El país caribeño, de solo 2 millones de habitantes y apenas 100.000 musulmanes, fue el que proporcionalmente más luchadores envió a Siria: un total de 130

• Las autoridades de Trinidad y Tobago arrestaron el 8 de febrero de 2018 a cuatro presuntos yihadistas por planear un atentado en el Carnaval de Puerto España

• El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó en septiembre a dos ciudadanos trinitenses por participar en las actividades de financiación del Estado Islámico

• El Gobierno insular desarrolló en 2018 un nueva estrategia antiterrorista, urgida por el temor de la Casa Blanca a una fácil exportación de extremistas a EEUU

▲ Yihadistas de Trinidad y Tobago en Siria, en una imagen difundida por la revista Dabiq, del ISIS

Informe SRA 2019 / Ignacio Yárnoz [Versión en PDF]

En medio de la preocupación occidental por la desbandada de yihadistas que está suponiendo la pacificación de Siria, donde fueron a luchar elementos radicalizados de muchos otros países, Estados Unidos mira con atención a un pequeño vecino. El 8 de febrero del año 2018, cuatro hombres fueron arrestados en Mohammedville bajo sospecha de que planeaban cometer un acto terrorista. El lugar donde el presunto atentado iba a suceder puede sorprender: el carnaval caribeño de la ciudad de Puerto España. Efectivamente, estamos hablando de una nación caribeña que también es víctima –y exportadora– del fenómeno globalizado del terrorismo yihadista: Trinidad y Tobago. En los últimos años, Trinidad y Tobago ha hecho saltar las alarmas de los analistas occidentales, sobretodo en Estados Unidos por su proximidad geográfica a estas islas y por la posibilidad de que este fenómeno desestabilice su patio trasero, el Caribe.

El fenómeno del radicalismo islamista en Trinidad y Tobago no es algo nuevo teniendo en cuenta que ya en 1990 existían grupos radicales como Jamaat Al Muslimeen, que incluso intentó derrocar al Gobierno mediante un golpe de Estado. Además, también se conocía de existencia de terroristas procedentes de este país como Kareem Ibrahim, quien en 2012 fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por planear un atentado en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York.

Sin embargo, el fenómeno terrorista isleño conoció una escalda en 2014 y 2015 con el auge del autoproclamado Estado Islámico (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham, o Daesh por sus siglas en árabe). Este pequeño país caribeño aportó a la causa yihadista por lo menos 130 combatientes, de acuerdo con las propias autoridades, según datos también avalados por el anuario antiterrorista del Departamento de Estado norteamericano. Esto hace a Trinidad y Tobago el país que proporcionalmente más combatientes envió a Siria a unirse al Estado Islámico (la comunidad musulmana trinitense es de tan solo 104.000 fieles, el 5% de una población que puede alcanzar los 2 millones de habitantes, si bien el ceso oficial es de 1,3 millones). Aunque se calcula que unos 300 combatientes se unieron al ISIS desde EEUU y desde Canadá, la cifra per cápita es mayor en el caso de Trinidad y Tobago, país que además en números absolutos aportó más yihadistas que otras naciones latinoamericanos y caribeños.

Según una investigación de Simon Cottee, profesor de Criminología en la Universidad de Kent. De estos 130 trinitenses, el 34% eran hombres, el 23% mujeres, el 9% adolescentes y el 34% restante menores de 13 años. Esto indica que no solamente eran jóvenes, sino familias enteras las que viajaron al Estado Islámico.

Reacción y vigilancia

Esos datos alarmaron tanto al Gobierno de Puerto España como al de Washington y el de otras naciones vecinas. El hecho mismo de que Trinidad y Tobago no tuviera ninguna ley que prohibiera viajar al “Califato” para unirse a la guerra santa fue considerado por Estados Unidos como una amenaza para su propia seguridad, teniendo en cuenta que un ciudadano trinitense podría cruzar todo el Caribe sin visado hasta llegar a las Bahamas y estar solamente a un salto de Florida.

Al mes siguiente de llegar a la presidencia estadounidense, Donald Trump contactó en febrero de 2017 con el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, con quien se reunió en la Casa Blanca. Rowley se comprometió a mayores medidas para combatir la amenaza que suponía la marcha de tantos trinitenses a la yihad.

En primer lugar, se procedió a una enmienda de la ley antiterrorista, que fue aprobada unánimemente, para mejorar las herramientas legales destinadas a detectar, prevenir y perseguir el terrorismo y sus fuentes en Trinidad y Tobago. Las medidas incluyeron también un procedimiento denominado Sistema de Evaluación, Comparación e Identificación Personal (Personal Identification Secure Comparison and Evaluation System, PISCES), acordado con EEUU e implementado en los puestos de entrada de Trinidad y Tobago. Añadida a la acción legislativa, en noviembre de 2017, el Consejo de Seguridad Nacional trinitense aprobó una estrategia comprensiva antiterrorista con el fin de detener aquellos que apoyan al terrorismo o lo ensalzan. Esta estrategia fomenta la estrecha colaboración entre las agencias de inteligencia de Reino Unido, Israel y Estados Unidos para la puesta en común de información.

Como fruto de esa acción decidida y de la especial colaboración con Washington, en septiembre de 2018 el Departamento del Tesoro estadounidense puso sanciones a dos ciudadanos trinitenses por considerar que estuvieron implicados en procurar financiación para el “Califato”. Además, las autoridades nacionales están atentas al regreso de combatientes. La Corte Suprema ha autorizado repatriar y tomar la custodia de algunos menores de edad.

Muchos de los combatientes han fallecido en batalla y los pocos que han querido volver, han sido detenidos o puestos bajo vigilancia, pero la amenaza aún es latente. También porque con su regreso pueden impulsar una nueva radicalización de ciudadanos trinitenses que, dada la imposibilidad de viajar a Siria por la actual situación de debacle del Estado Islámico, decidan actuar dentro de sus fronteras o en países vecinos. Hay que destacar que esta ha sido la estrategia del Estado Islámico durante los últimos años, animando a sus seguidores en Occidente a cometer atentados “low cost” con vehículos o con arma blanca.

Reclutamiento

Lo que hace a la situación de Trinidad y Tobago una situación excepcional es que no ha habido un patrón claro de reclutamiento, sino que en los últimos años se han dado varias situaciones distintas.

En la página 64 del nº 15 de Dabiq, la revista de propaganda del Estado Islámico, arrancaba una extensa entrevista a un combatiente del “Califato” llamado Abu Sa´ad at-Trinidadi. Este soldado del “Califato”, cuyo verdadero nombre es Shane Crawford, fue uno de los primeros soldados de Trinidad y Tobago en acudir a la llamada de Daesh. Resulta curioso que Dabiq le dedicara diversas páginas, pero es que los combatientes trinitenses suponían un valioso tesoro para esta organización, por dos motivos: 

–En primer lugar, por hablar inglés, lo que mejoraba el radio de difusión de la organización. Como declaró al New York Times el exembajador de EEUU en Trinidad y Tobago John L. Estrada, “a los trinitenses les va muy bien en el ISIS. Están muy arriba en sus filas, son muy respetados y hablan inglés”.

–En segundo lugar, suponen un atractivo para los jóvenes caribeños desencantados con la sociedad, independientemente de su religión.

Por mucho que la revista Dabiq insista con el testimonio de Sa´ad at-Trinidadi –un joven supuestamente desencantado con la religión cristiana, que descubrió en el Islam la verdadera respuesta a sus preguntas– la religión en realidad no fue el motivo fundamental que llevó a los jóvenes trinitenses a unirse al “Califato”. Como indica Simon Cottee en la investigación citada, la mayoría de los 130 trinitenses alistados habían nacido en familias musulmanas de clase media de origen indo-oriental.

Los motivos que pudieron afectar a los jóvenes captados en Trinidad y Tobago probablemente tenían más que ver con la necesidad sociológica de pertenencia a un grupo o banda. Como al respecto declara al diario británico The Guardian el investigador de la Universidad de West Indies Dylan Kerrigan, “una banda proporciona una familia, unos modelos masculinos a seguir, un orden social, y promete acceso a lo que muchos hombres jóvenes creen que quieren: dinero, poder, mujeres, respeto. Un imán me dijo que, en lugar de unirse a una banda local, algunos ven el viaje a Oriente Medio como unirse a otra banda”. Asimismo, unirse a Daesh constituía un medio de escape a aquellos que se enfrentaban a cargos judiciales. De hecho, el idealizado Sa´ad at-Trinidadi (Shane Crawford) ya había sido detenido varias veces por las autoridades y los dos compañeros con los que viajó a Siria habían pasado por la cárcel.

Los jóvenes de Trinidad y Tobago pudieron verse radicalizados en sus visitas a las mezquitas locales, sin olvidar que, como en otros lugares del mundo, la radicalización también pudo darse por medio de la propaganda online, el “Cibercalifato”. En cuanto a posibles agentes de radicalización en primer lugar está quien Sa´ad at-Trinidadi menciona como su mentor, Shaykh Ashmead Choate. Este hombre fue la cabeza de la conspiración que en 2011 planeó el asesinato del primer ministro y otras autoridades y que en última instancia fue frustrado. Ashmead Choate estudió ciencias naturales en su país natal, pero más adelante estudió el hadith (las conductas que provienen de las enseñanzas de Mahoma; son uno de los pilares fundamentales de la Sunna) en la Universidad Islámica de Medina, en Arabia Saudí. Se estima que abandonó el país en 2013 para unirse a las filas de Daesh, como menciona Sa´ad at-Trinidadi en su entrevista: “Hizo la hégira al Estado Islámico y encontró el martirio luchando en Ramadi”. Los motivos de su radicalización no son conocidos, pero podrían tener relación con su viaje a Arabia Saudí, donde podría haber sido atraído por una versión del Islam más salafista.

Del mismo modo, hay indicios que apuntan en otras direcciones. Uno de los nombres que afloran es el de Yasin Abu Bakr, antiguo líder del grupo Jamaat Al Muslimeen, quien al haber sido el precursor de la violencia en los años 90 y el autor del golpe de Estado, puede haber creado indirectamente un modelo a seguir, aunque hoy en día no difunda un claro llamamiento a la violencia. Asimismo, la mezquita Boos de Río Claro, al sur de Trinidad, dirigida por el imán Nazim Mohammed, fue una parada para muchos de los que después fueron a combatir en las filas del ISIS, como Shane Crawford y Fareed Mustapha. En una entrevista con Al Jazeera, el propio imán negó ser precursor de la causa de Daesh, si bien quince miembros de su familia han emigrado a Siria y varios testigos de sus sermones declaran que en alguna ocasión ha enaltecido al Estado Islámico. 

