Un tercio de los países ha desarrollado una estrategia nacional de ciberseguridad, pero las capacidades movilizadas son mínimas

Una docena de países latinoamericanos han desarrollado ya una estrategia nacional de ciberseguridad, pero en general las capacidades movilizadas en la región para hacer frente al crimen y a los ataques cibernéticos son de momento reducidas. En un continente con alto uso de las redes sociales, pero al mismo tiempo con algunos problemas de red eléctrica y acceso a internet que dificultan una reacción ante los ciberataques, el riesgo de que los extendidos grupos de crimen organizado recurran cada vez más a la cibernética es alto.

ARTÍCULO / Paula Suárez

En los últimos años, la globalización se ha abierto camino en todas partes del mundo, y con ello han surgido varias amenazas en el ámbito del ciberespacio, lo que requiere especial tratamiento por parte de los gobiernos de todos los estados. A nivel global y no solo en Latinoamérica, los principales campos que se ven amenazados en cuanto a seguridad cibernética son, esencialmente, el delito informático, las intrusiones en redes y las operaciones políticamente motivadas.

Los últimos informes sobre ciberseguridad en América Latina y el Caribe realizados conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), indican que un tercio de los países de la región han comenzado a dar algunos pasos para hacer frente a los crecientes riesgos en ciberseguridad. No obstante, también constatan que los esfuerzos son de momento pequeños, dada la general falta de preparación ante la amenaza del cibercrimen; además plantean la necesidad de una reforma en las políticas de protección para los años venideros, especialmente con los problemas que han salido a relucir con la crisis del Covid-19.  

El BID y la OEA (OEA) han colaborado en distintas ocasiones para dar a conocer la situación y concienciar a la población sobre los problemas de ciberseguridad, que han ido aumentando conforme la globalización se ha hecho parte de la vida cotidiana y las redes sociales e internet se integran de manera más profunda en nuestro día a día. Para ocuparse de esta nueva realidad, ambas instituciones han creado un Observatorio de Ciberseguridad de la región, que ha publicado varios estudios.

Si hasta el informe de 2016 la ciberseguridad era un tema poco discutido en la región, actualmente con el aumento de la tecnología en América Latina y el Caribe ha pasado a ser un tema de interés por el que los estados tienden a preocuparse cada vez más, y por ello, a implementar las medidas pertinentes, como se destaca en el informe de 2020.

El transporte, las actividades educativas, las transacciones financieras, muchos servicios como el suministro de alimentos, agua o energía y otras muchas actividades requieren de políticas de ciberseguridad para proteger los derechos civiles en el ámbito digital tales como el derecho a la privacidad, muchas veces violados por el uso de estos sistemas como arma.

No solo en el ámbito social, sino también en el económico, la inversión en ciberseguridad es fundamental para evitar los daños que ocasiona el crimen en línea. Para el Producto Interior Bruto de muchos países de la región, los ataques a la infraestructura pueden suponer desde un 1% hasta un 6% del PIB en el caso de ataques a infraestructura crítica, lo que se traduce en incompetencia por parte de estos países para identificar los peligros cibernéticos y para tomar las medidas necesarias para combatirlos.

Según el estudio previamente mencionado, 22 de los 32 países que se analizan son considerados con capacidades limitadas para investigar los delitos, solo 7 tienen un plan de protección de su infraestructura crítica, y 18 de ellos han establecido el llamado CERT o CSIRT (equipo de respuesta a incidentes o emergencias de seguridad informática). Estos sistemas no son desarrollados actualmente de forma uniforme en la región, y les falta capacidad de actuación y madurez para suponer una respuesta adecuada antes las amenazas en la red, pero su implementación es necesaria y, cada vez más, cuentan con el apoyo de instituciones como la OEA para su mejora.

En este ámbito, el Foro de Equipos de Seguridad y de Respuesta a Incidentes (FIRST) tiene un trabajo clave, por la gran necesidad en esta región, para asistir a los gobiernos y que estos puedan beneficiarse de la identificación de amenazas cibernéticas y los mecanismos de seguridad estratégica de la asociación, principalmente para proteger las economías de estos países.

Como ya ha sido mencionado, la conciencia de la necesidad de dichas medidas ha ido aumentando conforme a los ataques cibernéticos también lo han hecho, y países como Colombia, Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá han establecido una debida estrategia para combatir estos daños. Por el contrario, muchos otros países de América Latina y el Caribe como Dominica, Perú, Paraguay y Surinam han quedado atrás en este desarrollo, y aunque están en camino, necesitan apoyo institucional para continuar en este proceso.

El problema para combatir dichos problemas tiene su origen, por lo general, en la propia ley de los estados. Solo 8 de los 32 países de la región son parte del Convenio de Budapest, que aboga por la cooperación internacional contra el cibercrimen, y un tercio de estos países no cuenta con una legislación apropiada en su marco legal para los delitos informáticos.

Para los estados parte de dicho convenio, estas directrices pueden servir de gran ayuda para desarrollar las leyes internas y procesales con respecto al ciberdelito, por lo que se está potenciando la adhesión o al menos la observación de las mismas desde organismos como la OEA, con las recomendaciones de unidades especializadas como el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético de las REMJA, que aconseja respecto a la reforma de la ley penal respecto al cibercrimen y la evidencia electrónica.

Por otro lado, no ha sido hasta principios de este año que, con la incorporación de Brasil, son 12 países de Latinoamérica y el Caribe los que han establecido una estrategia nacional de ciberseguridad, debido a la falta de talento humano calificado. Aunque cabe destacar los dos países de la región con mayor desarrollo en el ámbito de seguridad cibernética, que son Jamaica y Trinidad y Tobago.

De los problemas mencionados, podemos decir que la falta de estrategia nacional en cuanto a seguridad cibernética expone a estos países a diversos ataques, pero a esto debe añadirse que las empresas que venden los servicios de ciberseguridad y proporcionan apoyo técnico y financiero en la región son mayormente de Israel o Estados Unidos, y están vinculadas a una perspectiva de seguridad y defensa bastante militarizada, lo que supondrá un desafío en los años venideros por la competencia que China está dejando ver en este lado del hemisferio, sobre todo ligada a la tecnología 5G.

Las malas prácticas cibernéticas son una amenaza no solo para la economía de Latinoamérica y el Caribe, sino también para el funcionamiento de la democracia en estos estados, un atentado a los derechos y libertades de la ciudadanía y a los valores de la sociedad. Por ello, es está dejando ver la necesidad de inversión en infraestructura civil y en capacidad militar. Para lograr esto, los estados de la región están dispuestos a cooperar, primeramente, en la unificación de sus marcos legales basándose en los modelos del Convenio de Budapest y las bases de la Unión Europea, cuya perspectiva para afrontar los nuevos retos en el ciberespacio está teniendo gran impacto e influencia en la región.

 Además, con la crisis venidera del Covid-19, por lo general los estados de la región están dispuestos a colaborar desarrollando estrategias nacionales propias, coherentes con los valores de las organizaciones de las que son parte, para proteger tanto sus medios actuales como sus tecnologías emergentes (inteligencia artificial, cuántica, computación de alto rendimiento y otros). Las amenazas cibernéticas pretenden ser encaradas desde canales abiertos a la colaboración y el diálogo, ya que Internet no tiene fronteras, y la armonización de los marcos legales es el primer paso para fortalecer esta cooperación no solo regional sino internacional.

▲ Los ministros de Exteriores de Bahréin y EAU firman con el ‘premier’ israelí los Acuerdos Abraham, en septiembre de 2020 [Casa Blanca]

ENSAYO / Lucas Martín Serrano *

Es interesante incorporar a cualquier tipo de análisis geopolítico unas pinceladas de historia. La historia es una ayuda fundamental para comprender el presente. Y la mayor parte de los conflictos, problemas, fricciones u obstáculos ya sea entre naciones o entidades públicas o privadas siempre tienen subyacente un trasfondo histórico. Además, llevado al terreno de la negociación, sin importar el nivel de esta, demostrar un cierto conocimiento histórico del adversario es útil porque, por un lado, no deja de ser una muestra de interés y respeto hacia él, lo cual siempre nos situará en una posición ventajosa, sino que, en otro orden de cosas, cualquier escollo o dificultad que aparezca tiene amplias posibilidades de tener su homólogo histórico, y precisamente ahí se puede hallar el camino hacia la solución. La parte que disponga una mayor profundidad de ese conocimiento aumentará notablemente las opciones de una solución más favorable a sus intereses.

En la antigüedad, el territorio que hoy ocupan los Emiratos Árabes Unidos estaba habitado por tribus árabes, nómadas agricultores, artesanos y comerciantes. El saqueo de los barcos mercantes de potencias europeas que navegaban por sus costas, aproximándose a estas más de lo recomendable, era algo habitual. Y, en cierto modo, una forma de vida para parte de sus habitantes. Es en el siglo VII cuando el Islam se asienta en la cultura local. De las dos corrientes surgidas tras las disputas acaecidas después de la muerte del Profeta, es la sunní la que se hace con la hegemonía a partir del siglo XI.

Con la finalidad de poner fin a la piratería y asegurar las rutas comerciales marítimas, el Reino Unido, a partir de 1820, firma con los jeques de la zona un tratado de paz. En 1853 se va un paso más allá y se logra firmar otro acuerdo por el cual todo el territorio quedaba bajo el protectorado militar del Reino Unido.

La zona atrajo la atención de potencias como Rusia, Francia y Alemania, y en 1892, para proteger sus intereses, se firma el acuerdo que garantiza para los británicos el monopolio sobre el comercio y la exportación.

La zona que abarca a los actuales siete Emiratos Árabes Unidos más Catar y Bahréin se conoció a partir de ese momento como los “Estados de la Tregua” o “Trucial States”.

Durante la Primera Guerra Mundial, los aeródromos y puertos del Golfo tomaron un importante papel en el desarrollo del conflicto en favor de Reino Unido. Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se creó la Liga de Estados Árabes (Liga Árabe), formada por aquellos que gozaban de cierta independencia colonial. La organización llamó la atención de los Estados de la Tregua.

En 1960, se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), siendo Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela sus fundadores y con sede en Viena, Austria. Los siete emiratos, que posteriormente formarían los Emiratos Árabes Unidos, se unieron a la organización en 1967.

Desde 1968, nueve emiratos de la costa oriental de la península Arábiga habían comenzado negociaciones para constituir un estado federal. Tras la retirada definitiva de las tropas británicas y después de que Bahréin y Catar se desmarcasen del proceso y obtuviesen la independencia por separado, en 1971, seis emiratos se independizaron del imperio británico: Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, Ajmán, Umm al Qaywayn y Fujairah, formando la federación de los Emiratos Árabes Unidos, con un sistema legal basado en la constitución de 1971. Una vez consolidada, el 12 de junio se unieron a la Liga Árabe. El séptimo emirato, Ras Al-Khaimah se adhirió al año siguiente, destacando como componentes más fuertes los emiratos de Dubái y Abu Dabi, la capital.

Fue el inicio de la explotación de los enormes pozos petrolíferos descubiertos años atrás lo que dio un giro total a la situación. A partir de la crisis del petróleo de 1973, los Emiratos comenzaron a acumular una enorme riqueza, debido a que los miembros de la OPEP decidieron no exportar más petróleo a los países que apoyaron a Israel durante la guerra del Yom Kippur.

El petróleo y el turismo basado en el crecimiento urbanístico y el desarrollo tecnológico son las principales fuentes de prosperidad del país en la actualidad, y un dato muy importante desde todos los puntos de vista es que, actualmente, el 80-85% de la población de EAU es inmigrante.

Situación actual

Ha sido especialmente durante la última década, y como consecuencia en parte de los acontecimientos acaecidos en la región a partir de lo que se conoció como la Primavera Árabe, cuando los EUA han emergido como una potencia regional con capacidad de influir en la zona.

La principal característica que puede atribuirse a esta aparición en la escena internacional es la transformación de una política exterior conservadora y muy dirigida hacia la “autoconservación”, hacia otras más aperturista con clara vocación de, no sólo jugar un papel relevante en la región, sino de influir en la misma para proteger sus intereses.

La que se puede considerar como la principal ambición de Abu Dhabi es convertirse en un actor principal capaz de influir en la definición y establecimiento de las estructuras de gobernanza a lo largo de la región según su propio modelo, asegurando y ampliando las rutas comerciales, introduciendo en ella a sus vecinos para crear un nodo económico lo suficientemente potente con capacidad para estrechar lazos con toda la región Este de África y con el sudeste asiático, en lo que parece otro claro ejemplo de cómo el centro geopolítico mundial se está desplazando ya definitivamente hacia el eje Asia-Pacífico.

El modelo emiratí ha sido capaz de evolucionar para integrar una creciente apertura económica junto con un modelo político conservador y de gobierno fuerte cuyo principal discurso está construido en base a un estado perfectamente afianzado y seguro. Y todo ello aunándolo con una gran capacidad como proveedor de servicios. Y lo que es muy interesante, el modelo social es de base relativamente secular y liberal, si lo comparamos con los estándares de la región.

Pero un dato fundamental que no puede olvidarse es el rechazo frontal hacia cualquier ideología política o religiosa que suponga la más leve amenaza a la hegemonía y supremacía del Estado y de sus líderes.

Es Abu Dhabi, por ser el mayor y más próspero de los siete emiratos, el que ejerce más influencia a la hora de marcar las líneas generales de la política, tanto interior como exterior. De hecho, la evolución del modelo establecido por los EAU está firmemente asociado al príncipe de la corona de Abu Dhabi y líder de facto del emirato, Mohamed bin Zayed (MbZ).

Lo que no se puede perder de vista es que, a pesar de que MbZ y su círculo más íntimo de confianza comparten la misma visión del mundo y la política, sus acciones y decisiones no siguen necesariamente un plan preestablecido. No hay una doctrina base con objetivos tácticos y estratégicos marcados y las líneas de trabajo a seguir para alcanzarlos.

Su forma de llevar a cabo la estrategia país, si así puede llamarse, se basa en un pequeño grupo perteneciente a ese círculo íntimo, el cual pone sobre la mesa varias opciones normalmente tácticas y reactivas ante cualquier problema o asunto que surja para llevar a cabo. En base a estas, la cúpula dirigente sigue un proceso de toma de decisiones ad hoc que puede conducir a una excesiva necesidad de correcciones y ajustes posteriores que a su vez derive en una pérdida de oportunidades.

Amenazas – Situación de seguridad

Las autoridades de los Emiratos tienen una clara percepción de cuáles son las principales amenazas geoestratégicas para su desarrollo: por un lado, la difusión transnacional promovida por Irán de la ideología política islamista y, por otro, la influencia que tratan de ejercer los Hermanos Musulmanes y sus promotores y apoyos, incluido Catar y Turquía, es percibida como una amenaza existencial a su visión de una forma de gobierno más secular, así como para la estabilidad del actual statu quo regional, dado que pueden actuar como un catalizador para el radicalismo en la zona.

No obstante, Abu Dhabi ha sido mucho más beligerante en su discurso contra los Hermanos Musulmanes y aquellos que les apoyan, al tiempo que ha mantenido cierta cautela en su posicionamiento contra Irán.

El reciente acuerdo con el Estado de Israel ha servido para restar credibilidad a muchos de los tradicionales tópicos tan arraigados al tiempo que ha puesto de manifiesto el nacimiento de un bloque judeo-sunní como oposición a la beligerante y creciente corriente chiita liderada por Irán y por sus proxies, activos en prácticamente todos los países de la zona y en todos los conflictos regionales.

Esta nueva situación debe servir a las potencias occidentales para confirmar que en la región del Próximo Oriente la visión de su propia problemática ha cambiado e Irán y su particular forma de ejercer su política exterior y defender sus intereses son considerados en la actualidad un factor mucho más desestabilizador que el duradero conflicto palestino-israelí. La amenaza que supone Irán ha actuado como catalizador a la hora de aunar criterios al tiempo que, a pesar de todo, Israel es visto como un elemento que proporciona estabilidad tanto en el plano militar como en el económico.

El Tratado EAU-Israel

El 15 de septiembre, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, formalizaron la normalización de sus relaciones. Este acuerdo significa que ya son cuatro los Estados árabes que han aceptado el derecho de Israel a existir, y esto es indudablemente un auténtico éxito diplomático.

El hecho de que hayan sido, precisamente, los EAU y Bahréin no es casual. Ninguno de los dos Estados ha participado en una guerra directa contra Israel.  Y, si esa característica es común a ambos estados, la relación de Bahréin con Israel ha sido mucho más fluida que la de Emiratos Árabes Unidos. Esta realidad se sustenta en la comunidad judía asentada en Al-Qatif y en su integración, que se ha traducido en una participación plena y activa en la vida política de Bahréin. Ello ha ayudado a que las relaciones entre Manama y Jerusalén no hayan sido en absoluto conflictivas.

