Los acuerdos de EEUU con el Triángulo Norte han podido tener un efecto disuasorio antes de entrar en vigor

En el primer mes tras la extensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) a los tres países del Triángulo Norte, las aprehensiones en la frontera de EEUU han caído por debajo de los últimos años. La reducción real de la afluencia de migrantes que esto evidencia tiene que ver con el mayor control de México sobre su frontera con Guatemala, pero también puede deberse al efecto disuasorio del anuncio de los acuerdos, cuya implementación no ha comenzado plenamente y por tanto aún deben demostrar si tendrán directa eficacia.

▲ Migrantes hondureños retenidos por la guardia fronteriza de Guatemala, en octubre de 2018 [Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / María del Pilar Cazali

Los intentos de entrada en Estados Unidos a través de su frontera con México no solo han vuelto ya a niveles de comienzos de año, antes de que la cifra de migrantes se disparara y cada mes marcara un nuevo récord hasta alcanzarse en mayo las 144.116 aprehensiones e inadmisiones (cifras de la guardia fronteriza estadounidense que permiten valorar indirectamente la evolución de la migración), sino que han seguido descendiendo hasta quedar por debajo de varios años previos.

El mes de octubre (el primer mes del año fiscal estadounidense de 2020), hubo 45.250 aprehensiones e inadmisiones en la frontera sur de EEUU, por debajo de la cifra de los meses de octubre de 2018, 2015 y 2016 (aunque no de 2017). Esto permite vaticinar que el total de aprehensiones e inadmisiones en el nuevo año fiscal quedará claramente por debajo del récord de 977.509 registrado en el de 2019. Ese auge tuvo que ver con las caravanas de migrantes que se iniciaron a finales de 2018 en el Triángulo Norte centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala), siguiendo una corriente migratoria que, con diferentes intensidades, comenzó en la década de 1980 por inestabilidades políticas y económicas de esos países.

Esta crisis migratoria llevó a que la administración estadounidense del presidente Trump aplicara políticas de deportación más duras, incluyendo el cambio de condiciones para las deportaciones expeditas. Además, la Casa Blanca presionó a México con la amenaza de aranceles a sus productos si no contribuía a reducir el flujo de migrantes que atravesaban suelo mexicano, lo que llevó al presidente López Obrador al despliegue de la recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Trump combinó esas medidas con la negociación con los países del Triángulo Norte de Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), que inicialmente fueron denominados impropiamente de “tercer país seguro”, lo que contribuyó a aumentar la controversia que generaron.

Acuerdo con Guatemala

Debido a amenazas estadounidenses de imponer aranceles a Guatemala si no lograba reducir el número de migrantes de ese país o que pasan por él rumbo a EEUU, el gobierno guatemalteco aceptó los términos de un trato anunciado por Trump el 26 de julio de 2019. El acuerdo prevé que quienes solicitan asilo en EEUU pero han pasado previamente por Guatemala, sean llevados de nuevo a este país para que puedan permanecer allí como asilados en caso de reunir las condiciones requeridas. Estados Unidos ve esto como un acuerdo de tercer país seguro.

Un acuerdo de tercer país seguro es un mecanismo internacional que posibilita acoger en un país a quienes solicitan asilo en otro. El acuerdo firmado en julio impede que los solicitantes de asilo puedan recibir protección estadounidense si pasaron por Guatemala y no solicitaron primero asilo allí. El objetivo estadounidense es evitar que los migrantes provenientes de Honduras y El Salvador pidan asilo en EEUU. La responsabilidad de gestionar las solicitudes de protección recaerá sobre Washington solo en tres supuestos: menores de edad no acompañados, personas con visa o documento de admisión emitido por EEUU o personas que no tengan la obligación de obtener una visa. Quienes no cumplan con los requisitos, serán enviados a Guatemala para esperar la resolución de su caso, que podría tardar años. Por otro lado, el acuerdo no impide que los solicitantes guatemaltecos y mexicanos puedan pedir asilo en EEUU.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, previamente había anunciado que un acuerdo similar podría llegar a ser parte de las negociaciones migratorias que se estaban llevando a cabo con EEUU. En Guatemala, tras el anuncio de lo acordado, surgieron múltiples críticas, porque las condiciones de seguridad de ambos países son incomparables. A esto se le sumaron rumores sobre cuál era el verdadero contenido del acuerdo que Morales había firmado, ya que no fue inmediatamente revelado al público. Ante esta incertidumbre, el ministro de Interior, Enrique Degenhart, declaró que el acuerdo era solo para hondureños y salvadoreños, no para nacionales de otros países latinoamericanos, y que el texto no mencionaba explícitamente el término “tercer país seguro”.

La semana siguiente al anuncio, fueron interpuestos tres recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, argumentando que el país no está en condiciones de prestar la protección que supuestamente ofrece y que el gasto que acarrearía debilitaría la situación económica de la propia población. Sin embargo, Degenhart defendió el acuerdo diciendo que las repercusiones económicas habrían sido peores si no se hubiere alcanzado el pacto con Washington, porque con los aranceles estadounidenses estaría en peligro la mitad de las exportaciones guatemaltecas y los puestos trabajos que le acompañan a estos sectores.

Estas críticas no provenían solo de ciudadanos guatemaltecos, sino también de figuras públicas como el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, invocando falta de transparencia por parte del gobierno. Rodas insistió en que Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro por sus bajos indicadores de producción, de educación, de salud pública y de seguridad. Parecidas ideas han expresado organizaciones como Amnistía Internacional también, para las que Guatemala no es seguro y no se puede considerar como refugio.

En su pronunciamiento, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala afirmó que el gobierno guatemalteco necesita someter el acuerdo a la aprobación del Congreso para que pueda ser efectivo. Esto ha sido rechazado por el gobierno, que estima que la política internacional es competencia directa del presidente del país y por tanto comenzará a implementar lo decidido con Washington sin más dilación.

Aprehensiones e inadmisiones realizadas por la guardia de frontera de EEUU, distribuidas por meses durante los últimos años fiscales (FY) [Tomado de CBP]

También con El Salvador y Honduras

A pesar de toda esta controversia generada desde el mes de julio a raíz del pacto con Guatemala, EEUU desarrolló esfuerzos similares con El Salvador y Honduras. El 20 de septiembre de 2019, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó un acuerdo asimilable a la figura del tercer país seguro, aunque tampoco fue llamado explícitamente así. Compromete a El Salvador a recibir solicitantes de asilo que aún no pueden ingresar a EEUU, similar al acuerdo con Guatemala. El acuerdo de El Salvador tiene los mismos tres supuestos en los que EEUU tendrá que hacer cargo de la protección de migrantes.

El gobierno salvadoreño ha recibido críticas similares, incluyendo la falta de transparencia en la negociación y la negación de la realidad de que el país es inseguro. Bukele justificó la firma diciendo que significaría la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los más 190.000 salvadoreños que viven en EEUU. En octubre de 2019, la cancillería salvadoreña dijo que este acuerdo no es de tercer país seguro porque El Salvador no se encuentra en las graves situaciones migratorias en las que están Guatemala y Honduras en cuanto a flujo de personas, por lo que es solamente un acuerdo de no violación de derechos para minimizar la cantidad de migrantes.

El 21 de septiembre de 2019 el gobierno hondureño también hizo público el anuncio de un acuerdo muy similar al aceptado por sus dos vecinos. Este dice que EEUU podrá deportar a Honduras solicitantes de asilo que hayan pasado por Honduras. Al igual que los otros dos países, el gobierno hondureño recibió críticas ya que no es un destino seguro para migrantes por ser de los países con tasas más altas de homicidio en el mundo.

Pese a las críticas generadas sobre los tres acuerdos, a finales de octubre de 2019 el gobierno de Donald Trump anunció que se encontraba en preparaciones finales para empezar a enviar solicitantes de asilo a Guatemala. Sin embargo, a finales de noviembre aún no se había producido el envío de solicitantes de asilo que no fueran guatemaltecos. La toma de posesión a comienzos de enero del presidente electo, Alejandro Giammattei, que anunció su deseo de anular ciertos términos del acuerdo, puede introducir alguna variante, aunque tal vez su propósito sea arrancar alguna concesión más a Trump, además de las visas agrícolas que Morales negoció para temporeros guatemaltecos.

Con el acuerdo alcanzado entre la UE y Johnson y los sondeos favorables a este en las elecciones del 12 de diciembre, se vislumbra un posible final del Brexit

▲ Instalación contra el Brexit, durante una protesta en Manchester en 2017 [Robert Mandel, Wikimedia Commons]

COMENTARIO / Pablo Gurbindo

Desde el 23 de junio de 2016, fecha en la que se celebró el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, la salida de los británicos ha ensombrecido cualquier otro tema, como las trascendentales pasadas elecciones europeas, y ha provocado la división del espectro político británico entre los que apoyan la permanencia y los que apoyan la salida.

 El “Brexit” también se ha llevado por delante a dos primeros ministros: David Cameron, tras el referéndum, y a su sucesora, Theresa May, quien dejó el cargo al no conseguir que su acuerdo alcanzado con la UE fuera aprobado por el Parlamento británico. Y puede ser su sucesor, Boris Johnson, el polémico exalcalde de Londres que hizo campaña por el voto para la salida de la Unión, el que consiga sacar a su país de estos más de tres años de incertidumbre.

La llegada de Johnson al 10 de Downing Street preocupó mucho en las capitales europeas. Desde el principio, afirmó que conseguiría sacar a su país de la Unión Europea, con acuerdo o sin él, antes del 31 de octubre. Y, en septiembre, no se cortó en suspender temporalmente el Parlamento para que la oposición no pudiera vetar una posible salida sin acuerdo. Este cierre fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo y la oposición consiguió que la hipotética salida sin acuerdo solo pudiera ser acordada por el Parlamento. A pesar de todo esto, las negociaciones en Bruselas no se detuvieron y, el 17 de octubre, se anunció que se había llegado a un acuerdo.

El acuerdo alcanzado es, en gran medida, similar al que se llegó con Theresa May. El principal cambio ha sido la “salvaguarda” irlandesa, el apartado más criticado en su momento por la oposición y por el ala más dura de los “tories”. Esta medida implicaba que, si la Unión Europea y el Reino Unido no llegaban a un acuerdo para 2020, Irlanda del Norte permanecería en el mercado único y la unión aduanera, mientras que el resto del Reino Unido sí que los abandonaría.

Este sistema provocó un gran rechazo, especialmente en el Partido Unionista Democrático (DUP en sus siglas en inglés). De este partido unionista norirlandés, May y todavía Johnson, dependían y dependen para poder aprobar el acuerdo en el Parlamento británico. Esta preocupación por la nueva frontera entre las dos Irlandas responde al riesgo que supone para los Acuerdos de Viernes Santo. Gracias a estos acuerdos se devolvió la paz a Irlanda del Norte, enfrentada en el siglo pasado entre grupos católicos, que defendían la unificación con Irlanda, y los unionistas protestantes, que defendían mantener los lazos con el Reino Unido. La ruptura de estos acuerdos podría provocar el regreso de la violencia a la isla.

Acuerdo alcanzado

Este nuevo acuerdo sobre Irlanda del Norte, propuesto por Johnson, está basado en tres elementos principales, según indicó el negociador para el Brexit de la Unión Europea, el francés Michel Barnier:

(1) Irlanda del Norte seguirá cumpliendo ciertas reglas aduaneras de la UE, especialmente las relacionadas con bienes y productos. Pero, para evitar cualquier tipo de frontera con Irlanda, los controles solo se harán con los productos que lleguen a los puertos norirlandeses. Estas verificaciones serán llevadas a cabo por los británicos cumpliendo para ello con las normas comunitarias.

(2) Sin embargo, continuará formando parte de la Unión Aduanera Británica, por lo que cualquier acuerdo de comercio que alcance el Reino Unido tras el Brexit incluirá a Irlanda del Norte. El problema es que estos dos elementos entran en conflicto: Irlanda del Norte formaría parte de las uniones aduaneras británicas y también de las comunitarias. Para solucionar el problema que pudiera producir esta “bicefalia aduanera”, a los productos de terceros países –que no vayan después a pasar a otro país del mercado común– se les aplicarán los impuestos del Reino Unido. Pero si los productos tienen el riesgo de pasar al mercado común, las autoridades británicas aplicarán las tarifas comunitarias.

(3) Por último, el acuerdo con Johnson será un acuerdo permanente siempre que la Asamblea de Irlanda del Norte no decida lo contrario. Dicho acuerdo habilita a este órgano a votar si decide mantener o abandonar el estatus acordado, una vez que transcurran cuatro años desde que el protocolo entre en vigor. En el caso de que ratifiquen el acuerdo se extenderá cuatro u ocho años, dependiendo de si es una mayoría simple o si tiene un apoyo mayoritario (con el apoyo de las comunidades protestantes y católicas). En caso contrario, se seguirán aplicando las leyes europeas dos años más, tiempo en el que la UE y el Reino Unido deberán llegar a un nuevo acuerdo.

La prórroga y convocatoria de elecciones

Tras el anuncio del acuerdo alcanzado, restaba lo más complicado: ratificarlo en el Parlamento británico, y en tiempo récord, ya que la fecha límite era el 31 de octubre. Johnson fue forzado por el Parlamento a pedir una extensión a Bruselas hasta el 31 de enero de 2020, en contra de sus deseos de mantener su promesa de salir el 31 de octubre. Esta petición no se libró de polémica al enviar Johnson dos cartas: una pidiendo la extensión, que no firmó, y otra firmada en la que expresaba que vería la extensión como un “error” y que sería “profundamente corrosivo” para su país.

El 29 de octubre el Consejo Europeo aceptó la prórroga al 31 de enero de 2020 para dejar tiempo a la ratificación del Acuerdo de Salida. El Reino Unido podría abandonar la Unión antes, el 1 de diciembre de 2019 (fecha que ya ha pasado) o el 1 de enero de 2020 en caso de que ambas partes ratificaran el apoyo. Esta prórroga fue aprobada por los 27 de forma unánime, a pesar de las reticencias por parte de Francia. El país galo defendía que esta prórroga larga se debía otorgar solo si había seguridad de que habría elecciones en el Reino Unido; de lo contrario, abogaban por una extensión técnica más corta, para que hubiera tiempo para ratificar el Acuerdo de Salida.

Para llevar a cabo el Brexit, Johnson, ante el “obstruccionismo parlamentario” pidió la convocatoria de elecciones anticipadas para cambiar la aritmética del Parlamento y poder aprobar el acuerdo alcanzado con la UE. Esta convocatoria fue rechazada dos veces por el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, principal partido de la oposición. Pero tras conocer que el Consejo Europeo aceptaba la prórroga apoyó la convocatoria.

Conclusión

Con elecciones previstas para el próximo 12 de diciembre el viento parece soplar a favor de Johnson. Las encuestas le favorecen con un porcentaje del 40% del voto. Muy por detrás, los laboristas, con un 29%, perderían apoyo a favor del Partido Liberal Demócrata de Jo Swinson, que subiría al 15% (de 7,4% en las anteriores elecciones). Este ascenso de los “Lib Dems” se debería principalmente a su firme apoyo a la permanencia en la UE, a diferencia de Corbyn, que ha mantenido una posición neutral a pesar de que el 70% de los votantes laboristas apoyan la permanencia. Por otro lado, la mayoría conservadora permitiría a los “tories” dejar de depender del DUP para alcanzar mayorías parlamentarias suficientes.

