España vende menos material de defensa a los países latinoamericanos de lo que le correspondería por el volumen de su comercio

• En 2019 hubo una recuperación de la venta de armamento español a Latinoamérica, superando las cifras de 2018, que fueron las más bajas en mucho tiempo

• En los últimos cinco años, España vendió a la región material de defensa por valor de 691,2 millones de euros, el 3,6% de sus exportaciones armamentísticas mundiales

• México (24,8%), Ecuador (22,5%), Brasil (16,1%), Perú (14,4%) y Colombia (8,6%) son los cinco países que más material adquirieron a España en el último lustro

▲ Helicóptero Airbus NH90, cuyo ensamblaje final se realiza en instalaciones de Airbus Military en España [Airbus]

INFORME SRA 2020 / Álvaro Fernández [versión en PDF]

Los países latinoamericanos constituyen un área de claro interés comercial para España. Sin embargo, a pesar de ser el séptimo exportador de armamento del mundo y por tanto especialmente activo en ese sector, España vende a América Latina y el Caribe menos material de defensa que le podría corresponder por la cuota de exportación general que mantiene con la región.

Si entre 2014 y 2018 España mantuvo su exportación general de productos a Latinoamérica entre el 5,3% y el 6,5% de sus exportaciones globales, en el caso del sector armamentístico se movió entorno al 3,2% en 2016 y 2017 y bajó al 1,06% en 2018. Es de prever que este mínimo porcentaje haya vuelto a subir en 2019, año del que aún no existen datos oficiales completos, pero a la vista de los del primer semestre cabría pensar que no se acercará siquiera al 3%.

La explicación de ese menor peso de las exportaciones armamentísticas en el conjunto de las exportaciones españolas a Latinoamérica puede encontrarse en dos hechos. Uno es el menor presupuesto dedicado a compra de este tipo de material por la mayor parte de los países de América Latina, comparado con algunos grandes compradores (en 2018 el primer cliente de España fue Alemania –a su vez el cuarto mayor exportador del mundo–, que acaparó el 33% de las ventas españolas). El otro es que las naciones latinoamericanas tienen otras importantes opciones de mercado: Estados Unidos, Rusia y China (primer, segundo y quinto exportador de armas del mundo; Francia es el tercero).

En 2018 se produjo un importante descenso en las exportaciones de material de defensa español a Latinoamérica, que fueron de 38,3 millones de euros, muy por debajo de cualquiera de los años precedentes. Los datos parciales de 2019 indican una recuperación, aunque sin llegar a las cifras registradas en 2015, cuando se alcanzó un máximo de 239,4 millones de euros, o a las de los años previos de 2016 y 2017, cuando fueron de 130,7 millones y 139,3 millones, respectivamente.

El descenso de 2018 corresponde a una menor lista de compra de la mayor parte de los clientes latinoamericanos. De los cinco mayores clientes en los últimos cinco años, Colombia fue el único que mantuvo un parecido nivel de adquisiciones, por valor de 11 millones de euros. Colombia y el siguiente comprador, México, fueron los únicos que ligeramente aumentaron sus importaciones en 2017, aunque quedaron por debajo respecto a años previos. La reducción fue importante en el caso de los dos siguientes clientes de 2018, Brasil y Perú. Ese año marcó una nueva reducción de importaciones por parte de Ecuador, que a lo largo del lustro ha ido cortando continuamente su cartera de pedidos a España.

Las cifras consideradas en este artículo solo tienen en cuenta el material de defensa, no otro tipo de material, que la Secretaría de Estado de Comercio considera aparte, como son el material antidisturbios, las armas de caza y deportivas, así como productos de tecnología de doble uso.

Ventas generales y a Latinoamérica

España cuenta con cerca de 130 empresas dedicadas al sector armamentístico. Entre ellas destacan Airbus Military, Navantia e Indra, que se encuentran entre las cien mayores compañías mundiales del sector de defensa y seguridad. La mayor parte del sector son empresas privadas, aunque existe algún caso singular de titularidad pública, como Navantia, dedicada a la construcción naval, tanto civil como militar, creada en 2005 al segregarse los activos de otra empresa pública, el Grupo IZAR.

Según los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio, el número de exportaciones de material de defensa ha ido incrementando notablemente durante los últimos años. Más de la mitad de las exportaciones de armas españolas durante el año 2018 y el primer semestre de 2019 tuvieron como receptores países pertenecientes a la OTAN o a la Unión Europea. En 2017 se superaron los 4.300 millones de euros, tras varios años de alzas en este mercado. Por el contrario, en 2018 se vendieron armas por valor de 3.720,4 millones de euros, lo que supuso un 14,4% menos. En el primer semestre de 2019, no obstante, se registró una mejora, alcanzando los 2.413 millones de euros, lo que constituye un aumento del 41.5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por lo que se refiere al comercio con Latinoamérica, entre 2014 y 2018 España vendió a la región material militar por valor de 691,2 millones de euros, cifra que supone un 3,6% del total de 19.042 millones exportados por España en concepto de armas.

En el conjunto de los cinco años, el primer importador fue México, que con compras por valor de 171,4 millones de euros (de los cuales 140,9 millones correspondieron solo a 2015), adquirió la cuarta parte (24,8%) del material de defensa vendido por España a América Latina en ese lustro. Como segundo país destaca Ecuador, con 155, 7 millones y un 22,5% (algo más de la mitad –85,9 millones– fueron compras realizadas solo en 2014). Sigue Brasil, que hizo adquisiciones más regulares a lo largo de este tiempo, con 111,8 millones y un 16,1%); Perú, con 99,5 millones y 14,4% (la mayor cuantía –78,4 millones– se ejecutó en 2017), y Colombia, con 59,5 millones y 8,6%.

Algunos países

México figura como primer comprador de material de defensa español en los últimos cinco años (2014 y 2018) debido a las compras realizadas en 2015, cuando adquirió cuatro aviones de transporte, por valor de 127,2 millones de euros. En 2018 únicamente importó 10,1 millones de euros en partes, piezas y repuestos para los aviones de fabricación española, equipos para motores de un avión derivado de un programa de cooperación europeo e instrumentos de un sistema de vigilancia aérea.

Brasil es de los países con una mayor diversidad de destino de sus importaciones. En recientes compras, el 19,7% fueron para empresa privadas, el 74,2% para las Fuerzas Armadas y el restante 5,9% fueron para particulares. En 2018 adquirió 7,9 millones de euros en pistolas, rifles y cargadores para particulares, así como visores diurnos, repuestos para vehículos blindados y repuestos de aviones de fabricación española y estadounidense para las Fuerzas Armadas.

Colombia importó en 2018 un total de 11 millones de euros en repuestos para mantenimiento de obuses de artillería, munición de artillería, repuestos para vehículos blindados de fabricación española y estadounidense, y piezas para aviones de transporte de fabricación española.

Venezuela era hasta hace pocos años un importante cliente para la industria armamentística española. Sin embargo, tras la deriva autoritaria que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro, las relaciones en este campo se han debilitado. Aún en 2015, España le vendió material de defensa por valor de 15,3 millones de euros, en unas operaciones que se vieron envueltas en polémica ya que parte del equipamiento exportado podía ser usado en la grave represión llevada a cabo contra los ciudadanos. Desde entonces, con el aumento de tensiones entre el régimen chavista y Estados Unidos o la Unión Europea, se han puesto una serie de restricciones a la exportación de este tipo de material a Venezuela. Así, las ventas pasaron de tener un valor de 3,3 millones de euros en 2017 a tan solo 44.000 euros en 2018, correspondientes al pago por repuestos y partes para la modernización de vehículos blindados de fabricación francesa, en una transacción que se aprobó antes de las restricciones comerciales de este tipo impuestas por la UE.

Los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Estado de Comercio distinguen entre las exportaciones autorizadas y las exportaciones realizadas. Las autorizaciones no siempre se materializan en ventas efectivas y en ocasiones estas se ejecutan en ejercicios posteriores. La diferencia es destacable especialmente en Venezuela, cuya situación política obligó a restringir exportaciones para ese país. En 2018 España suspendió cuatro licencias ya aprobadas para Caracas, relativas al mantenimiento de helicópteros y a la aportación de suministros y sistemas electroópticos. Además, se denegaron ampliaciones de contratos de modernización de carros de combate.

Bolivia y Nicaragua han dejado de comprar material de defensa a España: si entre 2014 y 2018 no hicieron compras, entre 2007 y 2013 importaron 1,5 millones y 62.000 euros, respectivamente.

Cuba, que tuvo un pico de compras en 2015, con 208.080 euros, en 2018 gastó 20.600 euros en pistolas y cañones de pistolas para la Policía.

ANÁLISIS / Salvador Sánchez Tapia [Gral. de Brigada (Res.)]

La pandemia de COVID-19 que atraviesa España desde comienzos de este 2020 ha puesto de manifiesto el lugar común, no por repetido menos verdadero, de que el concepto de seguridad nacional ya no puede quedar limitado al estrecho marco de la defensa militar y demanda el concurso de todas las capacidades de la nación, coordinadas al más alto nivel posible que, en el caso de España, no es otro que el de la Presidencia del Gobierno a través del Consejo de Seguridad Nacional.[1]

En coherencia con este enfoque, nuestras Fuerzas Armadas se han visto directa y activamente involucradas en una emergencia sanitaria a priori alejada de las misiones tradicionales del brazo militar de la nación. Esta contribución militar, sin embargo, no hace sino responder a una de las misiones que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional encomienda a las Fuerzas Armadas, amén de a una larga tradición de apoyo militar a la sociedad civil en caso de catástrofe o emergencia.[2] En su ejecución, unidades de los tres Ejércitos han llevado a cabo cometidos tan variados y, aparentemente tan poco relacionados con su actividad natural, como la desinfección de residencias de ancianos o el traslado de cadáveres entre hospitales y morgues.

