El éxito de varias reformas se ve ensombrecido por la impulsividad e intereses personales de un presidente con imagen deteriorada

▲ Jair Bolsonaro atiende a la prensa a comienzos de enero en la sede del Ministerio de Economía [Isac Nóbrega, PR]

ANÁLISIS / Túlio Dias de Assis

Hace un año, el 1 de enero de 2019, un excapitán del ejército brasileño, Jair Bolsonaro, subió las escaleras del Palácio do Planalto para la inauguración de su mandato presidencial. Era el más polémico líder en asumir la jefatura de estado y de gobierno de Brasil desde la presidencia del no menos extravagante populista Jânio Quadros, en la década de 1960. Los más catastrofistas anunciaban el inminente fin de la cuarta mayor democracia del mundo; los más ilusos, que Brasil despegaría y ocuparía su debido lugar en la arena internacional. Como era de esperar, ninguno de los dos extremos acertó: Brasil sigue manteniendo el nivel de democracia de los últimos 30 años, sin que haya habido ninguna intentona militar, como algunos habían temido; tampoco ha pasado Brasil a ser la potencia mundial que, según creen muchos brasileños, le corresponde por su excepcionalidad territorial, poblacional, cultural y política. Como suele pasar, la realidad ha sido menos simple de lo que se esperaba.

Economía

Entre los aspectos más atractivos de la candidatura de Bolsonaro para el público durante la campaña electoral se hallaba la promesa de recuperación económica bajo la administración del ministro Chicago Boy Paulo Guedes. A fin de cumplir dicho propósito, nada más comenzar su mandato, Bolsonaro unificó los antiguos ministerios de Hacienda, Planificación, Desarrollo y Gestión, Industria, Trabajo y Comercio Exterior y Servicios bajo el techo del Ministerio de Economía, todo al mando del liberal Guedes. Personaje que se convirtió en una especie de “superministro” responsable de toda la agenda económica del nuevo gobierno.

Desde un principio Guedes dejó claro que haría lo posible para levantar las barreras del proteccionismo comercial brasileño, doctrina adoptada en grado variable por cada gobierno desde hace más de medio siglo. A fin de desplegar su cruzada contra el estatismo y el proteccionismo, Guedes ha fomentado durante este año el acercamiento comercial bilateral a varios aliados estratégicos, los cuales, “a diferencia de gobiernos anteriores, no se elegirán en base a criterios ideológicos”, según Bolsonaro. Ya en enero hubo el anuncio de un Novo Brasil en el Foro Económico Mundial de Davos, definido por un mayor aperturismo, nula tolerancia a la corrupción y fortalecimiento de América Latina como bloque regional.

Comercio

Pese a su apoyo a la apertura económica, el equipo de Bolsonaro en ningún momento se ha mostrado excesivamente favorable al comercio con Mercosur –su bloque comercial multilateral regional–, llegando incluso Guedes a afirmar que este suponía un peso para Brasil, ya que lo consideraba una alianza más ideológica que económica. Sin embargo, esta aversión a Mercosur, y principalmente a Argentina, parece haber terminado tras la firma del acuerdo comercial Mercosur-UE, dado que el potencial volumen de comercio que se generaría con dicho pacto sería enormemente beneficioso para los productores agrícolas y ganaderos brasileños. De igual manera también se logró firmar un acuerdo con los países del Área Europea de Libre Comercio (EFTA), conformado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

De estos dos acuerdos, el más controvertido ha sido el firmado con la Unión Europea, principalmente por los altos niveles de rechazo que ha producido en algunos Estados miembros como Francia, Irlanda o Austria, pues es visto como un posible riesgo hacia la Política Agraria Común. Por otra parte, algunos otros países se mostraron críticos alegando la política medioambiental de Bolsonaro, ya que el acuerdo se firmó durante el verano, que coincidió con la época de los incendios en la Amazonia. A consecuencia de ello varios Estados miembros siguen sin ratificar el tratado y el parlamento austríaco ha votado en contra.

No obstante, el hecho de que las relaciones comerciales multilaterales no parezcan haber avanzado demasiado, debido a las trabas impuestas desde Europa, no ha impedido que Brasil expandiera su actividad comercial. Al contrario de lo que se pensaría, por la cercanía ideológica con Donald Trump y su política exterior, el acercamiento en materia económica no se ha dado con EEUU, sino con el antagónico gigante asiático. En este proceso, destaca el viaje de Bolsonaro a Pekín, donde se mostró abierto al comercio chino, pese a sus anteriores declaraciones menos favorables al respecto. Durante la visita surgió la propuesta de un acuerdo de libre comercio con China, que todavía debe ser aprobada por la cúpula de Mercosur, y varios acuerdos menores, entre los que se destacan el relativo al comercio agropecuario.

Este interés repentino chino por amentar las importaciones agropecuarias procedentes de Brasil se debe al incremento de la demanda de carne en China, provocado sobre todo por la epidemia de peste porcina que asoló la producción nacional. Esto ha provocado una inmediata subida del precio de la carne bovina y porcina en Brasil, que en algunos cortes ha sido de hasta un 30% en poco más de un mes, lo que ha distorsionado el mercado nacional, pues la carne, principalmente el vacuno, suele estar muy presente en la dieta habitual del brasileño medio.

Cuentas públicas

Por lo que se refiere a las cuentas internas del país, destaca la aprobación de la reforma del sistema de pensiones (Reforma da Previdência), que en un principio tenía un carácter marcadamente liberal, con la pretensión de eliminar privilegios y pensiones desmesuradas de altos cargos públicos. Sin embargo, varias modificaciones durante su paso por la Cámara de los Diputados y el Senado hicieron que el ahorro para el erario público sea ligeramente menor que el previsto por Guedes. Con todo, supone un gran avance teniendo en cuenta que el sistema de pensiones tenía en 2018 un déficit de 195.000 mil millones de reales (cerca de 47.000 millones de dólares). Este déficit se debe a que Brasil contaba con uno de los sistemas con mayores prestaciones y menos exigencias del mundo, pues no eran pocos quienes se jubilaban a los de 55 años recibiendo un 70% del salario original.

Esta medida, junto con varios otros ajustes en las cuentas públicas, incluyendo la congelación de algunos gastos ministeriales, redujo el déficit público 138.218 millones de dólares en enero (6,67% del PIB) a 97.680 millones de dólares en noviembre (5,91% del PIB), la cifra más baja desde que hace cinco años comenzó la recesión económica. Entre otros datos relevantes está el descenso de la tasa de interés básico del Banco Central, a un mínimo histórico del 4,5%, mientras que la del desempleo pasó del 12% al 11.2%.

Como resultado de todo lo anterior, el PIB brasileño se ha visto incrementado en un 1,1%, una cifra tímida pero promisoria teniendo en cuenta la enorme recesión de la que acaba de salir Brasil. Las previsiones de crecimiento para el 2020 varían entre el 2,3 y el 3% del PIB, dependiendo de la aprobación de las tan esperadas reformas tributaria y administrativa.

Seguridad

Otra de las razones que llevaron a que el controvertido capitán de la reserva alcanzara la presidencia fue la histórica problemática del crimen en Brasil. Así como para afrontar la situación económica Bolsonaro se presentó con un nombre fuerte, para la seguridad reclutó a Sergio Moro, un exjuez federal conocido por su papel indispensable en la Operação Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de Brasil que supuso el encarcelamiento del mismísimo expresidente Lula. Con el objetivo de combatir la corrupción, disminuir la criminalidad y dinamitar el poder del crimen organizado, Moro se puso al frente de una fusión de departamentos, el nuevo Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

En general, el resultado ha sido bastante positivo, con un notable descenso del número de crímenes violentos. Así, ha habido una reducción del 22% en el caso de los homicidios, que es uno de los indicadores más preocupantes en Brasil, ya que es el país con el mayor número absoluto de homicidios del mundo al año.

Entre los factores que explican este descenso de la criminalidad violenta, destaca principalmente la mayor integración entre las diferentes instituciones de fuerzas de seguridad del Estado (federales, de los estados y municipales). También ha influido la transferencia de jefes de bandas a presidios de mayor nivel de aislamiento, impidiendo así su posible comunicación con los demás integrantes del crimen organizado. Otro elemento ha sido el recién aprobado “pack anticrimen”, que consiste en una serie de leyes y reformas del código penal para dar más poder de actuación a las fuerzas de seguridad del Estado, además de establecer penas más duras para delitos de crímenes violentos, crimen organizado y corrupción.

Frente a esos avances también hay que mencionar el aumento de los muertos accidentales en operaciones policiales. Algunos casos han tenido un eco en la opinión pública, como el de un artista que terminó baleado en su coche cuando la policía lo confundió con un narcotraficante o los de niños fallecidos por balas perdidas en tiroteos entre bandas de narcos y las fuerzas de seguridad. Esto, junto a declaraciones polémicas del jefe de Estado al respecto, ha avivado el criticismo por la mayor parte de la oposición y de varias ONGs de derechos humanos.

Política social e infraestructuras

En lo relativo a las políticas sociales, el año transcurrido ha estado lejos de la distopía apocalíptica que se esperaba (por la actitud previa de Bolsonaro en relación homosexuales, afrobrasileños y mujeres), aunque tampoco ha sido tan destacable como en los apartados mencionados previamente. No ha habido progreso en áreas clave, pero tampoco ha habido cambios notables en cuanto a política social respecto a 2018. Por ejemplo, no se ha cancelado el emblemático programa social Bolsa Família, creado durante el gobierno Lula y que ayudó en gran medida a la reducción de la pobreza extrema.

Comenzando por la educación, a finales de 2019 Brasil salió clasificado con una de las notas más bajas del informe PISA, hecho que el ministro del ramo, Abraham Weintraub, achacó a la “educación de talante marxista progresista de administraciones anteriores”. Como resultado del fracaso del sistema público ordinario, e incluso la falta de seguridad de algunos centros, el gobierno ha promovido abiertamente la construcción de nuevos centros de educación cívico-militares por parte de los gobiernos de los estados. En dicho tipo de centro, los alumnos reciben una educación basada en valores militares a la vez que los mismos oficiales ofrecen protección en estos espacios públicos. Ha de destacarse que los centros ya existentes se encuentran entre las clasificaciones más altas de Brasil en materia de calidad educativa. Sin embargo, esto no quedado libre de controversias, ya que no son pocos los que consideran que no se trata de una solución adecuada, pues cabe que se termine educando desde una perspectiva militarista.

En materia de sanidad lo más destacable de este año ha sido el fin del programa de cooperación sanitaria con Cuba, Mais Médicos. Dicho acuerdo se inició en 2013, durante el mandato de Dilma Rousseff, y tenía como objetivo el proporcionar una mayor y más extensa asistencia médica universal a través de la contratación de varios médicos ‘exportados’ por el gobierno castrista. El programa recibió críticas porque los médicos cubanos solamente recibían un 25% del sueldo que les proporcionaba el gobierno brasileño y el restante 75% lo retenía La Habana. Bolsonaro rompió el acuerdo, causando así vacantes de personal sanitario que pudieron cubrirse en poco tiempo. A los profesionales cubanos se les dio la oportunidad de permanecer en Brasil bajo asilo político si revalidaban su titulación en medicina en el sistema brasileño. Dicho incidente no ha supuesto un cambio relevante en el precario sistema sanitario nacional; la única consecuencia de todo ello ha sido el deterioro de las relaciones con Cuba.

Pese a no lograr grandes progresos en lo social, la administración Bolsonaro sí ha introducido mejoras en las infraestructuras nacionales de logística. Bajo el mando del militar Tarcisio Gomes de Freitas, el Ministerio de Infraestructuras ha destacado por su capacidad de concluir obras no terminadas por previos gobiernos. Ello condujo a una diferencia notoria en cuanto al número y la calidad de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos operativos en comparación con el año anterior. Entre las fuentes de financiación para las nuevas obras está la reapertura de un fondo común establecido 2017 entre entidades financieras brasileñas y chinas, con un valor de 100.000 millones de dólares.

