El deterioro de la situación del pequeño país mediterráneo beneficia a Hezbolá y a su patrón, Irán

Con cuatro primeros ministros diferentes en lo que va de año, resulta difícil escapar del círculo vicioso en el que se halla el Líbano, de modo que la continuidad del sistema político actual y la grave crisis financiera parecen inevitables. De esta perpetuación resultan algunas posibilidades, sombrías casi todas, para el futuro libanés. He aquí algunos de esos escenarios.

▲ Estado del puerto de Beirut tras la explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 [Mehr News Agency/Wikipedia]

ARTÍCULO / Salvador Sánchez Tapia

Decir que el sistema político libanés es disfuncional no es ninguna novedad. Basado en un equilibrio de poder sectario establecido en 1989 al cabo de una larga guerra civil, perpetúa la existencia de redes clientelares, favorece la corrupción, lastra el desarrollo económico del país y dificulta la creación de una identidad nacional libanesa transversal que trascienda las confesiones religiosas.

De un tiempo a esta parte, el Líbano vive inmerso en una crisis económica y social de tal magnitud que lleva a no pocos analistas a preguntarse si nos encontramos ante un nuevo caso de estado fallido. En octubre de 2019, el país se vio sacudido por una ola de manifestaciones que el propio Gobierno consideró sin precedentes, desatada por el anuncio del Ejecutivo de hacer frente a la grave crisis económica con varias medidas impopulares entre las que se encontraba la de gravar con un impuesto el uso de la popular aplicación Whatsapp. Las protestas, concentradas inicialmente en esta cuestión, incorporaron pronto quejas contra la corrupción rampante, el descontrolado incremento del coste de la vida, o la falta de empleo y oportunidades que vive el país.

Esta presión popular forzó la dimisión del Gobierno de unidad dirigido por Saad Hariri a finales de ese mismo mes. El Ejecutivo fue sustituido en enero de 2020 por un Gobierno de perfil más técnico que el anterior, y dirigido por el exministro de educación Hassan Diab. El nuevo Gobierno tuvo poco margen de maniobra para introducir reformas antes de que se declarase la pandemia por coronavirus, y pronto se vio acosado por la misma presión en la calle que había derrocado el Gobierno anterior, con manifestaciones que continuaron a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia.

La devastadora explosión de comienzos de agosto de 2020 en el puerto de Beirut no hizo sino hundir más al país en la espiral descendente en la que ya estaba sumido. A pesar de las voces que trataron de ver la mano de Israel o la de Hezbolá detrás de la catástrofe que costó la vida a 163 personas, la población libanesa pronto intuyó que esta no era sino la consecuencia lógica de años de corrupción, desidia burocrática  y abandono de la infraestructura nacional. De nuevo se produjo un crescendo de indignación popular; de nuevo el Gobierno se vio forzado a dimitir en pleno.

Con los ecos de la explosión aún vivos, a finales del mes de agosto, Mustafa Adib, exembajador del Líbano en Alemania, recibió del presidente Aoun el encargo de formar Gobierno. Incapaz de culminar tan ardua tarea, entre otras razones por culpa de la insistencia de Hezbolá en controlar el Ministerio de Hacienda, el 26 de septiembre Adib renunció al encargo y presentó su dimisión, dejando al país al borde del precipicio en el que todavía se encuentra.

Es difícil hacer pronósticos sobre el futuro del Líbano, más allá de augurar que se antoja sombrío, pues una compleja dinámica de fuerzas internas y externas atenazan al país. A pesar de la presión que, al menos desde la urbanizada y cosmopolita Beirut, se hace para acabar con ella, resulta enormemente complejo desenredar la tupida madeja de redes clientelares que han controlado el país desde su independencia, no solo por los beneficios que ha generado a un reducido grupo de privilegiados, sino también porque muchos temen las alternativas a un modelo que, con todos sus defectos, ha evitado una reproducción de la salvaje guerra civil que se vivió entre 1975 y 1990.

Su situación geográfica complica al Líbano la tarea de sustraerse al clima de inestabilidad general que reina en Oriente Medio, y a la influencia que ejercen sobre el país actores regionales e internacionales como Israel, Irán, Siria, o Francia, máxime si se considera que los problemas del estado levantino son tan profundos, y su liderazgo nacional tan débil, que no parece sea capaz de superarlos por sí solo.

El drama del Líbano es que su propia división sectaria hace difícil que surjan naciones dispuestas a donar con criterios transversales que ayuden a superar la brecha que divide internamente al país, y que la ayuda que pueda recibir de actores como Irán o Arabia Saudita, no hace sino apuntalarla. Los esfuerzos del presidente francés, Emmanuel Macron, autoerigido como impulsor de la reconstrucción libanesa, no parecen, por el momento, ganar momento. En la conferencia de donantes que convocó el 9 de julio con quince jefes de estado, obtuvo contribuciones por valor de 250 millones de dólares para revitalizar la mortecina economía libanesa. Mientras, el alcalde de Beirut estima que el montante de la reconstrucción por la explosión de agosto en el puerto de la capital asciende a una cifra que sitúa entre los 3.000 y los 5.000 millones de dólares.

Como imagen especular de esta dificultad, las comunidades libanesas, cómodamente instaladas en el statu quo, rechazan una ayuda, sin duda necesaria, si sienten que puede ir en detrimento de sus respectivas bases de poder. Hezbolá, por ejemplo, no acepta los programas del FMI, complicando la consecución del consenso nacional necesario que facilite el apoyo de esta institución. Resulta difícil escapar de este círculo vicioso, de modo que la continuidad del sistema político actual, y con él la de la grave crisis financiera libanesa, parecen hechos inevitables. De esta perpetuación resultan algunas posibilidades, sombrías casi todas, para el futuro libanés. La primera de ellas es que el Líbano continúe precipitándose por el plano inclinado que la está convirtiendo en un estado fallido, y que esta condición acabe por provocar una guerra civil precipitada por sucesos similares a los sucedidos durante la Primavera Árabe en otros estados de la región. Esta eventualidad resucitaría los fantasmas del pasado, produciría una inestabilidad regional difícilmente mensurable pero que, sin duda, provocaría la intervención de actores regionales e internacionales, y podría acabar desmembrando el país, resultado este último que no haría sino sembrar la semilla de más inestabilidad en toda la región.

Sin llegar a ese extremo, el desorden interno puede llegar a quebrar el precario equilibrio de poder sobre el que se basa la vida política libanesa, en beneficio de alguno de sus grupos sectarios. Hezbolá, líder indiscutible de la fracción chií del país, aparece aquí como el grupo más organizado y fuerte dentro del país y, por tanto, como el que más podría ganar de esta quiebra. Debe tenerse en cuenta que, además de con el apoyo de la práctica totalidad del 27 por ciento de chiitas libaneses, la organización-milicia es vista de forma favorable por muchos miembros de la dividida comunidad cristiana –algo más de un 45 por ciento de la población del país– que anteponen su anhelo de orden y seguridad interna en el país a otras consideraciones. Sabedor de ello, el líder de Hezbolá, Hasan Nasrallah, se muestra moderado en sus propuestas, viendo en la comunidad sunnita, apoyada por Arabia Saudita, a su verdadero rival, y tratando de ampliar su base de poder.

Irán sería, sin duda, el verdadero triunfador de este escenario, pues no parece realista pensar en un Hezbolá que, una vez alcanzada la mayoría de edad, pase a tener una vida propia al margen del régimen de los ayatolás. Teherán completaría, con esta nueva pieza, el arco chiita que conecta Irán con Irak y, a través de Siria, con el Mediterráneo Oriental. Los efectos desestabilizadores de tal situación, sin embargo, no pueden ser subestimados si se tiene en cuenta que la sola posibilidad de que la República Islámica de Irán se haga con el control absoluto del Líbano constituye un casus belli para Israel.

En una nota positiva, la grave crisis que atraviesa el país y la fuerte presión popular, al menos en áreas urbanas, puede ser, paradójicamente, un acicate para superar el sistema sectario que tanto ha contribuido a generar esta situación. Sin embargo, semejante transición únicamente tiene posibilidades de avanzar –no importa cómo de tenues– con un decidido apoyo externo al por mayor.

En este escenario, el papel de la comunidad internacional no debe limitarse al aporte de recursos económicos para evitar el colapso del país. Su implicación tiene que favorecer el desarrollo y sostenimiento de movimientos cívico-políticos de base intersectaria que sean capaces de reemplazar a quienes perpetúan el actual sistema. Para ello, a su vez, es imperativo que las naciones contribuyentes presten su ayuda con altura de miras, renunciando a cualquier intento de configurar un Líbano a la medida de sus respectivos intereses nacionales, y forzando a las élites que controlan las facciones a abdicar del statu quo en pro de una verdadera identidad libanesa. La pregunta obvia es: ¿hay alguna posibilidad real de que esto suceda? La realidad, desafortunadamente, no permite albergar grandes esperanzas.

Ankara está implementando un plan estratégico para el control de las tres zonas marítimas que rodean al país

▲ Desfile de miembros de la Fuerza Naval de Turquía [Nérostrateur]

ANÁLISIS / Lucas Martín*

Varias son las acciones que ha llevado a cabo Turquía en los últimos tiempos que indican la puesta en marcha de la llamada doctrina “Patria Azul”.

Entre los diversos hechos a tener en cuenta podemos tomar como elemento inicial el acuerdo firmado con uno de los dos contendientes que se disputan el poder en Libia, el GNA para ser más precisos.

Mediante el mismo, el GNA entregaba de facto a Turquía el control de las aguas territoriales libias al tiempo que establecía un corredor marítimo para Ankara en el este del Mar Mediterráneo.

Lo importante de tener el control de facto de esas aguas no es sólo el enorme volumen de tráfico marítimo que por ellas transita, sino que bajo las mismas se encuentran estratégicas reservas de gas natural y son además zona de paso de varios gasoductos que abastecen a Europa.

Si añadimos este tratado a los movimientos de Turquía en el Mediterráneo, el Egeo, así como su implicación en los conflictos de Siria y Libia, se observa que no son sino partes diferentes pero complementarias de un ambicioso plan minuciosamente trazado por Ankara desde hace algunos años para conseguir el control marítimo del Mediterráneo Este y las zonas adyacentes. El fin último de este plan sería otorgar a Turquía una independencia económica y energética que asegure el crecimiento del país en todos los órdenes.

“Mavi Vatam” - Patria Azul

De sobra es conocida la llamada “Doctrina Gerasimov”, que teoriza sobre la evolución de los conflictos bélicos y proporciona pautas de actuación en el marco actual. Pero mucho menos conocido es que un país como Turquía desarrolló hace casi dos décadas su propia doctrina tratando de dibujar los movimientos geoestratégicos necesarios para alcanzar unos objetivos básicos para el desarrollo de la nación turca y lograr su papel protagonista en el concierto internacional.

El padre de dicho plan es el almirante Cem Gurdeniz, y fue expuesto por primera vez en 2006 bajo el nombre de “Doctrina Patria Azul”.

El almirante basa su teoría en tres pilares, los cuales llevaría mucho tiempo tratar en detalle. Sin embargo, y para el caso que nos ocupa, es interesante detenerse al menos brevemente en el segundo pilar. Bajo este, Gurdeniz define lo que él considera las zonas de jurisdicción marítima que corresponden a Turquía y que valora como vitales para su supervivencia y desarrollo. Estas abarcan zonas del Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo. Mediante la definición de estas establece las aguas territoriales, la plataforma continental y la zona económica exclusiva (ZEE).

El propio almirante reconoce que el problema no se encuentra ni mucho menos en al Mar Negro, donde se llegó a un acuerdo con la extinta Unión Soviética para establecer los límites de la plataforma continental en 1978 y posteriormente, en 1987, la ZEE. Es más, con posterioridad a la desaparición de la URSS se alcanzaron acuerdos con Georgia, Bulgaria y Ucrania.

La cuestión se centra en el Mediterráneo y en el Egeo. Precisamente el epicentro actual de los acontecimientos.

Los límites actuales establecidos, acuerdos de ZEE, etc., han sido impuestos a Turquía por la Unión Europea, según nuestro protagonista, que los considera especialmente gravosos en lo que se refiere a la zona griega y a Chipre. Turquía focaliza en la UE la responsabilidad de impedir en cierto modo el desarrollo turco, lo cual no deja de ser interesante cuando la propia Turquía ha tratado de formar parte de la Unión.

El eje sobre el que pivotan las acciones turcas en los últimos tiempos es el desafío. Y ello se encuentra de nuevo en las propias palabras del almirante, que afirma que la “Patria Azul” “desafía y reta notoriamente al mapa actual”.

Pero a pesar de lo que pueda parecer ese no es el objetivo final de la doctrina “Mavi Vatam”. Ese desafío es el camino para alcanzar su verdadero fin, y este no es otro que alcanzar el control y la consolidación de este de las tres zonas marítimas que rodean al país para, de este modo, ejercer su influencia tanto a nivel regional como internacional, haciéndose con los recursos energéticos necesarios para sostener el crecimiento económico y demográfico de Turquía sin tener que depender de terceros países.

Pero como es norma en estos asuntos, la historia siempre juega un papel fundamental, y en esta ocasión no es diferente.

Los turcos continúan viendo como una afrenta el Tratado de Lausana firmado en 1923 que circunscribe el país a sus fronteras y límites actuales. Mediante éste quedó invalidado el tratado de Sèvres, mucho más beneficioso, pero firmado por el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial.

En Lausana se dictó de facto la fragmentación del imperio, definiendo no sólo las fronteras de Turquía, sino las de Grecia y Bulgaria, concluyendo la soberanía turca sobre las islas del Dodecaneso, Chipre, Egipto, Sudán, Siria e Irak. El Kurdistán dejó de ser una unidad, dividiéndose entre varios países, y Armenia se repartió entre Turquía y la URSS. Las condiciones limitaron la capacidad de acción de los turcos, poniendo al país bajo el paraguas de las potencias occidentales, situación que se ha mantenido durante los casi 100 años transcurridos desde la firma.

Para poder entender la situación actual ha de tenerse en cuenta una serie de factores y circunstancias que constituyen la base de la misma.

Durante el periodo de la Guerra Fría y con la existencia del bloque comunista y su alianza militar, el Pacto de Varsovia, ese paraguas protector de occidente sobre Turquía se transformó más en una necesidad forzada por las circunstancias que en una imposición. La situación geoestratégica del país otomano le otorgaba una importancia vital para ambos bloques, y en el supuesto de que se desatasen las hostilidades sería uno de los primeros territorios en sufrir sus consecuencias. Como ejemplo vivo de esa clave geoestratégica, se debe recordar el papel que desempeñaron las bases americanas equipadas con misiles balísticos nucleares situadas en suelo turco en las negociaciones para desescalar lo que posteriormente se conoció como “la crisis de los misiles de Cuba”.

Pero desde los lejanos años sesenta hasta la actualidad, el mundo ha cambiado por completo. Los balances de poder han variado, y los acontecimientos que se han ido produciendo desde comienzos del siglo XXI, y especialmente durante la última década, han propiciado que los actuales dirigentes consideren que ha llegado su momento.

En su momento, la caída del bloque comunista y el periodo de debilidad de Rusia comenzaron a sentar las bases de una idea muy arraigada en la Turquía actual cuyo eje principal es que el paraguas protector de occidente ya no es tan necesario (no se puede olvidar que ese paraguas también era visto en cierto modo como un corsé).

El afianzamiento de esta idea ha coincidido con una etapa de gran crecimiento tanto económico como demográfico del país otomano, con previsiones de alcanzar los 90 millones de habitantes en 2030. Ambos parámetros tienen grandes implicaciones económicas, pues suponen un incremento notable en las necesidades energéticas del país. Si estas necesidades no son satisfechas no será posible sostener ese crecimiento poblacional ni acompasarlo con un adecuado desarrollo industrial.

La base del imprescindible desarrollo industrial es la independencia energética. Es uno de los factores clave que pueden permitir llevar adelante los diferentes proyectos. Actualmente las necesidades energéticas son cubiertas mediante el suministro desde terceros países. Los principales exportadores de recursos energéticos a Turquía son Rusia, Irán, Irak y Libia. Esta dependencia externa es una de las razones para el espectacular desarrollo de las capacidades militares turcas en los últimos años y su implicación directa en diversos escenarios inestables: mantener asegurado sin interrupciones el suministro de energía. Y ahí se puede encontrar una de las principales razones de las intervenciones en el norte de Siria, norte de Irak, o en Libia.

No obstante, esta no es la única razón para dichas intervenciones; existen otras motivaciones de índole política, compromisos que obligan a Turquía a tomar partido de un modo u otro. El problema kurdo, digno por si mismo de un documento monográfico, es uno de ellos.

Pero a pesar de las posibles motivaciones políticas, en la “Doctrina Patria Azul” el eje principal es la necesidad de alcanzar la independencia energética. Para ello es necesario tomar el control de los recursos energéticos necesarios y lograr la libertad de acción en este campo.

Dos son las esferas que define para conseguir este objetivo. La primera consistiría en el establecimiento de un área de seguridad y de control inmediato de los mares que rodean el país: el Mediterráneo, el Egeo y el Mar Negro. La segunda, de carácter estratégico, se extiende al Mar Rojo, el Mar Caspio y el Mar Arábigo, incluido el Golfo Pérsico.