A pesar de ser visto a los ojos del gran público como una novedad, la verdad es que el reciente acuerdo alcanzado es el tercer “Tratado de Paz” que firma el país hebreo con una nación árabe. Sin embargo, es el primero que tiene visos de nacer con unos cimientos lo suficientemente sólidos que permiten augurar una nueva situación mucho más estable y duradera, en claro contraste con las relaciones fruto de los anteriores acuerdos con Egipto y Jordania, muy ceñidos a limitadas relaciones personales y en el campo de la seguridad y la diplomacia convencional.

El nuevo acuerdo con Israel establece una nueva senda de colaboración que afecta a todo Oriente Próximo, e incluye de un modo sustancial contrapesar la influencia de Irán, fomentar las relaciones comerciales, el turismo, la colaboración en materia militar a la hora de compartir inteligencia, cooperación en el área sanitaria y de ese modo contribuir a posicionar a EAU para liderar la diplomacia árabe en la región ofreciendo una oposición sólida a grupos islamistas como los Hermanos Musulmanes y su brazo palestino en Gaza, Hamas para de ese modo abrir la puerta a que otros países de la zona den pasos en su misma dirección.

La decisión de Israel de suspender la anunciada anexión bajo su soberanía de determinadas zonas de Cisjordania es la prueba de que estos movimientos en la región son mucho más profundos y están mucho más preparados y acordados de antemano de lo que pueda imaginarse.

Y esta es precisamente una de las grandes diferencias que se encuentran con los acuerdos anteriores. La gran expectación que se ha creado y los claros indicios de que otros países, incluido Arabia Saudí, sigan la estela de EAU.

De hecho, un paso lleno de significado se ha dado en esta dirección, y ha sido algo tan simple como que un avión de la compañía israelí “EI-Al” sobrevoló espacio aéreo saudí llevando como pasajeros a un gran número de hombres de negocios, personal oficial e inversores camino de Emiratos como un gesto de buena voluntad. Y al contrario de lo que cabría haber esperado en otros momentos, este hecho, ni tuvo repercusión en el mundo árabe, ni provocó ningún tipo de protesta o manifestación en contra.

Lugares como Amman, Beirut, Túnez y Rabat, donde tradicionalmente las manifestaciones en contra de la “ocupación” israelí y acusaciones similares son por lo general numerosas en cuanto a participación, en esta ocasión se mantuvieron en total calma.

Pero si este dato ha pasado desapercibido para la población en general, no ha sucedido así para los líderes de las potencias de Oriente Próximo y las organizaciones violentas que utilizan como proxies.

Para aquellos que aspiran a seguir los pasos de EAU y establecer relaciones con Israel, ello ha servido de acicate para reafirmar su decisión, pues ha disminuido la sensación de inquietud o incluso de peligro emanante de las calles en el mundo árabe en relación con el conflicto palestino israelí que dicho paso podría provocar.

Por el contrario, para Irán y sus proxies ha sido una dura lección. No solo por comprobar que la baza de la causa palestina, enarbolada y puesta sobre el tablero durante tanto tiempo, ha disminuido notablemente su importancia, sino porque ha coincidido en el tiempo con potestas tanto en Iraq como en el Líbano de sentido totalmente contrario, es decir, en contra de la injerencia de Irán en los asuntos internos de ambos países.

Como conclusión, se debe extraer que, a pesar de que esa ausencia de protestas por el acuerdo entre Israel y EAU pueda parecer sorprendente, no es más que un signo evidente de un largo proceso de maduración y evolución política dentro del mundo árabe en general.

La población de Oriente Próximo en general no aspira ya a una unidad panarabista, panislámica, al establecimiento del Gran Califato o, en el caso de Irán o Turquía, a sueños imperialistas que son cosa del pasado. La masa del pueblo y de la sociedad lo que realmente desea es mejorar su bienestar, disponer de mayores y más atractivas oportunidades económicas, tener un buen sistema educativo, mejorar los niveles de desarrollo en todos los órdenes, que rija el imperio de la ley, y que esta sea igual para todos en sus respectivos países.

El tratado objeto de este punto encaja a la perfección dentro de esas aspiraciones y ese esquema mental. Las masas que antaño tomaban las calles ya no creen que la causa palestina sea merecedora de más esfuerzos y atención que su propia lucha por alcanzar un futuro mejor en sus naciones.

Y, este dato es muy importante, a pesar de la opacidad del régimen de los ayatolás, en Irán, la población es cada vez menos sumisa a unas políticas que llevan al país a una serie de conflictos permanentes y sin visos de finalización que provocan un derroche de los recursos del país para mantenerlos.

Justo dos días después del anuncio del acuerdo de paz, Emiratos Árabes Unidos levantó la prohibición de la comunicación telefónica con Israel, siendo el ministro de Asuntos Exteriores hebreo, Gabi Ashkenazi, y su homólogo de Emiratos, Abdullah binZayed, los encargados de simbolizar la apertura de esta nueva línea de comunicación.

Casi inmediatamente después, un equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí se desplazó a Abu Dhabi para comenzar a buscar posibles emplazamientos para la futura sede de la embajada de Israel.

Un importante flujo de inversiones procedentes de EAU se está canalizando hacia empresas israelíes que tratan de buscar nuevas formas de tratar la COVID19 y de desarrollar nuevas pruebas para detectar la enfermedad. El incremento de acuerdos de negocios entre empresas israelíes y de Emiratos ha sido prácticamente inmediato, y la compañía “El-Al” está trabajando ya para abrir un corredor directo entre Tel Aviv y Abu Dhabi.

Todo ello está favoreciendo que, ante la nueva situación y los nuevos planteamientos, en Marruecos, Omán y otros países árabes, se estén produciendo movimientos buscando seguir la estela de EAU. El atractivo de Israel no hace sino acrecentarse, en una significativa evolución desde la condición de país más odiado de la región a la de socio más deseado.

No obstante, un factor a tener en cuenta es el impacto en EEUU y Europa. En Occidente, en general, la causa palestina está ganando adeptos principalmente debido al movimiento “Boicot, Desinversión y Sanciones” (BDS). Por ello, es probable que los cambios en las relaciones con Israel no sólo no logren minar ese apoyo, sino que inciten a incrementar sus esfuerzos para evitar la normalización mediante campañas de desinformación de difusión del odio hacia Israel.

Por último, la oposición de Turquía, Catar e Irán era algo que puede calificarse de previsible, pero también es un elemento clarificador. El presidente iraní ha calificado el acuerdo de “grave error”, mientras que su homólogo turco ha amenazado con cerrar la embajada de EAU en Turquía. En ambos casos, la razón última de esta reacción es la misma: la utilización de la causa palestina en beneficio de sus propios intereses y, casualmente ambas son en esta ocasión coincidentes, distraer a la opinión pública de la difícil situación económica que por diferentes motivos los dos países están atravesando.

Política regional

El elemento más importante y perdurable en el tiempo en la política exterior y de seguridad de EAU lo constituye sus alianzas estratégicas con EEUU y Arabia Saudí. A pesar de que durante la última década Emiratos ha seguido una línea más independiente, los hechos acontecidos y esta nueva dirección no habrían sido posibles sin el apoyo de EEUU, en cuya protección confía el pequeño pero rico y al mismo tiempo poco poblado estado, y con quien pueden contar a la hora de exportar sus recursos energéticos en el supuesto de un conflicto.

Incluso durante la época de la administración de Obama, cuando las relaciones se enrarecieron debido a la política que tomó EEUU en relación con los sucesos de la “Primavera Árabe” y con respecto a Irán, la alianza estratégica entre ambas naciones se mantuvo.

La claramente definida política anti iraní del gobierno liderado por Donald Trump, equivalente a la de EAU, facilitó una mejora rápida de las relaciones de nuevo, y la nueva administración norteamericana vio en Emiratos un pilar fundamental en el que cimentar su política en Oriente Próximo. De ese modo, en la actualidad, junto con Israel y Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos son el principal aliado de EEUU en la zona.

Al contrario que lo sucedido con EEUU, Arabia Saudí se convirtió en un socio estratégico de la nueva política regional de EAU durante los mandatos de Obama. En realidad, ambas naciones han mantenido estrechos lazos desde el nacimiento de los Emiratos en 1971, pero como era lógico, el nuevo y joven estado se mantuvo a la sombra de la otra nación, más asentada y siguiendo las políticas de su “hermano mayor”.

Esta situación cambió con la subida al poder de Mohamed Bin Zayed quien, desde 2011, se empeñó en abanderar una línea política de acciones conjuntas en la región que a la postre han sido decisivas. MbZ encontró a su contraparte perfecta en el príncipe saudí Mohamed Bin Salman, quien gradualmente, desde 2015 fue tomando las riendas como la cabeza visible de la política de Arabia Saudí. Llegando a tal extremo que en ciertos casos como los de Yemen y Catar el liderazgo y empuje de EAU parece haber sido la fuerza aglutinadora de las políticas regionales conjuntas.

Alianzas

Estados Unidos

El papel de EEUU como aliado de EAU se remonta a comienzos de los años 80, justo después de la revolución iraní de 1979, que supuso la pérdida de su más importante aliado en la región y del comienzo de la guerra Irán-Irak.

No obstante, fue la Guerra del Golfo de 1990-1991 la que, con la invasión de Kuwait por parte de Irak el día 2 de agosto de 1990, mostró a EAU lo vulnerables que eran los pequeños Estados del Golfo ante una agresión militar por parte de cualquiera de sus poderosos vecinos.

Con la finalidad de asegurarse la protección, y de la misma manera que otros países de la región, EAU favoreció durante los años posteriores a la guerra el aumento de la presencia de EEUU en su territorio. Todo ello concluyó con un acuerdo bilateral de seguridad firmado en julio de 1994. Mediante este, Estados Unidos recibían acceso a las bases aéreas y puertos de los Emiratos y, en contraprestación, se comprometía a proteger al país de posibles agresiones externas. Lo interesante, y que da una medida de cómo ha evolucionado la situación, es que el acuerdo permaneció en secreto a petición de Abu Dhabi por el temor de EAU a las posibles críticas y protestas tanto internas como por parte de Irán.

Inicialmente, EAU no fue más que un aliado más de los EEUU en el Golfo Pérsico. Sin embargo, su importancia como socio fue incrementándose entre 1990 y 2000, en parte debido al puerto de Jebel Ali, el cual fue se convirtió en la base más usada por la US Navy fuera de su país, y a la base aérea de Al Dhafra, instalación clave para las actividades de EEUU en la región.

Además, desde finales de la década de los 90, EAU inició un proceso para mostrarse ante su nuevo aliado como un socio fiable y más relevante, aumentando en cantidad y nivel su cooperación. Siguiendo esa línea, fuerzas militares de Emiratos han participado en todas las grandes operaciones de EEUU en Oriente Próximo, desde la Guerra del Golfo en 1991 a Somalia en 1992, Kosovo en 1999, Afganistán desde 2002, Libia desde 2011, y Siria (en el marco de la lucha contra el Daesh) entre 2014 y 2015. Sólo se evitó por parte de Emiratos, y de una forma muy vehemente, la participación en la invasión de Iraq en 2003. De esta implicación las Fuerzas Armadas de EAU han obtenido una gran experiencia sobre el terreno que ha redundado en su eficacia y profesionalidad.

Esta implicación en las no pocas veces controvertidas acciones militares de EEUU en países árabes ha supuesto, indudablemente, un elemento fundamental para Estados Unidos. No sólo por lo que supone desde el punto de vista de la imagen y la narrativa que al menos un país musulmán les apoyara, sino porque la contribución de Abu Dhabi no se ha limitado al aspecto militar. Organizaciones humanitarias han actuado en paralelo con la finalidad de ganar el apoyo de la población allá donde se intervenía invirtiendo enormes cantidades de dinero. El ejemplo más claro es Afganistán, país en el que Emiratos ha gastado millones de dólares en proyectos humanitarios y de desarrollo para ayudar a la estabilización del país, al mismo tiempo que proporcionó un pequeño contingente de fuerzas de operaciones especiales en la especialmente peligrosa zona sur del país desde 2003. Además, entre 2012 y 2014 ampliaron su despliegue con seis aviones F16 para apoyar las operaciones aéreas contra los talibanes. Incluso cuando EEUU comenzó su retirada gradual después de 2014, las tropas de Emiratos continuaron en Afganistán.

Lograr que EAU se adhiriera a la causa de la lucha contra los yihadistas no fue tarea difícil en absoluto, pues sus líderes sienten una especial aversión a cualquier forma de extremismo religioso que afecte al sistema político dentro del Islam. Esta es la principal razón para que su Fuerza Aérea se implicara en la coalición liderada por EEUU contra el Daesh en Siria entre 2014 y 2015. Hasta tal punto que, después de los aparatos norteamericanos, fueron los procedentes de EAU los que llevaron a cabo más salidas contra objetivos yihadistas.

Pero no se limitó la colaboración a EEUU. Tanto Australia como Francia tuvieron a su disposición las bases aéreas de los emiratos para llevar a cabo sus operaciones.

Sólo la ruptura abierta de hostilidades y la implicación de EAU en la Guerra de Yemen de 2015 redujo su participación en la lucha contra el Daesh.

Pero no todo ha sido fácil. La invasión de Iraq en 2003 produjo profundas reticencias en EAU, que lo consideró un grave error. Su temor era que dicha intervención terminara por aumentar la influencia de Irán sobre Irak, o derivara en una guerra civil, lo cual desestabilizaría toda la región.

Los temores se vieron cumplidos cuando en 2005 una coalición chiita próxima a Irán ganó las elecciones en Irak y estalló la guerra, dejando a EAU de manos atadas para tartar de influir de algún modo en la situación. Su mayor preocupación entonces era que una prematura retirada de todas las fuerzas de EEUU complicara aún más la situación.

La renovada relación con la administración Trump ha llevado a la firma de un nuevo acuerdo de seguridad y cooperación firmado en 2017. En contraste con lo sucedido en 1994, los contenidos del mismo han sido hechos públicos, y hacen referencia principalmente a la presencia de tropas de EEUU en suelo emiratí de manera permanente. El acuerdo así mismo abarca el adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Emiratos y la realización de ejercicios conjuntos de manera periódica.

Gracias a este acuerdo, la presencia de EEUU en Emiratos es más numerosa que nunca. Actualmente hay unos 5.000 hombres desplegados entre la base aérea de Al Dhafra, el puerto de Jebel Ali y en algunas otras pequeñas bases o estaciones navales. Sólo en la mencionada base aérea hay 3.500 hombres que, desde allí, operan desde aviones de combate F-15, F-22 y F-35, además de aparatos de reconocimiento y vehículos aéreos no tripulados (UAVs).

Por su parte, EAU ha continuado desarrollando sus propias capacidades militares adquiriendo material de fabricación norteamericana, principalmente sistemas antiaéreos (“Patriot” y THAAD) y aviones de combate (110 F-16). A ello se añade que, desde hace un par de años, EAU ha mostrado gran interés por hacerse con el Nuevo F-35, aunque las negociaciones, no exentas de ciertas reticencias, aún continúan.

En 2018 surgieron problemas para el suministro de municiones de precisión guiadas tanto a EAU como a Arabia Saudí, dado que ambos países las estaban usando en la Guerra de Yemen. El asesinato del periodista Saudí Jamal Kashoggi agravó la resistencia del congreso de EEUU, forzando al presidente Trump a usar su derecho de veto para poder mantener el suministro. Esto da una medida de cuan determinante es la actitud de la actual administración en relación con ambos países.

A pesar de todas las dificultades mencionadas, la actual administración norteamericana ha redoblado sus esfuerzos para apoyar a EAU en sus políticas regionales, pues son coincidentes con los objetivos de EEUU.

El primer objetivo ha sido construir una alianza anti-Irán entre estados de Próximo Oriente que incluye a EAU como socio clave junto con Arabia Saudí y Egipto. Este plan es totalmente coincidente con la aspiración de Abu Dhabi de cobrar cierto liderazgo en la región, y tiene visos de prosperar, ya que EAU probablemente apoyará a EEUU en una solución para el conflicto palestino que está bastante en línea con la propuesta israelí.

Arabia Saudita

Arabia Saudí es, a día de hoy, el aliado más importante de EAU en la región. Ambos estados se financian gracias a las exportaciones de crudo y ambos tienen las mismas reticencias a las ambiciones expansionistas de sus poderosos vecinos, especialmente Irán.