Bolsonaro, junto al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una visita oficial a Nueva Deli a finales de enero [Alan Santos, PR]

Medioambiente

Una de las áreas que más se temía que se viera perjudicada por la administración de Jair Bolsonaro era la política medioambiental. Dicha preocupación se vio incrementada con los polémicos incendios de la Amazonia durante los meses de julio y agosto. Para comenzar, el Ministerio del Medio Ambiente, como todos los demás, se vio afectado por las políticas de austeridad de Paulo Guedes, a fin de equilibrar las cuentas públicas, aunque según el propio ministro Ricardo Salles fue el que menos sufrió el recorte presupuestario. A causa de esto, al comenzar el periodo de sequías en la Amazonia la protección forestal se vio comprometida.

Viendo el incremento de la deforestación en un 278% durante el mes de julio, Bolsonaro reaccionó impulsivamente y despidió al director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), acusándole de favorecer a la oposición y de conspirar en su contra. La situación provocó la salida del Fondo de Protección de la Amazonia de Alemania y Noruega, los dos mayores contribuyentes, lo que fue acogido con críticas por parte de Bolsonaro, que además acusó a las ONGs de ser las causantes de los incendios. Finalmente, bajo la presión internacional, Bolsonaro terminó reaccionando y decidió enviar al ejército para combatir las llamas. Objetivo que logró en poco menos de un mes, lográndose en octubre la cifra más baja de la que se tiene registro.

Finalmente, el total anual terminó superando la cifra del año anterior en un 30%, pero sigue ubicándose dentro de la media de las dos últimas décadas. Sin embargo, el daño a la imagen nacional ya estaba hecho. Bolsonaro, gracias a su rivalidad con los medios, su vehemente afán de defender la “soberanía nacional” y su poca contención a la hora de hablar, había logrado ser considerado el culpable de una catástrofe distorsionada.

Adicionalmente, a finales del año, una polémica más azotó la administración de Bolsonaro: el misterioso derrame de petróleo en la costa noreste de Brasil. Miles de kilómetros de playas se vieron afectadas y aún a día no hay culpable oficial del delito. Hubo varias hipótesis al respecto; la más aceptada, que además recibió el respaldo del gobierno, fue la que afirmaba que el derrame provenía de un cargamento ilegal de petróleo venezolano que intentaba burlar el bloqueo comercial impuesto al régimen de Maduro. Según análisis realizados por la Universidade da Bahia, efectivamente, la estructura de dicho petróleo era muy similar a la del crudo de los yacimientos venezolanos.

Política exterior

En política exterior Bolsonaro puede distinguirse retóricamente de sus predecesores, pero no en cuanto a sus acciones. Aunque en ese ámbito le gustaría aplicar su ideología, él mismo ha aceptado que no es posible hacerlo. Ante la fuerza e intereses de las instituciones del Estado, como la tradición diplomática de Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores), la política exterior brasileña se ha mantenido tan pragmática y neutral como en todos los gobiernos anteriores de la democracia, evitándose así el cierre de puertas por razones ideológicas.

Un buen ejemplo del pragmatismo brasileño es el acercamiento económico a China, pese a al rechazo de la ideología comunista por parte de Bolsonaro. Aunque no por ello se ha alejado de su aliado cuasi natural en lo referente a ideología, Donald Trump. No obstante, la relación con EEUU ha sido de una naturaleza diferente, puesto que ha habido mayor proximidad en la cooperación internacional y la seguridad. EEUU impulsó la designación de Brasil como socio estratégico de la OTAN, llegó a un acuerdo para el uso de la base espacial de Alcântara, muy próxima a la línea del Ecuador, y apoya la entrada de Brasil en la OCDE.

Sin embargo, en el ámbito económico, no parece haber tanta cercanía, e incluso se han producido ciertos roces. Uno de ellos fue la amenaza de Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio procedentes de Brasil y Argentina, que finalmente terminó retirando, aunque el daño en las relaciones comerciales y en las bolsas de São Paulo y Buenos Aires ya estaba hecho. Algunos analistas apuntan incluso que la poca reciprocidad de EEUU en materia económica, así como el rechazo de algunos miembros de la UE al acuerdo con Mercosur, fue lo que empujó a Bolsonaro a buscar una relación compensatoria con los BRICS, cuya cumbre de 2019 tuvo lugar en Brasilia.

Otro punto peculiar de la política exterior de Bolsonaro ha sido su posición sobre el conflicto palestino-israelí, que una vez más muestra la incongruencia entre retórica y su actuación. Durante la campaña electoral Bolsonaro prometió en varias ocasiones el traslado de la embajada brasileña de Tel-Aviv a Jerusalén, algo que por el momento no ha ocurrido y solo ha habido el trasladado de una oficina económica. Bolsonaro probablemente temió represalias comerciales por parte de los países árabes, a quienes Brasil exporta productos, en su mayoría cárnicos, por valor de casi 12.000 millones de dólares. La prudencia en esta cuestión le valió incluso la firma de varios acuerdos con países del Golfo Pérsico.

Pese a lo mencionado anteriormente, ha habido un aspecto de la política exterior en la que Bolsonaro sí que logró imponer su ideología frente al “pragmatismo histórico” del Itamaraty, y este es el ámbito latinoamericano. Brasil dejó de ser el gigante que en teoría se mantiene neutro para apoyar, tímidamente, el llamado Socialismo del Siglo XXI durante los gobiernos de Lula y Dilma, y ahora coordinarse con los gobiernos del otro lado político.

Lo más destacable es su enemistad con Nicolás Maduro, así como con el expresidente Evo Morales, al que Bolsonaro denegó abiertamente su petición de pasar por territorio brasileño. También ha habido un distanciamiento respecto al retornado peronismo en Argentina, con la ausencia de Bolsonaro y de cualquier alto representante brasileño en la ceremonia de inauguración de mandato del kirchnerista Alberto Fernández. En ese mismo contexto están los acercamientos a Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia, así como al nuevo gobierno provisional de Bolivia, con los cuales Bolsonaro ve más similitudes. Con ellos ha promovido la creación de PROSUR frente a la antigua UNASUR controlada por la izquierda bolivariana. Aún y todo, pese a haber adoptado una política más ideológica en la región, Brasil sigue manteniendo la cordialidad diplomática ya que, aunque su líder lleve el conservadurismo liberal hacia los extremos en su retórica, sus políticas en la región apenas difieren del resto de gobiernos de derechas.

Bolsonaro

Por lo general, como ha quedado expuesto, en su primer año el gobierno de Bolsonaro ha obtenido resultados positivos, destacando principalmente sus avances en los ámbitos de la seguridad y de la economía. Sin embargo, mientras la labor de diversos ministros mejora la percepción de la administración, el propio Bolsonaro parece no hacer una contribución especialmente positiva. A lo largo del año, ha generado polémicas por temas sin importancia, que han acentuado su previa enemistad con la mayor parte de la prensa.

A causa de esto, poco a poco se ha ido deteriorando la imagen pública del presidente. A finales de 2019 su popularidad era del 30%, frente al 57,5% con que comenzó el año. Eso contrasta con el porcentaje de aprobación que tienen miembros de su gobierno, en especial Sergio Moro, que ha logrado mantenerse inamovible por encima del 50%. Además, su hijo Flavio, que es senador, ha pasado a ser investigado por un posible caso de corrupción, en un proceso que el presidente ha procurado impedir. Bolsonaro también causó escándalo a mitad del año al intentar nombrar embajador en Washington a su hijo Eduardo, siendo acusado de nepotismo. A las tensiones en su propio partido, que condujeron a una ruptura, se añade la poca compenetración entre Bolsonaro y los presidentes de ambas cámaras del fracturado Congreso Nacional, ambos investigados en operaciones anticorrupción convenientemente paralizadas.

¿Impeachment?

Todo este caos causado por el presidente ofrece la impresión de un Bolsonaro que va a contracorriente de su propio gobierno. El aparente éxito de las reformas ya realizadas termina viéndose maculado por la impulsividad e intereses personales del que otrora defendía la impersonalidad del Estado, lo cual acaba causando el deterioro de su imagen política. Además, se ha de sumar la reciente puesta en libertad del expresidente Lula, que conlleva el riesgo de la unificación de la oposición, dependiendo de cuán moderado sea el discurso que adopte. Así las cosas, es posible que el descabezado pero eficiente gobierno de Bolsonaro no tenga fácil mantenerse en el poder hasta final del mandato. Debe recordarse que la mano del Congreso brasileño no suele temblar a la hora de realizar impeachments; véase que en poco más de tres décadas ya ha habido dos.

La isla afronta la crisis económica más grave de los últimos veinte años: el colapso de Venezuela y la presión de Trump ponen en evidencia el inmovilismo de La Habana

El fin de la URSS, gran subvencionadora del régimen castrista, no llevó a La Habana a la apertura económica y política que se dio en la mayor parte del antiguo bloque comunista. Tras un tiempo de grave penuria en la década de 1990, conocido como “periodo especial en tiempos de paz”, Cuba logró otro salvador en Venezuela, evitando así las necesarias reformas. Hoy el colapso venezolano y la presión que está ejerciendo Washington vuelven a poner en evidencia la escasa voluntad de cambio de La Habana, que se enfrenta a otro “periodo especial”, menos intenso, pero igualmente doloroso para el pueblo cubano.

▲ Calle del centro histórico de La Habana [Pixabay]

ARTÍCULO / Patricia Urdánoz

La economía de Cuba podría haber cerrado 2019 con un crecimiento de apenas un 0,5% del PIB y podría repetir ese mismo pobre comportamiento en 2020, de acuerdo con las estimaciones de la Cepal, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU. Se trata de cifras que ponen a la isla al borde de la recesión, dado que cabría que se registrara algún trimestre negativo. Aunque el Gobierno cubano sitúa su objetivo económico para este año en el 1%, su apuesta del 1,5% para 2019 puede haber quedado desmentida hasta en un punto porcentual (las organizaciones internacionales, en cualquier caso, no pueden auditar las cuentas de Cuba); además, los elementos que contribuyen a la marcha económica han empeorado.

Las crecientes dificultades económicas han generado miedo en los cubanos sobre un regreso al “periodo especial”, como se conoce la década de 1990 cuando la disolución de la URSS dejó a la isla sin la masiva ayuda que le prestaba Moscú. Ese momento de especiales penurias quedó superado con la ayuda que a partir de 2002 comenzó a llegar desde la Venezuela de Hugo Chávez. El colapso venezolano fue lo que incentivó a Raúl Castro a buscar una salvación mediante el acercamiento a la Administración Obama, pero las nuevas medidas restrictivas de la Administración Trump han dejado a La Habana sin perspectivas.

Los cubanos han comenzado a padecer el desabastecimiento de productos básicos como medicinas y alimentos, y largas e interminables colas vuelven a aparecer en la capital cubana. La economía se encuentra estancada desde 2014: aunque al año siguiente hubo un claro repunte, en 2016 se produjo una contracción, que el Gobierno fijó en un 0,9% del PIB, lo que suponía haber caído en recesión por primera vez desde el “periodo especial”, veinte años atrás.

Aunque es improbable que Cuba vaya a alcanzar las dramáticas cifras de buena parte de la década de 1990, cuando la economía isleña se contrajo aproximadamente en un 35%, algunas estimaciones, recogidas por el Wall Street Journal, consideran que si Venezuela cancelara completamente su ayuda podría darse una contracción del 8% o del 10%.

Antes del “periodo especial” la isla dependía de la Unión Soviética en un 82%. La dependencia de Venezuela es comparativamente menor y además se está reduciendo debido a la grave crisis que padece ese país. La ayuda venezolana, básicamente mediante el envío de petróleo a cambio de la asistencia de médicos, entrenadores deportivos y otro personal, por la que Caracas además paga, suponía el 22% del PIB de Cuba en 2013; en 2017 había caído al 8,5%.

Las perspectivas económicas, en cualquier caso, no son buenas y para este 2020 cabe esperar un empeoramiento en varias áreas, lo que cuando menos prolongará el estancamiento.

Petróleo venezolano, ahora en manos rusas

Si bien la ayuda venezolana ha ido decreciendo, las aportaciones de Caracas continúan siendo importantes, por eso cualquier nueva erosión de esas ayudas tendría su efecto en la economía cubana. Los 100.000 barriles diarios de petróleo que Venezuela estuvo enviando a Cuba durante muchos años se vieron reducidos últimamente a unos 60.000. No es de esperar una mayor reducción, pero el control de la producción de PDVSA que está adquiriendo Rusia le deja al régimen de Nicolás Maduro menos margen de control político sobre el petróleo.