El dominio turco del espacio marítimo señalado incluye el control sobre las reservas de gas y petróleo que hay en esas aguas. Esa posición de dominio marítimo se refuerza mediante el establecimiento de alianzas con los países de la zona, proporcionándoles apoyo, estableciendo bases militares en su territorio y facilitando material y adiestramiento militar a sus ejércitos, asegurándose así su apoyo. Esto es un hecho, y Turquía ya dispone de bases en Somalia, Sudán, Libia y Qatar, países a los que suministra sistemas de armas de fabricación propia y con los que mantiene acuerdos militares de diversa índole.

En este punto se debe hacer un inciso. Estos movimientos no son bien vistos por todos los países de la zona, algunos de los cuales ven amenazada su actual posición y sus propias aspiraciones de crecimiento en poder e influencia en ella. La existencia de una potencia regional dominante no suele dejar demasiado margen de maniobra. Y es importante citar también en este punto otras palabras del padre de la doctrina “Patria Azul”: “Turquía no necesita ningún aliado para proteger la Patria. La Patria es la Patria. Nuestra plataforma continental es nuestra patria y tenemos que protegerla”.

Sin embargo, afirma que en el futuro las relaciones entre Italia, Túnez, Libia y Turquía serán el eje principal del Mediterráneo. Obviando deliberadamente a países como Francia, Grecia y España.

Tradicionalmente, la Fuerza Naval turca tenía como área habitual de operaciones el Mediterráneo, el Mar Negro y el Egeo. Pero, desde hace no mucho, ha ampliado su zona de actuación extendiéndola hacia el Mar Rojo, el Mar Arábigo y el Golfo Pérsico, y llegando incluso a operar en estrecha colaboración con Pakistán.

Esta visión estratégica, centrada en el dominio del mar, aparte de en las razones expuestas previamente referidas al control de los recursos energéticos, tiene su explicación en el convencimiento que tiene Turquía de que su especial orografía, muy abrupta, ofrece ya de por sí una defensa natural y disuasoria ante cualquier agresión por tierra.

Además, la doctrina “Patria Azul” parte de la base de que Turquía debe ser una potencia eminentemente marítima. Es, por tanto, una doctrina realista de autodefensa de las zonas marítimas que por derecho corresponden a Turquía, para protegerlas con la mirada puesta en las generaciones venideras.

Por tanto, las fronteras marítimas, que se extienden por tres mares diferentes, son percibidas hasta el momento como el punto débil de la nación. Y eso es precisamente lo que está en proceso de transformación.

Este punto de vista tiene su raíz histórica en el antiguo Imperio Otomano, al cual hace referencia en numerosas ocasiones el almirante Cem Gürdeniz en sus escritos. Fue el que llevó a Erdogan, poco después de acceder al poder, a iniciar un programa completo de desarrollo y modernización de su Fuerza Naval conocido como “Milgem”. En este proyecto se han realizado fuertes inversiones de todo tipo, y no se han escatimado esfuerzos, pues para lograr el desarrollo de unas fuerzas armadas, especialmente en su vertiente marítima, que sustenten el objetivo de erigirse como una potencia regional e internacional, es clave un desarrollo tecnológico independiente de la industria turca.

En los últimos años, la industria de defensa turca ha experimentado una espectacular evolución, demostrando la efectividad de sus desarrollos en los escenarios libio, sirio y, más actualmente, en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Se ha puesto gran énfasis en el desarrollo de buques de guerra, sistemas aéreos no tripulados (UAVs) y sistemas de armas avanzados de gran calidad. Especialmente el capítulo de los UAVs es particularmente significativo, y debe ser objeto de un estudio en profundidad, incluso desde el punto de vista nacional en España.

De nuevo, aquí encontramos dos intenciones claramente definidas. Por un lado, la de alcanzar un nivel tecnológico puntero en sus fuerzas armadas que respalde la consecución de los objetivos señalados previamente, y por otro, la de situarse como referencia en el campo de la exportación de armas, para lograr ingresos y poder influir en los países de su interés y sus políticas del mismo modo en que lo hacen Estados Unidos, China y Rusia.

Siendo más concretos, en el marco del programa “Milgem” se han construido cuatro corbetas antisubmarinas, un buque de obtención de inteligencia, cuatro fragatas para guerra de superficie y cuatro fragatas antiaéreas. El programa también incluye cuatro corbetas de última generación para la Armada de Pakistán como una forma de exportar sus avances, aumentar la ya estrecha colaboración entre ambos países y obtener como no beneficios económicos para la industria armamentísticas.

Del mismo modo, 33 nuevas barcazas de desembarco con capacidad para el transporte tanto de tropas como de vehículos acorazados han sido entregadas a la Fuerza Naval turca. El desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades de asalto anfibio por parte de Turquía suponen un factor a tener en cuenta en un hipotético aumento de la tensión con Grecia, especialmente en lo que se refiere a las reclamaciones sobre las islas situadas al este del país y sus aguas.

El desarrollo de las capacidades de guerra naval se completa con la fabricación de seis nuevos submarinos de factura alemana construidos bajo licencia de HDW en la propia Turquía, concretamente del modelo U-214. Estos nuevos sumergibles están equipados con un sistema AIP que les permite permanecer durante largos periodos sin salir a superficie, y se unen a los diez que el país otomano operaba hasta el momento.

Este dato es uno de los más significativos desde el punto de vista de su capacidad desestabilizadora. Hasta el momento ha sido Grecia la que ha mantenido cierta superioridad tecnológica en este campo. Pero la entrada en servicio de las nuevas unidades turcas cambia significativamente el sentido de la balanza. Los submarinos, además de ejercer como perfectas plataformas de obtención de inteligencia, especialmente en las disciplinas SIGINT (Inteligencia de Señales) y COMINT (Inteligencia de Comunicaciones), son excelentes armas disuasorias, capaces de negar a una flota entera el acceso a una extensa área.

El elemento más significativo del pretencioso programa turco es un buque de asalto anfibio (LHD) llamado “Anadolu”. Este barco, de características muy similares al “Juan Carlos I” que opera la Armada española es un salto cualitativo en cuanto a las capacidades que proporciona, pues no solo puede transportar barcazas de desembarco, sino que desde su cubierta pueden operar diferentes tipos de helicópteros, UAVs y, en su caso, aviones de combate de despegue vertical.

Actualmente, el único aparato de dichas características compatible con el buque es el norteamericano F-35 B, que es la variante con capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VSTOL). Turquía formaba parte de las naciones que habían decidido adquirir dicho avión de combate, aunque en su versión A, que es la estándar para la Fuerza Aérea, la entrega de cuyas primeras unidades ya tenía fecha fijada.

Pero la decisión del gobierno de Ankara de adquirir material antiaéreo ruso de última generación, como es el sistema S-400, ha llevado a los Estados Unidos a vetar su continuidad en el programa de adquisición del F-35 B. De hecho, los primeros aparatos destinados al país otomano han sido vendidos a la USAF. De todos modos, la intención de Turquía no era la de adquirir la versión VSTOL, lo cual deja en el aire su verdadera intención sobre qué aeronaves equiparán el buque.

El proyecto se completará con la construcción de un segundo buque de asalto anfibio, el “Trakya”. La posesión de dos unidades de este tipo proporciona a la fuerza naval turca unas capacidades muy superiores a las de sus vecinos en la región, otorgándole la capacidad de proyectar su fuerza anfibia en operaciones estratégicas y en dos escenarios simultáneamente.

El verdadero valor de estas capacidades no es el operativo en sí mismo, sino la capacidad disuasoria que representa.

La implicación de Turquía en los conflictos de Siria y Libia ha servido a las Fuerzas Armadas turcas, y dentro de estas a sus unidades navales, una enorme y valiosa experiencia en combate que le ha sido de gran utilidad para actualizar y mejorar su doctrina y sus capacidades operacionales. Esto, unido a la elevada calidad de la formación que tienen sus unidades, a la calidad de su equipamiento y al desarrollo tecnológico y armamentístico descritos, son los tres pilares necesarios para la puesta en marcha de la doctrina “Patria Azul”. La gran incógnita es cómo reaccionarán las otras potencias regionales, directamente afectadas ante el avance de este plan estratégico.

A modo de conclusión, puede decirse que los intereses son múltiples y a menudo cruzados, y afectan no solo a los países ribereños de esa zona del Mediterráneo, sino a potencias como Rusia y Francia y a organizaciones internacionales como la OTAN.

Los incidentes entre naciones en principio aliadas ya se han producido, llevando incluso a que Francia se retire de la operación de la OTAN en el Mediterráneo debido al problema acaecido entre una fragata gala y otra turca, y teniendo como consecuencia un ataque contra posiciones turcas por parte de aviones “Rafale” procedentes de bases en los Emiratos Árabes, pero cuya nacionalidad continúa sin estar clara.

No hay duda de que la actitud turca, y la puesta en marcha de su plan, pone en una situación de debilidad a la Alianza Atlántica, pues uno de los motivos que sustentan el plan es la percepción que tiene Turquía de que ya no necesita el amparo del paraguas de Occidente para la defensa de sus intereses.

Por otro lado, Turquía juega con la baza de poseer la llave de la puerta de entrada al torrente de inmigrantes procedentes de Siria, Libia, Somalia y Eritrea hacia la Unión Europea. Y la usará como medida de presión ante cualquier reacción o posicionamiento de Europa en contra de sus intereses.

El Mediterráneo Oriental ha recobrado el papel protagonista en la geopolítica mundial que ya tuvo en el siglo XVI, solo que esta vez tenemos a nuevas potencias como Rusia que también reclaman su espacio y su necesidad de una presencia permanente y fuerte en esa zona. No podemos obviar la relación que tiene esa necesidad rusa con el conflicto de Crimea y la necesidad estratégica de poder controlar en cierto modo ambos lados del Bósforo y asegurar la salida al Mediterráneo de la flota del Mar Negro.

Todos estos intereses económicos, energéticos y políticos están creando una situación muy complicada donde además se unen los conflictos “internos” de Siria y Libia, creando una sobrepresencia de unidades militares, combatientes, compañías militares privadas, sistemas de armas, aviones, UAVs, etc. que en cualquier momento, y a causa de cualquier error inopinado, pueden dar lugar a un incidentes que por leve que sea tenga consecuencias imprevisibles e irreparables.

* El autor es teniente coronel de Infantería y analista de Geopolítica

BIBLIOGRAFÍA

Kasapoglu,  ‘The Blue Homeland’: Turkey’s largest naval drill. Anadolu Agency 27 February.

SETA Security Sadar Turkey’s geopolitical landscape in 2020

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, “An assesment of eastern mediterranean maritime boundary delimitation agreement between Turkey and Libya” Science Journal of Turkish Military Academy Haziran /June 2020

Eyal Pinko, “Turkey’s Maritime Strategy Ambitions: The Blue Homeland Doctrine (Mavi Vatan)”  Research Institute for European and American Studies (www.rieas.gr) April 2020

Armenia y Azerbaiyán se enfrentan en un conflicto en el que también se han implicado Turquía y Rusia

▲ Monumento a la captura de la ciudad de Shusha por parte armenia en la guerra por Nagorno Karabaj en la década de 1990 [Wikipedia]

ANÁLISIS / Irene Apesteguía

La región de Nagorno Karabaj, tradicionalmente habitada por armenios cristianos y turcos musulmanes, es internacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán. No obstante, su población es de mayoría armenia, y con sentimiento independentista. En época soviética se convirtió en una región autónoma dentro de la república de Azerbaiyán y fue en la guerra de la década de 1990 cuando, además de dejar unos 30.000 muertos y alrededor de un millón de personas desplazadas, las fuerzas separatistas capturaron territorio adicional azerí. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, las discrepancias étnicas entre Azerbaiyán y Armenia se han hecho más profundas. Incluso un censo de 2015 de Nagorno Karabaj reportó que no vivía allí ningún azerí, mientras que, en época soviética, los azeríes conformaban más de un quinto de la población. Desde la tregua entre las dos exrepúblicas soviéticas de 1994, se ha dado una situación de punto muerto, con el fracaso de varias negociaciones para lograr un acuerdo de paz permanente. La disputa ha continuado congelada desde entonces.

El pasado 27 de septiembre, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán volvió a conducir a un enfrentamiento militar. Los últimos acontecimientos van mucho más allá de los enfrentamientos habituales, ya que hay informes de helicópteros derribados, uso de drones de combate y ataques con misiles. En 2016 se produjo una violenta escalada del conflicto, pero no se ocupó Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj, y tampoco se declaró ninguna ley marcial. Si algo queda claro es que la escalada actual es una consecuencia directa del congelamiento del proceso de negociaciones. Además, es la primera vez que los estallidos armados se producen en intervalos tan cortos, pues la última escalada del conflicto tuvo lugar el pasado mes de julio.

El ministro de Defensa de Azerbaiyán, Zakir Hasanov, amenazó el pasado 27 de septiembre con un “gran ataque” contra Stepanakert, si los separatistas no cesaban de bombardear sus asentamientos. Nagorno Karabaj declaró que respondería de forma “muy dolorosa”. Armenia, por su parte, advirtió que el enfrentamiento podría desatar una “guerra a gran escala en la región”.

Los líderes de ambos países se responsabilizan mutuamente de esta nueva escalada de la violencia. Según Azerbaiyán, las Fuerzas Armadas de Armenia provocaron constantemente al país, disparando contra el ejército y contra aglomeraciones de civiles. Además, en múltiples canales de televisión locales azerbaiyanos, el presidente Ilham Aliyev ha declarado que Armenia se está preparando para una nueva guerra, concentrando todas sus fuerzas en Karabaj. Incluso las autoridades azeríes han restringido el uso de internet en el país, limitando principalmente el acceso a las redes sociales.

En su operación de contraofensiva, Azerbaiyán movilizó personal y unidades de tanques con el apoyo de tropas de artillería y misiles, aviación de primera línea y vehículos aéreos no tripulados (UAV), decía el comunicado de prensa del Ministerio. Además, de acuerdo con el Observatorio sirio de Derechos Humanos, varios sirios de grupos yihadistas, de facciones respaldadas por los turcos, son combatientes en Nagorno-Karabaj. Esto ha sido corroborado por fuentes rusas y francesas. En cualquier caso, no sería sorprendente cuando Turquía se sienta al lado de Azerbaiyán.

Por su parte, Armenia culpa a Azerbaiyán de comenzar el combate. Autoridades armenias anunciaron que el ejército azerbaiyano había atacado con lanzagranadas propulsadas por cohetes y con misiles. Armenia no ha dejado de prepararse, pues en las semanas previas al inicio del combate, se habían detectado múltiples envíos de armas rusas al país a través de vuelos de transporte pesado. Por otro lado, el ministro de Defensa de Armenia ha acusado a Turquía de ejercer el comando y control de las operaciones aéreas de Azerbaiyán a través del avión Boeing 737 Airborne Early Warning & Control, ya que Turquía tiene cuatro de estos aviones.  

Desencadenantes

Ambas potencias estaban en alerta debido a los enfrentamientos de julio. Desde entonces, no han abandonado la preparación militar a manos de sus aliados externos. Por tanto, los acontecimientos actuales no pueden describirse como surgidos de la nada. Después del estallido de julio ha persistido la sensación de que el enfrentamiento armado simplemente había quedado en suspenso.

Horas después del estallido de los combates, Armenia declaró la ley marcial y la movilización general. Azerbaiyán, al contrario, declaró que tal actuación no era necesaria, pero finalmente el parlamento decidió imponer la ley marcial en algunas regiones del país. No solo se decretó la ley marcial, sino que también el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán declaró la liberación de siete aldeas, el establecimiento de un toque de queda en varias ciudades y la reconquista de múltiples alturas importantes. Está claro que todos los territorios ocupados tienen un crucial valor estratégico: Azerbaiyán ha asegurado el control visual de la carretera Vardenis-Aghdara, que conecta con el Karabaj, ocupado por Armenia. La carretera fue terminada por Armenia hace tres años, con el fin de facilitar las transferencias de carga militar de forma rápida, algo que indica que se trata de una posición estratégica para Armenia.

La guerra de drones ha estado también presente en el conflicto con drones turcos e israelíes usados por Azerbaiyán. Las medidas anti-drones que Armenia tiene que llevar a cabo están haciendo partícipe en el asunto a Irán.

Un factor importante que ha podido llevar al conflicto han sido los cambios en la cúpula diplomática de Bakú. Elmar Mammadyarov, ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, abandonó su cargo durante los enfrentamientos de julio. Ha sido reemplazado por el exministro de Educación, Jeyhun Bayramov, quien no tiene mucha experiencia diplomática. Mientras tanto, Hikmet Hajiyev, asesor de política exterior del presidente de Azerbaiyán ha visto aumentado su papel en estas áreas.

Pero el problema no se centra tanto en los nuevos nombramientos. Durante los últimos años, Mammadyarov fue el mayor optimista acerca de las concesiones que Armenia podría estar dispuesta a hacer bajo el nuevo gobierno de Nikol Pashinyan. Y es que, desde la Revolución de Terciopelo de Armenia, que llevó al puesto de primer ministro a Pashinyan en 2018, Azerbaiyán había abrigado la esperanza de poder resolver el conflicto. Esta esperanza era compartida por muchos diplomáticos y expertos de Occidente. Es más, incluso dentro de Armenia, los oponentes de Pashinyan lo calificaron de traidor porque, según afirmaban, vendía los intereses del país a cambio de dinero occidental. Toda esta esperanza en torno a Armenia desapareció, pues la posición del nuevo primer ministro armenio con relación a Nagorno-Karabaj fue más dura que nunca. Hasta declaró en varias ocasiones que “Karabaj es Armenia”. Todo esto llevó a reforzar la posición de Azerbaiyán, que tras los enfrentamientos de julio se endureció. Y es que Bakú nunca ha descartado el uso de la fuerza para intentar solucionar el problema de su integridad territorial.