Esta situación ha agitado un cierto debate en círculos especializados y profesionales acerca del rol de las Fuerzas Armadas en los escenarios de seguridad presentes y futuros. Desde distintos ángulos, algunas voces claman por la necesidad de reconsiderar las misiones y dimensiones de los Ejércitos, para alinearlas con estas nuevas amenazas, no con el de la guerra clásica entre estados.

Esta visión parece tener uno de sus puntos de apoyo en la constatación, aparentemente empírica, de la práctica ausencia de conflictos armados convencionales –entendiendo como tales aquellos que enfrentan entre sí ejércitos con medios convencionales maniobrando en un campo de batalla– entre estados que se vive actualmente. A partir de esta realidad, se concluye que esta forma de conflicto estaría prácticamente desterrada, siendo poco más que una reliquia histórica reemplazada por otras amenazas menos convencionales y menos “militares” como las pandemias, el terrorismo, el crimen organizado, las noticias falsas, la desinformación, el cambio climático o las cibernéticas.

El corolario resulta evidente: es necesario y urgente repensar las misiones, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas, pues su configuración actual está pensada para confrontar amenazas convencionales caducas, y no para las que se dibujan en el escenario de seguridad presente y futuro.

Un análisis crítico de esta idea muestra, sin embargo, una imagen algo más matizada. Desde un punto de vista meramente cronológico, la todavía inconclusa guerra civil siria, ciertamente compleja, está más cerca de un modelo convencional que de cualquiera de otro tipo y, desde luego, las capacidades con las que Rusia hace sentir su influencia en esta guerra apoyando al régimen de Assad, son plenamente convencionales. En 2008, Rusia invadió Georgia y ocupó Osetia del Sur y Abjasia mediante una operación ofensiva convencional. En 2006, Israel tuvo que hacer frente en el Sur del Líbano a un enemigo híbrido como Hezbollah –de hecho, fue este el modelo escogido por Hoffman como prototipo para acuñar el término “híbrido”–, que combinó elementos de guerra irregular con otros plenamente convencionales.[3] Antes aún, en 2003, los Estados Unidos invadieron Irak mediante una amplia ofensiva acorazada.[4]

Si se elimina el caso de Siria, considerándolo dudosamente clasificable como guerra convencional, todavía puede argumentarse que el último conflicto de esta naturaleza –que, además, implicó ganancia territorial– tuvo lugar hace tan solo doce años; un período de tiempo lo suficientemente corto como para pensar que puedan extraerse conclusiones que permitan descartar la guerra convencional como un procedimiento cuasi extinto. De hecho, el pasado ha registrado períodos más largos que este sin confrontaciones significativas, que bien podrían haber hecho llegar a conclusiones similares. En tiempos de la Roma Imperial, por ejemplo, la época Antonina (96-192 d.C.), supuso un largo período de Pax Romana interior alterado brevemente por las campañas de Trajano en Dacia. Más recientemente, tras la derrota de Napoleón en Waterloo (1815), las potencias centrales de Europa vivieron un largo período de paz de nada menos que treinta y nueve años.[5] Huelga decir que el final de ambos períodos estuvo marcado por el retorno de la guerra al primer plano.

Puede aducirse que la situación ahora es diferente, pues la humanidad actual ha desarrollado un rechazo moral hacia la guerra como un ejercicio destructivo y, por ende, no ético e indeseable. Esta postura, netamente Occidente-céntrica –valga el neologismo– o, si se prefiere, Eurocéntrica, toma la parte por el todo y asume esta visión como unánimemente compartida a nivel global. Sin embargo, la experiencia del Viejo Continente, con un largo historial de destructivas guerras entre sus estados, con una población altamente envejecida, y con poco apetito por mantenerse como un jugador relevante en el Sistema Internacional, puede no ser compartida por todo el mundo.

El rechazo occidental a la guerra puede ser, además, más aparente que real, guardando una relación directa con los intereses en juego. Cabe pensar que, ante una amenaza inmediata a su supervivencia, cualquier estado europeo estaría dispuesto a ir a la guerra, incluso a riesgo de verse convertido en un paria sometido al ostracismo del Sistema Internacional. Si, llegado ese momento, tal estado hubiera sacrificado su músculo militar tradicional en pos de la lucha contra amenazas más etéreas, tendría que pagar el precio asociado a tal decisión. Téngase en cuenta que los estados eligen sus guerras sólo hasta cierto punto, y que pueden verse forzados a ellas, incluso en contra de su voluntad. Como decía Trotsky, “puede ser que usted no esté interesado en la guerra, pero la guerra está interesada en usted”.

El análisis de los períodos históricos de paz antes referido sugiere que, en ambos casos, fueron posibles por la existencia de un poder moderador más fuerte que el de las entidades políticas que componían el Imperio Romano y la Europa de después de Napoleón. En el primer caso, este poder habría sido el de la propia Roma y sus legiones, suficiente para garantizar el orden interno del imperio. En el segundo, las potencias europeas, enfrentadas por muchas razones, se mantuvieron, no obstante, unidas contra Francia ante la posibilidad de que las ideas de la Revolución Francesa se extendieran y socavaran los cimientos del Antiguo Régimen.

Hoy en día, y aunque resulte difícil encontrar una relación causa-efecto verificable, es plausible pensar que esa fuerza “pacificadora” la proporcionan el poder militar norteamericano y la existencia de armas nucleares. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han proporcionado un paraguas de seguridad efectivo bajo cuya protección Europa y otras regiones del mundo han quedado libres del flagelo de la guerra en sus territorios, desarrollando sentimientos de rechazo extremo hacia cualquiera de sus formas.

Sobre la base de su inigualable poder militar, los Estados Unidos –y nosotros con ellos– han podido desarrollar la idea, avalada por los hechos, de que ningún otro poder va a ser tan suicida como para enfrentarse al suyo en una guerra convencional abierta. La conclusión está servida: la guerra convencional –contra los Estados Unidos, cabría añadir– se hace, en la práctica, impensable.

Esta conclusión, sin embargo, no está fundada en una preferencia moral, ni en la convicción de que otras formas de guerra o de amenaza sean más eficaces sino, lisa y llanamente, en la constatación de que, ante el enorme poder convencional de Norteamérica, no cabe sino buscar la asimetría y confrontarlo por otros medios. Parafraseando a Conrad Crane, “hay dos tipos de enemigo: el asimétrico y el estúpido”.[6]

Es decir, el poder militar clásico es un elemento disuasorio de primer orden que ayuda a explicar la baja recurrencia de la guerra convencional. No es sorprendente que, incluso autores que predican el fin de la guerra convencional aboguen porque los Estados Unidos conserven su capacidad para la misma.[7]

Desde Norteamérica, esta idea ha permeado al resto del mundo o, al menos, al ámbito cultural europeo, donde se ha convertido en una verdad que, so capa de realidad incontestable, obvia la posibilidad de que sean los Estados Unidos quienes inicien una guerra convencional –como ocurrió en 2003–, o la de que esta se produzca entre dos naciones del mundo, o en el interior de una de ellas, en zonas en las que el conflicto armado continúa siendo una herramienta aceptable.

En un ejercicio de cinismo, podría decirse que tal posibilidad no cambia nada, pues no nos incumbe. Sin embargo, en el actual mundo interconectado, siempre existirá la posibilidad de que nos veamos forzados a una intervención por razones éticas, o de que nuestros intereses de seguridad se vean afectados por lo que suceda en países o regiones a priori distantes geográfica y geopolíticamente de nosotros, y de que, probablemente de la mano de nuestros aliados, nos veamos envueltos en alguna guerra clásica.

Aunque sigue vigente, el compromiso del poder militar estadounidense con la seguridad Occidental se encuentra sometido a fuertes tensiones derivadas del hecho de que Norteamérica es cada vez más renuente a asumir por sí sola esta función, y exige a sus socios que hagan un mayor esfuerzo en beneficio de su propia seguridad. No estamos sugiriendo aquí que el vínculo transatlántico vaya a romperse de forma inmediata. Parece sensato, no obstante, pensar que su mantenimiento tiene un coste para nosotros que nos puede arrastrar a algún conflicto armado. Cabe preguntarse, además, qué podría pasar si algún día faltara el compromiso norteamericano con nuestra seguridad y hubiéramos transformado nuestras Fuerzas Armadas para orientarnos exclusivamente a las “nuevas amenazas,” prescindiendo de una capacidad convencional que, sin duda, disminuiría el coste en que alguien tendría que incurrir si decidiera atacarnos con ese tipo de medios.

Una última consideración tiene que ver con lo que parece ser el imparable ascenso de China al rol de actor principal en el Sistema Internacional, y con la presencia de una Rusia cada vez más asertiva, y que demanda volver a ser considerada como una gran potencia global. Ambas naciones, especialmente la primera, se encuentran en un claro proceso de rearme y modernización de sus capacidades militares, convencionales y nucleares que no augura, precisamente, el fin de la guerra convencional entre estados.

A esto hay que añadir los efectos de la pandemia, todavía difíciles de vislumbrar, pero entre los que asoman algunos aspectos inquietantes que conviene no perder de vista. Uno de ellos es el esfuerzo de China para posicionarse como el auténtico vencedor de la crisis, y como la potencia internacional de referencia en el caso de que se repita una crisis global como la presente. Otro es la posibilidad de que la crisis resulte, al menos temporalmente, en menos cooperación internacional, no en más; que asistamos a una cierta regresión de la globalización; y que veamos erigirse barreras a la circulación de personas y bienes en lo que sería un refuerzo de la lógica realista como elemento regulatorio de las relaciones internacionales.