Por si no fuera suficiente, el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, ha anunciado que para facilitar una mayoría conservadora su partido no se presentará en las circunscripciones donde el Partido Conservador ganó en las anteriores elecciones. Para así asegurar la salida del Reino Unido de la Unión y evitar un nuevo referéndum.

Si se cumplen estos sondeos Johnson obtendría su tan ansiada mayoría para poder aprobar la salida.

Después de más de tres años se vislumbra un final plausible al Brexit.

La avalancha de menores extranjeros no acompañados sufrida por la Administración Obama en 2014 ha sido superada en un 2019 con un nuevo pico migratorio

En verano de 2014, Estados Unidos sufrió una crisis migratoria por un incremento inesperado del número de menores extranjeros no acompañados, en su mayoría centroamericanos, que llegaron a su frontera con México. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Aunque oscilante, el volumen de este tipo de inmigración bajó, pero en 2019 se ha registrado un nuevo récord, de la mano de la ˝crisis de las caravanas˝, que ha llevado al alza de nuevo las aprehensiones totales en la frontera.

▲ Agentes fronterizos de EEUU registran a menores no acompañados en la frontera de Texas con México, en 2014 [Hector Silva, USCBP–Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Marcelina Kropiwnicka [Versión en inglés]

Estados Unidos acoge a más inmigrantes que cualquier otro país del mundo, con más de un millón de personas que llegan cada año, ya sea como residentes legales permanentes, solicitantes de asilo y refugiados, o en otras categorías de inmigración. Si bien no existe una cifra exacta de cuántas personas cruzan ilegalmente la frontera, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (US Customs and Border Control) miden los cambios en la inmigración ilícita a partir de la cantidad de aprehensiones que se realizan en la frontera; dichas detenciones sirven como indicador del número total de intentos de entrar en el país ilegalmente. En cuanto a los datos, se puede concluir que ha habido cambios notables en la demografía de la migración ilegal en la frontera con México (frontera suroeste, en términos oficiales estadounidenses) en los últimos años.

El pico de aprehensiones en la frontera con México fue durante el año 2000, cuando se detuvo a 1,64 millones de personas que intentaban entrar ilegalmente en Estados Unidos. Las cifras han disminuido, en general, desde entonces. En los últimos años ha habido más aprehensiones de no mexicanos que de mexicanos en la frontera con el vecino país, lo que refleja una disminución en el número de inmigrantes mexicanos no autorizados que llegaron a Estados Unidos en la última década. El aumento, de hecho, se debió en gran medida a quienes huyeron de la violencia, la actividad de las pandillas y la pobreza existentes en Guatemala, Honduras y El Salvador, región conocida como el Triángulo Norte centroamericano.

Las naciones incluidas en el Triángulo Norte se encuentran entre las más pobres de América Latina —un alto porcentaje de la población todavía vive con menos de 2 dólares al día (el umbral de pobreza internacional es de 1,90 dólares)—; en ellas apenas ha habido avances los últimos años en la reducción de la pobreza. Dentro de América Latina y el Caribe, Honduras tiene la segundo porcentaje más alto de población que vive por debajo del umbral de pobreza (17%), después de Haití, según los últimos datos del Banco Mundial.

Menores extranjeros no acompañados

Mientras en la última década ha habido menos adultos, sin compañía de familia, que han intentado cruzar la frontera sin autorización, se ha registrado en cambio una oleada de menores extranjeros no acompañados (MENAs) tratando de entrar en Estados Unidos desde México. La migración de menores sin adultos acompañándoles no es nueva; lo nuevo es ahora su volumen y la necesidad de aplicar políticas en respuesta a este problema. El aumento de las aprehensiones de MENAs en el ejercicio 2014 causó alarma y motivó tanto un intenso escrutinio de los medios de comunicación como la aplicación de respuestas políticas; la atención se mantuvo incluso aunque el fenómeno decreció. Los números cayeron de nuevo a poco menos de 40.000 aprehensiones de menores al año siguiente.

La comunidad internacional define a un menor migrante no acompañado como una persona, "que es menor de dieciocho años" y que se encuentra "separado de ambos padres y no está siendo atendido por un adulto que por ley o costumbre tiene la responsabilidad de hacerlo". Muchos de estos menores no acompañados se presentan inmediatamente a la seguridad fronteriza de Estados Unidos, mientras que otros entran en el país desapercibidos e indocumentados. No solo esto, sino que los niños no tienen padres o tutores legales disponibles para proporcionar atención o custodia física, lo cual rápidamente desborda los servicios de las patrullas fronterizas locales.

En 2014 muchos de los niños no acompañados afirmaron que tenían la falsa impresión de que la Administración Obama estaba otorgando "permisos" a los niños que tenían familiares en Estados Unidos, siempre y cuando llegaran como más tarde en junio. Estos falsos convencimientos y bulos propagados fueron aún más potentes este último año, especialmente cuando el presidente Trump continúa reforzando la idea de restringir el acceso de los migrantes a EEUU. Los cárteles han seguido transportando un número cada vez más alto de centroamericanos migrantes de sus países a Estados Unidos.

Momentos críticos de 2014 y 2019

En 2014, durante el segundo mandato de Obama, las aprehensiones totales a lo largo de la frontera con México llegaron a 569.237 (esta cifra incluye las personas "no-admisibles"), un récord solo superado ahora. Si bien el incremento respecto al año anterior fue de un 13%, el aumento fue mucho más notable en cuanto a las detenciones de MENAs; estas pasaron de 38.759 en el año fiscal de 2013 a 68.541 en el año fiscal de 2014 (en EEUU el año fiscal va de octubre de un año a septiembre del siguiente), un aumento de casi el 80%, más de cuatro veces de las registradas en el año fiscal 2011. En el caso de menores procedentes de Honduras, la cifra pasó en un año de 6.747 a 18.244; los de Guatemala subieron de 8.068 a 17.057, y los de El Salvador, de 5.990 a 16.404 (los de México, en cambio, bajaron de 17.240 a 15.634). El mayor número de aprehensiones se dio en mayo, mes en el que las detenciones de MENAs supusieron el 17% del total de aprehensiones.

Desde 2014, las aprehensiones de menores no acompañados, aunque fluctuantes, descendieron en número. Pero en 2019 se ha registrado un nuevo récord, llegando a los 76.020, con un máximo en el mes de mayo. No obstante, ese mes supusieron solo el 9% de las aprehensiones totales, pues en esta ocasión no ha sido propiamente una crisis de MENAs, sino que se ha insertado en un notable pico de las aprehensiones totales. Si bien las aprehensiones generales disminuyeron significativamente durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, luego subieron, alcanzando en 2019 un total de 851.508 (con los "no-admisibles" la cifra llegó a 977.509), lo que supone más del doble respecto a 2018. El número de aprehensiones totales aumentó un 72% de 2014 a 2019 (en el caso de los MENAs el incrementó fue del 11%).

Aprehensiones de menores extranjeros no acompañados en la frontera entre EEUU y México, entre 2012 y 2019 (gráfico 1), y comparación de 2014 y 2019 por meses (gráfico 2). Fuente: US Customs and Border Patrol.

Reacción

Estados Unidos tenía diversas políticas internas destinadas a hacer frente al aumento masivo de la inmigración. Sin embargo, con el abrumador pico de 2014, Obama solicitó la financiación de un programa para "la repatriación y reintegración de los migrantes a los países de Centroamérica y para abordar las causas profundas de la migración de estos  países". Aunque la financiación del programa fue bastante consistente en los últimos años, el presupuesto para 2018 propuesto por el presidente Trump redujo la ayuda a estos países en aproximadamente un 30%.

La Administración Trump ha hecho progresos en la aplicación de su agenda sobre inmigración, desde el comienzo de la construcción del muro en la frontera con México hasta la puesta en marcha de nuevos programas, pero la línea dura ya prometida por Trump en su carrera hacia la Casa Blanca ha demostrado no ser eficaz en impedir que miles de familias centroamericanas atraviesen la frontera sudoeste hacia los Estados Unidos. Con la violencia extrema de las pandillas siendo desenfrenada y la existencia de tecnicismos en el sistema de inmigración de EEUU, la motivación de los migrantes para abandonar sus países permanecerá.

[Richard Nephew, The Art of Sanctions. A View from the Field. Columbia University Press. Chichester. New York, 2018. 216 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

Las sanciones internacionales suelen despertar un vivo debate entre quienes las defienden como un legítimo instrumento de la interacción entre Estados y quienes consideran que su aplicación apenas ha tenido más eficacia que la de aumentar el sufrimiento de enteras poblaciones sin culpa.

A la pregunta de si sirven para algo esas sanciones, que pueden ser de diversa índole pero que sobre todo tienen carácter económico, Richard Nephew responde que depende. Y no es una evasiva, sino en el fondo la defensa que de sus propias herramientas hace un mecánico de la diplomacia estadounidense (Nephew fue director para Irán en el Consejo Nacional de Seguridad y vicecoordinador para sanciones del Departamento de Estado): “Las sanciones no fracasan o tienen éxito. Más bien las sanciones ayudan o no a conseguir el deseado resultado final de un Estado sancionador (...) Las herramientas solo pueden tener un buen desempeño cuando son empleadas con la correcta estrategia; no se puede acusar a la sierra si falla en realizar el trabajo de un destornillador”.

Nephew no es un teórico de las sanciones, sino un “practicante”; el contenido de su libro procede de la experiencia (“Una visión desde el campo” es el subtítulo de la obra). Esa experiencia le hace ser un convencido de la utilidad de esas medidas siempre que se apliquen de modo conveniente. Básicamente pone el ejemplo de dos casos: el de Irak, donde las sanciones no lograron el objetivo buscado debido un mal planteamiento de la presión internacional, que finalmente derivó en guerra en 2003, y el de Irán, donde el régimen de medidas punitivas sobre la República Islámica tuvo su efecto y en 2015 pudo firmarse un acuerdo para frenar el programa nuclear iraní.

Activo participante en la arquitectura sancionadora a Irán, Nephew se extiende especialmente en el caso de las negociaciones con Teherán, tras abordar primero someramente el capítulo de Irak. De todo ello saca conclusiones y presenta sus propios decálogos sobre cómo las sanciones deben abordarse para que puedan resultar eficaces. En las últimas páginas trata de aconsejar cómo conducir un nuevo paquete sancionador sobre Irán, para controlar su programa de misiles y contener su actividad en el exterior a través de proxis, pero sin romper el acuerdo alcanzado (JCPOA) como ha hecho la Administración Trump; cómo gestionar la presión sobre Rusia en relación a Ucrania, y cómo confrontar la actitud de Corea del Norte. No aborda otras situaciones que el debate sobre las sanciones tiene bien presentes, como la dureza de Trump para con Cuba, en el marco de un embargo de décadas que no ha producido cambios en la isla, o el cerco sobre Nicolás Maduro en Venezuela.

Reglas para sancionar con éxito

La principal conclusión de Nephew es que “el conocimiento del oponente de uno, sus tolerancias y sus vulnerabilidades, es el predictor más importante sobre las posibilidades de éxito de una estrategia que se focaliza en sanciones (...) De hecho, para que las sanciones funcionen, uno realmente debe conocer al enemigo mejor que el enemigo se conoce a sí mismo”.

Eso es lo que, en su opinión, falló en Irak. Ciertamente las sanciones fueron efectivas, en tanto que impidieron que Sadam Husein retornara a un programa de armas de destrucción masiva, pero no evitaron una guerra. Y esto porque no se tuvo en cuenta la psicología del mandatario, dispuesto a todo tipo de sufrimiento –que traspasaba a la población, sin miedo a que esta pudiera quitarle el poder–, antes que admitir que no tenía el potente arsenal que supuestamente le encumbraba entre los líderes regionales. La comunidad internacional no entendió qué importante era para él mantener esa simulación, en su pretensión de credibilidad y prestigio, por encima de la presión de cualquier paquete de sanciones.

En el proceso iraquí, además, hubo otras deficiencias, según Nephew: desde el principio se aplicaron sanciones máximas, sin espacio para una política incremental, y a lo largo del tiempo hubo una variación del objetivo, pasando de querer evitar el rearme del régimen a plantear un cambio del régimen mismo (aunque Sadam Husein hubiera aceptado las condiciones que se le planteaban, Washington no hubiera admitido su continuidad en el poder).

Esos errores llevaron a una mayor comprensión de los mecanismos en juego, que se perfeccionaron en el trato con Irán. Nephew indica que a la hora de conocer bien el país objeto de posibles sanciones deben tenerse en cuenta sus instituciones políticas, su sistema macroeconómico y financiero, sus relaciones comerciales, sus valores culturales, su reciente historia, su demografía y el acceso de la población a fuentes externas de información. Eso permitirá identificar las vulnerabilidades y el umbral de dolor que el Gobierno de turno está dispuesto a absorber. Luego tanto las sanciones como las mismas asunciones deben ser continuamente recalibradas, siguiendo una estrategia bien definida. Es importante además que al Estado objeto de las sanciones se le presenten con claridad las condiciones necesarias para que la presión sea levantada, en el marco de una negociación de términos nítidos. Finalmente, hay que tener la disposición a auxiliar al Estado que se presiona a salir de un laberinto cuya salida tal vez no perciba, o incluso a aceptar objetivos más bajos si estos son un resultado también razonable.

El autor afirma que las tres causas más comunes del fracaso de un régimen de sanciones son: quedarse corto, pasarse de largo y objetivos confusos. Estas etiquetas pueden fácilmente aplicarse a procesos pasados, pero no es tan sencillo fijar los pasos de una diplomacia coercitiva de este tipo en conflictos en curso o que puedan ocurrir en el futuro.

Así, el mismo Nephew no tendría plenas garantías de éxito con las sanciones que sugiere para una nueva negociación con Irán con el fin de limitar su programa de misiles y su actuación a través de grupos como Hezbolá. En desacuerdo con la Administración Trump, hubiera preferido mantener el acuerdo sobre el programa nuclear de 2015 (conocido por sus siglas de JCPOA) y el consiguiente levantamiento del régimen de sanciones aplicado previamente, para pasar a otras sanciones distintas que busquen ese otro objetivo. Cierto que está por ver la utilidad del movimiento de Trump, pero es difícil creer que Teherán vaya a renunciar a esas otras actuaciones por una presión que en ningún caso sería tan internacional (China y Rusia solo se prestaron a un frente contra Irán porque en juego estaba que este país se convirtiera en potencia nuclear).

Con su bloqueo a algunos candidatos el Parlamento Europeo busca el protagonismo negado al fracasar la proclamación del Spitzenkandidat

▲ Ursula von der Leyen, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en la que defendió su candidatura [Comisión Europea]

ANÁLISIS / Jokin de Carlos

En 1963 se firmaba el Tratado del Elíseo entre el presidente Charles de Gaulle y el canciller Konrad Adenauer, acabando con siglos de rivalidad franco-germana y comenzado la amistad entre estos dos países. Durante las siguientes décadas Francia y Alemania, como primeras economías de la Unión, marcarían en gran parte la agenda política y económica. Incluso en los momentos de crisis ambos países líderes evitaban dar imagen de confrontación.