En el conflicto de 2016 hubo muchos esfuerzos para minimizar estos disturbios armados, principalmente por parte de la diplomacia rusa. Estos han contado con el respaldo de Occidente, que vio la mediación de Moscú como algo positivo. Sin embargo, las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán no se han reanudado, y la excusa de la pandemia de coronavirus no ha sido muy convincente, según medios nacionales.

Más puntos han llevado a la escalada actual, como una mayor participación turca. Después de los enfrentamientos de julio, Turquía y Azerbaiyán realizaron ejercicios militares conjuntos. Los representantes de Ankara comenzaron a hablar sobre la ineficacia del proceso de paz, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hablando el pasado mes en la Asamblea General de la ONU, describió a Armenia como el mayor obstáculo para la paz a largo plazo en el sur del Cáucaso. Esto no quiere decir que Turquía haya provocado la nueva escalada, pero sin duda contribuyó a empujar a Azerbaiyán a una actitud más envalentonada. El presidente turco afirmó en Twitter que “Turquía, como siempre, está con todos sus hermanos y hermanas de Azerbaiyán”. Además, el pasado mes de agosto, el ministro azerí de Defensa dijo que, con la ayuda del ejército turco, Azerbaiyán cumpliría “su sagrado deber”, algo que puede interpretarse como la recuperación de los territorios perdidos.

Importancia internacional

En un breve repaso por los aliados, cabe mencionar que los azeríes son una población mayoritaria de origen turco, con la que Turquía tiene estrechos lazos, aunque a diferencia de los turcos, la mayor parte de azeríes son musulmanes chiítas. En cuanto a Armenia, Turquía no tiene relaciones con el país, pues el primero es un país mayoritariamente cristiano ortodoxo que históricamente siempre se ha apoyado en Rusia.

Nada más comenzar las hostilidades, varios estados y organizaciones internacionales pidieron un alto al fuego. Por ejemplo, el canciller ruso Sergei Lavrov, en una conversación telefónica con su homólogo armenio, Zohrab Mnatsakanyan, pidió el fin de los combates y declaró que Moscú continuaría con sus esfuerzos de mediación. Mientras tanto, tal como hizo después de los enfrentamientos de julio, Turquía volvió a expresar a través de varios canales su pleno apoyo a Azerbaiyán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía aseguró que Ankara está dispuesta a ayudar a Bakú de cualquier forma. El presidente armenio, horas previas al inicio del fuego, mencionó que un nuevo conflicto podría “afectar a la seguridad y estabilidad no solo del Cáucaso Sur, sino también de Europa”. El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, expresó serias preocupaciones y pidió a ambas partes detener los combates.

Por otro lado, está Irán, que es principalmente chiíta y además tiene una gran comunidad de etnia azerí en el noroeste del país. No obstante, mantiene buenas relaciones con Rusia. Además, teniendo frontera con ambos países, Irán se ofreció a mediar en conversaciones de paz. Aquí se centra el problema actual de Irán sobre el nuevo conflicto. Los activistas azeríes convocaron protestas en el Azerbaiyán Iraní, que es el territorio nacional de los azeríes bajo soberanía de Irán, en contra del apoyo de Teherán a Armenia. Los arrestos llevados a cabo por el gobierno iraní no han impedido que sigan las protestas por parte de este sector social. Esta respuesta en las calles es un importante indicador de la temperatura actual en el noroeste de Irán.

En cuanto a países occidentales, Francia, que tiene una gran comunidad armenia, pidió un alto el fuego y el inicio del diálogo. Estados Unidos aseguró haber contactado con ambas partes para urgirles a “cesar las hostilidades inmediatamente y evitar palabras y acciones de poca ayuda”.

Rusia puede tener serias preocupaciones en la reanudación de las hostilidades a gran escala. Ha dejado claro en múltiples ocasiones que lo importante es evitar que el conflicto vaya a más. Un motivo de esa insistencia puede ser que el Kremlin tiene ya frentes abiertos en Ucrania, Siria y Libia, además de la situación actual en Bielorrusia, y el envenenamiento de Alexéi Navalni. Además, a pesar del intento actual por parte de los presidentes de Rusia y Turquía por mostrar que las relaciones entre sus países van bien, cada vez son mayores y más diversas las discrepancias entre ellos, como sus puntos de vista en Siria o en Libia. Y ahora, Vladimir Putin no podría dejar a Armenia en manos de Azerbaiyán y Turquía.

El Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tiene como principal misión la mediación de las negociaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán, y está copresidida por Rusia, Francia y Estados Unidos. Como respuesta al presente conflicto, pidió “regreso al alto el fuego y reanudación de negociaciones sustantivas”. A principios de este año, Armenia rechazó los Principios de Madrid, el principal mecanismo de resolución de conflictos que propuso el Grupo de Minsk. Además, esta iniciativa se ha visto cada vez más imposibilitada por el concepto de “nueva guerra por nuevos territorios” del Ministerio de Defensa de Armenia, así como por la idea de unificación de Armenia y Karabaj de Nikol Pashinyan. Todo esto ha enfurecido al gobierno y la ciudadanía azerí, que ha criticado cada vez más al Grupo de Minsk. Azerbaiyán también ha criticado la pasividad del grupo ante lo que considera acciones incendiarias de Armenia, como el traslado de la capital de Karabaj a Susa, una ciudad con gran importancia cultural para los azerbaiyanos, o como el asentamiento ilegal de libaneses y armenios en territorios ocupados de Azerbaiyán.  

Si alguna conclusión debe de ser obtenida de esto es que, para muchos, tanto en Azerbaiyán como en Armenia, el proceso de paz se ha desacreditado en las últimas tres décadas de negociaciones fallidas, lo que ha provocado cada vez más advertencias de que el status quo conduciría a una mayor intensificación del conflicto.

Entre algunos expertos existe una creciente preocupación de que los países occidentales no comprenden la situación actual y las consecuencias que se podrían derivar del peor estallido en la región en años. El director de la Oficina del Cáucaso Sur en la Fundación Heinrich Boell, Stefan Meister, ha afirmado que los combates entre estas dos regiones pueden llegar lejos. En su opinión, “la Unión Europea y Occidente subestiman el conflicto”.

La Unión Europea también se ha posicionado. Ya ha pedido a Armenia y Azerbaiyán la reducción de las tensiones transfronterizas, instando a detener el enfrentamiento armado y a abstenerse de acciones que provoquen más tensión, debiendo tomar medidas para evitar una mayor escalada.

El conflicto en el Cáucaso tiene gran importancia internacional. En la zona se dan periódicos enfrentamientos y resurgimientos de tensiones. La relevancia se centra en que cualquier escalada de la violencia puede desestabilizar la economía global, dado que el Cáucaso sur es un pasillo para gasoductos que llegan desde el mar Caspio hasta los mercados mundiales, y más concretamente, a Europa. Si Armenia decide que Azerbaiyán ha escalado demasiado, podría atacar el Gasoducto del Cáucaso del sur de Azerbaiyán, que envía gas para el TANAP de Turquía, y termina con el TAP, que abastece a Europa. Otro aspecto estratégico es el control de la ciudad Ganyá, pues controlarla podría conectar a Rusia con Karabaj. Además, el control de ese emplazamiento podría cortar la conectividad entre Azerbaiyán, Georgia y Turquía en relación con los gaseoductos. Ya hubo conflictos en esta área el pasado mes de julio, por ello a raíz del nuevo conflicto Azerbaiyán se ha predispuesto a cerrar el espacio aéreo de la región.

En verde fuerte, territorio de Nagorno-Karabaj acordado en 1994; en verde suave, territorio controlado por Armenia hasta este verano [Furfur/Wikipedia]

¿Una nueva guerra?

Hay varios resultados posibles para la situación actual. Lo más probable es una batalla por zonas pequeñas y no particularmente importantes, que permitan la declaración simbólica de una “victoria”. El problema se centra en que cada oponente puede tener una visión muy diferente de las cosas, siendo entonces inevitable una nueva vertiente de confrontación, subiendo el listón del conflicto, y derivando en una menor posibilidad de entendimiento entre las partes.

Aunque poco probable, muchos analistas no descartan la posibilidad de que la escalada actual sea parte de los preparativos para las negociaciones y sea necesaria para apuntalar las posiciones diplomáticas y aumentar la presión sobre el oponente antes de reanudar las conversaciones.

Cualquiera que sea el razonamiento detrás de los enfrentamientos armados, una cosa está clara: la importancia de la fuerza militar en el proceso de paz de Nagorno-Karabaj crece día a día. La ausencia de conversaciones se está volviendo crítica. Si el péndulo de Karabaj no se arregla pronto y no pasa de los generales a los diplomáticos, puede volverse irreparable. Y será entonces cuando las perspectivas de que estalle otra guerra regional una vez más dejarán de ser un mero escenario descrito por los expertos.

Mientras que Rusia sigue insistiendo en que no hay otra opción más que la vía pacífica, la Línea de Contacto entre ambos lados en Nagorno Karabaj se ha convertido en la zona más militarizada de Europa. Muchos expertos han mostrado en varias ocasiones como posible escenario que Azerbaiyán decida lanzar una operación militar para recuperar su territorio perdido. El país, cuya principal fuente de ingresos es su riqueza petrolera del Mar Caspio, ha gastado miles de millones de dólares en nuevo armamento. Además, ha sido Azerbaiyán quien ha reemplazado a Rusia como el mayor portador de gas natural a Turquía.

Una gran consecuencia del conflicto se centra en las posibles pérdidas de Rusia e Irán. Una víctima más del conflicto puede ser la posición rusa como líder de Eurasia. Otro argumento se basa en el Consejo turco, que ha exigido la retirada de Armenia de tierras azerbaiyanas. El problema está en que los miembros de ese consejo, Kazajistán y Kirguistán, son también miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC), liderada por Rusia junto con Armenia. Por otro lado, además, Irán muestra pánico ante la solidaridad total expresada por Turquía a Azerbaiyán, pues viven más azeríes en el Azerbaiyán Iraní que en la República de Azerbaiyán.

Nos situamos ante uno de los tantos conflictos ejemplificativos del nuevo y actual “estilo” de guerra, donde grandes potencias se sitúan a espaldas de pequeños conflictos. No obstante, el territorio de Nagorno-Karabaj será pequeño en extensión, pero no en importancia, ya que además de contribuir a la continuidad en la desestabilización del área caucásica, puede afectar a potencias cercanas, e incluso a Europa. Occidente debiera otorgarle la importancia que se merece, pues de continuar en la misma línea, la puerta está abierta a un conflicto bélico más violento, extenso y prolongado.

▲ Ejercicios navales de comandos de la Guardia Revolucionaria en el Estrecho de Ormuz en 2015 [Wikipedia]

ENSAYO / Ana Salas Cuevas

La República Islámica de Irán, también conocida como Persia, es un país con gran importancia en la geopolítica. Es una potencia regional no solo por su localización estratégica, sino también por sus grandes recursos de hidrocarburos, que hacen de Irán el cuarto país en reservas probadas de petróleo y el primero en reservas de gas[1].

Así hablamos de uno de los países más importantes del mundo por tres motivos fundamentales. El primero, mencionado anteriormente: sus inmensas reservas petrolíferas y de gas. En segundo lugar, porque Irán controla el estrecho de Ormuz, que es llave de entrada y salida del Golfo Pérsico y por el que pasan la mayor parte de las exportaciones de hidrocarburos de Irán, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, Catar y Bahréin[2]. Por último, por el programa nuclear en el que ha invertido tantos años[3].

La república iraní se basa en los principios del Islam chií, aunque hay una gran diversidad étnica en su sociedad. Por ello, es indispensable tener en cuenta la gran “fuerza del nacionalismo iraní” para comprender su política. Apelando a la posición dominante sobre otros países, el movimiento nacionalista iraní pretende influir en la opinión pública. El nacionalismo se ha ido asentando desde hace más de 120 años, desde que el Boicot de Tabaco de 1891[4] supuso una respuesta directa a la intervención y presión exterior, y hoy pretende lograr la hegemonía en la región. La política exterior e interior de Irán son una clara expresión de este movimiento[5].

Por agente interpuesto (Proxy armies)

La guerra subsidiaria (en inglés, war by proxy) es un modelo de guerra en el cual un país hace uso de terceros para combatir o influenciar en un determinado territorio, en lugar de enfrentarse directamente. Como señala David Daoud, en el Líbano, Irak, Yemen y Siria, “Teherán ha perfeccionado el arte de conquistar gradualmente un país sin reemplazar su bandera”[6]. En esa tarea participa directamente la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (GRI), formando o favoreciendo militarmente a las fuerzas de otros países.

La GRI nació con la Revolución Islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, con el fin de mantener los logros del movimiento[7]. Se trata de uno de los principales actores políticos y sociales del país. Posee gran capacidad para influir en los debates y decisiones de la política nacional. Es, además, propietaria de numerosas empresas dentro del país, lo que le garantiza una fuente de financiación propia y refuerza su carácter de poder interno. Constituye un cuerpo independiente de las fuerzas armadas, y el nombramiento de sus altos cargos depende directamente del Líder de la Revolución. Entre sus objetivos está la lucha contra el imperialismo, y expresamente se compromete a intentar rescatar Jerusalén para devolverla a los palestinos[8]. Su importancia es crucial para el régimen, y cualquier ataque a estos cuerpos representa una amenaza directa al gobierno iraní[9].

La relación de Irán con los países musulmanes de su entorno se encuentra marcada por dos hechos principales: por un lado, su condición chiita; por otro, la preeminencia que logró tener en el pasado en la región[10]. Gracias a que su acción exterior se encuentra apoyada en la Guardia Revolucionaria Islámica, Irán ha conseguido establecer grandes vínculos con grupos políticos y religiosos por todo Oriente Medio. A partir de ahí, Irán aprovecha distintos recursos para afianzar su influencia en los distintos países. En primer lugar, haciendo uso de herramientas de poder blando o soft power. Así, entre otras acciones, ha participado en la reconstrucción de mezquitas y escuelas en países como el Líbano o Irak[11]. En Yemen ha proporcionado ayudas logísticas y económicas al movimiento hutí. En 2006, se implicó en la reconstrucción del sur de Beirut.

No obstante, los métodos utilizados por estas fuerzas alcanzan otros extremos, pasando a mecanismos más intrusivos (hard power). Por ejemplo, tras la invasión israelí de 1982 en el Líbano, Irán ha ido estableciendo allí a lo largo de tres décadas un punto de apoyo, con Hezbolá como proxy, aprovechando las quejas sobre la privación de derechos de la comunidad chiita. Esta línea de acción ha permitido a Teherán promover su Revolución Islámica en el extranjero[12].

En Irak la GRI buscó la desestabilización interna de Irak, apoyando facciones chiitas como la organización Badr, durante la guerra irano-iraquí de la década de 1980. Por otro lado, Irán involucró a la GRI en el levantamiento de Saddam Hussein a principios de la década de 1990. A través de este tipo de influencias y encarnando el paradigma de proxy army, Irán ha ido estableciendo influencias muy directas sobre estos lugares. Incluso en Siria, este cuerpo de élite iraní tiene una gran influencia, apoyando al gobierno de Al Assad y las milicias chiitas que combaten junto a él.

Por su parte, Arabia Saudí acusa a Iran y su Guardia de proveer armas en Yemen a los hutíes (movimiento que defiende a la minoría chiita), generando una importante escalada de tensión entre ambos países[13].

La GRI se consolida, así, como uno de los factores más importantes en el panorama de Oriente Medio, impulsando la lucha entre dos bandos que quedan contrapuestos. No obstante, no es el único. De esta manera, encontramos un escenario de “guerra fría”, que acaba trascendiendo y convirtiéndose en foco internacional. Por un lado, Irán, apoyado por potencias como Rusia o China. Por el otro, Arabia Saudí, de la mano de EEUU. Esta contienda se desarrolla, en gran medida, de una manera no convencional, a través de proxy armies como Hezbolá y las milicias chiitas en Irak, en Siria o en Yemen[14].

Causas de una confrontación

Las tensiones entre Arabia Saudí e Irán se han extendido a todo Oriente Medio (y más allá), creando en este territorio dos bandos bien determinados, ambos con pretensión de adjudicarse la hegemonía en la zona.

Para interpretar este escenario y comprender mejor su oposición es importante, en primer lugar, distinguir dos corrientes ideológicas contrapuestas: el chiismo y el sunismo (wahabismo). El wahabismo es una tendencia religiosa musulmana de extrema derecha, de la rama del sunismo, que hoy en día es la religión mayoritaria en Arabia Saudí. El chiismo, como previamente se ha mencionado, es la corriente en la que se basa la República de Irán. No obstante, como veremos, la pugna que se desarrolla entre Irán y Arabia Saudí es política, no religiosa; está más basada en la ambición de poder, que en la religión.