No obstante, durante mucho tiempo, a pesar de esta alianza, EAU ha temido que Arabia Saudí, valiéndose de su desigual tamaño tanto en población como en fuerza militar como en capacidad de producción de petróleo tratara de mantener una posición hegemónica en el Golfo Pérsico.

En 1981, los países del Golfo Pérsico aprovecharon la oportunidad para crear una alianza que excluyera a las por entonces principales potencias regionales. Así, Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y EAU crearon el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC en sus siglas en inglés). Dicho Consejo disponía de una fuerza militar conjunta que nunca alcanzó una entidad significativa. La mayor prueba de la debilidad del GCC y su ineficacia fue la invasión de Kuwait por parte de Irak sin oposición alguna por el ente supranacional.

Como resultado de lo anterior, EAU depositó en EEUU la confianza para su protección, el único país que aunaba la voluntad y la capacidad de llevar a cabo la tarea de defender al pequeño Estado frente a potenciales agresiones extranjeras.

La consecuencia a nivel regional viene marcada por la convergencia de intereses de Arabia Saudí y EAU los cuales, entre 2011 y 2019, han perseguido objetivos políticos regionales comunes apoyándose si es necesario en sus capacidades militares.

Como ejemplo, tenemos la petición de ayuda de Bahréin al GCC en 2011 cuando sus gobernantes se sintieron amenazados por los movimientos de protesta chiitas. No obstante, su intervención más relevante fue el apoyo al golpe de estado en Egipto contra el presidente Mohamed Morsi y los Hermanos Musulmanes en 2013.

India

Las relaciones sociopolíticas y económicas entre los miembros del GCC y la India siempre han sido muy estrechas, y han estado basadas en el entendimiento de que un entorno seguro y estable tanto política como socialmente en el entorno del Golfo Pérsico y en el subcontinente indio son factores críticos para el desarrollo de los respectivos países y sus lazos transregionales.

Desde la perspectiva de la India, la mejora de su desarrollo tecnológico y económico va en consonancia a la capacidad de Nueva Delhi para afianzar sus alianzas en todo el mundo. A este respecto, los países del Golfo Pérsico, y especialmente EAU, son considerados un puente de acceso al conocimiento, capacidades, recursos y mercados para mejorar ese desarrollo.

En 2016, las hasta entonces relaciones bilaterales entre ambos países se formalizaron en un acuerdo de cooperación estratégica denominado CSP (Comprehensive Strategic Partnership)

Para EAU, India es un país moderno, un fenómeno político independiente de Occidente que mantiene fuertes raíces religiosas y tradicionales sin renunciar a su diversidad. En cierto modo y con algunas reservas, para EAU es un espejo donde mirarse.

El acuerdo de cooperación es transversal y se refiere a asuntos tan diversos como lucha contra el terrorismo, intercambio de información e inteligencia, medidas para luchar contra el lavado de dinero, ciberseguridad, así como cooperación en materia de defensa, ayuda humanitaria, etc.

En el aspecto más económico la iniciativa incluye acciones concretas que faciliten el comercio y las inversiones, con el compromiso de EAU de alcanzar el objetivo de 75 mil millones de dólares para apoyar el desarrollo de infraestructuras de nueva generación en la India, especialmente ferroviarias, puertos, carreteras, aeropuertos y parques industriales.

En lo que se refiere al sector energético, el acuerdo contempla la participación de EAU en la modernización del sector petrolífero en todas sus ramas, teniendo en cuenta el desarrollo de una reserva estratégica.

Es muy significativa la parte que trata sobre el desarrollo de tecnología para el uso pacífico de la energía nuclear, así como la cooperación en el sector aeroespacial incluyendo el desarrollo y lanzamiento conjunto de satélites, así como de la infraestructura necesaria de control en tierra y todas las aplicaciones necesarias.

En la actualidad, la India tiene unos lazos socioeconómicos crecientes y multifacéticos tanto con Israel como con los países del Golfo Pérsico, y en especial con EAU. La diáspora de trabajadores indios en el Golfo Pérsico supone unas remesas anuales de casi 50.000 millones de dólares. Las relaciones comerciales dejan a las arcas del país asiático más de 150.000 millones de dólares, y casi dos tercios de los hidrocarburos que necesita el país proceden de esa región. Por ello, es evidente que la nueva situación es vista con especial interés desde esta parte del mundo, valorando oportunidades y posibles amenazas.

Evidentemente, cualquier acuerdo como este que suponga al menos a priori más estabilidad y una normalización de relaciones siempre será beneficioso, pero también hay que tener en cuenta sus puntos débiles y la posible evolución de la situación.

Así pues, desde el punto de vista geopolítico, India ha acogido con buenos ojos el restablecimiento de relaciones entre EAU e Israel, toda vez que ambos son socios estratégicos.

El nuevo panorama que se abre entre Israel y el GCC parece acercar una solución moderada y consistente para el problema palestino, haciendo mucho más fácil el trabajo de la diplomacia india.

Pero hay que ser cautos, y especialmente en esta zona del planeta nada es de un solo color. Este esperanzador acuerdo puede tener un efecto perverso que polarice aún más a los sectores yihadistas del mundo árabe enfrentándolos más aun si cabe al resto.

La posibilidad de que la región del Golfo Pérsico se convierta en el nuevo campo de batalla donde se enfrenten los proxies de Irán e Israel no puede descartarse por completo, especialmente en aquellas zonas controladas por los chiitas. No obstante, no es por el momento una opción probable.

Pero para India tiene mucha más importancia, si cabe, gestionar las implicaciones económicas del nuevo tratado. Con la cooperación en defensa y seguridad como pilares fundamentales, ambas partes comienzan ahora a contemplar el verdadero potencial económico que se abre al complementar sus economías.

Reacciones al tratado: escenarios   

Ante un hecho tan relevante como el relatado es de esperar que se produzcan reacciones en varias direcciones, y en función de estas la evolución de la situación puede ser diferente.

Los actores que pueden tener un papel relevante en los diferentes escenarios son EAU y la nueva alianza, Arabia Saudí, Irán, Turquía, Palestina y los Hermanos musulmanes.

No se puede olvidar que el trasfondo de este tratado es económico. Si su desarrollo tiene éxito el aporte de estabilidad a una región largamente castigada por todo tipo de conflictos y enfrentamientos se transformará en un aumento exponencial de las operaciones comerciales, trasvase de tecnología y la apertura de nuevas rutas y colaboraciones principalmente con el sudeste asiático.

El papel de EEUU será determinante en cualquiera de los escenarios que puedan plantearse, pero en cualquiera de ellos su posición será minimizar la presencia física y apoyar a los firmantes del tratado con acciones políticas, económicas y de defensa mediante el suministro de material militar.

El tratado tiene una fuerte componente económica fijada en el subcontinente indio y en el sudeste asiático. Esto no es sino un signo más de cómo el centro de gravedad geopolítico mundial se está situando en la región Asia-Pacífico y este es uno de los principales motivos del apoyo incondicional de EEUU.

Los miembros del gobierno de EAU han considerado tradicionalmente que las ideologías y políticas islamistas más radicales suponen una amenaza existencial para los valores fundamentales del país. Tanto el régimen sectario chiita en Irán como los Hermanos Musulmanes, grupo de corte sunnita, son vistos como una amenaza constante para la estabilidad de los poderes de la región.

Para EAU estos movimientos transnacionales son un catalizador para el radicalismo en toda la región.

Por todo lo anterior se pueden plantear como plausibles los siguientes escenarios:

Escenario 1

Por el momento, los más perjudicados en sus intereses por la nueva situación son los palestinos. Personalidades relevantes de la sociedad palestina, así como altos cargos de la Autoridad Palestina, han considerado el nuevo tratado como una traición. Como se ha mencionado, el problema palestino está pasando a un segundo plano en el mundo árabe.

Si, como se vaticina, en los próximos meses más países se unen al nuevo tratado, es posible que la Autoridad Palestina trate por todos los medios de volver a llevar a la actualidad sus reivindicaciones y su lucha. Para ello contaría con el apoyo de Irán y sus proxies y de Turquía. En esta situación, se empezaría por deslegitimar a los gobiernos de los países que se han alineado con EAU e Israel mediante una fuerte campaña de información a todos los niveles, con un uso masivo de redes sociales con la finalidad de movilizar a la población más sensible y afín a los palestinos. El objetivo sería promover manifestaciones y/o revueltas que crearan dudas en aquellos que aún no se han adherido al pacto. Estas dudas podrían llevar a un cambio de decisión o retraso en las nuevas adhesiones, o que estos nuevos candidatos a formar parte del tratado aumentaran las condiciones relacionadas con los palestinos para sumarse al mismo. Esta opción pasa por ser la más peligrosa por la posibilidad de generar disensiones o discusiones internas que llevaran a una implosión del mismo.

Puede considerarse un escenario probable de intensidad media/baja.

Escenario 2

La posición que tome Arabia Saudí es clave. Y será determinante para calibrar la reacción de Irán. En el ecosistema de Próximo Oriente, Irán es la potencia que más tiene que perder con esta nueva alianza. No puede olvidarse la lucha que existe por la hegemonía dentro del mundo musulmán. Y esta lucha, que no deja de ser religiosa, pues enfrenta a chiitas y sunnitas, tiene como principales protagonistas a Irán y Arabia Saudí.

Arabia Saudí es posible que se una al tratado, pero dada la situación, y en un intento de no tensar más la cuerda con su principal enemigo, puede tomar la decisión de no unirse al mismo, pero apoyarlo desde fuera con acuerdos puntuales o bilaterales. Siempre con el resto de países árabes miembros del mismo, que harían de puente para sus relaciones con Israel. Sería un modo de lavar la cara y evitar el reconocimiento expreso del Estado de Israel o sus relaciones directas con este. Hay que tener en cuenta las bolsas de mayoría chiita que hay en el país y que podrían ser espoleadas por Irán.

No obstante, y planteando el peor de los casos, Irán reaccionará a través de sus proxies, recrudeciendo su actividad en Yemen, tratando de promover protestas y revueltas dentro de Arabia Saudí, reforzando su apoyo a Hamas en Palestina y a Hezbollah en el Líbano e incluso a sus milicias en Irak.

El apoyo a las protestas que ya se han producido en Sudán formará también parte de esta campaña. Sudán es un país muy inestable, con unas estructuras de poder muy débiles que difícilmente podrán sofocar revueltas de alta intensidad.

El objetivo sería incendiar la región bajo la pantalla del apoyo al pueblo palestino con la finalidad de disuadir más adhesiones al tratado, así como minar la eficacia del mismo, dando la imagen de inestabilidad e inseguridad en la región. Ello hará desistir a posibles inversores de acercarse a EAU atraídos por las enormes posibilidades económicas que ofrece al tiempo que mantiene a Arabia Saudí ocupada con su flanco sur y sus problemas internos. No es descartable alguna acción sin autor claro o reconocido contra los buques que transitan por el Golfo, como ya ha sucedido, o el abordaje de alguno por parte de fuerzas iraníes bajo cualquier tipo de acusación o argucia legal. Acciones directas que involucren a fuerzas iraníes no son probables.

Turquía puede involucrarse proporcionando armas, tecnología e incluso combatientes mercenarios a cualquiera de las facciones que actúan como proxy de Irán.

Este escenario puede considerarse como posible y de intensidad media

Escenario 3

Irán necesita que, o bien los gobiernos, o bien la población de los diferentes países de Próximo Oriente continúen viendo en Israel a su principal enemigo y amenaza. Entre otros motivos porque es una narrativa de consumo interno que utiliza recurrentemente para desviar la atención de su propia población de otro tipo de problemas. Hasta el momento, el elemento aglutinador de esa forma de ver a Israel ha sido el conflicto palestino. Por lo tanto, es probable que se lleven a cabo acciones que provoquen una reacción de Israel. Estas acciones pueden ser dentro del propio Estado de Israel procedentes desde territorio palestino o libanés, siempre a cargo de los proxies de Irán. No se puede descartar alguna provocación que tenga como resultado un ataque de Israel sobre territorio árabe, seguramente contra Irán o Siria. El objetivo final no sería el Estado hebreo sino minar las bases del tratado, crear malestar social en los firmantes, evitar la adhesión de Arabia Saudí y volver a poder utilizar el conflicto palestino en su propio interés.

Este es un escenario posible y de alta intensidad. 

Conclusiones

La irrupción de EAU como una potencia geopolítica emergente en Oriente Próximo ha sido algo tan sorprendente como precipitado, pues no hace tanto los observadores internacionales no daban demasiada esperanza de vida a la nueva federación de pequeños estados que acababa de nacer.

Por el contrario, EAU y Abu Dhabi, su mayor y más próspero emirato, en particular, ha ido incrementando su posición durante la última década, jugando un papel determinante en la región. Hasta tal punto que, a día de hoy, se considera que las acciones de EAU son las que han facilitado en cierto modo los cambios a los que estamos asistiendo.

Por lo general, los políticos occidentales se sienten deslumbrados por el liberalismo que se percibe de EAU y por la capacidad de sus elites de hablar tanto literal como figuradamente su propio idioma. Es importante que se familiaricen con el modelo de EAU en todos sus aspectos y, lo que es la clave, que entiendan que Abu Dhabi espera ser tratado por todos de igual a igual. Tratar con EAU de esta manera y considerándolo un socio robusto y fiable significa también lanzarles el mensaje de la clara intención de apoyarles.

Una de las grandes consecuencias de este acuerdo puede ser la bajada de intensidad en el conflicto palestino, si no acabando con él, si limitándolo permanentemente. Durante generaciones, este conflicto ha sido utilizado por líderes políticos y religiosos a lo largo y ancho del mundo árabe y musulmán para distraer su atención de otros asuntos. Era un recurso fácil y siempre a mano. Pero ahora ya se reconoce que se trata de una disputa territorial entre dos pueblos, y las futuras negociaciones no tienen más remedio que ir por ese camino, poniendo el foco en el desfasado liderazgo de los palestinos.

Existe la nada desdeñable posibilidad de que el acuerdo alcanzado tenga un efecto dominó y arrastre a otros Estados de la zona a seguir los pasos de EAU, algo que en algunos casos sólo significaría hacer públicas las relaciones que de facto ya mantienen con el Estado de Israel. En este sentido, se conocen conversaciones entre el ministro de exteriores de Omán con su homólogo israelí justo después de la firma del tratado con EAU.

Así mismo, el Primer Ministro israelí mantuvo un encuentro con el líder sudanés Abdel Fattah Burhan, lo cual podría ser una señal de próximos movimientos en ese flanco también.

Aunque la filtración tuvo consecuencias para un alto funcionario sudanés, lo cierto es que el gobierno no negó los contactos. Y todo se ha confirmado cuando EEUU, al anuncio de la próxima salida de Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo, ha seguido el acuerdo entre Israel y Sudán para normalizar sus relaciones diplomáticas.

Desde hace años, la política de EEUU pasa por desmilitarizar su posición en Próximo Oriente; el coste de su presencia ha sido muy elevado frente a los beneficios que le reporta, además de generar cierta animadversión. Tanto EEUU como otros miembros del G8 apoyan a EAU como el líder económico de la región. Ese apoyo les proporciona la posición ideal para desplegar sus intereses económicos de la región (commodities, I+D & investment). 

Esta posición de apoyo EEUU/EAU (más algunos países del G8), fortalece el papel del país árabe en la región en materia política y por defecto militar, y de cierta forma le permite a sus nuevos aliados y valedores tener cierta influencia en organizaciones como la OPEP, CCG, Liga Árabe) y en países vecinos, pero desde una posición más árabe y menos occidental.

Referente al asunto de la compra de los F-35 por parte de EAU, es innegable que este asunto incomoda a Israel a pesar del cambio en las relaciones. El motivo principal es el temor a que se produzca una equiparación en capacidades militares que podrían ser peligrosos. No obstante, esto no será un obstáculo para el avance en los futuros acuerdos de paz y en el desarrollo de este. Una operación de tal envergadura llevaría años para materializarse y para entonces, las relaciones entre Jerusalén y Abu Dhabi se habrán consolidado. Es más, puede que incluso llegue a verse con buenos ojos por parte de Israel, dado que fortalecería las capacidades militares frente a sus principales oponentes en la región

Cada vez es más patente en el mundo árabe que Israel es demasiado pequeño como para albergar aspiraciones imperialistas, en contraste con países como Turquía e Irán, países ambos que formaron antiguos imperios, y que parecen tener la intención de tratar de restaurar aquello que una vez lograron o fueron.

En cambio, Israel, cada vez más, es visto como un país fuerte, próspero y lo suficientemente dinámico, que convierten la cooperación con Jerusalén en un movimiento inteligente que puede proporcionar beneficios a ambas partes.