También hay que tener en cuenta a Abdullah Al-Faisal, originario de Jamaica, quien vía internet y redes sociales se había dedicado a la propaganda del Estado Islámico a través de grupos de Facebook y blogs como Authentic Tauheed, donde distribuía la propaganda y publicaba videos de sermones suyos. Su actividad se sospecha que ha ido desde el contacto con Jesse Morton, un ciudadano estadounidense que trabajaba con Zachary Chesser para solicitar el asesinato de los redactores de South Park televisión show hasta la radicalización de Germaine Lindsay, uno de los cuatro británicos que perpetraron el atentado del 7 de Julio de 2007 en el metro de Londres. En septiembre de 2014, Faisal se unió a Mohammed Mizanur Rahman y otros propagandistas islamistas en una plataforma online en la que exhortaron a sus seguidores a unirse a las filas del ISIS. El Gobierno de Estados Unidos ha relacionado a Faisal con otros terroristas como  Umar Farouk Abdulmutallab y sospecha que también ha podido ser uno de los instigadores de la radicalización en Trinidad y Tobago.

SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA, informe 2019

El informe Seguridad Regional Americana (SRA) que ponemos en marcha tiene el propósito de abordar anualmente las amenazas más recientes para la seguridad de los países americanos. Se ocupa de un espacio que en gran medida es la región de seguridad de Estados Unidos, por lo que muchos aspectos trascienden el ámbito nacional y pasan a una consideración geopolítica. La seguridad del Hemisferio Occidental incumbe, por tanto, también a la Unión Europea o a España, interesadas en la estabilidad y prosperidad al otro lado del Atlántico. Nuestro SRA es un barrido, a modo de radar, de las cuestiones más significativas ocurridas en este campo el último año.

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RESUMEN EJECUTIVO [versión en PDF]

La presente tensión geopolítica mundial se está jugando en el near abroad de las tres principales potencias. Ese término se aplica específicamente al espacio que en su día formaba parte de la URSS y hoy rodea a Rusia: la política exterior del Kremlin se encamina tanto a asegurar su influencia en esa zonas como a evitar que algunas de ellas se conviertan en peón de otros. Pero un pulso así, como el que ocurre en Ucrania o las repúblicas bálticas, también se da en el near abroad chino: el mar de la China Oriental y de la China Meridional. Y del mismo modo, aunque con un dramatismo menor, el juego geopolítico ha llegado también a ese extranjero próximo de Estados Unidos, que va más allá del patio trasero que constituye el Gran Caribe y podríamos extender al menos hasta la línea del Ecuador.

En el último año la región de seguridad de Estados ha entrado de lleno en esta nueva fase de geopolítica aguda. Eso se debe especialmente al aumento de la presencia de Rusia en ese entorno, especialmente en Venezuela, donde del auxilio económico se ha pasado en meses recientes a una sucesión de gestos de índole militar que desafían a EEUU. Además, el acuerdo firmado por Cuba para instalar una estación de Glonass, el navegador satelital ruso, alimenta la posibilidad de que Moscú vuelva a querer usar la isla para labores de inteligencia, como en el Guerra Fría. Similares sospechas existen en relación a una estación ya abierta en Managua, donde asimismo una academia para policías gestionada por Rusia ha sido señalada con suspicacia por el Pentágono.

A la par de esa actividad rusa en la región, Washington pone en ocasiones la de China. Aunque sin buscar hacer enojar a EEUU, como puede atribuirse al Kremlin en su deseo de reciprocar la presión recibida en Ucrania, los movimientos comerciales de Pekín son percibidos por los estadounidenses como no amistosos. Así ocurre especialmente en Centroamérica, donde en pocos años China ha ido desplazando la peculiar influencia que tenía Taiwán, país que en 2018 perdió el apoyo de El Salvador y República Dominica. A lo largo del año diversas autoridades estadounidenses expresaron la incomodidad por la toma de posiciones de China en el entorno del Canal de Panamá. Por lo demás, después de un 2016 sin apenas créditos a Venezuela y un 2017 en blanco, Pekín otorgó en 2018 un préstamo de 5.000 millones de dólares al régimen chavista (van ya 67.200 millones).

La crisis venezolana no solo está generando una fricción entre las tres principales potencias, sino que además es foco de inseguridad para los países de alrededor. El espacio que el Gobierno de Maduro ha seguido dando a los guerrilleros colombianos ha contribuido a que 2018 pueda considerarse como el año de consolidación de la actividad delictiva de la disidencia de las FARC, en colaboración con el ELN, una guerrilla todavía activa como tal que además está incrementando su radio de acción en Venezuela. El último año también vio un robustecimiento del ELN, que fracasadas las negociaciones que mantenía con el Gobierno realizó un atentado en Bogotá en enero de 2019 causando 21 muertos. Los disidentes de las FARC llegaron a finales de 2018 a ser unos dos mil, incluyendo elementos desmovilizados que vuelven a las armas y también nuevos reclutas. Su actividad de producción de coca, concentrada en el suroeste de Colombia, supuso a lo largo de 2018 un derrame de violencia al otro lado de la frontera con Ecuador, en parte por la actividad de “el Guacho”, un exFARC finalmente abatido por las fuerzas de seguridad colombianas.

El agravamiento de la situación venezolana, por otro lado, ha reducido la vigilancia en el mar, aumentado la corrupción de autoridades marítimas y de municipios costeros y empujado a los habitantes de esas localidades a buscar modos de subsistencia. Como consecuencia, los episodios de piratería frente a las costas de Venezuela y de sus vecinos orientales se han incrementado notablemente. En un solo ataque realizado en abril de 2018 en aguas de Surinam fallecieron quince pescadores de Guyana; por su parte las autoridades de Trinidad y Tobago decidieron crear una unidad aérea de élite para luchar contra esas acciones.

No es la única especial alerta en Trinidad y Tobago. La desbandada de yihadistas del ISIS que está suponiendo la pacificación de Siria ha puesto en guardia tanto a Washington como a Puerto España ante el posible regreso al país caribeño de quienes fueron a combatir a Oriente Medio. Trinidad y Tobago fue la nación que proporcionalmente más combatientes envió a Siria: un total de 130, de una población que puede alcanzar los dos millones habitantes, de los que apenas el 5% son musulmanes. Las autoridades detuvieron en febrero de 2018 a cuatro presuntos yihadistas por planear un atentado en el carnaval de la capital. Urgido por EEUU, que teme una diseminación por la región de extremistas trinitenses, el Gobierno insular desarrolló en 2018 una nueva estrategia antiterrorista.

El éxito internacional en terminar con el “califato” del ISIS traslada, pues, el riesgo a otras partes del mundo. También la presión de la Administración Trump sobre Irán puede estar incentivando una mayor actividad de Hezbolá en ciertos enclaves de Sudamérica –sería el caso de la Triple Frontera– para compensar la reducción de financiación que podría devenir de la efectividad de las sanciones estadounidenses a Teherán. El año 2018 supuso, en cualquier caso, una reactivación del interés de la Casa Blanca por desbaratar las redes de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando llevado a cabo por operativos de Hezbolá en América Latina: el Departamento de Justicia reconstituyó una unidad de investigación específica y el Departamento de Estado etiquetó al grupo, ya calificado por EEUU de organización terrorista, como organización criminal transnacional. El último año, además, vio un salto en la cooperación de los tres países de la Triple Frontera –Argentina, Brasil y Paraguay–, lo que permitió la detención de Assad Ahmad Barakat, un importante operador financiero de Hezbolá, y una quincena de miembros de su clan.

Si bien las cuestiones migratorias son de constante actualidad en las Américas, 2018 puede calificarse como “el año de las caravanas”, por las diversas marchas que partieron de Honduras hacia la frontera con Estados Unidos y que encontraron una dura respuesta de la Administración Trump. Uno de los aspectos polémicos fue la denuncia que esta hizo sobre la posible utilización de esas marchas por parte de presuntos extremistas islámicos con el objeto de llegar a EEUU pasando desapercibidos. Lo cierto es que Washington ha puesto atención a la ruta por Centroamérica de personas de otros continentes.

Así en 2018 acordó ayudar a Panamá a aumentar el control del paso de Darién, una región selvática en la frontera con Colombia en la que ese año fueron localizados casi 9.000 migrantes, el 91% africanos y asiáticos. De ellos, 2.100 entraban en la calificación estadounidense de “personas de interés” (procedentes de Bangladesh, Eritrea, Pakistán, Yemen y Somalia, entre otros países).

La región también ha conocido algunos avances, como detener el ascenso de los casos de muertes por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos, una epidemia que en 2017 marcó una cifra récord. A lo largo de 2018 el esfuerzo de erradicación de cultivos de amapola en México, cuyo notable incremento de producción de heroína había empujado al alza el consumo en EEUU (en mezcla con el sintético fentanilo, mayormente también llegado a través de México) y el mayor control legislativo y sanitario por parte las autoridades estadounidenses, parecen dar señales de que el problema ha dejado de crecer.

La posibilidad de que el Gobierno de Bolsonaro busque catologar de terrorista al Movimiento Sin Tierra por ocupar fincas a la fuerza reabre una histórica controversia

Cuando en torno a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Brasil aprobó su primera legislación antiterrorista, la iniciativa fue vista como un ejemplo a seguir por otros países latinoamericanos, hasta entonces poco familiarizados en general con un fenómeno que desde el 11-S tenía preeminencia en muchas otras partes del mundo. Sin embargo, la posiblidad de que, con el impulso político de Jair Bolsonaro, algún movimiento social, como el de los Sin Tierra, pase a ser catalogado como terrorista, viene a reavivar viejos temores de la izquierda brasileña y a acentuar la polarización social.

▲ Bandera del Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

ARTÍCULO / Túlio Dias de Assis

En el último Festival de Cine de Berlín, el famoso actor y cineasta brasileño Wagner Moura presentó una película un tanto controvertida, “Marighella”. El filme retrata la vida de un personaje de la historia brasileña reciente, amado por unos y odiado por otros: Carlos Marighella, lider de la Ação Libertadora Nacional. Esta organización fue una guerrilla revolucionaria responsable de varios atentados contra del régimen dictatorial militar que entre 1964 y 1985 rigió Brasil. Por ello, la película provocó reacciones muy dispares: para algunos, es la justa exaltación de un auténtico mártir de la lucha antifascista; para otros, una apología del terrorismo de guerrillas armadas. Esta pequeña contienda ideológica acerca de “Marighella”, aunque pueda parecer insignificante, es el reflejo de una antigua herida en la política brasileña que se reabre cada vez que el país debate sobre la necesidad de una legislación antiterrorista.

El concepto de legislación antiterrorista es algo que se ha asentado en muchas partes del mundo, especialmente en Occidente tras el 11-S. Sin embargo, esta noción no es tan común en Latinoamérica, probablemente por la poca frecuencia de ataques de este tipo sufridos por la región. Con todo todo, la falta de atentados no implica que no haya presencia de movimientos de ese género en los países americanos; es más, varios de ellos son conocidos por ser “refugio” de organizaciones de esta índole, como ocurre en la Triple Frontera, la zona de contacto entre las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. Lo que sucede en ese área se debe en gran medida a la falta de legislación directa y efectiva contra el terrorismo organizado por parte de los gobiernos nacionales.