En segundo lugar, encontramos en el control del tráfico del petróleo otra causa de esta rivalidad. Para entender este motivo, conviene tener en cuenta la posición estratégica que juegan los países de Oriente Medio en el mapa global al acoger las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Un gran número de luchas contemporáneas se deben, en efecto, a la intromisión de las grandes potencias en la región, intentando tener un papel sobre estos territorios. Así, por ejemplo, el acuerdo de Sykes-Picot[15] de 1916 para el reparto de influencias europeas sigue condicionando acontecimientos actuales. Tanto Arabia Saudí como Irán, como venimos diciendo, poseen un protagonismo especial en estos enfrentamientos, por las razones descritas.

Bajo estas consideraciones, es importante señalar, en tercer lugar, la implicación en dichas tensiones de potencias exteriores como Estados Unidos.

Los efectos de las primaveras árabes han debilitado a muchos países de la zona. No así a Arabia Saudí e Irán, que han buscado en las últimas décadas su consolidación como potencias regionales, en gran medida gracias al respaldo que les otorga su producción y sus grandes reservas de petróleo. Las diferencias entre ambos países se ven reflejadas en la manera en la que intentan configurar la región y en los distintos intereses que pretenden lograr. Además de las diferencias étnicas entre Irán (persas) y Arabia Saudí (árabes), su alineamiento en el panorama internacional también es opuesto. El wahabismo se presenta como antinorteamericano, pero el gobierno saudí es consciente de la necesidad que tiene del apoyo de EEUU, y ambos países mantienen una conveniencia recíproca, con el petróleo como base. No sucede lo mismo con Irán.

Irán y EEUU fueron estrechos aliados hasta 1979. La Revolución Islámica lo cambió todo y desde entonces, con la crisis de los rehenes de la embajada estadounidense en Teherán como momento inicial especialmente dramático, las tensiones entre los dos países han sido frecuentes. La confrontación diplomática ha vuelto a ser aguda con la decisión del presidente Donald Trump de retirada del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), firmado en 2015 para la no proliferación nuclear de Irán, con la consiguiente reanudación de las sanciones económicas hacía este país. Además, en abril de 2019 Estados Unidos situó a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas[16], responsabilizando a Irán de financiar y promover el terrorismo como una herramienta de gobierno[17].

Por un lado, pues, está el bando de los saudís, apoyados por EEUU y, dentro de la región, por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin e Israel. Por el otro lado, Irán y sus aliados de Palestina, Líbano (parte pro-chiita) y recientemente Qatar, lista a la que podría añadirse Siria e Irak (milicias chiitas). Las tensiones aumentaron tras la muerte de Qasem Soleimani en enero de 2020. En este último bando podríamos destacar el apoyo internacional de China o Rusia, pero poco a poco podemos observar un alejamiento de las relaciones entre Irán y Rusia.

Al hablar de la lucha por la hegemonía del control del tráfico del petróleo, es imprescindible mencionar el Estrecho de Ormuz, el punto geográfico crucial de esta contienda, donde se ven enfrentadas ambas potencias directamente. Este estrecho es una zona estratégica situada entre el Golfo Pérsico y el de Omán. Por ahí pasa un 40% del petróleo mundial[18]. El control de estas aguas es, evidentemente, decisivo en el enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán; así como para cualquiera de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de Oriente Medio (OPEP) en la región: Irán, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes y Kuwait.

Uno de los objetivos de las sanciones económicas impuestas por Washington a Irán es reducir sus exportaciones para favorecer a Arabia Saudí, su mayor aliado regional. A estos efectos, la Quinta Flota estadounidense, con sede en Baréin, tiene la tarea de proteger la navegación comercial en esta área.

El Estrecho de Ormuz “es la válvula de escape que utiliza Irán para aliviar la presión que se ejerce desde fuera del Golfo” [19]. Desde aquí, Irán intenta reaccionar ante las sanciones económicas impuestas por EEUU y otras potencias; es lo que le otorga una mayor voz en el panorama internacional, al tener capacidad de bloquear el estratégico paso. Recientemente se han dado ataques a petroleros de Arabia Saudí y otros países[20], algo que provoca una gran desestabilización tanto económica como militar en cada nuevo episodio[21].  

En definitiva, la competencia entre Irán y Arabia Saudí tiene un efecto no solo regional sino que afecta globalmente. Los conflictos que pudieran desatarse en esta área recuerdan, cada vez más, a una ya conocida Guerra Fría, tanto por los métodos en el frente de batalla (y la incidencia de las proxy armies en este frente), como por la atención que requiere para el resto del mundo, que depende de este resultado, quizá, bastante más de lo que es consciente.

Conclusiones

Desde hace varios años se ha ido consolidando un enfrentamiento regional que implica también a las grandes potencias. Esta lucha trasciende las fronteras de Oriente Medio, análogamente a la situación desencadenada durante la Guerra Fría. Sus principales agentes son las proxy armies, que impulsan luchas a través de agentes no estatales y con métodos de guerra no convencionales, desestabilizando constantemente las relaciones entre los Estados, así como dentro de los propios Estados.

Para evitar la lucha en Ormuz, países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han intentado transportar el petróleo por otras vías, por ejemplo, mediante la construcción de oleoductos. Este grifo lo tiene Siria, país por el que las conducciones deben pasar para llegar a Europa). Al fin y al cabo, la guerra de Siria se puede ver desde muchas perspectivas, pero no hay duda de que uno de los motivos de la intromisión de potencias extrarregionales es el interés económico que conlleva la costa siria.

Desde 2015 hasta ahora se libra la silenciada guerra civil de Yemen. En ella están en juego asuntos estratégicos como el control del Estrecho de Mandeb. Detrás de esta terrible guerra contra los hutíes (proxies), hay un latente miedo a que estos se hagan con el control de acceso al Mar Rojo. En este mar y cerca del estrecho se encuentra Djibouti, donde las grandes potencias han instalado bases militares para un mejor control sobre la zona.

La potencia más perjudicada es Irán, que ve su economía debilitada por las constantes sanciones económicas. La situación afecta a una población oprimida tanto por el propio gobierno como por la presión internacional. El propio gobierno acaba desinformando a la sociedad, provocando una gran desconfianza hacia las autoridades. Esto genera una creciente inestabilidad política, que se manifiesta en frecuentes protestas.

El régimen ha publicitado esas manifestaciones como protestas por las actuaciones de EEUU, como por ejemplo a raíz del asesinato del general Soleimani, sin mencionar que muchas de estas revueltas se deben al gran descontento de la población civil por las graves medidas tomadas por el ayatolá Jamenei, más centrado en procurar la hegemonía en la zona que en resolver los problemas internos.

Así, muchas veces es difícil darse cuenta de implicación de estos enfrentamientos para la mayoría del mundo. En efecto, la utilización de proxy armies no debe distraernos del hecho de la verdadera involucración de las principales potencias de Occidente y de Oriente (al verdadero modo de una Guerra Fría). Tampoco los motivos que se alegan para mantener estos frentes abiertos deben distraernos de la verdadera incidencia de lo que está en juego realmente: ni más ni menos que la economía global.

▲ Cartel de propaganda exaltando la figura de Gadafi, cerca de Ghadames, en 2004 [Sludge G., Wikipedia]

ENSAYO / Paula Mora

El 20 de octubre de 2011 fue asesinado el coronel Muamar Muhamad Abu-Minyar el Gadafi, poniéndose fin a un régimen dictatorial que duró más de cuarenta años. Esa fecha significó esperanza, libertad y democracia, o por lo menos esas eran las aspiraciones de muchos de los que contribuyeron a un cambio en Libia. Sin embargo, la realidad hoy, nueve años después, es casi inimaginable para aquellos rebeldes que el 23 de octubre de 2011 pensaron que sus hijos podrían envejecer en una democracia. La guerra civil que sufre el país desde entonces ha propiciado la desintegración de la nación. Para entender esto, es primordial entender la propia naturaleza del poder político libio, totalmente distinta a la de sus vecinos y a la de sus antiguas metrópolis: el tribalismo.

El tribalismo libio presenta tres características: es contractual, pues está fundado en negociaciones permanentes; las bases territoriales de los pueblos han ido moviéndose hacia las ciudades, pero los lazos no se han distendido, y la extensión territorial de estos pueblos sobrepasan las fronteras de Libia. El territorio libio se compone en un 90% de desierto, lo que ha propiciado la persistencia del poder tribal. Los pueblos originarios han luchado, y siguen haciéndolo, por el control territorial y la armonía de sus territorios, que se logra a través de alianzas tradicionales renegociadas cada cierto tiempo entre las tres regiones principales del país: Tripolitania, Cirenaica y Fezán.

El tropismo Tuareg

La cultura beduina y su mitología de los tiempos de las cavernas transaharianas, previas a la época colonial, explican que Gadafi enfocara su política hacia el Sahara y África del Norte. Estos pueblos consideraban el desierto como una vía de comunicación, no como un obstáculo o una frontera. Bajo la dictadura, las costumbres y el habla beréber fueron protegidas y promovidas.

Los Tuareg son un pueblo beréber de tradición nómada que se extiende por cinco países africanos: Argelia, Burkina Faso, Libia, Malí y Níger. Poseen su propio idioma y costumbres. En Libia, ocupan el territorio del suroeste, junto a las fronteras de Argelia, Túnez y Níger. El dictador proclamó en numerosas ocasiones su afinidad con este pueblo, afirmando incluso pertenecer a este linaje por parte de madre. Los consideraba aliados de su proyecto panafricanista.

Gadafi no se veía como el líder del movimiento, sino como un “guía” de la revolución. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta visión revolucionaria fue apaciguándose hasta convertirse en una visión realista y pacificadora. Este cambio se debió principalmente a la incapacidad de los Tuareg de superar las divisiones internas (tribus) y a su voluntad de abandonar la lucha armada. Las consecuencias fueron que lo que empezó como una lucha nacional y social, degeneró en un tráfico de drogas y armas.

El colonialismo italiano

En abril de 1881, Francia ocupó Túnez. Esto provocó rencores en Italia pues la regencia de Túnez estaba pensada como una prolongación natural de Italia, dado que 55.000 italianos residían en el territorio. En vista de esta situación, y para evitar un enfrentamiento con Francia, Italia decidió entonces crear un proyecto libio. En 1882, Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro crearon la Triple Alianza. Como consecuencia de esto, Francia se opuso al proyecto libio de Italia.

Ante la oposición de Francia a sus planes en Libia, Italia buscó una compensación en el Mar Rojo y en 1886 intentó, fallidamente, conquistar Etiopía. Pero el nacionalismo italiano de la época no se iba a dar por vencido, pues aspiraba a crear “una Italia más grande”. Tras la victoria etíope, solo le quedaban dos alternativas africanas: Marruecos, que ya había sido prácticamente colonizado por Francia, o la Regencia Turca de Trípoli, que llevaba establecida desde 1858.

Finalmente, Italia se decidió por esta última y en 1902 buscó el apoyo de Francia para llevar a cabo su proyecto. Bajo el compromiso de la Triple Alianza, le ofreció neutralidad en la frontera compartida de los Alpes en caso de guerra y la renuncia al proyecto marroquí. París no se mostró interesado, en cambio Rusia ofreció en 1908 su apoyo a Italia para debilitar al Imperio Otomano. Empezó así la guerra ítalo-turca. El pretexto italiano fue el supuesto maltrato que sufrían los colonos instalados en Libia por parte del régimen turco, al cual dio un ultimátum. Bajo mediadores austrohúngaros, los turcos aceptaron transferir el control de Libia a Italia, movimiento que este país consideró una maniobra turca que solo buscaba ganar tiempo para prepararse para la guerra. El 29 de septiembre de 1911, Italia declaró la guerra al Imperio Otomano. Esto trajo importantes consecuencias para la Triple Alianza, pues Austria-Hungría temía que el conflicto libio derivara en uno directo con el Imperio Otomano, mientras que Alemania se vio enfrentada al dilema de tener que elegir bando, pues gozaba de buenas relaciones con ambas partes. El 18 de octubre de 1912, debido a los peligros abiertos en diferentes frentes, el Imperio Otomano decidió firmar el Tratado de Lausana-Ouchy a través del cual cedió a Italia Tripolitania, Cirenaica y las islas del Dodecaneso.

Durante la Primera Guerra Mundial, Italia formaba parte de la Triple Entente, por lo que el Imperio Otomano no le declaró la guerra. La amenaza al control italiano de Libia no estaba tanto entre sus enemigos europeos, sino entre la población del propio país africano. Aprovechando la guerra, la Sanûsiya (una orden religiosa musulmana fundada bajo el Imperio Otomano que se oponía a la colonización) empezó a atacar al ejército italiano. Estos rebeldes fueron ganando territorio, hasta que los aliados de Italia pasaron a la ofensiva. El 21 de agosto de 1915, el día que Italia se cambió al bando de los Aliados, la táctica cambió. Pese a que también le ofrecían apoyo, los nuevos aliados de Italia estaban lidiando con insurgencias en sus colonias, y se ocupaban, sobre todo, de custodiar sus fronteras para que los insurgentes no pasaran y propagaran las ideas independentistas.

El 17 de abril de 1917, el emir Idris As-Sanûsi, aliado del Imperio Otomano, dándose cuenta de la proximidad de la victoria aliada, firmó con Italia el Pacto de Acroma, mediante el cual Italia reconoció la autonomía de la Cirenaica y a cambio el emir aceptó el control italiano de la Tripolitania.

Distribución geográfica de etnias en Libia [Wikipedia]

La independencia colonial

La Segunda Guerra Mundial tuvo un papel clave en África, pues alentó el nacionalismo del continente. Italia, aliada de Alemania, intentó entre 1940 y 1942 ocupar el Canal de Suez a través de la frontera de Libia, pero el objetivo no fue alcanzado.

En 1943, Libia cayó en manos de la Francia Libre (de Charles de Gaulle) e Inglaterra: la primera administraba Fezán; la segunda, la Tripolitania y Cirenaica. Al final de la guerra, y con el cambio de bando de Italia en su curso, esta propuso una división tripartita de Libia. Estados Unidos y la Unión Soviética se opusieron, y estipularon que el territorio quedaría bajo la tutela de Naciones Unidas (ONU). Entonces dos posiciones políticas se opusieron en Libia: por un lado, los “progresistas”, que defendían la creación de un estado democrático unitario, y por otro, los pueblos originarios de la Cirenaica, que defendían un reino cuyo líder sería Mohammed Idris As-Sanûsi, el líder de la Sanûsiya.

El 21 de noviembre de 1949, a través de la Resolución 289, Naciones Unidas fijó la independencia de Libia para el primero de enero de 1952. Sin tener en cuenta ninguna realidad geográfica, histórica, religiosa, cultural y política, la ONU impuso el nacimiento de un país soberano constituido por las tres principales regiones independientes. En 1950, tuvo lugar la elección de la Asamblea Nacional, compuesta por 60 diputados (20 por región). El 2 de diciembre del mismo año, después de arduas negociaciones, la Asamblea acordó que Libia fuera una monarquía federal compuesta de tres provincias y que tuviera como Rey a Mohammed Idriss As-Sanûsi.

Inicialmente el Reino pudo asentarse dado el reconocimiento internacional y el descubrimiento de yacimientos petroleros que permitían a Libia convertirse en el país más rico del continente. Este optimismo, sin embargo, ocultaba que el verdadero problema libio residía dentro de sus fronteras: el país era regido por los pueblos originarios de Cirenaica. Para equilibrar el poder, el rey decidió nombrar como primer ministro a Mahmoud el-Montasser, un tripolitano.

Sin embargo, el rey cometió el error de no haber fundamentado su monarquía en la Sanûsiya, sino en su tribu, la Barasa. El régimen se convirtió en totalitario. Después de manifestaciones pro-Nasser, el rey prohibió en 1952 los partidos políticos, y despidió a más de diez gobernadores, quienes fueron reemplazados por prefectos. En cuanto a las relaciones exteriores, bajo el reinado de Idriss, Libia firmó con Gran Bretaña una alianza de veinte años mediante la cual los ingleses podrían utilizar las bases militares libias. Con Estados Unidos suscribió uno similar que concedió permiso a los norteamericanos para construir la base Wheelus Field, cerca de Trípoli. Finalmente, firmó un tratado de paz con Italia por el que la antigua metrópolis se comprometía a pagar reparaciones siempre y cuando Libia protegiera las propiedades de los 27.000 italianos que aún residían allí. Estas medidas llevaron el reino a la perdición, puesto que sus países vecinos y su población consideron que el rey no estaba siendo solidario con Egipto al alinearse con los países occidentales.

La caída de la monarquía

El 1 de septiembre de 1969 se produjo un golpe de estado en el país para derrocar a Idriss; este, gravemente enfermo, anunció su abdicación para el día siguiente. El Consejo de Comandancia de la Revolución (CCR), constituido por los oficiales que habían propiciado este cambio de gobierno, abolió la monarquía y proclamó la República Árabe Libia. La junta militar que se estableció en el poder estaba compuesta por una docena de miembros, en su mayoría de los dos pueblos originarios principales: los Warfalla y los Maghara. Estos últimos eran de ideología marxista, lo que propició el régimen del coronel Muamar el Gadafi.

Durante las primeras semanas de gobierno, los nuevos dirigentes intentaron tomar todas las precauciones posibles para evitar una intervención británica y americana. Emitieron un comunicado garantizando la seguridad de los bienes de los extranjeros y prometiendo que las compañías petroleras no serían nacionalizadas. Ante estas declaraciones, que no se alineaban con el comunismo, Estados Unidos y Occidente reconocieron el 6 de septiembre el nuevo gobierno.

