Las siempre complicadas negociaciones se ven dificultadas aún más por los 75.000 millones de euros que el Reino Unido deja de aportar

ANÁLISIS / Pablo Gurbindo Palomo

Las negociaciones para el presupuesto europeo para el periodo 2021-2027 son cruciales para el devenir de la Unión. Tras el fracaso de la cumbre extraordinaria de los días 20 y 21 de febrero el tiempo se acaba y los Estados miembros deben aparcar sus diferencias para llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre de 2020.

La negociación de un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) europeo es siempre complicada y capital pues la ambición de la Unión depende de la cantidad de dinero que los Estados miembros estén dispuestos a aportar. Pero la negociación de esta nueva partida presupuestaria, para el periodo 2021-2027, tiene una complicación añadida: es la primera sin el Reino Unido tras el Brexit. Esta complicación no reside en la ausencia de los británicos en las negociaciones (para algunos eso es más un alivio) sino en los 75.000 millones de euros que han dejado de aportar.

¿Qué es el MFP?

El Marco Financiero Plurianual es el marco presupuestario de la UE a largo plazo y establece los límites de gasto de la Unión, tanto en su conjunto como en sus diferentes ámbitos de actividad, para un plazo no inferior a 5 años. Aparte, el MFP incluye una serie de disposiciones y de “instrumentos especiales” más allá, para que, aún en circunstancias imprevistas como crisis o emergencias, puedan emplearse fondos para afrontar el problema. Por eso el MFP es capital, pues marca las prioridades políticas y los objetivos para los próximos años.

Este marco es propuesto inicialmente por la Comisión y, sobre esta base, el Consejo (compuesto por todos los Estados miembros) negocia y tiene que llegar a un acuerdo unánime. Tras esto la propuesta es enviada al Parlamento Europeo para su aprobación.

La cantidad que se destina al MFP se calcula con la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros, es decir, la suma de las retribuciones de los factores de producción de todos los miembros. Pero también forman parte derechos aduaneros, gravámenes agrícolas y azucareros y otros ingresos como el IVA.

Alianzas para la guerra

En la UE hay países que son “contribuidores netos” y otros “receptores netos”. Unos pagan más a la Unión de lo que reciben a cambio y otros, por contra, reciben más de lo que aportan. Por ello las posturas de los países están viciadas cuando afrontan estas negociaciones: unos quieren pagar menos dinero y otros no quieren recibir menos.

Como toda guerra europea que se precie, las alianzas y coaliciones han sido formadas previamente.

La propuesta de la Comisión para el MFP 2021–2027, realizada el 2 de mayo de 2018, ya puso nerviosas a muchas capitales europeas. La propuesta era del 1,11 % de la RNB (ya excluyendo al Reino Unido). En ella se preveían aumentos presupuestarios para el control de las fronteras, la defensa, la migración, la seguridad interior y exterior, la cooperación al desarrollo y la investigación, entre otros ámbitos. Pero, por otro lado, se preveían recortes en la Política de Cohesión (ayudas para ayudar a las regiones más desfavorecidas de la Unión) y la Política Agrícola Común (PAC).

El Parlamento presentó un informe provisional sobre esta propuesta en la que pidió que se subiera al 1,3 % de la RNB (lo que corresponde a una subida del 16,7% de la propuesta anterior). Además, los parlamentarios pedían, entre otras cosas, que se mantuvieran los fondos para la cohesión y la agricultura como en el marco presupuestario anterior.

El 2 de febrero de 2019 la presidencia finlandesa del Consejo propuso un marco de negociación a partir del 1,07 % de la RNB.

Esta sucesión de acontecimientos provocó la aparición de dos bloques antagónicos: el club de los frugales y los amigos de la cohesión.

El club de los frugales está compuesto por cuatro países del norte de Europa: Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Austria. Estos países son todos contribuidores netos y abogan por un presupuesto no superior al 1 % de la RNB. Por otro lado, piden que los recortes se hagan en partidas que consideran “anticuadas” como los fondos de cohesión o la PAC y quieren aumentar el presupuesto en otras como I+D, defensa y lucha contra la inmigración o cambio climático.

El canciller austriaco, Sebastian Kurz, ya ha anunciado que vetará en el Consejo cualquier propuesta que exceda el 1 % de la RNB.

Los amigos de la cohesión integran a quince países del sur y este de la Unión: España, Bulgaria, República Checa, Chipre, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Todos estos países son receptores netos y demandan que se mantengan los fondos destinados a la PAC y a la política de cohesión, y que el presupuesto comunitario se base en entre el 1,16 y 1,3 % de la RNB.

Este nutrido grupo se reunió el pasado 1 de febrero en la localidad portuguesa de Beja. Allí trataron de mostrar una imagen de unidad antes de los primeros días de debate del MFP, que se llevarían a cabo en Bruselas los días 20 y 21 de ese mismo mes. También anunciaron que bloquearán cualquier tipo de recorte.

Será curioso ver si con el avance de las negociaciones los bloques se mantendrán fuertes o cada país tirará hacia lo que más le convenga.

Fuera de estos dos grupos destacan los dos grandes contribuidores netos, que son quienes mueven los hilos de lo que ocurre en la UE: Alemania y Francia.

Alemania es más cercana a los frugales al querer un presupuesto más austero y destinar más dinero a partidas más modernas como la digitalización o la lucha contra el cambio climático. Pero ante todo quiere que se llegue a un acuerdo rápido.

Francia, por su parte, es más próxima a los amigos de la cohesión al querer mantener una PAC fuerte, pero también quiere un mayor gasto en defensa.

El problema de los “rebates”

Y si todas estas variables no fueran suficientes, hay que añadir la figura de los cheques compensatorios o “rebates”. Estos son descuentos a la aportación de un país al presupuesto. Esta figura se creó en 1984 para el Reino Unido, durante la presidencia de la conservadora Margaret Thatcher. Para la “Dama de Hierro” la cantidad que aportaba su país al presupuesto era excesiva, ya que la mayor parte del monto (un 70%) iba destinado a la PAC y a los Fondos de Cohesión, de los que el Reino Unido apenas se beneficiaba. Por ello se acordó que el Reino Unido tendría ciertos descuentos en su aportación presupuestaria de forma permanente y completa.

Estos cheques compensatorios se han entregado desde entonces a otros países contribuidores netos, pero estos se tenían que negociar con cada MFP y eran parciales sobre un ámbito concreto como el IVA o las contribuciones. Esta figura ya se intentó eliminar sin éxito en 2005.

Para los frugales y Alemania estos cheques deben mantenerse, en oposición a los amigos de la cohesión y especialmente Francia, que quieren que desaparezcan.

Sánchez busca su primera victoria en Bruselas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se juega mucha de su credibilidad tanto en Europa como en España en estas negociaciones.

En Europa, para muchos fracasó en las negociaciones para la nueva Comisión. Sánchez partía en una posición de fuerza al ser el líder de la cuarta economía de Europa, tras la salida del Reino Unido. Además, era el miembro más fuerte del grupo parlamentario socialista, de capa caída los últimos años a nivel europeo, pero segunda fuerza en las elecciones al Parlamento Europeo. Por ello, para muchos, la elección del español Josep Borrell como Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sin ningún otro socialista en puestos capitales, fue visto como un fracaso.

Sánchez tiene la oportunidad en las negociaciones de mostrarse como un líder fuerte y confiable para que el eje franco-alemán cuente con España para llevar a cabo los importantes cambios que la Unión tiene que hacer en los próximos años.

Por otro lado, en España, Sánchez tiene al campo en pie de guerra por las perspectivas de reducción de la PAC. Y se juega mucha de su credibilidad tras su victoria en las elecciones del año pasado y la formación de la “coalición progresista” con el apoyo de Podemos y los independentistas. El Gobierno español ya se ha posicionado con los agricultores, y no puede permitirse una derrota.

Los agricultores españoles son muy dependientes de la PAC. Según el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación: “en 2017, un total de 775.000 perceptores recibieron 6.678 millones de euros por esta vía. En el período 2021-2027 nos estamos jugando más de 44.000 millones de euros.”

Estas ayudas de la PAC son de dos tipos diferentes:

• Ayudas directas: unas se conceden por volumen de producción, por cultivo (denominadas “acopladas”), y las otras, las “desacopladas”, se conceden por razón de las hectáreas, no por producción o por rendimiento y han sido criticadas por algunos sectores.

• Ayudas indirectas: no van destinadas directamente al agricultor, sino que se utilizan para el desarrollo de las zonas rurales.

El volumen de las ayudas recibidas varía dependiendo del sector, pero pueden suponer hasta el 30 % de la renta de un agricultor. Sin estas ayudas gran parte del campo español y de otros países europeos no puede competir con productos que vienen de fuera de la Unión.

Fracaso de la primera cumbre presupuestaria

Los días 20 y 21 de febrero tuvo lugar una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo para llegar a un acuerdo. La cosa no empezó bien con la propuesta del presidente del Consejo, Charles Michel, de un presupuesto basado en el 1,074 % de la RNB. Esta propuesta no convenció a nadie, ni a los frugales por excesiva, ni a los amigos de la cohesión por insuficiente.

La propuesta de Michel incluyó una complicación añadida al querer vincular la entrega de ayudas al cumplimiento del Estado de Derecho. Esta medida puso en guardia al denominado grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), pues desde el oeste de la Unión ponen en entredicho los Estados de Derecho de algunos de estos países. Así que otro grupo se sube a la palestra.

Los servicios técnicos de la Comisión lanzaron varias propuestas para intentar contentar a todos. La final fue del 1,069 % de la RNB. Acercándose más al 1 %, e incluyendo un aumento en los “rebates” para Alemania, Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca, para contentar a los frugales y atraer a los alemanes. Pero también un aumento en la PAC para contentar a los amigos de la cohesión y Francia, a costa de reducir otras partidas presupuestarias como los fondos en investigación, defensa y exteriores.

Pero los bloques no se movieron. Los frugales siguen enrocados en el 1 %, y los amigos de la cohesión en respuesta han decidido hacer lo mismo, pero en el 1,3 % que propuso el Parlamento Europeo (aunque sepan que no es realista).

Ante la falta de acuerdo Michel disolvió el encuentro; se espera que en las próximas semanas haya conversaciones y se convoque otra cumbre.

Conclusión

La UE tiene un problema: su ambición no se iguala con el compromiso de sus Estados miembros. La Unión tiene que reinventarse y ser más ambiciosa, dicen sus integrantes, pero a la hora de la verdad son pocos los que están dispuestos verdaderamente a contribuir y aportar lo que sea necesario.

La Comisión Von der Leyen llegó con tres planes estrella: el Pacto Verde Europeo para convertir a Europa en el primer continente neutro en carbono; la digitalización, y, de la mano de Josep Borrell, una mayor implicación internacional por parte de la Unión. Pero en cuanto han empezado las negociaciones del presupuesto y se ha visto que esto conllevaría un aumento del gasto, cada país ha tirado hacia lo que más le conviene y han sido este tipo de propuestas las primeras en caer en recortes ante la imposibilidad de un entendimiento.

Se tiene que llegar a un acuerdo para antes del 31 de diciembre de 2020, si no se quiere que no haya dinero para nada: ni para PAC, ni para “rebates” ni incluso para Erasmus.

Los Estados miembros deben entender que para que la UE sea más ambiciosa ellos mismos tienen que ser más ambiciosos y estar dispuestos a involucrarse más, con el aumento del presupuesto que ello conlleva.

Las aspiraciones georgianas de integración en la Unión Europea y en la OTAN se topan con el temor occidental de una reacción desmesurada de Rusia

▲ Vista de Tiblisi, la capital de Georgia, con el palacio presidencial al fondo [Pixabay]

ANÁLISIS / Irene Apesteguía

En tiempos griegos, Jasón y los Argonautas emprendieron un viaje en busca del Vellocino de Oro, con una dirección clara: las actuales tierras de Georgia. Más adelante, en época romana, estas tierras estuvieron divididas en dos reinos: Cólquida e Iberia. De ser un territorio cristiano, Georgia pasó a ser conquistada por los musulmanes y sometida posteriormente a los mongoles. En esta época, en el siglo XVI, la población se vio reducida debido a las continuas invasiones persas y otomanas.

En 1783, el reino georgiano y el imperio ruso acordaron el Tratado de Gueórguiyevsk, por el que ambos territorios se comprometían a brindarse mutuo apoyo militar. Este acuerdo no logró evitar que la capital georgiana fuera saqueada por los persas, algo que fue permitido por el zar ruso. Y fue este, el zar Pablo I de Rusia, quien en 1800 firmó la correspondiente incorporación de Georgia al imperio ruso, aprovechándose del momento de debilidad georgiano.

Tras la desaparición de la República Democrática Federal de Transcaucasia y gracias al colapso ruso iniciado en 1917, el primer estado moderno de Georgia fue creado: la República Democrática de Georgia, que entre 1918 y 1921 luchó con el apoyo de Alemania y las fuerzas británicas contra el imperio ruso. La resistencia no duró y la ocupación del Ejército Rojo ruso llevó en 1921 a la incorporación del territorio georgiano a la Unión de Repúblicas Soviéticas. En la Segunda Guerra Mundial, setecientos mil soldados georgianos tuvieron que luchar contra sus antiguos aliados alemanes.

En esos tiempos estalinistas, Osetia fue dividida en dos, constituyéndose la parte sur como región autónoma perteneciente a Georgia. Más tarde, se repitió el proceso con Abjasia, y así se formó la actual Georgia. Setenta años después, el 9 de abril de 1991 la República Socialista Soviética de Georgia declaró su independencia con el nombre de Georgia.

Cada tiempo tiene su “caída del Muro de Berlín”, y este se caracteriza por la desintegración de la antigua Rusia. No creó por tanto ninguna sorpresa el gran conflicto armado que se desenvolvería en 2008 como consecuencia de los conflictos paralizados entre Georgia y Osetia del Sur y Abjasia desde los inicios del pasado siglo.

Desde la desintegración de la URSS

Tras la desintegración de la URSS, la configuración territorial del país llevó a la tensión con Rusia. Con la independencia hubo disturbios civiles y una gran crisis política, ya que no se tuvo en cuenta el parecer de la población de los territorios autónomos y se violaron las leyes de la URSS al respecto. Como hermanas gemelas, Osetia del Sur deseaba unirse a Osetia del Norte, es decir, a una parte rusa, siguiendo Abjasia de nuevo sus pasos. Moscú reconoció a Georgia sin modificación de fronteras, quizás por miedo a una actuación similar al caso checheno, pero durante dos largas décadas actuó como padre protector de las dos regiones autónomas.

Con la independencia, Zviad Gamsajurdia se convirtió en el primer presidente. Tras un golpe de Estado y una breve guerra civil llegó al poder Eduard Shevardnadze, un político georgiano que en Moscú había colaborado estrechamente con Gorbachov en la articulación de la perestroika. Bajo la presidencia de Shevardnadze, entre 1995 y 2003, se produjeron guerras étnicas en Abjasia y Osetia del Sur. En torno a unas diez mil personas perdieron la vida y miles de familias abandonaron sus hogares.

En 2003 la Revolución de las Rosas contra el desgobierno, la pobreza, la corrupción y el fraude electoral facilitó la restauración de la integridad territorial, el retorno de los refugiados y la aceptación de las distintas etnias. Sin embargo, las reformas democráticas y económicas que se plantearon no dejaron de ser un anhelado sueño.

Uno de los líderes de la Revolución de las Rosas, el abogado Mijail Saakashvili, llegó a la presidencia un año después, declarando la integridad territorial georgiana e iniciando una nueva política: la amistad con la OTAN y la Unión Europea. Esa aproximación a Occidente, y especialmente a Estados Unidos, puso sobre aviso a Moscú.

La importancia estratégica de Georgia se debe a su centralidad geográfica en el Cáucaso, pues se halla en medio del trazado de nuevos oleoductos y gaseoductos. La seguridad energética europea avalaba el interés de la UE por una Georgia no supeditada al Kremlin. Saakashvili hizo guiños a la UE y también a la OTAN, aumentando el número de efectivos militares y el gasto en armamento, algo que en 2008 no le vino nada mal.

Saakashvili tuvo éxito con sus políticas en Ayaria, pero no en Osetia del Sur. El mantenimiento de la tensión en esa zona y diversas disputas internas generaron una gran inestabilidad política que motivó la renuncia del mandatario.

Al terminar el mandato de Saakashvili en 2013, pasó a ocupar la presidencia el comentarista y político Giorgi Margvelashvili, como cabeza de lista de Sueño Georgiano. Margvelashvili mantuvo la línea de acercamiento a Occidente, tal como ha hecho desde 2018 la actual presidenta, Salome Zurabishvili, una política nacida en Francia, también de Sueño Georgiano.

Lucha por Osetia del Sur

La guerra de 2008 fue iniciada por Georgia. Rusia también contribuyó a crear malas relaciones previas, embargando importaciones de vino georgiano, repatriando inmigrantes indocumentados georgianos e incluso prohibiendo vuelos entre ambos países. En el conflicto, que afectó a Osetia del Sur y a Abjasia, Saakashvili contó con un Ejército modernizado y preparado, y también con el apoyo absoluto de Washington.

Las batallas comenzaron en la principal ciudad de Osetia del Sur, Tsjinval, cuya población es mayoritariamente de origen ruso. A los bombardeos aéreos y terrestres del Ejército georgiano siguió la entrada en el territorio de los tanques rusos. Moscú logró el control de la provincia y expulsó a las fuerzas georgianas. Tras cinco días, la guerra terminó con un balance de entre ochocientos y dos mil muertos, según los distintos cómputos de cada bando, y múltiples violaciones de las leyes de guerra. Además, numerosos informes encargados por la Unión Europea mostraron que las fuerzas de Osetia del Sur “destruyeron deliberada y sistemáticamente aldeas de etnia georgiana”. Estos informes también afirmaron que fue Georgia la que inició el conflicto, si bien la parte rusa había realizado múltiples provocaciones y además reaccionado de forma desmesurada.

Tras el alto al fuego del 12 de agosto, las relaciones diplomáticas entre Georgia y Rusia quedaron suspendidas. Moscú retiró sus tropas de parte del territorio georgiano que había ocupado, pero permaneció en las regiones separatistas. Desde entonces Rusia reconoce a Osetia del Sur como territorio independiente, al igual que hacen algunos aliados rusos como Venezuela o Nicaragua. Los propios osetios no reconocen tener lazos culturales e históricos con Georgia, sino con Osetia del Norte, es decir, con Rusia. Por su parte, Georgia insiste en que Osetia del Sur está dentro de sus fronteras, y el mismo gobierno se encargará de ello como una cuestión de orden público, solucionando así un problema calificado de constitucional.

Dado el acercamiento de Georgia a la UE, el conflicto bélico dio pie a la diplomacia europea a tener un papel activo en la búsqueda de la paz, con el despliegue de doscientos observadores en la frontera entre Osetia del Sur y el resto de Georgia, en sustitución de las tropas de paz rusas. En realidad, la UE pudo haber intentado antes una reacción más contundente frente a las acciones de Rusia en Osetia del Sur, lo que algunos observadores creen que hubiera evitado lo que después pasó en Crimea y el este de Ucrania. En cualquier caso, a pesar de haber iniciado el conflicto, esto no afectó a la relación de Tiflis con Bruselas, y en 2014 Georgia y la UE firmaron un Acuerdo de Asociación. Actualmente podemos asegurar que Occidente ha perdonado a Rusia su comportamiento en Georgia.

La guerra, aunque corta, tuvo un claro impacto negativo en la economía de la región osetiana, que en medio de las dificultades se hizo dependiente de Moscú. No obstante, las ayudas financieras rusas no llegan a la población debido al alto nivel de corrupción.

La guerra terminó, pero no los roces. Además de un problema de refugiados, también se da un problema de seguridad, con asesinatos de georgianos en las fronteras con Osetia del Sur. La cuestión no está cerrada, pero a pesar de que el riesgo sea leve, todo queda en manos de Rusia, que además de controlar e influir en la política, dirige el turismo en la zona.

Esta no resolución del conflicto dificulta la estabilización de la democracia en Georgia y con ello la posible entrada a la institución europea, dado que las minorías étnicas alegan falta de respeto y protección de sus derechos. A pesar de que los mecanismos de gobierno siguen siendo escasos en estos conflictos, se observa claramente que las reformas adquiridas últimamente en el sur del Cáucaso han llevado a promover el diálogo inclusivo con las minorías y a una mayor responsabilidad estatal del asunto. 

Últimas elecciones

El noviembre de 2018 se celebraron las últimas elecciones presidenciales por sufragio directo en el país, pues desde 2024 ya no serán los ciudadanos los que voten a su presidente, sino los legisladores y ciertos compromisarios, debido a una reforma constitucional que transforma el país en una república parlamentaria.

En 2018 se enfrentaron en la segunda vuelta el candidato del Movimiento Nacional Unido, Grigol Vashdze, y la candidata de Sueño Georgiano, Salome Zurabishvili. Con el 60% de los votos, la candidata de centro izquierda se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de Georgia. Ganó con una apuesta europea: “más Europa en Georgia y Georgia en la Unión Europea”. Su toma de posesión fue acogida con manifestantes que alegaban irregularidades en las elecciones. La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) avaló el proceso electoral, aunque señaló la falta de objetividad de los medios públicos durante la campaña.

Algunos medios georgianos consideran que Sueño Georgiano gozó de una “ventaja indebida”, por la intervención en la campaña del exprimer ministro Bidzina Ivanishvili, hoy un adinerado financiero, quien anunció públicamente un programa de ayuda para seiscientos mil georgianos. Quedó en evidencia que Ivanishvili tira de los hilos y las palancas de poder en el país. Ese cuestionamiento de la limpieza de la campaña llevó a que Georgia haya bajado en calidad democrática en los índices de 2018.

Acto público presidido en enero por Salome Zurabishvili en el palacio presidencial georgiano [Presidencia de Georgia]

LA APROXIMACIÓN A OCCIDENTE

Desde las políticas llevadas a cabo por la presidencia georgiana desde la llegada de Saakashvili al poder, Georgia se ha adentrado de modo decidido en el mundo occidental. Gracias a todas las nuevas medidas que Tiflis está implementando para ajustarse a los requisitos y peticiones occidentales, Georgia ha logrado perfilarse como el idóneo candidato para su entrada en la Unión Europea. No obstante, a pesar de los anhelos europeístas y atlantistas del partido gobernante, Sueño Georgiano, y de buena parte de la sociedad georgiana, el país podría acabar rindiéndose ante la presión de Rusia, como ha pasado con varios territorios exsoviéticos que previamente habían intentado una aproximación occidental, véase Azerbaiyán o Kazajstán.

Adecuación a la Unión Europea

Devenido en el país más favorecido del Cáucaso para entrar en la Unión Europea, con la que tiene una cercana y positiva relación, Georgia ha firmado diversos tratados vinculantes con Bruselas, siguiendo la aspiración de los ciudadanos georgianos de más democracia y derechos humanos. En 2016 entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre la UE y Georgia, algo que permite dar serios pasos en integración política y económica, como la creación de la Zona de Libre Comercio de Alcance Amplio y Profundo (ZLCAP). Este régimen de comercio preferencial convierte a la UE en el principal socio comercial del país. El ZLCAP ayuda a Georgia a reformar su marco comercial, siguiendo los principios de la Organización Mundial del Comercio, al tiempo que elimina aranceles y facilita un amplio y mutuo acceso. Esa adecuación al marco legal de la UE supone una preparación del país para una eventual adhesión.

En cuanto al Acuerdo de Asociación, se debe mencionar que Georgia es un país miembro de la Asociación Oriental dentro de la Política Europea de Vecindad. Mediante esta asociación, Bruselas emite informes anuales sobre los pasos dados por un determinado Estado para llegar a una mayor adecuación con la UE. El Consejo de Asociación es la institución formal que se dedica a supervisar esas relaciones asociacionistas; en sus reuniones se han destacado los progresos alcanzados y la creciente cercanía entre Georgia y la UE.

En 2016 el Comité de Representantes Permanente de la UE confirmó el acuerdo del Parlamento Europeo acerca de la liberación de visados con Georgia. Dicho acuerdo se basaba en la no necesidad de visado para ciudadanos de la UE que cruzaran las fronteras del país, y para ciudadanos georgianos que viajasen a la UE para estancias de hasta 90 días.

Georgia, sin embargo, se ha visto decepcionada en sus expectativas cuando desde la UE se han expresado dudas sobre la conveniencia de su incorporación. Algunos países miembros alegaron el peligro que podían suponer los grupos criminales georgianos, algo que varios partidos prorrusos del país aprovecharon para realizar una enérgica campaña contra la UE y la OTAN. La campaña tuvo sus resultados y la opinión contraria a Rusia disminuyó, lo que llevó a Moscú a una mayor afirmación con maniobras militares, si bien en las elecciones de 2016 siguió el respaldo ciudadano a Sueño Georgiano.

A pesar de que no hay una perspectiva de próxima adhesión, la UE sigue ofreciendo esperanzas, como en la gira por el Cáucaso que la canciller alemana, Angela Merkel, hizo el verano pasado. En su visita a Georgia, Merkel comparó el conflicto georgiano con el ucraniano debido a la presencia de tropas rusas en las regiones separatistas del país. Visitó la localidad de Odzisi, situada en la frontera con Osetia del Sur, y en un discurso en la Universidad de Tiflis dijo que tanto ese territorio como Abjasia son “territorios ocupados”, lo que no fue bien recibido por Moscú. Merkel se comprometió a hacer lo posible para que esa “injusticia” siga presente en la agenda internacional.

La presidenta georgiana, Salome Zourachvili, considera además que la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede ser una gran oportunidad para Georgia. “Obligará a Europa a reformarse. Y como soy una optimista estoy segura de que nos abrirá nuevas puertas a nosotros", ha dicho.

Esperanza en la Alianza Atlántica

El comportamiento de Rusia en los últimos años, además de incentivar el acercamiento de Georgia a la UE, ha dado sentido de urgencia a su deseo de incorporación a la Alianza Atlántica.

En 2016 hubo en el Mar Negro varias maniobras conjuntas entre la OTAN y Georgia, donde recaló una flota de la coalición. Era evidencia de una creciente aproximación mutua que Georgia esperaba que condujera a su adhesión a la organización en la cumbre que la OTAN celebraba ese mismo año en Varsovia. Pero a pesar de la gran preparación que recibió el país en términos de defensa, seguridad e inteligencia, no fue allí invitada a entrar en el club: no se quería incomodar a Rusia.

La OTAN aseguraba, no obstante, mantener su política de puertas abiertas a los países del este y estimaba que Georgia seguía siendo un candidato ejemplar. A la espera de decisiones futuras, a Tiflis le quedaba reforzar la cooperación militar, ofreciendo como incentivación el “formato del Mar Negro”, una solución de compromiso que incluye a la OTAN, a Georgia y a Ucrania y que aumenta la influencia de la Alianza en la región del Mar Negro.

Georgia, siendo el capital aliado de la OTAN y la Unión Europeo en la zona del Cáucaso, aspira a una mayor protección de la Alianza Atlántica frente a Rusia. Desde el centro político europeo se observan los esfuerzos de la población georgiana por ingresar en la organización internacional y se opta por una estrategia de paciencia para la zona caucásica, como en los años de la Guerra Fría.

Acercarse a las fronteras rusas es problemático, y múltiples críticas han surgido hacia la OTAN acerca de la sencilla incorporación georgiana debido a su situación geoestratégica. Rusia ha expresado repetidas veces su preocupación por esa cooperación conjunta entre Estados Unidos, la OTAN y su vecina Georgia.

Intervención de la presidenta Zurabishvili en los actos celebrados en enero en Jerusalén en recuerdo del Holocausto [Presidencia de Georgia]

UNA RUSIA VIGILANTE

Las heridas de la guerra de Osetia del Sur de 2008 no han terminado de cerrarse en la sociedad georgiana. Y es que, a pesar de los intentos políticos de Georgia de acercamiento a las instituciones occidentales, Rusia se mantiene en guardia con suspicacia, de forma que las relaciones entre los dos países no dejan de ser conflictivas. Así, el verano pasado se registró un último episodio de tensión, que llevó a la presidenta de Georgia a calificar a Rusia de “enemiga y ocupante”.

Tras algún acercamiento en 2013 que supuso un aumento del comercio de alimentos y del turismo ruso que llegaba al país, Moscú ha pasado a una estrategia de intento de acercamiento a nivel religioso y político. Con esa intención, un pequeño grupo de legisladores rusos viajó a la capital georgiana para la Asamblea Interparlamentaria de la Ortodoxia. Esta organización internacional, liderada por Grecia y Rusia, es la única que reúne a los órganos legislativos de los países ortodoxos. El encuentro tuvo lugar en el salón plenario del Parlamento de Georgia, donde el diputado ruso Sergei Gabrilov, ocupó el asiento del presidente de la Cámara. Varios políticos de la oposición no vieron esto con buenos ojos y movilizaron a miles de ciudadanos, que protagonizaron graves desórdenes públicos en un intento de asalto al Parlamento. La delegación rusa a se vio obligada a abandonar el país, pero quedó claro el intento de influencia rusa a través de la religión, cuando hasta entonces la Iglesia se había mantenido apartada de todas las controversias políticas.

Los disturbios, en los que hubo numerosos heridos, motivaron que los miembros del Gobierno cancelaran todos sus desplazamientos al extranjero y que la presidenta interrumpiera su viaje a Bielorrusia, donde iba a asistir a la apertura de los Juegos Europeos, una presencia que se consideraba importante a ojos occidentales. Los manifestantes protestaron contra la sede de Sueño Georgiano, donde quemaron y asaltaron dependencias. Los diez días de revueltas no solo se justificaban por el incidente ocurrido en la Asamblea, sino también como reacción a la ocupación rusa. Además, también pudo contribuir el conflicto entre Sueño Georgiano y los partidos opuestos liderados por Saakashvili, actualmente exiliado en Ucrania.

La crisis terminó con la marcha del primer ministro Mamuka y el nombramiento de Georgi Gaharia como su sucesor, a pesar de las críticas que este había recibido por su gestión de los disturbios como ministro del Interior.

Las revueltas, aunque pudieran estar bien intencionadas, van contra los intereses de Georgia, según consideró la presidenta del país, pues lo que este necesita es “tranquilidad y estabilidad interna”, tanto para progresar internamente como para ganar simpatías entre los miembros de la UE, que no quieren más tensión en la región.  Salome Zurabishvili advirtió de los riesgos de cualquier desestabilización interna que pueda provocar Rusia.

Con motivo de las protestas de junio, el Kremlin promulgó un decreto en el que se prohibía el transporte de nacionales a Georgia por aerolíneas rusas. Con ello decía querer garantizar “la seguridad nacional y la protección de los ciudadanos”, pero estaba claro Moscú estaba reaccionando frente a una revuelta de tinte anti-ruso. La decisión redujo la llegada de visitantes de Rusia, que venían constituyendo uno de cada cuatro turistas, lo que según el Gobierno podía significar una pérdida de mil millones de dólares y una reducción del 1% en del PIB.

La tensión llegó a los medios televisivos de la capital georgiana. Días después de las revueltas, el presentador del programa “Post Scriptum” de la cadena Rustavi 2 intervino en la emisión hablando en ruso y vertió varios insultos contra el presidente Vladimir Putin, algo que Rusia calificó como inaceptable y “rusofobia”. La cadena se disculpó, admitiendo que se habían vulnerado sus estándares éticos y editoriales, al tiempo que diversos políticos georgianos, incluida la presidenta, condenaron el episodio y lamentaron que hechos así no hacen más que aumentar las tensiones entre las dos naciones.

Los sucesos del pasado verano muestran el rechazo de los georgianos a una enemistad con Rusia que, además de acentuar la tensión con el gran vecino del norte, puede incidir en la relación de Georgia con la UE y otros organismos internacionales occidentales, pues estos no van a pisar sobre arenas movedizas, y menos teniendo a la gran Rusia enfrente.

BIBLIOGRAFÍA

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Cornell S. E. & Starr, F. The Guns of August 2008. Russia’s War in Georgia. London: M.E. Sharpe, 2009

De la Parte, Francisco P. El imperio que regresa. La Guerra de Ucrania 2014-2017: Origen, desarrollo, entorno internacional y consecuencias. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2017

Golz, Thomas. Georgia Diary: A Chronic of War and Political Chaos in The Post-Soviet Caucasus.New York: Taylor and Francis, 2006

El Brexit, con la salida de la UE de un adalid del libre mercado, ha potenciado la coordinación de los países librecambistas del norte de Europa

▲ Grabado del siglo XVI con una vista de Lübeck, cuando formaba parte de la Liga Hanseática

ANÁLISIS / Jokin de Carlos Sola

Compuesta por los pequeños de la costa norte de Europa, la Liga Hanseática controla el mar y el dinero que se mueve por él. Esta definición se aplica a dos organizaciones, una medieval y otra creada hace poco, lista para hacer oír su voz en el escenario europeo.

En 2017 ocho países del norte de Europa (Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania) comenzaron el proceso de creación de la iniciativa Nueva Liga Hanseática. Su principal objetivo es mantener y aumentar la ortodoxia económica, ahora que el Reino Unido –uno de sus máximos defensores– abandona la Unión Europea, e impedir que Francia aproveche este momento para aplicar sus las políticas de economía expansiva.

La primera Liga

La primera liga Hanseática o simplemente la Hansa fue una alianza comercial y defensiva de ciudades comerciales y gremios de las principales ciudades marítimas del Báltico y del Atlántico Norte. Fundada en Lübeck en 1158, la primera alianza estaba formada por las ciudades marítimas libres alemanas de Lübeck, Hamburgo, Lüneburg, Wismar, Rostock y Stralsund.

Más adelante otras muchas ciudades se unieron a la Hansa, como Colonia, Groninga, Berlín o Estocolmo. Por otra parte, la Hansa fijó puestos comerciales en los puertos de casi todo el norte Europa, llegando incluso a establecer barrios propios –llamados kontors– en otros lugares como Londres, Amberes, Nóvgorod o Brujas.

Esta alianza adquirió una gran importancia comercial y también militar. Desde su fundación la Hansa había mantenido una relación casi simbiótica con el Estado Monástico de los Caballeros Teutónicos, establecido en el Báltico. Más adelante establecería su propia flota. Con el crecimiento de los estados nación y el declive de los gremios, la Hansa fue decreciendo hasta ser conformada únicamente por Lübeck, Hamburgo y Bremen, siendo finalmente disuelta con la unificación alemana.

Creación de la Nueva Hansa

Con la ampliación de la Unión Europea surgieron nuevas oportunidades de equilibrar el poder del bloque francoalemán (también llamado bloque de Aquisgrán), dominante en el Consejo Europeo. Así, se han creado el Grupo de Visegrado, la Iniciativa Tres Mares o el Grupo de Craiova, en el centro y este europeo. En los últimos años ha surgido la Nueva Liga Hanseática, en el norte del continente.

Esta última iniciativa nació a raíz del Brexit. Siendo el tercer país por peso económico en la UE, el Reino Unido ha tenido una gran influencia en la política económica de la Unión, defendiendo ideas como la estabilidad económica, el recorte del déficit, la reducción de la deuda, la desregulación económica y una política monetaria estable que evite la inflación, así como una política de libre comercio.

Estas ideas chocaban con la política económica francesa, de un mayor dirigismo e intervencionismo económicos, que pone el acento en los proyectos sociales y el proteccionismo. Mientras, la actitud de prudencia alemana actuaba como balanza y punto intermedio entre las dos posiciones. Las posiciones de Londres han tenido también el apoyo de los Países Bajos y Dinamarca, así como de otros países con tradición comercial marítima, quienes ante la perspectiva de la marcha del Reino Unido de la UE decidieron establecer una mayor coordinación entre sí.

Otra causa para la formación de la Nueva Hansa es la llegada al poder de Emmanuel Macron y su ascenso como hombre fuerte en la UE. Macron ha abandonado parte del discurso económico con el que fue elegido en 2017 para acercarse más a las posiciones tradicionales francesas, también seguidas por países como Italia o España.

Un último detonante de la iniciativa, de inspiración neerlandesa e irlandesa, fue el relevo en enero de 2018 de Jeroen Dijsselbloem como presidente del Eurogrupo por Mario Centeno, ministro socialista de Portugal. Para muchos políticos del norte de Europa la intransigencia de Dijsselbloem ante la crisis de la deuda griega en 2015 fue correcta y un camino a seguir en política económica y monetaria de la UE y la Eurozona.

Este grupo fue conocido al principio por nombres como “Los Vikingos” o “Coalición del mal tiempo”. En febrero de 2018 los ministros de finanzas de Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania firmaron el documento fundacional de la Nueva Liga Hanseática.     

Valores políticos y económicos

Los principales objetivos de la Nueva Liga Hanseática se basan en las ideas librecambistas, así como en mantener un presupuesto equilibrado. Sus principales objetivos pasan por el desarrollo del Mecanismo de Estabilidad Europeo, establecido en Luxemburgo. La idea sería que este desarrollo terminase convirtiendo el MEE en un pleno Fondo Monetario Europeo, el cual redistribuiría la riqueza entre los Estados miembros que tengan superávit y aquellos que tengan déficit comercial. La Hansa también es favorable a darle más poder al MEE para poder interferir en los presupuestos nacionales con el fin de evitar sobrepasar los límites del déficit.

Sin embargo, pese a que el documento fundacional se ciñe al Mecanismo de Estabilidad Europeo la Hansa no pretende detenerse ahí. Algunos representantes de esos países se han pronunciado en contra de un presupuesto para la eurozona, un ministro de finanzas de la eurozona y un sistema común de seguro de depósitos, como ha propuesto Macron. También criticaron a la Comisión Europea por su decisión de no iniciar un procedimiento disciplinario contra Italia por su déficit y su deuda.

Las posiciones de la Hansa han logrado popularidad general en sus respectivos países. Por un lado, los partidos de derecha en esos lugares defienden planteamientos librecambistas desde hace tiempo, mientras que los partidos de izquierda no quieren que se arriesgue el estado de bienestar de sus respectivas poblaciones para ayudar a los países del sur de Europa.

Los orígenes ideológicos de la Nueva Hansa podrían datarse en el Thatcherismo británico de los años 80. Esta ideología política incluía por una parte un planteamiento liberal de la economía, defendiendo ideas como desregularización, privatización y libre comercio. El Thatcherismo no advocaba por la ruptura de la UE, pero incluía una visión escéptica, defendiendo una unión que se limitara a la economía, sin avanzar en la unión política. Este pensamiento, adversario del tradicional dirigismo francés, ha tenido una clara influencia dentro de la política británica y dentro del Partido Conservador. Sin embargo, algo menos conocida es su influencia en otros políticos europeos, como diversos dirigentes de los Países Bajos y Dinamarca.

La defensa de una Europa liberal y capitalista, contraria a un fuerte poder central, es compartida por muchos países, todos ellos situados en la franja norte de la Unión. Esto los enfrenta con los países Mediterráneos, que han requerido de ayudas comunitarias en los últimos años.

Sin embargo, hay otros elementos que caracterizan a estos países más allá de su riqueza y posición geográfica, como es su tamaño y su dependencia del comercio, derivada de su carácter marítimo. Eso les hace favorables al aumento de los tratados comerciales y les obliga a procurarse recursos que no tienen en su territorio.

Liderazgo del grupo

La Nueva Liga Hanseática es una iniciativa y no una organización como tal, por lo que no tiene un líder oficial, las decisiones son tomadas en consejos no oficiales de los jefes de gobierno y de los ministros de finanzas. Sin embargo, se han destacado varias personalidades, principalmente Mark Rutte, premier neerlandés, y Wopke Hoekstra, su ministro de finanzas.  

Wopke Hoekstra es considerado arquitecto de la Nueva Hansa. De 41 años, es democristiano, protestante practicante, miembro de la hermandad remonstrante y antiguo estudiante del Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD), la escuela de comercio más prestigiosa de Europa. Ha mostrado la faceta más intransigente en temas económicos del gobierno neerlandés en los últimos años. Ha llegado al punto de que el propio Dijsselbloem ha criticado la formación de la Nueva Liga porque, según él, daña la idea de solidaridad dentro de la Unión.

Mark Rutte, por otra parte, ha usado la creación de la Nueva Hansa para aumentar el peso de los Países Bajos en la política europea. Rutte es considerado como uno de los premieres neerlandeses más activos en política exterior desde la Segunda Guerra Mundial y ha tratado de hacer valer a los Países Bajos en la UE frente a Francia y Alemania. Al mismo tiempo Rutte ha tratado de ocupar la voz británica en el Consejo de Europa mostrándose como uno de los líderes más atlantistas.

Otros líderes que han mostrado participativos en este proyecto han sido el que hasta 2019 era ministro de finanzas danés, Kristian Jensen, y por el viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney. Por otra parte, el papel de Dinamarca y Suecia fue clave para que los países bálticos se alejaran del Grupo de Visegrado y se unieran a la Nueva Hansa.

Peso económico, financiero y tecnológico

La Hansa ha logrado aglutinar un peso económico que otras iniciativas del mismo estilo no han conseguido reunir. Actualmente el PIB conjunto de los países de la Hansa es de más de 2,2 billones de euros, cerca de los 2,5 billones del PIB francés, segunda fuerza económica europea.

El grupo también cuenta con un claro peso financiero. Ciudades como Ámsterdam, Estocolmo o Dublín han estado escalando durante los últimos años entre las principales capitales financieras europeas, si bien todavía no logran sobrepasar a Paris o Frankfurt. Además, se trata de países donde existe innovación tecnológica, especialmente Estonia y Países Bajos.

El hecho de que el grupo no supere el 10% de la población europea mitiga algo su influencia, pues los votos de los países y bloques en el Consejo Europeo se hace en parte por número de habitantes, pero no por eso deja de ser un actor político relevante en la UE. En contraposición, los países del sur de Europa (España, Italia, Portugal y Grecia) abarcan el 30% de la población europea, pero se les considera menos decisivos.