En el caso de Brasil, al igual que ocurre en algunos de sus países vecinos, la falta de una legislación antiterrorista se debe al temor histórico por parte de los partidos de izquierda a su posible en contra de movimientos sociales de cierto carácter agresivo. En Brasil, esto se vio ya reflejado en transición política de finales de la década de 1980, cuando hubo una clara protesta por parte del PT (Partido dos Trabalhadores), entonces bajo el mando de Luiz Inácio “Lula” da Silva, en contra de todo intento de introducir el concepto antiterrrorista en la legislación. Curiosamente, la misma Constitución Federal de 1988 menciona la palabra “terrorismo” dos veces: primero, como algo que debe rechazarse en la política exterior brasileña, y segundo, como uno de los crímenes imperdonables contra la Federación. Pese a ello, no prosperó ningún intento de definir dicho crimen, y aunque tras los atentados del 11-S se reanudaron las discusiones acerca de una posible ley, la izquierda laborista –ya durante la presidencia de Lula– siguió justificando su negativa invocando la persecución ejecutada por la Junta Militar de la dictadura. Véase que la misma expresidenta Dilma Rousseff fue encarcelada por formar parte de la VAR-Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares), un grupo revolucionario de extrema izquierda que formaba parte de la oposición armada al régimen.

Amenaza terrorista en los JJOO

Durante los mandatos del PT (2003-2016) no hubo ningún tipo de iniciativa legislativa por parte del Gobierno sobre el tema; además, cualquier otro proyecto que surgiera desde el Legislativo, ya fuera el Senado o la Cámara de los Diputados, se veía bloqueado por el Ejecutivo. A menudo el Gobierno también justificaba su posición aludiendo una supuesta “neutralidad”, escudándose en el deseo de no involucrarse en conflictos externos. Esta actitud llevaría a que varios prófugos acusados de participar o colaborar en atentados en otros países se refugiaran en Brasil. Sin embargo, a mediados de 2015, al acercarse al inicio de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, se valoró el riesgo de un posible atentado ante un evento de tamaña relevancia. Esto, junto a la presión de la derecha en el Congreso (téngase en cuenta que Rousseff ganó las elecciones de 2014 con un margen muy estrecho, de menos del 1%), llevó a que el Gobierno petista pidiera al parlamento que redactara una definión concisa de terrorismo y de otros crímenes relacionados, como los relativos a la financiación. Finalmente, la primera ley antiterrorista brasileña fue firmada por Rousseff en marzo de 2016. Si bien esta es la versión “oficial” de ese proceso, no son pocos los que defienden que la razón real para la implantación de la ley fuera la presión ejercida por el FATF (Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, creada por el G8), dado que esta entidad había amenazado con incluir a Brasil en la lista de países no cooperantes contra el terrorismo.

La ley antiterrorista brasileña tuvo su eficacia, pues sirvió de marco legal para la llamada Operação Hardware. Mediante esta operación la Policía Federal Brasileña logró arrestar a varios sospechosos de una rama del DAESH operativa en Brasil, los cuales planeaban realizar un atentado durante los JJOO de Río. El juez federal Marcos Josegrei da Silva condenó a ocho sospechosos por afiliación a un grupo terrorista islámico, en la primera sentencia de este tipo en la historia de Brasil. La decisión del juez fue bastante controvertida en su momento, en gran medida debido a la poca familiaridad de la sociedad brasileña con este tipo de riesgos. Por ello, muchos brasileños, incluida parte de la prensa, criticaron la “desproporcionalidad” con la que se les trataba a los acusados.

Impulso Bolsonarista

Desde entonces Brasil viene a ser considerado como una especie de ejemplo entre los país sudamericanos en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, no parece que el status quo mantenido durante el final de la administración Rousseff y el corto mandato de Temer vaya a quedar intacto por mucho tiempo. Esto se debe al ardiente debate suscitado por la derecha bolsonarista, que aboga para que sean clasificadas como terrorismo las actividades delictivas de varios grupos de extrema izquierda, especialmente el MST (Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). El MST es el mayor movimiento social agrario, de talante marxista, y es conocido a nivel nacional por sus ocupaciones de aquellas tierras que el grupo considera “inútiles o malaprovechadas” a fín de que “se les de un mejor uso”. La ineficacia del Estado a la hora de detener las invasiones de propiedad privada llevadas a cabo por el MST ha sido denunciada de modo recurrente en el Congreso, especialmente durante los años de gobierno del PT, sin mayores consecuencias. Sin embargo, ahora que la derecha tiene un mayor peso, el debate ha vuelto a cobrar vida y no son pocos los diputados que han mencionado ya su intención de procurar denominar al Movimiento Sin Tierra como organización terrorista. El propio Bolsonaro ha sido un férreo defensor de proscribir al MST.

Asímismo, a la vez que el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, anuncia la posibilidad de la creación de un sistema de inteligencia antiterrorista, siguiendo el modelo de su homólogo estadounidense, y el Congreso debate la expansión de la actual lista de orrganizaciones terroristas para incluir grupos como Hezbolá, otros políticos brasileños han decidido poner en marcha en el Senado una propuesta de legislación para criminalizar las acciones del MST. En caso de ser aprobada, esta iniciativa vendría a hacer realidad el temor que la izquierda ha invocado todos estos años. Al fin y al cabo, esta no es que sea la mejor manera de cumplir la promesa de “gobernar para todos”. Es más, una medida tan desproporcionada para este tipo de actividades no haría más que aumentar la ya intensa polarización política hoy presente en la sociedad brasileña: más bien sería lo equivalente a echar sal a una vieja herida, una que parecía estar ya a punto de cicatrizar.

Uno de los países más pobres de América puede pasar a tener la mayor producción de petróleo per cápita del mundo, trastocando la relación con sus vecinos

Los prometedores hallazgos petroleros en aguas de Guyana auguran una mayor relevancia regional para este pequeño y pobre país sudamericano. Las disputas territoriales entre Venezuela y su vecino, a cuentas del territorio Esequivo que históricamente Caracas ha reclamado (más de la mitad de la superficie guyanesa), pueden verse exacerbadas por la apertura de pozos en aguas profundas que Guyana administra pero sobre las que Venezuela pide un justo arbitraje internacional.

▲ Imagen creada por ExxonMobil sobre sus prospecciones en aguas de Guyana

ARTÍCULO / Ignacio Urbasos Arbeloa

Guyana ha hallado a 193 km de su costa de la mano de ExxonMobil yacimiento petroleros que pueden cambiar por completo el rumbo de su economía y su influencia a nivel internacional. Tras varias décadas de fallidos intentos en la búsqueda de hidrocarburos en su subsuelo y una búsqueda exhaustiva desde 1999, en el año 2015 el yacimiento Liza respondió positivamente a los análisis sísmicos mostrando posteriormente abundantes reservas de petróleo a 1.900 metros de profundidad marina. Por el momento las estimaciones hablan de 3.200 millones de barriles de petróleo recuperables que se encontrarían en la Cuenca Guayanesa, la cual se extiende hasta Surinam, otro país con un prometedor futuro petrolero. Compañías como Total, Repsol o Anadarko ya han obtenido derechos de prospección en los diferentes bloques ofrecidos hasta el momento por el Gobierno Guyanés, sin embargo es el Bloque Stabroek, explotado por Exxon (45%), Hess (30%) y la china CNOOC (25%), el primero que comenzará a producir, en 2020.

Con expectativas de alcanzar los 700.000 barriles al día para 2025, este es el mayor hallazgo del lustro en aguas profundas a nivel mundial y una de las más valiosas adiciones de producción de petróleo convencional. El crudo es apto para destilados medios, precisamente lo que las refinerías del Golfo de México buscan en un mercado saturado por el liviano crudo procedente del fracking. De acuerdo a estimaciones optimistas, para 2025 este empobrecido país de aproximadamente 700.000 habitantes superaría en producción petrolera al miembro de la OPEP Ecuador, convirtiéndose en el mayor productor de barriles per cápita del mundo (por delante del actual líder, Kuwait, que tiene una producción de 3,15 millones de barriles diarios y 4,1 millones de habitantes). Los costes de producción por barril se estiman en los 26 dólares considerando impuestos, por lo que las ganancias se esperan abundantes en prácticamente cualquier escenario futuro (actualmente el barril de WTI se encuentra en torno a los 50 dólares), convirtiendo a Guyana en uno de los grandes atractivos en la industria petrolera del momento. Las prospecciones encabezadas por Exxon, compañía que ya domina la explotación en las denominadas deepwaters, tuvieron en 2018 tasas de acierto cercanas al 80%, lo que ha generado una enorme expectación en un sector acostumbrado a tasas del 25%.

El impacto positivo que este descubrimiento tendrá para la economía guyanesa es evidente, aunque no está exento de desafíos, dados los altos niveles de corrupción o una burocracia y clase política sin experiencia para negociaciones de este nivel. El FMI, que está asesorando a Guyana, ya ha recomendando congelar nuevas negociaciones hasta que no se reforme el sistema impositivo y se mejore la capacidad burocrática del país. Este mismo organismo ha estimado un crecimiento para Guyana del 28% de su PIB para 2020, un dato histórico para una economía cuyas exportaciones se basan en arroz, caña de azúcar y oro. El Gobierno ya está diseñando un marco institucional para gestionar los ingresos fiscales provenientes del petróleo y amortiguar su impacto en otros sectores. Entre las propuestas se encuentra la creación de un fondo soberano similar al de Noruega, Qatar o Emiratos Árabes Unidos, que podría hacerse efectivo este mismo año con colaboración de expertos de la Commonwealth, organización a la que el país pertenece.

Histórica disputa con Venezuela

Estos nuevos descubrimientos, sin embargo, aumentan la tensión con Venezuela, la cual mantiene una disputa territorial por el 70% del territorio guyanés, la Guayana Esequiba perteneciente a la Capitanía General de Venezuela durante el Imperio Español. El territorio en disputa fue posteriormente colonizado de facto por el Imperio Británico cuando los ingleses tomaron control sobre los territorios neerlandeses de Guyana en 1814. En 1899 un tribunal internacional falló por unanimidad en favor del Reino Unido en contra de las pretensiones venezolanas. No obstante, revelaciones posteriores demostraron la existencia de graves elementos de corrupción en el proceso judicial, haciendo “nulo e írrito” (inexistente) dicho laudo en 1962. En 1966 Reino Unido, como representante de la Guyana Británica, y Venezuela firmaronn el Acuerdo de Ginebra, por el que se establecía el compromiso de alcanzar un acuerdo: el Protocolo de Puerto España de 1970, que congelaba las negociaciones por 12 años. Tras el fin del periodo, Venezuela reclamó a Guyana el retorno de las negociaciones directas, acordándose conforme a la Carta de las Naciones Unidas la fórmula diplomática de buenos oficios presente hasta el día de hoy, sin que se hayan registrado avances relevantes. Desde la independencia de Guyana en 1966, Venezuela promovió en la región un movimiento separatista de carácter indigenista, Rupununi, que fue duramente reprimido por Georgetown, lo que sentó un precedente de tensión militar en la frontera.