Sin embargo, tras las elecciones europeas del pasado mes de mayo se produjo un público forcejeo entre Berlín y París sobre quién debía sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea. Por un lado, encabezados por Angela Merkel, estaban aquellos dirigentes que defendían la nominación del bávaro Manfred Weber, Spitzenkandidat del Partido Popular Europeo, integrado por formaciones de tendencia conservadora; por otro lado, dirigidos por Emmanuel Macron, estaban aquellos que, de tendencia liberal o socialdemócrata, se oponían a esta nominación en preferencia del holandés Frans Timmermans o la danesa Margrathe Vestager.

Después de semanas de negociación y tensión diplomática se accedió a retirar la candidatura de Weber, en parte por la debilidad política de Merkel en Alemania y la momentánea defenestración de Sebastián Kurz en Austria debido al Ibizagate. Pero el cargo no fue para Vestager o Timmermans sino para Ursula von der Leyen, ministra de Defensa alemana y colega democristiana de Merkel, originaria de Hannover y de familia aristocrática. 

Y así termina el verano de nuestro descontento, con este sol de Hannover.

Elección

Uno de los principales problemas de la nueva presidenta de la Comisión va a ser cómo lograr consenso entre los líderes en el Consejo y entre los partidos en el Parlamento.

Von der Leyen fue elegida por unanimidad en el Consejo, sin embargo, su elección en el Parlamento Europeo fue la más ajustada de la historia, con solo nueve votos por encima de la mayoría necesaria. Esta votación contó con varias sorpresas, como el voto favorable del italiano Movimiento 5 Estrellas o el polaco PiS y el rechazo del SPD o la totalidad de los verdes.

Composición de la Comisión

El 9 de septiembre, Von der Leyen hizo públicos sus nominados para la nueva Comisión, compuesta por 28 miembros en atención a los 28 países miembros, si bien Reino Unido renuncia a tener un sitio por su programada partida de la Unión el 31 de octubre.

La Comisión von der Leyen ha sido organizada en forma de pilares, cada uno de los cuales dirigido por un vicepresidente e integrado por uno o varios comisarios con carteras específicas. Estos pilares son cinco: (a) Acuerdo verde europeo, que cubrirá temas como energía, transporte o agricultura; (b) una Europa lista para la era digital, para temas como innovación y competencia; (c) protegiendo nuestro modo de vida europeo, que abarcará las áreas de inmigración y seguridad; (d) una Economía que trabaje para el pueblo, destinado a comercio, trabajo y finanzas, y (e) una Europa fuerte en el mundo, que incluirá asuntos como las relaciones internacionales o la administración de crisis.

Para la composición de esta Comisión, Von der Leyen ha tratado de integrar a dos de los Spitzenkandidat que fueron descartados para la presidencia. El socialista Frans Timmermans, antiguo viceprimer ministro holandés, seguirá como vicepresidente y dirigirá el pilar del Acuerdo verde europeo, mientras que la liberal Margrethe Vestager, anterior viceprimera ministra danesa, habiendo sido comisaria de Competencia en la previa Comisión, dirigirá el pilar de Una Europa lista para la era digital. Se trata de dos de los comisarios más populares en la Comisión Juncker; en el caso de Vestager por su lucha contra la evasión fiscal de varias grandes empresas tecnológicas norteamericanas, como Google, Amazon o Apple.

Del resto de vicepresidentes, tres encabezarán los otros tres pilares: el nuevo Alto Representante de la Unión Josep Borrell, exministro español en varias carteras y expresidente del Parlamento Europeo, dirigirá Una Europa fuerte en el mundo; el democristiano y expremier letón Valdis Dombrovskis se ocupará del pilar económico, y el conservador griego Margaritis Schinas dirigirá el pilar de protección del modo de vida europeo.

Otras tres vicepresidencias, con áreas más reducidas, irán para la checa Verá Jorubá (Valores y Transparencia), el eslovaco Maroš Šefčovič (Relaciones Interinstitucionales) y la croata Dubravka Šuica (Democracia y Demografía).

Entre los nominados para comisarios se encuentra gente de prestigio que ha logrado puestos importantes en sus respectivos países, así como en previas comisiones europeas: Paolo Gentiloni, expremier italiano, será comisario de Economía, y Didier Reynders, exministro de Defensa, Finanzas y Exterior en Bélgica, estará al frente de Justicia.

Análisis

Hay dos características que se pueden remarcar de esta Comisión propuesta: (1) La primera es su carácter más político y (2) la segunda es una marcada francofilia. 

(1) En ocasiones anteriores los comisarios solían mostrar un perfil técnico y en muchos casos una preferencia por permanecer en la sombra. En cierta forma se les podría haber considerado el secretariat del Consejo Europeo. Sin embargo, la selección hecha por Von der Leyen parece querer acabar con esta tradición, al optar por nombres más conocidos. Así, Gentiloni o Dombrovskis han gobernado previamente sus países, mientras que otros como Vestager, Timmermans o Reynders han tenido un cierto protagonismo previo. Parece que el interés de los políticos de la UE ya no es tanto crear lo antes posible la Federación Europea como acercar más Bruselas a la gente. Si esta estrategia funciona o no, el tiempo lo dirá.

(2) La segunda característica de esta nueva Comisión es una clara dirección pro-francesa, para satisfacción de Emmanuel Macron. Muchos de los miembros de la Comisión son aliados políticos del presidente francés; el más claro es el caso de la propia Ursula von der Leyen, pese a haber formado parte del gabinete de Merkel y ser correligionaria suya. Hay que recordar que fue Macron quien la propuso para el cargo después del veto a Weber, que era el candidato inicial de Merkel. Pero eso no es todo. Tanto Timmermans como Vestager son aliados políticos de Macron (Vestager había sido su primera opción para presidir la Comisión). Josep Borrell también es un conocido francófilo, y Didier Reynerds es un belga francófono cuyo partido es aliado del de Macron, como ocurre con el comisario italiano Paolo Gentiloni. Así, pues, se trata de una Comisión mayoritariamente francófila, lo que podría aumentar el peso de Macron sobre la Unión y hacer avanzar su visión de Europa.

Fuera de la Comisión los otros cargos nominados por el Consejo Europeo fueron Christine Lagarde, exministra de Finanzas francesa, que ha dejado de dirigir el FMI para ponerse al frente del Banco Central Europeo, y Charles Michell, premier francoparlante de Bélgica y compañero liberal de Macron, nuevo presidente del Consejo Europeo.

Con estas nominaciones también se han querido cumplir una serie de objetivos:

i) El primero y más claro es que se ha querido acabar con una posible alienación de los países de Europa Central y del Sur. De ocho vicepresidentes, cuatro son de Europa Central, al frente de áreas tan importantes como el pilar económico o temas de justicia; otros dos son del Sur, con responsabilidad sobre temas de inmigración y política exterior.

ii) También se ha intentado acercar a grupos que pueden tener dudas sobre Von der Leyen o directamente votaron en su contra en la sesión parlamentaria. Mirando a los verdes, el portafolio Acuerdo verde europeo se propone reducir las emisiones de carbono un 55% de sus niveles en 1990 para 2030 y convertir a Europa en el primer continente de emisión cero de carbono para 2050. El pilar sobre inmigración, llamado Proteger nuestro modo de vida europeo, parece querer augurar una política más estricta en temas de inmigración con el objetivo de mantener el apoyo del PiS de Polonia y Fidesz de Hungría.

iii) Brevemente también hay que mencionar que la nominación de Gentiloni a la cartera económica parece una forma de recompensar a Italia por la formación de un gobierno favorable a Bruselas. Si bien la nominación de un italiano de izquierdas para economía podría preocupar a Alemania o a la Nueva Hansa, parece que la nominación de conservador austriaco Johannes Hahn para la Comisión Presupuestaria se ha hecho para equilibrar la de Gentiloni.

Retos y posibles complicaciones

Los cuatro principales retos de esta nueva Comisión parece que van a ser la ecología, la economía, la inmigración y la construcción de una política exterior común.

Como se ha dicho antes, la nominación de Borrell y otros comisarios puede llevar a una política exterior que siga las líneas francesas, lo que en ciertos momentos puede suponer conflictos con Polonia, los Países Bálticos o incluso Alemania si las tensiones entre Francia y Estados Unidos llevan a Washington a cuestionarse sus compromisos con la OTAN y con Rusia.

La inmigración parece que va a seguir siendo un asunto principal para la Comisión, aunque no tanto como los últimos años, en gran medida porque el número de personas que llega a Europa ha bajado drásticamente. De más de un millón en 2015 a menos de 150.000 en 2018. Todo parece indicar que la línea en inmigración ilegal va a ser más dura que en años previos, si bien va a intentarse evitar una retórica populista. Sin embargo, el propio nombre del portafolio, Proteger nuestro modo de vida europeo, ya ha sido objeto de críticas por parte de ciertos sectores políticos y de la sociedad civil de Europa Occidental.

La economía será otro elemento clave. Con un Brexit que puede dañar la economía europea o provocar una desaceleración.

Otro de los principales problemas va a estar relacionado con Timmermans y su cargo. Como cabeza del pilar Acuerdo verde europeo, el holandés será el encargado de tratar con los países para reducir sus emisiones de carbono. Los países de Europa Central, especialmente Polonia, son todavía muy dependientes del sector del carbón, que ocupa a una sensible porción de mano de obra. Timmermans demostró cierta torpeza a la hora de tratar con Polonia y Hungría en temas de justicia siendo vicepresidente de Juncker, por lo que habrá que ver cómo se ocupa del asunto energético.

En relación a las nominaciones ha habido preocupación por el bloqueo del Parlamento a los comisarios de Rumanía, Hungría y Francia, que fueron rechazados por distintas razones. En el caso del nominado húngaro el veto se atribuyó a su relación con un bufete de abogados, y en el de la francesa, a la vinculación con un think tank americano. Sin embargo, el análisis general parece indicar que estos rechazos, sobre todo en el caso de la nominada francesa, parecen una represalia del Parlamento por haber sido apartado en la decisión sobre la presidencia de la Comisión –al desconsiderarse la proclamación del Spitzenkandidat más votado– por el Consejo Europeo, especialmente por Emmanuel Macron. La caída del gobierno rumano y el establecimiento de un gobierno provisional hasta las elecciones legislativas de 2020 puede retrasar la formación de la Comisión. Según el Alto Representante Josep Borrell, es esperable que la formación de la Comisión Von der Leyen se retrase hasta el 1 de diciembre.

Conclusión

Decir que la Comisión Von der Leyen va a ser continuista, como muchos afirman, sería parcialmente incorrecto. Si bien la ideología parece ser la misma, los objetivos marcados son muy distintos y mucho más políticos. Parece que algunos de los errores cometidos por la Comisión Juncker quieren ser solucionados y se está tratando de dar respuesta a algunas de las demandas que la ciudadanía plantea a Bruselas, en temas como el cuidado del medioambiente, la mejora económica, la correcta integración de Europa Central, el control de las fronteras, el desarrollo de una política internacional común y el acercamiento de Bruselas a los europeos.

Si esto será un fracaso o una victoria, on verra.

▲ Vista de Doha, la capital de Catar, desde su Museo Islámico [Pixabay]

ENSAYO /  Sebastián Bruzzone Martínez

I. Introducción. Catar, emirato del golfo pérsico

En la antigüedad, el territorio era habitado por los cananeos. A partir del siglo VII d.C., el Islam se asentó en la península de Qatar. Como en los Emiratos Árabes Unidos, la piratería y los ataques a los barcos mercantes de potencias que navegaban por las costas del Golfo Pérsico eran frecuentes. Catar estuvo gobernado por la familia Al Khalifa, procedentes de Kuwait, hasta 1868, cuando a petición de los jeques cataríes y con ayuda de los británicos se instauró la dinastía Al Thani. En 1871, el Imperio Otomano ocupó el país, y la dinastía catarí reconoció la autoridad turca. En 1913, Catar consiguió la autonomía; tres años más tarde, el emir Abdullah bin Jassim Al Thani firmó un tratado con Reino Unido para implantar un protectorado militar británico en la región, pero manteniendo la monarquía absoluta del emir.

En 1968, Reino Unido retiró su fuerza militar, y los Estados de la Tregua (Emiratos Árabes Unidos, Catar y Bahréin) organizaron la Federación de Emiratos del Golfo Pérsico. Catar, al igual que Bahréin, se independizó de la Federación en 1971, proclamó una Constitución provisional, firmó un tratado de amistad con Reino Unido e ingresó en la Liga Árabe y en la ONU.

La Constitución provisional fue sustituida por la Constitución de 2003 de 150 artículos, sometida a referéndum y apoyada por el 98% de los electores. Entró en vigor como norma fundamental el 9 de abril de 2004. En ella se reconoce el Islam como religión oficial del Estado y la ley Sharia como fuente de Derecho (art. 1); la previsión de adhesión y respeto a los tratados, pactos y acuerdos internacionales firmados por el Emirato de Catar (art. 6); el gobierno hereditario de la familia Al Thani (art. 8); instituciones ejecutivas como el Consejo de Ministros y legislativo-consultivas como el Consejo Al Shoura o Consejo de la Familia Gobernante. Asimismo figuran la posibilidad de la regencia mediante el Concejo fiduciario (arts. 13-16), la institución del primer ministro designado por el emir (art. 72), el emir como jefe de Estado y representante del Estado en Interior, Exterior y Relaciones Internacionales (arts. 64-66), un fondo soberano (Qatar Investment Company; art. 17), instituciones judiciales como los Tribunales locales y el Consejo Judicial Supremo, y su control sobre la inconstitucionalidad de las leyes (137-140)[1], entre otros aspectos.

También se reconocen derechos como la propiedad privada (art. 27), igualdad de derechos y deberes (art. 34), igualdad de las personas ante la ley sin ser discriminadas por razón de sexo, raza, idioma o religión (art. 35), libertad de expresión (art. 47), libertad de prensa (art. 48), imparcialidad de la justicia y tutela judicial efectiva (134-136), entre otros.

Estos derechos reconocidos en la Constitución catarí deben ser consecuentes con la ley islámica, siendo así su aplicación diferente a la que se observa en Europa o Estados Unidos. Por ejemplo, a pesar de que en su artículo 1 está reconocida la democracia como sistema político del Estado, los partidos políticos no existen; y los sindicatos están prohibidos, aunque el derecho de asociación está reconocido por la Constitución. Del mismo modo, el 80% de la población del país es extranjera, siendo estos derechos constitucionales aplicables a los ciudadanos cataríes, que conforman el 20% restante.

Como el resto de los países de la zona, el petróleo ha sido factor transformador de la economía catarí. Hoy en día, Catar tiene un alto nivel de vida y uno de los PIB per cápita más altos del mundo[2], y constituye un destino atractivo para los inversores extranjeros y el turismo de lujo. Sin embargo, en los últimos años Catar está viviendo una crisis diplomática[3] con sus países vecinos del Golfo Pérsico debido a distintos factores que han condenado al país árabe al aislamiento regional.