En estas circunstancias, es difícil predecir la evolución futura de la “trampa de Tucídides” en la que nos encontramos en la actualidad por mor del ascenso de China. Es probable, sin embargo, que traiga consigo mayor inestabilidad, con la posibilidad de que ésta escale hacia algún conflicto de tipo convencional, sea este entre grandes potencias o por medio de proxies. En tales circunstancias, parece aconsejable estar preparados para el caso en el que se materialice la hipótesis más peligrosa de un conflicto armado abierto con China, como mejor forma de evitarlo o, al menos, de hacerle frente para preservar nuestra forma de vida y nuestros valores.

Por último, no puede pasarse por alto la capacidad que muchas de las “nuevas amenazas” –calentamiento global, pandemias, etc– encierran como generadores o, por lo menos, catalizadores, de conflictos que, estos sí, pueden derivar en una guerra que bien podría ser convencional.

De todo lo anterior se concluiría, por tanto, que, si es cierto que la recurrencia de la guerra convencional entre estados es mínima hoy en día, parece aventurado pensar que esta pueda ser arrumbada en algún oscuro ático, como si de una antigua reliquia se tratara. Por remota que parezca la posibilidad, nadie está en condiciones de garantizar que el futuro no traerá una guerra convencional. Descuidar la capacidad de defensa contra la misma no es, por tanto, una opción prudente, máxime si se tiene en cuenta que, de necesitarse, no se puede improvisar.

La aparición de nuevas amenazas como las referidas en este artículo, quizás más acuciantes, y muchas de ellas no militares o, al menos, no netamente militares, es innegable, como también lo es la necesidad que tienen las Fuerzas Armadas de considerarlas y de adaptarse a ellas, no sólo para maximizar la eficacia de su contribución al esfuerzo que la nación haga contra las mismas, sino también por una simple cuestión de autoprotección.

Esa adaptación no pasa, en nuestra opinión, por abandonar las misiones convencionales, auténtica razón de ser de las Fuerzas Armadas, sino por incorporar cuantos elementos nuevos de las mismas sea necesario, y por garantizar el encaje de los Ejércitos en el esfuerzo coordinado de la nación, contribuyendo al mismo con los medios de que disponga, considerando que, en muchos casos, no serán el elemento de primera respuesta, sino uno de apoyo.

Este artículo no argumenta –no es su objetivo– ni a favor ni en contra de la necesidad que pueda tener España de repensar la organización, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas a la vista del nuevo escenario de seguridad. Tampoco entra en la cuestión de si debe hacerlo de manera unilateral, o de acuerdo con sus aliados de la OTAN, o buscando complementariedad y sinergia con sus socios de la Unión Europea. Entendiendo que corresponde a los ciudadanos decidir qué Fuerzas Armadas quieren, para qué las quieren, y qué esfuerzo en recursos están dispuestos a invertir en ellas, lo que este artículo postula es que la seguridad nacional está mejor servida si quienes tienen que decidir, y con ellos las Fuerzas Armadas, continúan considerando la guerra convencional, enriquecida con multitud de nuevas posibilidades, como una de las posibles amenazas a las que puede tener que enfrentarse la nación. Redefiniendo el adagio: Si vis pacem, para bellum etiam magis.[8]

El carácter de guerrilla binacional colombo-venezolana aporta al régimen de Maduro otra fuerza de choque frente a un hostigamiento militar exterior o golpe

• El ELN ha llegado a unos 2.400 combatientes entre ambos países; su principal financiación viene ahora de los negocios ilícitos en Venezuela, como droga y minería ilegal

• Las disidencias de las FARC suman al menos 2.300 efectivos; el grupo con mayor proyección es el liderado en Venezuela por Iván Márquez, ex número dos de las FARC

• ‘Elenos’ y exFARC cooperan operativamente en ciertas actividades promovidas por el régimen de Maduro, pero no está clara su futura convergencia orgánica

▲ Disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez anuncian su vuelta a las armas, en agosto de 2019 [imagen de vídeo]

INFORME SRA 2020 / María Gabriela Farjardo [versión en PDF]

La consolidación de los dos principales grupos guerrilleros colombianos –el ELN y algunos restos de las antiguas FARC– como fuerzas activas también en Venezuela, articulándose así como grupos colombo-venezolanos, constituye una de los principales notas de 2019 en el ámbito de la seguridad regional americana.

Ambos grupos tendrían unos 1.700 efectivos en Venezuela (dos tercios serían del ELN), de los cuales la tercera parte (570) corresponderían a reclutamiento hecho entre venezolanos. Utilizados por el régimen chavista para adiestramiento guerrillero de sus fuerzas irregulares y como vanguardia de choque en caso de hostigamiento militar exterior o golpe, los elenos y los exFarc están volcados en el narcotráfico, el contrabando y la extracción de oro y demás minería ilegal, tanto en las zonas próximas a la frontera con Colombia, donde han operado durante muchos años, como en puntos del interior venezolano, como los estados Amazonas y Bolívar, de riqueza minera.

Tras el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzó un proceso de expansión que le permitió llenar el vacío dejado por las FARC en diversas actividades ilícitas, si bien su estimado número de 2.400 efectivos queda lejos de los más de 8.000 que tenían las FARC en el momento de su desmovilización. Aunque ha debido competir con residuos de las FARC que siguen activos como elementos mafiosos, el ELN se ha convertido en la principal guerrilla de Colombia, también centrada en el crimen organizado. El atentado cometido por el ELN el 17 de enero de 2019 en Bogotá contra la Escuela de Cadetes de Policía, en el que murieron 22 personas, supuso el final de un agónico diálogo de paz con el gobierno y una huida hacia adelante como organización delictiva.

En ese proceso, el ELN ha ido implantándose también en Venezuela, no ya solo en zonas fronterizas y como lugar de refugio y escondite como antes, sino en otras partes del vecino país y como ámbito de actividad. Lo mismo ha ocurrido con los disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa, que el 29 de agosto anunciaron su vuelta a las armas, en un vídeo grabado presumiblemente en Venezuela. El interés del régimen de Nicolás Maduro de contar con el auxilio de elementos armados de esas características ha propiciado que el ELN y los exFARC de Márquez, que era el número 2 de las FARC y su jefe negociador en las negociaciones de paz sostenidas en La Habana, hayan pasado a ser grupos binacionales, con reclutamiento también de venezolanos.

ELN

La creciente presencia de esos grupos en Venezuela ha sido señalada por las autoridades colombianas. El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Navarro, indicó a mediados de año que unos 1.100 miembros del ELN (algo más del 40% de 2.400 combatientes que tiene esa organización, si bien otras fuentes consideran baja esta cifra total) se refugiaban en Venezuela y que el grupo albergaba en sus filas al menos a 320 ciudadanos venezolanos.

Por su parte, a su paso por la Asamblea General de Naciones Unidas a finales de septiembre, el presidente Iván Duque elevó la presencia del ELN en Venezuela a 1.400 efectivos. Duque indicó que existían 207 puntos geográficos controlados por el ELN en suelo venezolano, entre los que existían diversos campos de entrenamiento y veinte pistas de aterrizaje para el narcotráfico, según se documentaba en un polémico dossier que no se entregó a la opinión público por contener alguna prueba fotografía errónea.

Unos días previos, el canciller Carlos Holmes Trujillo expuso ante la OEA la ubicación de frentes del ELN y de disidencias de las FARC en Venezuela y se refirió a sus estrechas conexiones con el régimen chavista. “Los vínculos se harían con miembros de las fuerzas armadas, la guardia nacional, la inteligencia militar, así como con grupos irregulares como la Fuerza Bolivariana de Liberación”, dijo.

Otros detalles fueron investigados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que en su informe afirmaba que el ELN se financia por medio de actividades delictivas como la extorsión y mantiene el control del contrabando de la gasolina y de la minería en varias regiones de Colombia y Venezuela. En territorio venezolano, con una presencia en al menos doce de sus 24 estados, destaca el control de minas de oro en el estado Bolívar a cientos de kilómetros de la frontera con Colombia, y las actividades de extracción de coltán en el estado Amazonas. Estos actos ilícitos supondrían el 70 por ciento de sus ganancias según información atribuida a la inteligencia colombiana. De esta manera, la base de operaciones del ELN en Venezuela sería actualmente la mayor fuente de ingresos del grupo insurgente.

Disidencias de las FARC

En cuanto a las disidencias de las FARC, a mitad de 2019 fuentes gubernamentales colombianas las cifraron en unos 2.300 individuos (incluye elementos no desmovilizados, otros que regresaron a las armas y nuevo reclutamiento). Si bien se trata de una cifra próxima a la ofrecida para el ELN, hay que tener en cuenta que las disidencias de las FARC están atomizadas.

Unos 600 de ellos se encontrarían en Venezuela, incluyendo unos 250 venezolanos que habrían engrosado sus filas (casi el 10% de su fuerza total). Aunque se trata de grupos separados que operan pro su cuenta, la mayor atención ha sido para el liderado por Iván Márquez, por su coordinación con el régimen de Maduro. Un episodio protagonizado por este grupo fue el presunto intento de asesinato en Colombia de Rodrigo Londoño, que dirigió las FARC como Timochenko y que se ha mantenido fiel a los acuerdos de paz. Londoño acusó a Márquez y El Paisa de ordenar la acción, frustrada por las fuerzas de seguridad colombiana y desvelada en enero de 2020, para que otros exguerrilleros volvieran a las armas al quedarse sin liderazgo en la vida civil.

Documentación interna de los servicios secretos venezolanos difundida por Semana ponen de manifiesto la estrecha colaboración entre el gobierno de Maduro, el ELN y las exFARC. “El régimen pasó de esconder guerrilleros prófugos, a comienzos de la década de 2000, a servir de sede de operaciones de estos grupos. No solo se preparan militarmente, sino que entrenan a las milicias y a los llamados colectivos en tácticas y estrategias de guerra de guerrilla”, indicó el semanario.