Menos médicos en el exterior

La descontrolada inflación que padece Venezuela podría obligar a reducir el pago que este país aporta por los servicios que en suelo venezolano presta personal cubano. Carmelo Mesa-Lago, economista especializado en Cuba, apunta que Venezuela, que adquiere el 75% de ese servicio profesional cubano en el exterior (una importante vía de acceso a moneda fuerte), ya ha reducido sus compras en un 23% entre 2014 y 2017 y podría verse obligada a un mayor recorte. La Habana, por otra parte, dejó de hacer caja en 2019 con los médicos que tenía destinados en Brasil y lo mismo ocurrirá en 2020 con los que había en Bolivia, después de que cambios políticos en esos países obligara a su regreso a la isla.

Por debajo de la meta de 5 millones de turistas

Las expectativas abiertas en materia de turismo con el incremento de viajes desde EEUU debido a las facilidades que estuvo dando el presidente Obama se han visto frustradas por las restricciones nuevamente impuestas por su sucesor. En 2018 se produjo un descenso del número de turistas, que fue de 4,7 millones, y cifra que en 2019 bajó un 10%, hasta los 4,3 millones. Aunque el Gobierno dice esperar un incremento en 2020, ha dejado de ponerse como meta alcanzar los 5 millones de turistas. A la limitación ya impuesta por Trump en 2018 al viaje de cruceros con base en EEUU, sigue la anunciada recientemente sobre vuelos directos, lo que podría afectar a los ingresos que deje el turismo (quien llega en avión suele gastar más durante su estancia).

Exportaciones moderadas

Los ingresos por exportaciones podrían mejorar, pero ni producción ni precio parece que vayan a experimentar un significativo aumento. La producción de níquel ha estado más bien estancada y la de azúcar se está recuperando de su momento más bajo de la historia registrado en 2017-2018.

Las remesas seguirán fluyendo

Las medidas restrictivas impuestas por la Administración Trump sobre las remesas que llegan a Cuba desde EEUU, que son la mayoría, no parece que vayan a afectar a su monto, pues el límite establecido queda por encima de la cuantía la mayor parte de los envíos. Como indica un estudio de The Havana Consulting Group, el promedio de envío actual está entre los 180 y 220 dólares por transacción, y como el 95% de los cubanos que envían remesas a sus familiares en la isla lo hace una vez al mes no se le llega al tope de 1.000 dólares trimestrales impuesto por Washington y que entró en vigor el pasado mes de octubre. Además, el estudio precisa que el 45% de las remesas a Cuba llegan por vías informales. En 2018, Cuba recibió 3.691 millones de dólares, cifra que prácticamente se dobla si se tienen en cuenta las remesas no dinerarias.

Inversión extranjera insuficiente

Las remesas debieran jugar un importante papel en la potenciación de la economía nacional, y de hecho desde la apertura económica de 2010 funcionaron como una fuente de ingresos similar a la inversión extranjera, pues estuvieron detrás de la puesta en marcha de muchos negocios “cuentapropistas”. Esos negocios por cuenta propia alcanzaron en 2016 los 535.000 trabajadores, según las estadísticas oficiales, pero el estancamiento en el crecimiento del turismo está poniendo en dificultades esa actividad privada. El estudio de The Havana Consulting Group concluye que “a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, el gobierno cubano no aprovecha el potencial de las remesas como una vía para atraer capital de inversión al país”. La inversión extranjera directa, en cualquier caso, ha ido aumentando, pero la lentitud en hacer atractiva la zona especial del puerto de Mariel y las dificultades añadidas desde EEUU con la puesta en vigor en 2019 del título cuarto de la Ley Helms-Burton, que anima la presentación de demandas por los bienes expropiados durante la revolución cubana, amortigua el atractivo inversor de la isla.

DESCENTRALIZACIÓN, PERO APERTURA TÍMIDA

El problema de la ineficiencia de la economía cubana viene provocado en gran medida por su modelo de centralización, que crea escasez para los consumidores y gran incertidumbre para los negocios. Junto con otros lastres que acarrea el país desde sus inicios como corrupción, ilegalidades, poco nivel de ahorro, endeudamiento y los insuficientes ingresos por exportación. La deuda externa de Cuba entre los años 1958 y 2017 se multiplicó por 190. Y existe una difícil coyuntura para la emergencia del sector privado.

La isla necesita nuevas reformas económicas estructurales por parte del gobierno, también sería interesante seguir las estrategias económicas de países como Vietnam y China, que han sabido cómo abrirse al mercado internacional partiendo de un gobierno comunista. Por su parte, por sus propios intereses geopolíticos, Washington debería cuidar de que sus medidas de presión no lancen a la isla en brazos de China y Rusia.

El sucesor de Raúl Castro como presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro designado por este, Manuel Marrero, han anunciado para este año el comienzo de un proceso de descentralización económica que dará mayor autonomía a las empresas estatales. Está por ver que realmente se avance en esa línea y que eso aumente la eficiencia de la economía cubana, pues las reformas prometidas por Castro han supuesto una apertura muy tímida, no especialmente transformadora.

La extracción de oro y el transporte de petróleo contaminan los ríos de la región amazónica

No solo los incendios están afectando negativamente a la Amazonía, sometida a una acelerada reducción de la masa forestal, sino que la mayor actividad que registra, impulsada por la propia deforestación –que a su vez propicia la minería ilegal y más transporte de carburante– aumenta la contaminación del río Amazonas y del resto de vías fluviales de los países que forman parte de la región. El uso de mercurio en la extracción del oro supone un grave problema añadido para las comunidades que viven en la cuenca.

▲ Puesta de sol en el río Amazonas, en Brasil [Pixabay]

ARTÍCULO / Ramón Barba

El aumento de la minería ilegal en la región amazónica, en países como Colombia y Perú y sobre todo en Venezuela, ha incrementado la contaminación fluvial de toda la cuenca. La contaminación también se ve agravada por el transporte de petróleo, que genera escapes de crudo, y por el vertido de aguas residuales vinculadas a una mayor actividad humana, a su vez relacionada con la creciente deforestación.

La minería ilegal se ha extendido especialmente en las dos últimas décadas, vinculada al incremento del precio de los minerales. A pesar de la caída general del precio de las materias primas a partir de 2014, la cotización se ha mantenido alta en el caso del oro, pues como valor refugio resiste la desaceleración económica mundial. La obtención de oro requiere la manipulación de mercurio para extraerlo y separarlo de las rocas o piedras en las que se encuentra. Se calcula que la actividad minera ilegal vierte de promedio unos 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado. Como señala la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en su informe Análisis de Diagnóstico Transfronterizo Regional de la Cuenca Amazónica de 2018, se estima que solamente la Amazonía brasileña recibió 2.300 toneladas de mercurio hasta 1994 y luego ha registrado volúmenes en torno a las 150 toneladas anuales.

La OTCA indica que la explotación minera está localizada especialmente en el Escudo Guayanés, en las zonas andinas de Perú y Bolivia y en el piedemonte colombiano. Información recogida por esta organización estima que de 100.000 a 200.000 personas se dedican a esta actividad en Colombia y también en Perú, cifra que se dobla en el caso de Brasil.

Por su parte, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en su estudio La Amazonía Saqueada, de finales de 2018, constata que la superficie en la que se da la minería ilegal “va en aumento”, especialmente en Venezuela, donde “los reportes cambian drásticamente de año en año”. La RAISG computa 2.312 puntos de la región amazónica donde existe actividad minera ilegal, de los cuales 1.899 corresponden a Venezuela.

La explotación minera da una doble funcionalidad a los ríos, según el informe de RAISG, en tanto que se utilizan para la introducción de maquinaria y para dar salida a los minerales. Ello tiene graves efectos medioambientales (erosión de los suelos, contaminación del agua y de los recursos hidrológicos, extinción de flora y fauna acuática, impactos atmosféricos…), a la par que graves consecuencias en lo relativo a la salud de los pueblos indígenas, pues la contaminación de los ríos con mercurio afecta a los peces y los otros seres vivos que se mueven en el entorno fluvial. Dado que la dieta principal de los pueblos indígenas es el pescado, la ingesta de niveles altos de mercurio acaba dañando la salud de las poblaciones (casos de pérdida de visión, enfermedades cardíacas, daños en el sistema nervioso central, cognitivo o motor, entre otros).

Otro aspecto de la actividad minera es que tiende a la apropiación de tierras e incursión en áreas naturales protegidas del Amazonas, incrementando la deforestación y la reducción de biodiversidad. Las áreas de Tapajós y Xingú en Brasil, junto con el escudo Guayanés, son las áreas más afectadas por la deforestación, según la RAISG. Recogiendo estudios previos, esta organización indica la desforestación derivada de la extracción de oro se ha acelerado en los últimos veinte años, pasado de una deforestación de 377 km2 entre 2001-2007, a una deforestación de 1.303 km2 entre 2007-2013. En Perú cabe destacar el caso del departamento Madre de Dios, donde se deforestaron 1.320 hectáreas entre 2017 y 2018.

Otras causas de contaminación

Además de la minería ilegal otros procesos resultan también contaminantes de los ríos, como las actividades extractivas de hidrocarburos, el vertido de aguas residuales y el transporte fluvial, tal como advierte la OTCA, organización que agrupa a los ocho países con territorio en la región amazónica: Brasil, Colombia, Guyana, Surinam, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador.

Contaminación por causa de los hidrocarburos. La situación afecta a los cinco países que se encuentran al oeste de la Cuenca (Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Brasil), siendo Bolivia un potencial candidato en tanto que cuenta con grandes reservas de gas sin explotar en la zona. La contaminación en este caso viene de la mano del transporte por vía fluvial del petróleo desde los puntos de extracción hasta las refinerías. Ello implica importantes consecuencias ambientales y socioeconómicas, como la degradación de los suelos y la contaminación del aire, lo cual también implica pérdida de flora y fauna, así como de recursos hidrobiológicos, afectando a la biodiversidad y a la migración de especies. En el campo socioeconómico estos problemas se traducen en el incremento de costos operacionales, el desplazamiento de indígenas, el aumento de enfermedades y el surgimiento de conflictos.

Contaminación por aguas residuales domésticas, comerciales e industriales. A pesar de la gran cantidad de agua con la que cuentan los países de la cuenca amazónica, el nivel de saneamiento no supera el 60%. Como consecuencia, los ríos se convierten en vectores de enfermedades en muchas comunidades rurales, pues en ellas el saneamiento es menor. Datos no actualizados hablan de desechos urbanos y domésticos de 1,7 millones de toneladas por litro y de 600 litros por segundo en 2007. A su vez, es importante tener en cuenta los daños causados por parte de las actividades agroindustriales en los cursos fluviales, pues el gran número de insectos y microorganismos implica un uso abundante de pesticidas, herbicidas y fungicidas. Dentro de los problemas ambientales y sociales producto de esta actividad está la emisión de gases de efecto invernadero, el deterioro de ecosistemas acuáticos, la eutrofización y la polución por agrotóxicos, y la pérdida de salarios e incremento de costos por tratamiento del agua.

Contaminación por transporte fluvial. La región amazónica cuenta con cerca de 24.000 km de río navegables, que constituyen la principal vía de comunicación. Unos 50 millones de toneladas de carga eran transportadas por el Amazonas a comienzos de esta década ahora terminada. Además de las fugas de combustible, la actividad produce un arrastre de lodos que no son dragados periódicamente, así como una contaminación de riberas y playas, que perjudican la economía y el turismo.

Impacto en las comunidades indígenas      

Para muchos pueblos indígenas, como es el caso colombiano, el oro es un mineral sagrado pues es representación del sol en la tierra. Consideran que la extracción de este mineral implica la pérdida de vida del territorio y para extraerlo los chamanes de la zona deben de “pedir permiso” mediante una serie de ceremonias; hacerlo sin el permiso otorgado implica consecuencias negativas, de ahí que las poblaciones indígenas asocian la extracción indebida de oro con enfermedades y muerte. Un ejemplo de ello es el área del Río Aaporis, considerado también como sagrado, donde el líder Yanomami Davi Kopenawa habla de la xawara wakémi (la epidemia humo), derivada de la quema del oro y que es, según afirma, la causa de la muerte algunas habitantes de la zona.