II. La inestabilidad de la familia al thani

El gobierno del Emirato de Catar ha sufrido una gran inestabilidad a causa de las disputas internas de la familia Al Thani. Peter Salisbury, experto en Oriente Medio de Chatham House, el Real Instituto de Asuntos Internacionales de Londres, habló de los Al Thani en una entrevista para la BBC: “Es una familia que en un inicio (antes del descubrimiento del petróleo) gobernaba un pedazo de tierra, pequeño e insignificante, que a menudo era visto como una pequeña provincia de Arabia Saudita. Pero logró forjarse una posición en esa región de gigantes”. [4]

En 1972, mediante un golpe de Estado, Ahmed Al Thani fue depuesto por su primo Khalifa Al Thani, con el que Catar siguió una política internacional de no intervención y búsqueda de paz interna, y mantuvo una buena relación con Arabia Saudita. Se mantuvo en el poder hasta 1995, cuando su hijo Hamad Al Thani le destronó aprovechando una ausencia del mandatario, de viaje en Suiza. El gobierno saudí vio la actuación como un mal ejemplo para los demás países de la región también gobernados por dinastías familiares. Hamad potenció la exportación de gas natural licuado y petróleo, y desmanteló un supuesto plan de los saudíes de restituir a su padre Khalifa. Los países de la región comenzaron a ver cómo el “pequeño de los hermanos” crecía económica e internacionalmente muy rápido con el nuevo emir y su ministro de Exteriores Hamam Al Thani.

La familia está estructurada en torno a Hamad y su esposa Mozah bint Nasser Al-Missned, quien se ha convertido en un icono de la moda y prestigio femenino de la nobleza internacional, al nivel de Rania de Jordania, Kate Middleton o la reina Letizia (precisamente el matrimonio es cercano a la familia real española).

Hamad abdicó en su hijo Tamim Al Thani en 2013. El ascenso de este fue un soplo de esperanza de corta duración para la comunidad árabe internacional. Tamim adoptó una posición de política internacional muy similar a la de su padre, fortaleciendo el acercamiento y cooperación económica con Irán, y aumentando la tensión con Arabia Saudita, que procedió a cerrar la única frontera terrestre que tiene Catar. Del mismo modo, según una filtración de WikiLeaks en 2009, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan acusó a Tamim de pertenecer a los Hermanos Musulmanes. Por otro lado, la rivalidad económica, política, social e incluso personal entre los Al Thani de Catar y los Al Saud de Arabia Saudita se remonta a décadas atrás.

Desde mi punto de vista, la estabilidad y jerarquía familiar en las naciones gobernadas por dinastías es un factor crucial para evitar luchas de poder internas que por consecuencia tienen grandes efectos negativos para la sociedad del país. Cada persona posee ideas políticas, económicas y sociales diferentes que llevan tiempo aplicarlas. Los cambios frecuentes y sin una culminación objetiva terminan siendo un factor terriblemente desestabilizador. En el ámbito internacional, la credibilidad y rigidez política del país puede verse mermada cuando el hijo del emir da un golpe de Estado cuando su padre está de vacaciones. Catar, consciente de ello, en el artículo 148 de su Constitución buscó la seguridad y rigidez legislativa prohibiendo la enmienda de ningún artículo antes de haberse cumplido diez años de su entrada en vigor.

En 1976, Catar reivindicó la soberanía de las islas Hawar, controladas por la familia real de Bahréin, que se convirtieron en un foco de conflicto entre ambas naciones. Sucedió lo mismo con la isla artificial de Fasht Ad Dibal, lo que llevó al ejército de Catar a realizar una incursión en la isla en 1986. Fue abandonada por Catar en un acuerdo de paz con Bahréin.

III. Supuesto apoyo a grupos terroristas

Es la causa principal por la que los Estados vecinos han aislado a Catar. Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahréin, Libia y Maldivas, entre otros, cortaron relaciones diplomáticas y comerciales con Catar en junio de 2017 por su supuesta financiación y apoyo a los Hermanos Musulmanes, a quienes consideran una organización terrorista. En 2010, WikiLeaks filtró una nota diplomática en la que Estados Unidos calificaba a Catar como el “peor de la región en materia de cooperación para eliminar la financiación de grupos terroristas.”

La hermandad musulmana, cuyo origen se encuentra en 1928 con Hassan Al Bana, en Egipto, es un movimiento político activista e islámico, con principios basados en el nacionalismo, la justicia social y el anticolonialismo. De todos modos, dentro del movimiento existen varias corrientes, algunas más rigurosas que otras. Los fundadores de los Hermanos Musulmanes ven la educación de la sociedad como la herramienta más efectiva para llegar al poder de los Estados. Por ello, los adoctrinadores o evangelizadores del movimiento son los más perseguidos por las autoridades de los países que condenan la pertenencia al grupo. Está dotada de una estructura interna bien definida, cuya cabeza es el guía supremo Murchid, asistido por un órgano ejecutivo, un consejo y una asamblea.

A partir de 1940, se inicia la actividad paramilitar del grupo de forma clandestina con Nizzam Al Khas, cuya intención inicial era lograr la independencia de Egipto y expulsar a los sionistas de Palestina. Realizaron atentados como el asesinato del primer ministro egipcio Mahmoud An Nukrashi. La creación de esta sección especial sentenció de manera definitiva la reputación y el carácter violento de los Hermanos Musulmanes, que continuaron su expansión por el mundo bajo la forma de Tanzim Al Dawli, su estructura internacional.[5]

En la capital de Catar, Doha, se encuentra exiliado Khaled Mashal,[6] ex líder de la organización militante Hamas, y los talibanes de Afganistán poseen una oficina política. Es importante saber que la mayoría de los ciudadanos cataríes son seguidores del wahabismo, una versión puritana del Islam que busca la interpretación literal del Corán y Sunnah, fundada por Mohammad ibn Abd Al Wahhab.

Durante la crisis política posterior a la Primavera Árabe en 2011, Catar apoyó los esfuerzos electorales de los Hermanos Musulmanes en los países del norte de África. El movimiento islamista vio la revolución como un medio útil para acceder a los gobiernos, aprovechando el vacío de poder. En Egipto, Mohamed Mursi, ligado al movimiento, se convirtió en presidente en 2013, aunque fue derrocado por los militares. Emiratos Árabes Unidos y Bahréin calificaron negativamente el apoyo y lo vieron como un elemento islamista desestabilizador. En aquellos países en los que no tuvieron éxito, sus miembros fueron expulsados y muchos se refugiaron en Catar. Mientras tanto, en los países vecinos de la región saltaban las alarmas y seguían atentamente cada movimiento pro-islamista del gobierno catarí.

Del mismo modo, fuentes holandesas y la abogada de Derechos Humanos Liesbeth Zegveld acusaron a Catar de financiar el Frente Al Nusra[7], la rama siria de Al Qaeda que participa en la guerra contra Al Assad, declarada organización terrorista por Estados Unidos y la ONU. La abogada holandesa afirmó en 2018 poseer las pruebas necesarias para demostrar el flujo de dinero catarí hacia Al Nusra a través de empresas basadas en el país y responsabilizar judicialmente a Catar ante el tribunal de La Haya, por las víctimas de la guerra en Siria. Es importante saber que, en 2015, Doha consiguió la liberación 15 soldados libaneses, pero a cambio de la liberación de 13 terroristas detenidos. Otras fuentes aseguran el pago de veinte millones de euros por parte de Catar para la liberar a 45 cascos azules de Fiyi secuestrados por Al Nusra en los Altos del Golán.

Según la BBC, en diciembre de 2015, Kataeb Hezbolá o Movimiento de Resistencia Islámica de Irak, reconocido como organización terrorista por Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, entre otros, secuestró a un grupo de cataríes que fueron de cacería a Irak.[8] Entre los cazadores del grupo se encontraban dos miembros de la familia real catarí, el primo y el tío de Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ministro de Relaciones Exteriores de Catar desde 2016. Tras 16 meses de negociaciones, los secuestradores exigieron al embajador catarí en Irak la escalofriante cifra de mil millones de dólares para liberar a los rehenes. Según funcionarios de Qatar Airways, en abril de 2017 un avión de la compañía voló a Bagdad con el dinero para ser entregado al gobierno iraquí, que actuaría como intermediario entre Hezbolá y Catar. Sin embargo, la empresa nunca ha comentado los hechos. La versión oficial del gobierno catarí es que nunca se pagó a los terroristas y se consiguió la liberación de los rehenes mediante una negociación diplomática conjunta entre Catar e Irak.

La financiación de Catar al grupo armado Hamás de la Franja de Gaza es un hecho real. En noviembre de 2018, según fuentes israelíes, Catar pagó quince millones de dólares en efectivo como parte de un acuerdo con Israel negociado por Egipto y la ONU, que abarcaría un total de noventa millones de dólares fraccionado en varios pagos[9], con intención de buscar la paz y reconciliación entre los partidos políticos Fatah y Hamas, considerado grupo terrorista por Estados Unidos.

IV. La relación catarí con Irán

Catar posee buenas relaciones diplomáticas y comerciales con Irán, mayoritariamente chiita, lo cual no es del agrado del Cuarteto (Egipto, Arabia Saudita, EAU, y Bahréin), mayoritariamente sunita, en especial de Arabia Saudita, con quien mantiene una evidente confrontación –subsidiaria, no directa– por la influencia política y económica predominante en la región pérsica. En 2017, en su última visita a Riad, Donald Trump pidió a los países de la región que aislasen a Irán por la tensión militar y nuclear que vive con Estados Unidos. Catar actúa como intermediario y punto de inflexión entre EEUU e Irán, tratando de abrir la vía del diálogo en relación con las sanciones implantadas por el presidente americano.

Doha y Teherán mantienen una fuerte relación económica en torno a la industria petrolífera y gasística, ya que comparten el yacimiento de gas más grande del mundo, el South Pars-North Dame, mientras que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han seguido la corriente estadounidense en sus programas de política exterior en relación con Irán. Una de las condiciones que el Cuarteto exige a Catar para levantar el bloqueo económico y diplomático es el cese de las relaciones bilaterales con Irán, reinstauradas en 2016, y el establecimiento de una conducta comercial con Irán en conformidad con las sanciones impuestas por Estados Unidos.

V. Cadena de televisión Al Jazeera

Fundada en 1996 por Hamad Al Thani, la cadena Al Jazeera se ha convertido en el medio digital más influyente de Oriente Medio. Se colocó como promotora de la Primavera Árabe y estuvo presente en los climas de violencia de los distintos países. Por ello, ha sido criticada por los antagonistas de Catar por sus posiciones cercanas a los movimientos islamistas, por ejercer de portavoz para los mensajes fundamentalistas de los Hermanos Musulmanes y por constituirse en vehículo de la diplomacia catarí. Su clausura ha sido uno de los requisitos que el Cuarteto ha solicitado a Catar para levantar el bloqueo económico, el tránsito de personas y la apertura del espacio aéreo.

Estados Unidos acusa a la cadena de ser el portavoz de grupos islámicos extremistas desde que el anterior jefe de Al Qaeda, Osama bin Laden, comenzara a divulgar sus comunicados a través de ella; de poseer carácter antisemita, y de adoptar una posición favorable al grupo armado Hamas en el conflicto palestino-israelí.

En 2003, Arabia Saudita, tras varios intentos fallidos de provocar el cierre de la cadena de televisión catarí, decidió crear una televisión competidora, Al Arabiya TV, iniciando una guerra de desinformación y rivalizando sobre cuál de las dos posee la información más fiable.

VI. La posición de Washington y Londres

Por un lado, Estados Unidos busca tener una relación buena con Catar, pues allí tiene la gran base militar de Al-Udeid, que cuenta con una excelente posición estratégica en el Golfo Pérsico y más de diez mil efectivos. En abril de 2018, el emir catarí visitó a Donald Trump en la Casa Blanca, quien dijo que la relación entre ambos países “funciona extremadamente bien” y considera a Tamim un “gran amigo” y “un gran caballero”. Tamim Al Thani ha resaltado que Catar no tolerará a personas que financian el terrorismo y ha confirmado que Doha cooperará con Washington para poner fin a la financiación de grupos terroristas.

La contradicción es clara: Catar confirma su compromiso en la lucha contra la financiación de grupos terroristas, pero su historial no le avala. Hasta ahora, ha quedado demostrado que el pequeño país ha ayudado a estos grupos de una manera u otra, mediante asilo político y protección de sus miembros, financiación directa o indirecta a través de controvertidas técnicas de negociación, o promoviendo intereses políticos que no han sido del agrado de su gran rival geopolítico, Arabia Saudita.

Estados Unidos es el gran mediador e impedimento del enfrentamiento directo en la tensión entre Arabia Saudita y Catar. Ambos países son miembros de la Organización de las Naciones Unidas y aliados de EEUU. Europa y los presidentes americanos han sido conscientes de que un enfrentamiento directo entre ambos países puede resultar fatal para la región y sus intereses comerciales relacionados con el petróleo y el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, el gobierno de Reino Unido se ha mantenido distante a la hora de adoptar una posición en la crisis diplomática de Catar. El emir Tamim Al Thani es dueño del 95% del edificio The Shard, el 8% de la bolsa de valores de Londres y del banco Barclays, así como de apartamentos, acciones y participaciones de empresas en la capital inglesa. Las inversiones cataríes en la capital de Reino Unido rondan un total de sesenta mil millones de dólares.

En 2016, el ex primer ministro británico David Cameron mostró su preocupación sobre el futuro cuando la alcaldía de Londres fue ocupada por Sadiq Khan, musulmán, que ha aparecido en más de una ocasión junto a Sulaiman Gani, un imán que apoya al Estado Islámico y a los Hermanos Musulmanes.[10]

VII. Guerra civil en Yemen

Desde que se inició la intervención militar extranjera en la guerra civil de Yemen en 2015, a petición del presidente yemení Rabbu Mansur Al Hadi, Catar se alineó junto a los Estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos), respaldados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, para crear una coalición internacional que ayudara a restituir el poder legítimo de Al Hadi, puesto en jaque desde el golpe de Estado promovido por hutíes y fuerzas leales al ex presidente Ali Abdala Saleh. Sin embargo, Catar ha sido acusado de apoyar de forma clandestina a los rebeldes hutíes[11], por lo que el resto de los países del Consejo miran sus actuaciones con gran cautela.

Actualmente, la guerra civil yemení se ha convertido en la mayor crisis humanitaria desde 1945.[12] El 11 de agosto de 2019, los separatistas del Sur de Yemen, respaldados por Emiratos Árabes Unidos, que en un principio apoya el gobierno de Al Hadi, tomaron la ciudad portuaria de Adén, asaltando el palacio presidencial y las bases militares. El presidente, exiliado en Riad, ha calificado el ataque de sus aliados como un golpe a las instituciones del Estado legítimo, y ha recibido el apoyo directo de Arabia Saudita. Tras unos días de tensión, los separatistas del Movimiento del Sur abandonaron la ciudad.

Emiratos y Arabia Saudita, junto a otros Estados vecinos como Bahréin o Kuwait, de creencia sunita, buscan frenar el avance de los hutíes, que dominan la capital, Saná, y una posible expansión del chiísmo promovido por Irán a través del conflicto de Yemen. Del mismo modo, influye el gran interés geopolítico del Estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Mar Arábigo y resulta una gran alternativa al flujo comercial del Estrecho de Ormuz, frente a las costas de Irán. Dicho interés es compartido con Francia y Estados Unidos, que busca eliminar la presencia de ISIS y Al Qaeda de la región.