Todo esto está produciendo una convergencia operativa en Venezuela entre el ELN y las exFARC. Sin embargo, la situación no tiene por qué conducir a una fusión de ambos grupos, que en Colombia mantienen sus diferencias, alentadas además por las aspiraciones de las distintas partidas delictivas en que se han dividido las disidencias de las FARC, de las que por algo se habla en plural.

Por otro lado, la implementación de los Acuerdos de Paz se vio enmarcada en 2019 en un creciente clima de inseguridad provocado por el asesinato a lo largo del año de 77 exguerrilleros de las FARC (suman 173 desde la firma de la paz en 2016) y de 86 líderes sociales locales, según el informe del secretario general de la ONU, António Guterres. Organizaciones colombianas elevan esta última cifra, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que habla de 282 homicidios, muchas veces vinculados al intento de sustituir la coca por cultivos legales en regiones donde el narcotráfico está activo. En cualquier caso, se trata de un descenso respecto a 2018, algo que cabe atribuir a que los nueva distribución territorial de los grupos armados ya se ha consolidado y cuentan con menos resistencia efectiva.

El Comando Sur de Estados Unidos destaca el interés iraní en la consolidación de las redes de inteligencia y financiación de Hezbolá en la región

• A lo largo de 2019 Rosneft extremó su control sobre PDVSA, llegando a comercializar el 80% de la producción, pero las sanciones estadounidenses obligaron a su marcha del país

• La llegada de efectivos de la Guardia Revolucionaria iraní se produce en medio de un despliegue naval y aéreo de EEUU en el Caribe, no lejos de las aguas de Venezuela

• Los iraníes, acuciados de nuevo por las sanciones de Washington, vuelven a país que les ayudó a burlar el cerco internacional durante la era de la alianza Chávez-Ahmadineyab

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▲ Nicolás Maduro y el presiente iraní, Hassan Rouhani, en un encuentro en Teherán en 2015 [Hossein Zohrevand, Tasnim News Agency]

INFORME SRA 2020 / Emili J. Blasco  [versión en PDF]

En poco tiempo Venezuela ha pasado de depender de los créditos de China, a echarse en manos del sector energético ruso (como quedó especialmente de manifiesto en 2019) y luego a pedir la ayuda de los técnicos petroleros de Irán (como se ha visto a comienzos de 2020). Si los créditos públicos chinos se suponía que iban a mantener en funcionamiento el país, el auxilio de Rosneft ya solo pretendía salvar la petrolera nacional, PDVSA, mientras que la ayuda de la Guardia Revolucionaria iraní únicamente busca reactivar algunas refinerías. Cada vez quien asiste a Venezuela tiene una talla menor y el propósito es más reducido.

En apenas diez años los grandes bancos públicos chinos otorgaron 62.200 millones de dólares de créditos al gobierno de Venezuela. El último de los 17 créditos llegó en 2016; desde entonces Pekín ha desoído los golpes que Nicolás Maduro ha dado a su puerta. Aunque ya desde 2006 el chavismo había recibido también créditos de Moscú, (unos 17.000 millones de dólares, para la compra de armas a la propia Rusia), Maduro se volcó en las súplicas a Vladimir Putin cuando la ayuda china terminó. Sin querer tampoco dar más créditos, el Kremlin articuló otro modo de auxiliar al régimen que al mismo tiempo asegurara el cobro inmediato de beneficios. Así comenzó la implicación directa de Rosneft en diversos aspectos del negocio petrolero venezolano, más allá de la explotación específica de algunos campos.

Ese mecanismo tuvo especial relevancia en 2019, cuando las progresivas sanciones de Estados Unidos sobre la actividad petrolera de Venezuela comenzaron a tener un gran efecto. Para burlar las sanciones a PDVSA, Rosneft se convirtió en comercializadora del petróleo venezolano, controlando la puesta en el mercado de la mayor parte de la producción total (entre el 60% y el 80%).

La amenaza de Washington de castigar también a Rosneft hizo que esta compañía derivara el negocio a dos subsidiarias, Rosneft Trading y TNK Trading International, que a su vez dejaron esa actividad cuando Estados Unidos las señaló. A pesar de que Rosneft sirve generalmente los intereses geopolíticos del Kremlin, el hecho de que en su accionariado esté BP o fondos de Qatar obliga a que la compañía no arriesgue tan fácilmente su cuenta de resultados.

La marcha de Rosneft, que por otra parte tampoco vio sentido económico a seguir implicándose en reactivar las refinerías venezolanas, cuya parálisis ha sumido al país en una generalizada falta de suministro de carburante a la población, dejó a Maduro sin muchas opciones. Los rusos abandonaron la refinería de Armuy a finales de enero de 2020 y al mes siguiente ya había iraníes retomando el intento de ponerla en funcionamiento. En unas semanas se hacía pública la nueva implicación de Irán en Venezuela: Tarek el Assami, el dirigente chavista con mayores conexiones con Hezbolá y el mundo chií, fue nombrado ministro del Petróleo en abril, y en mayo cinco cargueros llevaron fuel y presumiblemente maquinaria de refinación de Irán a Venezuela.

El suministro no resolvía mucho (la gasolina apenas serviría para el consumo de pocas semanas) y difícilmente los técnicos iraníes, parte de ellos al menos dirigidos por la Guardia Revolucionaria, iban a poder arreglar el problema de refinación. Mientras, Teherán lograba a cambio importantes cargamentos de oro como pago a sus servicios (nueve toneladas, según la Administración Trump). En los transportes intervino la compañía aérea iraní Mahan, utilizada por la Guardia Revolucionaria en sus operaciones.

Así, ahogado por el nuevo esquema de sanciones impuesto por Donald Trump, Irán volvía a Venezuela en busca de oxígeno económico y también de colaboración política frente a Washington, como cuando Mahmud Ahmadineyad se alió con Hugo Chávez para aliviar las restricciones del primer régimen de sanciones que padecía la nación islámica.

Despliegue naval y aéreo de EEUU

La «injerencia» de Irán en el Hemisferio Occidental ya había sido mencionada, entre el elenco de riesgos para la seguridad regional, en la comparecencia del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, en el Capitolio de Washington (en enero acudió al Senado y el marzo a la Cámara de Representantes, con un mismo discurso escrito). Faller se refirió sobre todo al uso que Irán hace de Hezbolá, cuya presencia en el continente se ha visto ayudada por el chavismo desde hace años. Según el almirante, esa actividad vinculada a Hezbolá «permite a Irán recoger inteligencia y llevar a cabo planes de contingencia para posibles ataques de represalia contra Estados Unidos y/o intereses occidentales».

No obstante, lo novedoso de la intervención de Faller estuvo en otros dos asuntos. Por un lado, por primera vez el jefe del Comando Sur situaba el riesgo de China por delante del de Rusia, en un contexto de creciente rivalidad entre Washington y Pekín, que también se manifiesta en la toma de posiciones de las inversiones en chinas en obras de infraestructura estratégicas de la región.

Por otro lado, anunció un próximo «aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el hemisferio», algo que comenzó a tener lugar a finales de marzo de 2020 cuando embarcaciones y aviones estadunidenses se desplegaron en el Caribe y el Pacífico para reforzar la lucha contra el narcotráfico. En el contexto de su discurso, esa mayor actividad militar en la región se entendía como un necesario aviso hacia los países extrahemisféricos.

«Por encima de todo, en esta lucha lo que importa es la presencia persistente», dijo, «tenemos que estar presentes en el campo para competir, y tenemos que competir para ganar». En concreto, propuso más actuaciones y maniobras conjuntas con otros países de la región y la «rotación recurrente de pequeños equipos de fuerzas operaciones especiales, soldados, marineros, pilotos, marines, guardas costeros y personal de la Guardia Nacional para ayudarnos a fortalecer esas colaboraciones».

Pero la llegada de barcos de Estados Unidos cerca de las aguas de Venezuela, apenas unos días después de que el 26 de marzo se anunciara desde Nueva York y Miami la apertura de una macrocausa judicial por narcotráfico y otros delitos contra los principales dirigentes chavistas, entre ellos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, dio a ese despliegue militar una connotación de cerco físico al régimen chavista.

Ese despliegue dio también cierto contexto a otros dos desarrollos ocurridos poco después, ofreciendo lecturas equivocadas: la fracasada Operación Gedeón, el 3 de mayo, de un grupo de mercenarios que aseguraron tener la intención de infiltrarse en el país para Maduro (las mayores capacidades de transmisiones adquiridas por EEUU en la zona, gracias a sus maniobras, en principio no fueron empleadas en esa operación), y la llegada de los buques de Irán a finales de mes (el despliegue estadounidense hizo sospechar que Washington podía interceptar el avance de los navíos, cosa que no sucedió).

La seguridad regional americana ha tenido su foco de preocupación en el último año en Venezuela. Repasamos además la venta de armas de Rusia y España a la región, la presencia latinoamericana en misiones de paz, la droga en Perú y Bolivia y los homicidios en México y Brasil

▲ Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, y Nicolás Maduro, en agosto de 2019 [Palacio de Miraflores]

INFORME SRA 2020 / Resumen ejecutivo [versión en PDF]

A lo largo de 2019, Latinoamérica tuvo varios focos de tensión –violentas protestas callejeras contra medidas económicas en Quito, Santiago de Chile y Bogotá, y contra decisiones políticas en La Paz y Santa Cruz, por ejemplo–, pero a medida que esos conflictos fueron apaciguándose (en algunos casos, solo temporalmente) emergió de nuevo el constante problema de Venezuela como epicentro de inseguridad en la región.

Reducida a mínimos la migración centroamericana a Estados Unidos por las restrictivas medidas de la Administración Trump, han sido los migrantes venezolanos quienes sobre todo han seguido llenando los arcenes de las carreteras sudamericanas desplazándose de un país a otro, sumando ya más de cinco millones de refugiados. Las dificultades que ese incremento de población conlleva para los países de acogida indujo a varios de ellos a aumentar su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, aprobando en la OEA la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Pero eso no empujó a Maduro fuera del poder, como tampoco la asunción en enero de 2019 por parte de Juan Guaidó del cargo de presidente encargado de Venezuela (reconocido por más de cincuenta países), el fallido golpe de mano de unos meses después o la supuesta invasión de la Operación Gedeón de mayo de 2020.

