Las presidenciales del 1 de julio no abren un debate en serio sobre el combate contra el narcotráfico

La 'mano dura' que en 2006 comenzó Felipe Calderón (PAN), con el despliegue de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, fue prorrogada en 2012 por Enrique Peña Nieto (PRI). En estos doce años la situación no ha mejorado, sino que ha aumentado la violencia. En las elecciones de este 2018 ninguno de los principales candidatos presenta un radical cambio de modelo; el populista Andrés Manuel López Obrador (Morena) propone algunas llamativas medidas, pero sigue contando con la labor del Ejército.

▲El presidente mexicano en el Día de la Bandera, en febrero de 2018 [Presidencia de la República]

ARTÍCULO / Valeria Nadal [Versión en inglés]

México afronta un cambio de sexenio después de cerrar 2017 como el año más violento en la historia del país, con más de 25.000 homicidios. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Puede comenzar a resolverse en los próximos años?

Existen diversas teorías sobre el inicio del narcotráfico en México, pero la más consensuada argumenta que el narcotráfico mexicano vio su nacimiento cuando Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 1933 y 1945, impulsó el cultivo de la amapola en territorio mexicano con la velada intención de fomentar la producción de grandes cantidades de morfina para aliviar los dolores a los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el narcotráfico no fue un problema nacional grave hasta la década de 1980; desde entonces los cárteles se han multiplicado, la violencia ha aumentado y los delitos se han expandido por la geografía mexicana.

La nueva etapa de Felipe Calderón

En la lucha contra el narcotráfico en México la presidencia de Felipe Calderón marcó una nueva etapa. Candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Calderón fue elegido para el sexenio 2006-2012. Su programa incluía la declaración de guerra a los cárteles, con un plan de “mano dura” que se tradujo en el envío del Ejército a las calles mexicanas. Aunque el discurso de Calderón era contundente y tenía un objetivo claro, exterminar la inseguridad y la violencia provocada por el narcotráfico, el resultado fue el opuesto a causa de que su estrategia se basada exclusivamente en la acción de policías y militares. Esta militarización de las calles se realizó a través operativos conjuntos que combinaban las fuerzas del Gobierno: Defensa Nacional, Seguridad Pública, la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, y pese al gran despliegue realizado y el incremento de un 50% en el gasto en seguridad, la estrategia no funcionó; los homicidios no solo no se redujeron, sino que aumentaron: en 2007, el primer año presidencial completo de Calderón, se registraron 10.253 homicidios y en 2011, el último año entero de su presidencia, se llegó a un récord de 22.409 homicidios.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ese año récord de 2011 casi un cuarto del total de la población mexicana mayor de 18 años (24%) fue asaltada en la calle, sufrió algún robo en el transporte público o fue victima de extorsión, fraude, amenazas o lesiones. Las tasas de violencia fueron tan altas que sobrepasaron aquellas de países en guerra: en Irak hubo entre 2003 y 2011 una media de 12 asesinatos diarios por cada 100.000 habitantes, mientras que en México esa media alcanzaba los 18 asesinatos diarios. Finalmente, cabe mencionar que la cifra de denuncias ante esta ola indiscriminada de violencia fue bastante baja: solo un 12% de las víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico denunció. Esta cifra está probablemente relacionada con la alta tasa de impunidad (70%) que marcó también el mandato de Calderón.

El nuevo enfoque de Peña Nieto

Tras el fracaso del PAN en la lucha contra el narcotráfico, en 2012 fue elegido presidente Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con ello, este partido que había gobernado durante décadas ininterrumpidas, volvía al poder después de dos sexenios seguidos de ausencia (presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del PAN). Peña Nieto asumió el cargo prometiendo un enfoque nuevo, contrario a la “guerra abierta” planteada por su predecesor. Principalmente puso el acento de su política de seguridad en la división del territorio nacional en cinco regiones para incrementar la eficacia y coordinación de los operativos, en la reorganización de la Policía Federal y en el fortalecimiento del marco legal. Con todo, el nuevo presidente mantuvo el empleo del Ejército en la calle.

Los resultados de Peña Nieto en su lucha contra el narcotráfico han sido peores que los de su predecesor: durante su mandato, los homicidios dolosos han aumentado en 12.476 casos respecto al mismo periodo en la administración de Calderón y 2017 cerró con la pesarosa noticia de ser el año más violento en México hasta la fecha. A escasos meses de que termine su sexenio, y en un último esfuerzo por enmendar los errores que la han marcado, Peña Nieto propició la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que fue votada por el Congreso de México y promulgada en diciembre del pasado año. Esta ley no remueve a los militares de las calles, sino que pretende garantizar jurídicamente esa capacidad de actuación policial por parte de las Fuerzas Armadas, algo que antes solo tenía carácter provisional. Según la ley, la participación militar en las operaciones diarias antinarcóticos no es para suplantar a la Policía, sino para reforzarla en aquellas zonas donde esta se vea incapaz de poder hacer frente al narcotráfico. La iniciativa contó con críticas que, si bien reconocían el problema de la escasez de medios policiales, advertían del riesgo de un despliegue militar ilimitado en el tiempo. Así pues, aunque Peña Nieto comenzó su mandato intentando distanciarse de las políticas de Calderón, lo ha concluido consolidándolas.

Qué esperar de los candidatos de 2018

Ante la ineficacia evidente de las medidas adoptadas por ambos presidentes, la pregunta en este año electoral es qué política antinarcóticos adoptará el próximo presidente, en un país en el que no hay reelección y por tanto cada sexenio presidencial supone un cambio de rostro. Los tres principales candidatos son, por el orden que vienen marcando las encuestas: Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Ricardo Anaya, de la coalición del PAN con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y José Antonio Meade, del PRI. López Obrador estuvo cerca de alcanzar la presidencia en 2006 y en 2012, en ambas ocasiones como candidato del PRD (previamente había sido dirigente del PRI); luego creó su propio partido.

Meade, que representa una cierta continuidad respecto a Peña Nieto, aunque en la campaña electoral ha adoptado un mayor tono anticorrupción, se ha pronunciado a favor de la Ley de Seguridad Interior: “Es una ley importante, es una ley que nos da marco, que nos da certeza, es una ley que permite que la participación de las Fuerzas Armadas esté bien regulada y normada”. Anaya también se ha posicionado favorablemente ante esa ley, ya que considera que una retirada del Ejército de las calles sería “dejar a los ciudadanos a su suerte”. No obstante, apuesta por la necesidad de que la Policía recupere sus funciones y critica duramente la falta de responsabilidad del Gobierno en materia de seguridad pública alegando que México ha entrado en un “círculo vicioso que se volvió comodísimo para gobernadores y alcaldes”. En cualquier caso, ni Meade ni Anaya han especificado qué giro podrían dar que resultara realmente efectivo para reducir la violencia.

López Obrador, desde posiciones de un populismo de izquierda, supone un mayor cambio respecto a políticas anteriores, si bien no está clara la eficacia que podrían tener sus medidas. Además, alguna de ellas, como la de otorgar amnistía a los principales líderes de los cárteles de droga, se antoja claramente contraproducente. En los últimos meses, el candidato de Morena cambió el foco de su discurso, que primero estuvo centrado en la erradicación de la corrupción y luego abundó en cuestiones de seguridad. Así, ha dicho que si logra la presidencia asumirá la responsabilidad completa de la seguridad del país integrando en un mando único al Ejército, la Marina y la Policía, a los que se añadiría una guardia nacional, de nueva creación. Además, ha anunciado que sería exclusivamente él quién asumiría el mando único: “Voy a asumir de manera directa esta responsabilidad”. López Obrador se compromete a acabar la guerra contra el narco en los tres primeros años de su mandato, asegurando que, junto a medidas de fuerza, sus gestión logrará un crecimiento económico que se traducirá en la creación de empleo y la mejora del bienestar, lo que reducirá la violencia.

En conclusión, la década contra el narcotráfico que se inició hace casi doce años ha resultado ser un fracaso que se puede medir en cifras: desde que Calderón llegó a la presidencia de México en 2006 con el lema “Las cosas pueden cambiar para bien”, 28.000 personas han desaparecido y más de 150.000 han fallecido a causa de la narcoguerra. A pesar de pequeñas victorias para las autoridades mexicanas, como la detención de Joaquín “el Chapo” Guzmán durante la presidencia de Peña Nieto, la realidad que impera en México es la de una intensa actividad delictiva de los carteles de droga. De las propuestas electorales de los candidatos presidenciales no cabe esperar una rápida mejora en el próximo sexenio.

El despliegue de casi 19.000 'cascos azules' ha reducido la violencia, pero siguen las violaciones de los derechos humanos

El apalancamiento en el poder del presidente Joseph Kabila y el resentimiento social y tribal han alimentado en el último año y medio un violento conflicto en el interior de la República Democrática del Congo. Hasta la hecha ha habido 3,9 millones de desplazados; solo en 2017 se registraron 3.300 muertos. La intervención de la ONU ha reducido los niveles de violencia, pero el conflicto en la provincia de Kasai sigue vivo.