Al día siguiente de la toma de Adén, y en plenas celebraciones de Eid Al-Adha, el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, se reunió en La Meca con el rey saudí, Salman bin Abdelaziz, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en un aparente esfuerzo de reducir la importancia del suceso, hacer un llamamiento a las partes en conflicto en la ciudad para salvaguardar los intereses de Yemen, y reafirmar la cooperación regional y unidad de intereses entre EAU y Arabia Saudita.[13] El príncipe heredero de Abu Dhabi ha publicado en sus cuentas oficiales de Twitter comentarios y fotografías de la reunión en las que se puede observar una actitud positiva en los rostros de los dirigentes.

A contrario sensu, si la colaboración y entendimiento en la cuestión de Yemen entre ambos países fuesen totales, como afirmaron, no sería necesario crear una imagen aparentemente “ideal” mediante comunicaciones oficiales del gobierno de Abu Dhabi y la publicación de imágenes en redes sociales.

A pesar de que EAU apoya a los separatistas, los últimos hechos han causado una sensación de desconfianza, abriendo la posibilidad de que las milicias del Sur estén desoyendo las directrices emiratíes y comenzando a ejecutar una agenda propia afín a sus intereses particulares. Asimismo, las fuentes extranjeras comienzan a hablar de una guerra civil dentro de una guerra civil. Mientras tanto, Catar se mantiene próximo a Irán y cauto ante la situación del suroeste de la Península Arábiga.

▲ Intervención de Almagro en la inauguración de la 49ª Asamblea General de la OEA, en Medellín (Colombia) en junio de 2019 [OEA]

COMENTARIO / Ignacio Yárnoz

En la Asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Medellín el pasado mes de junio se pudieron constatar las tensiones y la división que actualmente existen en el seno de este organismo internacional. En primer lugar, esas discrepancias fueron evidentes en la cuestión la cuestión venezolana, asunto que protagonizó la reunión con la presentación de informes de migraciones, críticas al régimen bolivariano y la presencia de la delegación venezolana representando al Gobierno de Guaidó encabezada por el embajador Gustavo Tarre.

Estos hechos fueron acogidos con el rechazo de gran parte de los países caribeños, quienes abandonaron la sala en la presentación de los informes y declararon su negativa a cumplir cualquier resolución de la OEA en la que la delegación de Venezuela votara a favor. Y es que, en opinión de los países caribeños, Venezuela formalmente abandonó la organización el mes de marzo y la presencia de la delegación de Guaidó como legítima representante de Venezuela contraviene el Derecho Internacional y los principios de la Carta de la OEA, dado que representa a un Gobierno sin control efectivo del territorio ni legitimidad legal. Pero los países del Caricom no fueron los únicos en expresar su protesta, la delegación de Uruguay también abandonó la sala y la de México manifestó su desagrado por la presencia opositora venezolana como delegación de pleno derecho.

La controversia, sin embargo, no solo dejaba ver las discrepancias sobre el modo de afrontar la crisis venezolana, sino que también reflejaba otra realidad de fondo, y es que la candidatura de Luis Almagro para ser reelegido como secretario general de la organización pende de un hilo.

El mes de diciembre del pasado año, el uruguayo Almagro anunció formalmente que, a petición de Colombia y Estados Unidos, había decidido presentarse a la reelección con la seguridad de tener los votos necesarios. Desde entonces, sin embargo, el paisaje de la reelección se ha oscurecido. La votación tendrá lugar el primer semestre del año 2020 y para conseguir ser reelegido Almagro necesita al menos 18 votos de los 35 países de la OEA (si incluimos a Cuba, aunque no participe activamente).

Variables

El futuro de Almagro, que llegó al cargo en mayo de 2015, depende de varios factores que se irán desarrollando este año. Principalmente, las elecciones generales de Argentina, Canadá, Uruguay y Bolivia, que se celebrarán entre octubre y noviembre. Sin embargo, existen otras variables que también pueden afectar a su reelección, como el apoyo que obtenga de los países del Grupo de Lima o la posible división entre los miembros del Caricom al respecto. A continuación, revisaremos uno a uno estos supuestos.

En el caso de las elecciones de Bolivia, Almagro ya ha jugado sus cartas y ha sido acusado de haber utilizado una doble vara de medir al criticar duramente el régimen de Maduro, pero después no mostrarse crítico con la posibilidad de reelección de Evo Morales por tercera vez. Dicha reelección supuestamente no es legal según la Constitución boliviana y fue vetada por la población en un referéndum, pero el presidente Evo Morales ha hecho caso omiso bajo pretexto de que impedirle ser candidato de nuevo va contra los derechos humanos, argumentación luego avalada por la Corte Suprema de Bolivia. La Secretaría General de la OEA, pese a no estar de acuerdo con el “derecho a ser reelegido”, no elevó ninguna crítica ni se posicionó en contra de dicha elección supuestamente debido al posible voto de Bolivia a favor de Almagro, algo que podría pasar si Evo Morales sale finalmente reelegido pero que no es completamente seguro tampoco. Sin embargo, de no ser así, ya se ha granjeado la animadversión de los candidatos de la oposición como Carlos Mesa u Óscar Ortiz y del jefe opositor Samuel Doria Medina quienes de salir elegidos no votarían a favor de él.

Respecto a Guatemala, la primera vuelta de las elecciones presidenciales dio la victoria a Sandra Torres (22,08% de los votos) y a Alejandro Giammattei (12.06% de los votos), quienes el domingo 11 de agosto se enfrentarán en la segunda vuelta. En el caso de que Torres saliera elegida, tal vez alinee su postura con la de México adoptando una política menos injerencista respecto a Venezuela y por tanto en contra de Almagro. En el caso de la victoria de Giammattei, político de centro-derecha, es probable que alinee sus posiciones con Almagro y que vote a favor de él. Guatemala siempre ha estado alineado con las posturas de EEUU, por lo que es dudoso que el país vote contra una candidatura apoyada por Washington, aunque no imposible.

En cuanto a Argentina y Canadá, la posición dependerá de si el candidato vencedor en sus respectivas elecciones es conservador o progresista. Incluso en el caso de Canadá está abierta la posibilidad de un rechazo de Almagro independientemente de la orientación política del nuevo Gobierno, ya que si bien Canadá ha sido crítico con el régimen de Maduro, también ha criticado la organización interna de la OEA bajo el mando del actual secretario general. Por lo que afecta a Argentina, sí existe una clara diferencia entre los candidatos presidenciales: mientras Mauricio Macri representaría la continuidad en el apoyo a Almagro, la fórmula Alberto Fernández–Cristina Kirchner supondría claramente un rechazo.

Uruguay representa un caso curioso de cómo afecta la política interna y los juegos políticos entre miembros incluso del mismo partido. No debemos olvidar que Luis Almagro fue ministro en el Gobierno de Pepe Mujica y que su primera candidatura a secretario general fue presentada por Uruguay. Sin embargo, dada la división en la formación política a la que pertenecía, Frente Amplio, se ganó algunos enemigos como los del actual gobierno de Tabaré Vázquez. Es por eso que Uruguay ha sido tan crítico con Luis Almagro pese a ser un compatriota y compañero de partido. Sin embargo, no debemos dudar que también tendrá sus amistades en el partido que hagan cambiar la postura de Uruguay. De ser así, no importaría el candidato que salga elegido (Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional o Daniel Martínez por el Frente Amplio) que Almagro tendría asegurado el voto: el de la derecha del Partido Nacional al tener unas tesis más críticas con Maduro (de hecho, reconocieron como partido al Gobierno de Guaidó y criticaron la neutralidad de Uruguay), o el de la izquierda del Frente Amplio por los contactos que Almagro pueda tener, aunque esto último sea aún una hipótesis dado que el ala más extrema del partido es la que aún tiene la mayoría de los votos dentro del Frente Amplio.

Otro aspirante

No obstante, las opciones de Almagro para la reelección podrían verse frustradas si presenta su candidatura otro aspirante que pudiera ganarse la simpatía del Grupo de Lima, creado en agosto de 2017 e integrado por una docena de países de América para coordinar su estrategia en relación a Venezuela. Perú suena como el que posiblemente presente un candidato: Hugo de Zela, un diplomático peruano con 42 años de carrera que en abril fue nombrado embajador de Perú en Washington y que ha jugado un papel muy relevante dentro del Grupo de Lima como coordinador. Además, De Zela conoce la estructura de la OEA dado que ha ejercido como jefe de gabinete de la Secretaría General en dos ocasiones: primero, entre 1989 y 1994, cuando el titular del organismo era el brasileño Joao Clemente Baena Soares; y luego entre 2011 y 2015, con el chileno José Miguel Insulza. Este candidato, aparte de su amplia experiencia política, tiene como baza el hecho de haber sido coordinador del Grupo de Lima, lo que podría dar garantías acerca de la colaboración entre ese grupo y la OEA sobre la cuestión venezolana.

Si De Zela decidiera presentarse, el Grupo de Lima podría romperse y dividir sus votos, lo que podría favorecer a los intereses de los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), que suelen votar en bloque y que se han mostrado descontentos con la gestión de Almagro sobre la crisis venezolana. De hecho, el Caricom ya está pensando en presentar un candidato que tenga en cuenta los intereses de esos países, principalmente el cambio climático. Los nombres que suenan entre los miembros del Caricom son el embajador ante la OEA de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, o la representante de Barbados ante la ONU, Liz Thompson.

Sin embargo, queda una esperanza en la comunidad del Caricom para Almagro. Santa Lucía, Haití, Jamaica y las Bahamas rompieron filas en el momento de votar la admisión del embajador Gustavo Tarre nombrado por el Gobierno de Guaidó para representar a Venezuela ante la OEA (aunque técnicamente lo que apoyaron es que fuera designado como “representante permanente designado de la Asamblea Nacional, en espera de nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno elegido democráticamente”). Estos cuatro países, aunque con una posición más moderada que la del Grupo de Lima, se unieron a su posición aceptando la designación de dicho representante con el matiz anteriormente mencionado. Esta es la tercera ocasión en lo que va del año que han roto filas en Caricom en el tema venezolano. Esto podría dar al secretario general una baza con la que poder jugar para lograr el apoyo de alguno de estos cuatro países, aunque necesitará de hábiles técnicas de negociación y dar algo a cambio a estos países, ya sean puestos en la secretaría general o bien beneficios en nuevos programas y becas de desarrollo integral o cambio climático, por ejemplo.  

En conclusión, en el mejor escenario posible para Almagro y suponiendo que ningún país del Grupo de Lima presentara un candidato alternativo, la candidatura a la reelección del actual secretario general contaría con 12 votos asegurados, 4 negociables de Santa Lucía, Jamaica, Haití y Bahamas y 5 pendientes de las elecciones (Guatemala, Canadá, Uruguay, Argentina y Bolivia). Está claro que votarán en contra México, gran parte del Caricom (Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago) y Nicaragua. Además, debemos añadir el hecho de que cualquier candidatura puede ser presentada hasta 10 minutos antes de la Asamblea General extraordinaria, lo que da pie aún más a juegos políticos en la sombra y sorpresas de última hora. Como podemos ver, es una situación muy difícil para el secretario general y de seguro va a suponer más de un quebradero de cabeza en esta aritmética de votos por conseguir el puesto. Sin duda una pugna por el puesto que dará mucho de lo que hablar de aquí a febrero 2020.

[I. H. Daalder & James M. Lindsay, The Empty Throne. America’s Abdication of Global Leadership. Public Affairs. New York, 2018. 256 p.]

RESEÑA / Salvador Sánchez Tapia

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2017 ha desatado un importante caudal editorial que llega hasta hoy, y en el que numerosas plumas ponen en cuestión, en fondo y forma, al nuevo inquilino de la Casa Blanca desde ángulos diversos.

En este caso, dos autores del ámbito de los think tanks norteamericanos, próximos a Barack Obama –uno de ellos sirvió durante su presidencia como embajador de Estados Unidos en la OTAN– nos ofrecen una visión muy crítica del presidente Trump y de su gestión al frente del poder ejecutivo norteamericano. Con el sólido apoyo de numerosas citas, declaraciones y testimonios recogidos de los medios de comunicación, y en un lenguaje ágil y atractivo, componen el retrato de un presidente errático, ignorante –en un pasaje se resalta sin paliativos su “ignorancia en muchas cuestiones, su falta de disposición para aceptar consejos ajenos, su impulsividad, y su falta de capacidad de pensamiento crítico”–, arrogante e irresponsable.

Los autores de The Empty Throne sostienen que los hechos y palabras del presidente Trump muestran cómo ha roto con la línea tradicional de la política exterior estadounidense desde Franklin Delano Roosevelt, basada en el ejercicio de un liderazgo orientado a la seguridad colectiva, a la apertura de los mercados globales y a la promoción de la democracia, de los derechos humanos y del imperio de la ley, y que ha resultado muy beneficioso para Estados Unidos. Trump, argumentan, habría abdicado de ese liderazgo, abrazando en su lugar otra política puramente transaccional, hecha por un simple cálculo de interés.

Esta nueva forma de concebir la política internacional, basada en la lógica de la competición y el dominio, se justificaría desde la administración Trump con el argumento de que la antigua ha sido altamente perniciosa para Estados Unidos, pues ha propiciado que amigos y aliados hayan obtenido importantes ganancias a costa de la prosperidad norteamericana.

Parafraseando el lema de campaña de Trump America First, los autores aducen que esta nueva política resultará, más bien, en una America Alone, y que beneficiará en su lugar a China, asumiendo que será a ella a quien miren las naciones en busca de un nuevo líder.

Para apoyar su tesis, los autores hacen un repaso a la gestión de Donald Trump en el año y medio transcurrido entre su inauguración a comienzos de 2017 y la fecha de publicación del libro en 2018. En su argumentación revisan la gestión de los presidentes que la nación ha tenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la comparan con la puesta en práctica por la administración Trump.

Una parte importante de la crítica va dirigida al controvertido estilo presidencial desplegado por Donald Trump, exhibido incluso desde antes de las elecciones, y que resulta evidente en hechos como el abandono de la etiqueta acostumbrada en el mundo de las relaciones internacionales, especialmente hiriente en sus relaciones con amigos y aliados; la falta de interés mostrada por coordinar con la administración Obama una transición ordenada, o la toma de ciertas decisiones en contra de su equipo de seguridad nacional o, incluso, sin consultar a sus miembros.

No reconocer estos hechos sería negar la evidencia y poner en cuestión la realidad inescapable de la desazón que a muchos produce esta nueva forma de tratar a naciones con las que Norteamérica comparte tantos intereses y valores, como las de la Unión Europea, u otras como Japón, Canadá o Australia, firmes aliados de Estados Unidos desde hace décadas. Cabe, sin embargo, hacer alguna crítica a los argumentos.