No obstante, miembros de las comunidades indígenas también se dedican a la minería artesanal, bien porque de entrada rechazan la tradición ante los beneficios económicos que supone la extracción ilegal, bien porque se ven obligados a esa ocupación por la falta de oportunidades. Esto último ocurre en la reserva comunal peruana de Amarakaeri , muy afectada por la actividad extractiva, donde sus habitantes se han visto obligados a practicar la minería artesanal presionados por sus necesidades de subsistencia y por intereses mineros externos que acaban explotándoles.

La minería realizada sin controles, por otro lado, afecta negativamente al entorno medioambiental en el que se desarrolla la vida indígena. En la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipie, por ejemplo, se llevó a cabo un mega proyecto minero a cielo abierto cuyo impacto ha implicado una deforestación en la zona de 1.307 hectáreas entre 2009 y 2017.

Cabe destacar el hecho de que la minería no solo implica un ataque contra ciertos aspectos culturales indígenas, sino que también supone un grave ataque contra sus derechos humanos en tanto que, a pesar de ser pueblos que viven en aislamiento voluntario, las empresas mineras llevan a cabo una injerencia en esas reservas y fuerzan desplazamientos y desarraigos. Esta situación es especialmente crítica en Bolivia, Ecuador y Perú, países en los que existe un “zona gris” entre la legalidad y la ilegalidad en lo que a minería artesanal se refiere, incrementando el grado de afectación en las zonas indígenas. A su vez cabe destacar la actividad represiva de los estados de destrucción de dragas y balsas, lo cual lleva a la respuesta violenta por parte de los afectados, como ocurrió en la revuelta de Humaitá en Brasil.

La vida indígena también se ve ha visto afectada por la presencia en esos territorios de grupos guerrilleros o paramilitares, así como de grupos de crimen organizado. En Colombia los grupos armados han aprovechado la minería para el financiamiento de sus actividades, que desarrollan en zonas con altos niveles de pobreza y difícil acceso para el Gobierno. Entre 2017 y 2018 hubo un incremento del 6% de esta actividad, en lugares donde también puede cultivarse coca, cuya producción igualmente ha aumentado los últimos años. El informe de la OCDE Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana, de 2016, indica que las FARC, el ELN y las bandas criminales comenzaron su actividad minera en la década de 1980 y la incrementaron en la de 1990 como consecuencia del aumento del precio del oro y de la mayor dificultad de obtener ingresos estables provenientes de la droga. En 2012, las FARC y el ELN tenían presencia en un 40% de los 489 municipios colombianos dedicados a la minería. Recientemente se ha atestiguado la presencia del ELN en la explotación minera ilegal llevada a cabo de Venezuela, especialmente en el estado de Bolívar, a la que podrían sumarse los disidentes de las FARC resguardados en territorio venezolano.

[Eric Rutkow, The Longest Line on the Map: The United States, the Pan-American Highway and the Quest to Link the Americas. Scribner. New York, 2019. 438 p.]

REVIEW / Marcelina Kropiwnicka

Though the title tries to convince the reader that they will merely be exploring the build-up to the largest link between the United States of America and its southern neighbors, The Longest Line on the Map: The United States, the Pan-American Highway and the Quest to Link the Americas covers much more. The book is written in more of a novel-fashion than a textbook-fashion. Author Eric Rutkow, rather than simply discussing the nitty-gritty development of the highway alone, is able to cover historical events from political battles in the homeland of the US to economic hardships encountered among the partner countries. Divided into three main blocks, the book chronologically introduces the events that took place during the Pan-American Highway’s construction, beginning with the dream that a railway would connect the two hemispheres.

With the New World just barely beginning to grasp its potential, writer Hinton Rowan Helper’s first-hand experience of traveling from the United States to Argentina in the mid-1800s made him come to the realization that there must be an alternative method of traveling between the two countries. After enduring the long voyage, he came to the conclusion, “Why not by rail?” The first quarter of the book hence explains the early attempts made towards linking the wide span between North America and Southern Argentina through the use of a railroad. Thus, when in 1890 the Intercontinental Railway Commission was created, the idea of a Pan-American railway began to flourish and preliminary work began.

The idea was passed on from one indefatigable supporter to another, keeping in mind the cooperative aim of pan-Americanism and the potential for US economic expansion. Yet still by the early 1900s, over half of the projected length of the railway remained unassembled. Despite multiple attempts and investment in building and rebuilding the rail (mainly due to logistical purposes), the project came to a final halt with the realization that the Pan-American Railway was beginning to look like what it was: an unfeasible dream. President Theodore Roosevelt had concluded similarly in 1905, when he gave preference to developing the Panama Canal, regulating the rules of the railway and building the US Navy. In the subsequent and comparatively short chapter of the book, Rutkow introduces the era when automobiles and bicycles were on the rise, causing a demand for the increased construction of roads and exhaustive efforts to build decent thoroughfare within the US. Also made note of in the book was the diverging attention from the rail as a result of the outbreak of the First World War. These events combined would ultimately cease continuation of the railway’s assembly.

The second half of the book is dedicated to the continuation of the dream of connecting the two spheres using a different method: the building of the Pan-American Highway. Although only a sister to the railway project, the two ideas arise from the same ideal. The new project seemed especially tangible due to the growth of the ‘motoring generation’ and the strengthened advocacy of Pan-Americanism. The belief was that the highway would foster “closer and more harmonious relations” among the nations in the Americas. Nevertheless, the highway remains unfinished due to a mere 50-mile wide gap, known as the Darien Gap, located between Panama and Colombia (“mere” considering the highway today stretches more than 20,000 miles, connecting Alaska to the southern tip of Argentina).

The most engaging part of the book emerges in the last chapter, when Rutkow attempts at connecting the missing link between the two worlds, but isn’t able to, which reminds us that the road remains unfinished. The chapter, which is committed to the Darien Gap, is able to give light to the idea that once, the two spheres had a dream of connecting, contrasting to what we see today with the pressure of erecting walls along the southern US border. Though the dream continues to overcome the gap and finish the road, a new challenge had finally emerged: Panama had changed its policy and refused to finish the pavement.

As for such a well-researched book of one of the largest projects on the American continent, there’s a peculiar laxity: the coverage on South America is far less complete in comparison to all the focus that the United States’ government efforts to organizing and funding the link received. In terms of critiquing the book as a literary piece, not every quotation within the book would be considered absolutely necessary to telling the story. Ironically there’s a certain scarcity when it comes to describing the road itself or its surrounding environment. Perhaps the author makes up for this blunder with his meticulous choosing of maps and images to provide the reader with a context of the environment and era in which the dream was being pursued.

La energía geotérmica supone ya el 7,5% del mix eléctrico centroamericano, con una capacidad instalada aún muy por debajo del potencial estimado

La actividad volcánica y el movimiento tectónico propios de Centroamérica ofrecen condiciones óptimas a los pequeños países de la región para el aprovechamiento de una fuente energética alternativa a unos hidrocarburos que deben importar o un carbón siempre más contaminante. De momento, la capacidad instalada –mayor en Costa Rica y El Salvador– supone apenas el 15% del potencial más probable estimado.

▲ Planta geotérmica de San Jacinto-Tizate, en Nicaragua [Polaris Energy Nicaragua S. A.]

ARTÍCULO / Alexia Cosmello

Centroamérica tiene en la actualidad una capacidad geotérmica instalada de 645 megavatios (MW), lejos del potencial atribuido a la región. Este puede alcanzar, en la banda más alta de las estimaciones, casi los 14.000 MW, si bien los cálculos más probables hablan de alrededor de 4.000 MW, lo que supone un aprovechamiento actual de aproximadamente el 15%, según datos del Banco Mundial publicados en 2018.

La energía obtenida constituye el 7,5% de la generación eléctrica total de los países centroamericanos: una cifra no desdeñable, pero que aún debe crecer. Las previsiones hablan de un sector en expansión, si bien la atracción de las necesarias inversiones extranjeras se ha visto de momento limitada por el riesgo propio de esta industria y los marcos jurídicos nacionales.

La energía geotérmica es una energía renovable y limpia que no depende de factores externos. Consiste en aprovechar el calor del interior de la tierra ­–los recursos de alta temperatura en forma de fluidos subterráneos calientes– para la generación eléctrica y térmica (calefacción y agua caliente sanitaria). Se rige por el movimiento magmático de la tierra, por eso es un recurso escaso y limitado a ciertas regiones con una concentración significativa de actividad volcánica o movimiento tectónico.

Latinoamérica

Esas características del istmo americano son compartida también por México, donde el sector geotérmico comenzó ya a desarrollarse en la década de 1970 y ha alcanzado una capacidad instalada de 957 MW. La fricción de las placas tectónicas a lo largo de la costa sudamericana y del Caribe oriental también da también a esas subregiones un potencial energético, aunque menor que el centroamericano; su explotación, en cualquier caso, resulta pequeña (solo Chile, con 48 MW instalados, ha comenzado realmente su aprovechamiento). El total potencial geotérmico de Latinoamérica podría estar entre 22 GW y 55 GW, un rango especialmente impreciso dadas las pocas exploraciones realizadas. La capacidad instalada se acerca a los 1.700 MW.

El Banco Mundial estima que en la próxima década, Latinoamérica necesitaría una inversión de entre 2.400 y 3.100 millones de dólares para desarrollar diversos proyectos, que añadirían una generación conjunta de unos 776 MW, de los cuales la mitad corresponderían a Centroamérica.

La atracción de capital privado no es sencilla, teniendo en cuenta que desde la década de 1990 el sector geotérmico latinoamericano ha contado con menos de 1.000 millones de dólares en inversiones privadas. Las dificultades de financiación en parte tienen que ver con la propia naturaleza de la actividad, pues exige una elevada inversión inicial, que tiene un alto riesgo pues la exploración es laboriosa y tarda en llegarse al estadio de producción de energía. Otros aspectos que han restado atractivo han sido las políticas y los marcos regulatorios de los mismos países y sus deficiencias en la gestión local e institucional.

La energía geotérmica, en cualquier caso, debiera ser una prioridad para países con un potencial alto como el centroamericano, dado que, como señala la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), constituye una fuente de generación eléctrica de bajo coste y además estimula el crecimiento económico de bajo carbono. Por este motivo esta organización ha pedido a los gobiernos de la región centroamericana que adopten políticas que favorezcan el aprovechamiento de este recurso tan valioso, y que desarrollen marcos jurídicos y regulatorios que las impulsen.

En la promoción y asesoramiento internacional están interviniendo el Banco Mundial y algunos países con especial experiencia tecnológica. Así, Alemania está llevando a cabo desde 2016 un programa de desarrollo del potencial geotérmico bajo la Iniciativa Alemana de Tecnología del Clima (DKTI). En el proyecto cooperan el Fondo de Desarrollo Geotérmico (GDF), implementado por el banco de desarrollo alemán KfW, y el Programa de Identificación de Recursos Geotérmicos de América Central, apoyado por el Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales (BGR). La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), la cual ha organizado cursos técnicos, junto con la empresa LaGeo, ubicada en El Salvador, para operadores en plantas geotérmicas, profesores e investigadores en la materia, con el objetivo de lograr una mejor gestión de las instalaciones y un desarrollo más eficiente de los proyectos energéticos.

Por países

Si bien los países centroamericanos han mostrado una gran dependencia de los hidrocarburos importados como fuente energética, en cuanto a generación eléctrica la subregión ha logrado un importante desarrollo de alternativas renovables, puestas al servicio de todos los integrantes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) mediante el Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC). El director ejecutivo de la Secretaría General del SICA, Werner Vargas, destacó a comienzos de 2019 que el 73,9% de la electricidad producida a nivel regional está generada con fuentes renovables.

No obstante, indicó que para hacer frente a la creciente demanda eléctrica, que entre 2000 y 2013 aumentó en un 70%, la región necesita un mayor aprovechamiento de sus capacidades geotérmicas. Una mayor integración de la energía geotérmica permitiría ahorrar más de 10 millones de toneladas de emisiones CO2 al año.