▲Fuerzas de la Misión de Estabilización en la RDC de la ONU [MONUSCO/Sylvain Liechti]

ARTÍCULO / Eduardo Villa Corta

La República Democrática del Congo (RDC) se encuentra sumergida en una gran crisis civil que dura ya largo tiempo. Si bien este país ha tenido numerosos problemas y conflictos internos, el de la región de Kasai, en el centro-sur del país, destaca por el elevado número de muertes y violaciones de derechos humanos.

El origen de este conflicto se remonta al año 2016, cuando el presidente Joseph Kabila, en el poder desde 2001, decidió retrasar las elecciones para permanecer más tiempo en el poder. La muerte de su principal opositor, Étienne Tshisekedi, facilitó las intenciones de Kabila de seguir en la presidencia, pero desde entonces este ha tenido que confrontar una oposición armada: la milicia de Kamuina Nsapu.

Para entender la situación generada hay que partir de la división tribal presente en la RDC. Las jefaturas y divisiones territoriales son administradas por un jefe tradicional y su consejo. Estas líneas hereditarias siguen un proceso de sucesión, que debe ser ratificado por el Ministerio del Interior. En el caso de la tribu de los Kamuina Nsapu, en enero de 2012 hubo un problema con el acceso a la jefatura de Jean Pierre Nsapu Pandi, porque el Ministerio del Interior (nombrado por Kabila) no llegó a reconocer al nuevo líder. Después de un tiempo, este recibió la noticia de que el Ministerio había seleccionado a otro jefe ajeno a la tribu. Esta selección generó un resentimiento que condujo a una revuelta. Desde ese momento Nsapu Pandi decidió empezar a reclutar gente en la zona.

Entre las razones por las que este movimiento creció y se expandió en la región está en primer lugar la situación de pobreza generalizada. Dadas las bajas condiciones de vida y el escaso crecimiento económico, las promesas que ofrecía el líder constituyeron un incentivo popular. El conocimiento de la lengua local tshilub y el propio carisma personal de Nsapu Pandi lo ayudaron también a conseguir partidarios, de forma que a finales de julio de 2016 unos 800 jóvenes ya lo seguían. Fue entonces cuando la milicia, llamada Kamuina Nsapu por devoción a su líder y guía, empezó la revuelta, con el incendio de una comisaría a 20 kilómetros de la ciudad de Tsimbulu.

El conflicto dio un salto pocas semanas después, cuando se produjo un enfrentamiento entre policías y militares en Tsimbulu. El episodio terminó con la orden de muerte en combate de Pandi, dada por el mismo presidente. Desde ese momento la recientemente formada milicia se agrupó con la oposición a Kabila y pasó de ser un grupo local a convertirse en uno nacional. Ahora es una milicia en guerra civil con el gobierno, en una confrontación que ha devastado a la población congoleña.

La milicia Kamuina Nsapu y sus atrocidades tuvieron una rápida respuesta de Kabila. Este respondió con una fuerza desmesurada y desproporcionada, pues en sus acciones contra la milicia las autoridades causaron en las primeras semanas unos 400 muertos, tanto entre elementos armados como entre la población civil. El grupo ha crecido exponencialmente debido a la fuerte oposición social a Kabila, quien no obstante a día de hoy sigue manteniendo el poder en Kasai. Ambos bandos del conflicto han protagonizado atrocidades y violaciones graves de los derechos humanos.

Los datos sobre muertes y daño a personas no son fáciles de obtener. Según fuentes de la Iglesia Católica, solo en 2017 el conflicto provocó al menos 3.300 muertes. Ese mismo año hubo 1,7 millones de personas que dejaron sus hogares y se desplazaron a países vecinos en busca de asilo. Hasta la fecha ha habido un total de 3,9 millones de personas desplazadas. El conflicto ha agravado la hambruna en el país, que alcanza los 7,7 millones de personas. De ellas, 3,3 millones se ubican en la región de Kasai, que es la más azotada por el conflicto. En enero de 2018, se estimó en 400.000 el número de niños malnutridos. Las cifras no hacen más que elevarse debido a la migración y a la situación de peligro que sufren miles de personas. La RDC ha pedido al Banco Mundial 1.700 millones de dólares para poder establecer y ayudar a la población. Pero esta suma no ha sido entregada ni ha habido ninguna aportación económica por parte de ninguna organización internacional.

Lo cierto es que estas atrocidades son responsabilidad de los dos bandos en conflicto. La participación de ambas partes se puede ver en el descubrimiento de fosas comunes (se han encontrado 80 en la zona) tras una iniciativa de las Naciones Unidas. Permitió ver que se habían cometido desde decapitaciones hasta mutilaciones y que las víctimas iban de militares a niños. La ONU ha enviado observadores y “cascos azules” a la zona: en total son 19.000 efectivos cuya misión es intentar mantener la paz, apoyar a los civiles e investigar los hechos sucedidos. Esos trabajos han contabilizado de momento 2.800 violaciones de derechos humanos. Al menos dos observadores de la ONU fueron decapitados en la región de Kasai, a la que las organizaciones internacionales tienen difícil acceso debido a las restricciones gubernamentales y al despliegue mismo de la violencia.

Este conflicto está basado en el resentimiento social y tribal y en la lucha por el control del país. Para que el país se pueda recuperar, tanto Kabila como los Kamuina Nsapu deberían llegar a algún tipo de compromiso. Para lograr esto la comunidad internacional debería reiterar la presión ejercida en 2016 al inicio de un conflicto que se ha acrecentado a lo largo de casi dos años. La Unión Africana y la ONU deberían empujar a ambas partes en litigio hacia el alto al fuego, en una mediación tanto como regional como extracontinental. La solución más propicia para lograr la estabilización del país pasa por la celebración de elecciones libres.

Las tribus locales reclaman participación en los beneficios y reducción del daño medioambiental

La estabilidad social de Nigeria, uno de los países más poblados del mundo y la mayor economía de África, preocupa internacionalmente por su posible incidencia en la seguridad continental y mundial. De ahí que un conflicto local como el que enfrenta a las tribus del Delta del Níger con el gobierno nigeriano, a raíz de la explotación del abundante petróleo del área, sea seguido con atención desde el exterior.

▲El área de luz en la parte inferior de la imagen satelital corresponde a las instalaciones petrolíferas del Delta del Níger [NASA]

ARTÍCULO / Baltasar Martos

La fuerte disputa por los recursos energéticos en la desembocadura del río Níger, al sur de Nigeria, es desde hace décadas uno de los conflictos africanos de mayor resonancia. La marginalización, el confinamiento y el empobrecimiento de los Ogoni y los Ijaw –así es como se llaman las tribus étnicas de las provincias costeras de Rivers, Bayelsa, y Delta– han contribuido a una escalada de tensión entre los locales y el gobierno federal.

Para entender el problema de fondo, conviene antes hacer un breve recorrido en el tiempo y discernir las tres etapas cronológicas que han configurado el panorama actual del conflicto, a saber: el comienzo de la explotación del petróleo, la hegemonía de la Royal Dutch Shell y el período posterior a la independencia.

En el año 1903, en la región meridional costera de la actual Nigeria, convertida en protectorado británico (1901) y posteriormente en colonia (1914), se descubrió un gran yacimiento de minerales e hidrocarburos, como carbón, betún, petróleo y gas natural. La compañía británica Nigeria Properties Ltd. inició entonces actividades de exploración y extracción de petróleo, llegando a alcanzar una producción de 2.000 barriles por día en el año 1905. Más tarde, en 1937, y tras la sucesión de varias empresas petrolíferas, la multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell se hizo con el monopolio de las actividades de prospección de las fuentes de petróleo –y, en menor medida, otros hidrocarburos–, llegando a unas tasas de producción de 5.000 barriles por día.

Tres décadas más tarde, tras la independencia y el establecimiento oficial de la República Federal de Nigeria (1960-1963), el gobierno militar de Yakubu Gowon emprendió una política de nacionalización y adquisición de las firmas extranjeras en el país, obligándolas por mandato legal a volver a registrarse mediante joint-ventures con empresas estatales. De esta manera, consiguió transformar esta actividad en el principal sector estratégico para la economía del país. Además, teniendo en cuenta la entrada de Nigeria en la OPEP en 1971, no resulta llamativo que el gobierno federal posea, a día de hoy, el 60% de la participación en el capital de prácticamente la totalidad de las petroleras en activo, ocupando un importante papel como socio mayoritario.

Por el contrario, la población civil de la zona ha resultado la gran perdedora. Las minorías étnicas más damnificadas por las actividades de prospección, extracción y comercialización –con el subsiguiente enriquecimiento para unos y la contaminación del medio ambiente para otros– vienen reclamando la atención del gobierno y exigiéndole medidas legislativas de protección ambiental y social desde hace décadas [1].

Por una parte, los locales reclaman “justicia medioambiental”, definida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos como “el tratamiento justo y la participación significativa en procesos de toma de decisiones políticas sobre las actividades que afecten el entorno natural de todos los pueblos, independientemente de su raza, color, cultura… concernientes a la implementación y aplicación de leyes, regulaciones y políticas medioambientales”.