Las verdaderas intenciones del nuevo gobierno aparecieron poco después. Al mes del comunicado, las autoridades libias anunciaron que los tratados anteriores relativos a las bases militares tendrían que ser nuevamente negociados. También pidieron una renegociación de la fiscalidad de las compañías petroleras. Finalmente, en 1971, fue creado un partido único: la Unión Socialista Árabe.

El gobierno de Gadafi

El 15 de abril de 1973, casi cuatro años después del golpe de estado del 69, Gadafi pronunció un discurso en el que invitó a las “masas populares” a retomar el poder confiscado por el partido de la Unión Socialista Árabe. Se impuso como cabeza del país, promoviendo una revolución cultural y política que proponía, por un lado, una reforma de las instituciones con una aplicación más estricta de los preceptos de la sharia, y por otro, la idea de que los agresores del pueblo eran los países árabes aliados con Occidente e Israel.

Gadafi basó su poder en una profunda recomposición tribal. La primera medida que tomó, al día siguiente de la toma de poder, desconfiando de Cirenaica y de sus tribus fieles al rey Idriss, fue la de constituir una alianza con el pueblo de Hada, con la que buscó equilibrar el poder de los Barasa.

En segundo lugar, se divorció de su mujer, de origen turco-kouloughli, la cual constituía un obstáculo para las alianzas con los pueblos que le eran necesarios para ampliar su base de poder. Se casó entonces con una mujer de Firkeche, un segmento de la tribu de los Barasa. Este matrimonio le permitió construir una alianza entre los Qadhafa y las grandes tribus de Cirenaica ligadas a los Barasa.

En tercer lugar, construyó también una alianza con la Misrata, una élite letrada que ocupó posteriormente muchos de los puestos del régimen. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta alianza se rompió y propició un crecimiento del odio hacia el coronel que jugaría un rol importante en la revolución que acabó con Gadafi.

En cuarto lugar, después de haber perdido a la Misrata, Gadafi recompuso su estrategia apoyándose en su propia confederación, la de los Awlad Sulayman, enemigos de los Misrata desde la época del dominio italiano. Esta alianza cubría la ciudad de Trípoli y extendía geográficamente el territorio del mandatario.

En quinto lugar, el problema del gobernante vendría dado justo por los puntos anteriores: las alianzas tribales. Fracciones de sus aliados conspiraron contra él en 1973 para intentar dar un golpe de estado. El ejército de Gadafi, sin embargo, lo impidió y condenó a muerte a los cabecillas. A partir de este punto, el coronel empiezó a desconfiar de las tribus de esta región, la de Tripolitania, y comenzó a romper poco a poco relaciones con ellas. Esto le resultaría fatal.

Gadafi de cara al mundo

El activismo internacional bajo Gadafi buscaba la fusión de los pueblos árabes con el objetivo de crear un califato transnacional. En 1972, pese a que aún no controlaba la totalidad del territorio libio, contribuyó a la creación de la Unión de Repúblicas Árabes (Libia, Egipto y Siria), que se disolvería en 1977. En 1984, creó la Unión Libia-Marroquí, que desaparecería dos años después. Otras cuatro tentativas tuvieron lugar: con Túnez en 1974, con el Chad en 1981, con Argelia en 1988 y con Sudán en 1990; ninguna de ellas salió adelante. Estos intentos de unión provocaron tensiones en el continente, sobre todo con Egipto, con el cual hubo un conflicto fronterizo del 21 al 24 de julio de 1977. La consecuencia fue el cierre de la frontera mutua hasta marzo de 1989.

En cuanto al resto del mundo, el apoyo del dictador a los movimientos terroristas durante los años 80 le crearon enemigos, especialmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Varios ataques propiciados por el régimen libio, como el derribo de un avión americano encima de la ciudad escocesa de Lockerbie y asesinatos de embajadores, llevaron en 1992 al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar una política de sanciones de embargo comercial y financiero. A ello se sumó la orientación socialista del coronel, quien nacionalizó las empresas petroleras y los bienes de los residentes italianos alegando que fueron robados durante la época colonial.

La caída del régimen

Con el paso del tiempo, el régimen fue perdiendo poder y apoyo nacional. Esta decadencia se debió a la marcha de la economía, pues los ciudadanos se beneficiaban de los ingresos directos de los hidrocarburos: la sanidad y la educación eran gratis, y la agricultura estaba subvencionada. Además, existía el proyecto de crear un “gran río” (Great Man Made River, GMMR), de 4.000 kilómetros. En resumen, los cinco millones de habitantes tenían una vida excepcional, con un PIB per cápita de 3.000 euros en 2011.

La oposición principal provenía de los ambientes islámicos, más concretamente de los Hermanos Musulmanes y de grupos salafistas (movimiento de ultraderecha islámico suní), quienes a partir de 1995 se radicalizaron con la ayuda de los grupos de Afganistán. Sus razones para oponerse a Gadafi eran la occidentalización del país: el dejar atrás en cierta medida el tropismo Tuareg y un giro hacia los países del Norte. Ese mismo año estalló una rebelión islamista iniciada por el Frente por la Liberación de Libia en Cireniaica. Gadafi respondió con una gran represión, estableciendo leyes anti-islámicas que castigaban cualquier persona que no denunciara a los islamistas y el cierre de la mayoría de las zawiya (escuelas y monasterios religiosos), sobre todo las de la Sanûsiya.

En 2003, Libia reconoció su participación en el atentado de Lockerbie y se comprometió a indemnizar a todas las víctimas. Esto propició que el Consejo de Seguridad de la ONU levantara las sanciones. En diciembre de ese mismo año, el país renunció a la producción de armas de destrucción masiva y en 2004 se adhirió al Tratado de No-Proliferación Nuclear. Con estas nuevas medidas, el régimen fue aliándose con los países de occidente, que a su vez promovieron la industrialización del país. Un ejemplo fue el tratado firmado entre Gadafi y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, por el que Italia se comprometía a reembolsar 5.000 millones de dólares a Libia, en un periodo de 25 años, siempre y cuando el país africano se abriera al mercado italiano y evitara la inmigración clandestina a Europa.

Libia no vivió “la primavera árabe”, pues estaba sufriendo una guerra civil nacida en Cirenaica, que comenzó como un levantamiento de una minoría beréber que vivía cerca de la frontera con Túnez. Gadafi, con el miedo de estropear la buena imagen que por fin había logrado construir en la comunidad internacional, decidió no emplear la fuerza militar para restablecer su poder en Cirenaica, pero con el paso del tiempo no le quedó más remedio que hacerlo. Esta acción conllevó lo que él ya sabía: la protesta internacional.

El primer país en oponerse fue la Francia de Nicolás Sarkozy. Bajo el pretexto de injerencia humanitaria, Francia, junto con los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), decidieron destruir el régimen de Gadafi. En marzo de 2011 reconocieron al Consejo Nacional de Transición (CNT). La Unión Africana quería también el cambio de gobierno, pero sin embargo defendió que se hiciera mediante una negociación, con el fin de evitar consecuencias negativas como la desintegración del Estado. 

Durante el mes de febrero de 2011, el coronel tuvo que hacer frente a una triple sublevación. En Cirenaica, por parte de los yihadistas (recordemos las leyes anti-islámicas), quienes contaban además con el apoyo de Turquía y las mafias locales, que desde el acuerdo ítalo-libio sobre la migración se sentían amenazadas. En Tripolitania, por pare de los beréberes, que veían ahora negada su identidad en favor de la defensa del nacionalismo árabe. Finalmente, también en Misrata, zona tenía una cuenta personal que arreglar con el dictador desde 1975 (conflicto tribal).

Gadafi tomó medidas preventivas, como la prohibición de manifestaciones o la suspensión de eventos deportivos, y anunció reformas sociales favorables a la población pensando que se trataba de quejas que no trascenderían. Su error de análisis fue pensar que la contestación tenía un motivo social, mientras que sus razones eran de tipo tribal, regional, político y religioso.

El gobierno pudo controlar la situación durante un mes, hasta que el 15 de febrero la violencia escaló hasta convertir el conflicto en una auténtica guerra civil.

La injerencia extranjera empezó el 17 de marzo, cuando el ministro de Asuntos Exteriores francés promovió en el Consejo de Seguridad de la ONU la Resolución 1973, que autorizaba la creación de una zona de exclusión aérea sobre Libia, así como la imposición de las “medidas necesarias” para otorgar la protección a los civiles. Esta resolución excluía la ocupación terrestre, y fue apoyada por la Liga Árabe, con el apoyo aéreo militar de Qatar.

A los pocos días, el 21 de marzo, la intervención de los países de la OTAN sobrepasó las pautas de la Resolución 1973, pues la residencia de Gadafi fue bombardeada bajo el pretexto de que servía como centro de comando. La Unión Africana, apoyada por Rusia, pidió entonces el “cese inmediato de todas las hostilidades”. Por su parte, la Liga Árabe recordó a la OTAN que se estaba desviando de sus objetivos declarados. Sin embargo, los países occidentales no hicieron caso. El 31 de marzo, a través de su hijo Saif al-Islam, el coronel propuso un referéndum sobre la instauración de una democracia en Libia. La OTAN estaba dispuesta a examinar sus propuestas, pero el Consejo Nacional de Transición se opuso rotundamente, pues exigía simple y llanamente la salida de Gadafi del poder.

El 16 de septiembre, el Consejo de Seguridad, mediante la Resolución 2009, creó la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, por sus siglas en inglés). Su objetivo era asistir a las autoridades nacionales para el restablecimiento de la seguridad y el Estado de Derecho, a través de la promoción del diálogo político y de la reconciliación nacional.

La “liberación” del país tuvo lugar el 23 de octubre de 2011, cuando Gadafi fue capturado de camino de Fezzan, acompañado de su hijo. Su convoy fue atacado por las fuerzas áreas de la OTAN. Fue hecho prisionero y posteriormente linchado por sus compatriotas. El presidente del Consejo Nacional de Transición, Mustapha Adbel Jalil, se proclamó entonces como el nuevo gobernante legítimo del país hasta nuevas elecciones.

Libia después de Gadafi

El presidente transitorio, declaró en su primer día que la sharia sería la base de la Constitución, así como del Derecho, restableció la poligamia e ilegalizó el divorcio. Las consecuencias de la guerra civil fueron tremendas: llevaron a la desintegración del país. La muerte de Gadafi no marcó el fin del conflicto, pues las milicias tribales, regionales y religiosas que participaron en la guerra defendían diferentes visiones sobre cómo debía ser el nuevo gobierno, lo que hacía imposible una unificación.

En el exterior, el descontrol territorial cambió la geopolítica de la región de Sáhara-Sahel, ofreciendo nuevas oportunidades a los yihadistas.

Tres periodos pueden distinguirse. El primero, entre 2011 y 2013, podría considerarse como el tiempo de la incertidumbre, pero también el de la esperanza y la ilusión democráticas. Pese a las guerras entre los distintos pueblos por diferentes ideologías (defensores del antiguo régimen contra los fundamentalistas musulmanes defensores de las tradiciones islámicas) y una guerra de poder territorial (Cirenaica contra Tripolitania por la capital del nuevo Estado), se estaban instaurando lo que parecían mecanismos democráticos.

El 31 de octubre de 2011 fue elegido Abdel Rahim al-Keeb, originario de Trípoli, por 26 votos de 51, como primer ministro del gobierno de transición. Las elecciones legislativas tuvieron lugar el 7 de julio de 2012; en ellas ganó el Congreso Nacional General (CNG), que reemplazó al Consejo Nacional de Transición. Pero la situación estaba lejos de consolidarse. El 11 de septiembre de 2012, el embajador americano, John Chistropher Stevens fue asesinado por un grupo salafista denominado Ansar al-Sharia.

El segundo período empezó a principios de 2013. Libia estaba en el camino de la normalización mediante elecciones democráticas y la reactivación de la exportación de petróleo y gas. Sin embargo, el año siguiente fue el del comienzo de la anarquía y las tentativas de recomposición del orden interno. Los “avances democráticos” no habían sido suficientes, pues las regiones contaban con una gran autonomía y no había seguridad fronteriza. Nadie había sido capaz de controlar en su totalidad el territorio libio. El presidente de Chad, Idriss Déby, quien ya había advertido sobre estas consecuencias cuando tuvo lugar la intervención occidental en la guerra civil, denominó la nueva situación libia como una “somalización”.

A partir de febrero de 2014, esta anarquía se tradujo en una serie de dimisiones de cargos del “gobierno” debidas a las amenazas por parte de las distintas milicias del país y de protestas frente al CNG, pues el gobierno no fue disuelto después de la expiración del mandato. El 20 de febrero tuvieron lugar las elecciones de los 60 miembros de la Asamblea constituyente que tenía como objetivo redactar una nueva constitución, pero sólo el 15% de los electores participaron. Mientras tanto, el 6 de marzo, en Roma, en la Conferencia Internacional sobre Libia, el ministro de Asuntos Exteriores italiano consideró que el problema principal era la “superposición de legitimidad”.

El tercer período, tuvo lugar a finales de 2014, cuando empezó la denominada “segunda guerra de Libia”. A partir de 2015 entró en escena el Estado Islámico, lo que cambió el cuadro político libio. La ONU creó un órgano ejecutivo de transición denominado Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA por sus siglas en inglés), con el objetivo de dirigir la política libia en esta nueva situación. Se formó por la unión del Congreso General Nacional y la Cámara de Representantes. Está compuesto por 32 ministros, y Fayez-al Sarraj ocupa el cargo de presidente del Consejo Presidencial y de primer ministro del GNA.

Libia se encontraba entonces con dos parlamentos, uno en Trípoli, bajo el control de los islamistas, y el otro, reconocido por la comunidad internacional, en Tobruk, Cirenaica, cerca de la frontera egipcia, el cual había sido forzado a desistir de actuar por las fuerzas yihadistas. Esto llevó al comienzo de otro conflicto, que sigue en vigor actualmente. En la Cirenaica, tiene lugar una guerra confusa y multiforme, en la que participan los yihadistas y los que apoyan al general Jalifa Haftar, quien lidera el Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) y se opone tanto a los yihadistas como al Gobierno de Acuerdo Nacional. A través de su ejército, el general lanzó en mayo ataques aéreos contra grupos islamistas en Bengasi, con el objetivo de apoderarse del Parlamento. Además, acusa al primer ministro Ahmed Maiteg de cooperar con grupos islamistas. En junio, Maiteg renunció después de que la Corte Suprema dictaminase que su nombramiento fue ilegal.

En 2014, Haftar lanzó la “Operación Dignidad” contra los islamistas, intentando sacar del poder al coronel Moktar Fernana, comandante de la policía militar y elegido por Misrata y los Hermanos Musulmanes. Esta misión fracasó debido al poder de las diferentes milicias musulmanas a lo largo del territorio de Tripolitania, dividido en diferentes áreas: está la ciudad de Misrata, que ess territorio yihadista bajo el mando de los Hermanos Musulmanes; al Oeste, reina la milicia beréber arabófona de Zenten; en la capital, la milicia islamista Farj Lybia tiene el control, mientras que Fezzan y el Gran Sur se han convertido en territorios casi autónomos, donde se combate a los Tuareg.

En junio de 2014, tuvieron lugar las elecciones parlamentarias. Los partidos islamistas fueron derrotados, hubo una baja participación debido a la inseguridad y el boicot de los partidos dominantes, y surgió un enfrentamiento entre las fuerzas leales al CNT y las del nuevo Parlamento o Cámara de Representantes (HoR por sus siglas en inglés). Finalmente, surgió el Gobierno de Salvación Nacional, con Nouri Absuhamain, aliado de los Hermanos Musulmanes, como presidente.

En julio, la seguridad nacional se deterioró gravemente a raíz de varios acontecimientos. El aeropuerto Internacional de Trípoli fue destruido por los conflictos entre la milicia de Misrata y su operación Dawa Libia contra la milicia de Zintan; el HoR se trasladó a Tobruk después de que la Corte Suprema de Trípoli (compuesta por el CNT) lo disolviera; el CNT se votó a sí mismo como reemplazo para la Cámara de Representantes; Asar al-Sharia pasó a controlar Bengasi, y los enviados de la ONU dejaron el país debido a la creciente inseguridad.

El 29 de enero de 2015, el LNA y sus aliados de Trípoli declararon un cese del fuego después del “Diálogo Libio” organizado por la ONU en Ginebra para fomentar la reconciliación de los distintos bandos. El 17 de diciembre del mismo año tuvo lugar el Acuerdo Político Libio, o Acuerdo Skhirat, promovido por UNSMIL. Su objetivo era resolver la disputa entre la Cámara de Representantes legítima, con sede en Tobruk y al-Bayda, y el CNT, con sede en Trípoli. Se creó un Consejo de la Presidencia, compuesto por 9 miembros para formar un gobierno de unidad que en dos años condujera a elecciones. El HoR debía ser el único parlamento y actuaría como tal hasta los comicios.

El 30 de marzo de 2016, el GNA llegó a Trípoli por mar debido al bloqueo aéreo. El asentamiento del gobierno legítimo propició que después de dos años, en abril, la ONU volviera al territorio. Además, el GNA, junto con las fuerzas aéreas estadounidenses, liberó Sirte del ISIS en diciembre del 2016. Sin embargo, el LNA siguió ganando territorio, contando en septiembre con el control de las terminales orientales de petróleo.