Es posible que el acuerdo entre Israel y EAU haya sido impulsado en parte por el temor de ambos a los avances de Irán y al peligro que supone. Pero los beneficios que puede proporcionarles van mucho más allá de ese asunto.

Estos se extienden a posibilidades de inversiones económicas, financieras, turismo y especialmente a compartir know-how. EAU puede beneficiarse de la ventaja tecnológica y científica de Israel del mismo modo que Israel puede obtener rédito de la posición de EAU como centro de servicios internacionales y puerta fundamental de entrada hacia el subcontinente indio y el sudeste asiático.

En relación con la puerta de entrada al subcontinente indio, hay que tener en cuenta que para India la parte más importante del acuerdo es gestionar la faceta económica de las sinergias causadas por este.

EAU y Bahréin pueden convertirse en intermediarios de las exportaciones israelíes tanto de materias como de servicios a diversas partes del mundo.

Israel tiene una fuerte industria de defensa, seguridad y equipos de vigilancia. Es puntera en cultivos sobre terrenos áridos, energía solar, horticultura, alta tecnología joyería y productos farmacéuticos.

Es más, Israel tiene la capacidad de proveer de mano de obra muy cualificada y semicualificada a los países del GCC, especialmente si proceden de las etnias sefardí y mizrahim, muchos de los cuales hablan árabe. Incluso los árabes israelíes pueden encontrar oportunidades que ayuden a seguir tendiendo lazos y puentes que estrechen la división cultural.

La incursión de Israel en el Golfo tiene el potencial de influir en la arquitectura político-económica que India lleva años construyendo, siendo, por ejemplo, uno de los mayores proveedores de trabajadores, productos alimenticios, farmacéuticos etc.

Los mayores clientes del mercado inmobiliario de Dubái, así como el mayor número de turistas que visitan el país proceden de la India. Pero en este cambiante escenario hay margen para establecer sinergias a tres bandas, lo cual convierte a la India en un actor principal en este.

La conclusión final que se puede extraer a modo de valoración a futuro es que, sin duda, esta nueva relación será un modelo a seguir por otros Estados sunnitas que transformará una región estancada en conflictos del siglo XIX en uno de los centros de poder del siglo XXI.

* Teniente Coronel de Infantería. Analista de Geopolítica

BIBLIOGRAFÍA

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Arab Center for Research and Policy studies, “The Abraham Agreement: normalization of relations or announcement of an existing Emirati - Israeli alliance?”. Catar, Agosto 2020.

Karsh, Ephraim, ed., “The Israel-UAE Peace: A Preliminary Assessment”, Ramat Gan: The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University, Septiembre 2020

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Steinber, Guido, “Regional Powers, United Arab Emirates”, German Institute for International and Security Affairs, Berlin, Julio 2020.

La Administración Trump concluye su gestión de modo asertivo en la región y pasa el testigo a la Administración Biden, que parece apostar por el multilateralismo y la cooperación

Con el mundo parado a causa del Covid-19, el gigante asiático ha aprovechado para reanudar toda una serie de operaciones con el objetivo de expandir su control sobre los territorios aledaños a su línea de costa. Tales actividades no han dejado indiferente a Estados Unidos, que a pesar de su compleja situación interna ha tomado cartas en el asunto. Con las visitas de Mike Pompeo a lo largo de Asia Pacífico, la potencia norteamericana acrecienta el proceso de contención de Pekín, materializado en una cuádruple alianza entre Estados Unidos, Japón, India y Australia. El nuevo ejecutivo que la Casa Blanca estrenará en enero podrá implicar una renovación del actuar estadounidense que, sin romper con la Administración Trump, recupere el espíritu de la Administración Obama, esto es guiados por una mayor cooperación con los países de Asia Pacífico y apuesta por el diálogo.

▲ Pista aérea instalada por China en la isla Thitu o Pagasa, la segunda mayor de las Spratly, cuya administración hacía sido reconocida internacionalmente para Filipinas [Eugenio Bito-onon Jr]

ARTÍCULO / Ramón Barba

Durante la pandemia, Pekín ha aprovechado para reanudar sus actuaciones sobre las aguas de Asia Pacífico. A mediados de abril, China procedió a designar terrenos de las islas Spratly, el archipiélago de Paracel y el banco Macclesfield, como nuevos distritos de la ciudad de Sansha, población de la isla china de Hainan. Esa adscripción administrativa causó la subsiguiente protesta de Filipinas y Vietnam, quienes reclaman la soberanía de esos espacios. La actitud de Pekín ha venido aparejada de incursiones y sabotajes a los barcos de la zona. Véase el hundimiento de un pesquero vietnamita, cosa que China desmiente argumentando que había sufrido un accidente y que estaba llevando a cabo actividades ilegales.

Las actuaciones China desde el verano han ido aumentando la inestabilidad en la región mediante ejercicios militares cerca de Taiwán o enfrentamientos con la India debido a sus problemas fronterizos; por otro lado, a la oposición filipina y vietnamita hacia los movimientos chinos cabe aunar la creciente tensión con Australia después de que este país pidiera que se investigara el origen del COVID-19, y el incremento de las tensiones marítimas con Japón. Todo ello ha llevado a una respuesta por parte de Estados Unidos, quien se postula como defensor de la libre navegación en Asia Pacífico justificando así su presencia militar, haciendo énfasis en que la República Popular China no está a favor de ese libre tránsito, ni de la democracia ni del imperio de la ley.

EEUU mueve ficha

Las tensiones entre China y Estados Unidos con relación a la presente disputa han ido in crescendo durante todo el verano, incrementando ambos su presencia militar en la zona (además, Washington ha sancionado a 24 empresas chinas que han ayudado a militarizar el área). Todo ello se ha traducido recientemente en las visitas llevadas a cabo por el secretario de Estado Mike Pompeo a Asia Pacífico a lo largo del mes de octubre. Previamente a esta ronda de visitas, este había hecho declaraciones en septiembre en el Cumbre Virtual de ASEAN instando a los países de la región a limitar sus relaciones con China.

La disputa por tales aguas afecta a Vietnam, Filipinas, Taiwán, Brunéi y Malasia, países que, junto con India y Japón, fueron visitados por Pompeo (entre otros) con el objeto de asegurar un mayor control sobre la actuación de Pekín. Durante su gira, el secretario de Estado norteamericano se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores de India, Australia y Japón para unir fuerzas contra el gigante asiático. Seguidamente, Washington firmó en Nueva Delhi un acuerdo militar de intercambio de datos satelitales para rastrear mejor los movimientos chinos en la zona, y realizó una visita de estado a Indonesia. Recordemos que Yakarta se caracterizaba hasta el momento por una creciente amistad con Pekín y un empeoramiento de la relación con Estados Unidos con motivo de un decremento en las ayudas del programa Generalized System of Preferences (GSP). No obstante, durante la visita de Pompeo, ambos países acordaron una mejora de sus relaciones mediante una mayor cooperación en lo regional, contratación militar, inteligencia, entrenamientos conjuntos y seguridad marítima.

Por ende, este movimiento de ficha por parte de Washington ha implicado:

• La consolidación de una cuádruple alianza entre India, Japón, Australia y Estados Unidos que se ha visto materializada en los ejercicios militares conjuntos en la Bahía de Bengala a principios de noviembre. Cabe recordar que esto se suma a los aliados tradicionales de Washington en la zona (Filipinas, Singapur y Tailandia). Además, queda abierta la posibilidad de una mayor unión con Vietnam.

• La ampliación de su presencia militar en la zona, aumentando el flujo de material vendido a Taiwán destacando también las visitas de altos funcionarios de Washington a lo largo de julio y los meses siguientes.

• Retorno del destructor USS Barry a las aguas del Mar del Sur de China con el objetivo de servir como símbolo de oposición a la actuación china, y como defensor de la libertad de navegación, la paz y la estabilidad.

• Indonesia moverá su Fuerza de Combate Naval (permanentemente asentada en Yakarta) a Natuna, islas fronterizas con el Mar del Sur de China, ricas en recursos naturales y disputadas entre ambos países.

• ASEAN se posiciona como defensor de la paz y estabilidad y a favor del UNCLOS 1982 (el cual establece el marco legal que rige para el derecho del mar) durante la cumbre celebrada en Vietnam entre el 12-15 de noviembre.

La ratio decidendi detrás de la actuación china

Como primer acercamiento a la ratio decidendi que hay detrás de la actuación china, cabe recordar que desde 2012, aprovechando la inestabilidad regional, el gigante asiático aludía a su derecho histórico sobre  los territorios del mar Meridional para justificar sus actuaciones, argumentos desestimados en 2016 por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. En base al argumento de que, en su día, pescadores chinos frecuentaban la zona, se pretendía justificar la apropiación de más del 80% del territorio, confrontando desde entonces a Pekín con Manila.

Por otro lado Luis Lalinde, en su artículo China y la importancia de dominar el Mar Circundante (2017) da una visión más completa del asunto, aludiendo no solo a motivos históricos, sino también a razones económicas y geopolíticas. En primer lugar, más de la mitad de los hidrocarburos de los que se abastece China transitan por la región de Asia Pacífico, la cual constituye a su vez el principal polo económico mundial. A ello cabe aunarle que Pekín se ha visto muy marcado por el “siglo de las humillaciones”, caracterizado por una falta de control de los chinos sobre su territorio con motivo de invasiones de origen marítimo. Por último, el dominio de los mares junto con el ya alcanzado peso continental, son vitales para la proyección hegemónica de China en un área de cada vez mayor peso económico a nivel mundial. Por ello se establece el denominado “collar de perlas” para la defensa de intereses estratégicos, de seguridad y abastecimiento energético desde el Golfo Pérsico hasta el Mar del sur.

Los argumentos de Lalinde justifican la actuación china de los últimos años, no obstante, Bishop (2020), afirma en el Council on Foreign Relations que la razón detrás de la reciente actitud china se debe a cuestiones de inestabilidad interna en tanto que un pequeño sector de la intelectualidad china se muestra crítico y desconfiado con el liderazgo de Xi. Argumentando que la pandemia ha debilitado la economía y el Gobierno chino por lo que mediante acciones de política exterior debe aparentar fortaleza y vigorosidad. Por último, cabe tener en cuenta la importancia del control de los mares en relación con el proyecto de la Ruta de la Seda. En su vertiente marítima, China está haciendo una gran inversión en puertos del Índico y del Pacífico que no descarta utilizar para fines militares (véase los puertos de: Sri Lanka, Myanmar y Pakistán). De entre los principales opositores a esta alianza encontramos a Estados Unidos, Japón y la India, también en contra de la beligerante actitud china, como se ha visto.

Era Biden: oportunidades en un escenario complicado

La presidencia de Joe Biden va a estar marcada por grandes retos, tanto internos como externos. Estamos ante un Estados Unidos marcado por una crisis sanitaria, con una sociedad cada vez más polarizada y con una economía cuya recuperación, a pesar de las medidas adoptadas, presenta dudas de si será “en V” o “en W”. Además, las relaciones con Iberoamérica y Europa se han ido deteriorando, producto de las medidas tomadas por parte del presidente Trump. 

La relación entre China y EEUU ha ido fluctuando en los últimos años. La Administración Obama, consciente de la importancia que la región de Asia Pacífico ha ido alcanzando, aunada a la oportunidad que la Ruta de la Seda presenta para que Pekín expanda su dominio económico y militar, planteó en su segundo mandato su política de Pivot to Asia, comenzando a financiar y dotar de ayudas a países de la región. Durante los años de la Administración Trump, la relación con Pekín se ha deteriorado bastante, lo que pone a Biden en un escenario en el que tendrá que enfrentarse a una guerra comercial, a la carrera tecnológica en la batalla por el 5G, así como a cuestiones de seguridad regional y de derechos humanos.

Los países de la región exigen una respuesta efectiva por parte del gigante norteamericano para contener a China en la que se vea materializada la promesa de Washington sobre una zona de navegación libre y abierta. No obstante, Estados Unidos tiene que ser prudente, ya que, a excepción de Vietnam, Filipinas, y en parte Indonesia y Singapur, el resto de países de la región no sienten con urgencia la necesidad de una intervención americana. Sin embargo, a excepción de Camboya, el resto de los países tampoco aprueban la posibilidad de una hegemonía china.

Por lo general, los expertos apuntan a que en medio de esta tormenta el nuevo presidente estadounidense adoptará una actitud cuanto menos precavida pero continuista. Seguramente, en línea con la Administración Obama, se tienda a una apuesta por el multilateralismo, las alianzas de tipo económico y la integración regional sin ejercer una actitud autoritaria, rebajando la agresividad de la Administración Trump, pero siendo firmes en su postura. Todo ello implica buscar diferentes áreas en las cuales cooperar como puede ser cambio climático, la reducción de las Misiones de Freedom of Navigation o el aumento de actividades de Capacity Building.

Una mirada a un futuro cercano

Habrá que estar atentos a los últimos coletazos que pueda dar la Administración Trump en relación a este conflicto, así como a las medidas que Biden adopte durante sus primeros meses de Gobierno. No obstante, todo apunta a que, en esta situación de creciente tensión, Washington adoptará una postura cautelosa. Como hemos visto, los viajes de Pompeo han servido a Estados Unidos para reafirmar su presencia en la zona, asumiendo un rol de liderazgo, dando la respuesta que algunos países como Filipinas desean. Ahora bien, aunque, como se ha dicho, habrá que estar pendientes del correr de los próximos meses, con las bases ya asentadas, lo más probable es que Biden continúe la línea de la Administración Trump pero matizada por una apuesta por la integración regional, multilateralismo, la diplomacia y la cooperación económica para así ganar nuevos apoyos, fortalecer sus alianzas y contener a Pekín, justificando así su presencia en la zona como única potencia capaz de aglutinar fuerzas regionales para evitar una temida hegemonía china.

Surgido en 2008, el Ejército del Pueblo Paraguayo ha creado un conflicto que se ha cobrado ya un centenar de muertos

Las guerrillas marxistas en Latinoamérica son propias del pasado. Esa convicción llevó a subestimar el surgimiento en 2008 del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que desde entonces ha realizado un centenar de acciones violentas, sobre todo en zonas rurales del nordeste del país. El conflicto se ha cobrado un centenar de muertos y otros tantos heridos; también ha habido secuestros de personalidades, que le han dado al EPP especial eco informativo. La creación de un controvertido cuerpo especial militar-policial no ha logrado el objetivo de terminar con el grupo, lo que genera críticas a la gestión del problema por parte del Gobierno.

ARTÍCULO / Eduardo Villa Corta

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) fue considerado desde su surgimiento como un grupúsculo de radicales que apenas tendría recorrido. Sin embargo, en apenas diez años se ha convertido en una organización capaz de confrontar al Estado paraguayo: ha protagonizado un centenar de acciones terroristas, entre ellas una decena de secuestros, causando unos sesenta muertos y unos cien heridos.

Zonas de influencia del EPP (rojo claro) y lugares donde ha habido bases del grupo (rojo oscuro) [Mikelelgediento]

Con un número de activistas que va desde la treintena de su núcleo duro a los doscientos si se consideran sus redes de apoyo, el EPP lleva varios años siendo un problema para el Gobierno, que no logra desarticularlo: en enfrentamientos con las fuerzas del orden han muerto 30 militantes y se ha detenido a un centenar, pero la imagen que ofrecen las autoridades es de ineficacia. En el haber negativo del Gobierno paraguayo está, además, el que no tomara en serio la amenaza que suponían la constitución del grupo y sus primeras acciones.

El EPP se formó oficialmente el 1 de marzo de 2008. Aunque, sus fundadores y los principales cabecillas ya habían planeado la creación de este grupo con anterioridad a esta fecha; sus raíces se remontan a 1992 y el Partido Patria Libre, como ha documentado el investigador Jeremy McDermott. El EPP se presenta como un grupo armado contra el sistema parlamentario “liberal burgués”, pero sobretodo es un movimiento marxista que promueve el levantamiento del campesinado de Paraguay, de ahí que intente su arraigo en la zona rural del nordeste del país.

La victoria presidencial en 2008 de Fernando Lugo al frente de una alianza de izquierda, poniendo fin a seis décadas de dominio político del Partido Colorado, pudo alentar la constitución del EPP, que luego creyó justificada su actuación con la destitución de Lugo en 2012 mediante un controvertido juicio político llevado a cabo por el Parlamento y que fue etiquetado por los partidarios de Lugo como golpe de estado.

El primer ataque del EPP, el 16 de marzo de 2008, consistió en la quema de maquinaria agrícola en el departamento de Concepción. El siguiente fue en diciembre de ese mismo año, con el ataque a un cuartel en Tacuatí, en el departamento de San Pedro. Desde entonces, sus movimientos se han centrado especialmente entre el sur del primero de esos departamentos y el norte del segundo.

