoridad sobre la propia población está justificada por comportamientos grupales atípicos que hemos observado desde el inicio de la pandemia. Baste citar unos pocos ejemplos españoles que reflejan cómo en algunos momentos se han dado conductas poco lógicas de imitación social, como la acumulación de bienes de primera necesidad (alimentos) o no de tan primera necesidad (papel higiénico) que vaciaban durante unas horas las estanterías de los supermercados.

Ha habido momentos también de insolidaridad e incluso de cierta tensión social ante el miedo al contagio contra colectivos vulnerables, como los ancianos con COVID-19 trasladados de una localidad a otra y que eran abucheados por el vecindario que los recibía y debían ser escoltados por la policía. También, con escasa frecuencia pero igualmente negativo e insolidario, se han conocido casos en los cuales algunos sanitarios sufrían el miedo y el rechazo por parte de sus vecinos. Y últimamente la sanción y detención de personas que no respetaban las normas de distancia social y protección individual ha sido otra actuación habitual de las autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos hechos, que afortunadamente han sido limitados y solventados con rapidez por las autoridades, han sido sobradamente superados por muchos otros comportamientos sociales positivos de solidaridad, altruismo y generosidad entre ciudadanos.

Sin embargo, y puesto que la seguridad nacional debe contemplar no solo los escenarios ideales sino también situaciones con carencias o posibles riesgos, se debe tener en cuenta esas variables sociales a la hora de establecer una estrategia.

En segundo lugar, el flujo de información ha sido un verdadero tsunami de fuerzas e intereses que han arrollado las capacidades informativas de sociedades enteras, grupos empresariales e incluso individuos. En este juego por llegar a captar la atención del ciudadano han competido tanto medios de comunicación oficiales, como medios de comunicación privados, redes sociales e incluso grupos anónimos con intereses desestabilizadores. Si algo ha demostrado esta situación es que el exceso de información puede resultar tan incapacitante como la falta de información y que, incluso, el uso de información falsa, incompleta o de alguna forma manipulada nos
hace más influenciables frente a la manipulación de agentes exteriores o incluso vulnerables al ciberhacking, con evidentes peligros para la estabilidad social, la operatividad de servicios sanitarios, la facilitación del crimen organizado o incluso la salud mental de la población.

En tercer y último lugar, no podemos olvidar que la sociedad y nuestras instituciones –también las relacionadas con seguridad y defensa– tienen su máxima debilidad y fortaleza basadas en las personas que las forman. Si hay algo que la pandemia está poniendo a prueba es la fortaleza psicológica de los individuos debido a la circunstancia de incertidumbre hacia el presente y futuro, gestión del miedo a la enfermedad y a la muerte, y una necesidad innata de apego a las relaciones sociales. Nuestra capacidad de afrontar este nuevo escenario VUCA (del inglés Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) que afecta a todos y cada uno de los ambientes
sociales y profesionales exige un estilo de liderazgo fuerte, adaptado a esta situación tan exigente, auténtico y basado en los valores grupales. No existe a día de hoy una solución unilateral, si no es con el esfuerzo de muchos. No son palabras vacías el afirmar que la resiliencia de una sociedad, de unas Fuerzas Armadas o de un grupo humano, se basa en trabajar juntos, luchar juntos, sufrir juntos, con una cohesión y un trabajo en equipo convenientemente entrenados.

Dicho esto, podemos entender que las variables psicológicas –a nivel individual y de grupo– están en juego en esta situación de pandemia y que podemos y debemos usar los conocimientos que nos aporta la Psicología como ciencia seria, adaptada a las necesidades reales y con espíritu constructivo, para planificar la táctica y la estrategia de los escenarios actual y futuro derivados del Covid-19.

Sin duda, son momentos interesantes para la Psicología.

* Luis Ángel Díaz Robredo es profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra

[Azar Gat, War in Human Civilization. Oxford University Press. Oxford (Nueva York), 2006. 822 p.]

RESEÑA / Salvador Sánchez Tapia

Entre las numerosas firmas que han escrito sobre el fenómeno bélico en las últimas décadas, el nombre de Azar Gat brilla con luz propia. Desde su cátedra de la Universidad de Tel-Aviv, este autor ha dedicado una importante parte de su carrera académica a teorizar desde distintos ángulos sobre la guerra, fenómeno que, por otra parte, conoce directamente por su condición de reservista en el Tsahal (Fuerzas Israelitas de Defensa).

War in Human Civilization es una obra monumental en la que el autor muestra su gran erudición, junto con su capacidad para tratar y estudiar el fenómeno bélico combinando el empleo de campos del saber tan diversos como la historia, la economía, la biología, la arqueología o la antropología, poniéndolos al servicio del objetivo de su obra, que no es otro que el de elucidar qué es lo que ha movido y mueve a los grupos humanos hacia la guerra.

A lo largo de las casi setecientas páginas de este extenso trabajo, Gat hace un estudio de la evolución histórica del fenómeno de la guerra en el que combina una aproximación cronológica que podríamos denominar como “convencional”, con otra sincrónica en la que pone en paralelo estadios similares de evolución de la guerra en diferentes civilizaciones para comparar culturas que, en un momento histórico dado, se encontraban en diferentes grados de desarrollo y mostrar cómo en todas ellas la guerra pasó por un proceso de evolución similar.

En su planteamiento inicial, Gat promete un análisis que trascienda cualquier cultura particular para considerar la evolución de la guerra de una forma general, desde su comienzo hasta la actualidad. La promesa, sin embargo, se quiebra al llegar al período medieval pues, a partir de ese momento adopta una visión netamente eurocéntrica que justifica con el argumento de que el modelo occidental de guerra ha sido exportado a otros continentes y adoptado por otras culturas lo que, sin ser totalmente falso, deja al lector con una visión un tanto incompleta del fenómeno.

Azar Gat bucea en el origen de la especie humana para tratar de dilucidar si el fenómeno de la guerra la hace diferente al resto de las especies, y para tratar de determinar si el conflicto es un fenómeno innato en la especie o si, por el contrario, se trata de una conducta aprendida.

Sobre la primera cuestión, la obra concluye que nada nos hace diferentes a otras especies pues, pese a visiones Rousseaunianas basadas en el “buen salvaje” que tan en boga estuvieron en los años sesenta, la realidad muestra que la violencia intra-especie, que se consideraba única en la humana, en realidad es algo compartido con otras especies. Respecto a la segunda cuestión, Gat adopta una postura ecléctica según la cual la agresividad sería, a la vez, innata y opcional; una opción básica de supervivencia que se ejerce, no obstante, de manera opcional, y que se desarrolla mediante el aprendizaje social.

A lo largo del recorrido histórico de la obra, aparece como un leitmotiv la idea, formulada en los primeros capítulos, de que las causas últimas de la guerra son de naturaleza evolutiva y tienen que ver con la lucha por la supervivencia de la especie.