Si bien  nunca se ha alcanzado un acuerdo formal sobre la disputa territorial, la llegada al Gobierno en Guyana en 1992 del People's Progressive Party (PPP), de corte socialista, y la victoria electoral de Hugo Chávez en 1999 en Venezuela alineó ideológicamente a ambos países, lo que les permitió alcanzar grados de cooperación sin precedentes durante la primera década del siglo XXI. En el marco de esta etapa dorada, Guyana participó entre 2007 y 2015 en la iniciativa venezolana de Petrocaribe, recibiendo unos 25.000 barriles diarios de petróleo y derivados, que constituían el 50% de su consumo, a cambio de arroz valorado sobre precio de mercado. Por otra parte, Guyana apoyó la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2006 a cambio de la promesa expresa de Caracas de no emplear en la disputa territorial la posición privilegiada que temporalmente adquiría. Un importante precedente fue la declaración de Hugo Chávez en 2004 de no oponerse a que Guyana “otorgue de manera unilateral concesiones y contratos a compañías multinacionales, siempre y cuando esto favorezca el desarrollo de la región”. A pesar de la existencia de actos inamistosos entre los dos Estados durante esta época, la importancia vital que la política exterior venezolana antiimperialista dio al Caribe durante el mandato de Chávez, obligó a este a tratar el tema desde la más absoluta moderación para evitar un desencuentro con el CARICOM y mantener el apoyo de Guyana en la OEA.

Nuevas tensiones

A consecuencia de los descubrimientos petrolíferos, la histórica disputa territorial con Venezuela ha vuelto a la actualidad. También ha contribuido a ello un cambio de signo en el Gobierno de Georgetown. Las elecciones de 2015 llevaron al poder en Guyana a la Alianza para la Unidad Nacional, liderada por el exmilitar David Granger. Se trata de una coalición multiétnica que podría ser descrita como de centro-derecha y con menos simpatías ideológicas hacia la vecina Venezuela que las que profesaba el anterior presidente, Bharrat Jagdeo, del PPP. A finales de 2018 se produjo una escalada de tensión, tras la incautación el 23 de diciembre por la Armada Nacional Bolivariana de dos buques de pabellón guyanés pertenecientes a ExxonMobil que realizaban prospecciones en la zona y que, de acuerdo a la versión del Gobierno de Nicolás Maduro, se habían internado en aguas venezolanas. La respuesta internacional no se hizo esperar y Estados Unidos urgió a Venezuela a “respetar el derecho internacional y la soberanía de sus vecinos”. Precisamente uno de los temas más complejos en la disputa territorial se halla en la proyección de las aguas de cada país. La posición defendida por Venezuela es trazar los límites marinos de acuerdo a la proyección del delta del río Orinoco, frente a la posición guyanesa que traza la línea de forma favorable a sus intereses territoriales. Si bien este era un elemento secundario en la disputa territorial, el potencial económico de estas aguas las sitúa en el centro del debate.

A todo esto se suma la declaración del Grupo de Lima, del que Guyana forma parte, de no reconocer los comicios de mayo en Venezuela y amenazar con sancionar económicamente al país (si bien, hasta la fecha, no ha reconocido como presidente interino al opositor Juan Guaidó). El ostracismo internacional de la República Bolivariana ha permitido a Guyana obtener importantes apoyos diplomáticos desde el mencionado Grupo de Lima, CARICOM y los Estado Unidos con relación a su disputa internacional y la detención de los buques de Exxon.

El devenir de las futuras relaciones entre Venezuela y Guyana depende en cierta medida del resultado de los futuros comicios de marzo en este último país, que enfrentarán al hasta ahora presidente, David Granger, recién despojado del poder por medio de una moción de censura, con el líder del PPP, Bharrat Jagdeo, cuyo partido sostuvo las mejores relaciones con la Venezuela chavista. La moción de censura es un hito histórico para el país sudamericano, que deberá demostrar su cohesión social y estabilidad política en medio de tensiones geopolíticas y una comunidad internacional de inversores que mira atentamente el desarrollo de los eventos.

Mayores ingresos para defensa

Georgetown, por el momenot, se limita a la acción diplomática para defender su soberanía territorial, pero documentos de las Fuerzas de Defensa Guyanesas previos a los hallazgos de petróleo ya identificaban la necesidad de desarrollar capacidades militares en caso de hallarse dichos recursos en el país. De acuerdo a estimaciones de Exxon, Guyana pasaría a ingresar 16.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, lo que permitiría incrementar el gasto militar situado a día de hoy en torno al 1% del PIB. El Ejército de la República Cooperativista de Guyana realizó en agosto de 2018 los mayores ejercicios militares de su historia, movilizando 1.500 efectivos de un Ejército que se estima en torno a 7.000. La información disponible acerca de los recursos materiales de marina y aviación muestran la necesidad de una mejora cuantitativa y cualitativa. Superar las divisiones étnicas existentes entre la población de origen indio y africano debe ser una de las prioridades de las Fuerzas Armadas, que sufren de una clara infrarrepresentación de la comunidad originaria de la India, motivo de histórico recelo de la sociedad civil.

En definitiva, la región caribeña de Sudamérica va a estar marcada en los próximos años por el potencial económico de Guyana y su lucha por la supervivencia territorial frente a las demandas también legítimas de Venezuela. Lograr un desarrollo real de la industria petrolera será, sin duda, el mejor blindaje a su futuro como país soberano e independiente. La incertidumbre política de Venezuela, sumida en una enorme crisis, genera el temor a una posible escalada militar como válvula de escape a la presión económica y política interna contra un rival que carece de los recursos para hacerle frente. La capacidad de la clase política de Guyana para gestionar el brutal incremento de sus recursos económicos a partir de 2020 todavía es una incógnita, pero permite imaginar que el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental alcanzará grandes cotas de desarrollo si es capaz de aprender de sus vecinos y gestionar un contexto regional que sea favorable a sus intereses nacionales.

El recelo geopolítico acerca de supuestos intereses exteriores no debiera distraer a los países beneficiarios de aplicar un aprovechamiento sostenible

El Acuífero Guaraní ha dado lugar a una literatura más política que científica en Sudamérica, en la que se denuncia el supuesto interés de grandes potencias (antes Estados Unidos, ahora China) de arrebatar el agua que naturalmente les pertenece a los países de la región. Son cruzadas que muchas veces distraen de un hecho más incontestable: el riesgo no viene tanto del exterior, como de las prácticas incontroladas y la falta de clara legislación en los propios países del acuífero. Este artículo repasa los resultados de algunos recientes estudios sobre las características y el estado del Acuífero Guaraní.

▲ Fuente: UC Irvine/NASA/JPL-Caltech

ARTÍCULO / Albert Vidal

Alrededor de un tercio de los grandes acuíferos subterráneos están en una situación crítica. La técnica actual no nos permite predecir con exactitud cuánta agua nos queda en el planeta, y precisamente por esa incertidumbre, una extracción acelerada del agua subterránea es un riesgo demasiado grande que no vale la pena correr. 

En el mapa superior se nos muestran los 37 mayores acuíferos del mundo, que han sido estudiados por una misión satelital de la NASA conocida como Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE). Esta misión ha intentado medir los niveles de agua en los acuíferos, para de esta forma comprobar el estrés hídrico al que están sometidos, así como su nivel de renovación. De estos, hay 21 cuya extracción no es sostenible, y están perdiendo agua muy rápidamente. Entre estos hay 13 cuya situación es especialmente crítica (rojo más oscuro), y amenaza a la seguridad hídrica regional. Hay otros 16 acuíferos que disfrutan de una recarga suficiente como para no perder agua o incluso ganar; estos están marcados en azul.

Esta investigación de la NASA, cuyos resultados analiza un estudio de Water Resources Research, divide el estrés hídrico de los acuíferos en 4 tipos distintos, de mayor a menor intensidad: estrés extremo, estrés variable, estrés variable dominado por el hombre y ausencia de estrés. Veamos ahora otro mapa, recogido en ese estudio, en el que se muestra la distribución espacial de la extracción de agua subterránea en el mundo:

El color de los puntos indica la intensidad de la extracción, medida con milímetros anuales. Así, esta estadística muestra la suma de extracciones para uso industrial, agrícola y doméstico. A primera vista, se aprecia que los países que sufren una extracción más acelerada son India, Pakistán, China, Egipto y Estados Unidos. En el caso del Acuífero Guaraní, los puntos de extracción se sitúan en territorio paraguayo y cerca de Sao Paulo, con una extracción de entre 0 y 5 milímetros anuales.

La investigación ha producido otros mapas que podrán sernos de ayuda para comprender más a fondo la problemática. En este caso, el siguiente mapa nos muestra un promedio de la recarga anual de los acuíferos en el mundo.

El color amarillo representa una recarga negativa, es decir, son sistemas que están perdiendo agua. El color azul, en cambio, marca aquellos acuíferos que tienen una recarga positiva (mayor recarga a mayor intensidad del azul). El acuífero Guaraní, en concreto, tiene una recarga de 225 milímetros anuales.

Por último, veremos dos mapas referido al estrés hídrico de los acuíferos.

Los países que aparecen aquí arriba (a) sufren un estrés hídrico extremo, esto es, la recarga natural es negativa, y además hay un intenso uso humano. Esto afecta especialmente al continente africano, a Estados Unidos, a Oriente Medio y al corazón de Asia.

Aquí se nos muestran (b) aquellos acuíferos con un nivel de estrés variable. Esto significa que tienen una recarga natural positiva, pero al mismo tiempo existe un uso humano que podría llegar a ser perjudicial. El Acuífero Guaraní se enmarca en este último grupo.

El Acuífero Guaraní

Haciendo referencia a una famosa frase de un discurso de Franklin D. Roosevelt –“un gran poder conlleva una gran responsabilidad”– podemos decir que los países que gozan del acceso al Sistema Acuífero Guaraní (SAG), deben asumir la responsabilidad que conlleva haber sido dotados de ese importante recurso natural. Saben que, muchas veces, dichas riquezas traen competición, malestar e incluso problemas tales como la inestabilidad interna y tensiones entre algunas grandes empresas y gobiernos.

El SAG es un acuífero transfronterizo que se extiende por debajo de la superficie a través de 1,2 millones de km2, entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Según las investigaciones más recientes, esta es la tercera mayor reserva de agua subterránea del mundo según extensión superficial, y contiene alrededor de 45.000 km3. La poca capacidad de recarga es el problema más común en los acuíferos de nuestro planeta, ya que esta no suele ser suficiente para cubrir la cantidad extraída, poniendo así en riesgo su aprovechamiento sostenible. Este sistema es especialmente importante por su grandísima capacidad de renovación (entre 160 y 250 km3 al año), que tiene lugar gracias a las abundantes lluvias que lo alimentan.