Los Ogoni y los Ijaw son pueblos dedicados fundamentalmente a la agricultura y la pesca como forma de subsistencia para los que el medio natural es la única y principal fuente de riqueza. Protestan contra la ya larga connivencia (desde la independencia) entre el gobierno y las compañías multinacionales petrolíferas, calificándolos a ambos de “expropiadores y contaminadores” y culpándolos del empobrecimiento de la región y del deplorable estado de los ríos que circulan por ella. Reclaman, además, sus derechos a obtener y utilizar, para sus comunidades locales, la parte correspondiente de los beneficios que reporta la explotación de los yacimientos energéticos por estar ellos asentados tradicionalmente sobre una gran bolsa de crudo [2].

La corrupción, el clientelismo y la debilidad estructural del gobierno, sumados a su gran interés y dependencia de este sector –que ha llegado a suponer un beneficio para la economía nacional de hasta el 55% del PIB a mediados de la década de 1990 según las estadísticas del World Data Bank– hace extremadamente difícil que el presidente y su gabinete accedan a atender las necesidades de estas comunidades del Delta del río Níger. Las crecientes protestas desembocaron en un verdadero conflicto, iniciado en la última década del pasado siglo, que enfrenta a la población civil y al gobierno federal confabulado con las multinacionales. Dicha confrontación ha tomado dos vertientes, una pacífica y otra violenta, y ha recabado la atención mediática de buena parte de la comunidad internacional.

Atención internacional

Por otra parte, el conflicto del Delta del Níger constituye un caso claro de globalización, ya que la extracción de petróleo involucra a un conjunto de fuerzas transnacionales, actores no-estatales y procesos interdependientes. Fruto de la prolongada situación de malestar de las tribus indígenas de la zona, han crecido dos movimientos en denuncia del lucro por parte de un gobierno que apenas invierte en el desarrollo de esta región del país, sumida en la pobreza y el abandono, y degradada por la explotación de sus recursos naturales.

Por un lado se encuentra el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP por sus siglas en inglés), creado a raíz de las protestas en los años noventa y utilizado como modelo para que otras asociaciones civiles expresen públicamente su descontento con los impactos negativos de la industria petrolera en la calidad de vida de los habitantes de la zona. Esta organización, iniciada por el escritor Ken Saro-Wiwa y compuesta principalmente por académicos y docentes, denuncia pacíficamente la actuación conjunta del gobierno y las corporaciones instaladas en la zona y aboga por los derechos humanos civiles de los Ogoni a unas condiciones de vivienda dignas, a la justicia medioambiental y a una legislación que les respete y proteja de las amenazas medioambientales.

Por otro lado, existe el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (con el acrónimo inglés MEND). Está formado por una amalgama de grupos de jóvenes armados y organizados en milicias locales de resistencia, cuyo objetivo principal es luchar por el control del beneficio del petróleo para las etnias minoritarias asentadas en la zona. Se trata de una rama militar del MOSOP que ya ha saboteado oleoductos y ha secuestrado a trabajadores extranjeros de las fábricas, exigiendo al gobierno un rescate por ellos, en varias ocasiones.

Lo más importante de ambos movimientos es que han llamado la atención de un gran número de Organizaciones No Gubernamentales, locales e internacionales, que se han aliado con ellos y han comenzado a promover y visibilizar su causa frente a toda la comunidad internacional. Amnesty International, Human Rights Watch  o Niger Delta Human and Environmental Rescue Organization son algunas de las muchas entidades que han abierto un espacio de trabajo dedicado única y exclusivamente a la cuestión del Delta del Níger. Estas abogan mundialmente por la defensa de los derechos medioambientales de las comunidades afectadas por la explotación de los recursos y la contaminación del entorno natural. También han conseguido asociarse a medios de comunicación transnacionales y redes de derechos humanos para extender la situación del conflicto a una audiencia global. 

La denuncia conjunta de las “supuestas violaciones de Derechos Humanos y Medioambientales sobre los miembros de la etnia Ogoni del Delta del Níger” ha resonado a nivel mundial y ha obtenido una importante suma de ayudas económicas destinadas al restablecimiento de los asentamientos de los que los pueblos autóctonos habían sido desplazados, así como a la promoción de la justicia medioambiental, la protección y garantía de los derechos civiles de los locales al aprovechamiento de la riqueza natural propia de su zona, la prosecución de sus actividades económicas y la salvaguarda de su entorno medioambiental. La repercusión mundial de este conflicto es probable que incida en el modo de resolución de conflictos similares.

[1] Obi, Cyril. “Insights from the Niger Delta”, Young, Tom. Readings in the International Relations of Africa. Indiana University Press, 2016.

[2] Botchway, Francis N., ed. Natural Resource Investment and Africa's Development. Edward Elgar Publishing, 2011.

China, India y Japón están invirtiendo en sus respectivas fuerzas aéreas con la mirada puesta en el vecino

Corea del Norte es quien llena los titulares de prensa sobre armamento que atraviesa el espacio, pero son las grandes potencias de Asia –China, India y Japón– las que se están esforzando por tener una completa potencialidad aérea.

▲Caza furtivo chino J-20

ARTÍCULO / Sebastián Bruzzone

Corea del Norte no es el poder aéreo militar más poderoso de Asia. Los desfiles exuberantes y frecuentes lanzamientos de misiles balísticos por parte de esta nación están ciertamente lejos de su poder armamentístico real, aunque invierten aproximadamente el 15% de su PIB en él. La hegemonía aérea militar está principalmente en tres centros-Estados:

Japón. La fuerza aérea japonesa, establecida en 1954, combina su nivel de técnica y sofisticación con aviones de Estados Unidos. Ambos países, también con Corea del Sur, realizan prácticas en el espacio aéreo del Océano Pacífico. Su flota de aviación varía de generación en generación. Cuenta con modernos aviones F-15 y F-2 fabricados por Mitsubishi Industries (compañía japonesa, nacional) y Lockheed Martin (compañía estadounidense), y con aviones más antiguos como el Phantom F-4. Del mismo modo, tiene un equipo de alerta temprana y asistencia inmediata, y otro de aviones cisterna para mantener el resto de los aparatos en el aire el mayor tiempo posible.

India. La Fuerza Aérea de la India posee tecnología soviética y nacional, al mismo tiempo que un sistema de entrenamiento y gestión de la Royal Air Force británica. Su flota tiene 300 cazas de última generación complementados con MiG-21, más antiguo. Además, 200 aviones de ataque terrestre ofensivos y C-17 Globemaster en el campo de la logística para garantizar el transporte de carga y el reabastecimiento de combustible y la advertencia inmediata.

China. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno chino ha invertido en su armamento aéreo para convertirse en la principal potencia militar del continente. Hoy, tiene 600 cazas de las generaciones 4 y 4.5, así como los aviones de los países antes mencionados. A diferencia de Japón y la India, el principal fabricante de sus equipos es el propio país y no han sido importados de ninguna otra nación. Lo que más destaca de la Fuerza Aérea de China es la evolución en los últimos años. Ha pasado de tener una flota muy grande y poco entrenada a estar formada por pilotos que pueden pasar más de 24 horas en un avión. Sin embargo, la industria de la aviación china todavía tiene problemas de calidad en sus motores. Aun así, podemos estar hablando del poder aéreo más importante de Asia.

Genera muchas de las materias primas necesarias para la producción mundial de tecnología

China no solo tiene importantes reservas de recursos minerales, sino que además lidera la producción mundial de muchos de ellos. Eso le da una notable ventaja geopolítica como fuente de los recursos imprescindibles para de la producción tecnológica global.

▲Imagen de satélite [NASA]

ARTÍCULO / Gabriel Ros Casis [Versión en inglés]

Con un vasto territorio como el del país asiático, es obvio pensar que posee gran cantidad de materias primas y recursos naturales. A lo largo de la historia de China, esto se ha convertido en una fuerte baza geopolítica, no solo para el propio desarrollo del país en sí, sino también para sus socios comerciales a través de exportaciones. Hoy en día, cuando hablamos sobre estas materias primas, China destaca en dos principales grupos: los metales básicos y los elementos tecnológicos.

El grupo de los metales básicos comprende esencialmente cinco metales de la tabla periódica, siendo estos: hierro, cobre, aluminio, magnesio y zinc (en ocasiones, el plomo y el estaño también se incluyen). No es necesario recordar que podemos encontrar todos estos metales en objetos cotidianos, y que han sido la columna vertebral de la industria por mucho tiempo. Por lo tanto, todo país los necesita, situando a aquellos con mayores yacimientos de estos metales con una ventaja estratégica. Pero la riqueza mineral de un país no siempre viene dada por esta condición, ya que también puede ser medida por la facilidad y viabilidad de la extracción del producto. En el caso de China, ambos argumentos serían válidos, puesto que el país posee los mayores depósitos de muchos de estos minerales, con el magnesio a la cabeza (79% de las extracciones globales) seguido por el estaño (43%) y el zinc (31%).

En lo que respecta a los metales tecnológicos, es importante fijarse en que incluyen diversos minerales, tales como las tierras raras, metales preciosos, así como semiconductores. Desde un enfoque cuantitativo, la cantidad requerida de estos metales es mínima, a pesar de que su disponibilidad es crucial para la producción de la tecnología de hoy en día. Por ejemplo, algunos de los metales tecnológicos más comunes incluyen litio, itrio, paladio, cerio y neodimio, los cuales fácilmente se pueden hallar en las baterías de los teléfonos móviles, en medicamentos, imanes o catalizadores. Una vez más, China se sitúa a la cabeza con los mayores yacimientos de varios de estos elementos, destacando los de tungsteno (83%) seguidos por los conocidos como tierras raras (78%) y el molibdeno (38%).