Según este enfoque, el conflicto tendría su origen en la competición por recursos y por mejores oportunidades reproductivas. Aunque el desarrollo humano hacia sociedades cada vez más complejas ha terminado por oscurecerla, esta lógica seguiría guiando hoy en día el comportamiento humano, fundamentalmente a través del legado de mecanismos próximos que suponen los deseos humanos.

Un capítulo importante dentro del libro es el que el autor dedica a la disección de la teoría, adelantada por vez primera durante la Ilustración, de la Paz Democrática. Gat no refuta la teoría, pero la pone bajo una nueva luz. Si, en su original definición, esta defiende que los regímenes liberales y democráticos son reacios a la guerra y que, por tanto, la expansión del liberalismo hará avanzar la paz entre las naciones, Gat sostiene que es el crecimiento de la riqueza lo que realmente sirve a esa expansión, y que el bienestar y la interrelación que favorece el comercio son los auténticos motores de la paz democrática.

Dos son, pues, las dos principales conclusiones de la obra: que el conflicto es la norma en una naturaleza en la que la que los organismos compiten entre sí por la supervivencia y la reproducción en un ambiente de escasez de recursos, y que, recientemente, el desarrollo del liberalismo en el mundo occidental ha generado en este entorno un sentimiento de repugnancia hacia la guerra que se traduce en un casi absoluto rechazo a la misma en favor de otras estrategias basadas en la cooperación.

Azar Gat reconoce que una parte importante del género humano está todavía muy lejos de modelos liberales y democráticos, mucho más de la consecución del grado de bienestar y riqueza que, a su modo de ver, lleva de la mano al rechazo de la guerra. Aunque no lo dice abiertamente, de su discurso puede inferirse que esa es, no obstante, la dirección hacia la que se encamina la humanidad y que, el día en que ésta alcance las condiciones necesarias para ello, la guerra será finalmente erradicada de la Tierra.

Contra esta idea, cabría argumentar la posibilidad, siempre presente, de regresión del sistema liberal por efecto de la presión demográfica a que está sometido, o a causa de algún acontecimiento de orden global que la provoque; o la de que otros sistemas, igualmente ricos pero no liberales, reemplacen al mundo de las democracias en el dominio mundial.

La obra resulta una referencia obligada para cualquier estudioso o lector interesado en la naturaleza y evolución del fenómeno bélico. Escrita con gran erudición, y con una profusión de datos que, en ocasiones, la hacen un tanto áspera, War in Human Civilization supone, sin duda, una importante aportación al conocimiento de la guerra que resulta de lectura imprescindible.

▲ Flood rescue in the Afghan village of Jalalabad, in 2010 [NATO]

ESSAY / Alejandro J. Alfonso

In December of 2019, Madrid hosted the United Nations Climate Change Conference, COP25, in an effort to raise awareness and induce action to combat the effects of climate change and global warming. COP25 is another conference in a long line of efforts to combat climate change, including the Kyoto Protocol of 2005 and the Paris Agreement in 2016. However, what the International Community has failed to do in these conferences and agreements is address the issue of those displaced by the adverse effects of Climate Change, what some call “Climate Refugees”.

Introduction

In 1951, six years after the conclusion of the Second World War and three years after the creation of the State of Israel, a young organization called the United Nations held an international convention on the status of refugees. According to Article 1 section A of this convention, the status of refugee would be given to those already recognized as refugees by earlier conventions, dating back to the League of Nations, and those who were affected “as a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion…”. However, as this is such a narrow definition of a refugee, the UN reconvened in 1967 to remove the geographical and time restrictions found in the 1951 convention[1], thus creating the 1967 Protocol.

Since then, the United Nations General Assembly and the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) have worked together to promote the rights of refugees and to continue the fight against the root causes of refugee movements.[2] In 2016, the General Assembly made the New York Declaration for Refugees and Migrants, followed by the Global Compact on Refugees in 2018, in which was established four objectives: “(i) ease pressures on host countries; (ii) enhance refugee self-reliance; (iii) expand access to third country solutions; and (iv) support conditions in countries of origin for return in safety and dignity”.[3] Defined as ‘interlinked and interdependent objectives’, the Global Compact aims to unite the political will of the International Community and other major stakeholders in order to have ‘equitalized, sustained and predictable contributions’ towards refugee relief efforts. Taking a holistic approach, the Compact recognizes that various factors may affect refugee movements, and that several interlinked solutions are needed to combat these root causes.

While the UN and its supporting bodies have made an effort to expand international protection of refugees, the definition on the status of refugees remains largely untouched since its initial applications in 1951 and 1967. “While not in themselves causes of refugee movements, climate, environmental degradation and natural disasters increasingly interact with the drivers of refugee movements”.3 The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has found that the increase of the average temperature of the planet, commonly known as Global Warming, can lead to an increase in the intensity and occurrence of natural disasters[4]. Furthermore, this is reinforced by the Internal Displacement Monitoring Centre, which has found that the number of those displaced by natural disasters is higher than the number of those displaced by violence or conflict on a yearly basis[5], as shown in Table 1. In an era in which there is great preoccupation and worry concerning the adverse effects of climate change and global warming, the UN has not expanded its definition of refugee to encapsulate those who are displaced due to natural disasters caused by, allegedly, climate change.

Table 1 / Global Internal Displacement Database, from IDMC

Methodology

This present paper will be focused on the study of Central America and Southeast Asia as my study subjects. The first reason for which these two regions have been selected is that both are the first and second most disaster prone areas in the world[6], respectively. Secondly, the countries found within these areas can be considered as developing states, with infrastructural, economic, and political issues that can be aggravating factors. Finally, both have been selected due to the hegemonic powers within those hemispheres: the United States of America and the People’s Republic of China. Both of these powers have an interest in how a ‘refugee’ is defined due to concerns over these two regions, and worries over becoming receiving countries to refugee flows.

Central America

As aforementioned, the intensity and frequency of natural disasters are expected to increase due to irregularities brought upon by an increase in the average temperature of the ocean. Figure 1 shows that climate driven disasters in Latin America and the Caribbean have slowly been increasing since the 1970s, along with the world average, and are expected to increase further in the years to come. In a study by Omar D. Bello, the rate of climate related disasters in Central America increased by 326% from the year 1970 to 1999, while from 2000 to 2009 the total number of climate disasters were 143 and 148 in Central America and the Caribbean respectively[7].  On the other hand, while research conducted by Holland and Bruyère has not concluded an increase in the number of hurricanes in the North Atlantic, there has been an upward trend in the proportion of Category 4-5 hurricanes in the area[8] .