La participación de la energía geotérmica en el mix eléctrico varía según los países. La cuota más elevada corresponde a El Salvador (26%), Nicaragua (15%) y Costa Rica (12,5%), mientras que la participación es pequeña en Honduras (3%) y Guatemala (2,5%).

En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entregó el pasado mes de julio la planta geotérmica Las Pailas II, en la provincia de Guanacaste, que tuvo un coste total de 366 millones de dólares. La planta aportará a la red eléctrica un máximo de 55 MW, de forma que cuando esté plenamente operativa elevará el total de capacidad instalada en el país de 207 MW a 262 MW.

A Costa Rica le sigue El Salvador en generación eléctrica a partir de la energía geotérmica. Líder nacional en la producción es la empresa LaGeo, responsable de la casi totalidad de los 204 MW instalados en el país. Esta empresa cuenta con dos plantas, una en Ahuachapá, que produce 95 MW, y la otra Usulután, con una producción de 105 MW. Con menor consumo eléctrico que Costa Rica, El Salvador es el país centroamericano con mayor peso de la generación geotérmica en su mix eléctrico, un 26%, el doble que en el caso costarricense.

Nicaragua tiene una potencia instalada de 150 MW, gracias al interés geotérmico que presenta la cordillera volcánica del Pacífico. Sin embargo, los niveles de producción están claramente por debajo, aunque suponen un 15% de la generación eléctrica en el país. Dentro de los proyectos geotérmicos, destacan el de San Jaciento-Tizate y  el de Momotombo, que ya están siendo explotados. El primero explotado por la empresa Polaris Energy, se realizó en 2005 con la pretensión inicial de producir 71 MW, para alcanzar los 200 MW a finales de la presente década; sin embargo, actualmente, está produciendo 60 MW. El segundo, controlado por la empresa ORMAT y la participación de ENEL, se impulsó en 1989 con una capacidad de 70 MW, si bien desde 2013 produce 20 MW.

Guatemala está algo por detrás, con una potencia instalada de 49 MW, seguida de Honduras, con 35 MW. Ambos países reconocen el interés de la explotación geotérmica, pero se han quedado rezagados en su promoción. Y eso que los estudios del propio gobierno guatemalteco destacan la rentabilidad de los recursos geotérmicos, cuyo coste de producción es de 1 dólar por MW/hora, frente a los 13,8 dólares en el caso de la energía hidroeléctrica o los 60,94 por ciento del carbón.

El Congreso brasileño aprueba ratificar el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas firmado por Trump y Bolsonaro

Con la reactivación de su centro de lanzamientos de Alcántara, el mejor ubicado del mundo debido a su proximidad al Ecuador, la industria espacial brasileña espera alcanzar un volumen de negocios de 10.000 millones de dólares anuales a partir de 2040, con el control al menos del 1% del sector mundial, especialmente en el área de lanzamientos espaciales. El gobierno de Jair Bolsonaro ha aceptado garantizar a EEUU la confidencialidad tecnológica, llegando a un acuerdo que Washington ya había intentado sin éxito antes de la llegada del Partido de los Trabajadores al poder.        

▲ Área de lanzamiento espacial del centro espacial brasileño de Alcántara [AEB]

ARTÍCULO / Alejandro J. Alfonso [Versión en inglés]

Brasil quiere contar en la nueva era espacial, en la que la iniciativa privada, especialmente la estadounidense, va a tener un gran protagonismo, junto al ya tradicional de las agencias nacionales de las principales potencias. Con el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas, firmado el pasado mes de marzo por los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro, en la estratégica base de Alcántara podrán lanzarse cohetes, naves espaciales y satélites dotados de tecnología estadounidense.

La garantía de confidencialidad tecnológica –el acceso a ciertos lugares de la base solo estará autorizado a personal de EEUU, si bien la jurisdicción seguirá siendo de la Fuerza Aérea de Brasil– permitirá que Alcántara no deba negociar contratos solo con el 20% del mercado mundial, como hasta ahora, algo que lastraba la viabilidad económica de la base. No obstante, el acuerdo también tiene un aspecto limitador, pues solo autoriza a Brasil a lanzar aquellos cohetes y aeronaves nacionales o extranjeras que tangan partes tecnológicas desarrolladas por EEUU.

El nuevo contexto político de Brasil hizo que el acuerdo fuera ratificado sin problemas el 22 de octubre por la Cámara de Diputados y el 12 de noviembre por el Senado, una situación bien diferente a la vivida en 2000, cuando el Congreso bloqueó un acuerdo similar que impulsaba el presidente Fernando Henrique Cardoso. La llegada después del Partido de los Trabajadores al poder, con las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, enfrió las relaciones entre los dos países y Washington dejó momentáneamente de lado su interés por Alcántara.

Las aspiraciones espaciales de Brasil vienen de lejos; su industria aeroespacial es la mayor de Latinoamérica. En la década de 1960 desarrolló una primera base de lanzamientos, Barrera del Infierno, cerca de Natal. En 1994 la matriz militar de la investigación se transformó en la civil Agencia Espacial Brasileña (AEB). Además del desarrollo de satélites, en 2004 la AEB lanzó su primer cohete. En 2006 un astronauta brasileño se incorporó a la Estación Espacial Internacional, de la que Brasil es socio.

El centro de lanzamiento de Alcántara está situado en Maranhão, un estado en el noreste de Brasil. Alcántara es una pequeña ciudad colonial que se encuentra a 100 kilómetros São Luís la capital del estado. La localidad cuenta con 22.000 habitantes y tiene acceso al mar. El centro de lanzamiento fue construido durante la década de 1980 y tiene un recinto de 620 kilómetros cuadrados. Además, la base de lanzamiento se encuentra a 2,3 grados al sur del Ecuador, lo que lo convierte en un lugar ideal para lanzar satélites en órbita geoestacionaria. Las condiciones geográficas únicas del sitio de lanzamiento atraen a las empresas interesadas en lanzar satélites pequeños o medianos, generalmente utilizados para satélites de comunicaciones o vigilancia. Desafortunadamente, la institución sufrió una mala reputación cuando las operaciones se detuvieron brevemente debido a un lanzamiento fallido en 2003, lo que resultó en la muerte de 21 técnicos y la destrucción de algunas de las instalaciones. En 2002 la Agencia

Estados Unidos está interesado en Alcántara debido a su ubicación estratégica. Como se mencionó anteriormente, el sitio de lanzamiento se encuentra a 2,3 grados al sur del Ecuador, lo que permite a los cohetes estadounidenses ahorrar hasta un 30% en el consumo de combustible en comparación con los lanzamientos desde Cabo Cañaveral, Florida. Asimismo, debido a su proximidad al Ecuador, la resistencia para alcanzar la órbita es menor que Cabo Cañaveral, lo que significa que las empresas pueden aumentar el peso del cohete o de la carga que transporta sin agregar combustible adicional. Por lo tanto, esta ubicación ofrece a las compañías estadounidenses las mismas ventajas que disfrutan sus contrapartes europeas que utilizan un sitio de lanzamiento en la Guayana Francesa, ubicada cerca, al norte del Ecuador. El Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas firmado entre los presidentes Bolsonaro y Trump en marzo tiene por objeto atraer a estas empresas estadounidenses al garantizarles que las empresas estadounidenses que si utilizan las instalaciones de Alcántara tendrán la protección y las salvaguardas necesarias para que su tecnología no sea robada o copiada por operarios o ingenieros brasileños.

El gobierno brasileño está claramente interesado en que los estadounidenses utilicen el centro de Alcántara. La industria espacial mundial tiene un valor aproximado de 300.000 millones de dólares, y Brasil, que todavía tiene una agencia espacial en desarrollo, podría utilizar los fondos obtenidos del arrendamiento del sitio de lanzamiento para desarrollar aún más sus capacidades espaciales. La Agencia Espacial Brasileña ha estado infrafinanciada durante muchos años, por lo que ingresos adicionales le resultan especialmente convenientes. Además, los funcionarios brasileños han especulado que la inversión en el sitio de lanzamiento traerá consigo más inversiones en la región de Alcántara en general, mejorando la calidad de vida del área. Por ejemplo, la base de Kourou, en la Guayana Francesa, genera el 15% del PIB de ese territorio ultramarino francés, dando empleo directo o indirecto a 9.000 personas. En conclusión, el gobierno de Bolsonaro espera que con este acuerdo se profundice la relación con EEUU, y que además aporte medios monetarios para invertir en el sitio de lanzamiento y sus alrededores, e invertir en la Agencia Espacial Brasileña.

Sin embargo, este acuerdo también ha recibido críticas. En 2000, el gobierno del presidente Cardoso intentó firmar un acuerdo similar con la administración de George W. Bush que finalmente fue bloqueado por el congreso brasileño por temor a que Brasil cediera su soberanía a EEUU. Estos mismos miedos todavía están presentes hoy. El ex ministro de Asuntos Exteriores de Brasil Samuel Pinheiro Guimarães Nieto declaró que EEUU está buscando establecer una base militar en Brasil, lesionando así la soberanía del pueblo brasileño. Las críticas también se dirigen a la redacción del acuerdo en sí, que señala que el dinero que el gobierno brasileño gane del uso estadounidense del centro de lanzamiento no puede invertirse en cohetes de desarrollo exclusivamente brasileño, sino bien puede invertirse en otras áreas relacionadas con la Agencia Espacial Brasileña.

Además de los argumentos sobre la integridad de la soberanía brasileña, también se defiende a los quilombolas, descendientes de esclavos brasileños que escaparon de sus amos, que fueron desplazados de sus tierras costeras cuando se construyó la base. Actualmente, el gobierno propone aumentar el tamaño del sitio de lanzamiento de Alcántara en 12.000 hectáreas, y las comunidades de Quilombo temen que una vez más se vean obligadas a mudarse, causándoles un mayor empobrecimiento. Esto ha sido objeto de debate tanto en el Congreso brasileño como en el Congreso estadounidense, con representantes de la Cámara demócrata que presentaron una resolución pidiendo al gobierno de Bolsonaro que respete los derechos de los quilombolas.

El Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas es un acuerdo principalmente comercial con el fin de atraer a más empresas estadounidenses a Brasil para el centro de Alcántara, lo que les ahorraría dinero a estas empresas debido a la ubicación ideal del lugar de lanzamiento, al tiempo que tendrían oportunidad de invertir en el programa espacial brasileño. Sin embargo, debido a las controversias mencionadas anteriormente, algunos pueden considerar esto como un acuerdo unilateral donde solo prevalecen los intereses estadounidenses, mientras que el gobierno y el pueblo brasileños pierden la soberanía sobre un lugar estratégico. No obstante, debe advertirse que Brasil ha desarrollado tradicionalmente una importante industria aeronáutica (Embraer, recientemente comprada por Boeing, es un excelente ejemplo) y la base de Alcántara brinda la oportunidad a Brasil de saltar a la nueva era espacial.

▲ US border patrol vehicle near the fence with Mexico [Wikimedia Commons]

ESSAY / Gabriel de Lange

I. Current issues in the Northern Triangle

In recent years, the relationship between the Northern Triangle Countries (NTC) –Guatemala, Honduras, and El Salvador– and it’s northern neighbours Mexico and the United States has been marked in mainstream media for their surging migration patterns. As of 2019, a total of 977,509 individuals have been apprehended at the Southwest border of the US (the border with Mexico) as compared to 521,093 the previous year (years in terms of US fiscal years). Of this number, an estimated 75% have come from the NTC[1]. These individuals are typically divided into three categories: single adults, family units, and unaccompanied alien children (UAC).

As the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) reports, over 65% of the population of the NTC are below 29 years of age[2]. This is why it is rather alarming to see an increasing number of the youth population from these countries leaving their homes and becoming UAC at the border.

Why are these youths migrating? Many studies normally associate this to “push factors.” The first factor being an increase in insecurity and violence, particularly from transnational organised crime, gangs, and narco-trafficking[3]. It is calculated that six children flee to the US for every ten homicides in the Northern Triangle[4]. The second significant factor is weak governance and corruption; this undermines public trust in the system, worsens the effects of criminal activity, and diverts funds meant to improve infrastructure and social service systems. The third factor is poverty and lack of economic development; for example in Guatemala and Honduras, roughly 60% of people live below the poverty line[5].