Desafíos que plantea

Empecemos, pues, con una breve contextualización histórica. Ha habido diversos momentos que nos ayudarán a comprender el estado actual de los intereses y retos alrededor del SAG. En 1969 se firmó el Tratado de la Cuenca de La Plata, para realizar una serie de estudios sobre la cuenca hidrológica del Plata (que engloba al Acuífero Guaraní). Tres décadas después, en 2001 se ratificó el Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente del  Mercosur, en el que se destacó la importancia del medio ambiente y se propuso la creación de un marco jurídico para conservarlo. Entre 2003 y 2009 se desarrolló el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (PSAG) gracias al impulso de los cuatro países de la cuenca del Río de la Plata, para preparar un marco de gestión del SAG con criterios de sostenibilidad ambiental (y para anticipar problemas futuros). Finalmente, en 2010, se firmó el Tratado de San Juan; un tratado de cooperación mucho más amplio, pero que no fue ratificado por todos los estados parte. También conocido como Acuerdo del Acuífero Guaraní, fue influido por muchos organismos supranacionales y compañías transnacionales. Entonces, cabe la pregunta, ¿dónde están los problemas?

Pues bien, en primer lugar, Argentina y Uruguay ratificaron el Acuerdo del Acuífero Guaraní en 2012, en el que se preveían una serie de restricciones a la extracción del agua, para gestionar los recursos del acuífero de una manera más sostenible. Lo que ocurrió es que ni Brasil ni Paraguay lo ratificaron en ese entonces y, sus firmas son necesarias para que el acuerdo entre en vigencia. Sorprendentemente, Paraguay dio un paso adelante en 2018 y ratificó el acuerdo, dando signos de querer una mayor cooperación. Brasil depende muchísimo del agua extraída del SAG (especialmente sus provincias sureñas), por lo que quiere renegociar el Acuerdo del Acuífero Guaraní, para obtener condiciones más favorables.

Claro que Brasil no es el único que tiene problemas con la situación actual. Paraguay, por ejemplo, no ratificó el acuerdo hasta 2018, alegando una violación de la soberanía nacional (algo totalmente comprensible, si tomamos en cuenta que Paraguay posee el área de recarga del acuífero con mayor extensión). Como ejemplo de todo esto, Miguel Giraut, del Ministerio de Minas y Energía de Argentina, comentó en 2016 que la coordinación era inexistente.

Además de estas tensiones regionales, existen otro tipo de problemas relacionados con las interferencias de potencias exteriores, organizaciones internacionales y corporaciones transnacionales. De nuevo, una reserva como el SAG es especialmente atractiva para empresas y algunos países que necesitan asegurarse el suministro de recursos hídricos. De todos modos, estos peligros son relativamente inocuos si los comparamos con otros que podrían ocasionar la contaminación del acuífero o un cambio irreversible en el ecosistema.

Si afrontamos esta cuestión con cierto realismo, es poco probable que se produzca una contaminación intencionada del acuífero (por ataque químico, por ejemplo), ya que es algo que no beneficiaría a nadie. Ciertamente, existe el peligro de la contaminación accidental por el vertido de sustancias tóxicas de la agricultura. En Brasil, concretamente, hay mucha agroindustria que se está desarrollando sobre el acuífero (especialmente para el cultivo de soja). Ocurre que, por aquellas mismas grietas por las que pasa el agua que recarga el acuífero, también pueden entrar pesticidas, residuos y agrotóxicos. Además, la reciente introducción de técnicas de fractura hidráulica (conocidas como fracking) supone otra vía de potencial contaminación.

Otro posible riesgo proviene de una extracción acelerada por parte de las empresas transnacionales o los propios gobiernos, que superase el nivel de recarga y produjera cambios irreversibles en el ecosistema. La deforestación trae otro factor de riesgo: la capacidad de infiltración del agua es menor cuando los árboles son talados, y el suelo queda expuesto a la erosión y a contaminantes al perder nutrientes (especialmente en zonas de recarga). A ello se suma la presión demográfica y el crecimiento económico, que añaden aún más variables al incierto futuro.

Futuro incierto, pero esperanzador

En síntesis, aunque estos desafíos pueden evolucionar negativamente, existen muchas razones que nos dan esperanza. Al fin y al cabo, el agua del acuífero es muy preciada por sus fines medicinales, su utilidad para la industria del café y su uso en la producción de energía geotérmica. Por eso que los poseedores de este preciado  recurso son los primeros interesados en conservarlo y gestionarlo de manera sostenible, y son totalmente conscientes que para ello, la cooperación es crucial.

Es más, el SAG podría incrementar la importancia geopolítica y geoeconómica de la región, que hasta ahora ha sido considerada como región periférica en el escenario internacional. Es obvio que el agua no deja de ganar importancia como recurso natural, dada su escasez y demanda creciente. Aunque no es probable que la región adquiera un protagonismo de magnitud, por su localización geográfica y dificultades de integración, sí que podría dar pie a que los cuatro países del Cono Sur tomaran posiciones de liderazgo en ámbitos relacionados con la extracción sostenible y la distribución justa del agua en un futuro. Para cazar esta oportunidad, es necesario adoptar actitudes ejemplares desde ya mismo. Si esto ocurre, no solamente van a ser considerados países ejemplares, sino que seguramente atraigan inversión en nuevos métodos de extracción más eficientes. Todo ello, además, potenciará el desarrollo socioeconómico de la población que vive encima del acuífero, que si se consigue mantener va a marcar el futuro de América del Sur.

El riesgo de uso militar de la instalación, alimentado por cláusulas de confidencialidad, avivan el debate en Argentina y la suspicacia en Washington

La llegada de China al lado oculto de la Luna ha puesto de relieve los avances espaciales chinos. Para esa nueva carrera, Pekín cuenta con una estación de seguimiento y observación en la Patagonia, la primera fue de su propio territorio. En Argentina ha habido un amplio debate sobre posibles fines no reconocidos de esas instalaciones y presuntas cláusulas secretas negociadas en su día por la Administración Kirchner. El Gobierno de Mauricio Macri garantiza los usos pacíficos de la estación, pero la polémica no ha cesado.

▲ Estación espacial china en la provincia argentina de Neuquén [Casa Rosada]

ARTÍCULO / Naomi Moreno Cosgrove

Tras años de paulatina penetración económica, que le ha llevado a convertirse en el primer socio comercial de varios países de Sudamérica y un importante prestamista e inversor en toda la región, la incursión de China en Latinoamérica ya no es silenciosa. La influencia alcanzada en diversas naciones –por ejemplo, adquiere casi el 90% del petróleo exportado por Ecuador y sus créditos han sido básicos para la subsistencia de Venezuela o de ciertas empresas públicas brasileñas– hace que las actividades de China atraigan una especial atención y que su expansión sea cada vez más nítida.

El creciente poder chino en Latinoamérica es especialmente observado por Estados Unidos, aunque su propia desatención a la región, presentada en ocasiones como una consecuencia de su giro hacia Asia, ha contribuido a que los gobiernos nacionales intenten cubrir sus necesidades buscando otros socios de referencia.

Ya suspicaz ante ese crecimiento de la presencia china en el continente americano, cualquier actividad en campos estratégicos, como el de la seguridad, despierta un especial recelo en Washington. Así ha ocurrido con movimientos realizados también por Moscú, como el emplazamiento de una estación para el Sistema Global de Navegación por Satélite ruso (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema o GLONASS) en Managua (Nicaragua). El secretismo en torno al funcionamiento de las instalaciones ha causado desconfianza entre la misma población, levantando sospechas sobre si de verdad su uso está dirigido únicamente a ofrecer una calidad más alta del sistema de navegación ruso o si existe la posibilidad de un aprovechamiento estratégico por parte de las fuerzas de defensa aeroespaciales rusas.

Negociación

Las sospechas sobre la llamada Estación del Espacio Lejano, la estación de la Administración Espacial Nacional China (CNSA) en la Patagonia, en la provincia de Neuquén, parten de entrada del hecho de que fue negociada en un momento de especial desventaja para Argentina, por la debilidad financiera del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y su necesidad de créditos urgentes. Cuando Argentina quedó fuera de los mercados crediticios a nivel internacional por haber incumplido el pago de cerca de 100.000 millones de dólares en bonos, el país asiático supuso una bendición para la entonces presidenta.

En el año 2009, en medio de la crisis financiera, China envió representantes al país latinoamericano para discutir un asunto que poco tenía que ver con las fluctuaciones monetarias: los intereses espaciales de Pekín. Esto obedecía al deseo chino de contar con un centro en el otro hemisferio del globo que pudiera servir de apoyo para su actividad espacial, como la expedición al lado más lejano de la Luna.

Después de meses de negociación bajo gran discreción, el Gobierno chino y el de la provincia de Neuquén firmaron un acuerdo en noviembre de 2012, por el que China obtenía el derecho a utilizar el terreno —sin pago de renta— durante cincuenta años. El acuerdo técnico fue firmado por la empresa estatal china Lanzamiento de Seguridad y Control de Satélites (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) argentina.

Enorme en tamaño la mayor de dos antenas circulares –mide doce pisos de altura, 450 toneladas de peso y cuenta con un extenso diámetro– y visible a mucha distancia por estar en medio de una planicie desértica, la estación se convirtió pronto en un blanco idóneo para la polémica y las suspicacias. El temor a que, además del uso civil declarado, tuviera también un uso militar y fuera utilizada para recabar información interceptando las comunicaciones en esa parte de Sudamérica, alimentó la controversia.

Después de llegar a la presidencia argentina en 2015, Mauricio Macri encomendó a la entonces canciller Susana Malcorra y al embajador argentino en Pekín, Diego Guelar, la tarea de negociar que al acuerdo se agregara la especificación de que la estación solo se usaría para fines pacíficos, algo que los chinos aceptaron.

A pesar de todo, el debate sobre los riesgos y beneficios de la base china sigue vivo en la opinión pública argentina. Políticos de la oposición en Neuquén consideran que “es vergonzoso renunciar a la soberanía en tu propio país”, como dijo la diputada Betty Kreitman cuando los legisladores provinciales se enteraron del proyecto.

Más allá de las fronteras argentinas, funcionarios de la Casa Blanca han tildado el proyecto de “Caballo de Troya”, reflejando la preocupación estadounidense por esta iniciativa, según fuentes citadas por The New York Times. Incluso al margen cualquier disputa estratégica con Estados Unidos, algunos líderes latinoamericanos tienen dudas y remordimientos sobre los lazos establecidos con China, pues les preocupa que gobiernos anteriores hayan sometido a sus países a una excesiva dependencia de la potencia asiática.

Confidencialidad

El principal cuestionamiento de la base china, pues, tiene que ver con su eventual uso militar y con la posible existencia de cláusulas secretas. Estas últimas han sido la causa principal de sospecha internacional, pues es el propio Macri llegó a dar validez a la existencia de esas cláusulas, cuando este se convirtió en arma arrojadiza contra el Gobierno Kirchner, y prometió revelarlas al llegar a la presidencia, algo que no ha hecho. No obstante, las propias autoridades espaciales argentinas desmienten cualquier apartado secreto.