A pesar de tratarse de una zona más o menos delimitada, la desarticulación del EPP no es fácil porque su modus operandi del EPP hace impredecible sus movimientos. Esto se debe, como explica McDermott, a que el grupo no actúa como otras organizaciones insurgentes, como ha sido el caso de las FARC. El núcleo del EPP está compuesto por unos treinta combatientes a tiempo completo, la mayoría con vinculaciones familiares. Estos son dirigidos por los cabecillas Alcides Oviedo y su esposa Carmen Villalba, que se encuentran en la cárcel; uno de los líderes en el terreno es Oswaldo Villalba. Además, existen unos cincuenta activistas a tiempo parcial, una red logística que podría llegar a doscientas personas y simpatizantes locales que, sin implicarse mucho con la causa, brindan información sobre operaciones de búsqueda de las fuerzas de seguridad. El grupo sufrió en 2014 la escisión de una de sus columnas, que pasó a denominarse Asociación Campesina Armada (ACA) y en 2018, de acuerdo con las autoridades, el EPP se dividió en dos grupos para afrontar la presión de las fuerzas de seguridad.

Las cifras mencionadas hablan de un grupo en realidad pequeño, lejos de los 8.000 integrantes que tenían las FARC en 2016 en el momento de su desmovilización o de los 4.000 miembros con los que en la actualidad cuenta el ELN en Colombia; también de los 3.000 que se llegaron a atribuir al chileno Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Aunque el EPP guarda más similitud con este último, su cese operacional en 1999 dejó a las FARC como principal grupo para el entrenamiento de quienes luego crearían el EPP, como quedó en evidencia en la documentación hallada en el ordenador del cabecilla de las FARC Raúl Reyes y el secuestro de la empresaria Cecilia Cubas, hija de un expresidente paraguayo, a finales de 2004.

Esa acción marcó lo que ha sido una línea de actuación del EPP. Desde 2008, además de extorsiones y asaltos con el fin de financiarse, el grupo ha realizado secuestros con el fin también de un mayor impacto en los medios. Estos se han hecho sobre familiares de expresidentes del país o de personalidades de un alto perfil político, por cuya liberación se han pedido rescates que han superado los cinco millones de dólares, aunque en las negociaciones se han acordado cifras más bajas. Usualmente se acuerda entregar parte del dinero en efectivo y parte en víveres para los pueblos aledaños a la zona de operaciones del EPP.

El grupo también ha realizado extorsiones y asaltos en esas zonas en las que opera, exigiendo “impuestos revolucionarios” a hacendados y ganaderos, a quienes además les roban ganado y comida para satisfacer las necesidades de sustento diario de la organización.

Otras destacadas acciones llevadas a cabo por el EPP son atentados con bombas. Por ejemplo, hubo un atentado contra la Corte Suprema de Justicia, en Asunción, en los inicios de las operaciones del grupo. Un ataque más reciente fue el perpetrado el 27 de agosto de 2016 contra un vehículo militar en la zona este de Concepción: los explosivos estallaron al paso del convoy y luego los terroristas liquidaron a los sobrevivientes con armas de fuego; en el atentado murieron ocho militares. Según las autoridades, este hecho marcó un salto en las operaciones del EPP, pasando de ser un grupo que busca recursos económicos a una organización con mayor capacidad operativa y militar.

Para hacer frente al EPP el presidente Horacio Cartes creó en 2013 la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ante la evidencia de que la actuación policial no resultaba efectiva, en parte por posibles casos de corrupción interna. La FTC está compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas, bajo el mando de un militar y directamente dependiente del presidente. El carácter más expeditivo de esa unidad ha generado alguna controversia en el debate social y político.

La operación más reciente del EPP ha sido el secuestro del ex vicepresidente paraguayo Óscar Denis, el 9 de septiembre de 2020. Para la liberación de Denis, dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico y activo participante en la destitución de Lugo, los terroristas reclaman la excarcelación de sus líderes, Alcides Oviedo y Carmen Villalba, además de la entrega de víveres para las áreas rurales en las que operan. El plazo puesto por la organización venció pocos días después sin que el Gobierno atendiera su petición. Ha habido movilizaciones ciudadanas exigiendo la libertad de Denis y la situación se sigue en el país con preocupación, poniendo en un aprieto al presidente Mario Abdo Benítez.

[Francisco Cancio, Enmienda: una revisión de la causa y el actuar argentino en la Guerra de las Malvinas (Náutica Robinsón: Madrid, 2020), 406 págs.]

RESEÑA / Ignacio Cristóbal *

Nos encontramos ante un libro excelente que analiza algunas cuestiones controvertidas de la Guerra de las Malvinas (1982). El autor, Francisco Cancio, es un experto en la materia y ha hecho una concienzuda búsqueda de información a lo largo de los años en sus visitas a Argentina y el Reino Unido.

No es un libro de la historia de la Guerra de las Malvinas; hay otros manuales que la explican muy bien, pero aquí el autor ha pretendido otra cosa. Quien abra el libro debe tener ciertos conocimientos de lo que aconteció entonces el Atlántico Sur o bien procurárselos antes de adentrarse en sus páginas.

En mi caso, no resultó difícil que la lectura del libro me “enganchara”. Por los datos que el autor da, él tuvo experiencias parecidas a las mías. Yo también veía aquellos telediarios de la primavera de 1982 sentado junto a mi padre, militar; para nuestra generación fue nuestra primera guerra. Y como él, que en sus viajes al Reino Unido, imagino que para practicar la lengua inglesa, buceaba en las librerías británicas en busca de documentación, yo también me informé sobre las Malvinas cuando estuve por aquellas tierras perfeccionando el inglés, acudiendo a museos y librerías y a los barracks de Colchester, ciudad en la que pasé dos veranos, para hablar con veteranos del conflicto. Se perdonará por tanto que, por esta implicación personal, aquí deje ir un tanto mi simpatía hacia el bando argentino, sin dejar de admirar la profesionalidad mostrada por las tropas británicas.

La Guerra de las Malvinas fue una guerra completa desde el punto de vista militar. Hubo combates aéreos y navales; intervención de submarinos y de satélites; operaciones de desembarco y terrestres de unidades de operaciones especiales, así como de acciones de unidades a nivel de batallón. Es muy de agradecer que el primer capítulo, titulado “Génesis”, a la vez que va introduciendo el conflicto empiece a “pinchar globos” sobre la verdadera razón de ir a la guerra.

Y se suceden los capítulos con cuestiones como los “Super Etendart y los Exocet”, donde nos imaginamos a los pilotos navales argentinos entrenándose en la Bretaña francesa y dejando el pabellón muy alto, como debió ser. El interés aumenta cuando el autor se mete de lleno en las operaciones de inteligencia para conseguir “armar”, sin “libro de instrucciones”, los misiles que ya estaban en Argentina. El gobierno de Francia tuvo un papel complicado en el conflicto, pero primó lo diplomático (era miembro de la OTAN) sobre lo comercial. Fueron los técnicos franceses desplazados a Argentina los que dieron el “do de pecho” poniéndose del lado argentino y haciendo malabares para no crear más problemas en el equilibrio internacional.

El capítulo sobre las operaciones terrestres es excelente y rompe una lanza a favor de las fuerzas argentinas que tuvieron que vérselas con el enemigo y con la falta de apoyo logístico desde el continente. Aquellos días se produjo un debate en la opinión pública sobre la dicotomía “ejército de conscriptos” frente a “ejército profesional”. Queda claro en el capítulo el daño que infringieron los argentinos a los reconquistadores, pero también su situación adversa: la falta de medios básicos para la resistencia, el contraataque y, por qué no decirlo, el hambre y el frío. 

La parte naval se aborda en dos interesantes capítulos en los que se narra la historia del submarino “San Luis”, que estuvo molestando a la flota británica durante toda la contienda. Si no hubiera habido guerra, ese submarino se hubiera quedado en puerto. Este es el nivel de aquellos bravos submarinistas. El otro capítulo es sobre el fallido encuentro, por la falta de viento, de las dos flotas. Es posiblemente uno de los momentos más críticos de la contienda. De haber habido viento, los A-4 Skyhawk de la Armada Argentina podrían haber hecho volver a la flota británica a sus puertos de origen.

Capítulo aparte es “La guerra en los cielos”, que recoge algunas de las operaciones con más coraje de los pilotos argentinos aquellos días. El autor nos pone en las cabinas de los cazas cuyas imágenes todavía nos ponen los pelos de punta. Sin querer desvelar nada al lector, la entrevista con el exjefe de la Fuerza Aérea Argentina aquellos días es para mí lo mejor del libro. No hay que olvidar que fue miembro de la Junta militar y los datos que revela sobre la “ayuda rusa” son muy interesantes y desconocidos.

Y finalmente el esperado capítulo “El ataque al Invencible”, que se ocupa de la acción de guerra probablemente más comprometida de toda la contienda. El autor analiza escrupulosamente la operación de ataque a uno de los dos portaviones británicos, el Invencible, con una claridad que hace evidente que algo pasó.

“Enmienda” es, pues, un libro muy recomendable para quienes ya tienen un cierto conocimiento sobre la Guerra de las Malvinas, pero al mismo tiempo puede provocar la curiosidad en otras personas que, sin estar iniciadas en este conflicto, pueden ayudarse en la lectura consultado informaciones básicas disponibles en internet. Fue una contienda singular, en la que un país al sur del mundo puso en jaque a la segunda potencia de la OTAN, ayudada sin límites por la primera y por un país vecino. Como dijo en sus memorias el Almirante Woodward, comandante de la flota británica: “la gente no sabe lo cerca que estuvo Gran Bretaña de perder la guerra”. Buen epitafio final de un profesional de la milicia que seguro reconoció la profesionalidad, valía y arrojo del enemigo.

* Experto en asuntos militares

[Iván Garzón, Rebeldes, Románticos y Profetas. La responsabilidad de sacerdotes, políticos e intelectuales en el conflicto armado colombiano (Bogotá: Ariel, 2020) 330 págs]

RESEÑA / Paola Rosenberg

El libro “Rebeldes, románticos y profetas” escrito por Iván Garzón muestra el papel jugado por sacerdotes, políticos e intelectuales en el conflicto armado interno en Colombia y la responsabilidad que tuvieron en él. Una guerra que marcó al país en el ámbito político, económico, social e ideológico. Los movimientos revolucionarios en América Latina se caracterizaron por el uso de la violencia y el empleo de las armas para llegar al poder; más o menos fuertes según los países, los grupos guerrilleros tuvieron en cualquier caso una gran influencia en el devenir de los acontecimientos en la región durante la segunda mitad del siglo XX. El ensayo de Garzón, profesor de Teoría Política en la Universidad de La Sabana, se enfoca especialmente en el papel de la Iglesia Católica en los diferentes movimientos y en las ideas y acciones contradictorias que sostuvieron el conflicto en el tiempo [así resume él su propósito en este vídeo].

“Rebeldes, románticos y profetas” cuestiona y critica la responsabilidad de estos grupos en torno al recurso de la violencia y del uso de las armas para lograr un cambio social en Colombia. Iván Garzón reta a los participantes del conflicto armado en Colombia a reflexionar sobre su rol en el mismo y de igual manera a asumir su responsabilidad para construir una mejor sociedad. Además, el libro pretende abrir un debate sobre el pasado, el presente y el futuro del papel y la influencia de la Iglesia Católica y de los intelectuales en la sociedad.

Las olas revolucionarias en Latinoamérica en aquellos años se fortalecieron gracias a las ideas marxistas de la época. Aquellas ideas defendían que el desarrollo económico de los países tercermundistas no era posible sin una ruptura del mercado capitalista; debido a la desigualdad social y la lucha de clases. Por ello se debía advocar por el uso de la violencia y así llegar al poder. Tras el triunfo en la revolución cubana en 1959, las ideas guerrilleras se fueron expandiendo con rapidez por toda América Latina. Cuba demostró que la revolución era posible: mediante la lucha armada y las ideas marxistas se podía lograr un desarrollo social. Así fue como empezaron a surgir los fuertes movimientos revolucionarios en estos países. Colombia definitivamente no fue una excepción.

Uno de los jóvenes y principales protagonistas mencionados en el libro es Camilo Torres, quien fue arrastrado por las olas revolucionarias en Colombia. También conocido como “el cura guerrillero” o el “Che Guevara de los cristianos”, Torres fue un líder muy influyente en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Un sacerdote guerrillero, héroe para unos, pero villano para los otros. Con solo 37 años, murió en un enfrentamiento de tropas el 15 de febrero de 1966, un año después de haberse unido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Dispuesto a sacrificar su vida y empuñar las armas por su país y el cambio social, Torres afirmaba que la revolución era inevitable y había que contribuir a ella. Distintos intelectuales valoran su figura en el libro: unos critican al sacerdote por su “fracaso” y su decisión incorrecta al tomar las armas, otros lo justifican al señalar que se sometió ante una “guerra justa”.

Camilo Torres representa al grupo de los rebeldes, a los que el autor describe como los “guerreros de una revolución fallida”. Estos utilizaban las armas desde un compromiso muchas veces religioso. Justificaban la violencia y la veían como una representación del honor, la valentía y la entrega. Los rebeldes decidieron tomar las armas, salir al monte e incorporarse a la guerrilla para darle eficacia a la fe cristiana y ayudar a los pobres. Muchos de estos rebeldes como Torres se centraban en el mandato principal del cristianismo de amar al prójimo. Sentían la obligación de colaborar para lograr un cambio radical en las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Deseaban una sociedad más justa y sacrificaban su vida para lograrla, sin importar los medios. Muchos llegaron a la conclusión que la única manera de obtener este cambio era a partir de la lucha violenta. Su actuación muestra cómo las ideas dominantes de la época justificaban el uso de la violencia, yendo en contra de las ideas puramente cristianas.

En el conflicto también hubo el grupo de los “románticos”, aquellos que aprobaban la causa, la respetaban, pero no se ensuciaban las manos. Fueron sacerdotes, políticos e intelectuales que intervinieron en el debate moral e intelectual para justificar las razones de la revolución. Eran los apasionados, las mentes detrás de los actos que influenciaban directamente a los guerreros que se iban al monte a luchar.

Por último, se encontraban los “profetas”: los sacerdotes, políticos e intelectuales que se opusieron completamente a la lucha armada y al uso de la violencia para la lograr cambios en la sociedad. Los profetas se negaron a hacer un pacto con el diablo y traicionar los valores morales de la Iglesia. Pensaban que existían otros medios para alcanzar la justicia social; medios pacíficos y sin sangre. En fin, estos fueron los que tuvieron la razón; fue una lucha inútil, costosa y sin victoria.   

En conclusión, tanto los rebeldes como los románticos encontraban en sus visiones morales y políticas una justificación plena del uso de la violencia. Los profetas nunca aprobaron esta causa, sino que la criticaron enfatizando su carácter secularizado y contradictorio. Iván Garzón pretende abrir un debate sobre la legitimidad o ilegitimidad del uso de la violencia como medio político para alcanzar la justicia.

Hoy en día, la palabra revolución sigue siendo vinculada a la violencia debido a los muchos conflictos traumáticos vividos por numerosas naciones latinoamericanas. En Colombia, como en muchos otros países, los revolucionarios ganaron en el ámbito ideológico, pero no en el práctico. Por esta razón, se puede concluir que en general los conflictos violentos internos solo conducen a desestabilizar los países y a acabar con vidas inocentes. El libro intenta hacer reflexionar a los religiosos e intelectuales participantes en el conflicto armado sobre su responsabilidad o culpabilidad en el mismo. Esta discusión entre la crítica o la justificación de la lucha armada sigue siendo hoy en día necesaria debido a la constante amenaza de las instituciones democráticas en América Latina.

El deterioro de la situación del pequeño país mediterráneo beneficia a Hezbolá y a su patrón, Irán

Con cuatro primeros ministros diferentes en lo que va de año, resulta difícil escapar del círculo vicioso en el que se halla el Líbano, de modo que la continuidad del sistema político actual y la grave crisis financiera parecen inevitables. De esta perpetuación resultan algunas posibilidades, sombrías casi todas, para el futuro libanés. He aquí algunos de esos escenarios.

▲ Estado del puerto de Beirut tras la explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 [Mehr News Agency/Wikipedia]

ARTÍCULO / Salvador Sánchez Tapia

Decir que el sistema político libanés es disfuncional no es ninguna novedad. Basado en un equilibrio de poder sectario establecido en 1989 al cabo de una larga guerra civil, perpetúa la existencia de redes clientelares, favorece la corrupción, lastra el desarrollo económico del país y dificulta la creación de una identidad nacional libanesa transversal que trascienda las confesiones religiosas.