The other perspective to explain migration is through what are called “pull factors.” An example would be the lure of economic possibilities abroad, like the high US demand for low-skilled workers, a service that citizens of NTC can provide and be better paid for that in their home countries. Another pull factor worth mentioning is lax immigration laws, if the consequences for illegal entry into a country are light, then individuals are more likely to migrate for the chance at attaining better work, educational, and healthcare opportunities[6].

II. US administrations’ strategies

A. The Obama administration (2008-2015)

The Obama administration for the most part used the carrot and soft power approach in its engagement with the NTC. Its main goals in the region being to “improve security, strengthen governance, and promote economic prosperity in the region”, it saw these developments in the NTC as being in the best interest of US national security[7].

In 2014, in the wake of the massive surge of migrants, specially UACs, the administration launched the reform initiative titled the Plan of the Alliance for Prosperity (A4P). The plan expanded across Central America but with special focus on the NTC. This was a five year plan to address these “push factors” that cause people to migrate. The four main ways that the initiative aims to accomplish this is by promoting the following: first, by fostering the productivity sector to address the region’s economic instability; second, by developing human capital to increase the quality of life, which improves education, healthcare and social services; third, improving citizen security and access to justices to address the insecurity and violence threat, and lastly, strengthening institutions and improving transparency to address the concerns for weak governance and corruption[8].

This initiative would receive direct technical support and financing from the Inter-American Development Bank (IDB). In addition, major funding was to be provided by the US, which for the fiscal years of 2015-2018 committed $2.6 billion split for bilateral assistance, Regional Security Strategy (RSS), and other regional services[9]. The NTC governments themselves were major financiers of the initiative, committing approximately $8.6 billion between 2016-2018[10].

The administration even launched programs with the US Agency for International Development (USAID). The principle one being the Central American Regional Security Initiative (CARSI), with a heavy focus on the NTC and it’s security issues, which allotted a budget of $1.2 billion in 2008. This would later evolve into the larger framework of US Strategy for Engagement in Central America in 2016.

The Obama administration also launched in 2015 the Deferred Action for Childhood Arrivals  (DACA), which currently allows individuals who were brought to the US as children, and have unlawful statuses to receive a renewable two-year period of deferred action from deportation[11]. It is a policy that the Trump administration has been fighting to remove these last few years.

Although the Obama administration was quite diplomatic and optimistic in its approach, that didn’t mean it didn’t make efforts to lessen the migration factors in more aggressive ways too. In fact, the administration reportedly deported over three million illegal immigrants through the Immigration and Customs Enforcement (ICE), the highest amount of deportations taking place in the fiscal year of 2012 reaching 409,849 which was higher than any single one of the Trump administration’s reported fiscal years to date[12].

In addition, the Obama administration used educational campaigns to discourage individuals from trying to cross into the US illegally. In 2014 they also launched a Central American Minors (CAM) camp targeting children from the NTC and providing a “safe, legal and orderly alternative to US migration”[13]. This however was later scrapped by the Trump Administration, along with any sense of reassessment brought about by Obama’s carrot approach. 

Number of apprehensions and inadmissibles on the US border with Mexico [Source: CBP]

B. The Trump administration (2016-present)        

The Trump administration’s strategy in the region has undoubtedly gone with the stick approach. The infamous “zero tolerance policy” which took place from April-June 2018 is a testimony to this idea, resulting in the separation of thousands of children from their parents and being reclassified as UAC[14]. This was in an attempt to discourage individuals in the NTC from illegally entering the US and address these lax immigration laws.

From early on Trump campaigned based on the idea of placing America’s interests first, and as a result has reevaluated many international treaties and policies. In 2016 the administration proposed scaling back funds for the NTC through the A4P, however this was blocked in Congress and the funds went through albeit in a decreasing value starting with $754 million in 2016 to only $535 million in 2019.

Another significant difference between the two administrations is that while Obama’s focused on large multi-lateral initiatives like the A4P, the Trump administration has elected to focus on a more bilateral approach, one that goes back and forth between cooperation and threats, to compliment the existing strategy.

Towards the end of 2018 the US and Mexico had announced the concept of a “Marshal Plan” for Central America with both countries proposing large sums of money to be given annually to help improve the economic and security conditions in the NTC. However in this last year it has become more apparent that there will be difficulties raising funds, especially due to their reliance on private investment organisations and lack of executive cooperation. Just last May, Trump threatened to place tariffs on Mexico due to its inability to decrease immigration flow. President López Obrador responded by deploying the National Guard to Mexico’s border with Guatemala, resulting in a decrease of border apprehensions by 56%[15] on the US Southwest border. This shows that the stick method can achieve results, but that real cooperation can not be achieved if leaders don’t see eye to eye and follow through on commitments. If large amount of funding where to be put in vague unclear programs and goals in the NTC, it is likely to end up in the wrong hands due to corruption[16].  

In terms of bilateral agreements with NTC countries, Trump has been successful in negotiation with Guatemala and Honduras in signing asylum cooperative agreements, which has many similarities with a safe third country agreement, though not exactly worded as such. Trump struck a similar deal with El Salvador, though sweetened it by granting a solution for over 200,000 Salvadorans living in US under a Temporary Protection Status (TPS).[17]

However, Trump has not been the only interested party in the NTC and Mexico. The United Nations’ ECLAC launched last year its “El Salvador-Guatemala-Honduras-Mexico Comprehensive Development Program”, which aims to target the root causes of migration in the NTC. It does this by promoting policies that relate to the UN 2030 agenda and the 17 sustainable development goals. The four pillars of this initiative being: economic development, social well-being, environmental sustainability, and comprehensive management of migratory patters[18]. However the financing behind this initiative remains ambiguous and the goals behind it seem redundant. They reflect the same goals established by the A4P, just simply under a different entity.

The main difference between the Obama and Trump administrations is that the A4P takes a slow approach aiming to address the fundamental issues triggering migration patterns, the results of which will likely take 10-15 years and steady multi-lateral investment to see real progress. Meanwhile the Trump administration aims to get quick results by creating bilateral agreements with these NTC in order to distribute the negative effects of migration among them and lifting the immediate burden. Separately, neither strategy appears wholesome and convincing enough to rally congressional and public support. However, the combination of all initiatives –investing effort both in the long and short run, along with additional initiatives like ECLAC’s program to reinforce the region’s goals– could perhaps be the most effective mechanism to combat insecurity, weak governance, and economic hardships in the NTC.

Los acuerdos de EEUU con el Triángulo Norte han podido tener un efecto disuasorio antes de entrar en vigor

En el primer mes tras la extensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) a los tres países del Triángulo Norte, las aprehensiones en la frontera de EEUU han caído por debajo de los últimos años. La reducción real de la afluencia de migrantes que esto evidencia tiene que ver con el mayor control de México sobre su frontera con Guatemala, pero también puede deberse al efecto disuasorio del anuncio de los acuerdos, cuya implementación no ha comenzado plenamente y por tanto aún deben demostrar si tendrán directa eficacia.

▲ Migrantes hondureños retenidos por la guardia fronteriza de Guatemala, en octubre de 2018 [Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / María del Pilar Cazali

Los intentos de entrada en Estados Unidos a través de su frontera con México no solo han vuelto ya a niveles de comienzos de año, antes de que la cifra de migrantes se disparara y cada mes marcara un nuevo récord hasta alcanzarse en mayo las 144.116 aprehensiones e inadmisiones (cifras de la guardia fronteriza estadounidense que permiten valorar indirectamente la evolución de la migración), sino que han seguido descendiendo hasta quedar por debajo de varios años previos.

El mes de octubre (el primer mes del año fiscal estadounidense de 2020), hubo 45.250 aprehensiones e inadmisiones en la frontera sur de EEUU, por debajo de la cifra de los meses de octubre de 2018, 2015 y 2016 (aunque no de 2017). Esto permite vaticinar que el total de aprehensiones e inadmisiones en el nuevo año fiscal quedará claramente por debajo del récord de 977.509 registrado en el de 2019. Ese auge tuvo que ver con las caravanas de migrantes que se iniciaron a finales de 2018 en el Triángulo Norte centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala), siguiendo una corriente migratoria que, con diferentes intensidades, comenzó en la década de 1980 por inestabilidades políticas y económicas de esos países.

Esta crisis migratoria llevó a que la administración estadounidense del presidente Trump aplicara políticas de deportación más duras, incluyendo el cambio de condiciones para las deportaciones expeditas. Además, la Casa Blanca presionó a México con la amenaza de aranceles a sus productos si no contribuía a reducir el flujo de migrantes que atravesaban suelo mexicano, lo que llevó al presidente López Obrador al despliegue de la recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Trump combinó esas medidas con la negociación con los países del Triángulo Norte de Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), que inicialmente fueron denominados impropiamente de “tercer país seguro”, lo que contribuyó a aumentar la controversia que generaron.

Acuerdo con Guatemala

Debido a amenazas estadounidenses de imponer aranceles a Guatemala si no lograba reducir el número de migrantes de ese país o que pasan por él rumbo a EEUU, el gobierno guatemalteco aceptó los términos de un trato anunciado por Trump el 26 de julio de 2019. El acuerdo prevé que quienes solicitan asilo en EEUU pero han pasado previamente por Guatemala, sean llevados de nuevo a este país para que puedan permanecer allí como asilados en caso de reunir las condiciones requeridas. Estados Unidos ve esto como un acuerdo de tercer país seguro.

Un acuerdo de tercer país seguro es un mecanismo internacional que posibilita acoger en un país a quienes solicitan asilo en otro. El acuerdo firmado en julio impede que los solicitantes de asilo puedan recibir protección estadounidense si pasaron por Guatemala y no solicitaron primero asilo allí. El objetivo estadounidense es evitar que los migrantes provenientes de Honduras y El Salvador pidan asilo en EEUU. La responsabilidad de gestionar las solicitudes de protección recaerá sobre Washington solo en tres supuestos: menores de edad no acompañados, personas con visa o documento de admisión emitido por EEUU o personas que no tengan la obligación de obtener una visa. Quienes no cumplan con los requisitos, serán enviados a Guatemala para esperar la resolución de su caso, que podría tardar años. Por otro lado, el acuerdo no impide que los solicitantes guatemaltecos y mexicanos puedan pedir asilo en EEUU.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, previamente había anunciado que un acuerdo similar podría llegar a ser parte de las negociaciones migratorias que se estaban llevando a cabo con EEUU. En Guatemala, tras el anuncio de lo acordado, surgieron múltiples críticas, porque las condiciones de seguridad de ambos países son incomparables. A esto se le sumaron rumores sobre cuál era el verdadero contenido del acuerdo que Morales había firmado, ya que no fue inmediatamente revelado al público. Ante esta incertidumbre, el ministro de Interior, Enrique Degenhart, declaró que el acuerdo era solo para hondureños y salvadoreños, no para nacionales de otros países latinoamericanos, y que el texto no mencionaba explícitamente el término “tercer país seguro”.

La semana siguiente al anuncio, fueron interpuestos tres recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, argumentando que el país no está en condiciones de prestar la protección que supuestamente ofrece y que el gasto que acarrearía debilitaría la situación económica de la propia población. Sin embargo, Degenhart defendió el acuerdo diciendo que las repercusiones económicas habrían sido peores si no se hubiere alcanzado el pacto con Washington, porque con los aranceles estadounidenses estaría en peligro la mitad de las exportaciones guatemaltecas y los puestos trabajos que le acompañan a estos sectores.

Estas críticas no provenían solo de ciudadanos guatemaltecos, sino también de figuras públicas como el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, invocando falta de transparencia por parte del gobierno. Rodas insistió en que Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro por sus bajos indicadores de producción, de educación, de salud pública y de seguridad. Parecidas ideas han expresado organizaciones como Amnistía Internacional también, para las que Guatemala no es seguro y no se puede considerar como refugio.

En su pronunciamiento, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala afirmó que el gobierno guatemalteco necesita someter el acuerdo a la aprobación del Congreso para que pueda ser efectivo. Esto ha sido rechazado por el gobierno, que estima que la política internacional es competencia directa del presidente del país y por tanto comenzará a implementar lo decidido con Washington sin más dilación.