En julio de 2017, el LNA expulsó al ISIS de Bengasi. Un año después, controló Derna, el último territorio occidental bajo grupos terroristas. El 17 de diciembre, Haftar declaró nulo el Acuerdo Político Libio, pues las elecciones no habían tenido lugar, resaltando la obsolescencia del gobierno libio creado por la ONU. El general comenzó entonces a tomar fuerza en el contexto nacional e internacional: “Todas las instituciones creadas bajo este acuerdo son nulas, pues no han obtenido completa legitimidad. Los libios sienten que han perdido su paciencia y que el prometido periodo de paz y estabilidad se ha convertido en una fantasía lejana”, declaró Haftar.

El 19 de abril de 2019 era la fecha en la que se iba a celebrar la Conferencia Nacional Libia en Ghadamas para avanzar en acuerdos y cerrar una fecha en la que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, días antes la convocatoria de conferencia fue cancelada debido a la “Operación Inundación de Dignidad” del LNA con el objetivo de la “liberación” del país.

Correlación de fuerzas en la guerra civil libia, en febrero de 2016 [Wikipedia]

La injerencia extranjera

La situación libia actual es preocupante. La comunidad internacional teme que el país se convierta en la próxima Siria. El Ejército Nacional de Liberación, dirigido por Haftar, es apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, con la esperanza de detener el avance de los Hermanos Musulmanes, a quienes consideran una organización terrorista. También lo apoyan Egipto y Rusia, interesados en el control de los recursos energéticos del país. El Gobierno de Acuerdo Nacional, con Fayez al-Sarraj como líder, representa el gobierno legítimo para la comunidad internacional (la ONU lo reconoce). Además, cuenta con el apoyo de Estados Unidos y los países de la Unión Europea (menos Francia), así como Turquía y Qatar, que le otorgan apoyo militar (sobre todo los turcos). Sin embargo, Estados Unidos y la UE defienden las fronteras marítimas de Grecia e Israel frente al deseado proyecto turco de construir tuberías de gas por el Mediterráneo para abastecerse.

El acercamiento entre Haftar y Francia empezó en 2015. El país europeo intentó transformar al LNA en un actor legítimo, asistiéndole con operativos clandestinos, fuerzas especiales y consejeros. El 20 de julio de 2016, la Francia de Holland le declaró oficialmente su apoyo militar después del asesinato de tres soldados franceses de fuerzas especiales en Bengasi a manos del GNA, que argumentó que fue una “violación de su soberanía nacional”. El 25 de julio de 2019 tuvo lugar la Cumbre de París. Macron invitó a los dos líderes a dialogar sobre la paz y la unidad. El mayor interés de Francia es erradicar el terrorismo.

El 6 de marzo de 2019, el Acuerdo de Abu Dhabi reunió a los líderes de los bandos más importantes de la guerra libia y puso énfasis en varios aspectos: Libia como Estado civil, reducción del período de transición de gobierno, unificación de las institucionales estatales (como el Banco Central), el cese del odio y su incitación, la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias a finales del año, la transferencia pacífica del poder, la separación de poderes y el seguimiento de los puntos acordados por parte de la ONU. El lugar de la reunión muestra la gran implicación que los Emiratos Árabes Unidos tienen en esta guerra, en especial como aliado del general Haftar. El país del Golfo Pérsico negó el apoyo al ataque en Trípoli que tuvo lugar el 31 de marzo del 2020 por parte del LNA. Sin embargo, varios medios de comunicación libios declararon que dos aviones de carga militares llegaron a la base aérea Emirati Al-Khadim, en el este de la ciudad libia de Marj, provenientes de la base aérea Sweihan de Abu Dhabi.

El 27 de noviembre de 2019, tuvo lugar el Acuerdo de Frontera Marítima entre el GNA y Turquía. El presidente de Turquía, Erdogan, y Fayez al-Sarraj, firmaron dos memorandos de entendimiento. Pactaron un límite de 18,6 millas náuticas, como frontera marítima compartida entre Turquía y Libia y firmaron un acuerdo de cooperación militar por el que Ankara enviaría soldados y armamento. En vez de crear una nueva tropa, que llevaría más tiempo, Turquía ofreció un sueldo de 200 dólares al mes para luchar en Libia frente a los 75 que daba por luchar en Siria.

El problema con la frontera marítima es que ignora las islas de Chipre y de Grecia y viola sus derechos amparados por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1994, si bien ninguno de estos dos países ha acudido al Tribunal del Derecho del Mar. El interés turco reside en la posibilidad de la presencia de petróleo y gas natural en la costa sur de Creta. El acuerdo por lo pronto durará lo que duré el GNA, en una situación de inestabilidad a lo que también contribuye la impopularidad de la intervención militar en Turquía.

El 2 de enero de 2020, los presidentes de Argelia y Túnez se reunieron con Jalifa Haftar. El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, insistió en que la solución del problema libio debe ser interna y no depender de la afluencia de armas propiciada por la injerencia extranjera. Propuso la creación de nuevas instituciones que permitan la organización de elecciones generales y el establecimiento de las nuevas bases del Estado democrático libio con la aprobación de la ONU.

El 6 de enero, el LNA tomó control sobre Sirte. Esta ciudad es estratégica pues se halla cerca de la “media luna petrolera” de Libia, una franja costera en la que se encuentran varias terminales importantes de exportación de petróleo.

El 12 de enero, Rusia y Turquía declararon una tregua en Siria y Libia. Este acuerdo fue un quid pro quo, puesto que Rusia tiene mayores intereses en Siria que en Libia, pues busca un puerto en el Mediterráneo, y Turquía, como se explicó anteriormente, desea construir un sistema de suministro de gas a través del mar Mediterráneo desde Libia. Sin embargo, el acuerdo no se está cumpliendo, sobre todo en el escenario libio. Enviados de la ONU alegan que ambos países siguen proporcionando armamento a los guerrilleros.

El 19 de enero tuvo lugar la Conferencia de Berlín, que constituyó un intento de apaciguamiento de la situación del país. Participaron Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Italia, China, Turquía y Argelia, y se expresó el compromiso a acabar con la injerencia política y militar en el país. Sin la intervención de terceros actores, el país no podría mantener una guerra civil pues ninguno de los bandos tiene suficiente fuerza. En la conferencia, también se discutió sobre el incumplimiento del embargo de armas establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2011. El problema es que ninguna potencia, en especial Turquía y Rusia, reconoce su implicación, por lo que no hay responsabilidades ni tampoco sanciones.

Una semana después tuvo lugar la primera violación del pacto. En cuanto a la tregua, el Gobierno de Haftar, con el objetivo de recuperar la capital, lanzó una ofensiva en dirección a la ciudad de Misrata, donde se encuentra una base importante del Gobierno de Acuerdo Nacional. Además, la misión especial de la ONU en Libia (UNSMIL) afirmó que sigue llegando material a los bandos combatientes por vía aérea.

El 31 de marzo, la Unión Europea lanzó la "Operación Irini” (“paz” en griego). Sustituye a la “Operación Sofía” de 2015, que tenía como objetivo combatir el tráfico de personas frente a las costas libias. La nueva operación ha cambiado de objetivo principal, pues luchará por hacer cumplir el embargo de armas. Además, cuenta con otras tareas secundarias como el control del contrabando petrolero, la continuación de la formación de los guardacostas libios y el control del tráfico de personas a través de la recopilación de información con el uso de patrullas aéreas. Esta iniciativa nace sobre todo por parte de Italia, primer país al que llegan los refugiados libios y por lo tanto preocupado por la inmigración. Este liderazgo se manifiesta en el desarrollo de la operación, ya que el cuartel general se encuentra en Roma y la dirección operativa está a cargo del contralmirante italiano Fabio Agostini. Por lo pronto, tiene una duración de un año.

El 5 de abril, la ONU hizo un llamamiento al cese de las hostilidades para combatir el Covid-19. Llamó a una tregua humanitaria en la que participen no solo los bandos nacionales, sino también las fuerzas extranjeras. El virus se cobró la vida Mahmud Jibril, antiguo primer ministro y líder de la rebelión contra Gadafi.

Nueva geopolítica regional y conclusión

Podemos definir la nueva geopolítica libia a través de los siguientes puntos. En primer lugar, la propagación de las armas por toda la región Sáhara-Sahel, la zona de los viejos y actuales conflictos. En segundo, la amenaza fronteriza que sienten Egipto, Argelia y Túnez por el conflicto interno. Finalmente, el desinterés de las nuevas autoridades libias por al Gran Sur, pues prácticamente se ha independizado, controlando casi la totalidad del comercio a través del Sahara. Al-Qaeda, a través de subgrupos como Fajr Lybia, está intentando establecer un Estado Islámico de África del Norte imitando el de Iraq. Para ello, en las zonas conquistadas, el Daesh destruye el paradigma tribal liquidando a los jefes de las tribus que no quieren aliarse con ellos con el objetivo de aterrorizar al resto. Es a través de estas prácticas como todas las milicias yihadistas pudieron aliarse al final de 2015. Frente a esto, Naciones Unidas patrocinó como primer ministro a Fayez Sarrraj, quien se instaló en Trípoli en abril de 2016. 

Libia es un estado privilegiado en cuanto a riquezas naturales. Sin embargo, en su historia ha sufrido mucho y lo sigue haciendo. Ha pasado por monarquías, colonización y dictaduras hasta finalmente convertirse hoy en un Estado fallido. Su estructura política es complicada, pues es tribal, y por eso ninguno de los sistemas políticos ha triunfado del todo porque no ha logrado armonizar las organizaciones internas. Hoy el país consta de tres gobiernos rivales y cientos de milicias y grupos armados que siguen compitiendo por el poder y el control del territorio, rutas comerciales y emplazamientos militares estratégicos. Para que la situación se resuelva, es necesario que los países que participan activamente en el conflicto (Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Qatar) cumplan el embargo de armas establecido por la ONU. Además, las potencias extranjeras deben aumentar su comprensión del país para acertar en propiciar la mejor solución posible. Aunque Libia esté al borde de convertirse en la próxima Siria, todavía quedan oportunidades para salvar la situación y darle al país lo que hace tiempo no tiene: estabilidad.

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In its ten operational years the “Dome” has shown effectiveness, but a comprehensive political regional solution is needed

In 2011 Israel deployed its “Iron Dome” mobile defense system in response to the rocket attacks it suffered the previous years from Lebanon (Hezbollah) and Gaza (Hamas). The Israel Defense Force claims that the system has shown an 85% – 90% success rate. However, it offers mixed results when other considerations are taken into account. Its temporary mitigation of the menaces of the rocket attacks could distract Israelis in seeking out a comprehensive political regional solution; possibly a solution that could make systems like the “Iron Dome” unnecessary. 

▲ How “Iron Dome” works; explanation on an image produced by Rafael Advanced Defense Systems

ARTICLE / Ann M. Callahan

The “Iron Dome” is a mobile defense system developed by Rafael Advanced Defense Systems and Israel Aerospace Industries developed, produced and fielded in 2011 to respond to the security threat posed by the bombings of rockets and projectiles shot into Israel, many of which landed in heavily populated areas.

Bombings into Israel intensified during the 2006 Second Lebanon War when Hezbollah​ fired approximately 4,000 rockets from bases in the south of Lebanon. From Gaza to the South, an estimated 8,000 projectiles were launched between 2000 and 2008, mostly by Hamas​​. To counter these threats, the Defense Ministry, in February 2007, decided on the development of the “Dome” to function as a mobile air defense system for Israel. After its period of development and testing, the system was declared operational and fielded in March 2011.

The system is the pivotal lower tier of a triad of systems in Israel’s air defense system.

The “David’s Sling” system covers the middle layer, while the “Arrow” missile system protects Israel from long-range projectiles.

The Iron Dome functions by detecting, analyzing and intercepting varieties of targets such as mortars, rockets, and artillery. It has all-weather capabilities and is able to function night or day and in all conditions, including fog, rain, dust storms and low clouds. It is able to launch a variety of interceptor missiles. 

Israel is protected by 10 “Iron Dome” batteries, functioning to protect the country’s infrastructure and citizens. Each battery is able to defend up to 60 square miles. They are strategically placed around Israel’s cities in order to intercept projectiles headed towards these populated areas. Implementing artificial intelligence technology, the “Dome” system is able to discriminate whether the incoming threats will land in a populated or in an uninhabited area, ignoring them in the latter case, consequently reducing the cost of operation and keeping unnecessary defensive launches to a minimum. However, if the “Dome” determines that the rocket is projected to land in an inhabited area, the interceptor is fired towards the rocket.

A radar steers the missile until the target is acquired with an infrared sensor. The interceptor must be quickly maneuverable because it must intercept rudimentary rockets that are little more than a pipe with fins welded onto it, which makes them liable to follow unpredictable courses. It can be assumed that the launchers of the rockets know as little as the Israelis as to where the rockets would end up landing.

Effectiveness

The IDF (Israel Defense Force) claims an 85% - 90% success rate for the “Iron Dome” in intercepting incoming projectiles. Operational in March 2011, to date the “Iron Dome” has successfully destroyed approximately 1,500 rockets. The destruction of these incoming rockets has saved Israeli lives offering physical protection and shielding property and other assets. In addition, for the Israelis it serves as a psychological safeguard and comfort for the Israeli people. 

Regarding the “Dome” as an asset for Israel’s National Security Strategy, while standing as an undeniable asset, has had mixed results regarding its four major pillars of Deterrence, Early, Active Defense and Decisive Victory as well as some unintended challenges. 

For instance, regarding the perspective of its psychological protection for the Israeli people, it is thought to also effect Israeli public in a negative manner. Regardless of the fact that it currently offers effective protection to the existing threats it could, in fact, help cause a long-term security issue for Israel. Its temporary mitigation of the menaces of the rocket attacks could distract Israelis in seeking out a comprehensive political regional solution; possibly a solution that could make systems like the “Iron Dome” unnecessary. 

In addition, while the “Dome” suffices for now, it cannot be expected to continue this way forever. Despite the system’s effectiveness, it is just a matter of time before the militants develop tactics or acquire the technology to overcome it. The time needed in order to accomplish this can be predicted to be significantly reduced taking into account the strong support from the militant’s allies and the considerable funding they receive.  

Still a comprehensive diplomatic solution is needed

Today, the world’s militaries of both state and non-state actors are engaged in a technological arms race. As is clearly known, Israel’s technological dominance is indisputable. Nevertheless, it, by no means, stands as a guarantee as destructive technology becomes more accessible and less expensive. As new technologies become more available they are subject to replication, imitation and increased affordability. As technologies develop and are implemented in operations, counter techniques can shift and new tactics can be developed, which is what the militias are only bound to do. Moreover, with the heavy funding available to the militias from their wealthy allies, acquiring more advanced technologies becomes more probable. This is a significant disadvantage for Israel. In order to preserve their upper hand, constant innovation and adaptation is a necessity. 

The confusion between the short-term military advantage the technology of the “Dome” offers and the long-term necessity for a comprehensive and original political, diplomatic solution is seen as a risk for Israel. Indeed, Amir Peretz, a minister in Israel’s cabinet, told the Washington​ Post in 2014 that the “Iron Dome” stands as nothing more than a “stopgap measure” and that “in the end, the only thing that will bring true quite is a diplomatic solution.”

Despite these drawbacks, however, in all the positive aspects that the system offers clearly outweighs the negative. The “Iron Dome” stands undeniably as a critical and outstanding military asset to Israel's National Security, even while Israel works to address and mitigate some of the unforeseen challenges related to the system.

Cada vez más alejada de la Alianza, Turquía está creando incomodidad en sus socios occidentales, pero difícilmente será invitada a marcharse

Su estrategia en el conflicto sirio, su acercamiento a Rusia con la adquisición del sistema antiaéreo S-400 y su deseo de proyección en el Mediterráneo oriental, donde está lesionando intereses de Grecia, han llevado en los últimos pocos años a Ankara a una continua fricción con la OTAN. Pero la Alianza no está en condiciones de prescindir de Turquía. No es solamente su valiosa situación geográfica como puente entre Oriente y Occidente, sino que sin Turquía la OTAN estaría menos capacitada geopolíticamente para actuar contra el terrorismo o controlar los movimientos de refugiados y vería mermadas sus capacidades militares de defensa como alianza.

▲ Encuentro entre los presidentes de Turquía y Rusia en Estambul, en enero de 2020 [Presidencia de Turquía]

ARTÍCULO / Ángel Martos

Las relaciones entre la Alianza Atlántica y la República de Turquía están pasando por su momento más tenso de la historia reciente. Y es que la política exterior de Ankara se ha prestado a un continuo vaivén dada la inestabilidad de sus gobiernos desde que el Padre de la Patria, Mustafá Kemal Ataturk, falleciera. La república kemalista proyectaba una imagen de Asia Menor muy distinta a la que conocemos hoy en día: el laicismo y la occidentalización que caracterizaron su legado se ha visto reemplazado por un autoritarismo de tinte islámico moderado (según el propio Recep Tayyip Erdoğan, presidente de la República y líder de la formación AKP).

Esta profunda evolución se ha dejado ver en el ámbito de las relaciones internacionales, como es lógico. La doctrina del neo-otomanismo ha ganado terreno entre los artífices de su política exterior. Turquía busca ahora explotar al máximo su posición como puente entre la civilización occidental y la oriental, a la vez que gana influencia entre sus Estados adyacentes y se perfila como el estabilizador de Oriente Medio.