De un tiempo a esta parte, el Líbano vive inmerso en una crisis económica y social de tal magnitud que lleva a no pocos analistas a preguntarse si nos encontramos ante un nuevo caso de estado fallido. En octubre de 2019, el país se vio sacudido por una ola de manifestaciones que el propio Gobierno consideró sin precedentes, desatada por el anuncio del Ejecutivo de hacer frente a la grave crisis económica con varias medidas impopulares entre las que se encontraba la de gravar con un impuesto el uso de la popular aplicación Whatsapp. Las protestas, concentradas inicialmente en esta cuestión, incorporaron pronto quejas contra la corrupción rampante, el descontrolado incremento del coste de la vida, o la falta de empleo y oportunidades que vive el país.

Esta presión popular forzó la dimisión del Gobierno de unidad dirigido por Saad Hariri a finales de ese mismo mes. El Ejecutivo fue sustituido en enero de 2020 por un Gobierno de perfil más técnico que el anterior, y dirigido por el exministro de educación Hassan Diab. El nuevo Gobierno tuvo poco margen de maniobra para introducir reformas antes de que se declarase la pandemia por coronavirus, y pronto se vio acosado por la misma presión en la calle que había derrocado el Gobierno anterior, con manifestaciones que continuaron a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia.

La devastadora explosión de comienzos de agosto de 2020 en el puerto de Beirut no hizo sino hundir más al país en la espiral descendente en la que ya estaba sumido. A pesar de las voces que trataron de ver la mano de Israel o la de Hezbolá detrás de la catástrofe que costó la vida a 163 personas, la población libanesa pronto intuyó que esta no era sino la consecuencia lógica de años de corrupción, desidia burocrática  y abandono de la infraestructura nacional. De nuevo se produjo un crescendo de indignación popular; de nuevo el Gobierno se vio forzado a dimitir en pleno.

Con los ecos de la explosión aún vivos, a finales del mes de agosto, Mustafa Adib, exembajador del Líbano en Alemania, recibió del presidente Aoun el encargo de formar Gobierno. Incapaz de culminar tan ardua tarea, entre otras razones por culpa de la insistencia de Hezbolá en controlar el Ministerio de Hacienda, el 26 de septiembre Adib renunció al encargo y presentó su dimisión, dejando al país al borde del precipicio en el que todavía se encuentra.

Es difícil hacer pronósticos sobre el futuro del Líbano, más allá de augurar que se antoja sombrío, pues una compleja dinámica de fuerzas internas y externas atenazan al país. A pesar de la presión que, al menos desde la urbanizada y cosmopolita Beirut, se hace para acabar con ella, resulta enormemente complejo desenredar la tupida madeja de redes clientelares que han controlado el país desde su independencia, no solo por los beneficios que ha generado a un reducido grupo de privilegiados, sino también porque muchos temen las alternativas a un modelo que, con todos sus defectos, ha evitado una reproducción de la salvaje guerra civil que se vivió entre 1975 y 1990.

Su situación geográfica complica al Líbano la tarea de sustraerse al clima de inestabilidad general que reina en Oriente Medio, y a la influencia que ejercen sobre el país actores regionales e internacionales como Israel, Irán, Siria, o Francia, máxime si se considera que los problemas del estado levantino son tan profundos, y su liderazgo nacional tan débil, que no parece sea capaz de superarlos por sí solo.

El drama del Líbano es que su propia división sectaria hace difícil que surjan naciones dispuestas a donar con criterios transversales que ayuden a superar la brecha que divide internamente al país, y que la ayuda que pueda recibir de actores como Irán o Arabia Saudita, no hace sino apuntalarla. Los esfuerzos del presidente francés, Emmanuel Macron, autoerigido como impulsor de la reconstrucción libanesa, no parecen, por el momento, ganar momento. En la conferencia de donantes que convocó el 9 de julio con quince jefes de estado, obtuvo contribuciones por valor de 250 millones de dólares para revitalizar la mortecina economía libanesa. Mientras, el alcalde de Beirut estima que el montante de la reconstrucción por la explosión de agosto en el puerto de la capital asciende a una cifra que sitúa entre los 3.000 y los 5.000 millones de dólares.

Como imagen especular de esta dificultad, las comunidades libanesas, cómodamente instaladas en el statu quo, rechazan una ayuda, sin duda necesaria, si sienten que puede ir en detrimento de sus respectivas bases de poder. Hezbolá, por ejemplo, no acepta los programas del FMI, complicando la consecución del consenso nacional necesario que facilite el apoyo de esta institución. Resulta difícil escapar de este círculo vicioso, de modo que la continuidad del sistema político actual, y con él la de la grave crisis financiera libanesa, parecen hechos inevitables. De esta perpetuación resultan algunas posibilidades, sombrías casi todas, para el futuro libanés. La primera de ellas es que el Líbano continúe precipitándose por el plano inclinado que la está convirtiendo en un estado fallido, y que esta condición acabe por provocar una guerra civil precipitada por sucesos similares a los sucedidos durante la Primavera Árabe en otros estados de la región. Esta eventualidad resucitaría los fantasmas del pasado, produciría una inestabilidad regional difícilmente mensurable pero que, sin duda, provocaría la intervención de actores regionales e internacionales, y podría acabar desmembrando el país, resultado este último que no haría sino sembrar la semilla de más inestabilidad en toda la región.

Sin llegar a ese extremo, el desorden interno puede llegar a quebrar el precario equilibrio de poder sobre el que se basa la vida política libanesa, en beneficio de alguno de sus grupos sectarios. Hezbolá, líder indiscutible de la fracción chií del país, aparece aquí como el grupo más organizado y fuerte dentro del país y, por tanto, como el que más podría ganar de esta quiebra. Debe tenerse en cuenta que, además de con el apoyo de la práctica totalidad del 27 por ciento de chiitas libaneses, la organización-milicia es vista de forma favorable por muchos miembros de la dividida comunidad cristiana –algo más de un 45 por ciento de la población del país– que anteponen su anhelo de orden y seguridad interna en el país a otras consideraciones. Sabedor de ello, el líder de Hezbolá, Hasan Nasrallah, se muestra moderado en sus propuestas, viendo en la comunidad sunnita, apoyada por Arabia Saudita, a su verdadero rival, y tratando de ampliar su base de poder.

Irán sería, sin duda, el verdadero triunfador de este escenario, pues no parece realista pensar en un Hezbolá que, una vez alcanzada la mayoría de edad, pase a tener una vida propia al margen del régimen de los ayatolás. Teherán completaría, con esta nueva pieza, el arco chiita que conecta Irán con Irak y, a través de Siria, con el Mediterráneo Oriental. Los efectos desestabilizadores de tal situación, sin embargo, no pueden ser subestimados si se tiene en cuenta que la sola posibilidad de que la República Islámica de Irán se haga con el control absoluto del Líbano constituye un casus belli para Israel.

En una nota positiva, la grave crisis que atraviesa el país y la fuerte presión popular, al menos en áreas urbanas, puede ser, paradójicamente, un acicate para superar el sistema sectario que tanto ha contribuido a generar esta situación. Sin embargo, semejante transición únicamente tiene posibilidades de avanzar –no importa cómo de tenues– con un decidido apoyo externo al por mayor.

En este escenario, el papel de la comunidad internacional no debe limitarse al aporte de recursos económicos para evitar el colapso del país. Su implicación tiene que favorecer el desarrollo y sostenimiento de movimientos cívico-políticos de base intersectaria que sean capaces de reemplazar a quienes perpetúan el actual sistema. Para ello, a su vez, es imperativo que las naciones contribuyentes presten su ayuda con altura de miras, renunciando a cualquier intento de configurar un Líbano a la medida de sus respectivos intereses nacionales, y forzando a las élites que controlan las facciones a abdicar del statu quo en pro de una verdadera identidad libanesa. La pregunta obvia es: ¿hay alguna posibilidad real de que esto suceda? La realidad, desafortunadamente, no permite albergar grandes esperanzas.

Ankara está implementando un plan estratégico para el control de las tres zonas marítimas que rodean al país

▲ Desfile de miembros de la Fuerza Naval de Turquía [Nérostrateur]

ANÁLISIS / Lucas Martín*

Varias son las acciones que ha llevado a cabo Turquía en los últimos tiempos que indican la puesta en marcha de la llamada doctrina “Patria Azul”.

Entre los diversos hechos a tener en cuenta podemos tomar como elemento inicial el acuerdo firmado con uno de los dos contendientes que se disputan el poder en Libia, el GNA para ser más precisos.

Mediante el mismo, el GNA entregaba de facto a Turquía el control de las aguas territoriales libias al tiempo que establecía un corredor marítimo para Ankara en el este del Mar Mediterráneo.

Lo importante de tener el control de facto de esas aguas no es sólo el enorme volumen de tráfico marítimo que por ellas transita, sino que bajo las mismas se encuentran estratégicas reservas de gas natural y son además zona de paso de varios gasoductos que abastecen a Europa.

Si añadimos este tratado a los movimientos de Turquía en el Mediterráneo, el Egeo, así como su implicación en los conflictos de Siria y Libia, se observa que no son sino partes diferentes pero complementarias de un ambicioso plan minuciosamente trazado por Ankara desde hace algunos años para conseguir el control marítimo del Mediterráneo Este y las zonas adyacentes. El fin último de este plan sería otorgar a Turquía una independencia económica y energética que asegure el crecimiento del país en todos los órdenes.

“Mavi Vatam” - Patria Azul

De sobra es conocida la llamada “Doctrina Gerasimov”, que teoriza sobre la evolución de los conflictos bélicos y proporciona pautas de actuación en el marco actual. Pero mucho menos conocido es que un país como Turquía desarrolló hace casi dos décadas su propia doctrina tratando de dibujar los movimientos geoestratégicos necesarios para alcanzar unos objetivos básicos para el desarrollo de la nación turca y lograr su papel protagonista en el concierto internacional.

El padre de dicho plan es el almirante Cem Gurdeniz, y fue expuesto por primera vez en 2006 bajo el nombre de “Doctrina Patria Azul”.

El almirante basa su teoría en tres pilares, los cuales llevaría mucho tiempo tratar en detalle. Sin embargo, y para el caso que nos ocupa, es interesante detenerse al menos brevemente en el segundo pilar. Bajo este, Gurdeniz define lo que él considera las zonas de jurisdicción marítima que corresponden a Turquía y que valora como vitales para su supervivencia y desarrollo. Estas abarcan zonas del Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo. Mediante la definición de estas establece las aguas territoriales, la plataforma continental y la zona económica exclusiva (ZEE).

El propio almirante reconoce que el problema no se encuentra ni mucho menos en al Mar Negro, donde se llegó a un acuerdo con la extinta Unión Soviética para establecer los límites de la plataforma continental en 1978 y posteriormente, en 1987, la ZEE. Es más, con posterioridad a la desaparición de la URSS se alcanzaron acuerdos con Georgia, Bulgaria y Ucrania.

La cuestión se centra en el Mediterráneo y en el Egeo. Precisamente el epicentro actual de los acontecimientos.

Los límites actuales establecidos, acuerdos de ZEE, etc., han sido impuestos a Turquía por la Unión Europea, según nuestro protagonista, que los considera especialmente gravosos en lo que se refiere a la zona griega y a Chipre. Turquía focaliza en la UE la responsabilidad de impedir en cierto modo el desarrollo turco, lo cual no deja de ser interesante cuando la propia Turquía ha tratado de formar parte de la Unión.

El eje sobre el que pivotan las acciones turcas en los últimos tiempos es el desafío. Y ello se encuentra de nuevo en las propias palabras del almirante, que afirma que la “Patria Azul” “desafía y reta notoriamente al mapa actual”.

Pero a pesar de lo que pueda parecer ese no es el objetivo final de la doctrina “Mavi Vatam”. Ese desafío es el camino para alcanzar su verdadero fin, y este no es otro que alcanzar el control y la consolidación de este de las tres zonas marítimas que rodean al país para, de este modo, ejercer su influencia tanto a nivel regional como internacional, haciéndose con los recursos energéticos necesarios para sostener el crecimiento económico y demográfico de Turquía sin tener que depender de terceros países.

Pero como es norma en estos asuntos, la historia siempre juega un papel fundamental, y en esta ocasión no es diferente.

Los turcos continúan viendo como una afrenta el Tratado de Lausana firmado en 1923 que circunscribe el país a sus fronteras y límites actuales. Mediante éste quedó invalidado el tratado de Sèvres, mucho más beneficioso, pero firmado por el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial.

En Lausana se dictó de facto la fragmentación del imperio, definiendo no sólo las fronteras de Turquía, sino las de Grecia y Bulgaria, concluyendo la soberanía turca sobre las islas del Dodecaneso, Chipre, Egipto, Sudán, Siria e Irak. El Kurdistán dejó de ser una unidad, dividiéndose entre varios países, y Armenia se repartió entre Turquía y la URSS. Las condiciones limitaron la capacidad de acción de los turcos, poniendo al país bajo el paraguas de las potencias occidentales, situación que se ha mantenido durante los casi 100 años transcurridos desde la firma.

Para poder entender la situación actual ha de tenerse en cuenta una serie de factores y circunstancias que constituyen la base de la misma.

Durante el periodo de la Guerra Fría y con la existencia del bloque comunista y su alianza militar, el Pacto de Varsovia, ese paraguas protector de occidente sobre Turquía se transformó más en una necesidad forzada por las circunstancias que en una imposición. La situación geoestratégica del país otomano le otorgaba una importancia vital para ambos bloques, y en el supuesto de que se desatasen las hostilidades sería uno de los primeros territorios en sufrir sus consecuencias. Como ejemplo vivo de esa clave geoestratégica, se debe recordar el papel que desempeñaron las bases americanas equipadas con misiles balísticos nucleares situadas en suelo turco en las negociaciones para desescalar lo que posteriormente se conoció como “la crisis de los misiles de Cuba”.

Pero desde los lejanos años sesenta hasta la actualidad, el mundo ha cambiado por completo. Los balances de poder han variado, y los acontecimientos que se han ido produciendo desde comienzos del siglo XXI, y especialmente durante la última década, han propiciado que los actuales dirigentes consideren que ha llegado su momento.

En su momento, la caída del bloque comunista y el periodo de debilidad de Rusia comenzaron a sentar las bases de una idea muy arraigada en la Turquía actual cuyo eje principal es que el paraguas protector de occidente ya no es tan necesario (no se puede olvidar que ese paraguas también era visto en cierto modo como un corsé).

El afianzamiento de esta idea ha coincidido con una etapa de gran crecimiento tanto económico como demográfico del país otomano, con previsiones de alcanzar los 90 millones de habitantes en 2030. Ambos parámetros tienen grandes implicaciones económicas, pues suponen un incremento notable en las necesidades energéticas del país. Si estas necesidades no son satisfechas no será posible sostener ese crecimiento poblacional ni acompasarlo con un adecuado desarrollo industrial.

La base del imprescindible desarrollo industrial es la independencia energética. Es uno de los factores clave que pueden permitir llevar adelante los diferentes proyectos. Actualmente las necesidades energéticas son cubiertas mediante el suministro desde terceros países. Los principales exportadores de recursos energéticos a Turquía son Rusia, Irán, Irak y Libia. Esta dependencia externa es una de las razones para el espectacular desarrollo de las capacidades militares turcas en los últimos años y su implicación directa en diversos escenarios inestables: mantener asegurado sin interrupciones el suministro de energía. Y ahí se puede encontrar una de las principales razones de las intervenciones en el norte de Siria, norte de Irak, o en Libia.

No obstante, esta no es la única razón para dichas intervenciones; existen otras motivaciones de índole política, compromisos que obligan a Turquía a tomar partido de un modo u otro. El problema kurdo, digno por si mismo de un documento monográfico, es uno de ellos.

Pero a pesar de las posibles motivaciones políticas, en la “Doctrina Patria Azul” el eje principal es la necesidad de alcanzar la independencia energética. Para ello es necesario tomar el control de los recursos energéticos necesarios y lograr la libertad de acción en este campo.

Dos son las esferas que define para conseguir este objetivo. La primera consistiría en el establecimiento de un área de seguridad y de control inmediato de los mares que rodean el país: el Mediterráneo, el Egeo y el Mar Negro. La segunda, de carácter estratégico, se extiende al Mar Rojo, el Mar Caspio y el Mar Arábigo, incluido el Golfo Pérsico.