Tal vez el equívoco pueda encontrarse en que el contrato firmado entre la CLTC china y la CONAE argentina establece que “ambas partes mantendrán la confidencialidad respecto de la tecnología, actividades y programas de seguimiento, control y adquisición de datos”. Aunque la confidencialidad respecto a terceros en relación a tecnología es una práctica habitual, en este caso contribuye a la desconfianza pública.

Dado que la CLTC depende del Ejército Popular chino, es difícil negar que los datos que obtenga pasen a dominio de la jerarquía de Defensa y que acaben teniendo un uso militar, aunque no necesariamente ordenado a una acción bélica. Los expertos aseguran, además, que las antenas y otros equipos que se utilizan de respaldo en misiones espaciales, similares a las que tienen los chinos en la Patagonia, posiblemente aumenten la capacidad de China para recabar información. “Una antena gigante es como una enorme aspiradora. Succiona señales, información, todo tipo de cosas”, comentó Dean Cheng, experto de la política de seguridad nacional de China, en el citada información del NYT.

[Roberto Valencia, Carta desde Zacatraz. Libros del K.O. Madrid, 2018. 384 págs]

RESEÑA / Jimena Villacorta

La historia de El Directo –un joven salvadoreño al que a sus 17 años se le atribuían 17 asesinatos, que entró y salió de la cárcel y finalmente fue sentenciado por sus compañeros de mara– sirve de lienzo para un cuadro aún mayor: el grave problema social que suponen las pandillas violentas en Centroamérica, singularmente en El Salvador.

Roberto Valencia, un periodista español que lleva casi veinte años residiendo en ese país centroamericano, ha dedicado tiempo y esfuerzo a abordar en profundidad este problema como reportero de “El Faro”, portal informativo salvadoreño galardonado por sus investigaciones. Carta desde Zacatraz (como los medios locales llaman a la prisión de máxima seguridad de Zacateoluca) es un relato periodístico que a través de una historia concreta expone el panorama más amplio de una realidad verdaderamente compleja.

El 11 de septiembre de 2012 fue la primera vez que Valencia se sentó a platicar con Gustavo Adolfo Parada Morales, alias El Directo, alguien que durante años había acaparado la atención de los medios, a pesar de la existencia de otros miles de jóvenes implicados en las maras. Ese contacto personal animó al periodista a buscar otros testimonios, hasta completar un libro que recoge la voz directa de Parada y la de personas que le conocieron, a partir de entrevistas con quienes le querían, como su madre o su esposa, y con quienes se enfrentaron a él, como algunos jueces.

Fruto de un embarazo no deseado, El Directo nació el 25 de enero de 1982 en la ciudad de San Miguel. Apenas dos décadas después era ya el hombre más peligroso y temido de El Salvador, o por lo menos así lo proyectaban los medios. Miembro de la Pana di Locos, clica de la Mara Salvatrucha, se convirtió en el principal enemigo público. Desde los 17 años, acusado de otros tantos asesinatos (de los que solo reconoció seis) y diversos crímenes, El Directo estuvo en tres centros de internamiento de menores y nueve cárceles. Tuvo la oportunidad de empezar una nueva vida en Costa Rica, pero la echó a perder. No logró irse a Estados Unidos. Estuvo libre por varios meses, pero no pasó mucho tiempo antes de que la Policía lo volviera a capturar.

A través de la vida de Parada, el autor proyecta el fenómeno de las maras en El Salvador. Hace un énfasis en cómo este fenómeno afecta sobre todo a las clases más bajas, mientras que el resto de la sociedad no se percata de la completa magnitud del problema y, por tanto, no se interesa en buscar una solución. Cómo es posible, se plantea Valencia, que una sociedad como la salvadoreña, con 6,5 millones de habitantes, tolere un promedio de 10 homicidios diarios, por no mencionar los otros numerosos delitos, en un país en el que el 1% de la población son pandilleros.

Las medidas de represión aplicadas por los gobiernos de la derecha (ARENA) y de la izquierda (FMLN) no han mejorado el problema de las pandillas. Estas han ido creciendo, tanto fuera como dentro de los centros de detención, muchos de los cuales se encuentran en un estado deplorable. Precisamente la condición de las cárceles agrava la situación: la infraestructura está dañada, hay una gran insalubridad y el hacinamiento es extremo. En la mayoría de las prisiones, los dirigentes pandilleros tienen una gran parte del control y desde ellas dominan sus respectivas organizaciones. “El sistema penitenciario de El Salvador es el más hacinado del hemisferio, afirmación certificada por la Organización de los Estados Americanos”, constata Valencia.

El Directo pasó por diversos encarcelamientos, donde fue gravemente herido en múltiples ocasiones, unas veces por orden de la Mara Salvatrucha, que le declaró traidor y le amenazó de muerte, y otras por policías y empleados de centros penitenciarios. Después de algunos meses en la cárcel decidió reformarse y renunciar a su actividad en la MS. Esto le trajo diversas oportunidades, pero regresó a la prisión. Finalmente fue asesinado en 2013, a los 31 años, por miembros de su nueva mara, La Mirada Locos, pues había sido acusado de mandar matar a alguien de la organización con cuya esposa había tenido un romance.

Es interesante observar cómo en un país donde se registran una gran cantidad de crímenes, durante al menos diez años el caso de El Directo tuvo una absoluta prioridad en los medios, que muchas veces exageraron el historial delictivo de Parada. “Vivimos en un país donde se ha amnistiado a grandes asesinos. La droga circula con relativa libertad y, a pesar de que funcionarios de la Policía han dicho que hay nombres importantes de la empresa, del aparato estatal y del ejército involucrados en el tráfico de droga, no hemos visto ninguna detención a ese nivel”, declara a Valencia el rector de la Universidad Centroamericana, José María Tojeira. Y añade: “La evasión del impuesto sobre la renta es un vicio bastante extendido entre los sectores más pudientes. La policía se maneja todavía con un grado de corrupción significativa. A los diputados se les perdona o se les investiga actos en los que la vida o el honor de otros ciudadanos han sido severamente amenazados”. Por su parte, Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo emérito de San Salvador, lamenta que periodistas, comentaristas, analistas y políticos repitieran una y otra vez, “como coro de iglesia, el falso estribillo de los 17 años, 17 asesinatos”. En su opinión, “quizás se les pasó de la mano en exhibición y prepotencia”, según recoge Valencia.

Roberto Valencia concluye que el problema de los medios de comunicación es que al principio se mostraron benevolentes con las maras, y luego magnificaron el fenómeno, sin hablar de las medidas represivas y las políticas utilizadas para combatirlas.

Carta desde Zacatraz no es un libro condescendiente, pero la crítica no ahoga toda esperanza. Advierte de que los salvadoreños se han acostumbrado a vivir con este problema. Hoy en día es más común evitar ciertos lugares que se sabe que son peligrosos, que tratar de luchar por mejorar al país. Pero alienta la confianza en que vidas destrozadas como la de El Directo sirvan para que las nuevas generaciones quieran para ellas algo mejor.

Washington alerta del incremento de las pandillas violentas trasnacionales y estima que la MS-13 llega a los 10.000 miembros

La Administración Trump ha llamado la atención sobre un incremento de las pandillas violentas trasnacionales en Estados Unidos, singularmente la Mara Salvatrucha o MS-13, que mantiene relación con los pandilleros del Triángulo Norte centroamericano. Aunque Trump ha invocado este asunto de manera demagógica, criminalizando la inmigración y olvidando que las maras centroamericanas nacieron en Los Ángeles, el FBI constata que esas organizaciones están reclutando más jóvenes que nunca y exigiendo a sus miembros una mayor violencia. Las autoridades estadounidenses estiman que esas pandillas son regidas en cierta medida desde El Salvador, pero esa jerarquía no está tan clara.

▲ Pintada de la Mara Salvatrucha [Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Lisa Cubías [Versión en inglés]

Nunca antes probablemente palabra “animal” había causado tanta controversia en Estados Unidos como cuando la pronunció el presidente Donald Trump en alusión a los miembros de la Marasalvatrucha o MS 13, el pasado 16 de mayo. Inicialmente pareció que se refería a todos los inmigrantes indocumentados, lo que provocó un amplio rechazo; luego precisó que la etiqueta la había querido aplicar a los pandilleros que llegan ilegalmente a Estados Unidos para cometer actos de violencia. Trump situó su war on gangs (guerra a las pandillas) en el marco de su política migratoria de tolerancia cero y de refuerzo de agencias nacionales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con el fin de reducir los flujos migratorios que van de Latinoamérica a Estados Unidos.

La descripción del fenómeno de las bandas de jóvenes latinos como un problema migratorio ya había surgido en el discurso del Estado de la Unión que Trump pronunció el 28 de enero. Ante el Congreso estadounidense, Trump contó la historia de dos adolescentes, Kayla Cuevas y Nisa Mickens, que habían sido brutalmente asesinadas por seis miembros de la MS-13 cuando regresaban a casa. Aseguró que los criminales habían aprovechado agujeros en la legislación migratoria para vivir en Estados Unidos y reiteró que el Congreso debía actuar para cerrarlos y prevenir que los miembros de pandillas puedan utilizarlos para entrar en el país.

A pesar de la simplificación demagógica de Trump, la verdad es que las bandas latinas son un producto de Estados Unidos. Son, como ha dicho The Washington Post, “tan hechas en Estados Unidos como Google”. Nacieron en Los Ángeles, primero a partir de hijos de la inmigración mexicana y luego alimentadas por la llegada de emigrantes y refugiados que huían de los conflictos armados de América Central. Así, El Salvador vio el surgimiento de una guerra civil de doce años entre el Gobierno y la guerrilla de izquierdas durante la década de 1980. La duración y brutalidad del conflicto, junto con la inestabilidad política y económica que estaba padeciendo el país, impulsaron el éxodo de salvadoreños hacia Estados Unidos. El flujo de jóvenes de El Salvador, y también de Honduras y Guatemala, propició el surgimiento de las maras Salvatrucha y Barrio 18, ambas relacionadas con la preexistente Mafia Mexicana (La M).

Cuando la paz llegó a Centroamérica en la década de 1990 muchos de esos jóvenes regresaron a sus países, siguiendo a sus familias o expulsados por las autoridades estadounidenses debido a sus actividades delictivas. De esta forma, las maras comenzaron a actuar en el Triángulo Norte, donde constituyen un grave problema social.

Trasnacionalidad

Según el Departamento de Justicia, en Estados Unidos existen unas 33.000 bandas callejeras violentas, con un total de 1,4 millones de miembros. La MS-13, con alrededor de 10.000 jóvenes enrolados, supone solo el 1% de ese total y en 2017 solo fueron procesados 17 de sus miembros, y sin embargo merece toda la atención de la Casa Blanca. Al margen de posibles intereses políticos de la Administración Trump, lo cierto es que las autoridades estadounidenses han venido destacando su incremento y su peligrosidad, además de advertir que ciertas órdenes se imparten desde El Salvador. Esa trasnacionalidad es vista con preocupación.

Estados Unidos no reconoce a la MS-13 como una organización terrorista, y por tanto no la ha incluido en su Estrategia Nacional contra el Terrorismo publicada en octubre de 2018. Es catalogada, en cambio, de organización criminal transnacional, como la describe un documento del Departamento de Justicia de abril de 2017. Según recoge este, varios de los líderes pandilleros están encarcelados en El Salvador y están enviando representantes para cruzar ilegalmente a Estados Unidos con el fin de unificar a las pandillas que operan en territorio estadounidense, mientras obligan a la organización de la MS-13 de Estados Unidos a enviar sus ganancias ilegales a los líderes del grupo en El Salvador y a ejercer más control y violencia sobre sus territorios.

El FBI asegura que la MS-13 y Barrio 18 “continúan extendiendo su influencia en Estados Unidos”. Esas pandillas trasnacionales “están presentes en casi todos los estados y continúan creciendo en número de miembros, apuntando ahora a reclutas más jóvenes que nunca”. Como indica la nota del Departamento de Justicia mencionada, el Fiscal General advirtió que «solo en los últimos cinco años” el número de pandilleros “ha subido significativamente”. “Organizaciones criminales trasnacionales como la MS-13 presentan una de las amenazas más graves a la seguridad de Estados Unidos”, apuntó.

Stephen Richardson, director adjunto de la división de investigación criminal del FBI, declaró al Congreso en enero de 2018 que los arrestos masivos y el encarcelamiento de miembros y líderes de nivel medio de la MS-13 durante el año pasado en Estados Unidos han causado frustración a los líderes de la MS-13 en El Salvador. “Están muy interesados en enviar a delincuentes más jóvenes y más violentos a través de sus canales a este país para ser matones de la pandilla”, dijo al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

El carácter transnacional de la MS-13 es cuestionado por el experto Roberto Valencia, autor de artículos y libros sobre las maras. Trabaja como periodista en El Faro, uno de los principales medios de comunicación de medios digitales de El Salvador; su último libro, titulado Carta desde Zacatraz, se publicó hace unos meses.

“Al principio, las pandillas de Los Ángeles sirvieron como guías morales sobre aquellos que emigraron a El Salvador durante los años 90. Algunos de los líderes veteranos que viven ahora en El Salvador crecieron en Los Ángeles y han mantenido vínculos personales y emocionales con las estructuras de las pandillas a las que pertenecían”, dice Valencia a Global Affairs. “No obstante”, añade, “eso no implica una conexión internacional: todos, sin importar dónde vivan, creen que son la esencia de la pandilla y no están subordinados a la organización de otro país”. “Algunos dirigentes en El Salvador comparten una relación muy personal con la organización en la que se iniciaron en Estados Unidos, y eso no se disuelve tan fácilmente, pero el vínculo como organización única se rompió hace tiempo”, comenta.

Valencia rechaza firmemente cualquier injerencia de la MS-13 de Estados Unidos en la de El Salvador. Admite, en cambio, que puede haber algún tipo de influencia al revés, ya que pandilleros salvadoreños en Estados Unidos “pueden ser deportados a El Salvador y acabar en las cárceles salvadoreñas, donde pueden ser castigos por las mafias carcelarias”.

Migrantes: ¿causa o consecuencia?

Roberto Valencia también se pronuncia sobre las referencias de Donald Trump a las pandillas: “Trump habla de la MS-13 para ganar votos bajo la premisa de una política de migración que termina criminalizando a todos los inmigrantes. Es indignante que Trump los presente como la causa, cuando las pandillas comenzaron en los Estados Unidos. De hecho, la gran mayoría de los emigrantes del Triángulo del Norte llegan a Estados Unidos escapando de las pandillas”.

En América Central, el control que las pandillas ejercen sobre una sociedad que es pobre va desde reclamar la “renta” (extorsión) a empresas y gente que tiene pequeños negocios hasta obligar a mujeres mayores a que cuiden de los bebés que han tenido miembros de la banda, y “pedir” a niñas jóvenes sean novias del líder principal de la banda si no quieren ser asesinadas ellas y sus familias. La solicitud de niñas jóvenes es una causa extremadamente común de migración, lo que también denota la cultura misógina en las zonas rurales de los países latinoamericanos.

En la mayoría de sus comentarios, Trump ha descrito a la MS-13 como una amenaza para la seguridad pública y la estabilidad de las comunidades estadounidenses. Sin embargo, el Centro de Estudios de Inmigración, una importante organización de investigación independiente y sin fines de lucro, realizó una investigación sobre el impacto de la MS-13 en Estados Unidos y abordó las medidas migratorias que la Administración debiera tomar para controlar su presencia. Consideró que la MS-13 y otras pandillas son ciertamente una amenaza para la seguridad pública, compartiendo así el punto de vista de Trump, pero discrepó de este al no vincular inmigración con el impacto de las pandillas.

El abogado estadounidense Greg Hunter, que es miembro del panel para la Ley de Justicia Penal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Este de Virginia desde 2001 y ha trabajado en asuntos relacionados con pandillas, afirma que los casos de robos de tiendas y de inmigración ilegal son mucho más frecuentes que aquellos que pueden catalogarse como amenazas a la seguridad pública o a la “comunidad estadounidense”, como el narcotráfico y los asesinatos. También alude al hecho de que estas organizaciones no están centralizadas y, aunque operan bajo la misma identidad, no siguen las mismas órdenes. Asegura que las bandas han hecho esfuerzos para centralizar las operaciones, pero han resultado ineficaces.

Es crucial tener en cuenta las estadísticas sobre la afluencia de inmigrantes a la hora de valorar las recientes caravanas de inmigrantes partidas del Triángulo del Norte y que Trump ha querido relacionar con las pandillas. El presidente estadounidense dijo que esos migrantes eran “criminales fríos como la piedra”.

Sin embargo, el registro de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no sugiere esto. En su Informe de Seguridad de 2017 contabiliza un total de 526.901 inmigrantes ilegales a quienes se les negó la entrada, de los cuales 310.531 fueron detenidos y 31.039 arrestados; de estos últimos solo 228 pertenecían a la MS-13 y otros tantos eran miembros de otras maras (61 de ellos de Barrio-18).

El texto intenta evitar el estancamiento, pero no abre la puerta a una decisiva transformación

Los cubanos votarán en referéndum el próximo 24 de febrero el proyecto de nueva Constitución aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre tras un periodo de consulta popular. En el preámbulo del proyecto se introdujo a última hora la referencia a la meta comunista que ya existía en la Constitución de 1976, pero que no había sido incorporada inicialmente en el borrador, de forma que el texto final resulta incluso aún menos novedoso.

▲ Edificio del Comité Central del Partido Comunista de Cuba [Marco Zanferrari]

ARTÍCULO / Alex Puigrefagut

Seis décadas después de la Revolución, Cuba deja atrás el apellido Castro, con la llegada en abril de 2018 de Miguel Díaz-Canel a la jefatura del Estado, y se dispone a aprobar una nueva Constitución, que reemplazará a la promulgada en 1976, para simbolizar ese nuevo tiempo. Esta nueva Carta Magna, cuyo texto inicial fue aprobado por la Asamblea Nacional en julio de 2018, luego sometido a tres meses de consulta popular para la presentación de enmiendas y finalmente aprobado como por los diputados el 22 de diciembre, tiene como objetivo principal procurar la modernización del Estado cubano y el desarrollo sostenible del mismo, sin perder la esencia y los ideales principales de la ideología socialista del Estado.

Llegados al fin de la era Castro al frente de Cuba, el Estado ha visto necesario recoger en la nueva redacción las transformaciones socioeconómicas realizadas en el país desde la entrada en vigor de la Constitución anterior, así como modificar parcialmente la estructura estatal para hacerla más funcional. También cabe destacar la voluntad de reconocer más derechos para los ciudadanos, aunque con limitaciones.

A la hora de examinar el proyecto constitucional, hay cuatro aspectos especialmente reseñables: la especificación de la ideología del Estado, las figuras y estructuras del Estado y del gobierno, la cuestión de la propiedad privada y finalmente la redefinición de los derechos de los ciudadanos.

Mantenimiento del socialismo

El texto aprobado inicialmente por Asamblea Nacional no incluyó la referencia al objetivo de alcanzar una sociedad comunista, un punto fundamental que estaba presente en la anterior Constitución. El artículo 5 de la Carta Magna de 1976 establecía que la sociedad “organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.

La omisión de este punto en realidad solo obedecía a un cambio de lenguaje, pues en ningún momento se abandonaba la idea del socialismo, es más, se ratificaba el carácter socialista del Estado cubano. En palabras de Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, esta nueva Constitución “no quiere decir que renunciemos a nuestras ideas, sino que en nuestra visión pensamos en un país socialista, soberano, independiente, próspero y sostenible”. Con todo, por si había dudas, tras el periodo de deliberación popular la Asamblea introdujo como enmienda la mención expresa al comunismo en el preámbulo del texto final, dada la presunta presión de los sectores más inmovilistas.

La nueva Constitución reafirma el carácter socialista del régimen cubano, tanto en el ámbito económico como social, dando un papel principal al Partido Comunista de Cuba (PCC) como poder máximo de la sociedad. La índole socialista del Estado cubano queda remarcada por el mantenimiento del sistema de partido único.

Límites presidenciales

La nueva Constitución recoge algunos cambios en la estructura estatal. La característica más destacable es que el país de las Antillas tendrá un presidente de la república como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno, en contraste con la situación actual de un mismo cargo para las dos funciones: presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Todo indica que esa distinción se traducirá más en una distribución de trabajo que en una división de poderes entre los dos cargos, por lo que este cambio no será trascendente, dado el control que se seguirá ejerciendo desde el PCC.

Otra transformación en el sistema político es la eliminación de las asambleas provinciales por la creación de gubernaturas provinciales, con el objetivo de dar una mayor descentralización al poder administrativo y una mayor dependencia del mando legislativo al ejecutivo.

En cuanto al período presidencial, la nueva Constitución lo limita a cinco años, con la opción de una reelección única por el mismo tiempo. Este cambio es importante ya que debería llevar a una rotación de miembros, y se supone que con ello habría también una renovación de ideas tanto dentro del Partido y como del Ejecutivo. El propósito aducido es evitar el estancamiento de una generación histórica sin ideas nuevas.

Finalmente el presidente será elegido directamente por los diputados de la Asamblea Nacional; es decir, que Cuba no da entrada a la elección directa de sus mandatarios, sino que mantiene el sistema de elección indirecta.

Propiedad privada

El documento recoge varias formas de propiedad, entre ellas la propiedad socialista, la propiedad mixta y la propiedad privada. La mención a esta última no supone su reconocimiento formal, sino la constatación de una práctica cuya extensión la nueva Constitución avala. Ello supone, pues, el reconocimiento del mercado, una participación más profunda de la propiedad privada y la bienvenida a más inversión extranjera para avivar la economía del país.

Esta necesidad de recoger en la Constitución la mayor participación de la propiedad privada se ha dado porque, en muchos casos, la contribución de la propiedad y las inversiones extranjeras han superado en la práctica lo que estaba establecido en el marco constitucional previo. Pero ese paso también llevará a un mayor control en este ámbito.