En este escenario, el principal quebradero de cabeza para los estadistas occidentales es la mejora sustancial de las relaciones de Anatolia con la Federación Rusa, el archienemigo de la OTAN. Esta mejora no se entiende sin recordar una serie de eventos que han llevado a Turquía a distanciarse del continente europeo: la tibia reacción de los gobiernos occidentales ante el golpe de estado de 2016; las reticencias mostradas ante las continuas solicitudes de extradición de los seguidores de Fetulah Gülen refugiados en la UE y EEUU; la negativa de Grecia a extraditar a los militares refugiados tras el golpe de estado; las continuas condenas de la Comisión Europea hacia la política interna de Turquía, y, sobre todo, el sueño truncado de la adhesión de Turquía a la Unión. Es por esto que Turquía ha decidido redefinir su diplomacia atendiendo a sus propios intereses únicamente, basculando entre la ayuda de Rusia y la de la OTAN. La adquisición del sistema antiaéreo ruso S-400 o sus recientes operaciones en el Noreste sirio son ejemplo de ello.

La compra del mencionado sistema de misiles antiaéreos de largo alcance es objeto de gran controversia en el seno de la OTAN. La urgente necesidad de Turquía de disponer de ellos es evidente, ya que se enfrenta a potenciales amenazas de misiles balísticos procedentes de países vecinos. Pero la elección del sistema ruso S-400, tras varios años de negociaciones en los que no fue posible llegar a un acuerdo para la adquisición del sistema norteamericano Patriot, ha provocado un auténtico terremoto, llegando a cuestionarse la continuidad de Turquía en el programa del caza de quinta generación F-35. Consideraciones de orden político parecen haber pesado más que los aspectos técnicos en la adopción de esta decisión, pues ambos sistemas son incompatibles y, tratándose de sistemas de armas de nivel estratégico, tanto desde un punto de vista operativo como geopolítico, su empleo por un país de la Alianza Atlántica resulta problemático. Lo que preocupa a la Alianza es el acceso que el Kremlin pueda tener a información de la organización a través de su tecnología de radar.

El otro acontecimiento que nos lleva a cuestionarnos el futuro de las relaciones de Ankara con la OTAN fue la reciente operación militar turca en el norte sirio. El ejército turco lanzó el 9 de octubre una ofensiva contra las milicias kurdas (YPG, a las que considera terroristas) en el norte de Siria. El trato al pueblo kurdo es el gran punto de disensión entre EEUU y Turquía, ya que se trata de aliados incondicionales de la superpotencia, pero a la vez una amenaza política y de seguridad para la estabilidad de Anatolia.

Ankara había estado presionando a Estados Unidos para establecer una "zona de seguridad" que penetrara en el territorio sirio y había amenazado repetidamente con lanzar una acción militar unilateral si Washington le seguía parando los pies. A principios de octubre, Estados Unidos dio vía libre a la operación al ordenar la retirada de la zona fronteriza a los militares que tenía desplegados en Siria. La Administración Trump abandonó, por tanto, a su suerte a los kurdos con los que combatía al Estado Islámico, dando cancha a Turquía para un mayor control de su frontera con Siria.

El siguiente aspecto que es imprescindible mencionar a la hora de describir las complejas relaciones entre Ankara y la OTAN es la pugna geopolítica constante entre Grecia y Turquía. Si bien ambos son miembros de la OTAN desde la década de 1950, las relaciones entre estos dos países del Mediterráneo oriental siempre se han caracterizado por la permanente tensión que se percibe en ellas, y que por tanto tiene algunas consecuencias en la cooperación militar supranacional. Cabe mencionar aquí los tres principales contenciosos que han dado forma, desde finales del siglo XIX, a este enfrentamiento bilateral: la soberanía del archipiélago del Dodecaneso, la del actual Chipre, y la pugna marítima por la plataforma del mar Egeo. Tal fue la magnitud del litigio que el gobierno griego llegó incluso a decretar su salida de la OTAN en 1974, aunque más tarde se reincorporara.

Si bien este conflicto greco-turco estuvo en auge en la segunda mitad del siglo XX, son muchos los aspectos étnicos e históricos los que hacen parecer a estos dos países irreconciliables, salvo en excepciones históricamente puntuales. Esto hace que el flanco oriental del Mediterráneo, dada su proximidad a un área tan inestable como Oriente Medio, haya sido un foco constante de preocupaciones para los dirigentes de la OTAN. Si bien Grecia ha logrado, tras su transición a la democracia, perfilarse como un aliado estable de la Alianza, Turquía no ha seguido el mismo camino. Ello juega sin duda en su contra tanto en la política doméstica como en sus aspiraciones de soberanía marítima.

Históricamente, es conveniente destacar el creciente papel de Turquía como mediador interregional entre Oriente Medio y Occidente. Quizá respondiendo a una estrategia diseñada por Ahmet Davutoglu, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores ya con el gobierno del AKP, Turquía quiso marcar distancias con los EEUU de Bush hijo. Su negativa a colaborar en la invasión de Irak en 2003 le granjeó ciertas simpatías en la región, que ha sabido utilizar en países tan diversos como Irak, Israel o Irán. Sin embargo, a lo largo de los años el gobierno islamista se ha pronunciado varias veces en contra del sionismo y la amenaza que este supone para la estabilidad de la región.

Su distanciamiento con la Unión Europea y su acercamiento en materia económica a Rusia también ha marcado la imagen de la administración turca en la Alianza. Las relaciones con Rusia, a pesar de haber estado marcadas por contenciosos políticos tales como los de la autodeterminación kurda y chechena (apoyada antagónicamente por ambos países), se mantienen a flote gracias al comercio de hidrocarburos. El panorama entonces resulta más favorable al eje ruso que al americano-israelí en la región. Esto, lógicamente, mina la confianza de la OTAN en este país “bisagra”, que ya no se muestra interesado en actuar como tal sino como una potencia independiente y soberana que persigue sus propios intereses, buscando apoyos de la Alianza o del Este según le convenga.

Este alejamiento de la hoja de ruta de la OTAN por parte del Gobierno turco, sumado a un acercamiento en ciertos aspectos al Kremlin y la deriva autoritaria de la Presidencia del país es lo que hace que analistas y líderes internacionales hayan abierto el debate sobre una posible expulsión de la República de Asia Menor de la Alianza. Sin embargo, es poco probable que los aliados decidan prescindir de la importancia estratégica de Turquía. Su situación geográfica la convierte en un país puente entre Oriente y Occidente. Sin Turquía, la OTAN estaría menos capacitada geopolíticamente para actuar, por ejemplo, en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo o al control de los movimientos de refugiados. Además, Turquía tiene el segundo mayor ejército de todos los Estados de la OTAN: una exclusión afectaría gravemente sus capacidades militares de defensa como alianza. Por otro lado, las representaciones de Turquía en la OTAN, si bien se han mostrado críticas con la misma como también lo ha hecho la Administración Trump en repetidas ocasiones, no ha manifestado un claro deseo de abandonarla unilateralmente.

Will success in parts of the Vision 2030's agenda –like diversifying the economy– have a parallel  opening up to religious moderation?

▲ King Salman bin Abdulaziz Al Saud in a recent Custodian of the Two Holy Mosques Chairs Cabinet's Session [Saudi Press Agency]

ANALYSIS / Marina García Reina

Since King Salman first envisioned the need of a reform of Saudi Arabia towards a less dependent economy on petroleum, gradual changes have been done upon the aim of progress, and, in a more precise way, not to be left behind in the world race led by western countries and the booming Asian giants. The crown prince Mohammed bin Salman Al Saud has positioned himself as the leader of the shift towards a religiously moderate Saudi Arabia within the frame of the Vision 2030 initiative. Predictably, however, the reforms held in the country have been subject to numerous criticism and double readings.

A succinct contextualization

It is convenient to recall the year 1979, when Shiite militants overthrew the secular Shah of Iran and Sunni fundamentalists besieged the Masjid al-Haram (Grand Mosque) in Mecca. That same year, the country's Shiite minority started a revolt in Al-Hasa province, resulting in numerous deaths. The Saudi monarchy responded to those mishaps by moving closer to the Wahhabi (an extremely conservative conception of Islam) religious establishment and restoring many of its hardline stances. As a result, for instance, the government shut down the few cinemas that existed in the kingdom. It was not till 2015 (or 2014, depending on which reforms to base on) when King Salman bin Abdulaziz Al-Saud —along with Mohammed bin Salman (popularly known as MBS), who he promoted to crown prince—, proclaimed reforms in Saudi Arabia towards a more moderate political scenario, opening up a new era of Saudi politics. The two expressed their will to limit the authority of the religious police to arrest citizens. They allowed the first cinemas and music concerts since decades of prohibitions, condemned religious incitement, and gradually granted women several rights.

Vision 2030

First conceived by King Salman, Vision 2030 is meant to be the decisive plan to transform the country by a sweep in economy and society, and Crown Prince Muhammad bin Salman himself has positioned as its spearhead. It is basically the headline upon which all the modernization changes are framed. The plan aims to face the three major challenges that Saudi Arabia has nowadays: unemployment, diversification, and privatization.

It is worth mentioning that in contrast to the great majority of western countries, Saudi Arabia has a growing youthful population. Approximately, 70% of Saudi population is under 30 and the 29% of Saudis between 16 and 29 are unemployed. Vision 2030 includes greater investments in education to train future Saudi leaders, which seems quite unnecessary when noticing that Saudi citizens pay no taxes and receive free education (making up 25% of the total budget), free health care and subsidies for most utilities.

Economy is something that has been worrying most Saudis, since the country’s economy is almost entirely based on petroleum and recently the price of a barrel of oil has ranged between about $46 and $64 in 2019, much lower that what it has ranked for years. Diversifying the economy is crucial for the progress of Saudi Arabia. All in all, Vision 2030 will rely on earnings coming from the Aramco’s IPO (initial public offering), which will be placed in a sovereign wealth fund  —also sourced by Saudi fiscal assets and the sale of state-owned real estate and other government assets—, expectedly resulting into an investment-driven economy rather than a petroleum-based one as it has been for decades. It has also cast serious doubts the nature of the measures that are being developing to modernize the country, especially because the social aspects have been left apart by, for instance, the construction of Neom, a planned futuristic city in the middle of the desert, which is meant to be the great achievement of the crown prince MBS.

Additionally, the initiative has been configured as the political rebirth of the crown prince in the eyes of the international sphere, since it means diminishing the role of government by selling Aramco’s 5% of shares to investors, even so, the enterprise still is under tight control of the royal family. Without going any further, Khaled Al-Falih, the chairman of Aramco, is also the new minister of Energy, Industry, and Natural Resources, which once again brings to light the relation between these two.

The stated target is to increase the private sector’s contribution to GDP from 40% today to 65% by 2030. Much of this private sector growth will come through public-private partnerships, as said before, high-positioned Saudis will have been direct or indirectly pressured to invest in the IPO. The Saudi government has been criticized on several occasions for being corrupted and showing a lack of transparency over its acts. In this area, Vision 2030 hopes to ensure the law and the obligation of honestly reporting every business activities. Under proposal of MBS a follow-up department, headed by a ministerial rank official, has been set up to follow the implementation by government ministries of projects that have been approved.

Anti-terrorist positioning and extremist ideologies

Mohammed bin Salman has severely expressed his aim of not only dealing with extremist ideologies, but also of destroying them. As part of this determination, some clerics, which are meant to form part of the extremist ideology that the leader seems to condemn, have been targeted.

Nevertheless, organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch and the Committee to Protect Journalists have demonstrated that these presumed extremist clerics have long records of advocating the type of reform and religious moderation MBS asserts to support. For instance, in September 2017, numerous clerics, journalists and scholars known for their reluctance to MBS policy, which they consider as half-measured and not going straight to the point, were arrested by Saudi security forces. On the other hand, certain state clerics continue unpunished despite publicly criticizing the reforms and inciting hatred against the Shia minority. In particular, two members of the Council of Senior Scholars —the highest religious body in the country, whose role is to advise the King on religious matters by issuing fatwas (judicial advice provided by a religious specialist)— have been in the spotlight for years. These are Saleh al-Fawzan and Samm leh al-Lohaidan, both close to bin Salman. These two scholars are owners of broadcasting channels funded and promoted by the Saudi government from which they divulge their ultra-conservative view of Islam and condemn with the death penalty whatever they consider as violations of religious and moral rules contrary to Islam. An example of such are the declarations made saying that Shiites are not Muslims or that Muslims are not allowed to protest or even publicly criticize rulers as this would lead to rebellion that would in turn justify rulers’ violent response, like those held in 2017.

Together with these personalities, there are others who also hold high-rank positions in the country’s politics and government. Abdulaziz al-Sheikh, for example, is the grand mufti (muslim religious who has the authority to interpret Sharia) of Saudi Arabia. In that capacity, he has issued numerous fatwas and statements preaching the virtues of obedience to existing authorities and submitting to their policies without question. This, once again, raises the question of whether or not Saudi Arabia is actually cleansing extremist ideologies. Some, as Abdullah Almalki —a religious academic—, argue that the sovereignty and free choice of the people must have precedence over any desire to implement Sharia and that justice and free choice must be the pillars of any political community.

Almalki’s father, Salman Alodah, like himself, advocates religious tolerance against calls of jihad in Iraq, Syria, and elsewhere, calling for a democratic change, supporting the empowerment of women, fighting against discrimination, and respecting the religious minorities who are marginalized in the Kingdom. Both Almalki and Alodah were also arrested in the 2017 detentions and referred the following year to court for a secret trial —something that has become common when the accused are moderate voices, feminists and intellectuals—, facing death penalty for their extra-progressive views. Besides these cases, probably the best known one was that of the Washington Post columnist Jamal Khashoggi’s murder at the Saudi consulate in Istanbul in October 2018.

In contrast to some of these powerful men characterized by their severe religious stances, the Saudi society as a whole holds a somewhat more nuanced view of Islam and does not completely identify with them. On this, it is worth recalling the attack on the Shia mosques carried out by Daesh in May 2015. The event was followed by mass funerals in the Saudi streets, which exposed the unity of the Saudi people above sectarian lines.

Al Qaida was apparently eradicated from the country and, as a result of that, it moved its operations to Yemen, where Saudi Arabia’s military force together partnered with the UAE —with limited US support, it must be said— and the Yemeni government forces have been doing efforts to combat it, achieving, for instance, the liberation of Mukalla. Specifically, Saudi Arabia blames the failing states of Iraq, Lebanon, Syria, and Yemen as the reason why Al Qaida has not yet been definitively eradicated.

The Iraqi government broke down after the US invasion in 2003, which led to a sectarian  and corrupt government. In Syria, Bashar al Assad led the military uprising and breakdown of authority, providing al Qaida refuge, although he continuously expressed he was combating terrorists, actually al Qaida freely operated in both sides of the border. Saudi Arabia claims that further efforts must be made to remove Assad as an essential part of the battle against terrorism in the region. It also advocates efforts at the international level to stop with the use by terrorists of pro-Palestine propaganda to recruit young members.  

Aramco and the oil crisis

Petroleum prices have dropped considerably in recent years, exacerbating the need of a side Saudi economy which does not revolve around oil. This has become a rough task, taking into account that the petroleum sector employs around the 70% of the population in Saudi Arabia. Aramco’s IPO, which promises to sell shares to investors, has become the center of the Vision 2030 initiative for Mohammed bin Salman.

The reasons behind the IPO are two: money —Saudi Arabia needs greater money inputs in order to accomplish the reform plans and finance the war in Yemen— and the political rehabilitation of the crown prince (MBS) under the consent of the international sphere, portraying, in a way, that the IPO may not be motivated that much because of an economic interest (which of course it is) but more deeply because of a political benefit of claiming that Saudis are opened to the world by selling part of Aramco to foreigners.

The tremendous expectation raised around the IPO can be interpreted as a way of starting attention of the incidents of 2017 and Khashoggi’s murder mentioned before. Aramco’s initial public offering, which started this last December in Tadawul (Saudi Arabia’s domestic stock market), went resoundingly bad after the US attack in Bagdad resulting in the death of the Iranian military commander Qasem Soleimani as well as the Iraqi-Iranian deputy chief of the armed organization Popular Mobilization Committee. Shares of the State petroleum company have dropped in a 1.7%. However, in spite of this event, Aramco’s IPO went reasonably well and the company managed to be valued in $2 billion, which is not surprising considering that the Saudi government has actively encouraged Saudis to invest, meaning that there are investors (people within the orbit of the royal court and big business) who have no choice in the matter because their livelihoods and stature are dependent on proving they support Mohammed bin Salman’s program and retail investors who will invest because of all the hoopla and nationalist sentiment whipped up around the offering.

Women and the guardianship rule

Undoubtedly, changes have been done within the Saudi State to overcome the lack of involvement of women in everyday life. As an example of it, the permission to drive automobiles extended to women has found a significant echo globally. Women make up half of the population in Saudi Arabia. As part of the Saudi transformation of its economy plan, there is a need beyond the sole fact of integrating women in society, namely that of integrating this half of the Saudi population into the labor force.

Women conform nowadays just the 7% of the work force. After the implementation of the Vision 2030 plan, the number is expected to rise up to a 30% by that year. Following a worldwide tendency, more women than men graduate from universities in all disciplines. Furthermore, thanks to efforts attributed to the crown prince and to King Abdullah before him, women can be members of the Consultative Assembly since 2014. Currently, they occupy 20% of its seats. In September 2011, King Abdullah granted women the right to vote, a right they exercised in 2015 for the first time.