De esto podemos sacar como conclusión que China no solo tiene los mayores yacimientos, sino que también es el primer exportador mundial. Además de la extracción este país también refina y fabrica componentes con minerales como aluminio, cobre y ciertas tierras raras e incluso en algunos casos llega a manufacturar el producto final.

Por lo tanto, debe tomarse en cuenta que la extracción trae consigo ciertas consecuencias. Ambientalmente, la extracción siempre tiene un impacto en el terreno, quizás menor en China si se compara con otros países (por la extensión de su territorio), pero igualmente significativo. Desde un enfoque económico, estas extracciones conllevan un gran coste, pero que, gestionado de la manera adecuada, puede generar un inmenso beneficio. En el escenario político, son vistas como una importante ventaja geopolítica, creando dependencia en la demanda de otros países.

Como conclusión, se puede extraer de esto que China tiene un gran poder en lo relativo a recursos de materias primas, pero esto acarrea una gran responsabilidad, ya que una parte sustancial de las materias primas usadas para casi toda la producción mundial de tecnología depende de este país, que proporciona los recursos, pero también los fabrica.

El semestre de Bulgaria pone el acento en la crisis de los refugiados y los Balcanes Occidentales

La presidencia de Bulgaria de la Unión Europea, además de avanzar en la concreción del 'Brexit', pone sobre la mesa asuntos especialmente sensibles para Europa Central y Oriental, como son las rutas migratorias que entran en Europa por el sureste continental y la conveniencia de la futura integración de los estados nacidos de la ex-Yugoslavia, de los que de momento solo Croacia se ha adherido a la UE.

▲El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov [Nikolay Doychinov–Presidencia Búlgara]

ARTÍCULO / Paula Ulibarrena García

Durante este primer semestre de 2018, por primera vez, Bulgaria ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE). La presidencia búlgara tiene como principales retos la gestión de la crisis migratoria y las negociaciones del 'Brexit'. Como especial objetivo se ha marcado poner el foco en los Balcanes Occidentales. Durante el semestre, Bulgaria confía en dar los últimos pasos hacia el euro y en integrarse en el espacio Schengen.

Bajo el lema "La unidad hace la fuerza", Bulgaria –el país más pobre de la UE– se ha impuesto una ambiciosa agenda hasta junio. El gobierno búlgaro, formado por el partido populista conservador GERB y el ultranacionalista Frente Patriótico, se ha propuesto contribuir a que el bloque europeo sea más fuerte, estable y solidario.

Para ello, Sofía quiere fomentar el consenso, la cohesión y la competitividad, con el desafío concreto de superar las diferencias existentes en el manejo de la crisis de refugiados. Dado el rechazo de varios socios a las cuotas de reubicación de demandantes de asilo, Bulgaria buscará "un sistema sostenible para gestionar la inmigración", con "reglas comunes que se cumplan", según destaca el programa de la presidencia búlgara.

Crisis migratoria

El diálogo con terceros países para facilitar la devolución de inmigrantes sin derecho a asilo y el fortalecimiento del control de las fronteras externas son algunas de las medidas previstas por el ejecutivo liderado por el primer ministro búlgaro, el populista conservador Boiko Borisov.

La posición de Bulgaria en la crisis de los refugiados sirios es que la adopción de un mecanismo para reubicar a los refugiados es solo una solución provisional. El gobierno de Sofía considera que hay que encontrar una solución perdurable y sólida en virtud de la cual limitar la presión en las fronteras exteriores de la UE y la migración secundaria que de ella se deriva. Propone que la UE trabaje de forma prioritaria y urgente junto con sus socios comunitarios con vistas a estabilizar los países de origen y ayudar a los países de tránsito. Bulgaria, que tiene a Turquía como vecino, estima que este país es clave para la resolución del problema y plantea que la UE debería forjar medidas urgentes para reforzar la capacidad de Turquía en la acogida de refugiados. Bulgaria ha tenido siempre un gran interés en que los acuerdos contemplen que Turquía admita los refugiados que la UE pueda devolver desde Grecia.

Para Sofía, hay que aclarar la distinción entre inmigrantes económicos y refugiados y avanzar hacia "mecanismos de solidaridad" que sean aceptables para todos los estados miembro, recordando a este respecto el fracaso del sistema de cuotas obligatorias para la reubicación de los refugiados en Italia y Grecia.

Balcanes Occidentales

Otra de las prioridades de la presidencia búlgara es colocar los países de los Balcanes Occidentales en el punto de mira de una UE, que de momento no se plantea ninguna nueva ampliación. Algunos países de la región, como Serbia y Montenegro, están negociando activamente su entrada, que esperan se produzca en los próximos cinco años. Mientras, Bosnia Herzegovina, Albania, Macedonia y Kosovo siguen a la espera de iniciar formalmente las negociaciones.

Entre las cerca de 300 reuniones previstas durante la presidencia búlgara de la UE, destaca una cumbre especial el 17 y 18 de mayo entre los líderes de la UE y esos seis aspirantes.

"El proyecto europeo no estará completo sin la integración de los Balcanes", ha advirtido la ministra responsable de la presidencia búlgara, Lilyana Pavlova. Bulgaria insiste en la conveniencia de ayudar a una región europea aún marcada por la inestabilidad política de los nuevos y pequeños Estados surgidos tras la guerra yugoslava.

Después de la integración de Croacia en la Unión Europea el 1 de julio de 2013, es lógico que otros países de la ex Yugoslavia pretendan seguirla. Montenegro (que incluso tiene un acuerdo bilateral con Bulgaria de asistencia técnico-política sobre el tema) y Albania ya son candidatos oficiales, y probablemente pronto habrá una invitación para Serbia y Macedonia.

La economía, la estabilidad de las instituciones y la transparencia democrática siempre han sido y serán unos factores decisivos en el proceso de integración. Por esto, hoy en día, la pregunta sobre el desarrollo de los Balcanes y la región del sureste de Europa está bien presente en la agenda europea ya que los grandes donantes de los presupuestos europeos no olvidan los problemas originados de la integración de países como Polonia, Hungría, Rumanía o la propia Bulgaria. De hecho, cuatro países de la zona están sometidos la política económica de la Unión: Grecia, Bulgaria, Rumania, Croacia.

De esta posible integración, por el momento, se excluyen Bosnia y Herzegovina, que todavía está bajo protectorado europeo, y Kosovo, sin reconocimiento oficial por parte de varios gobiernos, incluidos dos miembros del Consejo de Seguridad (China y Rusia) y cinco miembros de la UE (España, Grecia, Eslovaquia, Chipre y Rumanía). Además el nivel de desempleo en los Balcanes Occidentales es bastante alto en comparación con Bulgaria y Rumanía, con una media conjunta de los cuatro candidatos en torno al 25 %.

Por otra parte, con la desintegración del bloque soviético y la guerra de los Balcanes, los sistemas socioeconómicos se vieron colapsados y el periodo de transición se ha traducido no solo en crecientes desigualdades, sino en una ausencia de legalidad y de gobierno efectivo. Consecuencia de todo ello ha sido en muchos países de la zona el importante papel desempeñado por el dinero negro en la economía. Bulgaria lidera este triste palmarés, con un sector informal que supone el 31% de la economía, seguida muy de cerca por Rumanía y Croacia, cuyo economía sumergida constituye el 28%, y Grecia, con el 24%. El problema radica en preguntarse hasta qué punto la economía sumergida y los canales de tráfico ilegal en el sureste de Europa pueden suponer un peligro para la seguridad de los demás países de la Unión. Por esto, el esfuerzo de los países candidatos en mejorar las estructuras democráticas, la gobernabilidad, la transparencia y el control de los flujos de capital será un factor importante a tener en cuenta en las negociaciones.

'Brexit', Schengen y corrupción

Se espera que bajo la presidencia búlgara comience la fase decisiva de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE, después de los avances constatados a principios de diciembre por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Sofía quiere convertirse en un "coordinador neutral" en este proceso, según indicó el presidente búlgaro, Rumen Radev.

El avance en la economía digital del continente tras el impulso que ha dado a este tema la presidencia saliente de Estonia, así como en la unión bancaria, son otros puntos clave de la agenda búlgara. El país balcánico defenderá además la política de cohesión y la Política Agraria Común (PAC), que se verán afectadas por la pérdida de fondos debido al 'brexit'.

Al mismo tiempo, Bulgaria aspira a entrar durante su presidencia comunitaria en la "antesala" de la zona euro e ingresar en el espacio Schengen, de libre circulación comunitaria, un paso bloqueado hasta ahora por la falta de avances de Bulgaria en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Y es que el país balcánico, considerado el más corrupto de la UE, tardó once años en aprobar su primera ley anticorrupción, adoptada el 20 de diciembre pasado, menos de dos semanas antes de asumir su presidencia de la UE. A diferencia de lo ocurrido en la vecina Rumanía, hasta ahora la Justicia búlgara no ha investigado ni condenado a ningún político por casos de corrupción.

Conectividad aérea

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) pidió un enfoque de política renovado para fortalecer la competitividad de la aviación de Europa en la presidencia búlgara de la UE. Existe una necesidad urgente de planificar estratégicamente la capacidad necesaria para satisfacer la creciente demanda de conectividad global, mejoras ambientales y regulación de los costos de infraestructura.