Las posiciones de la Hansa representan una ruptura con el principio de la UE de que, por razones de cohesión social interterritorial, aquellos países que más tienen y están más desarrollados aportan más. Las ideas de los sectores más radicales de la Hansa pueden incluso ser tachados de un cierto neocolonialismo, en tanto que pretenden utilizar los mecanismos supranacionales de la UE para garantizar que los países deudores del sur devuelvan los préstamos, lo que les mantendrá en ciertos niveles de deuda.

Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Irlanda se encuentran entre los países que más aportan al presupuesto común europeo, estando detrás de los cuatro primeros (Italia, Reino Unido, Francia y Alemania). Si se mira desde una perspectiva de aportación per cápita, Países Bajos, Suecia y Dinamarca ocupan los primeros puestos. Si bien Estonia, Letonia y Lituania son beneficiarios, no lo son tanto como Polonia, Grecia o Rumanía.

Dada es mayor contribución a la UE, o menor dependencia de ayudas, la Hansa reclama un mayor peso en la dirección comunitaria. De momento, en el presupuesto de 2020 ha logrado imponer diversos criterios, frente al de los países receptores.

Ejercicio de influencia

Uno de los principales objetivos de la Nueva Liga Hanseática era asegurarse de que las dos figuras de mayor control sobre la economía europea (la presidencia del Banco Central, y la dirección del Fondo Monetario Internacional) eran de su agrado. En ambos casos ha fracasado, en gran medida por la intervención de Emmanuel Macron.

Los Países Bajos tenían un interés particular en el nombramiento del BCE, pues el presidente saliente, Mario Draghi, había presionado al gobierno neerlandés para activar políticas de estímulo económicas. El candidato de la Nueva Hansa era el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, conocido por sus críticas a las políticas estimulacioncitas de Mario Draghi y por defender una política de intereses altos. Macron acordó con Alemania que la Comisión Europea fuera a una alemana (Ursula von der Leyen) a cambio de que el BCE fuera presidido por Christine Laguard, que continuaría las políticas de Draghi.

Para el FMI Rutte propuso a Dijsselbloem, pese a las críticas que había hecho a la Hansa. La votación final quedó entre este y la economista búlgara Kristalian Georgieva. Pese a que Alemania terminó votando por el neerlandés, Georgieva se convirtió en la nueva directora del FMI. 

No obstante, la Hansa ha tenido también algunas victorias, como mantener firme a la Comisión en relación con el presupuesto italiano, el cual iba a sobrepasar los límites de déficit; ejercer influencia en el presupuesto europeo, que ha sufrido una drástica reducción, o ralentizar, si no si no bloquear completamente, el proyecto de Macron de un presupuesto común para la Eurozona.

Visita del ministro de Finanzas de Países Bajos, Wopke Hoekstra (dcha.), a su colega irlandés, Paschal Donohoe (izq.), a finales de 2018 [Gob. de Irlanda]

Estrategia de expansión y alianzas

Uno de los problemas previamente mencionados para la Hansa ha sido su falta de peso en el Consejo Europeo. Por esta razón sus líderes han buscado la sintonía política de países con los que pueda haber coincidencias ideológicas.

Uno de los primeros países que establecieron contacto con los países de la Hansa fue Austria. Esto tiene sentido puesto que Austria tiene una estructura económica similar al resto de países de la Hansa por su pequeño tamaño y población. Además de eso el gobierno de Sebastian Kurz, parecía tener un programa marcado hacia Europa muy en la línea de la Hansa. Famosa es la propuesta de varios políticos austriacos de la creación de dos monedas europeas, una para el norte y otra para el sur. Este tipo de conexiones serían muy importantes para más tarde poder influir en Alemania. Se logró que la Comisión de Finanzas fuera para Austria en la nueva Comisión von der Leyen, concretamente por el economista Johannes Hahn.

El cortejo austriaco parece tener también un objetivo estratégico como paso para comenzar también a influenciar a Alemania, que actúa como equilibrador de la balanza. Varios políticos alemanes de la CDU y la CSU son favorables a los pensamientos de la Hansa y han sido muy influyentes a lo largo del gobierno de Merkel. Mas cuando Wolfgang Schäuble fue removido del Ministerio de Finanzas y sustituido por el socialdemócrata Olof Scholz esas posiciones perdieron importancia.

De una forma similar, la Hansa (y sobre todo Países Bajos) han estado estableciendo contactos con el gobierno de Flandes en Bélgica. Sin bien Flandes es solo un estado más en la federación belga, la falta de gobierno en Bruselas le da gran importancia, junto al gobierno de Valonia. Además de eso, los flamencos controlan el puerto de Amberes y siembre se han mostrado más cercanos a las ideas de la Hansa.

Por otra parte, la Hansa parece haber comenzado contactos también con Eslovaquia y con Republica Checa. Esto se vio cuando en marzo de 2019 ambos países firmaron una declaración junto a los países de la Hansa contra el presupuesto italiano. Sería inusual ver a estos países acercarse mucho a la Hansa porque siguen siendo receptores natos de fondos europeos. Sin embargo, teniendo en cuenta que son países con cuentas saneadas se les podría ver aliados con la Hansa en algunas futuras actuaciones.

En cierta manera podríamos ver la diplomacia Hanseática como una evolución parcial de la diplomacia de Otto von Bismarck (alejar a Francia del poder mediante la formación de alianzas regionales). Se trata de formar un bloque suficientemente fuerte que pueda presentarse con solidez en el Consejo Europeo y convencer a Alemania de que incline la balanza hacia la ortodoxia presupuestaria y hacia los intereses de los países del norte. Junto a Francia se encuentran la mayoría de los países del sur. Se podría decir muy generalmente que los objetivos de la Hansa son: “Movilizar al Norte, seducir a Alemania, silenciar al Mediterráneo”.

Extrañas alianzas frente a la Hansa

La configuración Hanseática de alianzas alrededor de Europa y su influencia en el nuevo presupuesto europeo parece que ha creado curiosas alianzas, la mayor sin duda es la que puede surgir entre Polonia y Francia.

Esto puede sonar extraño, pues en lo que se refiere a política exterior, política social y en ciertos puntos de la construcción europea Polonia y Francia han estado en polos opuestos. Mas cuando se trata de política económica y lo que atañe al presupuesto europeo, Francia y Polonia coinciden y esto puede resultar en un frente común en contra de la Hansa.

Las razones para el acercamiento franco-polaco son variadas. Ambas naciones siguen la tradición del estado social del bienestar, Francia por su legado de fraternidad republicana y Polonia por su herencia católica, ambas contrarias al estado ausente hanseático. Además, ambos países tienen motivos para querer evitar unos presupuestos restrictivos. El gobierno polaco teme que una reducción drástica de la inversión en Polonia le fuerce a hacer recortes sociales, lo que provocaría inestabilidad. Francia se muestra contraria por una razón más ideológica: Macron ha defendido la idea de “Una Europa que protege” y tendría problemas para mantener esta idea.

No obstante, Polonia y Francia mantienen algunos puntos de fricción, especialmente con el intento de una nueva Ostpolik de Macron para calmar las relaciones con Rusia.

Conclusión

La creación de la Nueva Liga Hanseática es en última instancia una reacción a dos movimientos: la creación de sistemas regionales europeos y el abandono de políticas económicas que favorezcan al norte de Europa. 

Si los países de Europa se organizan en bloques, quizás sea más fácil realizar ciertas iniciativas al haber menos interlocutores entre los que negociar.

Por otra parte, la creación de una iniciativa con el objetivo específico de defender los intereses del norte puede suponer un riesgo para los países del sur, acentuando las diferencias norte-sur en Europa. Esto pondría en una situación complicada a Alemania, que quiere evitar verse en ese compromiso.

Lo más inteligente sería evitar estas confrontaciones directamente buscando otras fuentes de ingresos para la UE que no comprometan la riqueza de los países de la Hansa, como expresó Morawiecki y ha apuntado también Macron. Así, se ha hablado de algunos impuestos, como sobre el viaje aéreo, las transacciones financieras y el mundo digital. Pero de nuevo, con la importancia del sector financiero y de las nuevas tecnologías en países como Irlanda o Estonia, esto puede encontrar oposición. No es una tarea sencilla.

Convendría asegurarse, en cualquier caso, de que los políticos europeos tienen la visión suficiente y la comprensión necesaria para formalizar acuerdos que tengan en cuenta todas las idiosincrasias de la Unión Europea.

El éxito de varias reformas se ve ensombrecido por la impulsividad e intereses personales de un presidente con imagen deteriorada

▲ Jair Bolsonaro atiende a la prensa a comienzos de enero en la sede del Ministerio de Economía [Isac Nóbrega, PR]

ANÁLISIS / Túlio Dias de Assis

Hace un año, el 1 de enero de 2019, un excapitán del ejército brasileño, Jair Bolsonaro, subió las escaleras del Palácio do Planalto para la inauguración de su mandato presidencial. Era el más polémico líder en asumir la jefatura de estado y de gobierno de Brasil desde la presidencia del no menos extravagante populista Jânio Quadros, en la década de 1960. Los más catastrofistas anunciaban el inminente fin de la cuarta mayor democracia del mundo; los más ilusos, que Brasil despegaría y ocuparía su debido lugar en la arena internacional. Como era de esperar, ninguno de los dos extremos acertó: Brasil sigue manteniendo el nivel de democracia de los últimos 30 años, sin que haya habido ninguna intentona militar, como algunos habían temido; tampoco ha pasado Brasil a ser la potencia mundial que, según creen muchos brasileños, le corresponde por su excepcionalidad territorial, poblacional, cultural y política. Como suele pasar, la realidad ha sido menos simple de lo que se esperaba.

Economía

Entre los aspectos más atractivos de la candidatura de Bolsonaro para el público durante la campaña electoral se hallaba la promesa de recuperación económica bajo la administración del ministro Chicago Boy Paulo Guedes. A fin de cumplir dicho propósito, nada más comenzar su mandato, Bolsonaro unificó los antiguos ministerios de Hacienda, Planificación, Desarrollo y Gestión, Industria, Trabajo y Comercio Exterior y Servicios bajo el techo del Ministerio de Economía, todo al mando del liberal Guedes. Personaje que se convirtió en una especie de “superministro” responsable de toda la agenda económica del nuevo gobierno.

Desde un principio Guedes dejó claro que haría lo posible para levantar las barreras del proteccionismo comercial brasileño, doctrina adoptada en grado variable por cada gobierno desde hace más de medio siglo. A fin de desplegar su cruzada contra el estatismo y el proteccionismo, Guedes ha fomentado durante este año el acercamiento comercial bilateral a varios aliados estratégicos, los cuales, “a diferencia de gobiernos anteriores, no se elegirán en base a criterios ideológicos”, según Bolsonaro. Ya en enero hubo el anuncio de un Novo Brasil en el Foro Económico Mundial de Davos, definido por un mayor aperturismo, nula tolerancia a la corrupción y fortalecimiento de América Latina como bloque regional.

Comercio

Pese a su apoyo a la apertura económica, el equipo de Bolsonaro en ningún momento se ha mostrado excesivamente favorable al comercio con Mercosur –su bloque comercial multilateral regional–, llegando incluso Guedes a afirmar que este suponía un peso para Brasil, ya que lo consideraba una alianza más ideológica que económica. Sin embargo, esta aversión a Mercosur, y principalmente a Argentina, parece haber terminado tras la firma del acuerdo comercial Mercosur-UE, dado que el potencial volumen de comercio que se generaría con dicho pacto sería enormemente beneficioso para los productores agrícolas y ganaderos brasileños. De igual manera también se logró firmar un acuerdo con los países del Área Europea de Libre Comercio (EFTA), conformado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

De estos dos acuerdos, el más controvertido ha sido el firmado con la Unión Europea, principalmente por los altos niveles de rechazo que ha producido en algunos Estados miembros como Francia, Irlanda o Austria, pues es visto como un posible riesgo hacia la Política Agraria Común. Por otra parte, algunos otros países se mostraron críticos alegando la política medioambiental de Bolsonaro, ya que el acuerdo se firmó durante el verano, que coincidió con la época de los incendios en la Amazonia. A consecuencia de ello varios Estados miembros siguen sin ratificar el tratado y el parlamento austríaco ha votado en contra.

No obstante, el hecho de que las relaciones comerciales multilaterales no parezcan haber avanzado demasiado, debido a las trabas impuestas desde Europa, no ha impedido que Brasil expandiera su actividad comercial. Al contrario de lo que se pensaría, por la cercanía ideológica con Donald Trump y su política exterior, el acercamiento en materia económica no se ha dado con EEUU, sino con el antagónico gigante asiático. En este proceso, destaca el viaje de Bolsonaro a Pekín, donde se mostró abierto al comercio chino, pese a sus anteriores declaraciones menos favorables al respecto. Durante la visita surgió la propuesta de un acuerdo de libre comercio con China, que todavía debe ser aprobada por la cúpula de Mercosur, y varios acuerdos menores, entre los que se destacan el relativo al comercio agropecuario.

Este interés repentino chino por amentar las importaciones agropecuarias procedentes de Brasil se debe al incremento de la demanda de carne en China, provocado sobre todo por la epidemia de peste porcina que asoló la producción nacional. Esto ha provocado una inmediata subida del precio de la carne bovina y porcina en Brasil, que en algunos cortes ha sido de hasta un 30% en poco más de un mes, lo que ha distorsionado el mercado nacional, pues la carne, principalmente el vacuno, suele estar muy presente en la dieta habitual del brasileño medio.

Cuentas públicas

Por lo que se refiere a las cuentas internas del país, destaca la aprobación de la reforma del sistema de pensiones (Reforma da Previdência), que en un principio tenía un carácter marcadamente liberal, con la pretensión de eliminar privilegios y pensiones desmesuradas de altos cargos públicos. Sin embargo, varias modificaciones durante su paso por la Cámara de los Diputados y el Senado hicieron que el ahorro para el erario público sea ligeramente menor que el previsto por Guedes. Con todo, supone un gran avance teniendo en cuenta que el sistema de pensiones tenía en 2018 un déficit de 195.000 mil millones de reales (cerca de 47.000 millones de dólares). Este déficit se debe a que Brasil contaba con uno de los sistemas con mayores prestaciones y menos exigencias del mundo, pues no eran pocos quienes se jubilaban a los de 55 años recibiendo un 70% del salario original.

Esta medida, junto con varios otros ajustes en las cuentas públicas, incluyendo la congelación de algunos gastos ministeriales, redujo el déficit público 138.218 millones de dólares en enero (6,67% del PIB) a 97.680 millones de dólares en noviembre (5,91% del PIB), la cifra más baja desde que hace cinco años comenzó la recesión económica. Entre otros datos relevantes está el descenso de la tasa de interés básico del Banco Central, a un mínimo histórico del 4,5%, mientras que la del desempleo pasó del 12% al 11.2%.

Como resultado de todo lo anterior, el PIB brasileño se ha visto incrementado en un 1,1%, una cifra tímida pero promisoria teniendo en cuenta la enorme recesión de la que acaba de salir Brasil. Las previsiones de crecimiento para el 2020 varían entre el 2,3 y el 3% del PIB, dependiendo de la aprobación de las tan esperadas reformas tributaria y administrativa.

Seguridad

Otra de las razones que llevaron a que el controvertido capitán de la reserva alcanzara la presidencia fue la histórica problemática del crimen en Brasil. Así como para afrontar la situación económica Bolsonaro se presentó con un nombre fuerte, para la seguridad reclutó a Sergio Moro, un exjuez federal conocido por su papel indispensable en la Operação Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de Brasil que supuso el encarcelamiento del mismísimo expresidente Lula. Con el objetivo de combatir la corrupción, disminuir la criminalidad y dinamitar el poder del crimen organizado, Moro se puso al frente de una fusión de departamentos, el nuevo Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

En general, el resultado ha sido bastante positivo, con un notable descenso del número de crímenes violentos. Así, ha habido una reducción del 22% en el caso de los homicidios, que es uno de los indicadores más preocupantes en Brasil, ya que es el país con el mayor número absoluto de homicidios del mundo al año.

Entre los factores que explican este descenso de la criminalidad violenta, destaca principalmente la mayor integración entre las diferentes instituciones de fuerzas de seguridad del Estado (federales, de los estados y municipales). También ha influido la transferencia de jefes de bandas a presidios de mayor nivel de aislamiento, impidiendo así su posible comunicación con los demás integrantes del crimen organizado. Otro elemento ha sido el recién aprobado “pack anticrimen”, que consiste en una serie de leyes y reformas del código penal para dar más poder de actuación a las fuerzas de seguridad del Estado, además de establecer penas más duras para delitos de crímenes violentos, crimen organizado y corrupción.

Frente a esos avances también hay que mencionar el aumento de los muertos accidentales en operaciones policiales. Algunos casos han tenido un eco en la opinión pública, como el de un artista que terminó baleado en su coche cuando la policía lo confundió con un narcotraficante o los de niños fallecidos por balas perdidas en tiroteos entre bandas de narcos y las fuerzas de seguridad. Esto, junto a declaraciones polémicas del jefe de Estado al respecto, ha avivado el criticismo por la mayor parte de la oposición y de varias ONGs de derechos humanos.

Política social e infraestructuras

En lo relativo a las políticas sociales, el año transcurrido ha estado lejos de la distopía apocalíptica que se esperaba (por la actitud previa de Bolsonaro en relación homosexuales, afrobrasileños y mujeres), aunque tampoco ha sido tan destacable como en los apartados mencionados previamente. No ha habido progreso en áreas clave, pero tampoco ha habido cambios notables en cuanto a política social respecto a 2018. Por ejemplo, no se ha cancelado el emblemático programa social Bolsa Família, creado durante el gobierno Lula y que ayudó en gran medida a la reducción de la pobreza extrema.

Comenzando por la educación, a finales de 2019 Brasil salió clasificado con una de las notas más bajas del informe PISA, hecho que el ministro del ramo, Abraham Weintraub, achacó a la “educación de talante marxista progresista de administraciones anteriores”. Como resultado del fracaso del sistema público ordinario, e incluso la falta de seguridad de algunos centros, el gobierno ha promovido abiertamente la construcción de nuevos centros de educación cívico-militares por parte de los gobiernos de los estados. En dicho tipo de centro, los alumnos reciben una educación basada en valores militares a la vez que los mismos oficiales ofrecen protección en estos espacios públicos. Ha de destacarse que los centros ya existentes se encuentran entre las clasificaciones más altas de Brasil en materia de calidad educativa. Sin embargo, esto no quedado libre de controversias, ya que no son pocos los que consideran que no se trata de una solución adecuada, pues cabe que se termine educando desde una perspectiva militarista.

En materia de sanidad lo más destacable de este año ha sido el fin del programa de cooperación sanitaria con Cuba, Mais Médicos. Dicho acuerdo se inició en 2013, durante el mandato de Dilma Rousseff, y tenía como objetivo el proporcionar una mayor y más extensa asistencia médica universal a través de la contratación de varios médicos ‘exportados’ por el gobierno castrista. El programa recibió críticas porque los médicos cubanos solamente recibían un 25% del sueldo que les proporcionaba el gobierno brasileño y el restante 75% lo retenía La Habana. Bolsonaro rompió el acuerdo, causando así vacantes de personal sanitario que pudieron cubrirse en poco tiempo. A los profesionales cubanos se les dio la oportunidad de permanecer en Brasil bajo asilo político si revalidaban su titulación en medicina en el sistema brasileño. Dicho incidente no ha supuesto un cambio relevante en el precario sistema sanitario nacional; la única consecuencia de todo ello ha sido el deterioro de las relaciones con Cuba.

Pese a no lograr grandes progresos en lo social, la administración Bolsonaro sí ha introducido mejoras en las infraestructuras nacionales de logística. Bajo el mando del militar Tarcisio Gomes de Freitas, el Ministerio de Infraestructuras ha destacado por su capacidad de concluir obras no terminadas por previos gobiernos. Ello condujo a una diferencia notoria en cuanto al número y la calidad de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos operativos en comparación con el año anterior. Entre las fuentes de financiación para las nuevas obras está la reapertura de un fondo común establecido 2017 entre entidades financieras brasileñas y chinas, con un valor de 100.000 millones de dólares.

Bolsonaro, junto al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una visita oficial a Nueva Deli a finales de enero [Alan Santos, PR]

Medioambiente

Una de las áreas que más se temía que se viera perjudicada por la administración de Jair Bolsonaro era la política medioambiental. Dicha preocupación se vio incrementada con los polémicos incendios de la Amazonia durante los meses de julio y agosto. Para comenzar, el Ministerio del Medio Ambiente, como todos los demás, se vio afectado por las políticas de austeridad de Paulo Guedes, a fin de equilibrar las cuentas públicas, aunque según el propio ministro Ricardo Salles fue el que menos sufrió el recorte presupuestario. A causa de esto, al comenzar el periodo de sequías en la Amazonia la protección forestal se vio comprometida.

Viendo el incremento de la deforestación en un 278% durante el mes de julio, Bolsonaro reaccionó impulsivamente y despidió al director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), acusándole de favorecer a la oposición y de conspirar en su contra. La situación provocó la salida del Fondo de Protección de la Amazonia de Alemania y Noruega, los dos mayores contribuyentes, lo que fue acogido con críticas por parte de Bolsonaro, que además acusó a las ONGs de ser las causantes de los incendios. Finalmente, bajo la presión internacional, Bolsonaro terminó reaccionando y decidió enviar al ejército para combatir las llamas. Objetivo que logró en poco menos de un mes, lográndose en octubre la cifra más baja de la que se tiene registro.

Finalmente, el total anual terminó superando la cifra del año anterior en un 30%, pero sigue ubicándose dentro de la media de las dos últimas décadas. Sin embargo, el daño a la imagen nacional ya estaba hecho. Bolsonaro, gracias a su rivalidad con los medios, su vehemente afán de defender la “soberanía nacional” y su poca contención a la hora de hablar, había logrado ser considerado el culpable de una catástrofe distorsionada.

Adicionalmente, a finales del año, una polémica más azotó la administración de Bolsonaro: el misterioso derrame de petróleo en la costa noreste de Brasil. Miles de kilómetros de playas se vieron afectadas y aún a día no hay culpable oficial del delito. Hubo varias hipótesis al respecto; la más aceptada, que además recibió el respaldo del gobierno, fue la que afirmaba que el derrame provenía de un cargamento ilegal de petróleo venezolano que intentaba burlar el bloqueo comercial impuesto al régimen de Maduro. Según análisis realizados por la Universidade da Bahia, efectivamente, la estructura de dicho petróleo era muy similar a la del crudo de los yacimientos venezolanos.

Política exterior

En política exterior Bolsonaro puede distinguirse retóricamente de sus predecesores, pero no en cuanto a sus acciones. Aunque en ese ámbito le gustaría aplicar su ideología, él mismo ha aceptado que no es posible hacerlo. Ante la fuerza e intereses de las instituciones del Estado, como la tradición diplomática de Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores), la política exterior brasileña se ha mantenido tan pragmática y neutral como en todos los gobiernos anteriores de la democracia, evitándose así el cierre de puertas por razones ideológicas.

Un buen ejemplo del pragmatismo brasileño es el acercamiento económico a China, pese a al rechazo de la ideología comunista por parte de Bolsonaro. Aunque no por ello se ha alejado de su aliado cuasi natural en lo referente a ideología, Donald Trump. No obstante, la relación con EEUU ha sido de una naturaleza diferente, puesto que ha habido mayor proximidad en la cooperación internacional y la seguridad. EEUU impulsó la designación de Brasil como socio estratégico de la OTAN, llegó a un acuerdo para el uso de la base espacial de Alcântara, muy próxima a la línea del Ecuador, y apoya la entrada de Brasil en la OCDE.

Sin embargo, en el ámbito económico, no parece haber tanta cercanía, e incluso se han producido ciertos roces. Uno de ellos fue la amenaza de Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio procedentes de Brasil y Argentina, que finalmente terminó retirando, aunque el daño en las relaciones comerciales y en las bolsas de São Paulo y Buenos Aires ya estaba hecho. Algunos analistas apuntan incluso que la poca reciprocidad de EEUU en materia económica, así como el rechazo de algunos miembros de la UE al acuerdo con Mercosur, fue lo que empujó a Bolsonaro a buscar una relación compensatoria con los BRICS, cuya cumbre de 2019 tuvo lugar en Brasilia.

Otro punto peculiar de la política exterior de Bolsonaro ha sido su posición sobre el conflicto palestino-israelí, que una vez más muestra la incongruencia entre retórica y su actuación. Durante la campaña electoral Bolsonaro prometió en varias ocasiones el traslado de la embajada brasileña de Tel-Aviv a Jerusalén, algo que por el momento no ha ocurrido y solo ha habido el trasladado de una oficina económica. Bolsonaro probablemente temió represalias comerciales por parte de los países árabes, a quienes Brasil exporta productos, en su mayoría cárnicos, por valor de casi 12.000 millones de dólares. La prudencia en esta cuestión le valió incluso la firma de varios acuerdos con países del Golfo Pérsico.

Pese a lo mencionado anteriormente, ha habido un aspecto de la política exterior en la que Bolsonaro sí que logró imponer su ideología frente al “pragmatismo histórico” del Itamaraty, y este es el ámbito latinoamericano. Brasil dejó de ser el gigante que en teoría se mantiene neutro para apoyar, tímidamente, el llamado Socialismo del Siglo XXI durante los gobiernos de Lula y Dilma, y ahora coordinarse con los gobiernos del otro lado político.

Lo más destacable es su enemistad con Nicolás Maduro, así como con el expresidente Evo Morales, al que Bolsonaro denegó abiertamente su petición de pasar por territorio brasileño. También ha habido un distanciamiento respecto al retornado peronismo en Argentina, con la ausencia de Bolsonaro y de cualquier alto representante brasileño en la ceremonia de inauguración de mandato del kirchnerista Alberto Fernández. En ese mismo contexto están los acercamientos a Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia, así como al nuevo gobierno provisional de Bolivia, con los cuales Bolsonaro ve más similitudes. Con ellos ha promovido la creación de PROSUR frente a la antigua UNASUR controlada por la izquierda bolivariana. Aún y todo, pese a haber adoptado una política más ideológica en la región, Brasil sigue manteniendo la cordialidad diplomática ya que, aunque su líder lleve el conservadurismo liberal hacia los extremos en su retórica, sus políticas en la región apenas difieren del resto de gobiernos de derechas.

Bolsonaro

Por lo general, como ha quedado expuesto, en su primer año el gobierno de Bolsonaro ha obtenido resultados positivos, destacando principalmente sus avances en los ámbitos de la seguridad y de la economía. Sin embargo, mientras la labor de diversos ministros mejora la percepción de la administración, el propio Bolsonaro parece no hacer una contribución especialmente positiva. A lo largo del año, ha generado polémicas por temas sin importancia, que han acentuado su previa enemistad con la mayor parte de la prensa.

A causa de esto, poco a poco se ha ido deteriorando la imagen pública del presidente. A finales de 2019 su popularidad era del 30%, frente al 57,5% con que comenzó el año. Eso contrasta con el porcentaje de aprobación que tienen miembros de su gobierno, en especial Sergio Moro, que ha logrado mantenerse inamovible por encima del 50%. Además, su hijo Flavio, que es senador, ha pasado a ser investigado por un posible caso de corrupción, en un proceso que el presidente ha procurado impedir. Bolsonaro también causó escándalo a mitad del año al intentar nombrar embajador en Washington a su hijo Eduardo, siendo acusado de nepotismo. A las tensiones en su propio partido, que condujeron a una ruptura, se añade la poca compenetración entre Bolsonaro y los presidentes de ambas cámaras del fracturado Congreso Nacional, ambos investigados en operaciones anticorrupción convenientemente paralizadas.

¿Impeachment?

Todo este caos causado por el presidente ofrece la impresión de un Bolsonaro que va a contracorriente de su propio gobierno. El aparente éxito de las reformas ya realizadas termina viéndose maculado por la impulsividad e intereses personales del que otrora defendía la impersonalidad del Estado, lo cual acaba causando el deterioro de su imagen política. Además, se ha de sumar la reciente puesta en libertad del expresidente Lula, que conlleva el riesgo de la unificación de la oposición, dependiendo de cuán moderado sea el discurso que adopte. Así las cosas, es posible que el descabezado pero eficiente gobierno de Bolsonaro no tenga fácil mantenerse en el poder hasta final del mandato. Debe recordarse que la mano del Congreso brasileño no suele temblar a la hora de realizar impeachments; véase que en poco más de tres décadas ya ha habido dos.

Will success in parts of the Vision 2030's agenda –like diversifying the economy– have a parallel  opening up to religious moderation?

▲ King Salman bin Abdulaziz Al Saud in a recent Custodian of the Two Holy Mosques Chairs Cabinet's Session [Saudi Press Agency]

ANALYSIS / Marina García Reina

Since King Salman first envisioned the need of a reform of Saudi Arabia towards a less dependent economy on petroleum, gradual changes have been done upon the aim of progress, and, in a more precise way, not to be left behind in the world race led by western countries and the booming Asian giants. The crown prince Mohammed bin Salman Al Saud has positioned himself as the leader of the shift towards a religiously moderate Saudi Arabia within the frame of the Vision 2030 initiative. Predictably, however, the reforms held in the country have been subject to numerous criticism and double readings.

A succinct contextualization

It is convenient to recall the year 1979, when Shiite militants overthrew the secular Shah of Iran and Sunni fundamentalists besieged the Masjid al-Haram (Grand Mosque) in Mecca. That same year, the country's Shiite minority started a revolt in Al-Hasa province, resulting in numerous deaths. The Saudi monarchy responded to those mishaps by moving closer to the Wahhabi (an extremely conservative conception of Islam) religious establishment and restoring many of its hardline stances. As a result, for instance, the government shut down the few cinemas that existed in the kingdom. It was not till 2015 (or 2014, depending on which reforms to base on) when King Salman bin Abdulaziz Al-Saud —along with Mohammed bin Salman (popularly known as MBS), who he promoted to crown prince—, proclaimed reforms in Saudi Arabia towards a more moderate political scenario, opening up a new era of Saudi politics. The two expressed their will to limit the authority of the religious police to arrest citizens. They allowed the first cinemas and music concerts since decades of prohibitions, condemned religious incitement, and gradually granted women several rights.

Vision 2030

First conceived by King Salman, Vision 2030 is meant to be the decisive plan to transform the country by a sweep in economy and society, and Crown Prince Muhammad bin Salman himself has positioned as its spearhead. It is basically the headline upon which all the modernization changes are framed. The plan aims to face the three major challenges that Saudi Arabia has nowadays: unemployment, diversification, and privatization.

It is worth mentioning that in contrast to the great majority of western countries, Saudi Arabia has a growing youthful population. Approximately, 70% of Saudi population is under 30 and the 29% of Saudis between 16 and 29 are unemployed. Vision 2030 includes greater investments in education to train future Saudi leaders, which seems quite unnecessary when noticing that Saudi citizens pay no taxes and receive free education (making up 25% of the total budget), free health care and subsidies for most utilities.

Economy is something that has been worrying most Saudis, since the country’s economy is almost entirely based on petroleum and recently the price of a barrel of oil has ranged between about $46 and $64 in 2019, much lower that what it has ranked for years. Diversifying the economy is crucial for the progress of Saudi Arabia. All in all, Vision 2030 will rely on earnings coming from the Aramco’s IPO (initial public offering), which will be placed in a sovereign wealth fund  —also sourced by Saudi fiscal assets and the sale of state-owned real estate and other government assets—, expectedly resulting into an investment-driven economy rather than a petroleum-based one as it has been for decades. It has also cast serious doubts the nature of the measures that are being developing to modernize the country, especially because the social aspects have been left apart by, for instance, the construction of Neom, a planned futuristic city in the middle of the desert, which is meant to be the great achievement of the crown prince MBS.

Additionally, the initiative has been configured as the political rebirth of the crown prince in the eyes of the international sphere, since it means diminishing the role of government by selling Aramco’s 5% of shares to investors, even so, the enterprise still is under tight control of the royal family. Without going any further, Khaled Al-Falih, the chairman of Aramco, is also the new minister of Energy, Industry, and Natural Resources, which once again brings to light the relation between these two.

The stated target is to increase the private sector’s contribution to GDP from 40% today to 65% by 2030. Much of this private sector growth will come through public-private partnerships, as said before, high-positioned Saudis will have been direct or indirectly pressured to invest in the IPO. The Saudi government has been criticized on several occasions for being corrupted and showing a lack of transparency over its acts. In this area, Vision 2030 hopes to ensure the law and the obligation of honestly reporting every business activities. Under proposal of MBS a follow-up department, headed by a ministerial rank official, has been set up to follow the implementation by government ministries of projects that have been approved.

Anti-terrorist positioning and extremist ideologies

Mohammed bin Salman has severely expressed his aim of not only dealing with extremist ideologies, but also of destroying them. As part of this determination, some clerics, which are meant to form part of the extremist ideology that the leader seems to condemn, have been targeted.

Nevertheless, organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch and the Committee to Protect Journalists have demonstrated that these presumed extremist clerics have long records of advocating the type of reform and religious moderation MBS asserts to support. For instance, in September 2017, numerous clerics, journalists and scholars known for their reluctance to MBS policy, which they consider as half-measured and not going straight to the point, were arrested by Saudi security forces. On the other hand, certain state clerics continue unpunished despite publicly criticizing the reforms and inciting hatred against the Shia minority. In particular, two members of the Council of Senior Scholars —the highest religious body in the country, whose role is to advise the King on religious matters by issuing fatwas (judicial advice provided by a religious specialist)— have been in the spotlight for years. These are Saleh al-Fawzan and Samm leh al-Lohaidan, both close to bin Salman. These two scholars are owners of broadcasting channels funded and promoted by the Saudi government from which they divulge their ultra-conservative view of Islam and condemn with the death penalty whatever they consider as violations of religious and moral rules contrary to Islam. An example of such are the declarations made saying that Shiites are not Muslims or that Muslims are not allowed to protest or even publicly criticize rulers as this would lead to rebellion that would in turn justify rulers’ violent response, like those held in 2017.

Together with these personalities, there are others who also hold high-rank positions in the country’s politics and government. Abdulaziz al-Sheikh, for example, is the grand mufti (muslim religious who has the authority to interpret Sharia) of Saudi Arabia. In that capacity, he has issued numerous fatwas and statements preaching the virtues of obedience to existing authorities and submitting to their policies without question. This, once again, raises the question of whether or not Saudi Arabia is actually cleansing extremist ideologies. Some, as Abdullah Almalki —a religious academic—, argue that the sovereignty and free choice of the people must have precedence over any desire to implement Sharia and that justice and free choice must be the pillars of any political community.

Almalki’s father, Salman Alodah, like himself, advocates religious tolerance against calls of jihad in Iraq, Syria, and elsewhere, calling for a democratic change, supporting the empowerment of women, fighting against discrimination, and respecting the religious minorities who are marginalized in the Kingdom. Both Almalki and Alodah were also arrested in the 2017 detentions and referred the following year to court for a secret trial —something that has become common when the accused are moderate voices, feminists and intellectuals—, facing death penalty for their extra-progressive views. Besides these cases, probably the best known one was that of the Washington Post columnist Jamal Khashoggi’s murder at the Saudi consulate in Istanbul in October 2018.

In contrast to some of these powerful men characterized by their severe religious stances, the Saudi society as a whole holds a somewhat more nuanced view of Islam and does not completely identify with them. On this, it is worth recalling the attack on the Shia mosques carried out by Daesh in May 2015. The event was followed by mass funerals in the Saudi streets, which exposed the unity of the Saudi people above sectarian lines.

Al Qaida was apparently eradicated from the country and, as a result of that, it moved its operations to Yemen, where Saudi Arabia’s military force together partnered with the UAE —with limited US support, it must be said— and the Yemeni government forces have been doing efforts to combat it, achieving, for instance, the liberation of Mukalla. Specifically, Saudi Arabia blames the failing states of Iraq, Lebanon, Syria, and Yemen as the reason why Al Qaida has not yet been definitively eradicated.

The Iraqi government broke down after the US invasion in 2003, which led to a sectarian  and corrupt government. In Syria, Bashar al Assad led the military uprising and breakdown of authority, providing al Qaida refuge, although he continuously expressed he was combating terrorists, actually al Qaida freely operated in both sides of the border. Saudi Arabia claims that further efforts must be made to remove Assad as an essential part of the battle against terrorism in the region. It also advocates efforts at the international level to stop with the use by terrorists of pro-Palestine propaganda to recruit young members.  

Aramco and the oil crisis

Petroleum prices have dropped considerably in recent years, exacerbating the need of a side Saudi economy which does not revolve around oil. This has become a rough task, taking into account that the petroleum sector employs around the 70% of the population in Saudi Arabia. Aramco’s IPO, which promises to sell shares to investors, has become the center of the Vision 2030 initiative for Mohammed bin Salman.

The reasons behind the IPO are two: money —Saudi Arabia needs greater money inputs in order to accomplish the reform plans and finance the war in Yemen— and the political rehabilitation of the crown prince (MBS) under the consent of the international sphere, portraying, in a way, that the IPO may not be motivated that much because of an economic interest (which of course it is) but more deeply because of a political benefit of claiming that Saudis are opened to the world by selling part of Aramco to foreigners.

The tremendous expectation raised around the IPO can be interpreted as a way of starting attention of the incidents of 2017 and Khashoggi’s murder mentioned before. Aramco’s initial public offering, which started this last December in Tadawul (Saudi Arabia’s domestic stock market), went resoundingly bad after the US attack in Bagdad resulting in the death of the Iranian military commander Qasem Soleimani as well as the Iraqi-Iranian deputy chief of the armed organization Popular Mobilization Committee. Shares of the State petroleum company have dropped in a 1.7%. However, in spite of this event, Aramco’s IPO went reasonably well and the company managed to be valued in $2 billion, which is not surprising considering that the Saudi government has actively encouraged Saudis to invest, meaning that there are investors (people within the orbit of the royal court and big business) who have no choice in the matter because their livelihoods and stature are dependent on proving they support Mohammed bin Salman’s program and retail investors who will invest because of all the hoopla and nationalist sentiment whipped up around the offering.

Women and the guardianship rule

Undoubtedly, changes have been done within the Saudi State to overcome the lack of involvement of women in everyday life. As an example of it, the permission to drive automobiles extended to women has found a significant echo globally. Women make up half of the population in Saudi Arabia. As part of the Saudi transformation of its economy plan, there is a need beyond the sole fact of integrating women in society, namely that of integrating this half of the Saudi population into the labor force.

Women conform nowadays just the 7% of the work force. After the implementation of the Vision 2030 plan, the number is expected to rise up to a 30% by that year. Following a worldwide tendency, more women than men graduate from universities in all disciplines. Furthermore, thanks to efforts attributed to the crown prince and to King Abdullah before him, women can be members of the Consultative Assembly since 2014. Currently, they occupy 20% of its seats. In September 2011, King Abdullah granted women the right to vote, a right they exercised in 2015 for the first time.

Further changes have been done within the country in favor of integrating women, which have gone unnoticed by the public eye. Princess Reema bin Bandar al Saud is an example of that. As president of the Saudi Federation for Community Sport, she has developed different initiatives, together with other ministries, to promote women; for instance, by creating football leagues. Moreover, opening women access to the armed forces has also been a huge step forward considering the impact in the shift of gender perspective. It cannot be omitted that Saudi Arabia has been for decades an extremely conservative country and that what may be seen as basic things for westerners in the 21st century, supposes a top-down reform within their principles, especially considering that they are being introduced in a considerably short time.

Conclusion

Saudi Arabia is facing —and will face in the following years— great challenges to redirect the country’s economy into one less dependent on oil, and to reeducate a youth that has been raised up with almost everything being granted by the government. Finally, there is also the challenge of making bin Salman’s vision more translatable to the western public, which, as said, see the reforms with some skepticism, notwithstanding official energetic and ambitious proclamations. As a summary, society, diversification of economy and governance and bylaws are crucial for the Saudi progress. What is true is that, regardless the reticence of westerners, MBS has gained huge support among his compatriots and is thought to be the reformer he repeatedly self-proclaims to be. This may lead us, Westerners, to consider whether an Islamic conception of renovation of Islam in appliance to govern is similar, and if so, to which extent, to our own conception of it.

Con su bloqueo a algunos candidatos el Parlamento Europeo busca el protagonismo negado al fracasar la proclamación del Spitzenkandidat

▲ Ursula von der Leyen, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en la que defendió su candidatura [Comisión Europea]

ANÁLISIS / Jokin de Carlos

En 1963 se firmaba el Tratado del Elíseo entre el presidente Charles de Gaulle y el canciller Konrad Adenauer, acabando con siglos de rivalidad franco-germana y comenzado la amistad entre estos dos países. Durante las siguientes décadas Francia y Alemania, como primeras economías de la Unión, marcarían en gran parte la agenda política y económica. Incluso en los momentos de crisis ambos países líderes evitaban dar imagen de confrontación.

Sin embargo, tras las elecciones europeas del pasado mes de mayo se produjo un público forcejeo entre Berlín y París sobre quién debía sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea. Por un lado, encabezados por Angela Merkel, estaban aquellos dirigentes que defendían la nominación del bávaro Manfred Weber, Spitzenkandidat del Partido Popular Europeo, integrado por formaciones de tendencia conservadora; por otro lado, dirigidos por Emmanuel Macron, estaban aquellos que, de tendencia liberal o socialdemócrata, se oponían a esta nominación en preferencia del holandés Frans Timmermans o la danesa Margrathe Vestager.

Después de semanas de negociación y tensión diplomática se accedió a retirar la candidatura de Weber, en parte por la debilidad política de Merkel en Alemania y la momentánea defenestración de Sebastián Kurz en Austria debido al Ibizagate. Pero el cargo no fue para Vestager o Timmermans sino para Ursula von der Leyen, ministra de Defensa alemana y colega democristiana de Merkel, originaria de Hannover y de familia aristocrática. 

Y así termina el verano de nuestro descontento, con este sol de Hannover.

Elección

Uno de los principales problemas de la nueva presidenta de la Comisión va a ser cómo lograr consenso entre los líderes en el Consejo y entre los partidos en el Parlamento.

Von der Leyen fue elegida por unanimidad en el Consejo, sin embargo, su elección en el Parlamento Europeo fue la más ajustada de la historia, con solo nueve votos por encima de la mayoría necesaria. Esta votación contó con varias sorpresas, como el voto favorable del italiano Movimiento 5 Estrellas o el polaco PiS y el rechazo del SPD o la totalidad de los verdes.

Composición de la Comisión

El 9 de septiembre, Von der Leyen hizo públicos sus nominados para la nueva Comisión, compuesta por 28 miembros en atención a los 28 países miembros, si bien Reino Unido renuncia a tener un sitio por su programada partida de la Unión el 31 de octubre.

La Comisión von der Leyen ha sido organizada en forma de pilares, cada uno de los cuales dirigido por un vicepresidente e integrado por uno o varios comisarios con carteras específicas. Estos pilares son cinco: (a) Acuerdo verde europeo, que cubrirá temas como energía, transporte o agricultura; (b) una Europa lista para la era digital, para temas como innovación y competencia; (c) protegiendo nuestro modo de vida europeo, que abarcará las áreas de inmigración y seguridad; (d) una Economía que trabaje para el pueblo, destinado a comercio, trabajo y finanzas, y (e) una Europa fuerte en el mundo, que incluirá asuntos como las relaciones internacionales o la administración de crisis.

Para la composición de esta Comisión, Von der Leyen ha tratado de integrar a dos de los Spitzenkandidat que fueron descartados para la presidencia. El socialista Frans Timmermans, antiguo viceprimer ministro holandés, seguirá como vicepresidente y dirigirá el pilar del Acuerdo verde europeo, mientras que la liberal Margrethe Vestager, anterior viceprimera ministra danesa, habiendo sido comisaria de Competencia en la previa Comisión, dirigirá el pilar de Una Europa lista para la era digital. Se trata de dos de los comisarios más populares en la Comisión Juncker; en el caso de Vestager por su lucha contra la evasión fiscal de varias grandes empresas tecnológicas norteamericanas, como Google, Amazon o Apple.

Del resto de vicepresidentes, tres encabezarán los otros tres pilares: el nuevo Alto Representante de la Unión Josep Borrell, exministro español en varias carteras y expresidente del Parlamento Europeo, dirigirá Una Europa fuerte en el mundo; el democristiano y expremier letón Valdis Dombrovskis se ocupará del pilar económico, y el conservador griego Margaritis Schinas dirigirá el pilar de protección del modo de vida europeo.

Otras tres vicepresidencias, con áreas más reducidas, irán para la checa Verá Jorubá (Valores y Transparencia), el eslovaco Maroš Šefčovič (Relaciones Interinstitucionales) y la croata Dubravka Šuica (Democracia y Demografía).

Entre los nominados para comisarios se encuentra gente de prestigio que ha logrado puestos importantes en sus respectivos países, así como en previas comisiones europeas: Paolo Gentiloni, expremier italiano, será comisario de Economía, y Didier Reynders, exministro de Defensa, Finanzas y Exterior en Bélgica, estará al frente de Justicia.

Análisis

Hay dos características que se pueden remarcar de esta Comisión propuesta: (1) La primera es su carácter más político y (2) la segunda es una marcada francofilia. 

(1) En ocasiones anteriores los comisarios solían mostrar un perfil técnico y en muchos casos una preferencia por permanecer en la sombra. En cierta forma se les podría haber considerado el secretariat del Consejo Europeo. Sin embargo, la selección hecha por Von der Leyen parece querer acabar con esta tradición, al optar por nombres más conocidos. Así, Gentiloni o Dombrovskis han gobernado previamente sus países, mientras que otros como Vestager, Timmermans o Reynders han tenido un cierto protagonismo previo. Parece que el interés de los políticos de la UE ya no es tanto crear lo antes posible la Federación Europea como acercar más Bruselas a la gente. Si esta estrategia funciona o no, el tiempo lo dirá.

(2) La segunda característica de esta nueva Comisión es una clara dirección pro-francesa, para satisfacción de Emmanuel Macron. Muchos de los miembros de la Comisión son aliados políticos del presidente francés; el más claro es el caso de la propia Ursula von der Leyen, pese a haber formado parte del gabinete de Merkel y ser correligionaria suya. Hay que recordar que fue Macron quien la propuso para el cargo después del veto a Weber, que era el candidato inicial de Merkel. Pero eso no es todo. Tanto Timmermans como Vestager son aliados políticos de Macron (Vestager había sido su primera opción para presidir la Comisión). Josep Borrell también es un conocido francófilo, y Didier Reynerds es un belga francófono cuyo partido es aliado del de Macron, como ocurre con el comisario italiano Paolo Gentiloni. Así, pues, se trata de una Comisión mayoritariamente francófila, lo que podría aumentar el peso de Macron sobre la Unión y hacer avanzar su visión de Europa.

Fuera de la Comisión los otros cargos nominados por el Consejo Europeo fueron Christine Lagarde, exministra de Finanzas francesa, que ha dejado de dirigir el FMI para ponerse al frente del Banco Central Europeo, y Charles Michell, premier francoparlante de Bélgica y compañero liberal de Macron, nuevo presidente del Consejo Europeo.

Con estas nominaciones también se han querido cumplir una serie de objetivos:

i) El primero y más claro es que se ha querido acabar con una posible alienación de los países de Europa Central y del Sur. De ocho vicepresidentes, cuatro son de Europa Central, al frente de áreas tan importantes como el pilar económico o temas de justicia; otros dos son del Sur, con responsabilidad sobre temas de inmigración y política exterior.

ii) También se ha intentado acercar a grupos que pueden tener dudas sobre Von der Leyen o directamente votaron en su contra en la sesión parlamentaria. Mirando a los verdes, el portafolio Acuerdo verde europeo se propone reducir las emisiones de carbono un 55% de sus niveles en 1990 para 2030 y convertir a Europa en el primer continente de emisión cero de carbono para 2050. El pilar sobre inmigración, llamado Proteger nuestro modo de vida europeo, parece querer augurar una política más estricta en temas de inmigración con el objetivo de mantener el apoyo del PiS de Polonia y Fidesz de Hungría.

iii) Brevemente también hay que mencionar que la nominación de Gentiloni a la cartera económica parece una forma de recompensar a Italia por la formación de un gobierno favorable a Bruselas. Si bien la nominación de un italiano de izquierdas para economía podría preocupar a Alemania o a la Nueva Hansa, parece que la nominación de conservador austriaco Johannes Hahn para la Comisión Presupuestaria se ha hecho para equilibrar la de Gentiloni.

Retos y posibles complicaciones

Los cuatro principales retos de esta nueva Comisión parece que van a ser la ecología, la economía, la inmigración y la construcción de una política exterior común.

Como se ha dicho antes, la nominación de Borrell y otros comisarios puede llevar a una política exterior que siga las líneas francesas, lo que en ciertos momentos puede suponer conflictos con Polonia, los Países Bálticos o incluso Alemania si las tensiones entre Francia y Estados Unidos llevan a Washington a cuestionarse sus compromisos con la OTAN y con Rusia.

La inmigración parece que va a seguir siendo un asunto principal para la Comisión, aunque no tanto como los últimos años, en gran medida porque el número de personas que llega a Europa ha bajado drásticamente. De más de un millón en 2015 a menos de 150.000 en 2018. Todo parece indicar que la línea en inmigración ilegal va a ser más dura que en años previos, si bien va a intentarse evitar una retórica populista. Sin embargo, el propio nombre del portafolio, Proteger nuestro modo de vida europeo, ya ha sido objeto de críticas por parte de ciertos sectores políticos y de la sociedad civil de Europa Occidental.

La economía será otro elemento clave. Con un Brexit que puede dañar la economía europea o provocar una desaceleración.

Otro de los principales problemas va a estar relacionado con Timmermans y su cargo. Como cabeza del pilar Acuerdo verde europeo, el holandés será el encargado de tratar con los países para reducir sus emisiones de carbono. Los países de Europa Central, especialmente Polonia, son todavía muy dependientes del sector del carbón, que ocupa a una sensible porción de mano de obra. Timmermans demostró cierta torpeza a la hora de tratar con Polonia y Hungría en temas de justicia siendo vicepresidente de Juncker, por lo que habrá que ver cómo se ocupa del asunto energético.

En relación a las nominaciones ha habido preocupación por el bloqueo del Parlamento a los comisarios de Rumanía, Hungría y Francia, que fueron rechazados por distintas razones. En el caso del nominado húngaro el veto se atribuyó a su relación con un bufete de abogados, y en el de la francesa, a la vinculación con un think tank americano. Sin embargo, el análisis general parece indicar que estos rechazos, sobre todo en el caso de la nominada francesa, parecen una represalia del Parlamento por haber sido apartado en la decisión sobre la presidencia de la Comisión –al desconsiderarse la proclamación del Spitzenkandidat más votado– por el Consejo Europeo, especialmente por Emmanuel Macron. La caída del gobierno rumano y el establecimiento de un gobierno provisional hasta las elecciones legislativas de 2020 puede retrasar la formación de la Comisión. Según el Alto Representante Josep Borrell, es esperable que la formación de la Comisión Von der Leyen se retrase hasta el 1 de diciembre.

Conclusión

Decir que la Comisión Von der Leyen va a ser continuista, como muchos afirman, sería parcialmente incorrecto. Si bien la ideología parece ser la misma, los objetivos marcados son muy distintos y mucho más políticos. Parece que algunos de los errores cometidos por la Comisión Juncker quieren ser solucionados y se está tratando de dar respuesta a algunas de las demandas que la ciudadanía plantea a Bruselas, en temas como el cuidado del medioambiente, la mejora económica, la correcta integración de Europa Central, el control de las fronteras, el desarrollo de una política internacional común y el acercamiento de Bruselas a los europeos.

Si esto será un fracaso o una victoria, on verra.

La necesidad de mano de obra ha llevado tradicionalmente a Suecia a acoger olas de inmigrantes; sectores de la sociedad lo viven hoy como un problema

▲ Puente de Oresund, entre Dinamarca y Suecia, visto desde territorio sueco [Wikipedia]

ANÁLISIS / Jokin de Carlos

Suecia ha tenido la reputación, desde la Segunda Guerra Mundial, de ser un país abierto a los inmigrantes y de desarrollar políticas sociales tolerantes y abiertas. Sin embargo, el aumento del número de inmigrantes, la lenta adaptación cultural de algunas de esas nuevas comunidades, especialmente la musulmana, y los problemas de violencia generados en áreas de mayor vulnerabilidad han provocado un intenso debate en la sociedad sueca. La opinión de que una generosa política migratoria puede estar destruyendo la identidad sueca y haciendo la vida más difícil para los suecos nativos ha alimentado el voto de cierta oposición de derechas, si bien los socialdemócratas revalidaron el año pasado el apoyo ciudadano para un Gobierno que mantiene las políticas tradicionales con cierto mayor énfasis en la expulsión de aquellos cuya solicitud ha sido rechazada.

Política migratoria

Uno de los problemas históricos de Suecia ha sido su baja tasa de fecundidad, que alrededor de la década de 1960 había ya caído al umbral de 2,1 hijos por mujer necesarios para el reemplazo poblacional. Eso era algo que amenazaba el célebre estado de bienestar sueco, por la necesidad de ingresos por impuestos que mantuvieran los generosos servicios públicos, de forma que el país promovió la llegada de inmigrantes. Al mismo tiempo, la necesidad de mano de obra también era planteada por el desarrollo de la industria nacional.

Suecia surgió de la Segunda Guerra Mundial en buenas condiciones. No sufrió la destrucción de otras naciones, al quedar territorialmente en los márgenes del conflicto, y pudo consolidar una industria metalúrgica que, gracias a la producción de sus minas de hierro, se había beneficiado de vender a los dos bandos en guerra. Ese desarrollo industrial requería de una gran fuerza de trabajo que la baja natalidad propia y la concentración de la población en la costa y en el sur, fuera de los núcleos industriales, dificultaban reunir. Además, el estado de bienestar sueco y las continuas décadas de paz crearon una clase media que no quería trabajar en la nueva industria por los bajos salarios que esta ofrecía para resultar competitiva.

Para resolver la falta de mano de obra y así mantener el progreso económico, desde la década de 1950 Suecia recurrió a la inmigración. El Gobierno abrió primero la frontera a quienes buscaban asilo o trabajo y luego construyó grupos de viviendas, generalmente de baja calidad, cerca de las áreas industriales donde los recién llegados podían encontrar empleos sin ningún requisito de idioma. Cuando el impacto cultural de esas incorporaciones era demasiado grande en algunas áreas, el Gobierno procedía a cerrar las fronteras, restringiendo la inmigración. Cuando se necesitaran nuevos trabajadores, el Gobierno volvía a abrir la frontera.

Este sistema ayudó a un importante avance económico, pero también aisló a muchos grupos sociales, que se quedaron estancados en áreas de bajos ingresos sin apenas posibilidad de desarrollo ni integración social.

Desarrollo histórico

Tanto durante la Segunda Guerra Mundial como a su término, Suecia fue un destino importante para personas procedentes de Noruega, Dinamarca, Polonia, Finlandia y las Repúblicas Bálticas que escapaban de la guerra o de la destrucción que creó; también fue un destino neutral para muchos judíos. En 1944, había en Suecia más de 40.000 refugiados; si bien muchos regresaron a sus países tras la contienda, un grupo considerable de ellos se quedó, principalmente estonios, letones y lituanos, cuyas naciones de origen fueron incorporadas a la URSS.

En 1952, Suecia, Dinamarca y Noruega formaron el Consejo Nórdico, creando un área de libre comercio y libertad de movimiento, a la que Finlandia se unió en 1955. Con esto, miles de migrantes fueron a Suecia para trabajar en la industria, principalmente de Finlandia pero también de Noruega, que aún no había descubierto sus reservas de petróleo. Esto aumentó el porcentaje de la población inmigrante del 2% en 1945 al 7% en 1970. Todo esto ayudó a Tage Erlander (primer ministro de Suecia entre 1946 y 1969) a crear el proyecto "Sociedad Fuerte", dirigido a aumento del sector público y el estado del bienestar. Sin embargo, este flujo de mano de obra comenzó a dañar a los trabajadores suecos nativos y, en consecuencia, en 1967, los sindicatos comenzaron a presionar a Erlander para que limitara la inmigración laboral a los países nórdicos.

En 1969, Erlander renunció al cargo y fue sustituido por su protegido, Olof Palme. Palme era miembro del sector más radical de los socialdemócratas y quería aumentar aún más el estado de bienestar, continuando el proyecto de su predecesor a una mayor escala.

Con el fin de atraer una fuerza laboral más grande sin enojar a los sindicatos, Palme comenzó a utilizar la retórica a favor de los refugiados, abriendo las fronteras de Suecia a las personas que escapaban de las dictaduras y la guerra. Al mismo tiempo, estas personas serían trasladadas a vecindarios industriales, construidos especialmente para ellos en áreas industriales cercanas donde trabajarían. Al mismo tiempo, Palme trató de hacer de Suecia un país atractivo para los inmigrantes mediante políticas de asimilación a favor del multiculturalismo.

Durante este período, personas de muchas nacionalidades comenzaron a llegar al país: desde quienes escapaban del conflicto en Yugoslavia o la ley marcial en Polonia a quienes huían de Oriente Medio y América Latina. Estas nuevas poblaciones se establecieron lejos de núcleos demográficos nativos suecos; debido a esto muchos vecindarios de la clase trabajadora se convirtieron en guetos aislados. En 1986, Palme fue asesinado y su sucesor, Ingvar Carlsson, cambió la política de inmigración y comenzó a aceptar solo a aquellos que configuraran como refugiados de acuerdo con las normas de las Naciones Unidas.

Durante la década de 1990, el aumento de los conflictos en lugares como Somalia, Yugoslavia y varias naciones africanas hizo aumentar el flujo de refugiados de guerra, y muchos de ellos fueron a Suecia. En 1996 se creó el Ministerio de Migración y Política de Asilo. Sin embargo, los dos mayores movimientos de personas de países extranjeros se producirían a raíz de los siguientes conflictos de Irak e Siria. El gobierno conservador de Fredrik Reinfeldt comenzó a acoger a un gran volumen de refugiados iraquíes, que en 2006 se convirtieron en la segunda minoría más grande del país, después de los finlandeses. En 2015, el gobierno socialdemócrata de Stefan Löfven abrió la frontera a los refugiados sirios, que llegaron en masa, huyendo de la Guerra Civil siria y del empuje de Daesh.

Esta sucesión de olas de inmigrantes de Oriente Medio agravaron algunos problemas: en muchos vecindarios, los llegados de fuera no se sienten como en Suecia, principalmente porque estos fueron construidos para "no ser Suecia"; además, la difícil integración y los trabajos mal pagados alimentan las pandillas y el crimen organizado. Todo esto llevó a Löfven a aplicar una política de migración más estricta en 2017, aceptando menos solicitantes de asilo y comenzando a expulsar a aquellos cuyas solicitudes de asilo habían sido denegadas.

Como se puede ver la tendencia en Suecia es abrir las fronteras a la inmigración cuando esta es necesaria y cerrarlas cuando esta comienza a provocar tensiones sociales.

Orígenes de la población inmigrante

Suecia se ha convertido en una sociedad étnicamente muy diversa, donde casi el 22% de la población tiene antecedentes extranjeros. Hasta 2015, la mayor minoría étnica en eran los finlandeses, que a finales del pasado siglo superaban los 200.000. A raíz de la guerra de Irak y de la crisis migratoria siria, las personas procedentes de Oriente Medio han pasado a ser el mayor grupo.

En la actualidad, el 8% de los habitantes de Suecia procede de un país de mayoría musulmana –básicamente de Siria e Irak, pero también de Irán–, si bien solo el 1,4% de la población practica la religión musulmana (alrededor de 140.000 personas en 2017), pues también existen inmigrantes procedentes de esos países con otras adscripciones religiosas, como cristianos, drusos, yazidis o zoroastrianos. Estos números pueden haber aumentado ligeramente, si bien no para provocar cambios muy drásticos en la demografía.

A pesar de no ser especialmente numerosa, la comunidad musulmana ha generado atención mediática a raíz de diversas polémicas. En 2006, Mahmoud Aldebe, miembro del Consejo Musulmán de Suecia, planteó por carta a los partidos políticos del Riksdag y al Gobierno sueco demandas especialmente controvertidas, como derecho a vacaciones islámicas específicas, financiamiento público especial para la construcción de mezquitas, que todos los divorcios entre parejas musulmanas sean aprobados por un imán, y que a los imanes se les permita enseñar el Islam a niños musulmanes en escuelas públicas. Esas demandas fueron rechazadas por las autoridades y la clase política de Suecia. También se ha dado el caso de que algunas asociaciones musulmanas o mezquitas han invitado a predicadores radicales, como Haitham al-Haddad o Said Rageahs, cuyas conferencias fueron finalmente prohibidas.

Áreas Vulnerables y crimen organizado

El Gobierno sueco ha designado algunos barrios como Áreas Vulnerables (Utsatt Område). No son propiamente “No-Go Zones”, porque en ellas tanto los agentes policiales, como los servicios sanitarios o los medios de comunicación pueden entrar. Se trata de áreas de menor seguridad que exigen una mayor atención de las autoridades.

Algunas de ellas se encuentran en Malmö, ciudad con la mayor tasa de criminalidad del país, principalmente debido a su ubicación. Malmö se encuentra al otro lado del puente de Oresund, que conecta Dinamarca con Suecia y es la única ruta por tierra entre Suecia y el continente sin tener que rodear el Báltico. Allí diversas pandillas y mafias participan en el tráfico de drogas y de personas, al tiempo que se enfrentan entre ellas en una pugna por el control del espacio. Grupos de este tipo también actúan en Rotterdam, en relación a la actividad generada por su importante puerto.

A pesar de la impresión dada por ciertos mensajes contrarios a la inmigración, la comisión de delitos en Suecia se encuentra en niveles parecidos a los de 2006. Después de ese año el número de delitos descendió, para subir de nuevo en 2010 y 2012. Podría establecerse una relación entre ese ascenso y la crisis económica, que supuso un aumento del desempleo, pero no está tan clara su vinculación con los registros de inmigración. La llegada de iraquíes en 2005 no conllevó una mayor inseguridad en las calles de Suecia y tampoco lo ha hecho la recepción de sirios en los recientes años. La tasa de homicidios en Suecia es de 1,1 por cada cien mil habitantes –por debajo de otros muchos países europeos–, y hay más delitos registrados por nativos suecos que por extranjeros, según el Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito.

No obstante, las mafias que operan en Suecia se componen en su mayoría de ciertos grupos étnicos. Su formación se derivó especialmente de la llegada de personas de Yugoslavia, tanto de trabajadores de la década de 1970 como de refugiados de las guerras balcánicas de la década de 1990. El principal de esos grupos, conocido como Yugo Mafia, está hoy liderada por Milan Ševo, apodado “El Padrino de Estocolmo”. Otros grupos son K-Falangen y Naserligan, compuestos por albaneses; la Legión Werefolf, formada por sudamericanos, y los Gangsters, originales por los asirios (minoría cristiana de Siria). No obstante, uno de los más grandes es Brödraskapet o la Hermandad, fundada en 1995, con más de 700 miembros que en su totalidad son suecos nativos y con mucha presencia en las cárceles suecas.

Movimientos migratorios de Suecia entre 1850 y 2007. En rojo, llegada de inmigrantes; en azul, salida de emigrantes [Wikipedia-Koyos]

Terrorismo

Desde 2011 en Suecia se han producido tres ataques terroristas; un cuarto ataque pudo se evitado al ser detectada con tiempo su preparación. El primero fue realizado por Anton Lundin Pettersson, un neonazi sueco que en 2015 atacó la Escuela Trollhättan, donde mató a cuatro personas, todas ellas inmigrantes. El siguiente fue perpetrado por el Movimiento de Resistencia Nórdica, una organización neonazi, que actuó contra un centro de refugiados y el café de una organización de izquierdas; en el ataque solo se produjo un herido. El tercero, el más conocido, fue perpetuado en 2017 por un hombre de Uzbekistán aparentemente reclutado por Daesh, que arremetió con un camión contra viandantes en el centro de Estocolmo, matando a cinco personas e hiriendo a catorce.

De los tres atentados, solo uno tuvo motivación yihadista, a diferencia del peso que el terrorismo islamista ha tenido en otros países europeos con mayor población musulmana. En cualquier caso, la segregación que se vive en algunas comunidades y el adoctrinamiento radical que se da en ellas llevó a jóvenes suecos musulmanes a marchar a Siria para encuadrarse en Daesh y las autoridades siguen de cerca su posible retorno.

Aciertos y errores

Durante mucho tiempo, desde la izquierda europea se puso a Suecia como ejemplo de modelo socialdemócrata exitoso; ahora, desde ciertos grupos de derecha, se le pone como ejemplo de multiculturalismo fallido. Probablemente ambas afirmaciones son una exageración con fines partidistas. No obstante, lo cierto es que Suecia cuenta con un bienestar generoso que está costando mantener, y que en su también generosa apertura de fronteras ha cometido errores que no han facilitado la integración de la nueva población. Todo parece indicar que Löfven continua el camino que empezó en 2017 y se ha aumentado la presencia policial en las calles así como un endurecimiento en las políticas de inmigración, siguiendo a su vez las políticas hechas en Dinamarca.

Tiempo tendrá que pasar para ver qué resultados estas políticas tendrán en una futura Suecia.

*En la mitología nórdica, el Valhalla es un enorme y majestuoso salón al que, en la otra vida, aspiran a entrar los héroes

La próxima autosuficiencia gasista de sus dos grandes vecinos compradores obliga al Gobierno boliviano a buscar mercados alternativos

▲ Planta de gas de Yacimientos Pretrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) [Corporación YPFB]

ANÁLISIS / Ignacio Urbasos Arbeloa

Bolivia, bajo el mandato de Evo Morales, es la única historia de éxito económico de todos los países latinoamericanos que abrazaron el populismo de izquierdas al comienzo del presente siglo. El país altiplánico ha logrado junto a Panamá y República Dominicana el mayor crecimiento de PIB de la región en el último lustro, y todo esto en un difícil contexto de decrecimiento por parte de sus principales socios comerciales: Argentina y Brasil[1]. La estabilidad política aportada por Evo Morales desde 2006, sumada a políticas macroeconómicas prudentes de carácter contracíclicas y una nueva gestión de los hidrocarburos son parte de la fórmula de este éxito. A pesar de todo, existen enormes riesgos para Bolivia de carácter económico y político. Por un lado, el gas natural supone un 30% de las exportaciones y su destino es exclusivamente Brasil y Argentina, países que se hallan cerca de la autosuficiencia gasística. Encontrar vías alternativas no es una tarea sencilla para un Estado sin salida al mar, con un conflicto diplomático con Chile y separado por la Cordillera de los Andes del Perú. Además, la apuesta del gobierno boliviano por explotar el litio por medio de empresas nacionales que integren su procesamiento para favorecer la industrialización es una estrategia arriesgada que puede dejar al país fuera del creciente mercado del litio mundial. Por último, Evo Morales y el MAS han seguido una creciente tendencia autoritaria, permitiendo la reelección del presidente, atentando contra la separación de poderes y la reciente constitución de 2009. La nueva Bolivia enfrenta en la próxima década el desafío de reorientar sus exportaciones de gas natural, diversificar su economía y consolidar una democracia real que permita un crecimiento sostenido de su economía y su papel como actor regional.

Gas Natural: en el centro del debate político del s.XXI

Durante las fracasadas exploraciones petrolíferas en el Chaco de los años 1960, acontece el descubrimiento de abundantes reservas de gas natural de gran potencial económico. Si bien se trataba de un recurso de menor valor que el del crudo, pronto se desarrolla una incipiente industria gasista de la mano de compañías extranjeras, principalmente norteamericanas como la Standard Oil. En 1972 se produce una primera nacionalización, con el surgimiento de YPFB como la empresa estatal encargada de la exploración, producción, transporte y refino de los recursos energéticos bolivianos en colaboración con empresas extranjeras. Ese mismo año, se construirá el primer gasoducto exportador, con dirección a Argentina. Para 1999, Bolivia exportará gas natural a Brasil por medio del gasoducto Santa Cruz-Sao Paulo, cuyo proyecto supuso más de 8 años de negociaciones y obras e introdujo a Petrobras como un importante actor en el sector. De este modo, Bolivia entra al siglo XXI con una creciente industria gasista, mayoritariamente privatizada por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y aupada por un modelo fiscal muy favorable para las compañías extranjeras[2].

El año 2001 marca el inicio de una convulsa etapa política en Bolivia con la denominada Guerra del Agua. Una oleada de protestas surgida de la privatización de los servicios municipales de aguas en el marco de negociaciones financieras entre el FMI y el Gobierno de Hugo Banzer. En el centro neurálgico de dichas protestas en Cochabamba surgió la figura de Evo Morales, líder cocalero que irá incrementando su popularidad de forma imparable. El gas se convertirá en protagonista en 2003, con una nueva oleada de protestas en contra de la construcción de un gasoducto de gas natural desde Tarija a Mejillones (Chile) para consumo de la industria minera de este país y exportación a México y EEUU en forma de GNL. La oposición al proyecto argumentaba la incoherencia histórica de aportar recursos bolivianos a la explotación de la región minera perdida frente a Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883) y que privó a Bolivia de una salida al mar. Además, se proponía un gasoducto alternativo, más costoso, que atravesase Perú, pero que supuestamente beneficiaría la región norte de Bolivia y no supondría una humillación nacional. Las protestas tomaron un cariz nacionalista e indigenista convirtiéndose en una auténtica revolución que bloqueó La Paz, el aeropuerto internacional y sumió el país entero en la violencia y el desabastecimiento. El presidente Lozada terminó renunciando y la mayoría de su gobierno huyendo al extranjero, mientras el proyecto quedaba cancelado y enterrado para siempre.

El nuevo presidente Mesa llega al poder con la promesa de llamar a un referéndum vinculante sobre el gas, al establecimiento de una Asamblea Constituyente y a una reforma de la Ley de Hidrocarburos, que incluyera la revisión de los procesos de privatización. El referéndum termina por dar la victoria a las propuestas de Carlos Mesa, si bien con una baja participación y una confusa redacción de las preguntas. El presidente Mesa, incapaz de capitalizar la legitimidad que le otorgaba el plebiscito renuncia al cargo y convoca elecciones presidenciales anticipadas en 2005, que llevan al poder al primer presidente indígena de la historia de Bolivia, Evo Morales, por mayoría absoluta. De esta forma el gas natural se convierte en el principal catalizador del cambio político en Bolivia.

La reforma de los hidrocarburos

La llegada de Evo Morales supuso un profundo cambio en el marco legal de los hidrocarburos. En 2006 se promulga la nueva ley de hidrocarburos “Héroes del Chaco”, que nacionaliza los recursos energéticos de Bolivia, expropia el 51% de las acciones de empresas involucradas en el sector y establece un impuesto directo sobre los hidrocarburos del 50% sujeto a una regalía extra del 32% a YPFB en aquellos yacimientos de más de 100 mcf de producción anual[3].  Esta legislación, en palabras de Evo Morales “daba la vuelta a la tortilla, pasando de 18% a 82% en los ingresos del Estado sobre los hidrocarburos”[4]. La legislación, aunque adornada con una retórica radical revolucionaria, ha demostrado ser moderada y viable en el medio plazo, ya que permite en la práctica fórmulas fiscales mucho menos gravosas para las multinacionales energéticas y no implicó grandes expropiaciones de activos. Tal y como se puede ver en la gráfica inferior, los ingresos fiscales derivados del gas natural crecieron enormemente desde 2005, año de la reforma, sin afectar dramáticamente a la producción de gas natural. Además, esta reforma vino acompañada de máximos históricos en el precio de las materias primas en 2006, 2007 y 2008, amortiguando la reducción porcentual en los ingresos de las compañías extranjeras. En el año 2009 Bolivia incluye en el artículo 362 la primacía de contratos de servicios petroleros, una fórmula en la que las multinacionales no obtienen ningún derecho sobre los hidrocarburos extraídos, pero son remuneradas por los servicios prestados. 

Desde la reforma, las exportaciones han sido relativamente estables, aupadas por una creciente demanda tanto en Brasil como Argentina. El caso más polémico se dio en el invierno de 2016, especialmente frío, en el que Bolivia paralizó sus exportaciones debido a tareas de mantenimiento en el campo Margarita. Este hecho desenmascaró una tozuda realidad sobre las reservas demostradas de gas natural en Bolivia y la necesidad de aumentar las labores de exploración y perforación en el país. Las reservas actuales de Bolivia ascienden a 283 bcm (10 tcf), suficientes para solamente 10 años de actividad exportadora al ritmo actual. Conocedora de esta situación límite, la corporación YPFB ha lanzado para 2019 una campaña de inversión que asciende a los 1.450 millones de dólares, de los cuales 450 irán dedicados a labores de exploración[5]. Buena parte de la inversión en el sector durante los últimos años ha ido dirigida a industrializar la producción de gas natural en lugar de labores de exploración, construyendo plantas de refino como la planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo[6]. Actualmente trabajan en labores de exploración y producción Total, Shell, Repsol y Petrobras[7]. Este esfuerzo pretende contestar el informe del FMI que consideraba demasiado escasas las reservas de gas natural en Bolivia para convertir al país en un centro energético regional, máxima aspiración de Evo Morales[8]. Para YPFB, existen unas reservas probables de 850 bcm (35 tfc) que garantizarían una larga vida para el sector gasista, pero que debería repensar su política fiscal para volver a atraer empresas extranjeras, que a día de hoy solo suponen el 20% de la inversión total[9].

El futuro del gas natural boliviano

De acuerdo con los contratos firmados con Brasil (1999) y Argentina (2005) los precios de exportación están indexados a una canasta de hidrocarburos, que en general ha garantizado a Bolivia un precio muy favorable, superior al de Henry Hub, pero que hace al país igualmente dependiente de las fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas. Sin embargo, la revolución de tecnología no convencional y nuevas formas de transporte ahora más económicas como el GNL están transformando la realidad del mercado del gas natural en el Cono Sur. Esta nueva coyuntura, ligada a la finalización de los contratos con Brasil en 2019 y Argentina en 2026, pone en jaque el futuro del principal activo de la economía boliviana.

Tal y como se muestra en el gráfico, la balanza comercial boliviana y su estabilidad fiscal dependen de los volúmenes exportados de gas natural y su precio internacional. La supervivencia del modelo económico actual boliviano y la presidencia de Evo Morales dependen en gran medida de los ingresos derivados de este hidrocarburo, siendo un factor fundamental para el futuro de la República Plurinacional de Bolivia.

Brasil

Desde 1999 Brasil se convierte en el principal destino de las exportaciones de gas natural, siendo en el periodo 2001-2005 el único cliente de Bolivia. Esta posición permitió la entrada de Petrobras como principal inversor en el sector hasta el año de la nacionalización, suponiendo una importante fricción diplomática entre ambos países. Fue la complicidad entre Morales y Lula, así como la importancia de mantener la armonía entre los gobiernos de izquierdas en la región, lo que permitió evitar una confrontación mayor entre ambos países. A pesar de las palabras del presidente de Petrobras en 2006, Sergio Gabrielli, anunciando el fin para siempre de la compañía en Bolivia, esta ha continuado siendo un importante inversor debido a la rentabilidad de sus actividades y la importancia estratégica del gas boliviano para Brasil.

Parece evidente que el gas natural va a jugar un papel importante en el futuro de Brasil, ya que la principal fuente de electricidad en el país, la hidroeléctrica, requiere de otras fuentes que la sustituyan cuando haya escasez de lluvias, tal y como ocurrió entre 2012 y 2014. Este contexto favoreció la entrada de gas natural en el mix eléctrico, que pasó de un 5% en 2011 a un 25% para 2015[10]. Sin embargo, Brasil comenzó hace una década con las revolucionarias explotaciones de hidrocarburos presal, que han permitido al país aumentar su producción de crudo de 1,8 mbd en 2008 a 2,6 mbd en 2018. Se espera que la producción de gas natural asociado a estos campos entre al mercado brasileño conforme se vaya construyendo la infraestructura necesaria que conecte los yacimientos off-shore con la todavía insuficiente red de gasoductos, algo que se prevé mejorar con la entrada de actores privados al sector tras la reforma energética de 2016. Igualmente, Brasil ya cuenta con 3 plantas para importar GNL, lo que le permite diversificar sus importaciones, tal como hizo durante 2018 cuando Bolivia no pudo suministrar los 26 millones de metros cúbicos al día acordados en 1999. Todo esto pone en una posición privilegiada para la negociación a Petrobras y Bolsonaro, situado en las antípodas ideológicas de Morales, y que podría apostar por aumentar las importaciones del cada vez más barato GNL norteamericano y reducir el volumen de gas boliviano. En cualquier caso, debido a ciertos incumplimientos en el suministro de gas desde Bolivia, el contrato se extenderá durante al menos dos años más hasta que se alcancen los volúmenes pendientes de entregar y que Brasil ya ha pagado.

Argentina

El otro mercado de gas natural para Bolivia también está inmerso en profundas transformaciones, en este caso derivado de las técnicas no convencionales de shale y tight oil. El yacimiento de Vaca Muerta, considerado uno de los mayores depósitos de shale del mundo, ha comenzado a producir los primeros retornos tras años de inversiones por parte de YPF y otras multinacionales. A pesar de la inestabilidad económica argentina y las reformas fiscales exigidas por el FMI que retrasarán el desarrollo total de este yacimiento gigante[11], se prevé que para 2022 su producción cubra aproximadamente el 80% de las importaciones bolivianas, volviendo a la senda de la autosuficiencia alcanzada en buena parte de la década de los 90 y el 2000[12]. Por el momento Argentina ya ha logrado renegociar los volúmenes de gas natural importados en verano y en invierno de forma más favorable a la demanda interna[13].  Además, Argentina autorizó exportar gas natural a Chile tras 12 años de interrupción[14] y realizó su primera exportación de GNL en mayo de 2019[15], lo que constituyen primeros síntomas de una creciente producción doméstica.

Parece evidente que el mercado argentino no tendrá un largo recorrido para el gas natural boliviano y que probablemente ponga fin a sus importaciones cuando termine el contrato en 2026. Otras opciones pasan por emplear la completa red de gasoductos argentinos como tránsito a otros destinos vía GNL o a vecinos como Uruguay, Paraguay o incluso Chile.

Perú

Desde hace unos meses, Bolivia ha articulado una campaña de diplomacia pública para lograr extender un gasoducto exportador a Puno, ciudad peruana situada en el Lago Titikaka. Si bien Perú tiene una importante  producción de gas natural en Camisea que le permite exportar grandes cantidades de GNL, el país lanzó un programa conocido como Siete Regiones para universalizar el acceso al gas natural. El sur de Perú puede abastecerse de forma más económica por medio de importaciones bolivianas debido a la proximidad del gasoducto de La Paz, pero existen reticencias, especialmente en la oposición fujimorista, a importar un bien excedentario en el país. Esta fórmula sería integrada en un plan para exportar desde Bolivia gas licuado de petróleo a esta misma zona, mientras que Perú construiría un gasoducto para importar petróleo y derivados desde el puerto de Ilo, en el Pacífico, a La Paz. Para Bolivia, el mercado peruano puede ser una solución temporal mientras se siguen diversificando las exportaciones, pero tendrá una fecha de caducidad temprana dadas las reservas de gas natural peruanas, el doble que las bolivianas, y la tendencia lógica a una mayor producción doméstica que cubra la demanda de todo el país. Igualmente, parece sensato pensar que la costa de Perú será en el futuro uno de los puntos por donde Bolivia podría exportar su gas natural en forma de GNL si el mercado regional está saturado.

Chile

Desde un punto de vista económico, Chile es el país más atractivo para las exportaciones bolivianas. Carece de reservas de gas natural y su zona minera, de alta demanda energética, se sitúa en una zona relativamente próxima a la red de gasoductos y yacimientos de Bolivia. Sin embargo, la ya centenaria disputa por los territorios originariamente de Bolivia anexionados por Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883) han sido un obstáculo insalvable en el presente siglo. Cabe mencionar que durante los años 50 y 60 Bolivia exportó petróleo a Chile y a EEUU por medio del oleoducto Sica Sica-Arica; es decir, la negativa a exportar gas natural a Chile ha sido una bandera empleada por Evo Morales y no una tradición histórica en la relación de estos países.

Tras las enormes movilizaciones producidas por la Guerra del Gas, Evo Morales supo catalizar el fervor popular y utilizar la disputa territorial para incrementar su popularidad. De hecho, buena parte de sus esfuerzos en la anterior legislatura se centraron en lograr la ansiada salida al mar por medio de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En 2018 este tribunal falló de forma favorable para Chile, dictaminando que este país no tiene el deber de negociar con Bolivia un arreglo territorial. La negativa de Morales a exportar gas natural a Chile parece que continuará mientras dure su presidencia.

Sin embargo, el tratado de Paz y Amistad de 1904 firmado por ambos estados otorga a Bolivia plena autonomía aduanera en los puertos chilenos de Arica y Antofagasta y el derecho a mantener mercancía en tránsito por 12 meses, con almacenamiento sin costo para sus importaciones, y 60 días de almacenamiento gratuito para sus exportaciones. Estas condiciones parecen las ideales para la construcción de una planta de GNL en Arica o Antofagasta que permita exportar gas natural por vía marítima mientras se abastece el norte chileno, necesitado de gas natural barato que permita desplazar al carbón. Las difíciles relaciones políticas entre ambos países complican la viabilidad de este proyecto, que no debe ser descartado cuando Morales abandone la presidencia y exista una mayor sintonía, tal y como ocurrió con Pinochet y Banzer en el poder.

Consumo doméstico

El consumo doméstico de gas natural en Bolivia ha crecido a un ritmo del 4,5% anual en el periodo 2008-2018 impulsado por unos precios subsidiados para consumo y la puesta en marcha de proyectos estatales que pretenden dotar de valor añadido a la extracción de gas natural como la planta de urea de Bulo Bulo o la industria siderúrgica de Mutún. Se espera que la renta per cápita en Bolivia y el consumo eléctrico sigan aumentando en la próxima década. Si el volumen de subsidios al gas natural crece de forma similar mientras que los ingresos por exportaciones disminuyen, el delicado equilibrio fiscal boliviano podría tomar una senda similar al de Argentina. El proceso de industrialización nacional por medio del gas natural tampoco parece descabellado, siempre y cuando se asiente sobre las reglas de mercado y no a costa de las finanzas públicas. El país ya ha alcanzado la autosuficiencia en fertilizantes y ya suponen un creciente rubro exportador, ejemplo de la diversificación económica que el gobierno de Morales persigue.

La pregunta: ¿Hay mercado para todos?

Tras revisar el contexto regional, puede parecer que el mercado de gas natural en Sudamérica va a estar saturado por un exceso de oferta futura. Tal y como se puede observar en el gráfico, la demanda de gas natural en el vecindario boliviano va a aumentar de 107 bcm a 140 bcm anuales para 2030. Probablemente Perú, Argentina y Brasil aumenten su producción, pudiendo alcanzar la autosuficiencia a lo largo de la década de 2020. Esto complica la comercialización del gas boliviano, pero no la hace imposible. En primer lugar, la realidad geográfica de Sudamérica hace que ciertos proyectos transfronterizos sean más económicos que otros internos, como en el caso del Sur de Perú. Igualmente, los cada vez menores costes de exportar gas por vía marítima permiten encontrar mercado a los excedentes de la producción regional, como es el caso de Perú que concentra sus exportaciones de gas a España. En un contexto de cada mayor interconexión energética, Bolivia podrá seguir exportando gas natural, ahora bien, con una posición menos privilegiada y teniendo que invertir en infraestructura exportadora. Los grandes retos se concentran en aumentar las actividades de exploración atrayendo más inversión extranjera y privada, así como la búsqueda de nuevos mercados, siendo la cuestión chilena un elemento central en este debate.

How Russia, China, India and the Gulf Cooperation Council countries react to the new US sanctions against Iran

▲ Presidents Putin and Rouhani during a meeting in Tehran, in September 2018 [Wikipedia]

ANALYSIS / Alfonso Carvajal

As US-Iranian relations continue to deteriorate, the balance of power and regional alliances will be prone to shifting and changing. Iranians will likely feel increasingly more marginalised as time passes and will seek to remedy their state of international isolation. Here, the main factors to look out for will be the nations seeking to achieve great power status, and how they will try to attract Iran towards them while pushing the Islamic Republic further away from the United States.

China and Russia’s response

Russia’s relations with Iran have historically been complicated. While at some points, the two countries have faced each other as rivals in war, other times have seen them enjoy peace and cooperation. Russia has been an important actor in Iranian international relations since at least the Sixteenth Century and will most likely retain its importance in the long run. Since the fall of the USSR, Russian-Iranian relations have improved, as many issues that had caused tensions suddenly disappeared. These issues where mainly caused by their ideological incompatibility, as the USSR’s atheism was looked upon with suspicion by Khomeini, and its support given to Iraq in the Iran-Iraq war.

Recently, both countries have found themselves facing international, mainly US, economic sanctions. This is a factor that is important to acknowledge, and that will shape their future relations. As Russia and Iran struggle to defuse the effects of sanctions, they will seek trade elsewhere. This means that they have found in each other a way to make for their isolation, and their ties are likely to only grow. Militarily, cooperation has already been cemented by years of sanctions in Iran.

Whereas once the Iranian Armed Forces boasted of having the most advanced Western-built fighter jets and other military material in the region, Iran now often uses Russian and Chinese aircraft and military gear, coupled with its own native military industry that was independently developed as a result of its isolation. Iran is also said to cooperate with Russia in certain industrial sectors close to the military such as drones. However, due to the latest international sanctions, Russia is less keen to continue to cooperate on military sales and technology transfers. For this reason, Russia has shown reluctance towards helping the Iranian nuclear program, although it is in favour of reaching a deal with Iran along with the international community.

A cornerstone in Russian-Iranian relations has always been their mutual distrust towards Turkey. In the age of the Ottoman Empire, relations between Persians and Russians would often consist in an alignment against the Ottoman Turks. Nowadays, their relationship also has this component, as Turkey and Iran are increasingly competing in the Middle East to decide who will lead the reconstruction of the region, whilst Russia and Turkey find themselves at odds in the Black Sea, where Russia’s ambition of naval dominance is being challenged.

While it may seem that Russia and Iran should be close allies, there are a series of reasons to explain why cooperation is not likely to see a fully fledged alliance. First of all, there are far too many differences between both regimes, as they have different geopolitical imperatives and ambitions in the Caucasus and the Middle east. The second issue is Israel. As Russia moves further into the Levant, it tries to maintain good relations with Israel, Iran’s archenemy, also called little Satan by Iran’s first supreme leader, Ayatollah Khomeini. As the conflict in Syria dies down in the following years, Russia will be forced to choose between who to support. This is likely to mean a withdrawal of support towards Iran’s position in Syria, as it sees its meddling in the region increasingly unproductive, and would favour its retreat. Iran, however, has said it is there to stay.

Russian-Iranian cooperation has recently been developed in one important country of the region: Afghanistan. As the US seems to lose interest in the Middle East and pivots towards East Asia, Russia and Iran have moved into the war-torn country, as they back different factions aiming to end the decades-long conflict. Russia has previously backed the Taliban, because it wants to ensure that they are a part of the peace negotiations. Iran has backed both the government and the Taliban, as it wants to fight the rising influence of ISIS in Afghanistan, as well as keep good relations with the Taliban to maintain a degree of stability and control over Afghanistan’s west, so that the conflict does not spill over. Although Russia and Iran might have different objectives, they are united in wanting to push the US of the region.

The other geopolitical giant that is slowly encroaching on the region is the People’s Republic of China, albeit with a different stance altogether. Like Russia, China has welcomed business with Iran and currently supports the nuclear deal, the JCPOA, which the US recently left. Chinese-Iranian ties are more solid than the Russian’s, as they don’t have as many overlapping hegemonic ambitions. In a certain way, the relations between these two countries arose as a way to contain the USSR’s expansive influence during the 1970’s after the Sino-Soviet split, and predate the current Iranian regime. Both countries see their relation as part of the past, as great empires of antiquity, the present, and see each other as important partners for future and ongoing projects, such as the One Road One Belt initiative. However, as does Russia, China sometimes tries to play down its support towards Iran so as not to antagonize its relations with the West and the US in particular.

The Chinese have cooperated with the Islamic Republic since its conception in the 80’s, as the Iranian isolation led them towards the few markets they could access. The main theme of this cooperation has been undoubtedly based on hydrocarbons. Iran is one of the most important producers of both crude petroleum and natural gas. China is Iran’s largest trade partner, as 31% of Iran’s exports go to China, whose imports represent 37% of Iran’s in 2017. Military cooperation between these two countries has also been very important, a large part of Iran’s non-indigenous military material is of Chinese origin. The Chinese have historically been the main providers of arms to the Iranian regime, as can be seen by much of the equipment currently used by the IRGC.

Both regimes feel a certain closeness as some parts of their ideologies are similar. Both share an anti-imperialist worldview and are sceptical of Western attitudes, an attitude best perceived among their unelected leaders. They are countries that are emerging from the misery left behind by Western imperialism, according to their own narrative. Both see each other as the heirs of some of the world’s oldest cultures—the Chinese often talk of 20 centuries of cooperation between both states—, and thus feel a historical, civilizational and anti-imperialist connection in this sense. Iranians admire the great leaps that the PRC has taken towards development, and the great successes they have brought to the Chinese people and State. They also value the Chinese mindset of not meddling or criticizing the internal affairs of other States, and treating them all in the same way independent of their government.

On the other hand, the Chinese are happy to work with a Muslim country that doesn’t stir the restive North-Western Xinjiang region, where the majority of China’s Uighur Muslims live. In fact, Iran is seen by the Chinese as an important factor on the stability of Central Asia. More recently, they also see in Iran a key part of the pharaonic One Belt One Road infrastructure project, as Iran sits in the crossroads between East and West. It is understood that Beijing has high expectations of cooperation with Teheran.

However, not all of it is positive. Iranians and Chinese have different ideological foundations. China has shown that it will not be able to form an full-fledged alliance with Iran, as it fears Western backlash. In 2010 China voted a UNSC resolution in favour of sanctions towards Iran. Even though these were largely ignored by China later, Tehran understood the message. As a result of these sanctions, the only nations willing to trade with Iran where Russia and China. The latter became an increasingly important trade partner as a consequence of the lack of Western competition and began to flood the Iranian market with low-quality goods, which was unpopular among the Iranians. Resentment toward China only grew as the Chinese firms that became established in Iran brought their own workers from China and unemployment remained at high levels despite the increased economic activity. As discontent rose, Iranians of all backgrounds saw the negotiations with the West with great expectations. If successful, negotiations could provide a diversification of providers and a counterbalance against Chinese influence.

As negotiations have broken down under the Trump administration, China’s role in Iran is likely to only intensify. While the Europeans fight to save the nuclear deal, Iran is set to count on China as its main trade partner. Chinese firms, although now more vulnerable to pressure from the US than in 2010, still have strong interests in Iran, and are unlikely to leave what will be a competition-free market once most foreign firms are deterred by US sanctions. The Chinese will seek to keep the nuclear provisions of the JCPOA agreement and will cooperate in the development of the Arak Heavy Water Reactor, probably displacing the Russians, which have historically led the Iranian nuclear program. Chinese involvement in the Iranian nuclear industry will likely prevent the development of a bomb, as China does not want to encourage nuclear arms proliferation.

While China moves into South Asia, alarms go off in New Delhi. India sees itself as the dominant power in the region and its traditional enmity towards China is causing a change in its foreign policy. India’s PM, Narendra Modi, is following a policy of “Neighbourhood first” in the face of a growing Chinese presence. China already has expanded its reach to countries like Sri Lanka, where it has secured the port of Hambantota for a 99-year lease. In the latest years, Pakistan, India’s other arch-enemy, has become one of China’s closest partners. The relation between both countries stems from their rivalry towards India, although cooperation has reached new levels. The Chinese- Pakistan Economic Corridor runs from the Chinese city of Kashgar through the entire length of the country of Pakistan and ends in the developing port of Gwadar. The project has caused a rush of much needed capital in the financially unstable Pakistan, with Chinese and Saudi bonds keeping it afloat. In the face of China’s new projects and its New Silk Road, New Delhi sees itself more and more surrounded, and has accused China of scheming to isolate it.

To face China’s new stance, India has taken a more active role. Its prime minister made many State visits to the neighbouring countries in a bid to weaken Chinese influence. In this effort to impose itself on what it sees as its region, India is developing a deep-sea port in the coast of Iran, past the strait of Hormuz in the Indian ocean. Iran will be an important piece in the designs of the Indian political elite.

The development of the deep-sea port of Chabahar is a joint Indian, Iranian and Afghan project to improve the connectivity of the region and has more than one reason of being. It is effectively a port to connect Central Asia, a growing 65-million people market, through a series of rail and road networks which are also part of the project, to the Indian Ocean. Another reason for this port is the development of war-torn Afghanistan, which also serves the purpose of reducing Pakistan’s influence there. Pakistan holds a firm grip in Afghanistan and sees it as its back yard. Pakistan is said to harbour Taliban guerrillas, who use the country to launch attacks against Afghanistan, as it did against the USSR in the 80’s. The most important feature of all for India is that the port would allow it to bypass what is an effective land blockade from Pakistan, and will permit it to reach and trade with Afghanistan. The Chabahar port will essentially compete with the Chinese-built Gwadar port in nearby Pakistan, in the two superpowers’ race for influence and domination of the ocean’s oil-carrying sea lanes.

India’s usual approach is to keep a neutral stance around world conflicts in order to be able to talk and deal with all parties. This is part of its non-commitment policy. For example, India has relations with both Israel and Palestine, or Iran and Saudi Arabia. This means that India is very unlikely to make any serious statement in favour of Iran against the United States if Iranian-US relations were to badly break down, as it might be seen as picking sides by some countries. It does not mean, however, that it will abandon Iran. India has already invested greatly in infrastructure projects and is unlikely to simply withdraw them. Far more importantly, India is one of Iran’s biggest petroleum purchasers, and losing such an important market and provider is not a choice the Indian government is eager to make.

India calls its relationship with Iran a “strategic partnership”, in terms of cooperation in energy and trade activities. The Indian government is likely to take a cautious stance while acting with principles of Realpolitik. They will try to sort out sanctions if they can and will discourage this sort of activity while trying to maintain their interests in the region. As said before, New Delhi will shy away from committing strongly from any project likely to keep its hands tied.

The Syrian War

In 2011, the Middle East and North Africa region was shaken by what would soon be called the Arab Spring. While the citizens of many Arab countries where chanting pro- democratic slogans and protesting outside dictators’ palaces and in the squares of Middle Eastern capitals, outside observers began to say that the once dictatorship- riddled region was about to adopt Western liberal democracy in what would become an era of freedom never paralleled in such countries. What came later could hardly be further from that reality. The region was struck by great waves civil unrest, as one by one, from West to East, the waves of revolution spread. The most authoritarian regimes attacked their own citizens with brutal repression, and what seemed like democratic transitions rapidly turned out to fall back into authoritarianism. Such was the case in Egypt, among others. However, some countries where struck harder than others. The more serious cases became civil wars. Some of the countries that had enjoyed relative long-term stability, like Libya and Syria burst into civil war. Yemen too, was struck by sectarian conflict.

The longest of these conflicts, the Syrian Civil War, is on its 8th year already. For a long time, it has drawn many international and regional actors, turning its countryside into a patchwork of pro-government militias, rebel guerrillas, Islamist extremism, transnational nationalist movements and others. The ruling class, the Al- Assad alawite family, under an authoritarian and secularist regime, has held on to power through every means possible, using foreign support as a crucial part of its survival strategy. To his side, Bashar Al-Assad has drawn the support of Vladimir Putin’s Russian Federation, as well as the Islamic Republic of Iran and its Lebanese ally, Hezbollah. Each of these players has brought their own forces to the battlefield, as Russia has helped give Syria the necessary aerial capabilities it lacked, while Iran provides it with Shia militias, material, volunteers, and the presence of Hezbollah.

The regime faces many groups, who often fight against each other, and have different international backing, if any. For example, the Free Syrian Army is said to be backed by Turkey and is made from Sunni Arab and Turkmen militias. Other groups such as the Islamic State or Al Qaeda affiliated organizations also fight for survival, or to implement their ideal society. Another important group, perhaps the most important one is the YPG, or People’s Protection Unit, largely a Kurdish force, which holds much of Northern Syria, the Kurdish region called Rojava. The YPG and the Syrian government of Al-Assad seem to have come to an understanding and try not to enter into hostilities amongst each other, focusing on the Islamic State, or ISIL. YPG international backing comes mainly from the US, but with President Donald Trump having said that the US will soon leave Syria, their future is uncertain.

With Bashar Al-Assad’s position having become dominant in the Syrian battlefield, it is expected that the conflict will enter a new stage. Israel has shown its growing discomfort in what it sees as Iranian expansionism, and has launched aerial offensives against Iranian positions, permitted by Russia, who currently controls much of Syria’s aerial defences. This might spell the loosening of Al-Assad’s coalition.

As Iranian-backed forces draw closer to the southwest of Syria, Israel becomes more and more nervous. The implication of Israel in the Syrian conflict would most likely be a disaster for all parties involved. If Israel comes to point of fearing for its territorial integrity, or its existence, it has previously shown, in many occasions, that it will not doubt to take action and use all of its military might in the process if needed.

This is why Hezbollah is unlikely to make a serious move towards the Golan Heights. Hezbollah now boasts of the greatest amount of power it has ever had in its domestic scene. It is an influential actor in the Syrian War and at home it has achieved serious political power, forming a coalition with various other Shia and Christian groups. A war with Israel, in which it was identified as the aggressor, would be disastrous to its image as a protector of the Lebanese, as it has always taken a stance of resistance. It would put all of Hezbollah’s political achievements in jeopardy. Whatever the case, Israel boasts of significantly more modern and powerful armed forces, which would force Hezbollah to be on the defensive, thus making an offensive into Israel extremely unlikely. Hezbollah must then try to restrain Iran, although, amongst the myriad of Iranian-backed militias, it has lost leverage in its relations with Iran and the IRGC.

For Bashar Al-Assad, war with Israel might prove an existential threat, as it bears the potential to cause a great deal of damage in Syria, undermining any effort to consolidate power and end the war in his favour. If war with Israel broke out, even if it was just against Iranian-backed objectives, Al-Assad would never be able to obtain the reconstruction funds it so badly needs to rebuild the country. Israel’s powerful and advanced army would without a doubt pose the patchwork of battle-hardened militias a very big challenge. Thus, it is very unlikely for Al-Assad to permit a war might cause his downfall.

Russia, wishing to end the war and keep its military bases and prestige in the process, would no doubt discourage any sort of posturing against Israel from its allies in Syria. Moscow seeks to maintain good relations with Israel and wouldn’t be very upset about an Iranian exit. It is already trying to prevent Iran and Hezbollah from coming too close to the Israeli and Jordanian borders and has opened the Syrian airspace to Israeli aerial attacks towards Iranian targets located in its vicinity. Russia would welcome a quick and impressive end to the war to consolidate its status as a global power and become a power broker in the region.

Reaching a deal with the US to end hostilities in exchange for the recognition of Al-Assad is not outside the realms of possibility, as chances of regime change get slimmer, the US will be forced to recognize that Al-Assad is there to stay. It is necessary to acknowledge that a Russian-US deal will be incomplete, and quite unfruitful. The US is very likely to demand that Iran leave Syria and stops occupying Iraq with is Quds Force. Russia does not possess the leverage to send Iran back home. It would also be unfavourable for Russia as it has chosen to help Assad to regain its status as a great power in the world and has become a major power broker in the Middle East. This means their position relies on their status, which would be compromised, were Iran to openly confront Russia. The Iranians have already said that they would not leave unless Bashar Al-Assad specifically asked them to. Russia could pressure on Al-Assad, but the Iranians are likely to have more leverage, as they have a larger ground force in the region, and where the first to help the Syrian regime.

If the US wants to achieve any sort of meaningful peace negotiations, it must come into dialogue with the Iranians. Any sort of negotiation that does not include Iran would be pointless, as the amount of influence it has acquired in the region these last years makes it a key player. Iran is determined to stay in Syria and the IRGC is committed to force the government to keep its presence abroad.

In any case, the retreat of US troops in Syria would mark a turning point in the war. Currently the US provides air support, has 2,000 ground troops and provides an vital amount of equipment to the YPG Kurdish forces. Its retreat would be a blow to American credibility as an international ally, as it abandons the Kurds in a decisive moment where all tables could turn against them. Turkey has committed forces towards fighting the Kurds, which it sees as a threat to its national integrity, as large numbers of Kurds live inside Turkey and are hostile to it. The main reason for Turkish entry into the Syrian war was to stop the YPG from uniting a long stretch of land along the Turkish

border towards the Mediterranean Sea and to prevent the establishment of a Kurdish state. It is therefore a possibility that, whether through its Syrian proxies, or with its own army, the Turks will ally with Al-Assad against the Kurds, if these two don’t reach an agreement and begin hostilities. This alliance is more than likely, as Turkish animosity towards Kurdish forces will cause them to jump at the occasion, if Al-Assad asks for help. Al-Assad might seek in this way to balance Iranian influence by integrating another player, which would cause tensions between Iran and Turkey to rise, as both countries aspire to obtain regional hegemony, and would give Syria more margin to manoeuvre.

Saudi Arabian soldier from the First Airborne Brigade with a UAE soldier, 2016 [Saudi88hawk-Wikipedia]

Saudi-Iranian rivalry

The struggle for dominance in the region is expected to continue indeterminately. As long as the ideological argument between the Islamic Republic and the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) exists, it will take geopolitical dimensions, as both states seek to ensure their legitimacy in the face of the other. The Iran-Iraq War shaped the Islamic Republic’s sense of geopolitical isolation, giving the more entrenched sectors of its political elite a fierce will to prevent any further isolation as was done in the past. Chemical weapons, often provided by the US were used against it, without any action taken from the international community. Therefore, the Iranian elites believe that Iran will have to stand by itself, and knows it will have few allies.

For the moment, Iran seems to be winning the confrontation. With a the possibility of a consolidated Syria, Iran’s influence would be unparalleled. Iraq, Syria, Lebanon will provide Iran the reach and the potential to expand its influence even in the Mediterranean Sea. The war in Yemen is proving as costly as it is ineffective to Saudi Arabia and its allies, with a minimum cost from Iran. It can be expected that Iran keeps its strong grip over these countries, as its presence has become necessary for the survival of some of these states. It will not be without difficulty, as local forces are likely to reject the imposition of Iranian authority. This has been shown before in the burning of the Iranian consulate in Basra [4], by local Sunni Arabs who resent the degree of influence its neighbour has in their country. The recently struck commercial deals with Iraq during Rouhani’s visit to the country might cause more Iraqis to take a more confrontational stance, as they are seen to benefit Iran more than Iraq. Both counties have pledged to increase their trade up to 20 billion dollars, but it will be hard to determine how they will affect Iraq. With this degree of Iranian involvement, the KSA’s influence diminishes.

The Yemeni war is likely to drag on for years, and if the Saudis are to win, the shall have to keep paying a high toll, which will require strong political will to overcome the adversities. The expense of this war is not only material, it has primarily taken a great diplomatic cost, as it loses credibility to its allies, like the US, which see the ineffectiveness of the Saudi military. At home, their western allies struggle to explain their partnership with a country that has proven too much to handle for certain political groups and the civil society in general, with its lack of human rights considerations and sharia-based laws that seem outdated to Westerners. The cruel Yemeni war further alienates the Saudi Kingdom from them.

The conflict for Middle Eastern hegemony might be about to attract a new player. As Pakistan tries to deal with its ongoing crisis, its new president, Imran Khan, has looked to the Gulf States for funding. The Saudis and the UAE have already pledged many billion dollars. For now, the economic woes make Pakistan an unlikely actor, but there is evidence of a change of direction in Islamabad, as Khan seems to part ways from his predecessor’s foreign policy regarding its western neighbour. Cooperation with Iran has significantly been reduced, especially in terms of security and anti-terrorism, as in March 2019 Baluchi ethno-nationalists once again attacked Iranian positions from the Pakistani border. Tehran seems alarmed by these developments and has explicitly warned Pakistan that an approach towards Saudi Arabia and participation in the so called Middle Eastern Cold War will have severe consequences for Pakistan. It is right in fearing Pakistan, which has shown that it can play the same game as Iran, making use of foreign militias and having an impressive intelligence service, on top of the nuclear bomb. If Iran where to cause conflict in Pakistan, it might find itself in severe disadvantage, as it would be harder to use subversive activities in the predominantly Sunni country. It might also come to odds with China, who will view any menace to its infrastructure projects with great suspicion. Iran would have difficult time finding a serious counterbalance to Pakistan in India, as India would decline to strike a serious alliance due to its many interests in the Gulf States.

Iran, however, still holds many cards it can use if the conflict were to escalate. Bahrain, whose predominantly Shia population contrast to its powerful Sunni ruling family, which will find itself fighting to maintain control in the case of an Iranian- backed coup similar to the one in 1981, or a pro-democracy uprising with significant Shia elements such as the one of 2011. For the latter, had the Gulf states not intervened in Bahrain in support of its ruling family, Bahrain would now likely be part of the Iranian regional system, which would be extremely troublesome for the KSA, given its proximity. It can also be expected for Iran to influence the oppressed Shia Arabs along Saudi Arabia’s Persian Gulf coast. These Shia Arabs lie just above most of KSA’s petrol wells and reserves, and if stirred to open rebellion, and properly armed, would cause immense trouble in the Monarchy.

The other option open to Iran will be to exploit the current Gulf crisis between the KSA and UAE against Qatar, whose blockade has lasted almost two years. Iran will seek to build up stronger ties with Qatar, who has found itself isolated by most Arab nations. Currently, Turkey is the key ally to Qatar in the crisis, and their partnership is seen to have strategic importance by both parties.

Qatar has traditionally had better ties to Iran than most other Gulf states, also due to the fact that they share the South-Pars/North Dome natural gas field, the largest in the world, and rely on cooperation to exploit its resources and wealth. This is largely a product of its independent foreign policy. This means that Iran is likely to use the crisis to drive a wedge between the members of the GCC and take advantage of their disunity in favour of Qatar and in detriment to the KSA. It will be difficult for the Iranians and the Qataris form a significant partnership, since there are still too many obstacles to this. First of all, Qatar is a Sunni Arab state, and it is the main exporter of the Muslim Brotherhood’s ideas, which would not fit Iran’s tendency toward Shia countries. Secondly, a partnership with Iran would make the Gulf Cooperation Council’s crisis permanently irreparable, which is not desired by Qatar. Finally, this would turn Qatar into the main objective of the Saudi-led coalition and would unnecessarily put it in harm’s way.

One key factor could change everything in a highly unlikely scenario, also known as a ‘black swan’. This is the disappearance of ISIS from the Levant, and its relocation to Khorasan, a term used for Central Asia, Northern Iran and Afghanistan. This would change the balance of power in the middle East as it would bring conflict to the very borders of Iran. It would allow for Iran’s enemies to arm this extremely anti-Shia group, following a parallel of the Yemen’s Houthi rebels for Saudi Arabia. These rebels are banking on the opportunity that, following peace in Afghanistan with the Taliban, the Taliban’s followers will become disenchanted by its leadership dealings with the US and would thus join the newly founded group. They would acquire the battle-hardened Taliban troops, which would provide a formidable foe for Iran.

Why Tehran has decided to openly confront US sanctions and how the crisis could develop from now

▲ Persian chess-game [Pixabay]

ANALYSIS / Baltasar Martos

It is now time to suggest a possible future-oriented course of action for Iran in response to the US unilateral exit from the nuclear deal¹. The strategy employed to this end will be that of the red-hat analysis, capitalizing on cultural comprehension and adopting the Iranian regime’s perspective to better understand the way in which it perceives the various threats and opportunities ahead, hence always considering situational factors.

A SWOT analysis will be provided beforehand by way of introduction, focusing just in one of the most important (1) strengths: high proportion of young people; (2) weaknesses: the intrincate political system; (3) opportunities: a closer relationship with leading European countries, and (4) threats: joint pressure by the US, Israel and Saudi Arabia. This will surely enable a more in-depth approach to Iranian views and positions.

A simplified SWOT

1. First and foremost, Iran is home for more than 80 million people, 43% of which are less than 40 years old. This large young population is very much tuned to Western trends and habits of consumption. They embrace technology virtually as much as in any other Western nation. The most striking fact about Iranian youngsters is the amount of university students among them. The country is well known for hosting a highly qualified population and labor force that acquired superior education at any of the numerous universities in the major cities.

2. In second place, Iran owns a very complex, intricate political system that renders the hierarchy of the decision-making process very difficult to understand. Its current institutions are a product of the 1979 Islamic Revolution, which ousted the Shah and reformed the whole previous power network. The political system of the country then turned from an authoritarian Monarchy into a constitutional theocracy with a multipolar power structure. The religious figure of the Supreme Leader or Ayatollah is the ultimate responsible for setting both domestic and foreign policy. The main issue here is that this institution holds views that are deeply rooted in the old days and endeavors to influence the private lives of the citizens. Decisions are self-explanatorily not made according to economic efficiency or political experience, or even less to satisfy population’s demands. Instead they aim to preserve and safeguard the regime and ensure its survival. The primary concern of the ruling political elites is thus to last in power, not to introduce reforms or think prospectively.

3. In the third place, Iran has now the chance to strengthen ties with its traditional powerful trade partners in the European Union, such as France, England or Italy. Provided their opposition vis-à-vis the US reimposition of sanctions, Iran can utilize this opportunity to begin a rapprochement towards them and express its best desire to cooperate under certain established conditions that prove beneficial to both parts.

4. Finally, Iran should not disregard the warnings coming from the White House. The main threat Iran is likely to face is an aggressive diplomatic strategy at the initiative of the US with the aggregated—but separated—efforts of Israel and Saudi Arabia. This would definitely jeopardize Iran’s current position as one of the dominant powers in the region and would force the nation to find an alternative solution.

Red Hat exercise

Tehran’s interpretation of Washington’s 2018 diplomatic shift quite evidently differs from that of the Trump administration². In the words of Ayatollah Khamenei, the ultimate reason for this new move lies in the US’s perverse ambition to progressively weaken and undermine the socio-political structure built after decades of arduous work by the Islamic Revolution. Khamenei claims that Washington’s intention is to overturn a popular, legitimate government in favor of a puppet regime completely subjected to its will.

In their public speeches, the Iranian political elites constantly refer to the US’s boundless ambition to regain total control of the region, oppress civil society and submit individuals to their corrupted dogmas and doctrines, like they did decades ago. They very often evoke the glorious past of their millenary civilization and emphasise that it is precisely its longevity what makes it worthy of the most careful preservation and promotion. Once a major empire, they say, Iran has developed a unique identity different from that of its closest neighbors.

In the Iranian collective mindset, especially that of the most orthodox Shia and the very influential clerics, the nation enjoys the highest dignity for having conquered other territories and peoples but also endured invasions and dominations from enemies and rivals, yet always remaining true and loyal to its ancient traditions and foundations. More recently, Iran owes its independence to the innumerable efforts made by the leaders of the Revolution to free the nation from the clutches of the American imperialism embodied in the Pahlavi dynasty. The country’s civilisational pride is therefore deeply ingrained in the people’s minds and very often put forward in the political discourse. Furthermore, its foreign policy is soaked by a traditional ‘regional fear’, for Iran sees itself as the guardian of true Shi’a values amidst a region dominated by Shi’a-adverse powers with superior military capabilities.

The strong resentment and hatred against the Western world in general, and the demonization of the United States in particular, appear very often in Iranian politics. Such an anti-Western narrative is very often used to cover up the regime’s economic mismanagement over the last decades, instead blaming the West for all the struggles, ills and evils of society. We must remember that, for Iranians—at least for the most religious sector of the society—the Islamic Revolution is a path that leads believers into Paradise and salvation as understood by the Shi’a. The revolution purports to redeem the peoples from the national humiliation suffered during Western dominance in the times of the Shah. Therefore, martyrdom, resistance and endurance are considered three most valuable virtues that will guarantee all kinds of enjoyments to those cultivating them throughout their lifetime.

Iran presumably decided to start a nuclear program based off several historical reasons. On one hand, in face of a strong isolation experienced during the bloody war waged against Irak—an opponent which used chemical weapons against both combatants and civilians alike—Iran began its works with the aim of further intensifying its nuclear technology developments as a means to guard against a future surprise of similar characteristics.

On the other hand we shall recall the Revolution’s need to constantly legitimate itself and maintain its status in front of the international community, thus preserving Iran’s independence from outside influence or external intervention while restoring its former greatness as a center of scientific progress. Moreover, Tehran has long claimed its need to promote a solid nuclear energy plan to ensure energy security at home and satisfy the needs of its huge domestic demand in peaceful civilian, energy and medical terms. The government emphasizes the right to develop, research, produce and use nuclear energy as endowed by Iran’s membership in the Non-Proliferation treaty.

However, the most pressing issue for Iran’s security is undoubtedly the fact that five of the world’s nine nuclear powers are located nearby or directly on its borders. The theocracy claims to have substantial grounds for feeling victim of the foreign arrogance of the outside world, which has allegedly endeavored to restrict Iran’s rights to freely develop its nuclear activities by having it sign the Non-proliferation Treaty, unlike other neigboring nuclear-armed states such as Pakistan, Israel or India. This brings us to the conclusion that, even if the regime vehemently denies any interest in developing nucler weapons and rather uses the need to supply its domestic market with much needed energy resources as an excuse to keep its works running, some evidence found in recent discoveries of covert facilities and nuclear plants can confirm the vital importance for some of the regime leaders to obtain weapons in the short or medium term.

Scenarios ahead

The Persian nation is now standing on a crossroads with three different paths ahead, each one leading to a very different place. We will place them in an order, ranging from the most likely scenario to the least plausible one: (A) prolongation of diplomatic stalemate with minor tensions; (B) quick escalation of tensions and direct military confrontation, and (C) bring back the so-called ‘12 conditions’ to the bargaining table and stick to them. 

A. The most likely: Diplomatic stalemate

On May 8, exactly a year after Donald Trump's announcement of US exit from the JCPOA, President Rouhani announced that Iran would cease to perform parts of its commitments under the nuclear deal, namely the observance of the limit for its stockpile of low-enriched uranium and the compliance with the limit of heavy water reserves. Its statement included a 60-day ultimatum, addressing specifically the European State parties to the treaty and urging them to find a diplomatic solution via economic packages to ease the current oil and banking restrictions. Should they prove unable to fulfill this conditions, Rouhani warned, Iran will continue with its intended pullout from the accord through a ‘multi-phased approach’.

Europeans have recently been employing a rhetoric that has resulted in ambiguous and confusing promises to Iran, mainly due to the innumerable efforts they need to make in order to balance out a strong willingness to save the deal and the fear of a further detachment from an everyday more hostile American partner. On his side, President Rouhani has remained true to his bet on ‘strategic patience’ in the style of the Moderation and Development Party, to which he belongs, during all this time.

Nevertheless, it seems that the patience of the Iranian leadership is coming to an end with each passing day. The political elites have harshly critized its European counterparts for making lots of empty promises throughout this last year without achieving any substantial or practical outcome, specially after the U.S. decision on April 22 to put an end to the waivers on oil imports from third countries in an attempt to ‘bring oil trade to zero’. This will no longer exempt any customer engaging in oil transactions with Iran from the US-led second wave of sanctions. Moreover, Rouhani has called on the Europeans to allow Iran to repatriate its money sitting in European bank accounts, which still remain blocked as part of previous sanctions.

Without disregarding the vital importance of the E3 for Iran’s national economy and the pivotal role they play in the political scenario surrounding the country in the Middle East, it is also true that there are other strategic partners involved in this game whose existence as credible alternatives to the E3 is precisely the cause that pushes the Iranian leadership to discard a complete withdrawal and rather remain adhered to the nuclear accord. At the front of this group of Iranian oil importers are China and India, which will self-evidently ignore the effects of the recent termination of the US waivers and prosecute their purchases to satisfy their huge domestic demand. Although with weaker currencies and perhaps using more rudimentary instruments, both China and India will manage to secure those transactions in an orderly manner and will most likely help other purchasers to do the same. In fact, some voices speak of a possibility of performing oil-swap arrangements via Russia to lock oil prices and protect their finances from the high volatility of global energy prices.

Following this logic, Iran will then go ahead with its ongoing business while persuading and encouraging importers to keep buying Iranian oil despite the inability of European counterparts to meet the aforementioned ultimatum as set by President Rouhani. In paralell to this, Iran will probably threaten the remaining parts and especially the Americans with a further development of its nuclear capacities, but this will only add to a strategy that seeks to prolong the current state of affairs until the next U.S. presidential elections in 2020 take place.

B. The apocalyptic, yet no the least plausible scenario

The most apocalyptic—yet not the least plausible—scenario can be inferred from the most recent moves of US military assets after the government’s official designation of the Iran Revolutionary Guard Corps as a ‘Foreign Terrorist Organization’ on April 8. Fist, on May 6, the Pentagon announced the deployment of the aircraft carrier USS Abraham Lincoln and a bomber task force on the Persian Gulf. Four days later, the Pentagon confirmed that it had sent some warships, the USS Arlington amphibious transport dock and a Patriot missile defense battery to the same region as a deterrent to Iran. Lastly, on May 12, two Saudi oil tankers and four additional Emirati ships off the coast of the Persian Gulf were sabotaged. President Trump blamed Iran for malicious behaviour targeting maritim traffic along the Gulf. More recently, Washington officials have announced a new deployment of some fighter jets and additional troops to the same territory in what they have called a ‘mostly protective measure’. This suddenly heightened tensions might result in the outbreak of renewed hostilities in the coming months.

The American public opinion does not discard a military confrontation in a close future. In fact, a poll conducted in the US between May 17 and May 20 disclosed surprising results³: more than half of the American citizens consider Iran as a ‘worrying’ or even ‘imminent’ threat. Roughly the same percentage assumes their country will go to war against Iran in the coming years. Very few civilians believe that a preemptive attack should be conducted on Iranian military interests, but roughly 80% of them are convinced that the US should respond to an attack from the side of Iranian via airstrikes or even ground troop invasions.

An undeniable fact is that there are differing views inside the White House. The National Security Advisor John Bolton and in some way also the Secretary of State Mike Pompeo have always shown a maximalist approach that seeks to overthrow the mullahs’ regime in Tehran. Apparently none of them would hesitate to enter into a dire military confrontation if the situation so required. Bolton himself had already declared his intentions even before substituting his predecessor in office, Herbert McMaster. On the other hand, President Trump has used his recent meeting with the Japanese Prime Minister Shinzo Abe to affirm the following: ‘Iran has a tremendous economic potential. […] It has a chance to be a great country with the same leadership. We are not looking for a regime change. I just want to make that clear. We are just looking for no nuclear weapons'⁴. This somehow spaces out his view from that of his hawkish aides. In the words of Karim Sadjadpour, a well renowned Iranian-American policy analyst, ‘What Trump articulated in Japan was another reminder that his main problem with the Iranian nuclear deal was that it was signed by Obama. Given Trump’s eagerness for a public summit and deal with Tehran, it is conceivable that Iran’s leaders could sign a more favorable deal with Trump than they did with Obama. But the pride and mistrust of Iran’s supreme leader makes him more inclined to subject his population to another year of sanctions and economic malaise rather than do a deal with Trump’.

C. The unlikely back to the negotiating table

On May 12, 2018, four days after President Trump made public his intention of withdrawal from the JCPOA, Pompeo set out a list of twelve conditions under which Washington would agree to a new agreement with Tehran. Besides addressing the termination of Iran’s participation in different conflicts throughout the Middle East, it explicitly called on Tehran to ‘stop enriching its uranium and plutonium reserves, grant IAEA unrestricted access to all sites throughout the entire country and end proliferation and testing of ballistic missiles’.

It should be noted that Trump never presented explicit and clear evidence that Iran was failing to comply with its obligation. Instead, he merely denounced the treaty as far from being minimally advantageous for American interests, once again reinforcing the idea that the Obama Administration resoundingly failed to negotiate a deal that could benefit both parts. The three European State parties also emphasized that Iranians had remained faithful to their commitment and that had been officially attested by international inspectors supervising the nuclear facilities. That was the main piece of evidence supporting Iran’s thesis of not being in a state of violation of any provision of the deal but instead strictly observing every single aspect as they were agreed upon.

Having all this in mind, there are other aspects we should look at. The war in Syria is slowly coming to an end and Al-Assad owes his victory to the strong and uninterrupted financial and logistic aid from Tehran. There is no doubt that the regime will hold him accountable for all the support provided throughout the conflict and will seek to consolidate positions around the war-torn territory, thus expanding the influences of Shia islamist ideology as promoted by the Supreme Leader and the most prominent clerics. Moreover, not only is Iran-backed Hezbollah movement present in Syria, but also it enjoys a very prominent position inside the Lebanese parliament and holds an enormous influence in the country in general terms.

All this together, in addition to the round success Tehran is enjoying in his efforts to back Houthi rebels as compared to the exorbitant cost Saudi Arabia is paying to counter the rebellion, suffices to conclude that Iran is by no means willing to get back to the conditions advanced by Pompeo in order to renegotiate a new treaty that would thwart all the efforts already made along the way. This would signify an absolute humiliation for the regime. Iran has already come too far and it would now only accept to resume negotiations if it was granted the chance to depart from a dominant diplomatic position.

Representatives from the P5+1 countries in 2015, weeks before reaching the JCPOA, the nuclear agreement [US State Department]

What the EU is doing

Among all the State parties involved in the JCPOA, the E3 are likely to be the most severely affected by the US reinforcement of sanctions given the big stake they have in the region in form of finances and investments in the oil sector, and their unwillingness to go undercover. As a result of this new decision by Washington, companies and banks doing business in Iran could see their access to the American market cut off. Among other collateral effects, the re-imposition of sanctions will cause a negative impact on the region’s trade flows, energy supplies, connectivity, security and stability. Indeed, sanctions present a special conundrum for the European counterparts: either they decide to carry on with their economic activities in Iran or they remain inside the US-led international financial circuit. They need to solve this jigsaw puzzle if they still want to secure their economic interests.

In order to do so, following the US exit, the High Representative of the European Union Federica Mogherini issued a statement bitterly regretting the US retaliation and expressing the EU’s strong commitment to enact an updated blocking statute that would enter into force on August 7. This blocking statute refers to the ‘Council Regulation (EC) No 2271/96 of November 1996 protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom’⁵. It basically ‘allows EU operators to recover damages arising from US extraterritorial sanctions and nullifies the effect, in the EU, of any foreign court rulings. It also forbids EU persons form complying with those sanctions’⁶. In a nutshell, this statute acts as a shield against trade wars and mitigates the impact of those sanctions on the interests of European companies doing legitimate business with Iran, thus keeping Iran’s oil and investments flowing.

The European Union considers that its Member States’ business decisions should not be determined by any kind of foreign legislation. It would never recognize such legislation applicable to European operators. However, the EU still holds to the commitment of pursuing a continued, full and effective implementation of the treaty as long as Iran also plays its part by refraining from acquiring further equipment to develop a nuclear weapon and enables monitored verification of its uranium-235 enrichment activities. The E3 considers that the agreement is delivering on its goal so far and ensuring the peaceful nature of the nuclear program.

It is hence no surprise that the three European Member States involved in the deal are determined to preserve and implement it, insisting upon the numerous benefits it entails for Iran, the Middle East and the rest of the international community. Acting on behalf of the E3, the EU has recently endeavored to take several measures in order to offset the US withdrawal of the JCPOA⁷.

i) In the first place, they seek to extend the European Investment Bank lending mandates, allowing the bank to decide strictly under the EU budget to what extent and under which conditions it will finance commercial activities in Iran.

ii) Secondly, they also attempt to encourage and promote activities by Small and Medium Enterprises (SMEs) willing to undertake operations in Iran.

iii) Thirdly, they purport to accelerate the activation of the Instrument In Support of Trade Exchanges (INSTEX). This is a ‘Special Purpose Vehicle’ acting as a clearing house or barter arrangement for Iran to conduct trade with European companies outside of the SWIFT mechanism. This mechanism was officially registered by France, Germany and the United Kingdom on January 31, 2019. It works as an alternative payment channel that facilitates legitimate trade and investment between the EU and Iran despite sanctions. It is led by the EU3 and self-evidently euro-denominated. The entity originally focused only on trade in non-sanctionable essential goods, namely medical and humanitarian, and not so much on oil-related transactions so far. It mainly addresses SMEs whose total trade volume is usually small. In principle, it has not been designed to circumvent or bypass US sanctions but rather to fight money laundering and counter the financing of illicit terrorist activities. These last aspects reinforce the European efforts to voice its disagreements on Iran’s declared support for Al-Assad in Syria and the promotion of terrorism region-wide, its multiple human rights abuses and its development of ballistic missiles.

However, in view of the technical complexities resulting in a long delay to set in motion this mechanism as well as the more immediate challenges the Union has to face in the first instance, it is very unlikely that the E.U. finds enough resources and time to effectively give a definite impulse to this apparatus before the deadline of 60 days from May 8 set by Iranians eventually expires.