Further changes have been done within the country in favor of integrating women, which have gone unnoticed by the public eye. Princess Reema bin Bandar al Saud is an example of that. As president of the Saudi Federation for Community Sport, she has developed different initiatives, together with other ministries, to promote women; for instance, by creating football leagues. Moreover, opening women access to the armed forces has also been a huge step forward considering the impact in the shift of gender perspective. It cannot be omitted that Saudi Arabia has been for decades an extremely conservative country and that what may be seen as basic things for westerners in the 21st century, supposes a top-down reform within their principles, especially considering that they are being introduced in a considerably short time.

Conclusion

Saudi Arabia is facing —and will face in the following years— great challenges to redirect the country’s economy into one less dependent on oil, and to reeducate a youth that has been raised up with almost everything being granted by the government. Finally, there is also the challenge of making bin Salman’s vision more translatable to the western public, which, as said, see the reforms with some skepticism, notwithstanding official energetic and ambitious proclamations. As a summary, society, diversification of economy and governance and bylaws are crucial for the Saudi progress. What is true is that, regardless the reticence of westerners, MBS has gained huge support among his compatriots and is thought to be the reformer he repeatedly self-proclaims to be. This may lead us, Westerners, to consider whether an Islamic conception of renovation of Islam in appliance to govern is similar, and if so, to which extent, to our own conception of it.

▲ Qasem Soleimani recibe una condecoración de manos del Líder Supremo iraní, Ali Khamenei, a comienzos de 2019 [Oficina de Khamenei]

COMENTARIO* / Salvador Sánchez Tapia

La muerte en Irak del general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza iraní Quds, a manos de un dron norteamericano es un eslabón más en el proceso de creciente deterioro de las, ya de por sí malas, relaciones entre Estados Unidos e Irán, cuyo último capítulo se vive desde 2018, año en que el presidente Trump decide romper el denominado “acuerdo nuclear” (JCPOA) suscrito con Irán en 2015 por la administración Obama y los demás miembros del G 5+1.

El ataque sobre Soleimani, ejecutado como represalia por la muerte de un contratista norteamericano en un ataque lanzado, al parecer, por la milicia irakí chiíta Kataib Hezbollah sobre la base K1 de los Estados Unidos en Kirkuk el pasado 27 de diciembre, ha supuesto un cambio cualitativo en el tipo de respuesta que Estados Unidos acostumbran a dar a incidentes de este tipo pues, por primera vez, el objetivo ha sido un alto responsable militar de la República Islámica de Irán.

Inmediatamente después del asesinato, durante las exequias por el general fallecido, Ali Khamenei, líder supremo de Irán, anunció en términos un tanto apocalípticos que el ataque no quedaría sin respuesta, y que esta vendría directamente de manos iraníes, no a través de proxies. Ésta llegó, en efecto, la noche del pasado 8 de enero en forma de un ataque masivo con misiles sobre dos bases militares estadounidenses situadas al oeste de Irak y en el Kurdistán iraquí. Contradiciendo declaraciones iraníes que hablaban de que los bombardeos habrían producido unos ochenta muertos norteamericanos, la administración estadounidense se apresuró a asegurar que no se había registrado ninguna baja por los ataques.

Tras este nuevo ataque, el mundo contuvo la respiración esperando una escalada por parte de Washington. Sin embargo, las declaraciones del presidente Trump del propio 8 de enero parecieron rebajar la tensión con el argumento de que la ausencia de bajas norteamericanas era indicativa de un intento iraní de desescalar. Estados Unidos no responderá militarmente, aunque anunció la intención de endurecer el régimen de sanciones económicas hasta que el país cambie de actitud. Con ello, el riesgo de una guerra abierta en la región parece conjurado, al menos momentáneamente.

¿Nos afecta la tensión entre Estados Unidos e Irán?

Evidentemente, sí, y de varias formas. En primer lugar, no podemos obviar que varios países de Europa, entre los que se encuentra España, mantienen importantes contingentes militares desplegados en la región, operando en los marcos de la OTAN, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea en misiones como “Inherent Resolve” en Irak, “Resolute Support” en Afganistán, UNIFIL en Líbano, “Active Fence” en Turquía, o “Atalanta” en la zona del Cuerno de África.

En los casos de Irak y Afganistán en particular, las tropas españolas desplegadas en las misiones antes mencionadas trabajan en estrecha colaboración con otros aliados de la OTAN, entre los que se encuentra Estados Unidos. Aunque en principio los soldados españoles –o, para el caso, los de las otras naciones OTAN– no están en el punto de mira de las respuestas iraníes, dirigidas específicamente contra Norteamérica y sus intereses, no cabe duda de que cualquier ataque de Irán sobre unidades estadounidenses podría afectar de forma colateral a los contingentes de otras naciones operando con ellas, aunque sólo sea por una cuestión de mera proximidad geográfica.

Menos probable es que Irán intentara una respuesta contra algún contingente no norteamericano a través de alguno de sus proxies en la región. Este sería el caso, por ejemplo, de Hezbollá en Líbano, país en el que España mantiene un importante contingente cuya seguridad podría verse afectada si este grupo, bien por iniciativa propia, o a instancias de Irán, intentara atacar a alguna unidad o instalación de UNIFIL. Esta opción, como decimos, es considerada como poco probable por el impacto negativo que tendría sobre la comunidad internacional en general, y por la proximidad a Israel del despliegue de UNIFIL.

La escalada ha producido un incremento del nivel de alerta y un refuerzo de las tropas que Estados Unidos mantiene en la región. Si el incremento de la tensión continuara, no sería descartable que Washington llegara a articular algún tipo de respuesta militar directa sobre Irán para la que podría apelar al apoyo de sus socios y aliados, sea con tropas o con recursos. Es difícil determinar en qué momento y condiciones se podría producir tal solicitud, con qué objeto y, muy importante, qué respuesta daría Europa a la misma, teniendo en cuenta la preocupación con que el Viejo Continente observa una escalada en la que no está interesada, y el estado de relativa frialdad que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y Europa.

Como consecuencia del asesinato, Irán ha hecho pública su intención de desvincularse totalmente de las cláusulas del acuerdo nuclear que aún observaba. En otras palabras, manifiesta sentirse libre para continuar con su programa nuclear. Indudablemente, este último clavo en el ataúd del JCPOA puede desembocar en una abierta carrera nuclear en la región con consecuencias negativas para la seguridad regional, pero también para la europea. El aumento del número de potencias nucleares es, por sí mismo y desde nuestro punto de vista, una mala noticia.

Por último, y como efecto secundario de la escalada, el precio del barril de petróleo comienza a mostrar una inquietante tendencia alcista. Si no hay medidas correctoras por la vía del incremento de producción de otros países, la tendencia podría mantenerse. No es necesario abundar en lo que el aumento del precio del petróleo significa para la economía europea y, desde luego, para la nacional.

Rusia y China en la crisis

Rusia está haciendo esfuerzos para reemplazar a Estados Unidos como la principal potencia en la región y para presentar a Norteamérica como un socio poco fiable, que abandona a sus aliados en dificultades. La escalada de la crisis puede tener un impacto negativo en ese esfuerzo, retardándolo o, en el peor de los casos, terminando con él si, finalmente, Estados Unidos llegara a revertir su política de paulatino abandono de Oriente Medio por mor de un aumento de la tensión con Irán. La retórica rusa será contraria a Washington. A la postre, sin embargo, no hará nada para que la tensión entre Estados Unidos e Irán aumente y sí, probablemente, para que se mantenga dentro de un nivel tolerable o disminuya.

Rusia no es tanto un aliado incondicional de Irán, como uno de conveniencia. Irán es un competidor de Rusia por influencia en la región –en particular, en Siria–, y puede intentar influir negativamente sobre el islamismo de la Federación Rusa. Por otro lado, Rusia no está entusiasmada con la idea de que Irán se dote de armas nucleares.

La postura de China está condicionada por su gran dependencia del flujo estable de petróleo de Oriente Medio. Por este motivo, no tiene ningún interés en la inestabilidad que acarrea este incremento de la tensión. Previsiblemente actuará como un elemento moderador, tratando de utilizar la crisis como una oportunidad para incrementar su influencia en la región. China no está interesada per se en convertirse en árbitro de la seguridad en la región, pero sí está interesada en una región estable, amigable para el comercio.

El proyecto “One Belt, One Road” es otra de las razones por las que China tratará de mantener la crisis dentro de unos límites asumibles. Oriente Medio es un elemento clave en el proyecto chino de recreación de una suerte de nueva Ruta de la Seda. Una guerra abierta entre USA e Irán podría afectar negativamente a este proyecto.

En resumen, ni Rusia ni China están interesados en una escalada entre Estados Unidos e Irán que pueda desembocar en una guerra abierta entre ambas naciones que ponga en peligro el suministro de petróleo, en el caso de China, y el asentamiento como principal potencia internacional en la región, en el caso de Rusia. Ambos tratarán de atemperar la respuesta iraní, incluso si, a nivel de declaraciones, se manifiestan en contra del asesinato de Soleimani.

* Este texto alarga un comentario previo realizado por el autor a El Confidencial Digital.

▲ A demonstration in Beirut as part of 2019 protests [Wikimedia Commons]

ESSAY / David España Font

1. Introduction

A shared feeling has been rising across the globe for the last three years, but with special strength during the last six months. The demonstrations since February in Algeria, since September in Egypt, Indonesia, Peru or Haiti, and in Chile, Iraq or Lebanon since October are just some manifestations of this feeling. The primary objective of this essay will not be to find a correlation among all demonstrations but rather to focus on the Lebanese governmental collapse. The collapse of the Lebanese government is one example of the widespread failure most politicians in the Middle East have to meet public needs.[i]

Regarding the protests that have been taking place in Egypt and the Levant, it is key to differentiate these uprisings from the so-called Arab Spring that took place in 2011, and which caused a scene of chaos all over the region, leading to the collapse of many regimes.[ii] The revolutionary wave from 2011, became a spark that precipitated into many civil wars such as those in Libya, Yemen or Syria. It is important to note that, the uprisings that are taking place at the moment are happening in the countries that did not fall into civil war when the Arab Spring of 2011 took place.

This essay will put the focus on the issue of whether the political power in Lebanon is legitimate, or it should be changed. Are the Lebanese aiming at a change in leadership or rather at a systemic change in their political system? This essay id divided into four different parts. First, a brief introduction summarizes the development of the October demonstrations. Second, it throws a quick overview into recent political history, starting from the formation of the Lebanese state. Third, it will approach the core question, namely which type of change is required. Finally, a brief conclusion sums up the key ideas.

2. October 2019

On Thursday October 17th, thousands of people jumped into the streets of Beirut to protest against political corruption, the nepotism of the public sector and the entrenched political class. There hadn’t been a manifestation of public discontent as big as this one since the end of the civil war in 1990. The demonstration was sparked by the introduction of a package of new taxes, one of which aimed at WhatsApp calls.[iii] Roads were blocked for ten days in a row while citizens kept demanding for the entire political class to resign. Although, apparently, the demands were the same as those forwarded in 2011, the protests might have been looking more for a change in the whole political system than for mere changes in leadership.

It must not be forgotten the fact that Hasan Nasrallah, the leader of Hezbollah, warned that such protests could lead to another civil war and that the right to demonstrate had to be abolished as soon as possible. He literally stated: “I’m not threatening anyone, I’m describing the situation. We are not afraid for the resistance; we are afraid for the country.”[iv] Certainly, a change in the political power could make   such a power notably stronger, Hezbollah is now enjoying the weakness of the Lebanese political power and prefers to maintain the status quo.

This arising conflict must be analysed bearing in mind the very complicated governmental structure which seems to be very effective towards conflict avoidance, but not towards development and progress. The country is governed by a power-sharing system aimed at guaranteeing political representation for all the country's 18 sects.[v] Lebanon’s government is designed to provide political representation of all Lebanese religious groups, the largest ones being the Maronites, the Shiite and the Sunni. The numbers of seats in the Parliament is allotted among the different denominations within each religion. The President must always be a Maronite Christian, the prime minister a Sunni and the Speaker of Parliament as Shiite.[vi]

Therefore, it goes without saying that the structure of the political power is designed for survival rather than for coexistence. Each representative is inclined to use his position in favour of the interest of the sects that he belongs to instead of that of the national, common interest. There is no chance for common policies to be agreed as long as any of these interfere with the preferences of any one of the sects.

3. A quick overview into recent history

Since the end of the 16th century, the Ottoman Empire managed to control all the region today known as Levant and Egypt. However, the area known as Mount Lebanon remained out of its direct influence[vii]. The region became a self-governed area controlled by powerful Christian Maronite families. Because the Ottoman Empire did not allow European Christians to settle in the territory and benefit from trading activities, the Europeans used the Lebanese Maronites as their commercial representatives.[viii] This was one of the main ways how the European legacy penetrated the region, and one of the reasons that explains why Christians in Lebanon and Syria had a good command of French even before the arrival of the French mandate, and why they became, and still are, richer than the Muslims.

Following World War I, the League of Nations awarded France the mandate over the northern portion of the former Ottoman province of Syria, which included the region of the Mount Lebanon. This was a consequence of the signature in 1916 of the Sykes-Picot Agreement, by which the British and the French divided the Middle East into two areas put under their control. The British would control the South, and the French the North.[ix]

In 1920 the French carved out the region of Lebanon from their mandated area. The region would later be granted the independence in 1943. The means of such demarcation had as primary objective the guarantee and protection of the Christian’s free and independent existence in the Muslim Arab world, not even the protection of their rights but rather the recognition of their existence. Since the very first moment of Lebanon’s establishment as a separate territory from Syria, Sunni Muslims rejected the very idea of a Lebanese state which was perceived as an act of French colonialism with the objective of dividing and weakening what was perceived to be the united Arab Nation.[x]

Because the preservation of the greater Lebanon was the primary objective for the Christians and they were not going to give up that objective for the sake of a united Arab Nation, a gap between the Maronite and the Sunni communities opened that had to be closed. The legal agreement that came up from efforts in this sense came to be known as the National Pact of 1943 “al-Mithaq al-Watani.”[xi] At the heart of the negotiations was on the one hand the Christians' fear of being overwhelmed by the Arab countries, and on the other hand the Muslims' fear of Western hegemony. In return for the Christian to accept Lebanon's "Arab face," the Muslim side agreed to recognize the independence and legitimacy of the Lebanese state in its 1920 boundaries and to renounce aspirations for union with Syria.[xii]

With hindsight, the pact may be assessed as the least bad political option that could be reached at this time. However, as mentioned earlier, this pact has led to a development of the governmental structure that doesn’t lead to political construction and development but rather to mere survival.

4. Change in leadership or systemic change?

The issue at stake is very much related to the legitimacy that could be given to the Lebanese political power. In order to tackle this issue, a basic approach to these terms is a must.

The concept of political power is very vague and might be difficult to find a set definition for it; the basic approach could be “a power exercised in a political community for the attainment of the ends that pertain to the community.”[xiii] In order to be political, power inherently requires  legitimacy. When the power is fully adapted to the community, only then this power can be considered a political power and therefore, a legitimate power.[xiv] While it is possible to legitimize a power that is divided into a wide variety of sects, it cannot be denied that such power is not fully adapted to the community, but simply divided between the different communities.

Perhaps, the issue in this case is that there cannot be such a thing as “a community” for the different sects that conform the Lebanese society. Perry Anderson[xv] states that in 2005, the Saudi Crown reintroduced the millionaire Rafik Hariri into the Lebanese politics getting him to become prime minister. In return, Hariri had to allow the Salafists to preach in Sunni villages and cities, up to the point that his son, Saad, does not manage to control the Sunni community any longer. How is it possible to avoid such a widespread division of sects in a region where politics of influence are played by every minimally significant power?

Furthermore, in order to be legitimate, power must safeguard the political community. However, going deeper into the matter, it is essential that a legitimate power transcends the simple function of safeguarding and assumes the responsibility of maintaining the development of the community. As mentioned in the previous paragraph, in this case there might be no such thing as a community; therefore, the capacity of the political power in this specific case, legitimacy might be link to the idea of leading the project of building and developing such idea of community under one united political entity. Possibly, the key to achieve a sense of community might be the abolition of confession-based politics however…is it possible?

Additionally, another reason for which I do not believe that there is a full politization of the state is because it has still not transitioned from power, understood as force, into power understood as order. The mere presence of an Iranian backed militia in the country which does have a notable degree of influence on the political decisions doesn’t allow for such an important change to happen. In the theory, the state should recover the full control of military power however, the reality is that Lebanon does need the military efforts of the Shiite militia.  

Finally, a last way to understand the legitimacy of the power can be through acceptance. Legitimacy consists on the consent given to the power, which implies the disposition to obey of the community, and the acceptance of the capacity to force, of the power[xvi]. Until now there has been acceptance. However, being these protests the biggest ones seen since the end of the civil war, it is an important factor to bear in mind. It might be that these protests delegitimize the political power, or they might simply reflect the euphoric hit that many of these events tend to cause before disappearing.

5. Conclusion

After three months since the beginning of the protests, it seems that steps have been taken backwards rather than forwards. Could Hariri’s resignation mean a step forward towards the construction of the community and the abolition of the sectarian division?

The key idea is the nature of the 1943 agreement. The Pact’s core idea was to help overcome any philosophical divisions between the two main communities, the Christian and the Sunni. The Christians were not willing to accept a united Arab Nation with Syria, and the Muslims were not willing to be fully ruled by the Christians. However, 80 years later, the importance of confessionalism in the political structure is still there, it has not diminished.