IATA pronostica una expansión del 6 por ciento de la demanda de viajes aéreos en Europa en 2018. "Operar una línea aérea en Europa es un desafío. Hay altos costos y cargas regulatorias. La capacidad de infraestructura a menudo no es suficiente y los cargos por usar aeropuertos se han duplicado en toda Europa en la última década. El gobierno búlgaro ha puesto la competitividad y la conectividad en el centro de la agenda de su Presidencia de la UE. Esto impulsará una mayor competitividad y prosperidad para las economías europeas, pero solo si los estados miembros individuales de la UE cumplen con la adopción de políticas que promuevan la conectividad aérea ", dijo Rafael Schvartzman, vicepresidente regional de IATA Europa, en el Día de la Aviación de IATA Bulgaria, en Sofía.

Bulgaria ocupa una posición estratégicamente importante como puerta de entrada de Europa a Turquía y, más allá, a Asia. También es un mercado de rápido crecimiento por derecho propio, con un número de pasajeros que se duplicará en los próximos 20 años. Este es un desafío para la gestión del tráfico aéreo del país, y el proveedor búlgaro de servicios de navegación aérea BULATSA.

Un país con muchas condiciones para tener un gran peso en Europa, pero lastrado por la vecindad de Rusia

Si la frontera entre Occidente y el área de dominación rusa dividió Alemania durante la Guerra Fría, hoy esa frontera pasa por Ucrania. El conflicto abierto con Rusia lastra las condiciones objetivas de gran desarrollo que tiene Ucrania. El país está pagando un alto precio por el deseo de preservar su independencia.

▲Manifestantes proeuropeos en la plaza central de Kiev, durante las revueltas de finales de 2013 [Evgeny Feldman]

ARTÍCULO / Alona Sainetska [Versión en inglés]

Ucrania, un Estado soberano e independiente (desde 1991), situado en el este de Europa, con la segunda superficie más grande (tras Rusia) de los países europeos (576.550 km² sin la península de Crimea) y con una larga historia de lucha por preservar su identidad, es hoy centro de las tensiones entre Rusia y Occidente. En 2014 Moscú quiso compensar la caída de Gobierno pro-ruso de Kiev con la anexión de la península de Crimea. Fue entonces cuando Ucrania suscitó el interés mundial. Los ucranianos alcanzaban finalmente un protagonismo acorde con el tamaño de su país, aunque indudablemente hubieran querido hacerlo con otro tipo de titulares.

1. LO QUE IMPULSA HACIA DELANTE

Teniendo en cuenta su posición geográfica y su peso estratégico, económico y militar, es difícil justificar que antes del estallido del conflicto Ucrania no fuera para muchos más un lugar difuso en el mapa. El país está rodeado por Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania, y cuenta con el acceso directo al mar Negro. Esta ubicación central hace muy evidente el hecho de que Ucrania debería jugar un papel importante en el contexto de las relaciones internacionales.

Agricultura

El rico y fértil suelo de Ucrania es conocido como tierra negra o “Chornozem”. El área agrícola utilizada cubre el 70% de las tierras de cultivo, o cerca de 42 millones de hectáreas, y es capaz de alimentar a 500 millones de personas. El país, con sus 46 millones de habitantes, tiene por tanto un potencial considerable para producción, procesamiento, consumo y exportación de productos agrícolas y orgánicos. Es ya uno de los países líderes en el sector agrícola y puede alcanzar la consideración de "vena verde" en el corazón de Europa.

Es el productor y exportador líder de aceite de girasol, el 30% de cuyas exportaciones van a India y el 16% a China. Ucrania también produce gran cantidad de trigo, del que el sexto exportador mundial. Elabora harina de trigo y de maíz para fabricar alimentos, que exporta a Francia, Polonia y Bielorrusia, entre otros. Es además uno de los líderes en producción de aves de corral, cuyo número creció más de un 55 % entre 2000 y 2011; su exportación va sobre todo a Iraq y la UE y a otros setenta países.

Industria e infraestructuras logísticas

Ucrania también cuenta con una industria aeronáutica, si bien la falta de inversión frena su desarrollo a gran escala. No obstante, ejemplos como Mriya-225 de Antónov, el avión de carga más grande del mundo construido durante la era soviética y que puede transportar hasta 250 toneladas, hablan de su potencial a la espera de inversiones.

Por otra parte, cabe mencionar que Ucrania es ideal para ser centro de comercio internacional, principalmente entre la Unión Europea, Oriente Medio y Asia. Cinco de cada diez corredores de transporte europeos atraviesan el territorio ucraniano; Ucrania tiene las redes ferroviarias más extensas de Europa que manejan una parte sustancial del tráfico de pasajeros y mercancías; además, su red viaria cubre todo el territorio del país y posibilita las entregas a cualquier punto de destino. Finalmente y no menos importante, está el sistema de transmisión de gas natural, liderado por la empresa Ukrtransgas, dedicada a la transmisión y almacenamiento de gas natural en Ucrania. En 2013 transportó 132.000 millones de metros cúbicos (bcm), incluidos 86 bcm para la UE y Moldavia. Ukrtransgas posee la red de almacenamiento subterránea de gas más grande de Europa, con una capacidad total de 31 bcm y consta de 14 unidades subsidiarias que operan en Ucrania.

2. LO QUE FRENA EL DESARROLLO

Sin embargo, el país sigue siendo subestimado por otros actores del tablero internacional y eso le expone a las ambiciones rusas. Estas se manifiestan en numerosas trabas para dificultar que Ucrania cobre peso en los sectores ya mencionados de comercio, industria, agricultura y transporte. Asimismo, hay otros factores derivados que frenan el desarrollo del país.

Interés de Rusia

El interés de Rusia por su vecino del oeste se debe principalmente a motivos estratégicos, pues Ucrania es pieza fundamental para cualquier expansión del antiguo poder imperial ruso. Por eso, Rusia busca fortalecer su influencia en Ucrania a través de la expansión económica, el control sobre la frontera marítima, la instalación de bases militares rusas y tropas de ocupación rusas en el territorio, la expansión de la interferencia en el espacio de información de Ucrania, la influencia de la iglesia rusa, etc. Otra de las medidas atribuidas a Moscú consiste en situar a personas afines en puestos de poder en Ucrania: el Kremlin quiso sacar partido de la presidencia de V. Yanukovich, un político pro-ruso.

Inestabilidad interna

Hoy el futuro de Ucrania es tan incierto como nunca. Las reformas económicas y políticas no han logrado superar los graves problemas estructurales del país, la lucha contra la corrupción es escasa y el insignificante apoyo internacional hace disminuir todavía más la ya baja expectativa de que Ucrania pueda superar la crisis en poco tiempo. Dada la ausencia de otros medios para presionar a Rusia que no sean las sanciones, y a la vista de que las que se han aplicado apenas han modificado la actitud del Kremlin, es seguro decir que la normalización de la situación se encuentra muy lejos en el horizonte.

Todo esto se ve reflejado en el creciente descontento popular. El 90% de los ucranianos desaprueban la gestión del gobierno actual, expresan el deseo de unas nuevas elecciones y muestran su rechazo a que las regiones más cercanas a Rusia participen en la vida política del país. La desesperación hace que las únicas instituciones en las que confía el pueblo ucraniano sean el ejército, la iglesia y los voluntarios.

El conflicto “congelado”

Por otra parte, el "conflicto congelado" en el Este del país se mantiene y sigue minando el presupuesto del estado. Los gastos en defensa y seguridad representaron el 5% del PIB el año pasado, un alta cifra que incluye los esfuerzos del gobierno por crear un nuevo ejército. Según el presidente Petro Poroshenko, esta fue una de las múltiples razones del fracaso para aumentar el nivel de vida de los ciudadanos. En general, las perspectivas de una victoria de Ucrania en una guerra para recuperar la plena soberanía sobre sus tierras del Este parecen escasas, dado el apoyo de Rusia a los rebeldes y el temor de Ucrania a una contra-reacción interna. Se genera así un círculo vicioso, de forma que mientras no haya un final exitoso de la guerra, la tensión económica y política sobre el gobierno de Kiev aumentará y podría llevar a un nuevo Maidán, la revuelta popular que colapsó el gobierno en 2014.

El enfrentamiento geopolítico entre Rusia y Occidente en Ucrania ha sido perjudicial para todas las partes involucradas, pero sobre todo para el Estado ucraniano. La disminución del comercio transfronterizo, el debilitamiento de las monedas y las bolsas, y el aumento de los riesgos de seguridad han afectado a toda la región. La pobreza va creciendo al mismo ritmo que disminuye el nivel de vida de los ciudadanos y aumentan los precios en los mercados. Como resultado, los ucranianos no pueden aprovechar las oportunidades que se les concede, como es el claro ejemplo de la exención de visados entre Ucrania y la Unión Europea (aprobada en mayo de 2017), que muchos no han podido utilizar al no poder financiarse los viajes.

3. EL EQUILIBRIO NECESARIO

La prioridad geopolítica de Ucrania es ganar independencia respecto de Rusia, algo que pasa por romper los lazos económicos con ella. Se trata de una batalla desequilibrada y con alto coste para los ucranianos, que afrontan la destrucción de la propia economía, la derrota de las élites y el empobrecimiento de la población.