Aunque Maduro parezca estabilizado, el trasfondo geopolítico se ha ido moviendo. El año 2019 vio cómo Rosneft se afianzaba en Venezuela como brazo del Kremlin, una vez China se había alejado como aportadora de créditos. El riesgo de no recobrar todo lo prestado hizo que Rusia actuara a través de Rosneft, obteniendo el beneficio de comercializar hasta el 80% del petróleo del país. Sin embargo, las sanciones de Estados Unidos finalmente forzaron la marcha de la energética rusa, de forma que a comienzos de 2020 a Maduro no le quedó otro gran socio extrahemisférico al que acudir que Irán. La república islámica, sometida a su vez a un segundo régimen sancionador, volvía así a la estrecha relación que mantuvo con Venezuela en el primer periodo de castigo internacional, cultivada por el tándem Chávez-Ahmadineyad.

Esa presencia iraní es seguida con atención por Estados Unidos (coincide con un despliegue del Comando Sur en el Caribe), siempre alerta ante cualquier impulso que Hezbolá –proxy iraní– pueda recibir en la región. En realidad, 2019 supuso un importante salto en la disposición de los países latinoamericanos contra esa organización, pues varios de ellos la calificaron por primera vez de terrorista. Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras aprobaron esa declaración, a raíz de cumplirse en julio el 25 aniversario del atentado contra la AMIA, atribuido a Hezbolá. Brasil y Guatemala se comprometieron a hacerlo en breve. Con ese señalamiento varios de esos países erigieron listas de organizaciones terroristas, lo que permite aunar estrategias.

La desestabilización de la región por la situación en Venezuela tiene una clara manifestación en la acogida y promoción en ese país de las guerrillas colombianas. En agosto el ex número dos de las FARC, Iván Márquez, y algún otro antiguo dirigente anunciaron, presumiblemente desde territorio venezolano, su vuelta a las armas. Tanto ese núcleo disidente de las FARC como el ELN habían comenzado a consolidarse a finales de año como grupos colombo-venezolanos, con operaciones no ya solo en la zona fronteriza de Venezuela, sino en el interior del país. Ambos grupos tienen en conjunto unos 1.700 efectivos en Venezuela, de los que casi 600 serían venezolanos reclutados, constituyendo con ello otra fuerza de choque al servicio de Maduro.

La salida rusa de Venezuela sucede en un momento de aparente menor actividad de Moscú en Latinoamérica. Ocurre así, desde luego, en el terreno de la venta de armas. Rusia, que se había convertido en un importante exportador de material militar a la región, ha visto disminuir sus ventas los últimos años. Si durante la década de oro del boom de las materias primas diversos países gastaron parte de sus importantes ingresos en la adquisición de armamento (lo que además coincidió con la propagación de la marea bolivariana, mejor relacionada con Moscú), el desplome del precio de las commodities y algunos cambios gubernamentales hicieron que en el periodo 2015-2019 Latinoamérica solo sea el destino del 0,8% del total de armas exportadas por Rusia. Estados Unidos ha recuperado su puesto de mayor vendedor al resto del continente.

España ocupa un destacado espacio en el mercado de armas, como séptimo exportador del mundo. Sin embargo, queda atrás en las preferencias de los países latinoamericanos, a los que vende menos material de defensa de lo que le correspondería por el volumen de comercio general que mantiene con ellos. No obstante, el nivel de ventas aumentó en 2019, tras un año de cifras especialmente bajas. En los últimos cinco años, España ha vendido a Latinoamérica el 3,6% de sus exportaciones armamentísticas mundiales; en ese periodo, sus principales clientes fueron México, Ecuador, Brasil, Perú y Colombia.

La mejor dotación de equipamientos militares podría hacer pensar en una mayor participación en las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, quizá como modo de mantener activo un Ejército, en un contexto de falta de despliegues regionales. Sin embargo, del total de 82.480 efectivos de las catorce misiones de paz de la ONU que había a comienzos de 2020, 2.473 procedían de países latinoamericanos, lo que supone solo un 3% del contingente total. Además, casi la mitad del personal era aportado por un país, Uruguay (45,5% de los efectivos regionales). Otro pequeño país, El Salvador (12%), es el siguiente en compromiso con las misiones, mientras que los grandes países están infrarrepresentados, singularmente México.

En cuanto a seguridad ciudadana, 2019 aportó la buena noticia de la reducción de los homicidios en Brasil, que descendieron en un 19,2% respecto al año anterior, en contraposición a lo ocurrido en México, donde subieron un 2,5%. Si en su primer año como presidente, Jair Bolsonaro se apuntaba un importante logro, gracias a la gestión del superministro de Seguridad Sérgio Moro (éxito empañado por el aumento de las muertes accidentales en operaciones policiales), en su primer año Andrés Manuel López Obrador incumplía una de sus principales promesas electorales y era incapaz de quebrar la tendencia al alza en los homicidios que invariablemente se ha dado anualmente a lo largo de los mandatos de sus dos predecesores.

Por lo que respecta a lucha contra el narcotráfico, en 2019 se produjeron dos hechos especialmente positivos. Por un lado, la erradicación de cultivos de coca por primera vez en el VRAEM, la zona de mayor producción de Perú. Dada su complicada accesibilidad y la presencia de los reductos de Sendero Luminoso, la zona había quedado previamente al margen de las operaciones de este tipo. Por otro lado, el cambio presidencial en Bolivia significó, según Estados Unidos, un mayor compromiso de las nuevas autoridades en combatir el cultivo ilícito de coca e interceptar el transporte de droga que llega desde Perú. En los últimos años Bolivia se ha convertido en el gran distribuidor de cocaína de la mitad sur de Sudamérica, conectando la producción peruana y boliviana con los mercados de Argentina y sobre todo Brasil, y con sus puertos exportadores hacia Europa.

▲ Venezolanos saliendo del país para buscar modo de subsistencia en algún lugar de acogida [UNHCR ACNUR]

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INFORME SRA 2020 / Presentación

La pandemia del Covid-19 ha modificado radicalmente los supuestos de seguridad en todo el mundo. La emergencia del coronavirus pasó de China a Europa, luego a Estados Unidos y enseguida al resto del Hemisferio Occidental. Ya perjudicada económicamente por su dependencia de las exportaciones de commodities desde el comienzo del parón chino, Latinoamérica fue padeciendo las sucesivas restricciones de las distintas áreas geográficas, para finalmente entrar también en una crisis de producción y consumo y de catástrofe sanitaria y laboral. Previsiblemente la región será una de las más largamente castigadas, con efectos igualmente en el campo de la seguridad.

El presente informe anual, no obstante, atiende a la seguridad regional americana de 2019. Aunque en ciertos aspectos incluye hechos de principios de 2020, y por tanto algunos primeros efectos de la pandemia, la incidencia de esta en asuntos como la geopolítica regional, las dificultades presupuestarias de los estados, el crimen organizado o la seguridad ciudadana quedan para el informe del próximo año.

En la medida en que en recientes meses otros desarrollos que en 2019 afectaron a la seguridad se mostraron de algún modo transitorios, Venezuela se mantuvo como el principal foco de inseguridad regional durante el año pasado. En el informe analizamos el regreso de Irán al país caribeño, después de que primero China y después Rusia hayan preferido no ver perjudicados sus propios intereses económicos; también constatamos la consolidación del ELN y parte de las exFARC como grupos binacionales colombo-venezolanos.

Además, destacamos el avance en el señalamiento por primera vez de Hezbolá como grupo terrorista por varios países y aportamos cifras sobre la caída de la venta de armas de Rusia a Latinoamérica y sobre la relativa poca comercialización en la región del material de defensa producido por España. También cuantificamos la aportación de efectivos latinoamericanos a las misiones de paz de la ONU, así como el éxito de Bolsonaro y el fracaso de AMLO en la evolución de los homicidios en Brasil y México. En cuanto al narcotráfico, en 2019 se dio la primera operación de erradicación de cultivos de coca en el VRAEM, la zona de Perú más complicada en la lucha antinarcóticos.

▲ Ejercicios navales de comandos de la Guardia Revolucionaria en el Estrecho de Ormuz en 2015 [Wikipedia]

ENSAYO / Ana Salas Cuevas

La República Islámica de Irán, también conocida como Persia, es un país con gran importancia en la geopolítica. Es una potencia regional no solo por su localización estratégica, sino también por sus grandes recursos de hidrocarburos, que hacen de Irán el cuarto país en reservas probadas de petróleo y el primero en reservas de gas[1].

Así hablamos de uno de los países más importantes del mundo por tres motivos fundamentales. El primero, mencionado anteriormente: sus inmensas reservas petrolíferas y de gas. En segundo lugar, porque Irán controla el estrecho de Ormuz, que es llave de entrada y salida del Golfo Pérsico y por el que pasan la mayor parte de las exportaciones de hidrocarburos de Irán, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, Catar y Bahréin[2]. Por último, por el programa nuclear en el que ha invertido tantos años[3].

La república iraní se basa en los principios del Islam chií, aunque hay una gran diversidad étnica en su sociedad. Por ello, es indispensable tener en cuenta la gran “fuerza del nacionalismo iraní” para comprender su política. Apelando a la posición dominante sobre otros países, el movimiento nacionalista iraní pretende influir en la opinión pública. El nacionalismo se ha ido asentando desde hace más de 120 años, desde que el Boicot de Tabaco de 1891[4] supuso una respuesta directa a la intervención y presión exterior, y hoy pretende lograr la hegemonía en la región. La política exterior e interior de Irán son una clara expresión de este movimiento[5].