Estos cambios en el ámbito económico tienen como objetivo apoyar los ajustes iniciados por Raúl Castro hace una década para impulsar el crecimiento económico y contrarrestar el embargo establecido por los Estados Unidos desde hace más de cincuenta años; además de fijar cierta fuerza laboral del país en el sector privado como cuentapropistas, sobre todo en microempresas y pequeñas empresas.

Derechos ciudadanos

Por último, en cuanto a la redefinición de los derechos de los ciudadanos, el proyecto constitucional establece un nuevo funcionamiento en la interacción del Estado con la población a través de la flexibilización de los derechos económicos, jurídicos y civiles. A partir de la aprobación del nuevo texto, el Estado cubano debe garantizar a los ciudadanos la ampliación de los Derechos Humanos, aunque solamente conforme con los tratados internacionales que hayan sido ratificados por el país caribeño.

Esto, que a pesar de esa limitación podría verse como una oportunidad para los ciudadanos, en realidad tiene poco de apertura, pues si bien Cuba ha firmado acuerdos de las Naciones Unidas sobre derechos políticos, culturales, civiles y económicos, en realidad no los ha ratificado. Así pues, en un principio Cuba no tendría que verse obligada al reconocimiento de estos derechos.

Otro punto destacado de la flexibilización introducido es el artículo 40, el cual penaliza la discriminación “por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana”. En el texto inicial que pasó a deliberación de las bases se introducía el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero el rechazo ciudadano llevó a que una enmienda finalmente retirara ese amparo expreso al matrimonio homosexual.

Analizadas las principales novedades del proyecto constitucional, se puede determinar que el régimen cubano percibe una cierta necesidad de cambio y de renovación. La nueva Constitución camina algo en esa dirección, pero si bien intenta rehuir el estancamiento tampoco abre la puerta a una decisiva transformación: ni completa continuidad –aunque hay más de esto– ni de revolución dentro del sistema. Está claro que la nueva generación de dirigentes, con Miguel Díaz-Canel al frente, puede verse como una continuidad del régimen castrista, por el simple hecho de que los Castro determinaron directamente al sucesor, además de que muchos de sus ideales son los mismos que los de la generación que hizo la revolución. Pero por el otro lado, Cuba se ve ciertamente obligada a modificar ligeramente el rumbo para estar más presente en el sistema internacional y procurar un Estado y un gobierno más funcional.

(Actualizado el 3 de enero de 2019)

El interés mundial por este grano de moda ha supuesto ingresos adicionales para las comunidades andinas

La localización de la producción de quinoa sobre todo en Perú y Bolivia (juntos acaparan casi el 80% de la exportación mundial) ha dado a estas naciones un inesperado valor estratégico. El alto componente proteínico de este pseudocereal lo hace atractivo para aquellos países que tienen la seguridad alimentaria como una prioridad.

▲ Campo de quinoa en los Andes de Bolivia [Michael Hermann-CC]

ARTÍCULO / Elisa Teomiro

La quinoa, a la que también se le da el nombre de quinua (en latín Chenopodium quinoa), es un grano ancestral de más de 5.000 años de antigüedad cultivado, en sus inicios, por las culturas precolombinas andinas. Tras la llegada de los españoles a América, fue en parte desplazado por los cereales que se llevaron desde la península. No pertenece a la familia de las gramíneas si no a la de las quenopodiáceas (espinacas, acelgas o remolachas); por tanto es más correcto considerarlo como un pseudocereal.

Constituye la base de la alimentación de la población andina de Sudamérica, especialmente de las zonas alto andinas de Bolivia y Perú (entre los dos países concentran aproximadamente el 76% del volumen total de quinoa que se exporta en el mundo, 46% Bolivia y 30% Perú). En la actualidad, por su adaptación a diferentes climas (sobrevive a las heladas, a las altas temperaturas, a la escasez de oxígeno en el aire, a la falta de agua y a la salinidad alta), su producción se ha diversificado y son más países los que la producen: Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, EEUU y Canadá, en el continente americano, así como Gran Bretaña, Dinamarca, Finlandia, Francia, Suecia, Holanda, España, Australia y la URSS, fuera de él.

La quinoa ha pasado de ser un perfecto desconocido, para la mayoría de la población no americana, a sufrir un alza espectacular en muy poco tiempo. Una de las razones que ha contribuido a ello fue la decisión  que tomó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) de declarar 2013 como el Año Internacional de la Quinoa. La FAO quería recompensar con ello el gran esfuerzo que estaban haciendo los pueblos andinos para conservar el grano en estado natural, como alimento para las generaciones actuales y venideras. Las actividades realizadas durante ese año permitieron dar a conocer al mundo la quinoa y sus propiedades nutritivas.

Aumento del precio

El interés despertado por este grano hizo triplicar su precio entre 2004 y 2013, lo que curiosamente generó un debate sobre un posible impacto negativo en las poblaciones productoras. Así, se alegó que la alta demanda de este cultivo por parte de los países desarrollados había convertido a la quinoa en un "artículo de lujo" en los países productores, donde costaba ya más que el pollo o el arroz. Se consideraba que esta situación podría causar malnutrición en la población andina, al no poder complementar su escasa dieta con la quinoa.

Un seguimiento de esta cuestión mostró posteriormente que en realidad el boom de la quinoa estaba ayudando a las comunidades en origen. Un estudio realizado por el Centro de Comercio Internacional, agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas con base en Ginebra, llevado a cabo a lo largo del periodo 2014-2015, apuntó que el consumo de quinoa por parte de los países desarrollados mejoraba las condiciones de vida de los pequeños productores; la mayor parte de ellos, mujeres.

De acuerdo con este estudio, la subida de precios entre 2004-2013 hizo que tanto productores como consumidores en las regiones productoras se beneficiaran financieramente del comercio. Así, hubo un incremento del 46% en su bienestar en este periodo, medido a través del valor de bienes y servicios consumidos por las familias. El informe destacaba también cómo, por el contrario, la caída en el precio del grano de quinoa de un 40%, sufrida hacia finales de 2015, causó un descenso en el bienestar de los hogares rurales (descendió el consumo de alimento en un 10% y los salarios en un 5%). El estudio llegaba a dos conclusiones claras: el descenso mantenido en Perú en el consumo de quinoa desde 2005 obedecía probablemente más al cambio en las preferencias del consumidor debidas a la globalización y la mayor oferta de productos, que a la variación en los precios del grano; el consumo mundial de quinoa en los países desarrollados contribuía, sin duda, al desarrollo de las comunidades en el altiplano con falta de recursos.

Producción y comercio

Las razones por las que este grano se ha hecho tan atractivo a los consumidores de Europa y EEUU –crecientemente también de China y Japón– son varias: su contenido en proteínas es muy alto, entre el 14% y el 18%, y además son proteínas de alto valor biológico que le permitirían ser un sustituto de la proteína animal (contiene los 10 aminoácidos esenciales para la dieta humana). Este factor, junto con su alto contenido en hierro lo hacen un pseudocereal ideal para los vegetarianos; no contiene gluten por lo que los celíacos también la pueden consumir; tiene un contenido glucémico bajo y esto permite su consumo por parte de los diabéticos; su contenido en fibra y en ácidos grasos insaturados (principalmente ácido linoléico) es alto, por lo que todos aquellos preocupados por su salud tienen una opción en la quinoa. Además es una fuente de  vitamina E y B2 (riboflavina) y tiene un alto contenido en calcio, fósforo, magnesio, potasio y hierro. Por todo ello, la FAO considera que por su alto valor nutricional ayuda a erradicar el hambre y la malnutrición.

El ranking de países productores de quinoa lo encabeza Bolivia (sus 118.913 hectáreas de cultivo suponían en 2016 el 60% de la superficie total de quínoa sembrada en el mundo), seguido de Perú (64.223 hectáreas, que representan el 30% de la superficie mundial sembrada) y Ecuador (2.214 hectáreas) [Tabla 1]. Desde 1990 hasta 2014, se pasó de 47.585 hectáreas de superficie sembrada con quinoa a 195.342 hectáreas. El valor global de las exportaciones pasó de 135,5 millones de dólares en 2012 a 321,5 millones de dólares en 2015.

En cuanto al volumen de exportación en toneladas, Bolivia fue el primer país durante el año 2012 (más de 25.000 toneladas), lo que representó junto a las exportaciones de 2013 unos ingresos para el país de 80 millones de dólares. En ese mismo año, las exportaciones de quinoa peruana superaron las 10.000T que supusieron un ingreso para el país de 38 millones de dólares. En 2014, Perú tomó el relevo y dominó el mercado también en 2015 y 2016 [Tabla 2].

EEUU es el principal importador de quinoa del mundo, con un 40%; le sigue la Unión Europea, con más de un 30% del total (Francia, Holanda, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Bélgica principalmente) y después Canadá. El precio medio del kilo de quínoa fue de 3,2 dólares en 2012 y de 6,2 dólares en 2014. En 2015 descendió a 5 dólares. El consumo per cápita lo encabezan lógicamente los dos principales productores: Bolivia consume 5,2 kilos y Perú 1,8 kilos, seguidos a distancia por Ecuador, con 332 gramos por persona.

En países no productores, la quinoa se introdujo primero en el sector orgánico, con consumidores preocupados por dietas más saludables, aunque actualmente ya no es solamente exclusivo de este mercado. El mayor consumidor de quinoa per cápita a nivel mundial es Canadá, con más de 180 gramos, seguido muy de cerca por Holanda; Francia y Australia consumen entre 120 y 140 gramos. En España el consumo es todavía pequeño, situándose alrededor de los 30 gramos. Las previsiones globales hasta 2025 son que se alcanzará un consumo per cápita de 200 gramos (logro que Canadá tiene ya en estos momentos al alcance de la mano) y que incluso países tradicionalmente de consumo de arroz, como Japón y Corea del Sur, abrazarán también la quinoa.

La producción de quinoa cuenta con problemas de futuro tanto de tipo medioambiental como de mercado. Antes de su boom en 2013, se cultivaban casi 60 variedades distintas del grano en el altiplano andino y prácticamente casi toda la quinoa era orgánica. En la actualidad el comercio desenfrenado y la producción a gran escala en grandes fincas, ha reducido la biodiversidad a menos de 20 tipos diferentes.

Las previsiones del estudio de mercado encargado por el Trade for Development Center en 2016 sobre los mercados actuales y futuros para la quinoa apuntan a que en diez años es muy probable que se duplique el mercado global, especialmente con la quinoa convencional producida no sólo en Perú, sino también en Australia, Estados Unidos y Canadá. La producción de quinoa orgánica, producida por los pequeños agricultores del altiplano permanecerá relativamente estable. La competencia de mercado seguirá siendo feroz por lo que los agricultores del altiplano deberán buscar medidas que les permitan seguir manteniendo un nicho de mercado con una quinoa orgánica certificada, cultivada a partir de métodos tradicionales y de comercio justo.