Esta estrategia de desarrollo del Estado ucraniano se basa cada vez más en los conceptos del nacionalismo radical. Pero la memoria de los antecedentes históricos, como el Holodomor (la gran hambruna de la década de 1930), advierte del enorme poder del “hegemón” ruso y sugiere la necesidad de servir al interés nacional mediante una suerte de equilibrio entre los objetivos últimos y la diplomacia a medio plazo.

Los Estados se mueven entre asegurar su soberanía nacional y la cooperación entre vecinos

Ninguna otra región del mundo puede suponer un cambio de juego geopolítico tan importante como el Ártico. El deshielo abre perspectivas logísticas de gran magnitud y revaloriza los territorios al norte del Círculo Polar por el acceso que dan a recursos naturales aún no explotados. Muchas cuestiones están siendo consensuadas por los ocho integrantes del Consejo del Ártico, aunque de ellos son Rusia, Canadá y Estados Unidos los que más influencia pretenden ejercer en la región. Examinemos la estrategia que están siguiendo en el Ártico esos tres países.

ARTÍCULO / Martín Biera Muriel

El círculo polar Ártico comprende el 6% de la superficie total de la Tierra, con 21 millones de kilómetros cuadrados de extensión. A medida que las temperaturas aumentan y se agravan los efectos del calentamiento global, la capa de hielo en el Ártico se reduce desvelando una zona rica en materias primas y recursos naturales, y aumentando su importancia estratégica para la conexión marítima entre Europa y Asia. Esto ha propiciado que el Ártico sea una región de gran trascendencia geopolítica en las Relaciones Internacionales del siglo XXI.

Agencias de diversos países, como la National Oceanic and Atmospheric Administration o el National Snow & Ice Data Center de Estados Unidos, así como organizaciones internacionales y empresas de distintas nacionalidades, destacan que la capa de hielo en la plataforma ártica se ha visto considerablemente reducida debido a las consecuencias del cambio climático y el aumento de las temperaturas. Esto permite a los Estados con soberanía en esas aguas e islas un fácil acceso a la región, ofreciendo una oportunidad para la explotación de petróleo, gas natural, minerales, pesca, transporte marítimo y turismo.

Ya en 2008 el US Geological Survey, estimó que el Ártico contenía aproximadamente 240.000 millones de barriles de petróleo y gas natural, una cifra que constituye alrededor del 10% de los recursos existentes en el mundo; eso sin tener en cuenta la cantidad de recursos que, por motivos prácticos, aún no se han descubierto. En total se estima que los recursos existentes aún no descubiertos comprenderían el 16% de las reservas mundiales de petróleo, el 30% de las de gas y el 26% de las de gas natural; alrededor del 84% de esos recursos se encuentran fuera de la costa. Las estimaciones hablan de la posible existencia en el subsuelo ártico de 10 billones de barriles de petróleo y 1,55 cuatrillones de metros cúbicos de gas natural.

El Consejo del Ártico

El Consejo del Ártico, creado en 1996, es un foro intergubernamental de alto nivel que trata debates políticos sobre cuestiones comunes a los gobiernos de los Estados árticos y sus habitantes. Es el único foro circumpolar para debates políticos sobre cuestiones del Ártico. De él forman parte todos los Estados árticos, con la participación activa de sus pueblos indígenas. Está formado por ocho miembros: Islandia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Noruega y Finlandia. En cuanto a su funcionamiento, se divide en distintos grupos de trabajo y task force, cada uno de los cuales tiene sus campos de actuación y funciones. Así, está el Artic Contaminants Action Program (ACAP), cuya función es fomentar mecanismos para que los Estados reduzcan las emisiones contaminantes, o el Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group (EPPR), que trata de proteger el medioambiente de posibles liberaciones accidentales de contaminantes. Aunque su presencia sea muy limitada, se puede destacar que en numerosas ocasiones los distintos task force y grupos de trabajo han logrado conseguir los objetivos que tenían planeado como, por ejemplo, una reducción de las emisiones de CO2.

De los ocho países que forman parte del Consejo del Ártico, los que ejercen una mayor influencia en la región son Canadá, Estados Unidos y Rusia. ¿Qué estrategias está siguiendo cada uno de ellos?

Canadá: más medios para patrullar las aguas

Para Canadá, el Ártico no solamente es fundamental para su identidad nacional, sino que representa un potencial para el futuro del país, especialmente en materia de geopolítica. El gobierno de Canadá ve el Ártico como un área de oportunidades y retos, que los agrupa en cuatro áreas: ejercer su soberanía, promover el desarrollo económico y social, proteger el medioambiente y mejorar su gobernanza en las regiones del norte. Estos cuatro pilares de la política canadiense en el Ártico se concretan en múltiples aspectos: resolver disputas territoriales, mantener la soberanía y seguridad en el territorio ártico, promover las condiciones para el desarrollo sostenible y abordar la gobernanza de las cuestiones emergentes como la seguridad pública o contaminación, entre otros.

Canadá ha reforzado desde 2007 sus iniciativas de defensa para garantizar la soberanía en su territorio ártico. Ese año anunció medidas para aumentar su capacidad en la zona, las cuales han incluido el lanzamiento del satélite RADARSAT-2 destinado a vigilar el Ártico y el desplazamiento de 1.500 efectivos para patrullar sus aguas. Para esta última función se ha contado con la incorporación de rompehielos y patrullas marítimas. El gobierno también anunció una mayor inversión en el cuerpo de los Canadian Rangers para mejorar su presencia en la zona y trabajar conjuntamente con el North American Aerospace Defense Command para monitorear el espacio aéreo del norte de Canadá.

Estados Unidos: el Pentágono establece su Estrategia del Ártico

La actividad de Estados Unidos en el Ártico, región a la que pertenece desde la compra de Alaska, comprende un amplio espectro de actividades, desde la extracción de recursos y comercio a operaciones científicas y de defensa nacional. La estrategia del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el Ártico consiste en mantener una región segura y estable, en el que los intereses norteamericanos sean salvaguardados y su espacio de soberanía protegido, y donde las naciones trabajen de forma conjunta para afrontar los distintos retos, entre ellos singularmente el cambio climático. La estrategia estadounidense tiene dos objetivos:

1. Garantizar y apoyar la seguridad y promover la cooperación en defensa.

2. Prepararse para una amplia gama de desafíos y contingencias.

Además, el Departamento de Defensa estableció en un documento denominado Arctic Strategy que esos objetivos deben lograrse con criterios innovadores, con bajo presupuesto y mediante ejercicios multilaterales con otros países, como el Search and Rescue Exercise. Para lograr estos propósitos, el Departamento de Defensa fijó una serie de estrategias: ejercer la soberanía en su territorio, involucrar a entidades del sector público y privado para mejorar la conciencia de dominio en el Ártico, asociarse con otros departamentos, agencias y naciones para apoyar la seguridad humana y medioambiental, etc. El Departamento de Defensa, en colaboración con el North American Aerospace Defense Command, desarrolló un programa de análisis e informes para monitorear la actividad regional y anticipar futuras tendencias, con el fin de que futuras inversiones puedan sostener la actividad humana en la región a través del tiempo.

Rusia: mayor costa, mayor acceso a los recursos

Rusia es el Estado polar con mayor litoral, eso le da un acceso a ciertos recursos, como el petróleo, mucho más amplio que el de otros países, incluido Canadá, que es el segundo Estado polar con más costa. En los últimos meses Rusia ha experimentado un aumento en la producción de recursos naturales en el Ártico, especialmente en hidrocarburos. Cabe destacar que las sanciones internacionales por la crisis de Crimea han supuesto un reto para la producción rusa, por ello el Ártico es clave para su desarrollo. La política rusa en el polo norte se basa en dos planos, el militar y el de defensa con los siguientes objetivos:

• Usar los recursos en la región, principalmente petróleo y gas, para promover el desarrollo económico de Rusia.

• Mantener el Ártico como una zona de paz y cooperación.

• Preservar la ecología en el Ártico.

• Que la ruta del norte sea reconocida como una ruta de transporte.

En el plano militar continúa la necesidad de mantener tropas en caso de ataque en la región. Por ello, Rusia ha desarrollado en los últimos años sistemas de radares para controlar sus dominios, y también ha fomentado la construcción de pequeñas bases, puertos y aeródromos militares para proteger su territorio. Cabe destacar que en el puerto de la ciudad de Severomorsk se encuentra el cuartel general de la Flota del Mar del Norte, una de las flotas con más submarinos del mundo y el único crucero nuclear del mundo, llamado Pedro el Grande.

No obstante, ese acento en cuestiones militares y de defensa, Rusia también propone la opción de alcanzar acuerdos con otros Estados árticos, sin importar su extensión, para mejorar la cooperación.

Medio ambiente, desarrollo económico, defensa

La elaboración de estrategias específicas para el Ártico por parte de los países presentes en la región demuestra que el área es un escenario relevante para la geopolítica y las relaciones internacionales del siglo XXI. Los Estados implicados se mueven en dos planos: el de la cooperación con los vecinos, en materias como la protección del medio ambiente y el compromiso con un desarrollo económico sostenible, y el de la defensa de sus propios intereses, manifestada especialmente en asegurar la soberanía sobre sus territorios árticos y en preservar los derechos que estos puedan otorgarles en una futura explotación del área compartida.