This increase in natural disasters, and their intensity, can have a hard effect on those countries which have a reliance on agriculture. Agriculture as a percentage of GDP has been declining within the region in recent years due to policies of diversification of economies. However, in the countries of Honduras and Nicaragua the percentage share of agriculture is still slightly higher than 10%, while in Guatemala and Belize agriculture is slightly below 10% of GDP share[9]. Therefore, we can expect high levels of emigration from the agricultural sectors of these countries, heading toward higher elevations, such as the Central Plateau of Mexico, and the highlands of Guatemala. Furthermore, we can expect mass migration movements from Belize, which is projected to be partially submerged by 2100 due to rising sea levels[10].

Figure 2 / Climate Risk Index 2020, from German Watch

Southeast Asia

The second region of concern is Southeast Asia, the region most affected by natural disasters, according to the research by Bello, mentioned previously. The countries of Southeast Asia are ranked in the top ten countries projected to be at most risk due to climate change, shown in Figure 2 above[11]. Southeast Asia is home to over 650 million people, about 8% of total world population, with 50% living in urban areas[12]. Recently, the OECD concluded that while the share in GDP of agriculture and fisheries has declined in recent years, there is still a heavy reliance on these sectors to push economy in the future[13]. In 2014, the Asian Development Bank carried out a study analyzing the possible cost of climate change on several countries in the region. It concluded that a possible loss of 1.8% in the GDP of six countries could occur by 2050[14]. These six countries had a high reliance on agriculture as part of the GDP, for example Bangladesh with around 20% of GDP and 48% of the workforce being dedicated to agricultural goods. Therefore, those countries with a high reliance on agricultural goods or fisheries as a proportion of GDP can be expected to be the sources of large climate migration in the future, more so than in the countries of Central America.

One possible factor is the vast river system within the area, which is susceptible to yearly flooding. With an increase in average water levels, we can expect this flooding to worsen gradually throughout the years. In the case of Bangladesh, 28% of the population lives on a coastline which sits below sea level[15]. With trends of submerged areas, Bangladesh is expected to lose 11% of its territory due to rising sea levels by 2050, affecting approximately 15 million inhabitants[16][17]. Scientists have reason to believe that warmer ocean temperatures will not only lead to rising sea levels, but also an intensification and increase of frequency in typhoons and monsoons[18], such as is the case with hurricanes in the North Atlantic.

Expected Destinations

Taking into account the analysis provided above, there are two possible migration movements: internal or external. In respect to internal migration, climate migrants will begin to move towards higher elevations and temperate climates to avoid the extreme weather that forced their exodus. The World Bank report, cited above, marked two locations within Central America that fulfil these criteria: the Central Plateau of Mexico, and the highlands of Guatemala. Meanwhile, in Southeast Asia, climate migrants will move inwards in an attempt to flee the rising waters, floods, and storms.

However, it is within reason to believe that there will be significant climate migration flows towards the USA and the Popular Republic of China (PRC). Both the United States and China are global powers, and as such have a political stability and economic prowess that already attracts normal migration flows. For those fleeing the effects of climate change, this stability will become even more so attractive as a future home. For those in Southeast Asia, China becomes a very desired destination. With the second largest land area of any country, and with a large central zone far from coastal waters, China provides a territorial sound destination. As the hegemon in Asia, China could easily acclimate these climate migrants, sending them to regions that could use a larger agricultural workforce, if such a place exists within China.

In the case of Central America, the United States is already a sought-after destination for migrant movements, being the first migrant destination for all Central American countries save Nicaragua, whose citizens migrate in greater number to Costa Rica[19]. With the world’s largest economy, and with the oldest democracy in the Western hemisphere, the United States is a stable destination for any refugee. In regard to relocation plans for areas affected by natural disasters, the United States also has shown it is capable of effectively moving at-risk populations, such as the Isle de Jean Charles resettlement program in the state of Louisiana[20].

Problems

While some would opine that ‘climate migrants’ and ‘climate refugees’ are interchangeable terms, they are unfortunately not. Under international law, there does not exist ‘climate refugees’. The problem with ‘climate refugees’ is that there is currently no political will to change the definition of refugee to include this new category among them. In the case of the United States, section 101(42) of the Immigration and Nationality Act (INA), the definition of a refugee follows that of the aforementioned 1951 Geneva convention[21], once again leaving out the supposed ‘climate refugees’. The Trump administration has an interest in maintaining this status quo, especially in regard to its hard stance in stopping the flow of illegal immigrants coming from Central America. If a resolution should pass the United Nations Security Council, the Trump administration would have no choice but to change section 101(42) of the INA, thus risking an increased number of asylum applicants to the US. Therefore, it can confidently be projected that the current administration, and possibly future administrations, would utilize the veto power, given to permanent members of the United Nations Security Council, on such a resolution.

China, the strongest regional actor in Asia, does not have to worry about displeasing the voter. Rather, they would not allow a redefinition of refugee to pass the UN Security Council for reasons concerning the stability and homogeneity of the country. While China does accept refugees, according to the UNHCR, the number of refugees is fairly low, especially those from the Middle East. This is mostly likely due to the animosity that the Chinese government has for the Muslim population. In fact, the Chinese government has a tense relationship with organized religion in and of itself, but mostly with Islam and Buddhism. Therefore, it is very easy to believe that China would veto a redefinition of refugee to include ‘climate refugees’, in that that would open its borders to a larger number of asylum seekers from its neighboring countries. This is especially unlikely when said neighbors have a high concentration of Muslims and Buddhists: Bangladesh is 90% Muslim, and Burma (Myanmar) is 87% Buddhist[22]. Furthermore, both countries have known religious extremist groups that cause instability in civil society, a problem the Chinese government neither needs nor wants.

On the other hand, there is also the theory that the causes of climate migration simply cannot be measured. Natural disasters have always been a part of human history and have been a cause of migration since time immemorial. Therefore, how can we know if migrations are taking place due to climate factors, or due to other aggravating factors, such as political or economic instability? According to a report by the French think tank ‘Population and Societies’, when a natural disaster occurs, the consequences remain localized, and the people will migrate only temporarily, if they leave the affected zone at all[23]. This is due to the fact that usually that society will bind together, working with familial relations to surpass the event. The report also brings to light an important issue touched upon in the studies mentioned above: there are other factors that play in a migration due to a natural disaster. Véron and Golaz in their report cite that the migration caused by the Ethiopian drought of 1984 was also due in part to bad policies by the Ethiopian government, such as tax measures or non-farming policies.

The lack of diversification of the economies of these countries, and the reliance on agriculture could be such an aggravating factor. Agriculture is very susceptible to changes in climate patterns and are affected when these climate patterns become irregular. This can relate to a change of expected rainfall, whether it be delayed, not the quantity needed, or no rainfall at all. Concerning the rising sea levels and an increase in floods, the soil of agricultural areas can be contaminated with excess salt levels, which would remain even after the flooding recedes. For example, the Sula Valley in Honduras generates 62% of GDP, and about 68% of the exports, but with its rivers and proximity to the ocean, also suffers from occasional flooding. Likewise, Bangladesh's heavy reliance on agriculture, being below sea level, could see salt contamination in its soil in the near future, damaging agricultural property.