Por agente interpuesto (Proxy armies)

La guerra subsidiaria (en inglés, war by proxy) es un modelo de guerra en el cual un país hace uso de terceros para combatir o influenciar en un determinado territorio, en lugar de enfrentarse directamente. Como señala David Daoud, en el Líbano, Irak, Yemen y Siria, “Teherán ha perfeccionado el arte de conquistar gradualmente un país sin reemplazar su bandera”[6]. En esa tarea participa directamente la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (GRI), formando o favoreciendo militarmente a las fuerzas de otros países.

La GRI nació con la Revolución Islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, con el fin de mantener los logros del movimiento[7]. Se trata de uno de los principales actores políticos y sociales del país. Posee gran capacidad para influir en los debates y decisiones de la política nacional. Es, además, propietaria de numerosas empresas dentro del país, lo que le garantiza una fuente de financiación propia y refuerza su carácter de poder interno. Constituye un cuerpo independiente de las fuerzas armadas, y el nombramiento de sus altos cargos depende directamente del Líder de la Revolución. Entre sus objetivos está la lucha contra el imperialismo, y expresamente se compromete a intentar rescatar Jerusalén para devolverla a los palestinos[8]. Su importancia es crucial para el régimen, y cualquier ataque a estos cuerpos representa una amenaza directa al gobierno iraní[9].

La relación de Irán con los países musulmanes de su entorno se encuentra marcada por dos hechos principales: por un lado, su condición chiita; por otro, la preeminencia que logró tener en el pasado en la región[10]. Gracias a que su acción exterior se encuentra apoyada en la Guardia Revolucionaria Islámica, Irán ha conseguido establecer grandes vínculos con grupos políticos y religiosos por todo Oriente Medio. A partir de ahí, Irán aprovecha distintos recursos para afianzar su influencia en los distintos países. En primer lugar, haciendo uso de herramientas de poder blando o soft power. Así, entre otras acciones, ha participado en la reconstrucción de mezquitas y escuelas en países como el Líbano o Irak[11]. En Yemen ha proporcionado ayudas logísticas y económicas al movimiento hutí. En 2006, se implicó en la reconstrucción del sur de Beirut.

No obstante, los métodos utilizados por estas fuerzas alcanzan otros extremos, pasando a mecanismos más intrusivos (hard power). Por ejemplo, tras la invasión israelí de 1982 en el Líbano, Irán ha ido estableciendo allí a lo largo de tres décadas un punto de apoyo, con Hezbolá como proxy, aprovechando las quejas sobre la privación de derechos de la comunidad chiita. Esta línea de acción ha permitido a Teherán promover su Revolución Islámica en el extranjero[12].

En Irak la GRI buscó la desestabilización interna de Irak, apoyando facciones chiitas como la organización Badr, durante la guerra irano-iraquí de la década de 1980. Por otro lado, Irán involucró a la GRI en el levantamiento de Saddam Hussein a principios de la década de 1990. A través de este tipo de influencias y encarnando el paradigma de proxy army, Irán ha ido estableciendo influencias muy directas sobre estos lugares. Incluso en Siria, este cuerpo de élite iraní tiene una gran influencia, apoyando al gobierno de Al Assad y las milicias chiitas que combaten junto a él.

Por su parte, Arabia Saudí acusa a Iran y su Guardia de proveer armas en Yemen a los hutíes (movimiento que defiende a la minoría chiita), generando una importante escalada de tensión entre ambos países[13].

La GRI se consolida, así, como uno de los factores más importantes en el panorama de Oriente Medio, impulsando la lucha entre dos bandos que quedan contrapuestos. No obstante, no es el único. De esta manera, encontramos un escenario de “guerra fría”, que acaba trascendiendo y convirtiéndose en foco internacional. Por un lado, Irán, apoyado por potencias como Rusia o China. Por el otro, Arabia Saudí, de la mano de EEUU. Esta contienda se desarrolla, en gran medida, de una manera no convencional, a través de proxy armies como Hezbolá y las milicias chiitas en Irak, en Siria o en Yemen[14].

Causas de una confrontación

Las tensiones entre Arabia Saudí e Irán se han extendido a todo Oriente Medio (y más allá), creando en este territorio dos bandos bien determinados, ambos con pretensión de adjudicarse la hegemonía en la zona.

Para interpretar este escenario y comprender mejor su oposición es importante, en primer lugar, distinguir dos corrientes ideológicas contrapuestas: el chiismo y el sunismo (wahabismo). El wahabismo es una tendencia religiosa musulmana de extrema derecha, de la rama del sunismo, que hoy en día es la religión mayoritaria en Arabia Saudí. El chiismo, como previamente se ha mencionado, es la corriente en la que se basa la República de Irán. No obstante, como veremos, la pugna que se desarrolla entre Irán y Arabia Saudí es política, no religiosa; está más basada en la ambición de poder, que en la religión.

En segundo lugar, encontramos en el control del tráfico del petróleo otra causa de esta rivalidad. Para entender este motivo, conviene tener en cuenta la posición estratégica que juegan los países de Oriente Medio en el mapa global al acoger las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Un gran número de luchas contemporáneas se deben, en efecto, a la intromisión de las grandes potencias en la región, intentando tener un papel sobre estos territorios. Así, por ejemplo, el acuerdo de Sykes-Picot[15] de 1916 para el reparto de influencias europeas sigue condicionando acontecimientos actuales. Tanto Arabia Saudí como Irán, como venimos diciendo, poseen un protagonismo especial en estos enfrentamientos, por las razones descritas.

Bajo estas consideraciones, es importante señalar, en tercer lugar, la implicación en dichas tensiones de potencias exteriores como Estados Unidos.

Los efectos de las primaveras árabes han debilitado a muchos países de la zona. No así a Arabia Saudí e Irán, que han buscado en las últimas décadas su consolidación como potencias regionales, en gran medida gracias al respaldo que les otorga su producción y sus grandes reservas de petróleo. Las diferencias entre ambos países se ven reflejadas en la manera en la que intentan configurar la región y en los distintos intereses que pretenden lograr. Además de las diferencias étnicas entre Irán (persas) y Arabia Saudí (árabes), su alineamiento en el panorama internacional también es opuesto. El wahabismo se presenta como antinorteamericano, pero el gobierno saudí es consciente de la necesidad que tiene del apoyo de EEUU, y ambos países mantienen una conveniencia recíproca, con el petróleo como base. No sucede lo mismo con Irán.

Irán y EEUU fueron estrechos aliados hasta 1979. La Revolución Islámica lo cambió todo y desde entonces, con la crisis de los rehenes de la embajada estadounidense en Teherán como momento inicial especialmente dramático, las tensiones entre los dos países han sido frecuentes. La confrontación diplomática ha vuelto a ser aguda con la decisión del presidente Donald Trump de retirada del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), firmado en 2015 para la no proliferación nuclear de Irán, con la consiguiente reanudación de las sanciones económicas hacía este país. Además, en abril de 2019 Estados Unidos situó a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas[16], responsabilizando a Irán de financiar y promover el terrorismo como una herramienta de gobierno[17].

Por un lado, pues, está el bando de los saudís, apoyados por EEUU y, dentro de la región, por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin e Israel. Por el otro lado, Irán y sus aliados de Palestina, Líbano (parte pro-chiita) y recientemente Qatar, lista a la que podría añadirse Siria e Irak (milicias chiitas). Las tensiones aumentaron tras la muerte de Qasem Soleimani en enero de 2020. En este último bando podríamos destacar el apoyo internacional de China o Rusia, pero poco a poco podemos observar un alejamiento de las relaciones entre Irán y Rusia.

Al hablar de la lucha por la hegemonía del control del tráfico del petróleo, es imprescindible mencionar el Estrecho de Ormuz, el punto geográfico crucial de esta contienda, donde se ven enfrentadas ambas potencias directamente. Este estrecho es una zona estratégica situada entre el Golfo Pérsico y el de Omán. Por ahí pasa un 40% del petróleo mundial[18]. El control de estas aguas es, evidentemente, decisivo en el enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán; así como para cualquiera de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de Oriente Medio (OPEP) en la región: Irán, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes y Kuwait.

Uno de los objetivos de las sanciones económicas impuestas por Washington a Irán es reducir sus exportaciones para favorecer a Arabia Saudí, su mayor aliado regional. A estos efectos, la Quinta Flota estadounidense, con sede en Baréin, tiene la tarea de proteger la navegación comercial en esta área.

El Estrecho de Ormuz “es la válvula de escape que utiliza Irán para aliviar la presión que se ejerce desde fuera del Golfo” [19]. Desde aquí, Irán intenta reaccionar ante las sanciones económicas impuestas por EEUU y otras potencias; es lo que le otorga una mayor voz en el panorama internacional, al tener capacidad de bloquear el estratégico paso. Recientemente se han dado ataques a petroleros de Arabia Saudí y otros países[20], algo que provoca una gran desestabilización tanto económica como militar en cada nuevo episodio[21].  

En definitiva, la competencia entre Irán y Arabia Saudí tiene un efecto no solo regional sino que afecta globalmente. Los conflictos que pudieran desatarse en esta área recuerdan, cada vez más, a una ya conocida Guerra Fría, tanto por los métodos en el frente de batalla (y la incidencia de las proxy armies en este frente), como por la atención que requiere para el resto del mundo, que depende de este resultado, quizá, bastante más de lo que es consciente.

Conclusiones

Desde hace varios años se ha ido consolidando un enfrentamiento regional que implica también a las grandes potencias. Esta lucha trasciende las fronteras de Oriente Medio, análogamente a la situación desencadenada durante la Guerra Fría. Sus principales agentes son las proxy armies, que impulsan luchas a través de agentes no estatales y con métodos de guerra no convencionales, desestabilizando constantemente las relaciones entre los Estados, así como dentro de los propios Estados.

Para evitar la lucha en Ormuz, países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han intentado transportar el petróleo por otras vías, por ejemplo, mediante la construcción de oleoductos. Este grifo lo tiene Siria, país por el que las conducciones deben pasar para llegar a Europa). Al fin y al cabo, la guerra de Siria se puede ver desde muchas perspectivas, pero no hay duda de que uno de los motivos de la intromisión de potencias extrarregionales es el interés económico que conlleva la costa siria.

Desde 2015 hasta ahora se libra la silenciada guerra civil de Yemen. En ella están en juego asuntos estratégicos como el control del Estrecho de Mandeb. Detrás de esta terrible guerra contra los hutíes (proxies), hay un latente miedo a que estos se hagan con el control de acceso al Mar Rojo. En este mar y cerca del estrecho se encuentra Djibouti, donde las grandes potencias han instalado bases militares para un mejor control sobre la zona.

La potencia más perjudicada es Irán, que ve su economía debilitada por las constantes sanciones económicas. La situación afecta a una población oprimida tanto por el propio gobierno como por la presión internacional. El propio gobierno acaba desinformando a la sociedad, provocando una gran desconfianza hacia las autoridades. Esto genera una creciente inestabilidad política, que se manifiesta en frecuentes protestas.

El régimen ha publicitado esas manifestaciones como protestas por las actuaciones de EEUU, como por ejemplo a raíz del asesinato del general Soleimani, sin mencionar que muchas de estas revueltas se deben al gran descontento de la población civil por las graves medidas tomadas por el ayatolá Jamenei, más centrado en procurar la hegemonía en la zona que en resolver los problemas internos.

Así, muchas veces es difícil darse cuenta de implicación de estos enfrentamientos para la mayoría del mundo. En efecto, la utilización de proxy armies no debe distraernos del hecho de la verdadera involucración de las principales potencias de Occidente y de Oriente (al verdadero modo de una Guerra Fría). Tampoco los motivos que se alegan para mantener estos frentes abiertos deben distraernos de la verdadera incidencia de lo que está en juego realmente: ni más ni menos que la economía global.

▲ Logo of Pakistan's Inter-Services Intelligence organization. It depicts Pakistan's national animal, Markhor, eating a snake [Wikipedia]

ESSAY / Manuel Lamela

Jihadism continues to be one of the main threats Pakistan faces. Its impact on Pakistani society at the political, economic and social levels is evident, it continues to be the source of greatest uncertainty, which acts as a barrier to any company that is interested in investing in the Asian country. Although the situation concerning terrorist attacks on national soil has improved, jihadism is an endemic problem in the region and medium-term prospects are not positive. The atmosphere of extreme volatility and insistence that is breathed does not help in generating confidence. If we add to this the general idea that Pakistan's institutions are not very strong due to their close links with certain radical groups, the result is a not very optimistic scenario. In this essay, we will deal with the current situation of jihadism in Pakistan, offering a multidisciplinary approach that helps to situate itself in the complicated reality that the country is experiencing.

1. Jihadism in the region, a risk assessment

Through this graph, we will analyze the probability and impact of various risk factors concerning jihadist activity in the region. All factors refer to hypothetical situations that may develop in the short or medium term. The increase in jihadist activity in the region will depend on how many of these predictions are fulfilled.

Risk Factors:

R1: US-Taliban treaty fails, creating more instability in the region. If the United States is not able to make a proper exit from Afghanistan, we may find ourselves in a similar situation to that experienced during the 1990s. Such scenario will once again plunge the region into a fierce civil war between government forces and Taliban groups. The proposed scenario becomes increasingly plausible if we look at the recent American actions regarding foreign policy.

R2: Pakistan two-head strategy facing terrorism collapse. Pakistan’s strategy in dealing with jihadism is extremely risky, it’s collapse would lead to a schism in the way the Asian state deals with its most immediate challenges. The chances of this strategy failing in the medium term are considerably high due to its structure, which makes it unsustainable over the time.

R3: Violations of the LoC by the two sides in the conflict. Given the frequency with which these events occur, their impact is residual, but it must be taken into account that it in an environment of high tension and other factors, continuous violations of the LoC may be the spark that leads to an increase in terrorist attacks in the region.

R4: Agreement between the afghan Taliban and the government. Despite the recent agreement between Ashraf Ghani and Abdullah Albduallah, it seems unlikely that he will be able to reach a lasting settlement with the Taliban, given the latter's pretensions. If it is true that if it happens, the agreement will have a great impact that will even transcend Afghan borders.

R5: Afghan Taliban make a coup d’état to the afghan government. In relation to the previous point, despite the pact between the government and the opposition, it seems likely that instability will continue to exist in the country, so a coup attempt by the Taliban seems more likely than a peaceful solution in the medium or long term

R6: U.S. Democrat party wins the 2020 elections. Broadly speaking, both Republican and Democratic parties are betting on focusing their efforts on containing the growth of their great rival, China.

R7: U.S. withdraw its troops from Afghanistan regarding the result of the peace process. This is closely related to the previous point as it responds to a basic geopolitical issue.

R8: New agreement between India and Pakistan regarding the LoC.  If produced, this would bring both states closer together and help reduce jihadist attacks in the Kashmir region. However, if we look at recent events, such a possibility seems distant at present.

2. The ties between the ISI and the Taliban and other radical groups

Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI) has been accused on many occasions of being closely linked to various radical groups; for example, they have recently been involved with the radicalization of the Rohingya refugees in Bangladesh[1]. Although Islamabad continues strongly denying such accusations, reality shows us that cooperation between the ISI and various terrorist organizations has been fundamental to their proliferation and settlement both on national territory and in the neighboring states of India and Afghanistan. The West has not been able to fully understand the nature of this relationship and its link to terrorism. The various complaints to the ISI have been loaded with different arguments of different kinds, lacking in unity and coherence. Unlike popular opinion, this analysis will point to the confused and undefined Pakistani nationalism as the main cause of this close relationship.

The Directorate for Inter-Services Intelligence, together with the Intelligence Bureau and the Military Intelligence, constitute the intelligence services of the Pakistani State, the most important of which is the ISI. ISI can be described as the intellectual core and center of gravity of the army. Its broad functions are the protection of Pakistan's national security and the promotion and defense of Pakistan's interests abroad. Despite the image created around the ISI, in general terms its activities and functions are based on the same "values" as other intelligence agencies such as the MI6, the CIA, etc. They all operate under the common ideal of protecting national interests, the essential foundation of intelligence centers without which they are worthless. We must rationalize their actions on the ground, move away from inquisitive accusations and try to observe what are the ideals that move the group, their connection with the government of Islamabad and the Pakistani society in general.

2.1. The Afghan Taliban

To understand the idiosyncrasy of the ISI we must go back to the war in Afghanistan[2], it is from this moment that the center begins to build an image of itself, independent of the rest of the armed forces. From the ISI we can see the victory of the Mujahideen on Afghan territory as their own, a great achievement that shapes their thinking and vision. But this understanding does not emerge in isolation and independently, as most Pakistani society views the Afghan Taliban as legitimate warriors and defenders of an honorable cause[3]. The Mujahideen victory over the USSR was a real turning point in Pakistani history, the foundation of modern Pakistani nationalism begins from this point. The year 1989 gave rise to a social catharsis from which the ISI was not excluded.

Along with this ideological component, it is also important to highlight the strategic aspect; we are dealing with a question of nationalism, of defending patriotic interests. Since the emergence of the Taliban, Pakistan has not hesitated to support them for major strategic reasons, as there has always been a fear that an unstable Afghanistan would end up being controlled directly or indirectly by India, an encircle strategy[4]. Faced with this dangerous scenario, the Taliban are Islamabad's only asset on the ground. It is for this reason, and not only for religious commitment, that this bond is produced, although over time it is strengthened and expanded. Therefore, at first, it is Pakistani nationalism and its foreign interests that are the cause of this situation, it seeks to influence neighboring Afghanistan to make the situation as beneficial as possible for Pakistan. Later on, when we discuss the situation of the Taliban on the national territory, we will address the issue of Pakistani nationalism and how its weak construction causes great problems for the state itself. But on Afghan territory, from what has been explained above, we can conclude that this relationship will continue shortly, it does not seem likely that this will change unless there are great changes of impossible prediction. The ISI will continue to have a significant influence on these groups and will continue its covert operations to promote and defend the Taliban, although it should be noted that the peace treaty between the Taliban and the US[5] is an important factor to take into account, this issue will be developed once the situation of the Taliban at the internal level is explained.

2.2. The Pakistani Taliban (Al-Qaeda[6] and the TTP)

The Taliban groups operating in Pakistan are an extension of those operating in neighboring Afghanistan. They belong to the same terrorist network and seek similar objectives, differentiated only by the place of action. Despite this obvious similarity, from Islamabad and increasingly from the whole of Pakistani society, the two groups are observed in a completely different way. On the one hand, as we said earlier, for most Pakistanis, the Afghan Taliban are fighting a legitimate and just war, that of liberating the region from foreign rule. However, groups operating in Pakistan are considered enemies of the state and the people. Although there was some support among the popular classes, especially in the Pashtun regions, this support has gradually been lost due to the multitude of atrocities against the civilian population that have recently been committed. The attack carried out by the Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)[7] in the Army Public School in Peshawar in the year 2014 generated a great stir in society, turning it against these radical groups. This duality marks Pakistan's strategy in dealing with terrorism both globally and internationally. While acting as an accomplice and protector of this groups in Afghanistan, he pursues his counterparts on their territory. We have to say that the operations carried out by the armed forces have been effective, especially the Zarb-e-Azb operation carried out in 2014 in North Waziristan, where the ISI played a fundamental role in identifying and classifying the different objectives. The position of the TTP in the region has been decimated, leaving it quite weakened. As can be seen in this scenario, there is no support at the institutional level from the ISI[8], as they are involved in the fight against these radical organizations. However, on an individual level if these informal links appear. This informal network is favored by the tribal character of Pakistani society, it can appear in different forms but often draw on ties of Kinship, friendship or social obligation[9]. Due to the nature of this type of relationship, it is impossible to know to what extent the ISI's activity is conditioned and how many of its members are linked to Taliban groups. However, we would like to point out that these unions are informal and individual and not institutional, which provides a certain degree of security and control, at least for the time being, the situation may vary greatly due to the lack of transparency.