En primer lugar, y dejando de lado la falta de perspectiva temporal para hacer una valoración definitiva de la presidencia de Trump, los autores hacen una comparación entre el primer año y medio de mandato del actual presidente y los de todos sus predecesores desde el final de la Segunda Guerra Mundial para demostrar el retorno de Trump a la política del America First imperante hasta Roosevelt. Este contraste requiere ciertas matizaciones pues, sobre la base del común denominador de la estrategia de liderazgo internacional que todos los predecesores de Trump practicaron, el país experimentó en este tiempo momentos de mayor unilateralismo como el del primer mandato de George W. Bush, junto a otros de menor presencia global del país como, quizás, los de las presidencias de Eisenhower, Ford, Carter e, incluso, Obama.

En el caso de Obama, además, las diferencias de fondo con Trump no son tantas como parece. Ambos presidentes tratan de administrar, para mitigarla, la pérdida de poder relativo norteamericano motivada por los largos años de presencia militar en Oriente Medio y por el ascenso de China. No es que Trump considere que Estados Unidos deba abandonar las ideas de liderazgo global e interacción multinacional; de hecho, a la vez que se le acusa de dejar a su suerte a los aliados tradicionales, se le reprocha su aproximación, casi complicidad, con otros como Arabia Saudita e Israel. Más bien, lo que pretende es ejercer el liderazgo, pero, eso sí, dictando sus condiciones para que sean favorables a Estados Unidos. Del liderazgo inspiracional, al liderazgo por imposición.

La pregunta sería ¿es posible mantener un liderazgo en esas condiciones? Según los autores, no. De hecho, como consecuencia de esta “abdicación de liderazgo” norteamericano, ofrecen dos escenarios: el retorno a un mundo en el que ninguna nación lidere, o la irrupción de otra nación –China, evidentemente– que llenará el vacío creado por esa abdicación.

No consideran los autores una tercera opción: la de que los aliados tradicionales se adapten al nuevo estilo de liderazgo, aunque sea a disgusto, por necesidad, y en la confianza de que un día, la presidencia de Trump será historia. Esta idea sería consistente con la premisa expuesta en la obra, y con la cual coincidimos, de que el liderazgo norteamericano continúa siendo imprescindible, y con el propio reconocimiento que se hace al final de la misma, de que hay cierto fundamento en los agravios que Trump presenta y que la actitud del presidente está llevando a muchos de los amigos y aliados de Estados Unidos a reconsiderar sus gastos de defensa, a repensar las reglas del comercio internacional para hacerlas más digeribles para Norteamérica, y a adoptar un papel más activo en la resolución de los desafíos globales más importantes.

El tiempo dirá cuál de las tres opciones prevalecerá. Aún considerando los retos que implica el trato con el actual titular de la Casa Blanca, Estados Unidos continúa unido a sus socios y aliados tradicionales por una tupida red de intereses comunes y, sobre todo, valores compartidos que trascienden a las personas y que perdurarán por encima de ellas.

[Amil Saikal, Iran Rising: The survival and Future of the Islamic Republic. Princeton University Press. Princeton, 2019. 344 p.]

RESEÑA / Ignacio Urbasos Arbeloa

Desde su constitución en 1979 la República Islámica de Irán ha sido un actor conflictivo, aislado e incomprendido por la comunidad internacional y en mayor medida por sus vecinos regionales. Su origen, de carácter revolucionario y antagonista del modelo pro-occidental del Sha, cambió por completo la geopolítica de Oriente Medio y el papel de EEUU en la región. Tanto la Crisis de los Rehenes como la sangrienta Guerra contra el Irak de Saddam Hussein dejaron heridas muy profundas en las relaciones de Irán con el exterior. Más de 40 años después de la Revolución, el país sigue en una dinámica que imposibilita la normalización de sus relaciones internacionales, siempre bajo la amenaza de un conflicto armado o sanciones económicas. En este libro, Amin Saikal describe en profundidad la naturaleza ideológica y política del régimen de los Ayatolas con la intención de generar una mejor comprensión de las motivaciones y factores que explican su comportamiento.

En los primeros capítulos se desarrolla el concepto de gobernanza ideado por el Ayatola Imam Jomeini, conocido como Velayat-E Faqih o Gobernanza del Guardián del Islam. Un modelo defendido por una facción no mayoritaria de la revolución que logró imponerse por el carisma de su líder y la enorme represión sobre el resto de los grupos políticos. El sistema político resultante de la Revolución de 1978 trata de confluir las enseñanzas chiitas del Islam y un modelo representativo con instituciones como el Majlis (parlamento) o el Presidente que en cierta medida simula la democracia liberal occidental. Este modelo es único y nunca ha sido imitado a pesar de los esfuerzos de la República Islámica por exportarlo al resto del mundo musulmán.

En la práctica, el sistema ha demostrado someter la política iraní a la esquizofrenia, con una lucha constante entre el poder de los clérigos –Líder Supremo y Consejo de Guardianes– frente al poder ejecutivo y legislativo elegido por medio de elecciones. Esta tensión, denominada como Jihadi-Itjihadi (conservadurismo-flexibilidad) por el propio Jomeini, ha resultado ser un rotundo fracaso. La falta de claridad en las funciones que los grupos religiosos juegan en el sistema deriva en un poder ilimitado para reprimir y eliminar adversarios políticos, como el arresto domiciliario de Jatamí o Moussaoui demuestran. Esta lucha genera duplicidades a todos los niveles con la omnipresencia de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) en las fuerzas armadas, inteligencia, servicios sociales y empresas públicas. La falta de transparencia política genera corrupción e ineficiencias que lastran el desarrollo de una economía que no carece de capital humano y recursos naturales para prosperar.

En los capítulos 2 y 3 se trata la evolución del sistema tras el fallecimiento del líder Jomeini en 1988 y el fin de la guerra contra Irak. Este nuevo contexto permitió la entrada de nuevas ideas al debate político iraní. El polémico nombramiento del ultraconservador Alí Jamenei en 1989 como nuevo Líder Supremo supuso reforzar el autoritarismo y la rigidez del poder religioso, pero ahora sin el indiscutible liderazgo que ejercía Jomeini. La presidencia de Rafsanjani, un conservador pragmático, supuso el comienzo de una tendencia dentro de Irán que abogaba por normalizar las relaciones internacionales del país.

Sin embargo, fue Jatamí el que desde 1997 apostó por una reconversión del sistema hacia una democracia real que respetara los Derechos Humanos. Su apuesta personal por mejorar las relaciones con EEUU fracasó al encontrarse con una desconfianza desmesurada por parte de la Administración Bush. Ni tan siquiera la respuesta modélica de Irán a los atentados sobre las Torres Gemelas de Nueva York con una condena oficial al atentado y hasta un minuto de silencio respetado por 60.000 personas en Teherán el 13 de septiembre de 2001 fue suficiente para que G.W. Bush reconsiderara a Irán como parte del famoso Axis of Evil que constituía junto a Siria, Corea del Norte y Sudán. A pesar de lograr un crecimiento económico medio del 5% del PIB bajo su presidencia, la falta de reciprocidad por parte de la comunidad internacional generó una ruptura total entre el presidente reformista y la facción conservadora liderada por el Líder Supremo.

El periodo comprendido entre 2005 y 2013 estuvo marcado por la presidencia del ultraconservador Ahmadinejad, que terminó sin la confianza de Jamenei al fracasar en materia económica y llevar a Irán al borde del conflicto armado. Durante esta etapa el IRGC creció hasta dominar buena parte de los ministerios y el 70% del PIB de Irán. Su controvertida reelección en 2009 con acusaciones de fraude por parte de la oposición generó el movimiento verde, las mayores protestas desde 1979, que fueron duramente reprimidas.

La llegada de Rouhani en 2013 podría haber sido una ocasión histórica al alinear por primera vez desde 1988 la visión de un presidente moderado con la del Líder Supremo. Rouhani, un moderado pragmático, asumió el cargo con los objetivos de mejorar las condiciones de vida de los iraníes, reconciliar las relaciones con Occidente, incrementar los derechos de las minorías y relajar el control sobre la sociedad. En materia de política exterior, el Líder Supremo asumió la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear a sabiendas de que, en su ausencia, una mejora económica en Irán sería muy complicada. El JCPOA, aunque imperfecto, permitía acercar posturas entre Occidente e Irán. La llegada de Donald Trump hizo volar por los aires el acuerdo y con ello la sintonía entre el Líder Supremo Jamenei y Rouhani, que ahora afronta una creciente oposición conservadora al considerar su política exterior un fracaso.

Para el autor, es imprescindible comprender la batalla entre las instituciones electas y las instituciones religiosas. La política iraní funciona como un péndulo entre el dominio de las facciones conservadoras protegidas por los religiosos y las facciones reformistas aupadas por las elecciones. Si se ofrecen beneficios a los moderados reformistas cuando están en el poder, las opciones de generar un cambio político en Irán son mayores que si se trata con la misma dureza que a los conservadores, defiende Amin Saikal en el cuarto y quinto capítulo. Además, existe una correlación entre aquellos que conocen Occidente y los que no. Jamenei y Ahmadineyad, principales representantes de la línea dura jamás visitaron Europa o EEUU, mientras que Rouhani, Jatamí o Sharif dominan el inglés y la cultura occidental.

Con una población menor de 30 años que supone el 50% del total y una creciente modernización de la sociedad en Teherán, las demandas de reformas parecen imparables. Según Amin Saikal, una política intransigente con Irán cuando existe voluntad de apertura solo genera desconfianza y refuerza las posiciones más conservadoras. La política de Trump con Irán, concluye, demuestra la falta de conocimiento y comprensión de su sociedad y sistema político.

▲ Visa aérea de Dubái [Pixabay]

ENSAYO / Sebastián Bruzzone Martínez

I. ORIGEN Y FUNDACIÓN DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

En la antigüedad, el territorio era habitado por tribus árabes, nómadas agricultores, artesanos y comerciantes, acostumbradas a saquear barcos mercantes de potencias europeas que navegaban por sus costas. El Islam se asienta en la cultura local en el siglo VII d.C., y el Islam sunní en el siglo XI d.C. A partir de 1820, Reino Unido firma con los dirigentes o jeques de la zona un tratado de paz para poner fin a la piratería. En 1853, ambas partes firmaron otro acuerdo por el que Reino Unido establecía un protectorado militar en el territorio. Y en 1892, por las pretensiones de Rusia, Francia y Alemania, firmaron un tercer acuerdo que garantizaba el monopolio sobre el comercio y explotación únicamente para los británicos. La zona emiratí pasó de llamarse “Costa de los piratas” a “Estados de la Tregua” o “Trucial States” (los actuales siete Emiratos Árabes Unidos, Catar y Bahréin).

Durante la Primera Guerra Mundial, los aeródromos y puertos del Golfo tomaron un importante papel en el desarrollo del conflicto en favor de Reino Unido. Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se creó la Liga de Estados Árabes (Liga Árabe), formada por aquellos que gozaban de cierta independencia colonial. La organización llamó la atención de los Estados de la Tregua.

En 1960, se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), siendo Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela sus fundadores y con sede en Viena, Austria. Los siete emiratos, que posteriormente formarían los Emiratos Árabes Unidos, se unieron en 1967.

En 1968, Reino Unido retira su fuerza militar de la región, y los Estados de la Tregua organizaron la Federación de Emiratos del Golfo Pérsico, pero fracasó al independizarse Catar y Bahréin. En los años posteriores, se inicia la explotación de los enormes pozos petrolíferos descubiertos años atrás.

En 1971, seis Emiratos se independizaron del imperio británico: Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, Ajmán, Umm al Qaywayn y Fujairah, formando la federación de los Emiratos Árabes Unidos, con un sistema legal basado en la constitución de 1971. Una vez consolidada, el 12 de junio se unieron a la Liga Árabe. El séptimo emirato, Ras Al-Khaimah se adhirió al año siguiente.

A partir de la crisis del petróleo de 1973, los Emiratos comenzaron a acumular una enorme riqueza, debido a que los miembros de la OPEP decidieron no exportar más petróleo a los países que apoyaron a Israel durante la guerra de Yom Kipur. Actualmente, el 80-85% de la población de EAU es inmigrante. Emiratos Árabes Unidos pasó a ser el tercer productor de petróleo de Oriente Medio, tras Arabia Saudita y Libia.

II. SISTEMA POLÍTICO Y LEGAL

Por la constitución de 1971, los Emiratos Árabes Unidos se constituyen en una monarquía federal. Cada Estado es regido por su emir (título nobiliario de los jeques, Sheikh). Cada emirato, posee una gran autonomía política, legislativa, económica y judicial, teniendo cada uno sus consejos ejecutivos, siempre en correspondencia con el gobierno federal. No existen los partidos políticos. Las autoridades federales se componen de:

Consejo Supremo de la Federación o de Emires: es la suprema autoridad del Estado. Está compuesta por los gobernadores de los 7 Emiratos, o quienes los sustituyen en su ausencia. Cada Emirato tiene un voto en las deliberaciones. Establece la política general en las cuestiones confiadas a la Federación, y estudia y establece los objetivos e intereses de la misma.

Presidente y Vicepresidente de la Federación: elegidos por el Consejo Supremo entre sus miembros. El Presidente ejerce, en virtud de la Constitución, competencias importantes como la presidencia del Consejo Supremo; firma de leyes, decretos o resoluciones que ratifica y dicta el Consejo; nombramiento del Presidente del Consejo de Ministros y del Vicepresidente y ministros; aceptación de sus dimisiones o su suspensión de funciones a propuesta del Presidente del Consejo de Ministros. El Vicepresidente ejerce todas las atribuciones presidenciales en su ausencia.

Por tradición, no reconocida en la Constitución emiratí, el jeque de Abu Dhabi es el presidente del país, y el jeque de Dubái es el vicepresidente y Primer Ministro.

Así, actualmente, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, jeque de Abu Dhabi, es el presidente de los Emiratos Árabes Unidos desde 2004; y Mohammed bin Rashid Al Maktoum, jeque de Dubái, es el Primer Ministro y vicepresidente desde 2006.

Consejo de ministros: compuesto por el Presidente del Consejo de Ministros, el Vicepresidente y los ministros. Es el órgano ejecutivo de la Federación. Supervisado por el Presidente y Consejo Supremo, su misión es gestionar los asuntos de interior y exterior, que sean de competencia de la Federación en virtud de la Constitución y leyes federales. Posee ciertas prerrogativas como hacer un seguimiento de la aplicación de la política general del Estado Federal en el interior y exterior; proponer proyectos de leyes federales y trasladarlos al Consejo Supremo de la Federación; supervisar la ejecución de las leyes y resoluciones federales, y la aplicación de tratados y convenios internacionales firmados por los Emiratos Árabes Unidos.

Asamblea Federal Nacional: lo que se asemejaría a un Congreso, pero es un órgano únicamente consultivo. Está compuesto por 40 miembros: veinte elegidos por los ciudadanos con derecho a voto, por sufragio censitario, de Emiratos Árabes Unidos a través de elección general, y la otra mitad por los gobernantes de cada Emirato. En diciembre de 2018, el presidente, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, emitió un decreto que contempla que el cincuenta por ciento de la Asamblea Federal Nacional (o FNC, por sus siglas en inglés) sea ocupado por mujeres, con intención de “empoderar aún más a las mujeres emiratíes y reforzar sus contribuciones al desarrollo del país”. Está distribuido con escaños: Abu Dhabi (8); Dubái (8); Sharjah (6); Ras Al Khaimah (6); Ajmán (4); Umm Al Quwayn (4); y Fujairah (4). A él se elevan los proyectos de ley federales y financieros antes de ser presentados al Presidente de la Federación a fin de que los someta al Consejo Supremo para su ratificación. También, le compete al Gobierno notificar a la Asamblea los pactos y tratados internacionales. La Asamblea estudia y realiza recomendaciones respecto a temas de carácter público.