Reliance on agriculture alone does not answer why natural disasters could cause large emigration in the region. Bello and Professor Patricia Weiss Fagen[24] find that issues concerning the funding of local relief projects, corruption in local institutions, and general mismanagement of crisis response is another aggravating factor. Usually, forced migration flows finish with a return to the country or area of origin, once the crisis has been resolved. However, when the crisis has continuing effects, such as what happened in Chernobyl, for example, or when the crisis has not been correctly dealt with, this return flow does not occur. For example, in the countries composing the Northern Triangle, there are problems of organized crime which is already a factor for migration flows from the area[25]. Likewise, the failure of Bangladesh and Myanmar to deal with extremist Buddhist movements, or the specific case of the Rohinga Muslims, could inhibit return flows and even encourage leaving the region entirely.

Recommendations and Conclusions

The definition of refugee will not be changed or modified in order to protect climate migrants. That is a political decision by countries who sit at a privileged position of not having to worry about such a crisis occurring in their own countries, nor want to be burdened by those countries who will be affected. Facing this simple reality should help to find a better alternative solution, which is the continuing efforts of the development of nations, in order that they may be self-sufficient, for their sake and the population’s sake. This fight does not have to be taken alone, but can be fought together through regional organizations who have a better understanding and grasp of the gravity of the situation, and can create holistic approaches to resolve and prevent these crises.

We should not expect the United Nations to resolve the problem of displacement due to natural disasters. The United Nations focuses on generalized and universal issues, such as that of global warming and climate change, but in my opinion is weak in resolving localized problems. Regional organizations are the correct forum to resolve this grave problem. For Central America, the Organization of American States (OAS) provides a stable forum where these countries may express their concerns with states of North and Latin America. With the re-election of Secretary General Luis Almagro, a strong and outspoken authority on issues concerning the protection of Human Rights, the OAS is the perfect forum to protect those displaced by natural disasters in the region. Furthermore, the OAS could work closely with the Inter-American Development Bank, which has the financial support of international actors who are not part of the OAS, such as Japan, Israel, Spain, and China, to establish the necessary political and structural reforms to better implement crisis management responses. This does not exclude the collusion with other international organizations, such as the UN. Interestingly, the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) has a project in the aforementioned Sula Valley to improve infrastructure to deal with the yearly floods[26]. 

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is another example of an apt regional organization to deal with the localized issues. Mostly dealing with economic issues, this forum of ten countries could carry out mutual programs in order to protect agricultural territory, or further integrate to allow a diversification of their economies to ease this reliance on agricultural goods. ASEAN could also call forth the ASEAN +3 mechanism, which incorporates China, Japan, and South Korea, to help with the management of these projects, or for financial aid. China should be interested in the latter option, seeing as it can increase its good image in the region, as well as protecting its interest of preventing possible migration flows to its territory. The Asian Development Bank, on the other hand, offers a good alternative financial source if the ASEAN countries so choose, in order to not have heavy reliance on one country or the other.

ANÁLISIS / Salvador Sánchez Tapia [Gral. de Brigada (Res.)]

La pandemia de COVID-19 que atraviesa España desde comienzos de este 2020 ha puesto de manifiesto el lugar común, no por repetido menos verdadero, de que el concepto de seguridad nacional ya no puede quedar limitado al estrecho marco de la defensa militar y demanda el concurso de todas las capacidades de la nación, coordinadas al más alto nivel posible que, en el caso de España, no es otro que el de la Presidencia del Gobierno a través del Consejo de Seguridad Nacional.[1]

En coherencia con este enfoque, nuestras Fuerzas Armadas se han visto directa y activamente involucradas en una emergencia sanitaria a priori alejada de las misiones tradicionales del brazo militar de la nación. Esta contribución militar, sin embargo, no hace sino responder a una de las misiones que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional encomienda a las Fuerzas Armadas, amén de a una larga tradición de apoyo militar a la sociedad civil en caso de catástrofe o emergencia.[2] En su ejecución, unidades de los tres Ejércitos han llevado a cabo cometidos tan variados y, aparentemente tan poco relacionados con su actividad natural, como la desinfección de residencias de ancianos o el traslado de cadáveres entre hospitales y morgues.

Esta situación ha agitado un cierto debate en círculos especializados y profesionales acerca del rol de las Fuerzas Armadas en los escenarios de seguridad presentes y futuros. Desde distintos ángulos, algunas voces claman por la necesidad de reconsiderar las misiones y dimensiones de los Ejércitos, para alinearlas con estas nuevas amenazas, no con el de la guerra clásica entre estados.

Esta visión parece tener uno de sus puntos de apoyo en la constatación, aparentemente empírica, de la práctica ausencia de conflictos armados convencionales –entendiendo como tales aquellos que enfrentan entre sí ejércitos con medios convencionales maniobrando en un campo de batalla– entre estados que se vive actualmente. A partir de esta realidad, se concluye que esta forma de conflicto estaría prácticamente desterrada, siendo poco más que una reliquia histórica reemplazada por otras amenazas menos convencionales y menos “militares” como las pandemias, el terrorismo, el crimen organizado, las noticias falsas, la desinformación, el cambio climático o las cibernéticas.

El corolario resulta evidente: es necesario y urgente repensar las misiones, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas, pues su configuración actual está pensada para confrontar amenazas convencionales caducas, y no para las que se dibujan en el escenario de seguridad presente y futuro.

Un análisis crítico de esta idea muestra, sin embargo, una imagen algo más matizada. Desde un punto de vista meramente cronológico, la todavía inconclusa guerra civil siria, ciertamente compleja, está más cerca de un modelo convencional que de cualquiera de otro tipo y, desde luego, las capacidades con las que Rusia hace sentir su influencia en esta guerra apoyando al régimen de Assad, son plenamente convencionales. En 2008, Rusia invadió Georgia y ocupó Osetia del Sur y Abjasia mediante una operación ofensiva convencional. En 2006, Israel tuvo que hacer frente en el Sur del Líbano a un enemigo híbrido como Hezbollah –de hecho, fue este el modelo escogido por Hoffman como prototipo para acuñar el término “híbrido”–, que combinó elementos de guerra irregular con otros plenamente convencionales.[3] Antes aún, en 2003, los Estados Unidos invadieron Irak mediante una amplia ofensiva acorazada.[4]

Si se elimina el caso de Siria, considerándolo dudosamente clasificable como guerra convencional, todavía puede argumentarse que el último conflicto de esta naturaleza –que, además, implicó ganancia territorial– tuvo lugar hace tan solo doce años; un período de tiempo lo suficientemente corto como para pensar que puedan extraerse conclusiones que permitan descartar la guerra convencional como un procedimiento cuasi extinto. De hecho, el pasado ha registrado períodos más largos que este sin confrontaciones significativas, que bien podrían haber hecho llegar a conclusiones similares. En tiempos de la Roma Imperial, por ejemplo, la época Antonina (96-192 d.C.), supuso un largo período de Pax Romana interior alterado brevemente por las campañas de Trajano en Dacia. Más recientemente, tras la derrota de Napoleón en Waterloo (1815), las potencias centrales de Europa vivieron un largo período de paz de nada menos que treinta y nueve años.[5] Huelga decir que el final de ambos períodos estuvo marcado por el retorno de la guerra al primer plano.

Puede aducirse que la situación ahora es diferente, pues la humanidad actual ha desarrollado un rechazo moral hacia la guerra como un ejercicio destructivo y, por ende, no ético e indeseable. Esta postura, netamente Occidente-céntrica –valga el neologismo– o, si se prefiere, Eurocéntrica, toma la parte por el todo y asume esta visión como unánimemente compartida a nivel global. Sin embargo, la experiencia del Viejo Continente, con un largo historial de destructivas guerras entre sus estados, con una población altamente envejecida, y con poco apetito por mantenerse como un jugador relevante en el Sistema Internacional, puede no ser compartida por todo el mundo.

El rechazo occidental a la guerra puede ser, además, más aparente que real, guardando una relación directa con los intereses en juego. Cabe pensar que, ante una amenaza inmediata a su supervivencia, cualquier estado europeo estaría dispuesto a ir a la guerra, incluso a riesgo de verse convertido en un paria sometido al ostracismo del Sistema Internacional. Si, llegado ese momento, tal estado hubiera sacrificado su músculo militar tradicional en pos de la lucha contra amenazas más etéreas, tendría que pagar el precio asociado a tal decisión. Téngase en cuenta que los estados eligen sus guerras sólo hasta cierto punto, y que pueden verse forzados a ellas, incluso en contra de su voluntad. Como decía Trotsky, “puede ser que usted no esté interesado en la guerra, pero la guerra está interesada en usted”.

El análisis de los períodos históricos de paz antes referido sugiere que, en ambos casos, fueron posibles por la existencia de un poder moderador más fuerte que el de las entidades políticas que componían el Imperio Romano y la Europa de después de Napoleón. En el primer caso, este poder habría sido el de la propia Roma y sus legiones, suficiente para garantizar el orden interno del imperio. En el segundo, las potencias europeas, enfrentadas por muchas razones, se mantuvieron, no obstante, unidas contra Francia ante la posibilidad de que las ideas de la Revolución Francesa se extendieran y socavaran los cimientos del Antiguo Régimen.

Hoy en día, y aunque resulte difícil encontrar una relación causa-efecto verificable, es plausible pensar que esa fuerza “pacificadora” la proporcionan el poder militar norteamericano y la existencia de armas nucleares. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han proporcionado un paraguas de seguridad efectivo bajo cuya protección Europa y otras regiones del mundo han quedado libres del flagelo de la guerra en sus territorios, desarrollando sentimientos de rechazo extremo hacia cualquiera de sus formas.

Sobre la base de su inigualable poder militar, los Estados Unidos –y nosotros con ellos– han podido desarrollar la idea, avalada por los hechos, de que ningún otro poder va a ser tan suicida como para enfrentarse al suyo en una guerra convencional abierta. La conclusión está servida: la guerra convencional –contra los Estados Unidos, cabría añadir– se hace, en la práctica, impensable.

Esta conclusión, sin embargo, no está fundada en una preferencia moral, ni en la convicción de que otras formas de guerra o de amenaza sean más eficaces sino, lisa y llanamente, en la constatación de que, ante el enorme poder convencional de Norteamérica, no cabe sino buscar la asimetría y confrontarlo por otros medios. Parafraseando a Conrad Crane, “hay dos tipos de enemigo: el asimétrico y el estúpido”.[6]

Es decir, el poder militar clásico es un elemento disuasorio de primer orden que ayuda a explicar la baja recurrencia de la guerra convencional. No es sorprendente que, incluso autores que predican el fin de la guerra convencional aboguen porque los Estados Unidos conserven su capacidad para la misma.[7]

Desde Norteamérica, esta idea ha permeado al resto del mundo o, al menos, al ámbito cultural europeo, donde se ha convertido en una verdad que, so capa de realidad incontestable, obvia la posibilidad de que sean los Estados Unidos quienes inicien una guerra convencional –como ocurrió en 2003–, o la de que esta se produzca entre dos naciones del mundo, o en el interior de una de ellas, en zonas en las que el conflicto armado continúa siendo una herramienta aceptable.

En un ejercicio de cinismo, podría decirse que tal posibilidad no cambia nada, pues no nos incumbe. Sin embargo, en el actual mundo interconectado, siempre existirá la posibilidad de que nos veamos forzados a una intervención por razones éticas, o de que nuestros intereses de seguridad se vean afectados por lo que suceda en países o regiones a priori distantes geográfica y geopolíticamente de nosotros, y de que, probablemente de la mano de nuestros aliados, nos veamos envueltos en alguna guerra clásica.

Aunque sigue vigente, el compromiso del poder militar estadounidense con la seguridad Occidental se encuentra sometido a fuertes tensiones derivadas del hecho de que Norteamérica es cada vez más renuente a asumir por sí sola esta función, y exige a sus socios que hagan un mayor esfuerzo en beneficio de su propia seguridad. No estamos sugiriendo aquí que el vínculo transatlántico vaya a romperse de forma inmediata. Parece sensato, no obstante, pensar que su mantenimiento tiene un coste para nosotros que nos puede arrastrar a algún conflicto armado. Cabe preguntarse, además, qué podría pasar si algún día faltara el compromiso norteamericano con nuestra seguridad y hubiéramos transformado nuestras Fuerzas Armadas para orientarnos exclusivamente a las “nuevas amenazas,” prescindiendo de una capacidad convencional que, sin duda, disminuiría el coste en que alguien tendría que incurrir si decidiera atacarnos con ese tipo de medios.

Una última consideración tiene que ver con lo que parece ser el imparable ascenso de China al rol de actor principal en el Sistema Internacional, y con la presencia de una Rusia cada vez más asertiva, y que demanda volver a ser considerada como una gran potencia global. Ambas naciones, especialmente la primera, se encuentran en un claro proceso de rearme y modernización de sus capacidades militares, convencionales y nucleares que no augura, precisamente, el fin de la guerra convencional entre estados.

A esto hay que añadir los efectos de la pandemia, todavía difíciles de vislumbrar, pero entre los que asoman algunos aspectos inquietantes que conviene no perder de vista. Uno de ellos es el esfuerzo de China para posicionarse como el auténtico vencedor de la crisis, y como la potencia internacional de referencia en el caso de que se repita una crisis global como la presente. Otro es la posibilidad de que la crisis resulte, al menos temporalmente, en menos cooperación internacional, no en más; que asistamos a una cierta regresión de la globalización; y que veamos erigirse barreras a la circulación de personas y bienes en lo que sería un refuerzo de la lógica realista como elemento regulatorio de las relaciones internacionales.