El dominio turco del espacio marítimo señalado incluye el control sobre las reservas de gas y petróleo que hay en esas aguas. Esa posición de dominio marítimo se refuerza mediante el establecimiento de alianzas con los países de la zona, proporcionándoles apoyo, estableciendo bases militares en su territorio y facilitando material y adiestramiento militar a sus ejércitos, asegurándose así su apoyo. Esto es un hecho, y Turquía ya dispone de bases en Somalia, Sudán, Libia y Qatar, países a los que suministra sistemas de armas de fabricación propia y con los que mantiene acuerdos militares de diversa índole.

En este punto se debe hacer un inciso. Estos movimientos no son bien vistos por todos los países de la zona, algunos de los cuales ven amenazada su actual posición y sus propias aspiraciones de crecimiento en poder e influencia en ella. La existencia de una potencia regional dominante no suele dejar demasiado margen de maniobra. Y es importante citar también en este punto otras palabras del padre de la doctrina “Patria Azul”: “Turquía no necesita ningún aliado para proteger la Patria. La Patria es la Patria. Nuestra plataforma continental es nuestra patria y tenemos que protegerla”.

Sin embargo, afirma que en el futuro las relaciones entre Italia, Túnez, Libia y Turquía serán el eje principal del Mediterráneo. Obviando deliberadamente a países como Francia, Grecia y España.

Tradicionalmente, la Fuerza Naval turca tenía como área habitual de operaciones el Mediterráneo, el Mar Negro y el Egeo. Pero, desde hace no mucho, ha ampliado su zona de actuación extendiéndola hacia el Mar Rojo, el Mar Arábigo y el Golfo Pérsico, y llegando incluso a operar en estrecha colaboración con Pakistán.

Esta visión estratégica, centrada en el dominio del mar, aparte de en las razones expuestas previamente referidas al control de los recursos energéticos, tiene su explicación en el convencimiento que tiene Turquía de que su especial orografía, muy abrupta, ofrece ya de por sí una defensa natural y disuasoria ante cualquier agresión por tierra.

Además, la doctrina “Patria Azul” parte de la base de que Turquía debe ser una potencia eminentemente marítima. Es, por tanto, una doctrina realista de autodefensa de las zonas marítimas que por derecho corresponden a Turquía, para protegerlas con la mirada puesta en las generaciones venideras.

Por tanto, las fronteras marítimas, que se extienden por tres mares diferentes, son percibidas hasta el momento como el punto débil de la nación. Y eso es precisamente lo que está en proceso de transformación.

Este punto de vista tiene su raíz histórica en el antiguo Imperio Otomano, al cual hace referencia en numerosas ocasiones el almirante Cem Gürdeniz en sus escritos. Fue el que llevó a Erdogan, poco después de acceder al poder, a iniciar un programa completo de desarrollo y modernización de su Fuerza Naval conocido como “Milgem”. En este proyecto se han realizado fuertes inversiones de todo tipo, y no se han escatimado esfuerzos, pues para lograr el desarrollo de unas fuerzas armadas, especialmente en su vertiente marítima, que sustenten el objetivo de erigirse como una potencia regional e internacional, es clave un desarrollo tecnológico independiente de la industria turca.

En los últimos años, la industria de defensa turca ha experimentado una espectacular evolución, demostrando la efectividad de sus desarrollos en los escenarios libio, sirio y, más actualmente, en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Se ha puesto gran énfasis en el desarrollo de buques de guerra, sistemas aéreos no tripulados (UAVs) y sistemas de armas avanzados de gran calidad. Especialmente el capítulo de los UAVs es particularmente significativo, y debe ser objeto de un estudio en profundidad, incluso desde el punto de vista nacional en España.

De nuevo, aquí encontramos dos intenciones claramente definidas. Por un lado, la de alcanzar un nivel tecnológico puntero en sus fuerzas armadas que respalde la consecución de los objetivos señalados previamente, y por otro, la de situarse como referencia en el campo de la exportación de armas, para lograr ingresos y poder influir en los países de su interés y sus políticas del mismo modo en que lo hacen Estados Unidos, China y Rusia.

Siendo más concretos, en el marco del programa “Milgem” se han construido cuatro corbetas antisubmarinas, un buque de obtención de inteligencia, cuatro fragatas para guerra de superficie y cuatro fragatas antiaéreas. El programa también incluye cuatro corbetas de última generación para la Armada de Pakistán como una forma de exportar sus avances, aumentar la ya estrecha colaboración entre ambos países y obtener como no beneficios económicos para la industria armamentísticas.

Del mismo modo, 33 nuevas barcazas de desembarco con capacidad para el transporte tanto de tropas como de vehículos acorazados han sido entregadas a la Fuerza Naval turca. El desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades de asalto anfibio por parte de Turquía suponen un factor a tener en cuenta en un hipotético aumento de la tensión con Grecia, especialmente en lo que se refiere a las reclamaciones sobre las islas situadas al este del país y sus aguas.

El desarrollo de las capacidades de guerra naval se completa con la fabricación de seis nuevos submarinos de factura alemana construidos bajo licencia de HDW en la propia Turquía, concretamente del modelo U-214. Estos nuevos sumergibles están equipados con un sistema AIP que les permite permanecer durante largos periodos sin salir a superficie, y se unen a los diez que el país otomano operaba hasta el momento.

Este dato es uno de los más significativos desde el punto de vista de su capacidad desestabilizadora. Hasta el momento ha sido Grecia la que ha mantenido cierta superioridad tecnológica en este campo. Pero la entrada en servicio de las nuevas unidades turcas cambia significativamente el sentido de la balanza. Los submarinos, además de ejercer como perfectas plataformas de obtención de inteligencia, especialmente en las disciplinas SIGINT (Inteligencia de Señales) y COMINT (Inteligencia de Comunicaciones), son excelentes armas disuasorias, capaces de negar a una flota entera el acceso a una extensa área.

El elemento más significativo del pretencioso programa turco es un buque de asalto anfibio (LHD) llamado “Anadolu”. Este barco, de características muy similares al “Juan Carlos I” que opera la Armada española es un salto cualitativo en cuanto a las capacidades que proporciona, pues no solo puede transportar barcazas de desembarco, sino que desde su cubierta pueden operar diferentes tipos de helicópteros, UAVs y, en su caso, aviones de combate de despegue vertical.

Actualmente, el único aparato de dichas características compatible con el buque es el norteamericano F-35 B, que es la variante con capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VSTOL). Turquía formaba parte de las naciones que habían decidido adquirir dicho avión de combate, aunque en su versión A, que es la estándar para la Fuerza Aérea, la entrega de cuyas primeras unidades ya tenía fecha fijada.

Pero la decisión del gobierno de Ankara de adquirir material antiaéreo ruso de última generación, como es el sistema S-400, ha llevado a los Estados Unidos a vetar su continuidad en el programa de adquisición del F-35 B. De hecho, los primeros aparatos destinados al país otomano han sido vendidos a la USAF. De todos modos, la intención de Turquía no era la de adquirir la versión VSTOL, lo cual deja en el aire su verdadera intención sobre qué aeronaves equiparán el buque.

El proyecto se completará con la construcción de un segundo buque de asalto anfibio, el “Trakya”. La posesión de dos unidades de este tipo proporciona a la fuerza naval turca unas capacidades muy superiores a las de sus vecinos en la región, otorgándole la capacidad de proyectar su fuerza anfibia en operaciones estratégicas y en dos escenarios simultáneamente.

El verdadero valor de estas capacidades no es el operativo en sí mismo, sino la capacidad disuasoria que representa.

La implicación de Turquía en los conflictos de Siria y Libia ha servido a las Fuerzas Armadas turcas, y dentro de estas a sus unidades navales, una enorme y valiosa experiencia en combate que le ha sido de gran utilidad para actualizar y mejorar su doctrina y sus capacidades operacionales. Esto, unido a la elevada calidad de la formación que tienen sus unidades, a la calidad de su equipamiento y al desarrollo tecnológico y armamentístico descritos, son los tres pilares necesarios para la puesta en marcha de la doctrina “Patria Azul”. La gran incógnita es cómo reaccionarán las otras potencias regionales, directamente afectadas ante el avance de este plan estratégico.

A modo de conclusión, puede decirse que los intereses son múltiples y a menudo cruzados, y afectan no solo a los países ribereños de esa zona del Mediterráneo, sino a potencias como Rusia y Francia y a organizaciones internacionales como la OTAN.

Los incidentes entre naciones en principio aliadas ya se han producido, llevando incluso a que Francia se retire de la operación de la OTAN en el Mediterráneo debido al problema acaecido entre una fragata gala y otra turca, y teniendo como consecuencia un ataque contra posiciones turcas por parte de aviones “Rafale” procedentes de bases en los Emiratos Árabes, pero cuya nacionalidad continúa sin estar clara.

No hay duda de que la actitud turca, y la puesta en marcha de su plan, pone en una situación de debilidad a la Alianza Atlántica, pues uno de los motivos que sustentan el plan es la percepción que tiene Turquía de que ya no necesita el amparo del paraguas de Occidente para la defensa de sus intereses.

Por otro lado, Turquía juega con la baza de poseer la llave de la puerta de entrada al torrente de inmigrantes procedentes de Siria, Libia, Somalia y Eritrea hacia la Unión Europea. Y la usará como medida de presión ante cualquier reacción o posicionamiento de Europa en contra de sus intereses.

El Mediterráneo Oriental ha recobrado el papel protagonista en la geopolítica mundial que ya tuvo en el siglo XVI, solo que esta vez tenemos a nuevas potencias como Rusia que también reclaman su espacio y su necesidad de una presencia permanente y fuerte en esa zona. No podemos obviar la relación que tiene esa necesidad rusa con el conflicto de Crimea y la necesidad estratégica de poder controlar en cierto modo ambos lados del Bósforo y asegurar la salida al Mediterráneo de la flota del Mar Negro.

Todos estos intereses económicos, energéticos y políticos están creando una situación muy complicada donde además se unen los conflictos “internos” de Siria y Libia, creando una sobrepresencia de unidades militares, combatientes, compañías militares privadas, sistemas de armas, aviones, UAVs, etc. que en cualquier momento, y a causa de cualquier error inopinado, pueden dar lugar a un incidentes que por leve que sea tenga consecuencias imprevisibles e irreparables.

* El autor es teniente coronel de Infantería y analista de Geopolítica

BIBLIOGRAFÍA

Kasapoglu,  ‘The Blue Homeland’: Turkey’s largest naval drill. Anadolu Agency 27 February.

SETA Security Sadar Turkey’s geopolitical landscape in 2020

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, “An assesment of eastern mediterranean maritime boundary delimitation agreement between Turkey and Libya” Science Journal of Turkish Military Academy Haziran /June 2020

Eyal Pinko, “Turkey’s Maritime Strategy Ambitions: The Blue Homeland Doctrine (Mavi Vatan)”  Research Institute for European and American Studies (www.rieas.gr) April 2020

Armenia y Azerbaiyán se enfrentan en un conflicto en el que también se han implicado Turquía y Rusia

▲ Monumento a la captura de la ciudad de Shusha por parte armenia en la guerra por Nagorno Karabaj en la década de 1990 [Wikipedia]

ANÁLISIS / Irene Apesteguía

La región de Nagorno Karabaj, tradicionalmente habitada por armenios cristianos y turcos musulmanes, es internacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán. No obstante, su población es de mayoría armenia, y con sentimiento independentista. En época soviética se convirtió en una región autónoma dentro de la república de Azerbaiyán y fue en la guerra de la década de 1990 cuando, además de dejar unos 30.000 muertos y alrededor de un millón de personas desplazadas, las fuerzas separatistas capturaron territorio adicional azerí. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, las discrepancias étnicas entre Azerbaiyán y Armenia se han hecho más profundas. Incluso un censo de 2015 de Nagorno Karabaj reportó que no vivía allí ningún azerí, mientras que, en época soviética, los azeríes conformaban más de un quinto de la población. Desde la tregua entre las dos exrepúblicas soviéticas de 1994, se ha dado una situación de punto muerto, con el fracaso de varias negociaciones para lograr un acuerdo de paz permanente. La disputa ha continuado congelada desde entonces.

El pasado 27 de septiembre, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán volvió a conducir a un enfrentamiento militar. Los últimos acontecimientos van mucho más allá de los enfrentamientos habituales, ya que hay informes de helicópteros derribados, uso de drones de combate y ataques con misiles. En 2016 se produjo una violenta escalada del conflicto, pero no se ocupó Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj, y tampoco se declaró ninguna ley marcial. Si algo queda claro es que la escalada actual es una consecuencia directa del congelamiento del proceso de negociaciones. Además, es la primera vez que los estallidos armados se producen en intervalos tan cortos, pues la última escalada del conflicto tuvo lugar el pasado mes de julio.

El ministro de Defensa de Azerbaiyán, Zakir Hasanov, amenazó el pasado 27 de septiembre con un “gran ataque” contra Stepanakert, si los separatistas no cesaban de bombardear sus asentamientos. Nagorno Karabaj declaró que respondería de forma “muy dolorosa”. Armenia, por su parte, advirtió que el enfrentamiento podría desatar una “guerra a gran escala en la región”.

Los líderes de ambos países se responsabilizan mutuamente de esta nueva escalada de la violencia. Según Azerbaiyán, las Fuerzas Armadas de Armenia provocaron constantemente al país, disparando contra el ejército y contra aglomeraciones de civiles. Además, en múltiples canales de televisión locales azerbaiyanos, el presidente Ilham Aliyev ha declarado que Armenia se está preparando para una nueva guerra, concentrando todas sus fuerzas en Karabaj. Incluso las autoridades azeríes han restringido el uso de internet en el país, limitando principalmente el acceso a las redes sociales.

En su operación de contraofensiva, Azerbaiyán movilizó personal y unidades de tanques con el apoyo de tropas de artillería y misiles, aviación de primera línea y vehículos aéreos no tripulados (UAV), decía el comunicado de prensa del Ministerio. Además, de acuerdo con el Observatorio sirio de Derechos Humanos, varios sirios de grupos yihadistas, de facciones respaldadas por los turcos, son combatientes en Nagorno-Karabaj. Esto ha sido corroborado por fuentes rusas y francesas. En cualquier caso, no sería sorprendente cuando Turquía se sienta al lado de Azerbaiyán.

Por su parte, Armenia culpa a Azerbaiyán de comenzar el combate. Autoridades armenias anunciaron que el ejército azerbaiyano había atacado con lanzagranadas propulsadas por cohetes y con misiles. Armenia no ha dejado de prepararse, pues en las semanas previas al inicio del combate, se habían detectado múltiples envíos de armas rusas al país a través de vuelos de transporte pesado. Por otro lado, el ministro de Defensa de Armenia ha acusado a Turquía de ejercer el comando y control de las operaciones aéreas de Azerbaiyán a través del avión Boeing 737 Airborne Early Warning & Control, ya que Turquía tiene cuatro de estos aviones.  

Desencadenantes

Ambas potencias estaban en alerta debido a los enfrentamientos de julio. Desde entonces, no han abandonado la preparación militar a manos de sus aliados externos. Por tanto, los acontecimientos actuales no pueden describirse como surgidos de la nada. Después del estallido de julio ha persistido la sensación de que el enfrentamiento armado simplemente había quedado en suspenso.

Horas después del estallido de los combates, Armenia declaró la ley marcial y la movilización general. Azerbaiyán, al contrario, declaró que tal actuación no era necesaria, pero finalmente el parlamento decidió imponer la ley marcial en algunas regiones del país. No solo se decretó la ley marcial, sino que también el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán declaró la liberación de siete aldeas, el establecimiento de un toque de queda en varias ciudades y la reconquista de múltiples alturas importantes. Está claro que todos los territorios ocupados tienen un crucial valor estratégico: Azerbaiyán ha asegurado el control visual de la carretera Vardenis-Aghdara, que conecta con el Karabaj, ocupado por Armenia. La carretera fue terminada por Armenia hace tres años, con el fin de facilitar las transferencias de carga militar de forma rápida, algo que indica que se trata de una posición estratégica para Armenia.

La guerra de drones ha estado también presente en el conflicto con drones turcos e israelíes usados por Azerbaiyán. Las medidas anti-drones que Armenia tiene que llevar a cabo están haciendo partícipe en el asunto a Irán.

Un factor importante que ha podido llevar al conflicto han sido los cambios en la cúpula diplomática de Bakú. Elmar Mammadyarov, ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, abandonó su cargo durante los enfrentamientos de julio. Ha sido reemplazado por el exministro de Educación, Jeyhun Bayramov, quien no tiene mucha experiencia diplomática. Mientras tanto, Hikmet Hajiyev, asesor de política exterior del presidente de Azerbaiyán ha visto aumentado su papel en estas áreas.