Aprehensiones e inadmisiones realizadas por la guardia de frontera de EEUU, distribuidas por meses durante los últimos años fiscales (FY) [Tomado de CBP]

También con El Salvador y Honduras

A pesar de toda esta controversia generada desde el mes de julio a raíz del pacto con Guatemala, EEUU desarrolló esfuerzos similares con El Salvador y Honduras. El 20 de septiembre de 2019, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó un acuerdo asimilable a la figura del tercer país seguro, aunque tampoco fue llamado explícitamente así. Compromete a El Salvador a recibir solicitantes de asilo que aún no pueden ingresar a EEUU, similar al acuerdo con Guatemala. El acuerdo de El Salvador tiene los mismos tres supuestos en los que EEUU tendrá que hacer cargo de la protección de migrantes.

El gobierno salvadoreño ha recibido críticas similares, incluyendo la falta de transparencia en la negociación y la negación de la realidad de que el país es inseguro. Bukele justificó la firma diciendo que significaría la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los más 190.000 salvadoreños que viven en EEUU. En octubre de 2019, la cancillería salvadoreña dijo que este acuerdo no es de tercer país seguro porque El Salvador no se encuentra en las graves situaciones migratorias en las que están Guatemala y Honduras en cuanto a flujo de personas, por lo que es solamente un acuerdo de no violación de derechos para minimizar la cantidad de migrantes.

El 21 de septiembre de 2019 el gobierno hondureño también hizo público el anuncio de un acuerdo muy similar al aceptado por sus dos vecinos. Este dice que EEUU podrá deportar a Honduras solicitantes de asilo que hayan pasado por Honduras. Al igual que los otros dos países, el gobierno hondureño recibió críticas ya que no es un destino seguro para migrantes por ser de los países con tasas más altas de homicidio en el mundo.

Pese a las críticas generadas sobre los tres acuerdos, a finales de octubre de 2019 el gobierno de Donald Trump anunció que se encontraba en preparaciones finales para empezar a enviar solicitantes de asilo a Guatemala. Sin embargo, a finales de noviembre aún no se había producido el envío de solicitantes de asilo que no fueran guatemaltecos. La toma de posesión a comienzos de enero del presidente electo, Alejandro Giammattei, que anunció su deseo de anular ciertos términos del acuerdo, puede introducir alguna variante, aunque tal vez su propósito sea arrancar alguna concesión más a Trump, además de las visas agrícolas que Morales negoció para temporeros guatemaltecos.

Algunos diplomáticos de EEUU y Canadá que estuvieron La Habana entre 2016 y 2018 siguen sin recuperarse del todo de las dolencias sufridas

▲ Edificio de la Embajada de Estados Unidos en Cuba [Departamento de Estado]

ANÁLISIS / Eduardo Villa Corta

Hace tres años, personal diplomático de Estados Unidos destinado en Cuba comenzó a sentir molestias físicas supuestamente causadas por unos extraños sonidos a los que al parecer habían estado expuestos; Washington habló de un ˝ataque sónico˝. Sin embargo, si bien han podido determinarse como anómalos los síntomas padecidos por los afectados, no se ha logrado establecer lo que los provocó. ¿Fue realmente un ataque? ¿Quién estaría detrás? Repasamos aquí las principales hipótesis y conjeturas que se han realizado, y señalamos sus puntos débiles.

A finales de 2016 y principios de 2017 diversos diplomáticos estadounidenses con destino en La Habana, así como miembros de sus familias, reportaron sufrir mareos, vértigos y dolores agudos en los oídos que podían estar causados por unos extraños sonidos a los que habían estado expuestos. Según sus testimonios, los sonidos provenían de una dirección específica, y los habían escuchado en sus propias residencias o, en algunos casos, en habitaciones de hotel, mientras que las personas alojadas en casas vecinas o habitaciones contiguas no habían oído ningún sonido especial. El fenómeno también afectó a diplomáticos canadienses en la capital cubana. En total, unas cuarenta personas fueron atendidas por esos síntomas.

Ataque acústico

Haciéndose eco de los hechos reportados por su personal en Cuba, a mediados de 2017 el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que los síntomas podrían haber sido causados por un ataque sónico del gobierno cubano dirigido contra los diplomáticos y sus familias. En octubre de 2017, el presidente Donald Trump acusó directamente a La Habana: “Yo creo que Cuba es responsable; sí, lo creo”.

A comienzos de 2018 el Departamento de Estado emitió un comunicado de alerta para no viajar a Cuba debido a una posible crisis sanitaria y retiró a buena parte del personal de la misión diplomática de La Habana, reduciendo la actividad de esta al mínimo posible. Hasta ese momento un total de 24 estadounidenses se habían visto afectados.

Por entonces también el Gobierno canadiense indicó que diplomáticos suyos habían experimentado molestias similares. Ottawa decidió evacuar a las familias de sus empleados en Cuba y a comienzos de 2019 procedió a reducir el personal de la embajada ante lo que parecía ser la aparición de un decimocuarto caso.

El Gobierno cubano negó desde el primer momento estar implicado en ninguna operación de acoso contra EEUU o Canadá. ˝No hay ninguna prueba sobre la causa de las dolencias reportadas, ni tampoco hay pruebas que sugieran que esos problemas de salud hayan sido causados por un ataque de ningún tipo˝, aseguró La Habana. El Gobierno de Raúl Castro ofreció su cooperación en la investigación de los hechos, sin que saliera a la luz nada que pudiera explicar el caso. No aparecieron dispositivos que pudieran haber provocado los sonidos.

Agregando confusión a la situación, al menos dos diplomáticos estadounidenses destinados en China, ocupados en el consulado general de Guangzhou, el más grande que EEUU tiene en el país, presentaron a comienzos de 2018 también los síntomas ya descritos. Washington los evacuó y publicó una advertencia sanitaria sobre las misiones en la región continental de China.

La agencia Associated Press publicó en octubre 2017 una grabación de los supuestos sonidos causantes de la dolencia reportada, e indicó que las agencias gubernamentales habían sido incapaces de determinar la naturaleza del ruido y de explicar su relación con los trastornos corporales provocados. Meses después apuntó que los informes internos del FBI no establecían siquiera que hubiera habido un “ataque”. Otros medios destacaron la escasa cooperación en la investigación, por cuestiones de celo jurisdiccional, entre el Departamento de Estado, el FBI y la CIA.

Síntomas del “síndrome de la Habana”

Un equipo médico de la Universidad de Pensilvania, a petición del Gobierno estadounidense, examinó a 21 personas afectadas por lo que la prensa comenzó a llamar “síndrome de la Habana”. La investigación, publicada inicialmente en marzo de 2018 en el Journal of the American Medical Association (JAMA), indicó que la mayoría de los pacientes reportaba problemas de memoria, concentración y equilibrio, y determinó que parecían haber sufrido heridas en extensas redes cerebrales.

Datos posteriores del mismo equipo ampliados a 40 pacientes, dados a conocer en julio de 2019, condujeron a la conclusión de que los diplomáticos habían experimentado un cierto traumatismo craneoencefálico. Los resultados de las resonancias magnéticas, comparados con los de un grupo de personas sanas, permitía advertir diferencias en el volumen de las sustancias blanca y gris del cerebro, en la integridad de las microestructuras del cerebelo y en la conectividad funcional relativas a las subredes para la audición y la visión espacial, si bien no para las funciones ejecutivas.

Este informe concluyó que el personal diplomático había sido herido físicamente, aunque no pudo determinar la causa. También destacó que los pacientes no experimentan una recuperación usual, pues no se están recuperando rápidamente de los síntomas, como ocurre en otros casos de similares “contusiones” o problemas de oído.

SI NO FUE UN ATAQUE, ¿QUÉ FUE?

Al no haberse podido establecer una causa clara de lo que provocó los males padecidos por el personal diplomático de EEUU y Canadá y algunos miembros de sus familias, la misma realidad de un ataque ha sido puesto en cuestión. Aunque se han dado diversas explicaciones alternativas, sin embargo ninguna de ellas resulta plenamente convincente.

1) Histeria colectiva

Formulación. Algunos neurólogos y sociólogos, como Robert Bartholomew, han sugerido que podría tratarse de un caso de histeria colectiva. Dada la presión a la que se encuentran sometidos algunos de los diplomáticos que trabajan en entornos muy poco amigables, y la relación endogámica en la que viven, conviviendo casi exclusivamente entre ellos, podría explicar un convencimiento mutuo de un ataque exterior que incluso tuviera consecuencias somáticas.

Punto débil. Tanto la investigación de la Universidad de Pensilvania como el médico del Departamento de Estado, Charles Rosenfarb, que comparecenció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, vinieron a descartar que los síntomas sufridos por los diplomáticos se debieran a un mero mecanismo mental. Es muy difícil que unas sesenta personas, contando a estadounidenses y canadienses, se convencieran entre ellos de una agresión de este tipo y que luego casi todos ellos desarrollaran las mismas lesiones cerebrales.

2) Microondas

Formulación. El equipo investigador de la Universidad de Pensilvania, si bien no apuntó ninguna posible causa de las dolencias, no descartó ciertos supuestos, como el de la afectación por microondas. Sobre este aspecto insistió una investigación publicada en 2018 en la revista Neural Computation, que consideraba los síntomas consistentes con la exposición a una radiación de microondas electromagnéticas (RF/MW).

Punto débil. No todos los síntomas mostrados por los pacientes podrían ser consecuencia de la exposición de una radiación de ese tipo, que además cuenta con una literatura que diverge sobre sus efectos en el cuerpo humano. Además, no se conoce que exista un arma de microondas que pueda afectar al cerebro.

3) Ultrasonido

Formulación. Un equipo de expertos informáticos de la Universidad de Michigan sugirió en 2018 que podría tratarse de un caso de exposición a algún tipo de ultrasonido, quizá proveniente de un equipo de escucha en mal funcionamiento que mezclara múltiples señales ultrasónicas.

Punto débil. La grabación de uno de los episodios de sonido –la muestra difundida por AP– no es suficiente para poder determinar su naturaleza. También cabe que el sonido fuera algo distinto en otros de los casos.

4) Grillos

Formulación. Una investigación de la Universidades de California-Berkeley y de Lincoln, a partir de la muestra de sonido existente, consideró en enero de 2019 que la posible causa de los ataques fue hecha por grillos, específicamente los grillos Anurogryllus muticus. La investigación fue un estudio comparativo entre el sonido emitido por esa variante de grillos y la muestra de uno de los episodios acústicos de La Habana.

Punto débil. El sonido percibido por los diplomáticos era direccional, de forma que no fue escuchado por personas vecinas. Si hubieran sido grillos en su medio natural, el sonido se hubiera expandido alrededor.

5) Neurotoxinas

Formulación. Un estudio conjunto de dos centros de investigación canadienses de mayo de 2019 atribuyó los síntomas sufridos por los diplomáticos a la exposición a las neurotoxinas de pesticidas utilizados para fumigar mosquitos, una práctica habitual en los edificios de las embajadas.

Punto débil. Los diplomáticos afectados relacionaron el comienzo de su malestar físico con situaciones vividas en sus propias residencias o en habitaciones de hotel, donde no hubo las fumigaciones apuntadas.

SI FUE UN ATAQUE, ¿QUIÉN LO HIZO?

Dado las explicaciones previas no parecen del todo sólidas, el Gobierno de EEUU mantiene la hipótesis de un ataque. Si este realmente se hubiera producido, ¿quién estaría detrás? También aquí hay diversas conjeturas.

1) Régimen castrista

La primera opción barajada, asumida en principio por EEUU dadas las acusaciones públicas realizadas desde Washington, ha sido atribuir los supuestos ataques al propio régimen cubano. Con ellos La Habana pretendería mantener la presión sobre los estadounidenses, a pesar del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas, con el objetivo de marcar el territorio de cada cual.

Punto débil. Los incidentes comenzaron a ocurrir durante la Administración Obama, en un contexto de ˝luna de miel˝ marcada por la reapertura de embajadas y la visita de Barack Obama a La Habana. Lo normal es que a finales de 2016, ante las elecciones norteamericanas, el régimen castrista no quisiera dar motivos al próximo presidente estadounidense para torcer la línea diplomática abierta por Obama. Podría tener sentido que tras la revocación que luego hizo Donald Tump de las medidas aperturistas previas, Cuba quisiera castigar a la nueva Administración, pero no antes de ver la dirección que esta tomaba; en cualquier caso, los ataques no harían sino justificar la línea dura seguida por Trump, que no beneficia a la isla.

2) Un sector del castrismo

A Fidel Castro se le atribuyó una actitud poco complaciente con la decisión de su hermano Raúl de restablecer las relaciones diplomáticas con EEUU. Aunque murió en noviembre de 2016, personas de su entorno podrían haber intentado torpedear esa aproximación, convencidos de que la hostilidad con Washington era la mejor manera de asegurar la pervivencia del régimen tal como fue concebido por su fundador.

Punto débil. Si bien es cierta la reticencia de Fidel Castro hacia el acercamiento con EEUU, es difícil pensar que el sector más conservador dentro del castrismo osara boicotear tan directamente la fundamental línea política de Raúl Castro. Otra cosa es que, después de que este cediera la presidencia de Cuba a Miguel Díaz-Canel en abril de 2018, algunos sectores dentro del régimen pudieran protagonizar movimientos internos para enviar ciertos mensajes, pero el relevo se produjo cuando ya se habían dado la mayor parte de los episodios acústicos.

3) Un tercer país (Rusia, China)

La tercera opción sería que un tercer país haya generado los ataques. La inteligencia americana señala que la opción más viable en este caso sería Rusia. Moscú ha puesto interés en volver a operar en el Caribe, como en la Guerra Fría, y agresión a los diplomáticos estadounidenses en Cuba encajaría con su estrategia. También se ha apuntado que China podría querer pagar a Washington en su patio trasero con el mismo hostigamiento que los chinos creen sentir por parte de EEUU en sus mares más próximos.

Punto débil. El regreso de Rusia al Caribe está ciertamente documentado, y puede ser imaginable que Moscú hubiera podido haber impulsado una acción puntual contra algún objetivo específico, pero parece difícil que haya sostenido en el tiempo una operación que lesiona la soberanía de Cuba. En cuanto a la presencia de China en el vecindario de EEUU, se trata de un movimiento de menor confrontación que el llevado a cabo por Rusia. Por lo demás, si Pekín hubiera escogido suelo extranjero para así borrar mejor los trazos de una acción contra diplomáticos estadounidenses, entonces no se habrían dado los casos registrados en Guangzhou.

▲ Intervención de Almagro en la inauguración de la 49ª Asamblea General de la OEA, en Medellín (Colombia) en junio de 2019 [OEA]

COMENTARIO / Ignacio Yárnoz

En la Asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Medellín el pasado mes de junio se pudieron constatar las tensiones y la división que actualmente existen en el seno de este organismo internacional. En primer lugar, esas discrepancias fueron evidentes en la cuestión la cuestión venezolana, asunto que protagonizó la reunión con la presentación de informes de migraciones, críticas al régimen bolivariano y la presencia de la delegación venezolana representando al Gobierno de Guaidó encabezada por el embajador Gustavo Tarre.

Estos hechos fueron acogidos con el rechazo de gran parte de los países caribeños, quienes abandonaron la sala en la presentación de los informes y declararon su negativa a cumplir cualquier resolución de la OEA en la que la delegación de Venezuela votara a favor. Y es que, en opinión de los países caribeños, Venezuela formalmente abandonó la organización el mes de marzo y la presencia de la delegación de Guaidó como legítima representante de Venezuela contraviene el Derecho Internacional y los principios de la Carta de la OEA, dado que representa a un Gobierno sin control efectivo del territorio ni legitimidad legal. Pero los países del Caricom no fueron los únicos en expresar su protesta, la delegación de Uruguay también abandonó la sala y la de México manifestó su desagrado por la presencia opositora venezolana como delegación de pleno derecho.

La controversia, sin embargo, no solo dejaba ver las discrepancias sobre el modo de afrontar la crisis venezolana, sino que también reflejaba otra realidad de fondo, y es que la candidatura de Luis Almagro para ser reelegido como secretario general de la organización pende de un hilo.

El mes de diciembre del pasado año, el uruguayo Almagro anunció formalmente que, a petición de Colombia y Estados Unidos, había decidido presentarse a la reelección con la seguridad de tener los votos necesarios. Desde entonces, sin embargo, el paisaje de la reelección se ha oscurecido. La votación tendrá lugar el primer semestre del año 2020 y para conseguir ser reelegido Almagro necesita al menos 18 votos de los 35 países de la OEA (si incluimos a Cuba, aunque no participe activamente).

Variables

El futuro de Almagro, que llegó al cargo en mayo de 2015, depende de varios factores que se irán desarrollando este año. Principalmente, las elecciones generales de Argentina, Canadá, Uruguay y Bolivia, que se celebrarán entre octubre y noviembre. Sin embargo, existen otras variables que también pueden afectar a su reelección, como el apoyo que obtenga de los países del Grupo de Lima o la posible división entre los miembros del Caricom al respecto. A continuación, revisaremos uno a uno estos supuestos.

En el caso de las elecciones de Bolivia, Almagro ya ha jugado sus cartas y ha sido acusado de haber utilizado una doble vara de medir al criticar duramente el régimen de Maduro, pero después no mostrarse crítico con la posibilidad de reelección de Evo Morales por tercera vez. Dicha reelección supuestamente no es legal según la Constitución boliviana y fue vetada por la población en un referéndum, pero el presidente Evo Morales ha hecho caso omiso bajo pretexto de que impedirle ser candidato de nuevo va contra los derechos humanos, argumentación luego avalada por la Corte Suprema de Bolivia. La Secretaría General de la OEA, pese a no estar de acuerdo con el “derecho a ser reelegido”, no elevó ninguna crítica ni se posicionó en contra de dicha elección supuestamente debido al posible voto de Bolivia a favor de Almagro, algo que podría pasar si Evo Morales sale finalmente reelegido pero que no es completamente seguro tampoco. Sin embargo, de no ser así, ya se ha granjeado la animadversión de los candidatos de la oposición como Carlos Mesa u Óscar Ortiz y del jefe opositor Samuel Doria Medina quienes de salir elegidos no votarían a favor de él.

Respecto a Guatemala, la primera vuelta de las elecciones presidenciales dio la victoria a Sandra Torres (22,08% de los votos) y a Alejandro Giammattei (12.06% de los votos), quienes el domingo 11 de agosto se enfrentarán en la segunda vuelta. En el caso de que Torres saliera elegida, tal vez alinee su postura con la de México adoptando una política menos injerencista respecto a Venezuela y por tanto en contra de Almagro. En el caso de la victoria de Giammattei, político de centro-derecha, es probable que alinee sus posiciones con Almagro y que vote a favor de él. Guatemala siempre ha estado alineado con las posturas de EEUU, por lo que es dudoso que el país vote contra una candidatura apoyada por Washington, aunque no imposible.

En cuanto a Argentina y Canadá, la posición dependerá de si el candidato vencedor en sus respectivas elecciones es conservador o progresista. Incluso en el caso de Canadá está abierta la posibilidad de un rechazo de Almagro independientemente de la orientación política del nuevo Gobierno, ya que si bien Canadá ha sido crítico con el régimen de Maduro, también ha criticado la organización interna de la OEA bajo el mando del actual secretario general. Por lo que afecta a Argentina, sí existe una clara diferencia entre los candidatos presidenciales: mientras Mauricio Macri representaría la continuidad en el apoyo a Almagro, la fórmula Alberto Fernández–Cristina Kirchner supondría claramente un rechazo.

Uruguay representa un caso curioso de cómo afecta la política interna y los juegos políticos entre miembros incluso del mismo partido. No debemos olvidar que Luis Almagro fue ministro en el Gobierno de Pepe Mujica y que su primera candidatura a secretario general fue presentada por Uruguay. Sin embargo, dada la división en la formación política a la que pertenecía, Frente Amplio, se ganó algunos enemigos como los del actual gobierno de Tabaré Vázquez. Es por eso que Uruguay ha sido tan crítico con Luis Almagro pese a ser un compatriota y compañero de partido. Sin embargo, no debemos dudar que también tendrá sus amistades en el partido que hagan cambiar la postura de Uruguay. De ser así, no importaría el candidato que salga elegido (Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional o Daniel Martínez por el Frente Amplio) que Almagro tendría asegurado el voto: el de la derecha del Partido Nacional al tener unas tesis más críticas con Maduro (de hecho, reconocieron como partido al Gobierno de Guaidó y criticaron la neutralidad de Uruguay), o el de la izquierda del Frente Amplio por los contactos que Almagro pueda tener, aunque esto último sea aún una hipótesis dado que el ala más extrema del partido es la que aún tiene la mayoría de los votos dentro del Frente Amplio.

Otro aspirante

No obstante, las opciones de Almagro para la reelección podrían verse frustradas si presenta su candidatura otro aspirante que pudiera ganarse la simpatía del Grupo de Lima, creado en agosto de 2017 e integrado por una docena de países de América para coordinar su estrategia en relación a Venezuela. Perú suena como el que posiblemente presente un candidato: Hugo de Zela, un diplomático peruano con 42 años de carrera que en abril fue nombrado embajador de Perú en Washington y que ha jugado un papel muy relevante dentro del Grupo de Lima como coordinador. Además, De Zela conoce la estructura de la OEA dado que ha ejercido como jefe de gabinete de la Secretaría General en dos ocasiones: primero, entre 1989 y 1994, cuando el titular del organismo era el brasileño Joao Clemente Baena Soares; y luego entre 2011 y 2015, con el chileno José Miguel Insulza. Este candidato, aparte de su amplia experiencia política, tiene como baza el hecho de haber sido coordinador del Grupo de Lima, lo que podría dar garantías acerca de la colaboración entre ese grupo y la OEA sobre la cuestión venezolana.

Si De Zela decidiera presentarse, el Grupo de Lima podría romperse y dividir sus votos, lo que podría favorecer a los intereses de los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), que suelen votar en bloque y que se han mostrado descontentos con la gestión de Almagro sobre la crisis venezolana. De hecho, el Caricom ya está pensando en presentar un candidato que tenga en cuenta los intereses de esos países, principalmente el cambio climático. Los nombres que suenan entre los miembros del Caricom son el embajador ante la OEA de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, o la representante de Barbados ante la ONU, Liz Thompson.

Sin embargo, queda una esperanza en la comunidad del Caricom para Almagro. Santa Lucía, Haití, Jamaica y las Bahamas rompieron filas en el momento de votar la admisión del embajador Gustavo Tarre nombrado por el Gobierno de Guaidó para representar a Venezuela ante la OEA (aunque técnicamente lo que apoyaron es que fuera designado como “representante permanente designado de la Asamblea Nacional, en espera de nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno elegido democráticamente”). Estos cuatro países, aunque con una posición más moderada que la del Grupo de Lima, se unieron a su posición aceptando la designación de dicho representante con el matiz anteriormente mencionado. Esta es la tercera ocasión en lo que va del año que han roto filas en Caricom en el tema venezolano. Esto podría dar al secretario general una baza con la que poder jugar para lograr el apoyo de alguno de estos cuatro países, aunque necesitará de hábiles técnicas de negociación y dar algo a cambio a estos países, ya sean puestos en la secretaría general o bien beneficios en nuevos programas y becas de desarrollo integral o cambio climático, por ejemplo.  

En conclusión, en el mejor escenario posible para Almagro y suponiendo que ningún país del Grupo de Lima presentara un candidato alternativo, la candidatura a la reelección del actual secretario general contaría con 12 votos asegurados, 4 negociables de Santa Lucía, Jamaica, Haití y Bahamas y 5 pendientes de las elecciones (Guatemala, Canadá, Uruguay, Argentina y Bolivia). Está claro que votarán en contra México, gran parte del Caricom (Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago) y Nicaragua. Además, debemos añadir el hecho de que cualquier candidatura puede ser presentada hasta 10 minutos antes de la Asamblea General extraordinaria, lo que da pie aún más a juegos políticos en la sombra y sorpresas de última hora. Como podemos ver, es una situación muy difícil para el secretario general y de seguro va a suponer más de un quebradero de cabeza en esta aritmética de votos por conseguir el puesto. Sin duda una pugna por el puesto que dará mucho de lo que hablar de aquí a febrero 2020.