En estas circunstancias, es difícil predecir la evolución futura de la “trampa de Tucídides” en la que nos encontramos en la actualidad por mor del ascenso de China. Es probable, sin embargo, que traiga consigo mayor inestabilidad, con la posibilidad de que ésta escale hacia algún conflicto de tipo convencional, sea este entre grandes potencias o por medio de proxies. En tales circunstancias, parece aconsejable estar preparados para el caso en el que se materialice la hipótesis más peligrosa de un conflicto armado abierto con China, como mejor forma de evitarlo o, al menos, de hacerle frente para preservar nuestra forma de vida y nuestros valores.

Por último, no puede pasarse por alto la capacidad que muchas de las “nuevas amenazas” –calentamiento global, pandemias, etc– encierran como generadores o, por lo menos, catalizadores, de conflictos que, estos sí, pueden derivar en una guerra que bien podría ser convencional.

De todo lo anterior se concluiría, por tanto, que, si es cierto que la recurrencia de la guerra convencional entre estados es mínima hoy en día, parece aventurado pensar que esta pueda ser arrumbada en algún oscuro ático, como si de una antigua reliquia se tratara. Por remota que parezca la posibilidad, nadie está en condiciones de garantizar que el futuro no traerá una guerra convencional. Descuidar la capacidad de defensa contra la misma no es, por tanto, una opción prudente, máxime si se tiene en cuenta que, de necesitarse, no se puede improvisar.

La aparición de nuevas amenazas como las referidas en este artículo, quizás más acuciantes, y muchas de ellas no militares o, al menos, no netamente militares, es innegable, como también lo es la necesidad que tienen las Fuerzas Armadas de considerarlas y de adaptarse a ellas, no sólo para maximizar la eficacia de su contribución al esfuerzo que la nación haga contra las mismas, sino también por una simple cuestión de autoprotección.

Esa adaptación no pasa, en nuestra opinión, por abandonar las misiones convencionales, auténtica razón de ser de las Fuerzas Armadas, sino por incorporar cuantos elementos nuevos de las mismas sea necesario, y por garantizar el encaje de los Ejércitos en el esfuerzo coordinado de la nación, contribuyendo al mismo con los medios de que disponga, considerando que, en muchos casos, no serán el elemento de primera respuesta, sino uno de apoyo.

Este artículo no argumenta –no es su objetivo– ni a favor ni en contra de la necesidad que pueda tener España de repensar la organización, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas a la vista del nuevo escenario de seguridad. Tampoco entra en la cuestión de si debe hacerlo de manera unilateral, o de acuerdo con sus aliados de la OTAN, o buscando complementariedad y sinergia con sus socios de la Unión Europea. Entendiendo que corresponde a los ciudadanos decidir qué Fuerzas Armadas quieren, para qué las quieren, y qué esfuerzo en recursos están dispuestos a invertir en ellas, lo que este artículo postula es que la seguridad nacional está mejor servida si quienes tienen que decidir, y con ellos las Fuerzas Armadas, continúan considerando la guerra convencional, enriquecida con multitud de nuevas posibilidades, como una de las posibles amenazas a las que puede tener que enfrentarse la nación. Redefiniendo el adagio: Si vis pacem, para bellum etiam magis.[8]

▲ Visión sobre extracción de minerales en un asteroide, de ExplainingTheFuture.com [Christopher Barnatt]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Mario Pereira

[Documento de 14 páginas. Descargar en PDF]

INTRODUCCIÓN

Recuerda el astrofísico estadounidense, Michio Kaku, que cuando el presidente Thomas Jefferson compró Luisiana a Napoleón (en 1803) por la astronómica cifra de 15 millones de dólares, estuvo una larga temporada sumido en el más profundo espanto. La razón de ello estribaba en el hecho de que desconoció por largo tiempo si el referenciado territorio (en su mayor parte inexplorado) escondía fabulosas riquezas o, por el contrario, era un páramo sin mayor valor… El paso del tiempo demostró con creces lo primero, así como acreditó que fue entonces cuando se inició la marcha de los pioneros americanos: aquellos sujetos que –al igual que los “Adelantados” castellanos y extremeños en el siglo XVI– se lanzaban hacia lo desconocido en aras de obtener fortuna, descubrir nuevas maravillas y mejorar su posición social.

Los Jefferson de hoy en día, son los Musk y los Bezos, empresarios norteamericanos dueños de enormes emporios financieros, comerciales y tecnológicos, quienes, de la mano de nuevos “pioneros” (un mix entre Julio Verne/Arthur C. Clark y Neil Amstrong/John Glenn) buscan alcanzar la nueva frontera de la Humanidad: la explotación comercial y minera del Espacio Ultraterrestre.

Ante semejante desafío, muchas son las preguntas que podemos (y debemos) formularnos. Aquí intentaremos dar respuesta (siquiera someramente) a si la normativa internacional y nacional existente relativa a la explotación minera de la Luna y de los cuerpos celestes, constituye –o no–, un marco suficiente para la regulación de tales actividades proyectadas.

▲ Propuesta de base lunar para obtención de helio, tomada de ExplainingTheFuture.com [Christopher Barnatt]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Emili J. Blasco

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INTRODUCCIÓN

El interés económico por los recursos del espacio, o al menos la expectativa razonable acerca de la rentabilidad que puede suponer su obtención, explica en gran medida la creciente implicación de la inversión privada en los viajes espaciales.

Más allá de la industria relacionada con los satélites artificiales, de gran pujanza comercial, y también de la que sirve a propósitos científicos y de defensa, donde el sector estatal sigue teniendo un papel dirigente, la posibilidad de explotar materias primas de alto valor presentes en los cuerpos celestes –de entrada, en los asteroides más próximos a la Tierra y en la Luna– ha despertado una suerte de fiebre del oro que está alentando la nueva carrera espacial.

La épica de los nuevos barones del espacio –Elon Musk, Jeff Bezos– ha acaparado el relato público, pero junto a ellos existen otros New Space Players, de perfiles variados. Detrás de todos hay un creciente grupo de socios capitalistas e inquietos inversores dispuestos a arriesgar activos en espera de ganancias.

Hablar de fiebre resulta ciertamente exagerado por cuanto aún está por demostrar el provecho económico real que puede lograrse de la minería espacial –la obtención de platino, por ejemplo, o del helio lunar–, pues si bien se está dando un abaratamiento de la tecnología que financieramente permite dar nuevos pasos en el espacio exterior, traer a la Tierra toneladas de materiales tiene un coste que en la mayoría de los casos resta sentido monetario a la operación.

Bastaría, no obstante, que en ciertas situaciones fuera rentable para que se incrementara el número de misiones espaciales, y se supone que ese tráfico por sí mismo generaría la necesidad de una infraestructura en el exterior, al menos con estaciones donde repostar combustible –tan caro de elevar al firmamento–, fabricado a partir de materia prima hallada en el espacio (el agua de los polos lunares se podría transformar en propelente). Es esa expectativa, con cierta base de razonabilidad, la que alimenta las inversiones que se están realizando.

A su vez, la mayor actividad espacial y la competencia por obtener los recursos buscados proyectan más allá de nuestro planeta los conceptos de la geopolítica desarrollados para la Tierra. La ubicación de los países (hay localizaciones especialmente adecuadas para los lanzamientos espaciales) y el control de ciertas rutas (la sucesión de las órbitas más convenientes en los vuelos) son parte de la nueva astropolítica.

▲ Avión espacial no tripulado estadounidense X-37B, al regreso de su cuarta misión, en 2017 [US Air Force]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Luis V. Pérez Gil

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INTRODUCCIÓN

La militarización del espacio es una realidad. Las grandes potencias han dado el paso de poner en órbita satélites que pueden atacar y destruir los aparatos espaciales del adversario o de terceros Estados. Las consecuencias para el que sufre estos ataques pueden ser catastróficas, porque sus sistemas de comunicaciones, de navegación y de defensa quedarán parcial o totalmente inutilizados. Este escenario plantea, como en la guerra nuclear, la posibilidad de un ataque preventivo destinado a evitar quedar en manos del adversario en un eventual conflicto bélico. Los Estados Unidos y Rusia disponen de la capacidad de realizar estas acciones, pero el resto de potencias no quieren estar a la zaga. El resto intenta seguir a las grandes potencias, que son las que dictan las reglas del sistema.

Las grandes potencias se disputan también en el espacio el mantenimiento de la primacía en el sistema internacional global y tratan de asegurarse de que, en caso de enfrentamiento, puedan inutilizar y destruir la capacidad de mando y control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) del adversario, porque sin satélites se reduce su capacidad de defensa frente al poder demoledor de las armas guiadas de precisión. De ello se deduce la regla de que quien domine el espacio dominará la Tierra en un conflicto bélico.

Este es uno de los principios fundamentales de la obra de Friedman sobre el poder en las relaciones internacionales en este siglo, cuando afirma que las guerras del futuro se librarán en el espacio porque los adversarios buscarán destruir los sistemas espaciales que les permiten seleccionar objetivos y los satélites de navegación y comunicaciones para inutilizar su capacidad bélica.

En consecuencia, tanto los Estados Unidos como Rusia, y también China, financian grandes programas espaciales y desarrollan nuevas tecnologías destinadas a obtener satélites no convencionales y aviones espaciales, por lo que se puede hablar sin ambages de la militarización del espacio, como veremos en los siguientes epígrafes.

Pero, antes de continuar, debemos recordar que existe un tratado internacional de carácter multilateral, denominado Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que firmaron inicialmente los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética el 27 de enero de 1967, que establece una serie de limitaciones a las operaciones en el espacio. Según este tratado cualquier país que lance un objeto al espacio “retendrá su jurisdicción y control sobre tal objeto, así como sobre todo el personal que vaya en él, mientras se encuentre en el espacio o en cuerpo celeste” (artículo 8). También establece que cualquier país “será responsable internacionalmente de los daños causados a otro Estado parte (…) por dicho objeto o sus partes componentes en la Tierra, en el espacio aéreo o en el espacio ultraterrestre” (artículo 7).  Esto significa que cualquier satélite espacial puede acercarse a un aparato de otro país, seguirlo o realizar observaciones remotas, pero no puede alterar o interrumpir su operatividad de ninguna manera. Es preciso aclarar que, aunque estén prohibidas las armas nucleares y las de destrucción masiva en el espacio, no existe ninguna limitación a la instalación de armas convencionales en los satélites espaciales. A instancias de Rusia y China la Asamblea General de las Naciones Unidas ha venido impulsando desde 2007 un proyecto de tratado multilateral que prohíba las armas en el espacio exterior, el uso de la fuerza o la amenaza de uso contra objetos espaciales, pero ha sido rechazado sistemáticamente por los Estados Unidos.

▲ Además del regreso a la Luna y la llegada a Marte, también se aceleran programas de viajes a asteroides [NASA]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Javier Gómez-Elvira

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INTRODUCCIÓN

Desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha imaginado fuera de la Tierra, explorando otros mundos. Uno de los primeros relatos data del siglo II d.C., Luciano de Samosata escribía un libro en el que sus personajes llegaban a la Luna gracias al impulso de un remolino de viento y allí desarrollaban sus aventuras. Desde entonces se pueden encontrar numerosas novelas o relatos de ciencia ficción que discurrían en la Luna, en Marte, otros cuerpos de nuestro Sistema Solar o incluso más allá. De alguna forma todos ellos perdieron un poco de su ficción a mediados del siglo pasado, con los primeros pasos de un astronauta en nuestro satélite. Aunque desgraciadamente lo que parecía el inicio de una nueva era no fue más allá de 5 misiones a lo largo de 2 años.

La primera etapa se inició cuando el presidente Kennedy pronunció su famosa frase: “We choose to go to the Moon... We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard; because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others, too”. Aunque quizás en el comienzo estaba escrito el final: el único objetivo era demostrar que EEUU eran los líderes tecnológicos por encima de la URSS, y cuando esto se consiguió el proyecto se paró.

▲ Escena sobre anclaje en un asteroide para desarrollar actividad minera, de ExplainingTheFuture.com [Christopher Barnatt]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Emili J. Blasco

[Documento de 8 páginas. Descargar en PDF]

INTRODUCCIÓN

La nueva carrera espacial se asienta sobre fundamentos más sólidos y duraderos –especialmente el interés económico– que la primera, que estuvo basada en la competencia ideológica y el prestigio internacional. En la nueva Guerra Fría hay también desarrollos espaciales que obedecen a la pugna estratégica de las grandes potencias, como ocurrió entre las décadas de 1950 y de 1970, pero hoy a los aspectos de exploración y defensa se unen también los intereses comerciales: las empresas están tomado el relevo en muchos aspectos al protagonismo de los Estados.

Por más que resulte discutible hablar de nueva era espacial, dado que desde el emblemático lanzamiento del Sputnik en 1957 no ha dejado de programarse actividad en distintas regiones del espacio, incluida la presencia humana (aunque acabaron los viajes tripulados a la Luna, ha habido viajes y estancias en la baja órbita terrestre), lo cierto es que hemos entrado en una nueva fase.

Hollywood, que tan bien refleja la realidad social y las aspiraciones generacionales de cada tiempo, sirve de espejo. Después de un tiempo sin especiales producciones relativas al espacio, desde 2013 el género vive un resurgimiento, con nuevos matices. Películas como Gravity, Interstellar y Marte ilustran el momento del despegue de una renovada ambición que, tras el horizonte corto del programa de transbordadores –reconocido como un error por la NASA, al focalizarse en la órbita baja de la Tierra–, entronca con la secuencia lógica de las perspectivas que abría la llegada del hombre a la Luna: bases lunares, viajes tripulados a Marte y colonización del espacio.

A nivel de imaginario colectivo, la nueva era espacial parte de la casilla donde “terminó” la previa, aquel día de diciembre de 1972 en que Gene Cernan, astronauta del Apolo 17, abandonó la Luna. De algún modo, en todo este tiempo se ha dado “la tristeza de pensar que en 1973 habíamos alcanzado como especie el punto máximo de nuestra evolución” y que después aquello se paró: “mientras crecíamos nos prometieron mochilas-cohete, y a cambio tenemos Instagram”, constata el gráfico comentario de uno de los coguionistas de Interstellar.

Algo parecido es lo que había expresado George W. Bush cuando en 2004 encargó a la NASA comenzar a preparar la vuelta del hombre a la Luna: “En los últimos treinta años, ningún ser humano ha puesto el pie en otro mundo o se ha aventurado en el espacio más allá de 386 millas [621 kilómetros de altitud], aproximadamente la distancia de Washington, DC, a Boston, Massachusetts”.

Podría fijarse ese 2004 como el comienzo de la nueva era espacial, no solo porque desde entonces viajes tripulados a la Luna y a Marte vuelven a estar en la mirilla de la NASA, sino porque entonces tuvo lugar lo que se ha considerado como el primer hito de la exploración espacial privada con el vuelo experimental del SpaceShipOne: era el primer acceso de un piloto particular al espacio orbital, algo que hasta entonces era considerado como un ámbito exclusivo del gobierno.

La prioridad estadounidense pasó luego de la Luna a alguno de los asteroides y después a Marte, para volver a ocupar el viaje a nuestro satélite el primer lugar de la agenda espacial. Regresando a la Luna la idea de “vuelta” a la exploración del espacio adquiere una especial significación.

COMENTARIO / Carlos Jalil

El Covid-19 ha obligado a muchos estados a tomar medidas extraordinarias para proteger el bienestar de sus ciudadanos. Esto incluye la suspensión de ciertos derechos humanos por motivos de emergencia pública. Derechos como la libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de reunión y privacidad, se ven afectados por las respuestas estatales a la pandemia. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿Afectan los estados indebidamente la libertad de expresión cuando combaten las noticias falsas? ¿Restringen indebidamente nuestra libertad de movimiento y reunión o incluso nos privan de nuestra libertad? ¿Infringen nuestro derecho a la privacidad con las nuevas aplicaciones de rastreo? ¿Está justificado?

Para proteger la salud pública, los tratados de derechos humanos permiten a los estados adoptar medidas que pueden restringir derechos. El artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) establecen que en situaciones de emergencia pública que amenazan la vida de la nación, los estados pueden tomar medidas y derogar sus obligaciones establecidas en dichos tratados. Del mismo modo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), permite a los estados parte suspender sus obligaciones en situaciones de emergencia que amenazan la independencia o seguridad de la nación.

Durante la pandemia, algunos estados han declarado estado de emergencia y, por la imposibilidad de respetar ciertos derechos, han derogado sus obligaciones. Sin embargo, las derogaciones están sujetas a requerimientos. La Observación General 29 sobre Estados de Emergencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece seis condiciones para efectuar derogaciones, que son similares en los tratados mencionados: (1) proclamación oficial de estado de emergencia y emergencia pública que amenace la vida de la nación; (2) proporcionalidad requerida por las exigencias de la situación en cuanto a la duración, cobertura geográfica y base sustantiva; (3) no discriminación (sin embargo el ECHR no incluye esta condición); (4) conformidad con otras obligaciones de derecho internacional; (5) notificación formal de la derogación a los respectivos organismos establecidos por los tratados (estas deben incluir información completa sobre las medidas, sus razones y documentación de leyes adoptadas); y (6) prohibición de derogar derechos no derogables.

La última condición es particularmente importante. Los tratados mencionados (ICCPR, ECHR y CADH) establecen explícitamente los derechos que no pueden ser derogados. Estos, llamados también derechos absolutos, incluyen, inter alia: derecho a la vida, prohibición de la esclavitud y servidumbre, principio de legalidad y retroactividad de la ley, y libertad de conciencia y religión.

Sin embargo, las derogaciones no siempre son necesarias. Hay derechos que, por el contrario, no son absolutos y tienen la inherente posibilidad de ser limitados, para lo cual no es necesario que un estado derogue sus obligaciones bajo los tratados. Esto quiere decir que el estado, por motivos de salud pública, puede limitar ciertos derechos no absolutos sin necesidad de notificar su derogación. Estos derechos no absolutos son: derecho a la libertad de movimiento y reunión, libertad de expresión, derecho a la libertad personal y privacidad. Específicamente, el derecho a la libertad de movimiento y asociación está sujeto a limitaciones por motivos de seguridad nacional, orden y salud pública, o los derechos y libertades de otros. El derecho a la libertad de expresión puede ser limitado por el respeto a los derechos o reputación de otros y por la protección de la seguridad nacional, orden y salud pública. Y los derechos de libertad personal y privacidad pueden ser sujetos de limitaciones razonables de conformidad con las provisiones estipuladas en los tratados de derechos humanos.

A pesar de estas posibilidades, países como Letonia, Estonia, Argentina y Ecuador, los cuales han declarado oficialmente estado de emergencia, han recurrido a la derogación. Consecuentemente, han justificado el Covid-19 como una emergencia que amenaza la vida de la nación, notificando a las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y el Consejo de Europa sobre la derogación de sus obligaciones internacionales en virtud de los tratados mencionados. Por el contrario, la mayoría de los estados adoptando medidas extraordinarias no han procedido a esa derogación, basándose en las limitaciones inherentes a estos derechos. Entre ellos están Italia y España, países gravemente afectados, que no han derogado, sino que han aplicado limitaciones.

Esto un fenómeno interesante porque demuestra las diferencias en las interpretaciones de los estados, también sujetos a sus legislaturas nacionales, sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Claramente existe el riesgo de que estados aplicando limitaciones abusen del estado de emergencia y atenten contra los derechos humanos. Por lo tanto, podría ser que algunos estados interpretan las derogaciones en el sentido de que reflejan su compromiso con el imperio de la ley y el principio de la legalidad. No obstante, es probable que los organismos de derechos humanos encuentren también las medidas adoptadas por los estados que no han derogado consistentes con la situación de la pandemia. Exceptuando, en ambos casos, situaciones de tortura, excesivo uso de la fuerza y otras circunstancias que afecten a los derechos absolutos.

Tras la pandemia, es factible que las cortes y tribunales decidan si las medidas adoptadas fueron necesarias. Pero mientras tanto, los estados deben considerar que las medidas extraordinarias adoptadas deben ser temporales, ateniendo a condiciones adecuadas de salud y dentro del marco de la ley.