Si atendemos a las teorías de las relaciones internacionales, los Estados árticos juegan en el plano realista, de toma de posiciones respecto a los demás, pensando en cualquier futura competición, y a su vez en el plano liberal, de disposición a la cooperación y resolución conjunta de problemas.

El nuevo programa de cooperación de la UE deberá llevar a una mayor inversión en seguridad y defensa

Tras siete largos años de hibernación, el pasado 11 de diciembre se puso en marcha la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) de la Unión Europea, cuya misión es lograr una mayor convergencia en asuntos de seguridad y defensa. La iniciativa supone un salto hacia adelante en el proceso de integración europea, que viene a superar la etapa de estancamiento y dudas que trajo consigo la última crisis económica y financiera.

▲Soldados llevando la bandera de la Unión Europea frente a las instituciones comunitarias, en 2014 [Parlamento Europeo]

ARTÍCULO / Manuel Lamela Gallego

El mismo año en el que se conmemoraba el 60º aniversario de los Tratados de Roma finalizó con un cierto sentido de reivindicación y reafirmación por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros, al conseguir contra todo pronóstico generar inversión y cooperación en las áreas de seguridad y defensa. La puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO por sus siglas en inglés) es la respuesta a la urgente necesidad de inversión en estas dos áreas, necesidad que la UE tiene planteada desde hace décadas y que ni el fracaso en los Balcanes consiguió que fuera afrontada.

Hablamos de reafirmación frente a la evidente crisis que ha sufrido la Unión Europea en estos últimos años, en los que ha visto cómo se generaban dudas acerca de su propia continuidad. Pese a esta delicada situación, la UE ha actuado con una admirable flexibilidad y se ha planteado su propio rol en el escenario mundial con el objetivo poder seguir marcando una diferencia positiva en el mundo. En este contexto de reflexión y cambio es dónde debemos enmarcar la puesta en marcha de PESCO.

A esta reciente pérdida de credibilidad hay que sumarle la colección de “fracasos” que acumula la UE a la hora de generar una estrategia común de defensa. Las palabras de Javier Solana en 2003 al reconocer el fracaso y la fractura de la Unión en la gestión de la crisis de Irak generaron una sombra de impotencia e ineptitud que la UE no ha conseguido desprenderse hasta el momento. La aplicación de PESCO supone un gran destello de luz en la acción europea de cara al exterior, ya que pone de manifiesto la unidad dentro del proyecto europeo en un área tan delicada como es la seguridad y la defensa.   

De esta manera y cumpliendo con lo que se establece en la Tratado de Lisboa, el pasado 13 de noviembre y tras varios meses de insistencia por parte del Consejo Europeo, 23 Estados miembros firmaron una notificación que supone el primer paso para la puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente. Este momento es declarado como “histórico” por parte de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. Sin ninguna duda nos encontramos ante un punto de inflexión dentro de la historia de la Unión Europea, pues tras varias décadas se consigue romper con la tendencia que reducía la cooperación europea al ámbito de la integración económica.  PESCO aspira a sentar la base desde la cual, con proyectos verdaderamente vinculantes, se puedan generar estrategias comunes y compartidas que poco a poco vayan configurando a la nueva Europa de la seguridad y la defensa. En su medida, la Cooperación Estructurada Permanente se posiciona como en lo que su día fue la Comisión de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), cuya dimensión decisoria constituyó uno de los pilares para la expansión del supranacionalismo europeo hacia otras áreas más ambiciosas.      

Base legal

La base legal de PESCO la encontramos en los Artículos 42(6) y 46, junto con el Protocolo número 10, del Tratado de Lisboa (2009).

Artículo 42(6): “Los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes en la materia para realizar las misiones más exigentes establecerán una cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión. Esta cooperación se regirá por el artículo 46 y no afectará a lo dispuesto en el artículo 43”.

Si algo se debe destacar de la Cooperación Estructurada Permanente es su naturaleza vinculante, por lo que los Estados se verán verdaderamente obligados a cumplir sus compromisos, como podemos observar en el Artículo 46(4): “Si un Estado miembro participante ya no cumple los criterios o ya no puede asumir los compromisos contemplados en los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la cooperación estructurada permanente, el Consejo podrá adoptar una decisión por la que se suspenda la participación de dicho Estado”.

La nula influencia que PESCO posee sobre la soberanía estatal es una de sus características fundamentales. Esto se ve claramente reflejado en los artículos 46(5) y 46(6) del Tratado de Lisboa. El primero clarifica los pasos que deberá seguir un Estado miembro para abandonar el proyecto: solamente será necesario que notifique al Consejo su abandono. El segundo trata de la toma de decisiones dentro de la Cooperación Estructurada Permanente: se tomarán de forma unánime, en una unanimidad constituida por los votos de los representantes de todos los Estados miembros que participen en PESCO.

Gasto del 2%

El 11 de diciembre el Consejo Europeo decidió finalmente poner en marcha PESCO, iniciativa a la que se sumaron Irlanda y Portugal, elevando el número de integrantes a 25 países. De esta manera se adoptaron los primeros 17 proyectos en los que los Estados participantes se comprometen a cooperar y que se adoptarán formalmente por el Consejo en 2018. Estos proyectos abarcarán diversos ámbitos dentro de la seguridad y la defensa europea, como pueden ser la formación de tropas o la estandarización y facilitación del transporte militar transfronterizo (este último altamente demandado por parte de la OTAN en los últimos años). Aparte de esta lista de proyectos cabe destacar el compromiso de los Estados de aumentar de forma constante y continuada los presupuestos de defensa en términos reales. Tras varios años de recesión económica y financiera en la mayoría de Estados europeos, los gastos en defensa no alcanzan el 2% del PIB acordado en la cumbre de la OTAN de Gales de 2014. Esta es sin duda una de las tareas más importantes que PESCO ha de cumplir para poder continuar con un desarrollo estable.

La iniciativa de la Cooperación Estructurada Permanente la tuvieron Francia, Alemania, España e Italia, lo que confirma el funcionamiento de la Europa de las dos velocidades, aunque finalmente al proyecto se ha sumado prácticamente la Unión en su conjunto, con las únicas ausencias de Malta, Dinamarca (que no participa en la defensa europea) y obviamente Reino Unido, que tiene pensada su salida para marzo de 2019. Habrá que ver si esta alta participación no pone en riesgo la ambición inicial del proyecto. Aunque la propia naturaleza de PESCO facilita la convivencia de las dos Europas siempre que se cumplan con los compromisos mínimos.

La fricción que PESCO y la OTAN puedan tener o la futura posición que Reino Unido detentará en la defensa europea tras su salida de la UE, son otros de los interrogantes que PESCO genera. Solo su puesta en marcha despejará esas incertidumbres. Dejando de lado estas dudas por un momento, lo que sí se puede afirmar es que la Cooperación Estructurada Permanente abre un amplio horizonte y que está exclusivamente en manos de los ciudadanos europeos poder aprovecharlo.

Como afirma el actual ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno le Maire: “Europa no es una certeza, es un combate”.

Bibliografía

Council of the EU. (11 de 12 de 2017). consilium.europa.eu. Obtenido de Cooperación en materia de defensa: Comunicado de prensa

Council of the European Union. (2017). Legislative acts and other instruments (PESCO), (pág. 20). Brussels.

European Union. (2009). Treaty of Lisbon. Lisbon, Portugal.

The Council and the High Representative of foreign affairs and security policy (2017). Notificaction on Permanent Structured Cooperation, (pág. 10).

Examen a la reformulación del modelo económico castrista intentada por el sucesor de Fidel

El próximo mes de abril, año y medio después de la muerte de Fidel Castro, su hermano Raúl tiene previsto dejar la presidencia de Cuba, en la que ha estado una década. Su legado es el intento de alargar el régimen castrista en el tiempo mediante el obligado saneamiento económico de la isla. Pero las restricciones de las reformas mismas, la lentitud de su aplicación y el hecho de no ir acompañadas de mayor libertad política, han limitado el efecto de los cambios. En cualquier caso, pueden constituir un buen punto de partida para el próximo presidente, si realmente desea avanzar hacia una plena apertura.

ARTÍCULO / Valeria Vásquez

Raúl Castro sustituyó en 2008 a su hermano Fidel como presidente del Consejo de Estado de Cuba. Desde entonces la isla ha vivido cambios en su organización, aunque sin dejar su estructura comunista ni los principios revolucionarios puestos en marcha en 1959. A su llegada al poder, Castro tomó la decisión de encaminarse por una senda de reformas estructurales para “actualizar” el modelo económico-social cubano y salir de la grave crisis económica.

Como parte de ese programa, Raúl Castro aprobó una serie de reformas sociales y económicas de carácter “transformativo”, las cuales tendieron a la introducción de mecanismos de mercado, pero manteniendo la adhesión a los principios socialistas basados en la planificación centralizada (y sin acompañar esos cambios con una liberalización político). La revitalización fue el principal objetivo de las reformas en el ámbito económico, dando un giro a lo que venía siendo una política con un enfoque totalmente socialista y de rechazo a las reformas de libre mercado.

Diez años después del relevo entre los hermanos Castros, el régimen cubano se está preparando para la llegada en abril del primer presidente ajeno a la familia. Aunque todavía no se ha confirmado quién será el nuevo mandatario, se prevé que, dentro de una continuidad, el designado sea el actual vicepresidente, Miguel Díaz-Canel.

El país se encuentra actualmente en una situación desventajosa, con la incertidumbre política sobre la nueva etapa que se abre, las graves dificultades económicas que atraviesa Venezuela ( el principal país benefactor de la isla por más de una década), y las truncadas expectativas exteriores que supuso hace uno año la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Actualización del modelo económico

Desde 1959, el modelo económico cubano se ha basado en principios revolucionarios socialistas. Desde la llegada de Raúl Castro al poder, sin embargo, se abordó un proceso de transformación, considerado necesario para sacar adelante una economía que se encontraba estancada y sumergida en una grave crisis.

En realidad no se dio una modificación sustancial del modelo económico, sino una actualización del mismo, manteniendo el predominio de la planificación central estatal y de la propiedad estatal sobre las leyes del libre mercado. El objetivo de ese proceso ha sido garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, como han declarado las autoridades cubanas, así como fomentar el desarrollo económico del país y mejorar el nivel de vida de la población.

El marco de reformas se aprobó en el VI Congreso del Partido Comunista Cubano, celebrado en 2011. Entre otros puntos, los acuerdos aprobados establecían la entrega de un usufructo a campesinos y cooperativas, y abrían las puertas al despido masivo de cientos de empleados estatales. Las pautas de la reforma, sin embargo, no fijaban el papel específico que el sector estatal y el estatal debían jugar en la economía.

La llamada actualización del modelo cubano ha logrado la expansión del mercado y de las propiedades no estatales, pero en una economía que sigue estando condicionada por la planificación estatal esta medida sigue resultando ineficiente, al igual que sucedió en China o Vietnam. Aunque la empresa estatal sigue prevaleciendo (de una forma más descentralizada, mediante el autofinanciamiento y sin subsidios fiscales), en el sector privado se la logrado una flexibilización, pero los fuertes impuestos a este sector siguen obstaculizando su desarrollo.

Tierras en usufructo

Uno de los grandes pilares de las reformas del gobierno de Castro fue la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas a campesinos y cooperativas, con el propósito de reducir las importaciones y aumentar la producción. Los usufructuarios han obtenido el derecho a cultivar esas tierras y a quedarse lo que cosechen, pero el Estado sigue manteniendo la propiedad y puede rescindir el contrato por razones de interés público.

La regulación se llevó a cabo mediante dos leyes: una primera, en 2008, sujeta a muchas restricciones y en realidad desventajosa para los agricultores; y una segunda, en 2012, más flexible, mediante la cual el gobierno ampliaba el tamaño de la parcela (de 13 a 67 hectáreas), aprobaba la plantación de huertos y bosques, y además permitía la construcción de casas al lado de las tierras (anteriormente prohibidas).

En marzo de 2011, el gobierno informó que ya se habían entregado 128.000 usufructos, que totalizaban 1,2 millones de hectáreas. De todos modos, aunque la ley de 2012 era menos restrictiva que la anterior, como se ha dicho, seguía incluyendo ciertas trabas que desincentivaban la implicación de los agricultores: estos registraron ganancias, pero solo después de sortear diversos obstáculos.

Despido masivo funcionarial y cuentapropismo

A principios del año 2011, la nómina estatal presentaba una tasa “inflada”, con millones de empleados estatales en puestos y condiciones de trabajo precarias. Por esta razón, Raúl Castro promovió el despido de 500.000 trabajadores estatales excedentes, entre octubre de 2010 y marzo de 2011, lo que elevó la tasa de desempleo al 12%. Para contrarrestar esta medida, se crearon en una primera etapa 250.000 empleos por cuenta propia y se fomentaron también otras actividades privadas.

Esta medida era necesaria para elevar la productividad laboral, reducir gastos y aumentar los salarios. Los acuerdos del VI Congreso del PCC permitieron la aprobación de 178 actividades por cuenta propia: muchas de ellas eran muy específicas y no cualificadas (como carretilleros o cuidadores de baño), y unas pocas cualificadas (como traductores o agentes de seguro). Con ello se flexibilizó el trabajo privado.

Así, en un país con una fuerza laboral de 5 millones de personas, del total de 11,2 millones que residen en la isla, un total de 4,2 millones de los que trabajan son empleados estatales y el resto se ubica en el sector no estatal, formado por cooperativas agrícolas, campesinos privados y empleados por cuenta propia [1]. Estos últimos alcanzan hoy las 500.000 personas. A pesar de este desarrollo de lo que en Cuba se conoce como cuestapropismo, existen restricciones que hacen que la mayoría de profesionales no puedan trabajar por su cuenta en su profesión, y esto reduce el capital humano disponible para potenciar la economía del país.

Apertura a la inversión extranjera

El flujo de inversiones desde el exterior no ha acompañado las reformas impulsadas por Raúl Castro, lo que ha constituido uno de los mayores obstáculos para el éxito buscado. Para atraer esas inversiones extranjeras, en 2013 se inauguró la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). Al puerto de Mariel, ubicado a 45 kilómetros al oeste de La Habana, se le adjudicó una zona industrial de extensión de 465,4 kilómetros cuadrados y una terminal de buques avanzada. El propósito era convertir la ZEDM, mediante la existencia de incentivos para atraer inversiones, en la principal puerta de entrada y salida del comercio exterior y la mayor estructura industrial de Cuba [2]. Sin embargo, a cuatro años de su inauguración, los resultados no han sido los esperados. En un proceso administrativo que ha seguido un ritmo extraordinariamente lento, hoy en día solo se ha aprobado la instalación de 33 empresas, algo que queda muy lejos de los 2.500 millones de dólares que la ZEDM pensaba atraer anualmente.

El restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington llevado a cabo al final de la Administración Obama no ha acelerado las inversiones de Estados Unidos o de otros países occidentales. Además de que el embargo estadounidense sigue en pie, la Administración Trump ha dado marcha atrás las disposiciones aprobadas por su antecesor que abrían una tímida puerta a una mayor relación económica.

Situación económica

El plan de reformas de Raúl Castro no ha tenido el éxito esperado, principalmente por el grado de restricción que las regula. La falta de la pretendida revitalización económica se ha manifestado en el pobre desempeño de la economía cubana en los últimos años. En 2016, Cuba cayó en recesión, con un decrecimiento económico del 0,9%. En 2017 pudo recuperarse ligeramente (cifras aún no cerradas hablan de un aumento del 1,6% del PIB) gracias al auge del turismo y a unos mejores resultados agrícolas.

En la ultima década, el turismo ha sido precisamente uno de los activos de la economía cubana. De acuerdo con un informe de la CEPAL, el turismo a la isla creció en 2017 un 11,9%, con 4,7 millones de visitantes. Ese aumento contabiliza el mayor número de visitas realizadas desde Estados Unidos, posibilitadas por la eliminación de restricciones aprobada por Obama, pero que Trump ha vuelto a imponer.

Por otra parte, Cuba mantiene su crónico déficit comercial. Si bien en 2016 logró reducirlo al 9,6% del PIB, las perspectivas no son buenas, dadas las dificultades de Venezuela para seguir suministrado petróleo, prácticamente a fondo perdido. En 2015, Venezuela fue el principal socio comercial de Cuba, con el que mantiene el 36% de su comercio exterior, en un intercambio valorado en 4.000 millones de dólares. Por detrás le sigue China, con un 28%, país que vende en condiciones de crédito blando a la isla.

Legado y nuevos retos

A punto de terminar la presidencia de Raúl Castro, Cuba se encuentra en una situación poco favorable, con una economía a la que le cuesta salir del estancamiento y con un programa de reformas estructurales que han sido insuficientes para resolver los problemas socio-económicos acumulados durante más de 60 años de socialismo estatal centralizado. El carácter tímido y el ritmo lento de las reformas económicas no han ayudado a relanzar la economía.

No obstante, durante su década en el poder, Castro ha liderado cambios en la gestión del modelo, algo que conviene tener en cuenta por más que en el ámbito político haya perpetuado la falta de libertad y la persecución de la actividad opositora, sin que eso suponga minusvalorar la culpa moral de la dictadura. Entre los cambios realizados está la apertura a la inversión extranjera, las nuevas relaciones diplomáticas, la participación en foros latinoamericanos y la inmersión de los cubanos en el trabajo por cuenta propia.

Probablemente obligado por las circunstancias, Raúl Castro supo romper algunos de los obstáculos y de las barreras ideológicas que su hermano Fidel había implementado en la isla por más de 40 años en el poder. El legado del presidente saliente marca un cierto avance, pero serán las acciones del entrante las que indique si Cuba verdaderamente camina hacia la apertura económica –y política– ansiada por los cubanos.

[1] VIDAL, P. y PÉREZ Villanueva, Omar E. “Se extiende el cuentrapropismo en Cuba”. Espacio Laical, vol. 6, n. 3 (2010), p. 53-58.

[2] HERSHBERG, E., & LEOGRANDE, W. M. (2016). A new chapter in US-Cuba relations: social, political, and economic implications. New York: Palgrave Macmillan.