2.3. ISI and the radical groups that operate in Kashmir

Another part of the board is made up of the radical groups that focus their terrorist attention on the conflict with India over control of Kashmir, the most important of which are: Lashkar-e-Taiba (Let) and Jaish-e-Mohammed (JeM). Both groups have committed real atrocities over the past decades, the most notorious being the one committed by LeT in the Indian city of Mumbai in 2008. There are numerous testimonies, in particular, that of the American citizen David Haedy, which point to the cooperation of the ISI in carrying out the aforementioned attack.[10]

Recently, Hafiz Saeed, founder of Let and intellectual planner of the bloody attack, was arrested. The news generated some turmoil both locally and internationally and opened the debate as to whether Pakistan had finally decided to act against the radical groups operating in Kashmir. We are once again faced with a complex situation, although the arrest shows a certain amount of willpower, it is no more than a way of making up for the situation and relaxing international pressure. The above coincides with the FATF's[11] assessment of Pakistan's status within the institution, which is of great importance for the short-term future of the country's economy. Beyond rhetoric, there is no convincing evidence that suggests that Pakistan has made a move against those groups. The link and support provided by the ISI in this situation are again closely linked to strategic and ideological issues. Since its foundation, Pakistani foreign policy has revolved around India[12], as we saw on the Afghan stage. Pakistani nationalism is based on the maxim that India and the Hindus are the greatest threat to the future of the state. Given the significance of the conflict for Pakistani society, there has been no hesitation in using radical groups to gain advantages on the ground. From Pakistan perspective, it is considered that this group of terrorists are an essential asset when it comes to putting pressure on India and avoiding the complete loss of the territory, they are used as a negotiating tool and a brake on Indian interests in the region.

As we can see, the core between the ISI and certain terrorist groups is based on deep-seated nationalism, which has led both members of the ISI and society, in general, to identify with the ideas of certain radical groups. They have benefited from the situation by bringing together a huge amount of power, becoming a threat to the state itself. The latter has compromised the government of Pakistan, sometimes leaving it with little room for maneuver. The immense infrastructure and capacity of influence that Let has thanks to its charitable arm Jamaat-ud-Dawa, formed with re-localized terrorists, is a clear example of the latter. A revolt led by this group could put Islamabad in a serious predicament, so the actions taken both in Kashmir and internally to try to avoid the situation should be measured very well. The existing cooperation between the ISI and these radical groups is compromised by the development of the conflict in Kashmir, which may increase or decrease depending on the situation. What is certain, because of the above, is that it will not go unnoticed and will continue to play a key role in the future. These relationships, this two-way game could drag Pakistan soon into an internal conflict, which could compromise its very existence as a nation.

▲ Avión espacial no tripulado estadounidense X-37B, al regreso de su cuarta misión, en 2017 [US Air Force]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Luis V. Pérez Gil

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INTRODUCCIÓN

La militarización del espacio es una realidad. Las grandes potencias han dado el paso de poner en órbita satélites que pueden atacar y destruir los aparatos espaciales del adversario o de terceros Estados. Las consecuencias para el que sufre estos ataques pueden ser catastróficas, porque sus sistemas de comunicaciones, de navegación y de defensa quedarán parcial o totalmente inutilizados. Este escenario plantea, como en la guerra nuclear, la posibilidad de un ataque preventivo destinado a evitar quedar en manos del adversario en un eventual conflicto bélico. Los Estados Unidos y Rusia disponen de la capacidad de realizar estas acciones, pero el resto de potencias no quieren estar a la zaga. El resto intenta seguir a las grandes potencias, que son las que dictan las reglas del sistema.

Las grandes potencias se disputan también en el espacio el mantenimiento de la primacía en el sistema internacional global y tratan de asegurarse de que, en caso de enfrentamiento, puedan inutilizar y destruir la capacidad de mando y control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) del adversario, porque sin satélites se reduce su capacidad de defensa frente al poder demoledor de las armas guiadas de precisión. De ello se deduce la regla de que quien domine el espacio dominará la Tierra en un conflicto bélico.

Este es uno de los principios fundamentales de la obra de Friedman sobre el poder en las relaciones internacionales en este siglo, cuando afirma que las guerras del futuro se librarán en el espacio porque los adversarios buscarán destruir los sistemas espaciales que les permiten seleccionar objetivos y los satélites de navegación y comunicaciones para inutilizar su capacidad bélica.

En consecuencia, tanto los Estados Unidos como Rusia, y también China, financian grandes programas espaciales y desarrollan nuevas tecnologías destinadas a obtener satélites no convencionales y aviones espaciales, por lo que se puede hablar sin ambages de la militarización del espacio, como veremos en los siguientes epígrafes.

Pero, antes de continuar, debemos recordar que existe un tratado internacional de carácter multilateral, denominado Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que firmaron inicialmente los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética el 27 de enero de 1967, que establece una serie de limitaciones a las operaciones en el espacio. Según este tratado cualquier país que lance un objeto al espacio “retendrá su jurisdicción y control sobre tal objeto, así como sobre todo el personal que vaya en él, mientras se encuentre en el espacio o en cuerpo celeste” (artículo 8). También establece que cualquier país “será responsable internacionalmente de los daños causados a otro Estado parte (…) por dicho objeto o sus partes componentes en la Tierra, en el espacio aéreo o en el espacio ultraterrestre” (artículo 7).  Esto significa que cualquier satélite espacial puede acercarse a un aparato de otro país, seguirlo o realizar observaciones remotas, pero no puede alterar o interrumpir su operatividad de ninguna manera. Es preciso aclarar que, aunque estén prohibidas las armas nucleares y las de destrucción masiva en el espacio, no existe ninguna limitación a la instalación de armas convencionales en los satélites espaciales. A instancias de Rusia y China la Asamblea General de las Naciones Unidas ha venido impulsando desde 2007 un proyecto de tratado multilateral que prohíba las armas en el espacio exterior, el uso de la fuerza o la amenaza de uso contra objetos espaciales, pero ha sido rechazado sistemáticamente por los Estados Unidos.

▲ Escena sobre anclaje en un asteroide para desarrollar actividad minera, de ExplainingTheFuture.com [Christopher Barnatt]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Emili J. Blasco

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INTRODUCCIÓN

La nueva carrera espacial se asienta sobre fundamentos más sólidos y duraderos –especialmente el interés económico– que la primera, que estuvo basada en la competencia ideológica y el prestigio internacional. En la nueva Guerra Fría hay también desarrollos espaciales que obedecen a la pugna estratégica de las grandes potencias, como ocurrió entre las décadas de 1950 y de 1970, pero hoy a los aspectos de exploración y defensa se unen también los intereses comerciales: las empresas están tomado el relevo en muchos aspectos al protagonismo de los Estados.

Por más que resulte discutible hablar de nueva era espacial, dado que desde el emblemático lanzamiento del Sputnik en 1957 no ha dejado de programarse actividad en distintas regiones del espacio, incluida la presencia humana (aunque acabaron los viajes tripulados a la Luna, ha habido viajes y estancias en la baja órbita terrestre), lo cierto es que hemos entrado en una nueva fase.

Hollywood, que tan bien refleja la realidad social y las aspiraciones generacionales de cada tiempo, sirve de espejo. Después de un tiempo sin especiales producciones relativas al espacio, desde 2013 el género vive un resurgimiento, con nuevos matices. Películas como Gravity, Interstellar y Marte ilustran el momento del despegue de una renovada ambición que, tras el horizonte corto del programa de transbordadores –reconocido como un error por la NASA, al focalizarse en la órbita baja de la Tierra–, entronca con la secuencia lógica de las perspectivas que abría la llegada del hombre a la Luna: bases lunares, viajes tripulados a Marte y colonización del espacio.

A nivel de imaginario colectivo, la nueva era espacial parte de la casilla donde “terminó” la previa, aquel día de diciembre de 1972 en que Gene Cernan, astronauta del Apolo 17, abandonó la Luna. De algún modo, en todo este tiempo se ha dado “la tristeza de pensar que en 1973 habíamos alcanzado como especie el punto máximo de nuestra evolución” y que después aquello se paró: “mientras crecíamos nos prometieron mochilas-cohete, y a cambio tenemos Instagram”, constata el gráfico comentario de uno de los coguionistas de Interstellar.

Algo parecido es lo que había expresado George W. Bush cuando en 2004 encargó a la NASA comenzar a preparar la vuelta del hombre a la Luna: “En los últimos treinta años, ningún ser humano ha puesto el pie en otro mundo o se ha aventurado en el espacio más allá de 386 millas [621 kilómetros de altitud], aproximadamente la distancia de Washington, DC, a Boston, Massachusetts”.

Podría fijarse ese 2004 como el comienzo de la nueva era espacial, no solo porque desde entonces viajes tripulados a la Luna y a Marte vuelven a estar en la mirilla de la NASA, sino porque entonces tuvo lugar lo que se ha considerado como el primer hito de la exploración espacial privada con el vuelo experimental del SpaceShipOne: era el primer acceso de un piloto particular al espacio orbital, algo que hasta entonces era considerado como un ámbito exclusivo del gobierno.

La prioridad estadounidense pasó luego de la Luna a alguno de los asteroides y después a Marte, para volver a ocupar el viaje a nuestro satélite el primer lugar de la agenda espacial. Regresando a la Luna la idea de “vuelta” a la exploración del espacio adquiere una especial significación.