La Administración de Justicia Federal: el sistema judicial de Emiratos Árabes Unidos está basado en la ley Sharia o ley islámica. El artículo 94 de la Constitución establece que la justicia es la base del Gobierno y reafirma la independencia del poder judicial, estipulando que no existe autoridad ninguna por encima de los jueces, salvo la ley y su propia conciencia en el ejercicio de sus funciones. El sistema de justicia federal se compone de tribunales de primera instancia y tribunales y de apelación (de lo civil, penal, comercial, contencioso-administrativo…)

También, existe un Tribunal Supremo Federal, constituido por un presidente y jueces vocales, con competencias como estudiar la constitucionalidad de las leyes federales y los actos inconstitucionales.

Además, La Administración de Justicia local entenderá de todos aquellos casos judiciales que no competan a la Administración federal. Cuenta con tres niveles: primera instancia, de apelación y casación.

La Constitución prevé la existencia de un Fiscal General, que preside la Fiscalía Pública Federal, encargada de presentar pliegos de cargo en delitos cometidos con arreglo a las disposiciones del Código y Procedimiento penal de la Federación.

Para promover el entendimiento entre administraciones federal y local, desde 2007 se ha constituido un Consejo de Coordinación Judicial, presidido por el Ministro de Justicia y compuesto por presidentes y directores de los órganos judiciales del Estado. [1]

Es importante saber que la Constitución de la Federación posee garantías de refuerzo y protección de los derechos humanos en su capítulo III de las libertades, los derechos y obligaciones públicas, como el principio de igualdad en razón de extracción, lugar de nacimiento, creencia religiosa o posición social, aunque no menciona género, y justicia social (art. 25); la libertad de los ciudadanos (art. 26); la libertad de opinión y garantía de los medios para expresarla (art. 30); libertad de circulación y de residencia (art. 29); libertad religiosa (art.32); derecho a la privacidad (art. 31 y 36); derechos de la familia (art. 15); derecho a previsión social y a la seguridad social (art. 16); derecho a la educación (art. 17); derecho a la atención sanitaria (art. 19); derecho al trabajo (art. 20); derecho de asociación y de constitución de asociaciones (art. 33); derecho a la propiedad (art. 21); y derecho de queja y derecho a litigar ante los tribunales (art. 41).[2]

A simple vista, parece que estos derechos y garantías que recoge la Constitución emiratí de 1971 son semejantes a los que recogería una Constitución europea y occidental normal. Sin embargo, son matizables y no tan efectivos en la práctica. Por un lado, porque la mayoría de ellos incluyen remisiones a la ley concreta y aplicable, diciendo “…en los límites que marca la ley; en conformidad con las disposiciones que marca la ley; o en los casos en que así lo disponga la ley”. De esta forma, el legislador se encargará de que estos derechos sean consecuentes y compatibles con la Ley Sharia o islámica, o con los intereses políticos, en su caso.

Por otro lado, estos derechos y garantías protegen de manera completa a los ciudadanos emiratíes, nacionales. Teniendo en cuenta, que el 80-85% de la población es extranjera, se estaría protegiendo de forma íntegramente constitucional a un 15% de la población total del Estado. Por la Ley Federal Nº28/2005 relativa al estatuto personal, la ley se aplica a todos los ciudadanos del Estado de los Emiratos Árabes Unidos siempre que no existan, para los no musulmanes de entre ellos, disposiciones especiales específicas para su confesión o religión. Igualmente, se aplican sus disposiciones a los no nacionales cuando no estén obligados a cumplir la legislación de su propio país.

Entre salvaguardias jurídicas destacan el Código Penal Federal (Ley Nº3/1987); el Código de Procedimiento Penal (Ley Nº 35/1992); Ley Federal sobre la regulación de las instituciones de reforma penitenciaria (Nº43/1992); Ley Federal sobre regulación de las relaciones laborales (Nº8/1980); Ley Federal relativa a la lucha contra la trata de personas (Nº 51/2006); Ley Federal relativa al estatuto personal (Nº28/2005); Ley Federal relativa a los menores delincuentes y carentes de hogar (Nº9/1976); Ley Federal sobre publicaciones y edición (Nº15/1980); Ley Federal sobre regulación de órganos humanos  (Nº15/1993); Ley Federal relativa a las asociaciones declaradas de interés público (Nº2/2008); Ley Federal sobre previsión social (Nº2/2001); Ley Federal sobre pensiones y seguros sociales (Nº7/1999); Ley Federal de protección y desarrollo del medio ambiente (Nº24/1999); y Ley Federal relativa a los derechos de las personas con necesidades especiales (Nº29/2006).

El servicio militar de 9 meses es obligatorio para los hombres universitarios entre 18 y 30 años, y de dos años para los que no tienen estudios superiores. Para las mujeres es opcional y sometido al acuerdo de su tutor. Aunque el país no es miembro de la OTAN, los Emiratos han decidido unirse a la coalición Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI), y prestar auxilio armamentístico en la Guerra contra el Estado Islámico.

En cuanto a las garantías de los tratados internacionales y la cooperación internacional, los Emiratos Árabes Unidos han realizado un gran esfuerzo por incluir en su Constitución leyes y principios amparados por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo miembro de la ONU y adhiriéndose a sus tratados: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1974), Convención de Derechos del Niño (1997), Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2007), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (2004); Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2006), entre otros.

También han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Carta Árabe de Derechos Humanos, y convenios de organización del Trabajo. Es miembro de la OMS, OIT, FAO, UNESCO, UNICEF, OMPI, Banco Mundial y FMI. También, están vinculados por acuerdos de cooperación con más de 28 organizaciones internacionales de las Naciones Unidas llevando a cabo tareas de asesoramiento y de carácter técnico y ministerial.

Son miembros de la Liga Árabe y de la Organización de la Conferencia Islámica, reforzando y promoviendo la labor árabe en sus actividades y programas regionales.

La policía emiratí mantiene el orden público y la seguridad del Estado. El Ministerio del Interior pone los derechos humanos al frente de sus prioridades, centrándose en la justicia, igualdad, imparcialidad y protección. Los integrantes del cuerpo policial deben comprometerse a cumplir 33 normas conducta antes de tomar posesión de su puesto. El Ministerio del Interior ofrece dependencias administrativas al ciudadano para supervisar la actividad policial y adoptar las medidas necesarias. Sin embargo, existe una cierta desconfianza de los extranjeros hacia la policía. La mayor parte de denuncias proviene de ciudadanos emiratíes.

El Ministerio del Interior debe proporcionar a las misiones diplomáticas y consulares listas que incluyan datos sobre sus nacionales internados en instituciones penitenciarias.

III. SISTEMA SOCIAL

El gobierno emiratí ha promovido sociedades civiles e instituciones nacionales como la asociación de los Emiratos para los Derechos Humanos (en virtud de la Ley Federal Nº 6/1974), la Federación General de las Mujeres, Asociación de Juristas, Asociación de Sociólogos, Asociación de Periodistas, Dirección General de Protección de los Derechos Humanos adscrita a la Jefatura General de la Policía de Dubái, Fundación Benéfica de Dubái para la Atención a la Mujer y el Niño, Comisión Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, centro de Apoyo Social de la Dirección General de la Policía de Abu Dhabi, Institución Zayed de Obras Benéficas, Media Luna Roja de los Emiratos, Institución de Desarrollo Familiar, y la Fundación Mohammed bin Rashid Al Maktoum de Obras Benéficas y Humanitarias, o el Fondo para el Matrimonio, entre muchas otras.

Es importante destacar que el desarrollo de la participación política está siguiendo un proceso progresivo. Hasta la fecha, existen unas elecciones completas y generales para designar a la mitad de los miembros de la Asamblea Federal Nacional, con sufragio censitario, para ciudadanos emiratíes y mediante una publicación de listas.

También, la importancia de la mujer en la sociedad emiratí está creciendo gracias a las medidas legislativas y legales adoptadas por el gobierno para potenciar el papel de la mujer, mediante la membresía del Comité de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social, que permitan otorgar oportunidades a la mujer que participe de forma activa en el desarrollo sostenible, y la integración de la mujer en sectores gubernamentales y privado-empresarial (siendo mujeres el 22,5% de la Asamblea, 2006; se espera que a partir de 2019 sea el 50% por decreto)[3], y promoviendo el alfabetismo femenino hasta igualarlo con el masculino. Sin embargo, a pesar de ser signatarios de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la práctica sufren discriminaciones en los trámites matrimoniales y de divorcio. Afortunadamente, se abolió la legislación emiratí que preveía el maltrato de las mujeres e hijos menores por parte del marido o padre siempre que la agresión no excediera los límites admitidos por la ley islámica. También, una vez contraído matrimonio, las mujeres deben prestar obediencia a sus maridos y ser autorizadas por ellos para ocupar un puesto laboral. Asimismo, está prohibida, bajo penas de cárcel, la convivencia entre hombres y mujeres no casados, y las relaciones sexuales fuera del matrimonio. La poligamia está presente incluso en la familia real.

Como en el resto de los países árabes, la homosexualidad está considerada un delito grave y castigada con multas, prisión y deportación en el caso de extranjeros, aunque su aplicación es muy escasa.

Los medios de comunicación juegan un rol importante en la sociedad emiratí. Están supervisados por el Consejo Nacional de Medios de Comunicación, que actúa en gran medida como órgano censor. Han alcanzado un alto nivel técnico y profesional en el sector periodístico, acogiendo en la Dubai Media City a más de mil empresas especializadas. Sin embargo, el periodismo está controlado mediante la Ley Federal sobre Prensa y Publicaciones de 1980, y Carta de Honor y la Moral de la Profesión Periodística, que han firmado los jefes de redacción. Por ejemplo, algunas noticias que pueden ser desfavorables para el Islam o el gobierno nunca serían publicadas en los periódicos nacionales, pero sí en los extranjeros (caso de Haya de Jordania). Desde 2007, mediante un decreto del Consejo de Ministros, estaba prohibido el encarcelamiento de periodistas en caso de que cometiesen errores durante el ejercicio de sus funciones profesionales. Sin embargo, dejó de aplicarse con la entrada en vigor de la Ley contra cibercriminalidad adoptada en 2012.

El gobierno se está esforzando en cumplir una mejora en las condiciones de trabajo, pues los Emiratos Árabes Unidos tienen la convicción de que el ser humano tiene derecho a disfrutar de condiciones de vida adecuadas (vivienda, horarios, medios, tribunales laborales, seguro médico, garantías protectoras en conflictos laborales a nivel cooperativo internacional…) Sin embargo, sigue vigente el sistema “Sponsor” o “Kafala”, mediante el cual un empleador ejerce el patrocinio de sus empleados. Así, existen casos en los que el sponsor retiene los pasaportes de sus empleados durante la vigencia del contrato, lo cual es ilegal, pero nunca han sido investigados y castigados por el gobierno (caso del proyecto de construcción de Saadiyat Island), a pesar de ser firmante de convenios sobre Trabajo de la ONU.

El último Informe sobre Desarrollo Humano correspondiente al año 2018, posiciona a los Emiratos Árabes Unidos en el puesto 34º de un total de 189 países. España está en el puesto 26º. El Estado ha asegurado la educación gratuita y de calidad hasta la etapa universitaria de todos los ciudadanos emiratíes, y la integración de las personas discapacitadas. Los centros universitarios y de educación superior han sido positivamente fomentados por el gobierno, como la Universidad de Emiratos Árabes Unidos, la Universidad de Zayed, o la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. La atención sanitaria ha mejorado considerablemente con la construcción de hospitales y clínicas, descendiendo las tasas de mortalidad y aumentando la esperanza de vida, situándose en 77.6 años (2016). El Estado destina dinero de las arcas públicas a la atención social de los sectores de población emiratí más desfavorecidos y a los mayores, viudas, huérfanos o discapacitados. También, ha procurado que los ciudadanos posean una vivienda digna, a través de instancias gubernamentales como el Ministerio de Obras Públicas, el Programa de Vivienda Zayed que ofrece préstamos hipotecarios sin intereses, Organismo de Préstamo Hipotecario de Abu Dhabi, la institución Mohammed bin Rashid para la vivienda que otorga préstamos, u el Organismo de Obras Públicas de Sharjah.

En cuanto a religión, aproximadamente el 75% de la población es de confesión musulmana. El Islam es la confesión oficial de los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno sigue una política tolerante hacia otras religiones, y prohíbe que los no musulmanes interfieran en la educación islámica. Está prohibida la evangelización de otras religiones, y la práctica de las mismas debe realizarse en los lugares autorizados para ello.

El 3 de febrero de 2019, como inicio del Año de la Tolerancia, el Papa Francisco fue recibido con los máximos honores en Abu Dhabi por el príncipe heredero Mohammed bin Zayed Al Nahyan, el vicepresidente y emir de Dubái Mohammed bin Rashid al Maktoum, y Ahmed al Tayyeb, Gran Imán de la Universidad de Al-Azhar y principal referente teológico islámico, siendo la primera vez que la cabeza de la Iglesia Católica pisaba la Península Arábiga. Del mismo modo, el Papa ofició una misa multitudinaria en Zayed Sport City ante 150.000 personas, diciendo en su homilía: “seamos un oasis de paz”. El acontecimiento fue calificado por Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, como “un momento histórico para la libertad religiosa”.

Existen Proyectos para el desarrollo de regiones remotas, que buscan modernizar las infraestructuras y servicios de aquellas zonas del Estado más alejadas de los núcleos de población. También, en virtud de la Ley Federal Nº47/1992, fue creado el Fondo para el Matrimonio, cuyo objetivo es alentar el matrimonio entre ciudadanos y ciudadanas y promover la familia, que según el gobierno es la unidad básica y pilar fundamental de la sociedad, ofreciendo subsidios financieros a aquellos ciudadanos con recursos limitados a fin de ayudarles a afrontar los gastos de boda y contribuir a lograr la estabilidad familiar de la sociedad.

IV. ECONOMÍA

Desde 1973, los Emiratos Árabes Unidos han sufrido una enorme transformación y modernización gracias a la explotación del petróleo, que representó el 80% del PIB en aquella época. En los últimos años, con el conocimiento de que en menos de 40 años el petróleo se acabará, el gobierno ha diversificado su economía hacia los servicios financieros, el turismo, comercio, transporte y la infraestructura, haciendo que el petróleo y el gas constituyan solamente un 20% del PIB nacional.

Abu Dhabi cuenta con el 90% de las reservas de petróleo y gas, seguido de Dubái, y en pequeñas cantidades en Sharjah y Ras Al Khaimah. La política petrolera del país se lleva a cabo a través del Consejo Supremo del Petróleo y la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Las principales petroleras extranjeras operantes en el país son BP, Shell, ExxonMobil, Total, Petrofac o Partex, y la española CEPSA, de la cual el fondo soberano emiratí Mubadala es propietaria del 80% de la empresa.

La capacidad prestataria de las sociedades financieras se vio fuertemente afectada de forma negativa durante la crisis económica de 2008. La entrada de grandes capitales privados extranjeros se paralizó, al mismo tiempo que la inversión en los sectores de propiedad y construcción. La caída de los valores de propiedad forzó a restringir la liquidez. En 2009, las empresas locales buscaban acuerdos de moratoria con sus acreedores sobre una deuda de 26 billones de dólares. El gobierno de Abu Dhabi aportó un rescate de 5 billones para tranquilizar a los inversores internacionales.

El turismo y la infraestructura es un éxito para el país, especialmente en Dubái.[4] La construcción de atracciones turísticas de lujo como las Palm Islands y el Burj al-Arab, y el buen clima en la mayor parte del año, ha atraído a occidentales y personas de todo el mundo. Según el gobierno emiratí, la industria turística genera más dinero que el petróleo actualmente. Se están realizando grandes inversiones en energías renovables, sobre todo a través de Masdar, la empresa gubernamental, que tiene el proyecto Masdar City iniciado, la creación de una ciudad alimentada únicamente con energías renovables.

V. DINASTÍAS Y FAMILIAS REALES. LA DINASTÍA AL NAHYAN

Los Emiratos Árabes Unidos están formados por siete Emiratos y gobernados por seis familias:

Abu Dhabi: por la familia Al Nahyan (Casa Al Falahi)

Dubái: por la familia Al Maktum (Casa al Falasi)

Sharjah y Ras Al Khaimah: por la familia Al Qassimi

Ajman: por la familia Al Nuaimi

Umm Al Quwain: por la familia Al Mualla

Fujairah: por la familia Al Sharqi

Es importante conocer la terminología utilizada en el árbol genealógico de las familias reales emiratíes: “Sheikh” significa jeque, y un emir es título nobiliario que se les atribuye a los jeques. En la composición de los nombres, en primer lugar, se coloca el nombre propio del descendiente, seguido del infijo “bin” que significa “de”, más el nombre propio de su padre, y el apellido de la familia. El infijo es “bint” para las mujeres.

Por ejemplo: Sheikh Sultan bin Zayed Al Nahyan es el padre de Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Es frecuente que se celebren matrimonios entre las familias gobernantes de los distintos Emiratos, entrelazando dinastías, pero siempre prevalecerá el apellido del marido sobre el de la mujer en el nombre de los hijos. Al contrario de las grandes monarquías europeas en las que el reinado se transmite de padres a hijos, en las familias emiratíes el poder se transmite primero entre hermanos, por nombramiento, y como segundo recurso, a los hijos. Estos puestos de poder deben ser ratificados por el Consejo Supremo.

La familia Al Nahyan de Abu Dhabi es una rama de la Casa Al Falahi. Ésta, es una casa real que pertenece a Bani Yas y está relacionada con la Casa Al Falasi a la que pertenece la familia Al Maktoum de Dubái. Se sabe que Bani Yas es una confederación tribal muy antigua de la región de Liwa Oasis. Existen pocos datos históricos sobre su origen exacto. La familia real Al Nahyan es increíblemente grande, ya que cada uno de los hermanos ha tenido varios hijos y con distintas mujeres. Los más importantes y recientes gobernadores de Abu Dhabi serían aquellos que han estado en el poder desde 1971, cuando los Emiratos Árabes Unidos se consolidaron como país, dejando de ser un Estado de la Tregua y protectorado británico. Son:

Zayed bin Sultan Al Nahyan (1918-2004): fue gobernador de Abu Dhabi desde 1966 hasta su muerte. Colaboró cercanamente con el imperio británico para mantener la integridad del territorio frente a las pretensiones expansivas de Arabia Saudita. Se le considera el Padre de la Nación y fundador de los Emiratos Árabes Unidos, junto a su homólogo Rashid bin Saeed Al Maktoum de Dubái. Ambos se comprometieron a formar una Federación junto a otros gobernantes una vez se realizase la retirada militar británica. Fue el primer presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y fue reelegido cuatro veces: 1976, 1981, 1986 y 1991. Zayed se caracterizó por tener un carácter comprensivo, pacífico y de unión con los emiratos vecinos, caritativo en cuanto a donaciones, relativamente liberal y permisivo con los medios privados. Fue considerado uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes, con un patrimonio de veinte mil millones de dólares.

Murió a los 86 años y enterrado en la Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi. Le sustituyó en el cargo su hijo primogénito Khalifa como gobernador y ratificado presidente de los Emiratos Árabes Unidos por el Consejo Supremo.

Tuvo seis mujeres: Hassa bint Mohammed bin Khalifa Al Nahyan, Sheikha bint Madhad Al Mashghouni, Fatima bint Mubarak Al Ketbi, Mouza bint Suhail bin Awaidah Al Khaili, Ayesha bint Ali Al Darmaki, Amna bint Salah bin Buduwa Al Darmaki, y Shamsa bint Mohammed bin Khalifa Al Nahyan; y treinta hijos, de los cuales algunos son los siguientes:

Khalifa bin Zayed Al Nahyan (1948-presente): hijo mayor del anterior, cuya madre es Hassa bint Mohammed bin Khalifa Al Nahyan, es el actual gobernador de Abu Dhabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Su esposa es Shamsa bint Suhail Al Mazrouei, con la que tiene ocho hijos. También ocupa otros cargos: Supremo Comandante de las Fuerzas Armadas, presidente del Consejo Supremo del Petróleo, y presidente de la autoridad de inversiones de Abu Dhabi. Fue educado en la Real Academia Militar de Sandhurst de Reino Unido. Anteriormente, fue nombrado príncipe heredero de Abu Dhabi; Jefe del Departamento de Defensa de Abu Dhabi, que se convertiría en las Fuerzas Armadas de los Emiratos; Primer ministro, jefe del Gabinete de Abu Dhabi, Ministro de Defensa y Finanzas; segundo Viceprimer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dhabi. El Burj Khalifa de Dubái se llama así por él, ya que ingresó el dinero necesario para concluir su construcción. Intervino militarmente en Libia enviando a la Fuerza Aérea junto con la OTAN, y prometió el apoyo al levantamiento democrático en Bahréin en 2011.

Por una filtración de WikiLeaks, el embajador estadounidense lo califica como “personaje distante y poco carismático”. Ha sido criticado por su carácter derrochador (compra del yate Azzam, escándalo de la construcción del palacio y compra de territorios en las islas Seychelles, los Papeles de Panamá y la revelación de propiedades en Londres y empresas pantalla…)

En 2014, según la versión oficial, Khalifa sufrió un derrame cerebral y fue operado quirúrgicamente. Según el gobierno, se encuentra estable, pero prácticamente ha desaparecido de la imagen pública.

Mohammed bin Zayed Al Nahyan (1961-presente): hermano de Khalifa, pero cuya madre es Fatima bint Mubarak Al Ketbi. Es el príncipe heredero de Abu Dhabi, subcomandante supremo de las Fuerzas Armadas, y encomendado para la ejecución de asuntos presidenciales, recepciones de dignatarios extranjeros y decisiones políticas debido al mal estado de salud del Presidente. También, como Khalifa, fue educado en la Real Academia Militar de Sandhurst. Ha sido Oficial de la Guardia Presidencial y piloto en la Fuerza Aérea. Está casado con Salama bint Hamdan Al Nahyan, y tiene nueve hijos.

Se ha caracterizado por su política exterior activista y en contra del extremismo islamista, y carácter caritativo (colaboración con la Bill and Melinda Gates Foundation para vacunas en Afganistán y Pakistán). Gobiernos internacionales como Francia, Singapur y Estados Unidos han invitado a Mohammed a distintos eventos y diálogos bilaterales. Incluso se ha reunido con el papa Francisco dos veces (Roma, 2016; Abu Dhabi, 2019), promoviendo el Año de la Tolerancia.

En materia económica, es el presidente del fondo soberano Mubadala y Jefe del Consejo de Abu Dhabi para el Desarrollo Económico. Ha aprobado proyectos billonarios de estimulación económica para la modernización del país en el sector energético e infraestructuras.

También, ha promovido el empoderamiento femenino, dando la bienvenida a una delegación de mujeres oficiales del Programa Militar y de Mantenimiento de la Paz para Mujeres Árabes, que se están preparando para las operaciones de Paz de las Naciones Unidas. Ha alentado la presencia de mujeres en los servicios públicos, y se ha comprometido a reunirse regularmente con las representantes femeninas de instituciones del país.

Sultan bin Zayed Al Nahyan (1955-presente): segundo hijo de Zayed. Él tiene seis hijos. Es hijo de Shamsa bint Mohammed bin Khalifa Al Nahyan. Fue educado en la escuela de Millfield y en la academia militar de Sandhurst como sus dos anteriores hermanos. Es el tercer viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos, miembro del Consejo Supremo del Petróleo y miembro de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi.

Hamdan bin Zayed Al Nahyan (1963-presente): quinto hijo de Zayed, cuya madre es Fatima bint Mubarak Al Ketbi. Está casado con Shamsa bint Hamdan bin Mohammed Al Nahyan. Fue educado en la Academia militar de Sandhurst. Ocupó el cargo de viceprimer ministro y ministro de Estado para Asuntos Exteriores hasta 2009. Actualmente, es el representante del emir en la región occidental de Abu Dhabi. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración de Empresas por la Universidad de Emiratos Árabes Unidos.

Nahyan bin Mubarak al Nahyan (1951-presente): hijo de Mubarak bin Mohammed Al Nahyan. Es el actual dirigente del Ministerio de la Tolerancia de Emiratos Árabes Unidos desde 2017. De 2016 a 2017, fue ministro de Cultura y Desarrollo del Conocimiento. También, dedicó años de su vida a la creación de centros de educación superior como la Universidad de Emiratos Árabes Unidos (1983-2013), Escuela Superior de Tecnología (1988-2013), y Universidad de Zayed (1998-2013). También, es el presidente de Warid Telecom International, una empresa de Telecomunicaciones, y el presidente del grupo bancario Abu Dhabi, Union National Bank y United Bank Limited, entre otras empresas.

Abdullah bin Zayed Al Nahyan (1972-presente): Noveno hijo de Zayed, cuya madre es Fatima bint Mubarak Al Ketbi. Está casado con Al Yazia bint Saif bin Mohammed Al Nahyan, con la que tiene cinco hijos. Ocupa el cargo de ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos desde 2006. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Emiratos Árabes Unidos. Durante su mandato, los Emiratos han vivido una gran expansión en sus relaciones diplomáticas con países de América del Sur, Pacífico Sur, África y Asia, y una consolidación con los países occidentales. Es miembro del Consejo de Seguridad Nacional del país, Vicepresidente del Comité Permanente de Fronteras, Presidente del Consejo Nacional de Medios de Comunicación, Presidente de la Junta de Directores de la Fundación de los Emiratos para el Desarrollo de la Juventud, Vicepresidente de la Junta de Directores del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo y Miembro de la Junta del Colegio de Defensa Nacional. Fue ministro de Información y Cultura de 1997 a 2006, y presidente de Emirates Media Incorporated.

Mansour bin Zayed Al Nahyan (1970-presente): octavo hijo de Zayed, cuya madre es Fatima bint Mubarak Al Ketbi. Está casado con dos mujeres, Alia bint Mohammed bin Butti Al Hamed, y Manal bint Mohammed Al Maktoum, con las que tiene seis hijos en total. Ocupa los cargos de viceprimer ministro y Ministro de Asuntos Presidenciales de Emiratos Árabes Unidos desde 2009. Es presidente del Consejo Ministerial de Servicios, de la Autoridad de Inversiones de los Emiratos y de la Autoridad de Carreras de los Emiratos. Es miembro del Consejo Supremo del Petróleo y del Consejo de Inversiones de Abu Dhabi. Se educó en Santa Barbara Community College de Estados Unidos, y se licenció en Asuntos Internacionales por la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos. Preside el Centro Nacional de Documentación e Investigación y el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo. Fue presidente del First Gulf Bank hasta 2006.

Tiene una visión empresarial desarrollada. Es el propietario del equipo de fútbol inglés Manchester City, y co-propietario del New York City de la MLS, liga de fútbol profesional estadounidense. Es miembro de la junta directiva de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, tiene una participación del 32% en Virgin Galactic, una participación del 9’1% en Daimler, y es propietario de Abu Dhabi Media Investment Corporation, por la cual es propietario del periódico inglés The National.

Saif bin Zayed Al Nahyan (1968-presente): decimosegundo hijo de Zayed, cuya madre es Mouza bint Suhail Al Khaili. ocupa el cargo de viceprimer ministro desde 2009, y Ministro del Interior desde 2004. Su función es velar por la protección interior y seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos. Es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Emiratos Árabes Unidos. Fue Director General de la policía de Abu Dhabi en 1995, y subsecretario del Ministerio del Interior en 1997, hasta su nombramiento como ministro.

Hazza bin Zayed Al Nahyan (1965-presente): quinto hijo de Zayed, cuya madre es Fatima bint Mubarak Al Ketbi. Está casado con Mozah bint Mohammed bin Butti Al Hamed, con la que tiene cinco hijos. Ocupa el puesto de Ministro de la Seguridad Nacional de los Emiratos Árabes Unidos, Vicepresidente del Consejo Ejecutivo del Emirato de Abu Dhabi y Presidente de la Autoridad de Identidad de los Emiratos.

Nasser bin Zayed Al Nahyan (1967-2008): hijo de Zayed, cuya madre es Amna bint Salah Al Badi. Fue presidente del Departamento de Planificación y Economía de Abu Dhabi, y fue oficial de la seguridad real. Según la versión oficial, murió a los 41 años cuando el helicóptero en el que viajaba con sus amigos se estrelló en las costas de Abu Dhabi. Fue enterrado en la mezquita Sheikh Sultan bin Zayed, y se declararon tres días de luto en todos los Emiratos Árabes Unidos.

Issa bin Zayed Al Nahyan (1970-presente): hijo de Zayed, cuya madre es Amna bint Salah Al Badi. Es un prestigioso promotor inmobiliario de la ciudad de Dubái, pero no ocupa ningún cargo político en el gobierno de Emiratos. Protagonizó un caso en el que, supuestamente, en un vídeo filtrado, él mismo torturaba a dos palestinos que eran sus socios comerciales. El juzgado emiratí declaró en sentencia firme que Issa era inocente por ser víctima de una conspiración y condenó a los palestinos a cinco años de privación de libertad por consumo de drogas, grabación, publicación y chantaje. Observadores internacionales criticaron duramente el sistema judicial emiratí y pidieron una revisión del código penal del país.

Desde mi punto de vista, y con la experiencia de haber vivido en el país, los Emiratos Árabes Unidos son un país muy desconocido para la juventud española y que tiene unas oportunidades profesionales increíbles por la demanda de trabajo extranjera, una calidad de vida muy alta a un precio asequible, pues los sueldos son bastante altos, y una Administración e instituciones fuertes y modernizadas. El choque cultural no es muy grande, pues el Estado se asegura de evadir situaciones de discriminación, a diferencia de otros países árabes. Puedo decir con total convicción que la tolerancia cultural es real. Sin embargo, los extranjeros deben tener en cuenta que no es un país occidental, y que se recomienda respetar las costumbres de la nación respecto a la vestimenta, lugares sacros y actuaciones en público, y conocer la Ley básica emiratí.