Pero el problema no se centra tanto en los nuevos nombramientos. Durante los últimos años, Mammadyarov fue el mayor optimista acerca de las concesiones que Armenia podría estar dispuesta a hacer bajo el nuevo gobierno de Nikol Pashinyan. Y es que, desde la Revolución de Terciopelo de Armenia, que llevó al puesto de primer ministro a Pashinyan en 2018, Azerbaiyán había abrigado la esperanza de poder resolver el conflicto. Esta esperanza era compartida por muchos diplomáticos y expertos de Occidente. Es más, incluso dentro de Armenia, los oponentes de Pashinyan lo calificaron de traidor porque, según afirmaban, vendía los intereses del país a cambio de dinero occidental. Toda esta esperanza en torno a Armenia desapareció, pues la posición del nuevo primer ministro armenio con relación a Nagorno-Karabaj fue más dura que nunca. Hasta declaró en varias ocasiones que “Karabaj es Armenia”. Todo esto llevó a reforzar la posición de Azerbaiyán, que tras los enfrentamientos de julio se endureció. Y es que Bakú nunca ha descartado el uso de la fuerza para intentar solucionar el problema de su integridad territorial.

En el conflicto de 2016 hubo muchos esfuerzos para minimizar estos disturbios armados, principalmente por parte de la diplomacia rusa. Estos han contado con el respaldo de Occidente, que vio la mediación de Moscú como algo positivo. Sin embargo, las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán no se han reanudado, y la excusa de la pandemia de coronavirus no ha sido muy convincente, según medios nacionales.

Más puntos han llevado a la escalada actual, como una mayor participación turca. Después de los enfrentamientos de julio, Turquía y Azerbaiyán realizaron ejercicios militares conjuntos. Los representantes de Ankara comenzaron a hablar sobre la ineficacia del proceso de paz, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hablando el pasado mes en la Asamblea General de la ONU, describió a Armenia como el mayor obstáculo para la paz a largo plazo en el sur del Cáucaso. Esto no quiere decir que Turquía haya provocado la nueva escalada, pero sin duda contribuyó a empujar a Azerbaiyán a una actitud más envalentonada. El presidente turco afirmó en Twitter que “Turquía, como siempre, está con todos sus hermanos y hermanas de Azerbaiyán”. Además, el pasado mes de agosto, el ministro azerí de Defensa dijo que, con la ayuda del ejército turco, Azerbaiyán cumpliría “su sagrado deber”, algo que puede interpretarse como la recuperación de los territorios perdidos.

Importancia internacional

En un breve repaso por los aliados, cabe mencionar que los azeríes son una población mayoritaria de origen turco, con la que Turquía tiene estrechos lazos, aunque a diferencia de los turcos, la mayor parte de azeríes son musulmanes chiítas. En cuanto a Armenia, Turquía no tiene relaciones con el país, pues el primero es un país mayoritariamente cristiano ortodoxo que históricamente siempre se ha apoyado en Rusia.

Nada más comenzar las hostilidades, varios estados y organizaciones internacionales pidieron un alto al fuego. Por ejemplo, el canciller ruso Sergei Lavrov, en una conversación telefónica con su homólogo armenio, Zohrab Mnatsakanyan, pidió el fin de los combates y declaró que Moscú continuaría con sus esfuerzos de mediación. Mientras tanto, tal como hizo después de los enfrentamientos de julio, Turquía volvió a expresar a través de varios canales su pleno apoyo a Azerbaiyán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía aseguró que Ankara está dispuesta a ayudar a Bakú de cualquier forma. El presidente armenio, horas previas al inicio del fuego, mencionó que un nuevo conflicto podría “afectar a la seguridad y estabilidad no solo del Cáucaso Sur, sino también de Europa”. El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, expresó serias preocupaciones y pidió a ambas partes detener los combates.

Por otro lado, está Irán, que es principalmente chiíta y además tiene una gran comunidad de etnia azerí en el noroeste del país. No obstante, mantiene buenas relaciones con Rusia. Además, teniendo frontera con ambos países, Irán se ofreció a mediar en conversaciones de paz. Aquí se centra el problema actual de Irán sobre el nuevo conflicto. Los activistas azeríes convocaron protestas en el Azerbaiyán Iraní, que es el territorio nacional de los azeríes bajo soberanía de Irán, en contra del apoyo de Teherán a Armenia. Los arrestos llevados a cabo por el gobierno iraní no han impedido que sigan las protestas por parte de este sector social. Esta respuesta en las calles es un importante indicador de la temperatura actual en el noroeste de Irán.

En cuanto a países occidentales, Francia, que tiene una gran comunidad armenia, pidió un alto el fuego y el inicio del diálogo. Estados Unidos aseguró haber contactado con ambas partes para urgirles a “cesar las hostilidades inmediatamente y evitar palabras y acciones de poca ayuda”.

Rusia puede tener serias preocupaciones en la reanudación de las hostilidades a gran escala. Ha dejado claro en múltiples ocasiones que lo importante es evitar que el conflicto vaya a más. Un motivo de esa insistencia puede ser que el Kremlin tiene ya frentes abiertos en Ucrania, Siria y Libia, además de la situación actual en Bielorrusia, y el envenenamiento de Alexéi Navalni. Además, a pesar del intento actual por parte de los presidentes de Rusia y Turquía por mostrar que las relaciones entre sus países van bien, cada vez son mayores y más diversas las discrepancias entre ellos, como sus puntos de vista en Siria o en Libia. Y ahora, Vladimir Putin no podría dejar a Armenia en manos de Azerbaiyán y Turquía.

El Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tiene como principal misión la mediación de las negociaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán, y está copresidida por Rusia, Francia y Estados Unidos. Como respuesta al presente conflicto, pidió “regreso al alto el fuego y reanudación de negociaciones sustantivas”. A principios de este año, Armenia rechazó los Principios de Madrid, el principal mecanismo de resolución de conflictos que propuso el Grupo de Minsk. Además, esta iniciativa se ha visto cada vez más imposibilitada por el concepto de “nueva guerra por nuevos territorios” del Ministerio de Defensa de Armenia, así como por la idea de unificación de Armenia y Karabaj de Nikol Pashinyan. Todo esto ha enfurecido al gobierno y la ciudadanía azerí, que ha criticado cada vez más al Grupo de Minsk. Azerbaiyán también ha criticado la pasividad del grupo ante lo que considera acciones incendiarias de Armenia, como el traslado de la capital de Karabaj a Susa, una ciudad con gran importancia cultural para los azerbaiyanos, o como el asentamiento ilegal de libaneses y armenios en territorios ocupados de Azerbaiyán.  

Si alguna conclusión debe de ser obtenida de esto es que, para muchos, tanto en Azerbaiyán como en Armenia, el proceso de paz se ha desacreditado en las últimas tres décadas de negociaciones fallidas, lo que ha provocado cada vez más advertencias de que el status quo conduciría a una mayor intensificación del conflicto.

Entre algunos expertos existe una creciente preocupación de que los países occidentales no comprenden la situación actual y las consecuencias que se podrían derivar del peor estallido en la región en años. El director de la Oficina del Cáucaso Sur en la Fundación Heinrich Boell, Stefan Meister, ha afirmado que los combates entre estas dos regiones pueden llegar lejos. En su opinión, “la Unión Europea y Occidente subestiman el conflicto”.

La Unión Europea también se ha posicionado. Ya ha pedido a Armenia y Azerbaiyán la reducción de las tensiones transfronterizas, instando a detener el enfrentamiento armado y a abstenerse de acciones que provoquen más tensión, debiendo tomar medidas para evitar una mayor escalada.

El conflicto en el Cáucaso tiene gran importancia internacional. En la zona se dan periódicos enfrentamientos y resurgimientos de tensiones. La relevancia se centra en que cualquier escalada de la violencia puede desestabilizar la economía global, dado que el Cáucaso sur es un pasillo para gasoductos que llegan desde el mar Caspio hasta los mercados mundiales, y más concretamente, a Europa. Si Armenia decide que Azerbaiyán ha escalado demasiado, podría atacar el Gasoducto del Cáucaso del sur de Azerbaiyán, que envía gas para el TANAP de Turquía, y termina con el TAP, que abastece a Europa. Otro aspecto estratégico es el control de la ciudad Ganyá, pues controlarla podría conectar a Rusia con Karabaj. Además, el control de ese emplazamiento podría cortar la conectividad entre Azerbaiyán, Georgia y Turquía en relación con los gaseoductos. Ya hubo conflictos en esta área el pasado mes de julio, por ello a raíz del nuevo conflicto Azerbaiyán se ha predispuesto a cerrar el espacio aéreo de la región.

En verde fuerte, territorio de Nagorno-Karabaj acordado en 1994; en verde suave, territorio controlado por Armenia hasta este verano [Furfur/Wikipedia]

¿Una nueva guerra?

Hay varios resultados posibles para la situación actual. Lo más probable es una batalla por zonas pequeñas y no particularmente importantes, que permitan la declaración simbólica de una “victoria”. El problema se centra en que cada oponente puede tener una visión muy diferente de las cosas, siendo entonces inevitable una nueva vertiente de confrontación, subiendo el listón del conflicto, y derivando en una menor posibilidad de entendimiento entre las partes.

Aunque poco probable, muchos analistas no descartan la posibilidad de que la escalada actual sea parte de los preparativos para las negociaciones y sea necesaria para apuntalar las posiciones diplomáticas y aumentar la presión sobre el oponente antes de reanudar las conversaciones.

Cualquiera que sea el razonamiento detrás de los enfrentamientos armados, una cosa está clara: la importancia de la fuerza militar en el proceso de paz de Nagorno-Karabaj crece día a día. La ausencia de conversaciones se está volviendo crítica. Si el péndulo de Karabaj no se arregla pronto y no pasa de los generales a los diplomáticos, puede volverse irreparable. Y será entonces cuando las perspectivas de que estalle otra guerra regional una vez más dejarán de ser un mero escenario descrito por los expertos.

Mientras que Rusia sigue insistiendo en que no hay otra opción más que la vía pacífica, la Línea de Contacto entre ambos lados en Nagorno Karabaj se ha convertido en la zona más militarizada de Europa. Muchos expertos han mostrado en varias ocasiones como posible escenario que Azerbaiyán decida lanzar una operación militar para recuperar su territorio perdido. El país, cuya principal fuente de ingresos es su riqueza petrolera del Mar Caspio, ha gastado miles de millones de dólares en nuevo armamento. Además, ha sido Azerbaiyán quien ha reemplazado a Rusia como el mayor portador de gas natural a Turquía.

Una gran consecuencia del conflicto se centra en las posibles pérdidas de Rusia e Irán. Una víctima más del conflicto puede ser la posición rusa como líder de Eurasia. Otro argumento se basa en el Consejo turco, que ha exigido la retirada de Armenia de tierras azerbaiyanas. El problema está en que los miembros de ese consejo, Kazajistán y Kirguistán, son también miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC), liderada por Rusia junto con Armenia. Por otro lado, además, Irán muestra pánico ante la solidaridad total expresada por Turquía a Azerbaiyán, pues viven más azeríes en el Azerbaiyán Iraní que en la República de Azerbaiyán.

Nos situamos ante uno de los tantos conflictos ejemplificativos del nuevo y actual “estilo” de guerra, donde grandes potencias se sitúan a espaldas de pequeños conflictos. No obstante, el territorio de Nagorno-Karabaj será pequeño en extensión, pero no en importancia, ya que además de contribuir a la continuidad en la desestabilización del área caucásica, puede afectar a potencias cercanas, e incluso a Europa. Occidente debiera otorgarle la importancia que se merece, pues de continuar en la misma línea, la puerta está abierta a un conflicto bélico más violento, extenso y prolongado.

COMENTARIO / Luis Ángel Díaz Robredo*

Puede resultar sarcástico para algunos, e incluso cruel, escuchar que estas circunstancias de pandemia mundial por COVID-19 son tiempos interesantes para la psicología social e individual. Y aún puede resultar más extraño, tener en cuenta estos tiempos difíciles a la hora de establecer relaciones con la seguridad y la defensa de los estados.

En primer lugar hay que señalar lo evidente: las actuales circunstancias son excepcionales puesto que no habíamos conocido antes una amenaza para la salud tal que trascendiera a ámbitos tan diversos y decisivos como la economía mundial, la política internacional, la geoestrategia, la industria, la demografía… Los individuos e instituciones no estábamos preparados hace unos meses y, aun a día de hoy, los solventamos con cierta improvisación. Las tasas de mortalidad y contagio se han disparado y los recursos que la administración pública ha movilizado son desconocidos hasta la fecha. Sin ir más lejos, la operación Balmis –misión de apoyo contra la pandemia, organizada y ejecutada por el Ministerio de Defensa– ha desplegado en 20.000 intervenciones, durante 98 días de estado de alarma y con un total de 188.713 militares movilizados.

Además de las labores sanitarias de desinfección, logística y apoyo sanitario, se han dado otras tareas más propias del control social, como la presencia de militares en las calles y en puntos críticos o el refuerzo en fronteras. Esta labor que a algunas personas puede desconcertar por su naturaleza poco habitual de autoridad sobre la propia población está justificada por comportamientos grupales atípicos que hemos observado desde el inicio de la pandemia. Baste citar unos pocos ejemplos españoles que reflejan cómo en algunos momentos se han dado conductas poco lógicas de imitación social, como la acumulación de bienes de primera necesidad (alimentos) o no de tan primera necesidad (papel higiénico) que vaciaban durante unas horas las estanterías de los supermercados.

Ha habido momentos también de insolidaridad e incluso de cierta tensión social ante el miedo al contagio contra colectivos vulnerables, como los ancianos con COVID-19 trasladados de una localidad a otra y que eran abucheados por el vecindario que los recibía y debían ser escoltados por la policía. También, con escasa frecuencia pero igualmente negativo e insolidario, se han conocido casos en los cuales algunos sanitarios sufrían el miedo y el rechazo por parte de sus vecinos. Y últimamente la sanción y detención de personas que no respetaban las normas de distancia social y protección individual ha sido otra actuación habitual de las autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos hechos, que afortunadamente han sido limitados y solventados con rapidez por las autoridades, han sido sobradamente superados por muchos otros comportamientos sociales positivos de solidaridad, altruismo y generosidad entre ciudadanos.

Sin embargo, y puesto que la seguridad nacional debe contemplar no solo los escenarios ideales sino también situaciones con carencias o posibles riesgos, se debe tener en cuenta esas variables sociales a la hora de establecer una estrategia.

En segundo lugar, el flujo de información ha sido un verdadero tsunami de fuerzas e intereses que han arrollado las capacidades informativas de sociedades enteras, grupos empresariales e incluso individuos. En este juego por llegar a captar la atención del ciudadano han competido tanto medios de comunicación oficiales, como medios de comunicación privados, redes sociales e incluso grupos anónimos con intereses desestabilizadores. Si algo ha demostrado esta situación es que el exceso de información puede resultar tan incapacitante como la falta de información y que, incluso, el uso de información falsa, incompleta o de alguna forma manipulada nos
hace más influenciables frente a la manipulación de agentes exteriores o incluso vulnerables al ciberhacking, con evidentes peligros para la estabilidad social, la operatividad de servicios sanitarios, la facilitación del crimen organizado o incluso la salud mental de la población.

En tercer y último lugar, no podemos olvidar que la sociedad y nuestras instituciones –también las relacionadas con seguridad y defensa– tienen su máxima debilidad y fortaleza basadas en las personas que las forman. Si hay algo que la pandemia está poniendo a prueba es la fortaleza psicológica de los individuos debido a la circunstancia de incertidumbre hacia el presente y futuro, gestión del miedo a la enfermedad y a la muerte, y una necesidad innata de apego a las relaciones sociales. Nuestra capacidad de afrontar este nuevo escenario VUCA (del inglés Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) que afecta a todos y cada uno de los ambientes
sociales y profesionales exige un estilo de liderazgo fuerte, adaptado a esta situación tan exigente, auténtico y basado en los valores grupales. No existe a día de hoy una solución unilateral, si no es con el esfuerzo de muchos. No son palabras vacías el afirmar que la resiliencia de una sociedad, de unas Fuerzas Armadas o de un grupo humano, se basa en trabajar juntos, luchar juntos, sufrir juntos, con una cohesión y un trabajo en equipo convenientemente entrenados.

Dicho esto, podemos entender que las variables psicológicas –a nivel individual y de grupo– están en juego en esta situación de pandemia y que podemos y debemos usar los conocimientos que nos aporta la Psicología como ciencia seria, adaptada a las necesidades reales y con espíritu constructivo, para planificar la táctica y la estrategia de los escenarios actual y futuro derivados del Covid-19.

Sin duda, son momentos interesantes para la Psicología.

* Luis Ángel Díaz Robredo es profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra