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[Juan Tovar Ruiz, La doctrina en la política exterior de Estados Unidos: De Truman a Trump (Madrid: Catarata, 2017) 224 páginas]
RESEÑA / Xabier Ramos Garzón
Todo cambio en la Casa Blanca lleva a un análisis de lo que fue la política del presidente saliente y a la especulación sobre la política del que llega. Dado el peso de Estados Unidos en el mundo, la visión sobre los asuntos internacionales de cada administración resulta determinante para el orden mundial. Juan Tovar Ruiz, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Burgos, se ocupa en este libro de la esencia de la política exterior de cada presidente –fundamentalmente de Truman a Trump (la de Biden, lógicamente, aún está por definir)–, que en muchos casos sigue una hoja de ruta definida que da en llamarse “doctrina”.
Entre las fortalezas del libro se encuentran el hecho de que combina varios puntos de vista: por una parte, abarca, desde el punto de vista realista, los efectos estructurales e internos de cada política, y por otra, analiza las ideas e interacciones entre actores teniendo en cuenta el punto de vista constructivista. El autor explora los procesos de toma de decisión y sus consecuencias, considera la efectividad final de las doctrinas americanas, en el contexto general de las relaciones internacionales, y examina las influencias, rupturas y continuidades entre distintas doctrinas a lo largo del tiempo. A pesar de la relativamente corta historia de Estados Unidos, el país ha contado con una extensa y compleja política exterior que Tovar, centrándose en las últimas ocho décadas, sintetiza con especial mérito, adoptando un punto de vista principalmente general que resalta lo sustantivo.
El libro está dividido en siete capítulos, organizados por etapas históricas y, dentro de cada una, por presidentes. El primer capítulo, a modo introductorio, abarca desde el periodo posterior a la independencia de Estados Unidos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa se muestra como antecedente clave en la ideología futura americana, con dos posicionamientos especialmente determinantes: la Doctrina Monroe y el Idealismo Wilsoniano. El segundo capítulo se ocupa de la Primera Guerra Fría, con las doctrinas Truman, Eisenhower, Kennedy y Johnson. A lo largo del capítulo se contextualizan los distintos postulados y se señalan las cuestiones que fueron clave en la creación de unas doctrinas que solo afectaron a la política exterior del momento, sino se imbricaron en el núcleo del pensamiento político estadounidense. El tercer capítulo trata de la Distensión, periodo ocurrido entre 1969 y 1979 en el que se dieron las doctrinas de Nixon y Carter. Al llegar al cuarto capítulo nos situamos en la Segunda Guerra Fría y el final de la confrontación EEUU-URSS, tiempo en que encontramos las doctrinas de Reagan y Bush senior. A partir de este punto, los siguientes capítulos (quinto, sexto y séptimo) tratan el periodo de Postguerra Fría, apareciendo en este periodo las doctrinas de Clinton, Bush junior y las más recientes –por tanto, aún sujetas a estudio– de Obama y Trump.
En las conclusiones el autor resume cada uno de los capítulos en base a caracterizaciones académicas o políticas y realiza algunas matizaciones, como advertir que en su opinión la política exterior de Obama es más bien una “no doctrina”, ya que combina elementos de distintas ideologías y es en parte contradictoria. Obama trató varios conflictos de formas diferentes: así, afrontó de forma realista las “guerras de necesidad” (Afganistán) y de acuerdo con el planteamiento internacionalista liberal conflictos como el de Libia. Aunque la flexibilidad llevada a cabo por Obama puede ser considerada una debilidad por algunos, ya que no siguió una política firme y marcada, también puede verse como la necesaria adaptación a un entorno continuamente cambiante. Muchas son las ocasiones en las que un presidente estadounidense, como Bush hijo, ha llevado a cabo una política exterior rígida, ideológicamente hablando, que en última instancia logró poco éxito práctico.
Otro ejemplo de variante de la doctrina convencional que muestra el autor es la “antidoctrina” llevada a cabo por Trump. Quien fuera presidente hasta 2021 ejecutó una política caracterizada por numerosas contradicciones y variaciones respecto al papel que EEUU había venido ejerciendo en el mundo, arrojando con ello dudas e incertidumbres sobre la actuación esperable de la superpotencia americana. Esto vino dado por la inexperiencia política de Trump, tanto en el ámbito como en el plano doméstico, la cual causó inquietud no solo en actores internacionales sino en el núcleo del propio Washington.
Del análisis de las distintas doctrinas mostradas en el libro podemos destacar cómo cada una de ellas se adapta a un contexto social, histórico y político específico, y a la vez todas responden a una compartida tradición política de un país que, como superpotencia, manifiesta ciertas constantes a la hora de procurar mantener la paz y garantizar la seguridad. Pero esas constantes no deben ser confundidas con aspectos universales, ya que cada país presenta sus propias particularidades y cuenta con intereses determinados: adaptar sin más los posicionamientos estadounidenses a los planes de política exterior de otros países puede ocasionar fallos caóticos, si no se reconocen esas diferencias.
Por ejemplo, países como España, que dependen de la pertenencia a la Unión Europea, no podrían entrar en guerras aleatorias unilateralmente como ha hecho Estados Unidos. No obstante, España podría adoptar algunos elementos, como en materia de toma de decisiones, ya que este tipo de doctrinas facilita enormemente objetivar y estandarizar los procesos de análisis y resoluciones.
Fiscales federales presentan cargos contra la cúpula de la mara en El Salvador por delitos contra la seguridad nacional
° EEUU sigue catalogando las pandillas como organización criminal, no como grupo terrorista, pero en el último año ha pasado a considerar terroristas a algunos de sus jefes
° El Departamento de Justicia estima probada la conexión entre las decisiones tomadas por la cúpula de la MS-13 desde cárceles salvadoreñas y crímenes cometidos en EEUU
° En los últimos cinco años los tribunales estadounidenses han condenado a 504 pandilleros, de los cuales 73 recibieron penas de cadena perpetua
► Reclusos de las maras en prisiones salvadoreñas, en abril de 2020 [Gob. de El Salvador]
INFORME SRA 2021 / Xabier Ramos Garzón [versión en PDF]
Las autoridades de Estados Unidos han dado en el último año un significativo salto en su reacción a la violencia de la principal banda callejera latina, la mara Salvatrucha o MS-13. Por primera vez fiscales federales presentaron cargos por terrorismo contra jefes de la pandilla, abriendo la puerta a una revisión de la catalogación de la MS-13, considerada desde 2012 en Estados Unidos como organización criminal internacional y que podría ser designada grupo terrorista, como ya sucede en El Salvador.
La focalización del Departamento de Justicia en la violencia de conexión centroamericana, sin embargo, pudo obedecer durante la Administración Trump a una priorización de la lucha contra la inmigración ilegal. Se desconoce de momento si la Administración Biden, que tiene menos interés en criminalizar el hecho migratorio, insistirá en la categoría de terrorismo. No obstante, la presión policial y judicial sobre los pandilleros responsables de crímenes en suelo estadounidense no parece que de momento vaya a decrecer.
Ofensiva fiscal
En julio de 2020 el Departamento de Justicia norteamericano hizo públicos cargos por terrorismo contra Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue de gánster, sellados desde el previo mes de mayo en la Corte del Distrito Este de Virginia. Los cargos incluían conspiración para suministrar apoyo material a terroristas, cometer actos de terrorismo transfronterizos, financiar acciones terroristas y llevar a cabo operaciones de narcoterrorismo. Melgar había vivido en Virginia, con algunas ausencias, entre 2003 y 2016, año en que fue deportado. En noviembre de 2018 fue detenido y encarcelado en El Salvador. La Fiscalía considera que desde ese país dirigía la acción delictiva de la MS-13 en la Costa Este: aparentemente ordenaba y aprobaba asesinatos, supervisaba negocios de narcotráfico y recolectaba dinero para las clicas u organizaciones locales.
Abierta esa vía de cargos por terrorismo, que suponen penas mayores, contra dirigentes que supuestamente ordenaban la comisión de crímenes desde El Salvador, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York procedió pocos meses después a la acusación formal más amplia y de mayor alcance dirigida contra la MS-13 y su estructura de mando y control en la historia de Estados Unidos, alegando delitos “contra la seguridad nacional”. Así, en enero de 2021 esa Fiscalía federal hizo público un indictment, formalizado secretamente en el mes anterior, con acusaciones contra catorce jefes de la MS-13, todos ellos integrantes de la Ranfla Nacional o dirección de la mara, la cual estaba encabezada, según el Ministerio Público, por Borromeo Enrique Henríquez, alias Diablito de Hollywood. Once de ellos se encuentran en cárceles salvadoreñas y tres son fugitivos. Los cargos eran similares a los presentados contra Melgar, sin que igualmente la acusación aporte detalles sobre acciones específicas. Se les atribuyen los crímenes de distintas clicas de la MS-19 ya que, al formar parte de su cúpula directiva, serían los responsables últimos de las órdenes de comisión de muchos de los delitos. Según indicó el fiscal al anunciar el caso, “la MS-13 es responsable de una ola de muerte y violencia que ha aterrorizado a las comunidades, dejando los vecindarios inundados de derramamiento de sangre”. EEUU procedió a preparar las respectivas peticiones de extradición.
Además de estas dos causas, que se insertarían en un marco conceptual que parece querer perseguir la figura de jefatura de grupo terrorista (a pesar de que la consideración de terrorista no ha sido aplicada por Estados Unidos a ninguna pandilla, ni hay consenso sobre una estrecha centralización en la toma de decisiones criminales), en 2020 se pusieron en marcha varios procesos judiciales contra miembros de la MS-13 por delitos estrictamente de asesinato, secuestro, narcotráfico, tenencia de armas y otras actividades de crimen organizado. El mismo día de julio de 2020 en que se anunció la acusación contra Melgar, la Corte del Distrito Este de Nueva York presentó una causa contra ocho integrantes de la organización, y la del Distrito de Nevada contra otros trece; en agosto, el Distrito Este de Virginia procedió a la detención de once personas más relacionadas con la pandilla.
Esas actuaciones mostraban un empeño en hacer efectivas las investigaciones que recientemente se habían intensificado, al término de un mandato presidencial que había hecho de la lucha contra las maras una de las prioridades del Departamento de Justicia. Precisamente a finales de 2020, este departamento publicó un informe haciendo balance de los “esfuerzos” llevados a cabo en este terreno entre 2016 y 2020, titulado “Respuesta a gran escala”. El informe, que calcula que en Estados Unidos hay unos 10.000 miembros de diferentes pandillas, contabiliza que en ese periodo se presentaron en los tribunales estadounidenses cargos contra 749 pandilleros; de ellos, el 74% estaban en el país de manera ilegal, el 8% eran ciudadanos estadounidenses y el 3% residía de forma legal. Esos procesos llevaron a la condena de al menos 504 personas, de las cuales 37 recibieron penas de cadena perpetua.
El fiscal general, además, abrió el procedimiento para solicitar la pena de muerte de dos acusados, implicados en crímenes que tuvieron una especial resonancia social. Se trata de Alexi Sáenz, a quien se le atribuyen siete asesinatos, casi todos usando un machete o un bate de béisbol, y de Elmer Zelaya, acusado de coordinar el apuñalamiento de dos jóvenes; la mayoría de las víctimas eran adolescentes. Esta extrema violencia fue resaltada por Donald Trump en varios momentos de su mandato y a ella se refirió el pasado mes de julio cuando se anunciaron los mencionados casos por terrorismo. Calificó a los pandilleros de “monstruos que asesinan niños”, e indicó que las autoridades estadounidenses no descansarían hasta que “todos los miembros de la MS-13” comparezcan ante la Justicia.
Por su parte, el FBI ha conformado con fuerzas de seguridad de varios países centroamericanos las Unidades Trasnacionales Anti-Gang (TAG), que desde 2016 han sido responsables de cientos de detenciones y han asistido a la extradición a EEUU de 68 acusados, 35 desde Guatemala, 20 desde Honduras y 13 desde El Salvador.
Trayectoria
Las disposiciones de Barack Obama en 2011 facultando la consideración de las pandillas como organizaciones criminales internacionales, en el marco de una nueva Estrategia Nacional para Combatir el Crimen Organizado Trasnacional, fueron utilizadas por el Departamento del Tesoro en 2012 para aplicar esa consideración a la MS-13. El Departamento de Justicia recurrió en 2017 a la misma catalogación como base para la “war on gangs” lanzada por Trump. En el propio Congreso ya se puso de relieve en 2018 la peligrosidad e incidencia de las maras, en actuaciones decididas desde El Salvador.
En 2019 el fiscal general William Barr viajó a El Salvador, donde recabó información de las autoridades del país, cuya Corte Suprema ya había designado grupo terrorista a las maras en 2015. Supuestas evidencias de la cadena de mando, que conecta las órdenes de asesinatos y otros crímenes dadas desde las cárceles salvadoreñas y su ejecución en Estados Unidos, habrían sustentado la decisión de 2020 de abrir las causas por terrorismo contra pandilleros en los tribunales federales estadounidenses.
Este cambio en el tipo de delito puede ser clave en el futuro de la lucha contra las maras al ofrecer una serie de ventajas, ya que no existe un estatuto de limitaciones sobre los cargos de terrorismo y estos tienen asociadas penas más severas. Las leyes internacionales también contemplan un mayor arco y margen de maniobra a los países que luchan contra el terrorismo, por lo que la cooperación entre países podría verse aumentada notablemente; de hecho, el que los cargos sean homologables en Estados Unidos y El Salvador podrían agilizar las peticiones de extradición.
Sin embargo, el paso no está exento de controversia. De la misma manera que no ha servido de mucho aplicar cargos de narcotráfico internacional contra los pandilleros, pues no constituyen propiamente un cartel de drogas trasnacional, está por ver la eficacia de invocar cargos por terrorismo en este caso, dado que las maras, al menos en Estados Unidos, no reúnen la variedad de rasgos propios de una organización terrorista: no existe desde luego el elemento de querer ser un actor político. En cualquier caso, como ha dicho Steven Dudley, codirector de Insight Crime y autor de libro MS-13: la creación de la pandilla más notoria de Estados Unidos, la decisión del gobierno estadounidense de acusar de terrorismo a los líderes visibles de la MS-13 en El Salvador “puede ser una señal de lo mal que entienden a esta pandilla o de lo bien que entienden su sistema judicial”
La comparecencia del jefe del USSOUTHCOM en el Capitolio eleva cada año el grado de alerta ante la influencia china y el retroceso estadounidense
° En su última aparición, el almirante Craig Faller advirtió que EEUU “está perdiendo su ventaja posicional’ y reclamó “acción inmediata para revertir esta tendencia”
° En los últimos años el discurso del Comando Sur ante el Congreso ha destacado la penetración de China, Rusia e Irán, de la mano de Cuba, Venezuela y Nicaragua
° El análisis de las intervenciones del jefe del Pentágono para la región muestra la creciente involucración del régimen de Maduro en actividades delictivas
► Visita del jefe del Comando Sur estadounidense a Montevideo, en abril de 2021 [SouthCom]
INFORME SRA 2021 / Diego Diamanti [versión en PDF]
El Comando Sur de Estados Unidos –la estructura militar, dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que tiene encomendada la atención a Latinoamérica y el Caribe– ha ido elevando progresivamente la voz de alerta sobre la creciente influencia de Rusia y sobre todo de China en el Hemisferio Occidental, en detrimento de la posición de EEUU. Esto, combinado con la amenaza que proviene de las organizaciones de crimen organizado, especialmente implicadas en el narcotráfico, llevaron al jefe del USSOUTHCOM, el almirante Craig Faller, a confesar en marzo sentir “un increíble sentido de urgencia”: “el hemisferio en el que vivimos está bajo ataque”, dijo en su anual comparecencia ante el Congreso estadounidense, dedicada a analizar las amenazas y las oportunidades que presenta la región en términos de seguridad.
En su tercer “posture statement” ante el Congreso desde que dirige el Comando Sur, Faller advirtió que Estados Unidos está perdiendo su “posición de ventaja” en el hemisferio y planteó que “se necesita una acción inmediata para revertir la tendencia”. Analizando sus intervenciones de 2019 y 2020, así como la de 2018 de su predecesor, el almirante Kurt Tidd, se aprecia un agravamiento en la percepción de la rivalidad con China. Cada vez la referencia a la amenaza china es más explícita y ocupa más espacio. Lo que primero se vio como una influencia económica, por el incremento del comercio y la adjudicación de créditos, ahora se presenta como algo más global y estratégicamente más peligroso. Según Faller, China está buscando “establecer una logística global y una infraestructura de base en nuestro hemisferio para proyectar y sostener el poder militar a mayores distancias”.
El cambio de Administración no ha supuesto ninguna variación en ese agravamiento de la percepción sobre los riesgos que se están generando en Latinoamérica. Si bien la presidencia de Joe Biden ha supuesto un giro en el tono mantenido por su predecesor, se mantiene la hostilidad hacia Pekín y el deseo de marcar de cerca otros regímenes autoritarios como Rusia o Venezuela. De ahí que el “posture statement” presentado este año por el jefe del Comando Sur sea consistente con los anteriores en apuntar a la creciente actividad de Rusia y China en la región (y de Irán, en coordinación con Hezbolá), así como su colaboración con Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que Faller llamó “actores estatales regionales malignos”.
El uso de Cuba
Una de las amenazas constantes que se repiten y que se ve cómo aumenta de manera gradual es la estrategia de diplomacia económica que implementa China en varios países de la región: cómo a través de préstamos e inversiones Pekín incorpora a esos países a su red de comercio internacional, en ocasiones integrándolos en la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. La declaración de 2018 no mencionaba el número de naciones latinoamericanas que participaban en la iniciativa; la de 2019 contabilizaba 16, y la de 2020 hablaba de 19, indicando una clara tendencia de que poco a poco China está aumentando sus actividades y su influencia en el hemisferio. La estrategia de 2020 decía además que 25 de los 31 países de la región tienen proyectos chinos de infraestructura, los cuales, como expresamente destaca el jefe del Comando Sur, podrían ser utilizados en un futuro como apoyo para intereses militares chinos. A todo esto se suma la crisis del COVID-19, que China ha aprovechado para aumentar su influencia regional gracias a potencial de material sanitario y vacunas.
Venezuela ocupa un lugar destacado en las últimas cuatro declaraciones. A lo largo de los años se aprecia cómo la situación empeora progresivamente y se endurece la postura del Comando Sur hacia el régimen de Maduro: pasa de no llamarlo ilegítimo a sí hacerlo, y luego lo acusa abiertamente de estar involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico. Subraya su estrecha colaboración militar con Rusia y con los grupos narcoterroristas colombianos –el ELN y las disidencias de las FARC–, a los que acoge en su territorio.
Otro aspecto que se reitera es el énfasis en el papel desestabilizador de Cuba: cómo La Habana interfiere en asuntos internos en Venezuela y Nicaragua, aleccionando a esos regímenes opresores sobre cómo reprimir movimientos y manifestaciones de opositores, en ocasiones enviando a sus propios agentes para cumplir esa función represiva. Además en la estrategia se plantea el hecho de como Rusia utiliza a Cuba como base para sus operaciones de inteligencia hacia los Estados Unidos y para proyectar su poder en la región.
Las declaraciones del Comando Sur están en consonancia con las preocupaciones expresadas en el documento Marco Estratégico para el Hemisferio Occidental, elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional en 2020. Aunque la Administración Trump deberá formular su propio plan estratégico para la región, no cabe esperar sustanciales cambios, dado que existe el mismo interés en recuperar la democracia para Nicaragua, Venezuela y Cuba; en la promover la transparencia y luchar contra la corrupción; en combatir actividades ilícitas, como en el caso del narcotráfico y el tráfico de personas, y en hacer frente la creciente presencia china en la región.
Temporary Protected Status for Venezuelans and pending TPS termination for Central Americans amid a migration surge at the US-Mexico border
The Venezuelan flag near the US Capitol [Rep. Darren Soto]
ANALYSIS / Alexandria Angela Casarano
On March 8, the Biden administration approved Temporary Protected Status (TPS) for the cohort of 94,000 to 300,000+ Venezuelans already residing in the United States. Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti await the completion of litigation against the TPS terminations of the Trump administration. Meanwhile, the US-Mexico border faces surges in migration and detention facilities for unaccompanied minors battle overcrowding.
TPS and DED. The case of El Salvador
TPS was established by the Immigration Act of 1990 and was first granted to El Salvador that same year due to a then-ongoing civil war. TPS is a temporary immigration benefit that allows migrants to access education and obtain work authorization (EADs). TPS is granted to specific countries in response to humanitarian, environmental, or other crises for 6, 12, or 18-month periods—with the possibility of repeated extension—at the discretion of the Secretary of Homeland Security, taking into account the recommendations of the State Department.
The TPS designation of 1990 for El Salvador expired on June 30,1992. However, following the designation of Deferred Enforced Departure (DED) to El Salvador on June 26, 1992 by George W. Bush, Salvadorans were allowed to remain in the US until December 31, 1994. DED differs from TPS in that it is designated by the US President without the obligation of consultation with the State Department. Additionally, DED is a temporary protection from deportation, not a temporary immigration benefit, which means it does not afford recipients a legal immigration status, although DED also allows for work authorization and access to education.
When DED expired for El Salvador on December 31, 1994, Salvadorans previously protected by the program were granted a 16-month grace period which allowed them to continue working and residing in the US while they applied for other forms of legal immigration status, such as asylum, if they had not already done so.
The federal court system became significantly involved in the status of Salvadoran immigrants in the US beginning in 1985 with the American Baptist Churches v. Thornburgh (ABC) case. The ABC class action lawsuit was filed against the US Government by more than 240,000 immigrants from El Salvador, Guatemala, and former Soviet Bloc countries, on the basis of alleged discriminatory treatment of their asylum claims. The ABC Settlement Agreement of January 31, 1991 created a 240,000-member immigrant group (ABC class members) with special legal status, including protection from deportation. Salvadorans protected under TPS and DED until December 31, 1994 were allowed to apply for ABC benefits up until February 16, 1996.
Venezuela and the 2020 Elections
The 1990’s Salvadoran immigration saga bears considerable resemblance to the current migratory tribulations of many Latin American immigrants residing in the US today, as the expiration of TPS for four Latin American countries in 2019 and 2020 has resulted in the filing of three major lawsuits currently working their way through the US federal court system.
Approximately 5 million Venezuelans have left their home country since 2015 following the consolidation of Nicolás Maduro, on economic grounds and in pursuit of political asylum. Heavy sanctions placed on Venezuela by the Trump administration have exacerbated—and continue to exacerbate, as the sanctions have to date been left in place by the Biden administration—the severe economic crisis in Venezuela.
An estimated 238,000 Venezuelans are currently residing in Florida, 67,000 of whom were naturalized US citizens and 55,000 of whom were eligible to vote as of 2018. 70% of Venezuelan voters in Florida chose Trump over Biden in the 2020 presidential elections, and in spite of the Democrats’ efforts (including the promise of TPS for Venezuelans) to regain the Latino vote of the crucial swing state, Trump won Florida’s 29 electoral votes in the 2020 elections. The weight of the Venezuelan vote in Florida has thus made the humanitarian importance of TPS for Venezuela a political issue as well. The defeat in Florida has probably made President Biden more cautious about relieving the pressure on Venezuela's and Cuba's regimes.
The Venezuelan TPS Act was originally proposed to the US Congress on January 15, 2019, but the act failed. However, just before leaving office, Trump personally granted DED to Venezuela on January 19, 2021. Now, with the TPS designation to Venezuela by the Biden administration on March 8, Venezuelans now enjoy a temporary legal immigration status.
The other TPS. Termination and ongoing litigation
Other Latin American countries have not fared so well. At the beginning of 2019, TPS was designated to a total of four Latin American countries: Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti. Nicaragua and Honduras were first designated TPS on January 5, 1999 in response to Hurricane Mitch. El Salvador was redesignated TPS on March 9, 2001 after two earthquakes hit the country. Haiti was first designated TPS on January 21, 2010 after the Haiti earthquake. Since these designations, TPS was continuously renewed for all four countries. However, under the Trump administration, TPS was allowed to expire without renewal for each country, beginning with Nicaragua on January 5, 2019. Haiti followed on July 22, 2019, then El Salvador on September 9, 2019, and lastly Honduras on January 4, 2020.
As of March 2021, Salvadorans account for the largest share of current TPS holders by far, at a total of 247,697, although the newly eligible Venezuelans could potentially overshadow even this high figure. Honduras and Haiti have 79,415 and 55,338 TPS holders respectively, and Nicaragua has much fewer with only 4,421.
The elimination of TPS for Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti would result in the deportation of many immigrants who for a significant continuous period of time have contributed to the workforce, formed families, and rebuilt their lives in the United States. Birthright citizenship further complicates this reality: an estimated 270,000 US citizen children live in a home with one or more parents with TPS, and the elimination of TPS for these parents could result in the separation of families. Additionally, the conditions of Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti—in the context of the COVID-19 pandemic, recent natural disasters (i.e. hurricanes Matthew, Eta, and Iota), and other socioeconomic and political issues—remain far from ideal and certainly unstable.
Three major lawsuits were filed against the US Government in response to the TPS terminations of 2019 and 2020: Saget v. Trump (March 2018), Ramos v. Nielsen (March 2018), and Bhattarai et al. v. Nielsen (February 2019). Kirstjen Nielsen served as Secretary of Homeland Security for two years (2017 - 2019) under Trump. Saget v. Trump concerns Haitian TPS holders. Ramos v. Nielsen concerns 250,000 Salvadoran, Nicaraguan, Haitain and Sudanese TPS holders, and has since been consolidated with Bhattarai et al. v. Nielsen which concerns Nepali and Honduran TPS holders.
All three (now two) lawsuits appeal the TPS eliminations for the countries involved on similar grounds, principally the racial animus (i.e. Trump’s statement: “[Haitians] all have AIDS”) and unlawful actions (i.e. violations of the Administrative Procedure Act (APA)) of the Trump administration. For Saget v. Trump, the US District Court (E.D. New York) blocked the termination of TPS (affecting Haiti only) on April 11, 2019 through the issuing of preliminary injunctions. For Ramos v. Nielson (consolidated with Bhattarai et al. v. Nielson), the US Court of Appeals of the 9th Circuit has rejected these claims and ruled in favor of the termination of TPS (affecting El Salvador, Nicaragua, Haiti, Honduras, Nepal, and Sudan) on September 14, 2020. This ruling has since been appealed and is currently awaiting revision.
The US Citizenship and Immigration Services (USCIS) and the Department of Homeland Security (DHS) have honored the orders of the US Courts not to terminate TPS until the litigation for these aforementioned cases is completed. The DHS issued a Federal Register Notice (FRN) on December 9, 2020 which extends TPS for holders from Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti until October 14, 2021. The USCIS has similarly cooperated and has ordered that so long as the litigation remains effective, no one will lose TPS. The USCIS has also ordered that in case of TPS elimination once the litigation is completed, Nicaragua and Haiti will have 120 grace days to orderly transition out of TPS, Honduras will have 180, and El Salvador will have 365 (time frames which are proportional to the number of TPS holders from each country, though less so for Haiti).
The Biden Administration’s Migratory Policy
On the campaign trail, Biden repeatedly emphasized his intentions to reverse the controversial immigration policies of the Trump administration, promising immediate cessation of the construction of the border wall, immediate designation of TPS to Venezuela, and the immediate sending of a bill to create a “clear [legal] roadmap to citizenship” for 11 million+ individuals currently residing in the US without legal immigration status. Biden assumed office on January 20, 2021, and issued an executive order that same day to end the government funding for the construction of the border wall. On February 18, 2021, Biden introduced the US Citizenship Act of 2021 to Congress to provide a legal path to citizenship for immigrants residing in the US illegally, and issued new executive guidelines to limit arrests and deportations by ICE strictly to non-citizen immigrants who have recently crossed the border illegally. Non-citizen immigrants already residing in the US for some time are now only to be arrested/deported by ICE if they pose a threat to public safety (defined by conviction of an aggravated felony (i.e. murder or rape) or of active criminal street gang participation).
Following the TPS designation to Venezuela on March 8, 2021, there has been additional talk of a TPS designation for Guatemala on the grounds of the recent hurricanes which have hit the country.
On March 18, 2021, the Dream and Promise Act passed in the House. With the new 2021 Democrat majority in the Senate, it seems likely that this legislation which has been in the making since 2001 will become a reality before the end of the year. The Dream and Promise Act will make permanent legal immigration status accessible (with certain requirements and restrictions) to individuals who arrived in the US before reaching the age of majority, which is expected to apply to millions of current holders of DACA and TPS.
If the US Citizenship Act of 2021 is passed by Congress as well, together these two acts would make the Biden administration’s lofty promises to create a path to citizenship for immigrants residing illegally in the US a reality. Since March 18, 2021, the National TPS Alliance has been hosting an ongoing hunger strike in Washington, DC in order to press for the speedy passage of the acts.
The current migratory surge at the US-Mexico border
While the long-term immigration forecast appears increasingly more positive as Biden’s presidency progresses, the immediate immigration situation at the US-Mexico border is quite dire. Between December 2020 and February 2021, the US Customs and Border Protection (CBP) reported a 337% increase in the arrival of families, and an 89% increase in the arrival of unaccompanied minors. CBP apprehensions of migrants crossing the border illegally in March 2021 have reached 171,00, which is the highest monthly total since 2006.
Currently, there are an estimated 4,000 unaccompanied minors in CBP custody, and an additional 15,000 unaccompanied minors in the custody of the Department of Health and Human Services (HHS).
The migratory CBP facility in Donna, TX designated specifically to unaccompanied minors has been filled at 440% to 900% of its COVID-19 capacity of just 500 minors since March 9, 2021. Intended to house children for no more than a 72-hour legal limit, due to the current overwhelmed system, some children have remained in the facility for more than weeks at a time before being transferred on to HHS.
In order to address the overcrowding, the Biden administration announced the opening of the Delphia Emergency Intake Site (next to the Donna facility) on April 6, 2021, which will be used to house up to 1,500 unaccompanied minors. Other new sites have been opened by HHS in Texas and California, and HHS has requested the Pentagon to allow it to temporarily utilize three military facilities in these same two states.
Political polarization has contributed to a great disparity in the interpretation of the recent surge in migration to the US border since Biden took office. Termed a “challenge” by Democrats and a “crisis” by Republicans, both parties offer very different explanations for the cause of the situation, each placing the blame on the other.
Hackers iraníes falsificaron correos preelectorales de los Proud Boys, pero la actuación postelectoral real de este y otros grupos resultó más disruptiva
Si en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 las operaciones de injerencia extranjera fueron protagonizadas por Rusia, en las de 2020 la atención estuvo en los hackers iraníes, por la novedad que suponían en un campo de operaciones donde igualmente actuaban rusos y chinos, cada cual persiguiendo sus intereses. En concreto, Teherán deseaba una derrota de Donald Trump para que su sucesor demócrata revirtiera el duro régimen de sanciones impuesto contra el régimen iraní. Pero esas actuaciones en el ciberespacio por parte de Irán, Rusia y China fueron poco eficaces debido a la mayor alerta de las agencias de seguridad e inteligencia norteamericanas. Al final esos intentos exteriores de desprestigiar la democracia estadounidense y de minar la confianza de los votantes en su sistema electoral se quedaron pequeños frente al daño causado por el propio caos interno.
Asalto al Capitolio, en Washington, el 6 de enero de 2021 [TapTheForwardAssist]
ARTÍCULO / María Victoria Andarcia
Rusia siempre estuvo en el ojo de la seguridad estadounidense durante el año electoral de 2020, después de que quedara constatada su injerencia en las elecciones presidenciales de cuatro años antes. No obstante, aunque la principal preocupación siguió siendo Rusia y también se temía una ampliación de las operaciones de China, Irán se llevó los titulares de algunos avisos lanzados por las autoridades norteamericanas, probablemente por la facilidad con que pudieron atribuir a actores iraníes diversas actuaciones. A pesar de ese múltiple frente, el desarrollo de las votaciones no arrojó ninguna evidencia de que las campañas de desinformación extranjeras hubieran tenido efectividad. La rápida identificación de los agentes implicados y la reacción ofensiva por parte de los servicios de seguridad e inteligencia estadounidenses pudieron prevenir que se llegara a la situación de 2016. Como ha señalado el Atlantic Council, esta vez “la desinformación doméstica eclipsó la acción foránea”.
Dadas las directas consecuencias que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca puede suponer en la política de Washington hacia Irán, este artículo presta más atención a los intentos iraníes por afectar al desarrollo de las elecciones de Estados Unidos. La incidencia de las operaciones iraníes fue mínima y tuvieron un perfil menor que las desarrolladas por Rusia en 2016 (país que a su vez tuvo menos implicación que en esas anteriores elecciones).
Operaciones iraníes
En mayo y junio de 2020 se registraron unos primeros movimientos en cuentas de Microsoft, como más adelante revelaría la propia compañía. Un grupo iraní llamado Phosphorus había logrado tener éxito en acceder a cuentas de empleados de la Casa Blanca y del equipo de campaña para la reelección de Trump. Fueron unas señales iniciales de que Teherán estaba montando algún tipo de operación cibernética.
A comienzos de agosto, el director del Centro de Contrainteligencia y Seguridad Nacional, William Evanina, apuntaba a Teherán –también a Moscú y Pekín– de usar desinformación en internet para “influir en los votantes, desencadenar desorden y minar la confianza” ciudadana en el sistema. En relación a Irán afirmaba: “Evaluamos que Irán busca socavar las instituciones democráticas estadounidenses y el presidente Trump, y dividir al país ante las elecciones de 2020”. Añadía que los esfuerzos iraníes se centraban en la difusión de desinformación en las redes sociales, donde hacía circular contenido contra Estados Unidos. Evanina atribuía como motivación de estas acciones la percepción iraní “de que la reelección del presidente Trump resultaría en una continuación de la presión de Estados Unidos sobre Irán en un esfuerzo por fomentar un cambio de régimen”.
A raíz del debate entre Trump y Biden televisado el 29 de septiembre, Twitter eliminó 130 cuentas que “parecían originarse en Irán” y cuyo contenido, que había puesto en conocimiento del Buró Federal de Investigaciones (FBI), pretendía influir en la opinión pública durante el debate presidencial. La compañía solo ofreció cuatro ejemplos. Dos de las cuentas eran proclives a Trump: en una el usuario era @jackQanon (en referencia al grupo conspiratorio QAnon) y la otra expresaba apoyo a Proud Boys, una organización de extrema derecha con vínculos supremacistas a la que Trump había pedido “quedar en guardia y mantenerse alerta”. Las otras dos cuentas habían expresado mensajes pro Biden.
A mediados de octubre, el director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, se refirió en rueda de prensa a la actuación cibernética de Irán y Rusia como una amenaza al proceso electoral. Según manifestó Ratcliffe, la operación iraní consistió primordialmente en una serie de correos electrónicos en los que se hacía creer que eran enviados por el grupo Proud Boys. Dichos correos contenían amenazas de fuerza física para quienes no votaran por Trump, y tenían como finalidad instigar violencia y dañar la imagen de este último, asociando su campaña con grupos radicales y con esfuerzos para intimidar a votantes. Curiosamente luego los Proud Boys adquirirían un gran protagonismo por ellos mismos en las concentraciones postelectorales en Washington y la toma del Capitolio.
Si bien el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Said Jatibzadeh, negó estas acusaciones recalcando que “para Irán es indiferente quien gana las elecciones de Estados Unidos”, las autoridades norteamericanas insistieron en su versión y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) sancionó a cinco entidades iraníes por haber intentado socavar las elecciones presidenciales. Según el comunicado de la OFAC, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la Fuerza Quds usaron los medios iraníes como plataformas para esparcir propaganda y desinformación a la población estadounidense.
De acuerdo con la OFAC, la empresa iraní de comunicación audiovisual Bayan Gostar, habitual colaboradora de la Guardia Revolucionaria, había “planeado influir en las elecciones explotando los problemas sociales dentro de los Estados Unidos, incluida la pandemia de COVID-19, y denigrando a las figuras políticas estadounidenses”. La Unión de Radio y Tevisión Islámica de Irán (IRTVU), que la OFAC considera un brazo de propaganda de la Guardia Revolucionaria, y la Unión Internacional de Medios Virtuales “ayudaron a Bayan Gostar en sus esfuerzos por llegar a la audiencia estadounidense”. Estos medios “amplificaron narrativas falsas en inglés y publicaron artículos de propaganda despectivos y otro contenido dirigido a Estados Unidos con la intención de sembrar la discordia entre la audiencia estadounidense”.
Actuación postelectoral
Estados Unidos asegura que la injerencia iraní no se limitó a las elecciones, que se celebraron el 3 de noviembre (con un nivel de voto por adelantado y por correo sin precedentes), sino que siguió después en las semanas siguientes, intentando aprovechar el desconcierto existente por el cuestionamiento del resultado electoral mantenido por la Administración Trump. Días antes de Navidad, el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad (CISA) dieron a conocer que presuntamente Irán estaba detrás de una página web y de varias cuentas de redes sociales dirigidas a provocar más violencia contra varios funcionarios estadounidense. La página web titulada “Enemies of the People” contenía fotografías e información personal tanto de funcionarios como de personal del sector privado que tenían relación con el proceso de recuento y autentificación de los votos emitidos en las elecciones, en ocasiones enfrentados a las denuncias de fraude mantenidas por Trump y sus seguidores.
La actuación atribuida a Irán puede interpretarse como un modo de vengar el ataque aéreo con drones ordenado por Washington para asesinar en Irak a Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Qurds, por cuya muerte el 3 de enero de 2020 Teherán había jurado represalias. Pero sobre todo revela un esfuerzo continuo por parte de Irán de aliviar los efectos de la política de “máxima presión” de Estados Unidos impulsada por Trump. Dada la intención expresada por Biden durante la campaña electoral de cambiar la política exterior estadounidense hacia la República Islámica, ésta tendría la oportunidad de recibir un trato más laxo por parte de Estado Unidos si Trump perdía las elecciones presidenciales. Biden había indicado que si llegaba al poder cambiaría la política hacia Irán, posiblemente volviendo al acuerdo nuclear firmado en 2015 con la condición de que Irán respetara los límites de su programa nuclear acordados entonces. El Plan Conjunto de Acción Comprensiva (JCPOA, por sus siglas en inglés) fue considerado un hito en la política exterior del entonces presidente Barack Obama, pero luego la Administración Trump decidió no respetarlo por considerar que habían quedado fuera asuntos como el desarrollo de misiles de Irán y su injerencia militar en otros países de la región.
Pocos días antes de la toma de posesión del nuevo mandatario americano, el presidente iraní, Hasán Rohaní, instó a Biden a levantar las sanciones impuestas a la República Islámica y volver al acuerdo nuclear de 2015. Irán espera que la Administración Biden tome los primeros pasos para compensar por las acciones del gobierno anterior y así avanzar hacia un posible entendimiento entre ambas naciones. La decisión de volver al acuerdo no se tomará de forma inmediata ya que Biden hereda un país dividido y tardará un tiempo revertir las políticas de Trump. Con las elecciones presidenciales iraníes acercándose en junio de este año, el gobierno de Biden gana tiempo para intentar una reformulación nada fácil, pues el contexto de Oriente Medio ha cambiado sustancialmente en estos últimos cinco años.
The inclusion of private investment and the requirement of efficient credits differ from the overwhelming amount of loans from Chinese state banks
The active role of China as lender to an increasing number of countries has forced the United States to try to compete in this area of “soft power”. Until last decade the US was clearly ahead of China in official development assistance, but Beijing has used its state-controlled banks to pour loans into ambitious projects worldwide. In order to better compete with China, Washington has created the US International Development Finance Corporation (USIDFC), combining the US Overseas Private Investment Corporation (OPIC) and with USAID’s Development Credit Authority (DCA).
▲ The US agency helped to provide clean, safe, and reliable sanitation for more than 100,000 people in Nairobi, at the end of 2020 [USIDFC]
ARTICLE / Alexandria Casarano
It is not easy to know the complete amount of the international loans given by China in recent years, which skyrocketed from the middle of last decade. Some estimations say that the Chinese state and its subsidiaries have lent about US$ 1.5 trillion in direct loans and trade credits to more than 150 countries around the globe, turning China into the world's largest official creditor.
The two main Chinese foreign investment banks, the Export-Import Bank of China and the China Development Bank, were both established in 1994. The banks have been criticized for their lack of transparency and for blurring the lines between official development assistance (ODA) and commercial financial arrangements. To address this issue, Beijing founded the China International Development Cooperation Agency (CIDCA) in April of 2018. The CIDCA will oversee all Chinese ODA activity, and the Chinese Ministry of Commerce will oversee all commercial financial arrangements going forward.
An additional complaint about Chinese foreign investment concerns “debt-trap diplomacy.” Since the PRC first announced its “One Belt One Road” initiative in 2013, the Chinese government has steadily increased its investment in the developing world even more dramatically than it had in the early 2000’s (when Chinese foreign aid was increasing annually by approximately 14%). At the 2018 China-Africa Convention Forum, the PCR pledged to invest US$ 60 billion in Africa that year alone. The Wall Street Journal said of the PRC in 2018 that it was “expanding its investments at a pace some consider reckless.” Ray Washburn, president of the US Overseas Private Investment Corporation (OPIC), called the Chinese One Belt One Road initiative a “loan-to-own” program. In 2018, this was certainly the case with the Chinese funded Sri Lankan port project, which led the Sri Lankan government to lease the port to Beijing for a 99-year period as a result of falling behind on payments.
OPIC, founded in 1971 under the Nixon administration, was recommended for elimination in the Trump administration’s 2017 budget. However, following the beginning of the US-China trade war in 2018, Washington reversed course completely. President Trump’s February 2018 budget recommended increasing OPIC’s funding and combining it with other government programs. These recommendations manifested themselves in the Better Utilization of Investment Leading to Development (BUILD) Act, which was passed by Congress on October 5, 2018. The Center for Strategic and International Studies (CSIS) called the BUILD Act “the most important piece of U.S. soft power legislation in more than a decade.”
The US International Development Finance Corporation
The principal achievement of the BUILD Act was the creation of the US International Development Finance Corporation (USIDFC), which began operation as an independent agency on December 20, 2019. The BUILD Act combined OPIC with USAID’s Development Credit Authority to form the USIDFC and established an annual budget of US$ 60 billion for the new organization, which is more than double OPIC’s 2018 budget of US$ 29 billion.
▲ USIDFC‘s investment commitments by region for the FY 2020. The US$ 29.9 billion is only a fraction of the agency's budget [USIDFC]
According to the Wall Street Journal, OPIC “has been profitable every year for the last 40 years and has contributed US$ 8.5 billion to deficit reduction,” a financial success which can primarily be attributed to project management fees. As of 2018, OPIC managed a portfolio valued at US$ 23 billion. OPIC’s strong fiscal track record, combined with both the concept of government program streamlining and the larger context of geopolitical competition with China, generated bipartisan support for the BUILD Act and the USIDFC.
The USIDFC has several key new capacities which OPIC lacked. OPIC’s business was limited to “loan guarantees, direct lending and political-risk insurance,” and suffered under a “congressional cap on its portfolio size and a prohibition on owning equity stakes in projects.” The USIDFC, however, is permitted under the BUILD Act to “acquire equity or financial interests in entities as a minority investor.”
Both the USIDFC currently and OPIC before its incorporation are classified as Development Finance Institutions (DFIs). DFIs seek to “crowd-in” private investment, that is, attracting private investment that would not occur otherwise. This differs from the Chinese model of state-to-state lending and falls in line with traditional American political and economic philosophy. According to the CSIS, “The USIDFC offers [...] a private sector, market-based solution. Moreover, it fills a clear void that Chinese financing is not filling. China does not support lending to small and medium-sized enterprises (SMEs), and it rarely helps local companies in places like Africa or Afghanistan grow.”
In the fiscal year of 2020, the most USIDFC’s investments were made in Latin America (US$ 8.5 billion) and Sub-Saharan Africa (US$ 8 billion). Lesser but still significant investments were made in the Indo-Pacific region (US$ 5.4 billion), Eurasia (US$ 3.2 billion), and Middle East (US$ 3 billion). This falls in line with the USIDFC’s goal to invest more in lower and lower-middle income countries, as opposed to upper middle countries. OPIC previously had fallen into the pattern of investing predominantly in upper-middle countries, and while the USIDFC is still authorized legally to invest in upper-middle income countries for national security or developmental motives.
These investments serve to further US national interests abroad. According to the USIDFC webpage, “by generating economic opportunities for citizens in developing countries, challenges such as refugees, drug-financed gangs, terrorist organizations, and human trafficking can all be addressed more effectively.” Between 2002 and 2014, financial commitments in the DFI sector have increased sevenfold, from US$ 10 billion to US$ 70 billion. In our increasingly globalized world, international interests increasingly overlap with national interests, and public interests increasingly overlap with private interests.
Ongoing USIDFC initiatives
The USIDFC has five ongoing initiatives to further its national interests abroad: 2X Women’s Initiative, Connect Africa, Portfolio for Impact and Innovation, Health and Prosperity, and Blue Dot Network. In 2020, the USIDFC "commited to catalyzing an additional US$ 6 billion of private sector investment in global women's economic empowerment" uner the 2X Women's Initiative which seeks global female empowerment. About US$1 billion for this US$ 6 billion commitment has been specially pledged to Africa. Projects that fall under the 2X Women's Initiative include equity financing for a woman-owned feminine hygiene products online store in Rqanda, and "expanding women's access to affordable mortages in India."
Continuing the USIDFC’s special focus on Africa follows the Connect Africa initiative, under which the USIDFC has pledged US$ 1 billion to promote economic growth and connectivity in Africa. The Connect Africa initiative involves investment in telecommunications, internet access, and infrastructure.
Under the Portfolio for Impact and Innovation initiative, the USIDFC has dedicated US$ 10 million to supporting early-stage businesses. This includes sponsoring the Indian company Varthana, which offers affordable online learning for children whose schools have been shut down due to the Covid-19 crisis.
The Health and Prosperity initiative focuses on “bolstering health systems” and “expanding access to clean water, sanitation, and nutrition.” Under the Health and Prosperity initiative, the USIDFC has dedicated US$ 2 billion to projects such as financing a 200+ mile drinking water pipeline in Jordan.
The Blue Dot Network initiative, like the Connect Africa initiative, also invests in infrastructure, but on a global scale. The Blue Dot Network initiative differs from the aforementioned initiatives in being a network. Launched in November 2019, the Blue Dot Network seeks to align the interests of government, private enterprise, and civil society to facilitate the successful development of infrastructure around the globe.
It is important to note that these five initiatives are not entirely separate. Many projects fall under several initiatives at once. The Rwandan feminine products e-store project, for example, falls under both the 2X Women’s initiative and the Health and Prosperity initiative.
[Barack Obama, Una tierra prometida (Debate: Madrid, 2020), 928 págs.]
RESEÑA / Emili J. Blasco
Las memorias de un presidente son siempre un intento de justificación de su actuación política. Habiendo empleado George W. Bush menos de quinientas páginas en «Decision Points» para intentar explicar las razones de una gestión en principio más controvertida, que Barack Obama utilice casi mil para una primera parte de sus memorias (Una tierra prometida solo cubre basta el tercero de sus ocho años de presidencia) parece un exceso: de hecho, ningún presidente estadounidense ha requerido tanto espacio en ese ejercicio de querer dejar atado su legado.
Es verdad que Obama tiene gusto por la pluma, con algún libro precedente en el que ya demostró buena narrativa, y es posible que esa inclinación literaria le haya vencido. Pero probablemente ha sido más determinante la visión que Obama ha tenido de sí mismo y de su presidencia: la convicción de tener una misión, como primer presidente afroamericano, y su ambición de querer doblar el arco de la historia. Cuando, con el paso del tiempo, Obama comienza a ser ya uno más en la lista de presidentes, su libro revindica el carácter histórico de su persona y sus realizaciones.
El primer tercio de Una tierra prometida resulta especialmente interesante. Hay un repaso somero de su vida anterior a la entrada en política y luego el detalle de su carrera hasta alcanzar la Casa Blanca. Esta parte tiene la misma carga inspiradora que hizo tan atractivo Los sueños de mi padre, el libro que Obama publicó en 1995 cuando lanzó su campaña al Senado del estado de Illinois (en España apareció en 2008, a raíz de su campaña a la presidencia). Todos podemos sacar lecciones muy útiles para nuestra propia superación personal: la idea de ser dueños de nuestro destino, de cobrar conciencia de nuestra identidad más profunda, y la seguridad que eso nos da para llevar a cabo muchas empresas de gran valor y transcendencia; el poner todo el empeño en una meta y aprovechar oportunidades que quizá no vuelvan a presentarse; en definitiva, el pensar siempre por elevación (cuando Obama vio que su trabajo como senador de Illinois tenía poco impacto, su decisión no fue dejar la política, sino saltar al ámbito nacional: se presentó a senador en Washington y de ahí, solo cuatro años después, llegó a la Casa Blanca). Se trata, además, de unas páginas ricas en enseñanzas sobre comunicación política y campañas electorales.
Pero cuando la narración comienza a abordar el periodo presidencial, que arrancó en enero de 2009, ese tono inspirador decae. Lo que antes era una sucesión de adjetivos generalmente positivos hacia todos, empieza a incluir diatribas contra sus oponentes republicanos. Y aquí está el punto que Obama no logra superar: otorgarse todo el mérito moral y negárselo a quien con sus votos en el Congreso discrepaba de la legislación promovida por el nuevo presidente. Cierto que Obama contó con una oposición muy frontal de los líderes republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero estos también apoyaron algunas de sus iniciativas, como el propio Obama reconoce. Por lo demás, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Amplios sectores republicanos se echaron enseguida al monte, como pronto evidenció la marea del Tea Party en las elecciones de medio mandato de 2010 (en un movimiento que acabaría desembocando en el respaldo a Trump), pero también es que Obama había llegado con las posiciones más a la izquierda que se recordaban en la política estadounidense. Con su empuje idealista, Obama había dado poco ejemplo de esfuerzo bipartidista en su paso por el Senado de Illinois y de Washington; cuando algunas de sus reformas desde la Casa Blanca se vieron bloqueadas en el Congreso, en lugar de buscar un acomodo –aceptando una política de lo posible– fue a la calle a enfrentar a los ciudadanos con los políticos que se oponían a sus transformaciones, enquistando aún más las trincheras de unos y otros.
El historiador británico Niall Ferguson ha apuntado que el fenómeno Trump no se entendería sin la presidencia previa de Obama, aunque probablemente la agria división política en Estados Unidos sea una cuestión de corriente profunda en la que los líderes juegan un papel menos protagonista de lo que supondríamos. Justamente Obama se vio a si mismo como alguien idóneo, por su mezcla cultural (de raza negra, pero criado por su madre y abuelos blancos), para superar esa grieta que en la sociedad estadounidense iba agrandándose; sin embargo, no pudo tender los puentes ideológicos necesarios. Bill Clinton se enfrentó a un similar bloqueo republicano, en el Congreso liderado por Newt Gingrich, y procedió a transacciones que fueron útiles: restó carga ideológica y trajo una prosperidad económica que relajó la vida pública.
Una tierra prometida incluye muchas reflexiones de Obama. Generalmente aporta los contextos necesarios para entender bien las cuestiones, por ejemplo en la gestación de la crisis financiera de 2008. En política exterior detalla el estado de las relaciones con las principales potencias: la animadversión hacia Putin y la suspicacia hacia China, entre otros asuntos. Hay aspectos con distintas posibles vías de avance en los que Obama no deja margen para una posición alternativa lícita: así, en un tema especialmente emblemático, carga contra Netanyahu sin admitir ningún error propio en su aproximación al problema palestino-israelí. Esto es algo que otras reseñas del libro han señalado: la ausencia de autocrítica (más allá de admitir pecados de omisión al no haber sido todo lo audaz que hubiera deseado), y la falta en admitir que en algún aspecto quizás el oponente podía tener razón.
La narración transcurre con buen ritmo interno, a pesar de las muchas páginas. El tomo termina en 2011, en un momento aleatorio determinado por la extensión que se prevea para una segunda entrega; no obstante, tiene un colofón con suficiente fuerza: la operación contra Osama bin Laden, por primera vez contada en primera persona por quien tenía el máximo nivel de mando. Aunque se desconoce el grado de implicación de otras manos en la redacción de la obra, esta tiene un punto de lirismo que conecta directamente con Los sueños de mi padre y que ayuda a atribuirla, al menos en gran medida, al propio expresidente.
La obra contiene muchos episodios de la vida doméstica de los Obama. Los constantes piropos de Obama a su mujer, la admiración por su suegra y las continuas referencias a la devoción por sus dos hijas podrían considerarse algo innecesario, sobre todo por lo recurrente, en un libro político. No obstante, otorgan al relato el tono personal que Obama ha querido adoptar, dando además calidez humana a quien con frecuencia se le acusó de tener una imagen pública de persona fría, distante y demasiado reflexiva.
![Joe Biden y Barack Obama en febrero de 2009, un mes después de llegar a la Casa Blanca [Pete Souza]](/documents/16800098/0/biden-obama-blog.jpg/ad49fcda-889d-4b84-14cc-87cf326fc61c?t=1621883654693&imagePreview=1 "Joe Biden y Barack Obama en febrero de 2009, un mes después de llegar a la Casa Blanca [Pete Souza]")
▲ Joe Biden y Barack Obama en febrero de 2009, un mes después de llegar a la Casa Blanca [Pete Souza]
COMENTARIO / Emili J. Blasco
Este artículo fue previamente publicado, algo abreviado, en el diario ‘Expansión’.
Uno de los grandes errores que revelan las elecciones presidenciales de Estados Unidos es haber subestimado la figura de Donald Trump, creyéndole una mera anécdota, y haber desconsiderado, por antojadiza, gran parte de su política. En realidad, el fenómeno Trump es una manifestación, si no una consecuencia, del actual momento estadounidense y algunas de sus principales decisiones, sobre todo en el ámbito internacional, tienen más que ver con imperativos nacionales que con volubles ocurrencias. Esto último sugiere que hay aspectos de política exterior, dejando aparte las maneras, en los que Joe Biden como presidente puede estar más cerca de Trump que de Barack Obama, sencillamente porque el mundo de 2021 es ya algo distinto al de la primera mitad de la anterior década.
En primer lugar, Biden tendrá que confrontar a Pekín. Obama comenzó a hacerlo, pero el carácter más asertivo de la China de Xi Jinping se ha ido acelerando en los últimos años. En el pulso de superpotencias, especialmente por el dominio de la nueva era tecnológica, Estados Unidos se lo juega todo frente a China. Cierto que Biden se ha referido a los chinos no como enemigos sino como competidores, pero la guerra comercial ya la empezó a plantear la Administración de la que él fue vicepresidente y ahora la rivalidad objetiva es mayor.
El repliegue de Estados Unidos tampoco responde a una locura de Trump. En el fondo tiene que ver, simplificando algo, con la independencia energética alcanzada por los estadounidenses: ya no necesitan el petróleo de Oriente Medio y ya no tienen que estar en todos los océanos para asegurar la libre navegación de los tanqueros. El ‘America First’ de algún modo ya lo inició también Obama y Biden no irá en dirección opuesta. Así que, por ejemplo, no cabrá esperar una gran implicación en asuntos de la Unión Europea ni que se retomen negociaciones en firme para un acuerdo de libre comercio entre ambos mercados atlánticos.
En los dos principales logros de la era Obama –el acuerdo nuclear con Irán sellado por Estados Unidos, la UE y Rusia, y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana– Biden tendrá difícil transitar por el sendero entonces definido. Puede haber intentos de nueva aproximación a Teherán, pero habría una mayor coordinación en contra por parte de Israel y el mundo suní, instancias que ahora convergen más. Biden podría encontrarse con que una menor presión sobre los ayatolás empuja a Arabia Saudí hacia la bomba atómica.
En cuanto a Cuba, la vuelta a una disensión estará más en las manos del gobierno cubano que del propio Biden, que en la pérdida electoral en Florida ha podido leer un rechazo a cualquier condescendencia con el castrismo. Pueden desmontarse algunas de las nuevas restricciones impuestas por Trump a Cuba, pero si La Habana sigue sin mostrar voluntad real de cambio y apertura, la Casa Blanca ya no tendrá por qué seguir apostando por concesiones políticas a crédito.
En el caso de Venezuela, Biden posiblemente replegará buena parte de las sanciones, pero ya no cabe una política de inacción como la de Obama. Aquella Administración no confrontó más el chavismo por dos razones: porque no quiso molestar a Cuba dadas las negociaciones secretas que mantenía con ese país para reabrir sus embajadas y porque el nivel de letalidad del régimen aún no se había hecho insoportable. Hoy los informes internacionales sobre derechos humanos son unánimes sobre la represión y la tortura del gobierno de Maduro, y además la llegada de millones de refugiados venezolanos a los distintos países de la región obligan a tomar cartas en el asunto. Aquí lo esperable es que Biden pueda actuar de modo menos unilateral y, sin dejar de presionar, busque la coordinación con la Unión Europea.
Suele ocurrir que quien llega a la Casa Blanca se ocupa de los asuntos nacionales en sus primeros años y que más adelante, especialmente en un segundo mandato, se centre en dejar un legado internacional. Por edad y salud, es posible que el nuevo inquilino solo esté un cuadrienio. Sin el idealismo de Obama de querer “doblar el arco de la historia” –Biden es un pragmático, producto del establishment político estadounidense– ni las prisas del empresario Trump por el beneficio inmediato, es difícil imaginar que su Administración vaya a tomar serios riesgos en la escena internacional.
Biden ha confirmado su compromiso de arrancar su presidencia en enero revirtiendo algunas decisiones de Trump, notablemente en lo relativo al cambio climático y el acuerdo de París; en lo que afecta a algunos frentes arancelarios, como el castigo innecesario que la Administración saliente ha aplicado a países europeos, y en relación a diversos asuntos de inmigración, lo que sobre todo incumbe a Centroamérica.
De todos modos, aunque la izquierda demócrata quiera empujar a Biden hacia ciertos márgenes, creyendo tener en la vicepresidenta Kamala Harris una aliada, el presidente electo puede hacer valer su personal moderación: el hecho de que en las elecciones él haya obtenido mejor resultado que el propio partido le da, de momento, suficiente autoridad interna. Por lo demás, los republicanos han resistido bastante bien en el Senado y la Cámara de Representantes, de forma que Biden llega a la Casa Blanca con menos apoyo en el Capitolio que sus antecesores. Eso, en cualquier caso, puede contribuir a reforzar uno de los rasgos en general más valorados hoy del político de Delaware: la predictibilidad, algo que las economías y las cancillerías de buena parte de los países del mundo esperan con ansiedad.
El actual mandatario realizó una sola visita, además en el marco del G-20, frente a las seis que Bush y Obama hicieron en sus primeros cuatro años
Los viajes internacionales no lo dicen todo acerca de la política exterior de un mandatario, pero dan alguna pista. Como presidente, Donald Trump únicamente ha viajado una vez a Latinoamérica, y además solo porque la cumbre del G-20 a la que asistía se celebraba en Argentina. No es que Trump no se haya ocupado de la región –desde luego, la política hacia Venezuela ha estado muy presente en su gestión–, pero el no haber hecho el esfuerzo de desplazarse a otros países del continente refleja bien el carácter más unilateral de su política, poca volcada en ganar simpatías entre sus pares.
![Firma en México en 2018 del tratado de libre comercio entre los tres países de Norteamérica [Departamento de Estado, EEUU]](/documents/16800098/0/viajes-trump-blog.jpg/157ee6c8-c573-2e22-6911-3ae54fe8a0a8?t=1621883760733&imagePreview=1 "Firma en México en 2018 del tratado de libre comercio entre los tres países de Norteamérica [Departamento de Estado, EEUU]")
▲ Firma en México en 2018 del tratado de libre comercio entre los tres países de Norteamérica [Departamento de Estado, EEUU]
ARTÍCULO / Miguel García-Miguel
Con tan solo una visita a la región, el mandatario estadounidense es el que menos visitas oficiales ha realizado desde la primera legislatura de Clinton, quien también la visitó una sola vez. Por el contrario, Bush y Obama presentaron más atención al territorio vecino, ambos con seis visitas en su primera legislatura. Trump centró su campaña diplomática en Asia y Europa y reservó lo asuntos de Latinoamérica a visitas de los presidentes de la región a la Casa Blanca o a su ‘resort’ de Mar-a-Lago.
En realidad, la Administración Trump dedicó tiempo a asuntos latinoamericanos, tomando posturas más rápidamente que la Administración Obama, pues el empeoramiento del problema de Venezuela requería definir acciones. Al mismo tiempo, Trump ha tratado asuntos de la región con presidentes latinoamericanos en visitas de estos a Estados Unidos. No ha habido, sin embargo, un esfuerzo de multilateralidad o empatía, saliendo a su encuentro en sus países de origen para tratar allí de sus problemas.
Clinton: Haití
El presidente demócrata realizó una única visita a la región en su primer mandato. Acabada la operación Uphold Democracy para devolver al poder a Jean-Bertrand Aristide, el 31 de marzo 1995 Bill Clinton viajó a Haití para la ceremonia de transición organizada por Naciones Unidas. La operación había consistido en una intervención militar de Estados Unidos, Polonia y Argentina, con la aprobación de la ONU, para derrocar a la junta militar que había depuesto por la fuerza a Aristide, quien había sido elegido democráticamente. Durante su segundo mandato, Clinton prestó más atención a los asuntos de la región, con trece visitas.
Bush: tratados de libre comercio
Bush realizó su primer viaje presidencial al país vecino, México, donde se entrevistó con el entonces presidente Fox para tratar diversos temas. México prestó atención al trato del gobierno estadounidense a los inmigrantes mexicanos, pero ambos presidentes también discutieron sobre el funcionamiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o, en inglés, NAFTA), entrado en vigor en 1994, y de aunar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. El presidente de EEUU tuvo la oportunidad de visitar México tres veces más durante su primer mandato con el fin de asistir a reuniones multilaterales. En concreto, asistió en marzo de 2002 a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, organizada por las Naciones Unidas y que resultó en el Consenso de Monterrey; además Bush aprovechó la oportunidad para volver a entrevistarse con el presidente mexicano. En octubre del mismo año asistió a la cumbre del foro APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), que ese año se celebraba en el enclave mexicano de Los Cabos. Por último, pisó de nuevo territorio mexicano para acudir a la Cumbre Extraordinaria de las Américas que tuvo lugar en Monterrey en 2004.
Durante su primera legislatura Bush impulsó la negociación de nuevos tratados de libre comercio con diversos países americanos, que fue lo que marcó la política de su Administración en relación con el Hemisferio Occidental. En el marco de esa política viajó a Perú y a El Salvador los días 23 y 24 de marzo del 2002. En Perú se reunió con el presidente de ese país y con los presidentes de Colombia, Bolivia y Ecuador, con el fin de llegar a un acuerdo que renovase la ATPA (Andean Trade Promotion Act), por la cual EEUU otorgaba libertad arancelaria en una amplia gama de las exportaciones de esos países. Finalmente, el asunto se resolvió con la promulgación en octubre del mismo año de la ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act), que mantuvo las libertades arancelarias en compensación por la lucha contra el narcotráfico, intentando desarrollar económicamente la región para crear alternativas a la producción de cocaína. Por último, en el caso de El Salvador se reunió con los presidentes centroamericanos para discutir la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con la región (conocido en inglés como CAFTA) a cambio de un refuerzo de la seguridad en los ámbitos de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El Tratado fue ratificado tres años más tarde por el Congreso estadounidense. Bush volvió a visitar Latinoamérica hasta once veces durante su segundo mandato.
Gráfico 1. Elaboración propia con datos de Office of the Historian
Obama: dos Cumbres de las Américas
Obama comenzó su recorrido de visitas diplomáticas a territorio latinoamericano con la asistencia a la V Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto Príncipe (Trinidad y Tobago). En la Cumbre se reunieron todos los líderes de los países soberanos americanos a excepción de Cuba y tuvo como fin la coordinación de esfuerzos para la recuperación de la reciente crisis del 2008 con menciones a la importancia de la sostenibilidad ambiental y energética. Obama volvió a asistir en 2012 a la VI Cumbre de las Américas que se celebró esta vez en Cartagena de Indias (Colombia). A esta Cumbre no acudió ningún representante de Ecuador ni de Nicaragua en protesta por la exclusión hasta la fecha de Cuba. Tampoco acudió el presidente de Haití ni el presidente venezolano Hugo Chávez alegando motivos médicos. En la cumbre se volvieron a discutir temas de economía y seguridad teniendo especial relevancia la guerra contra las drogas y el crimen organizado, así como el desarrollo de políticas ambientales. Además, aprovechó esta visita para anunciar junto a Juan Manuel Santos, la entrada en efecto del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EEUU, negociado por la Administración Bush y ratificado tras cierta demora por el Congreso estadounidense. El presidente demócrata también tuvo la ocasión de visitar la región con motivo de la reunión del G-20 en México, pero esta vez el tema central rondó en torno a las soluciones para frenar la crisis de la deuda europea.
En cuanto a las reuniones bilaterales, Obama realizó una gira diplomática entre el 19 y el 23 de marzo de 2010 por Brasil, Chile y El Salvador, entrevistándose con sus respectivos presidentes. Aprovechó la ocasión para retomar las relaciones con la izquierda brasileña que gobernaba el país desde el 2002, reiterar su alianza económica y política con Chile y anunciar un fondo de 200 millones de dólares para reforzar la seguridad en Centroamérica. Durante su segundo mandato realizó hasta siete visitas, entre las que cabe destacar la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, pausadas desde el triunfo de la Revolución.
Trump: T-MEC
Donald Trump tan solo visitó Latinoamérica en una ocasión para asistir a la reunión del G-20, una convocatoria que ni siquiera era regional, celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2018. Entre los diversos acuerdos alcanzados destacan la reforma de la Organización Mundial de Comercio y el compromiso de los asistentes de implementar las medidas adoptadas en el Acuerdo de París, a excepción de EEUU, puesto que el presidente ya había reiterado su empeño en salirse del acuerdo. Aprovechando la visita, firmó el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, nuevo nombre para el renovado TLCAN, cuya renegociación había sido una exigencia de Trump) y se reunió con el presidente chino en el contexto de la guerra comercial. Trump, en cambio, no acudió a la VIII Cumbre de las Américas celebrada en Perú en abril de 2018; el viaje, que debía llevarle también a Colombia, fue cancelado a última hora porque el presidente estadounidense prefirió permanecer en Washington ante una posible escalada de la crisis siria.
El motivo de las pocas vistas a la región ha sido que Trump ha dirigido su campaña diplomática hacia Europa, Asia y en menor medida Oriente Medio, en el contexto de la guerra comercial con China y de la pérdida de poder en el panorama internacional de EEUU.
Gráfico 2. Elaboración propia con datos de Office of the Historian
Solo un viaje, pero seguimiento de la región
A pesar de apenas haber viajado al resto del continente, el candidato republicano sí ha prestado atención a los asuntos de la región pero sin moverse de Washington, pues han sido hasta siete los presidentes latinoamericanos que han pasado por la Casa Blanca. Las reuniones han tenido como foco principal el desarrollo económico y el reforzamiento de la seguridad, como es habitual. Atendiendo a la realidad de cada país las reuniones giraron más entorno a la posibilidad de futuros tratados de comercio, la lucha contra la droga y el crimen organizado, evitar el flujo de inmigración ilegal que llega hasta Estados Unidos o la búsqueda de reforzar alianzas políticas. Aunque la web del gobierno estadounidense no la catalogue como una visita oficial, Donald Trump también llegó a reunirse en la Casa Blanca en febrero de este mismo 2020 con Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela.
Justamente, si ha habido un tema común a todas estas reuniones, ese ha sido la situación de crisis económica y política en Venezuela. Trump ha buscado aliados en la región para cercar y presionar al gobierno de Maduro el cual no solo es un ejemplo de continuas violaciones de los derechos humanos, sino que además desestabiliza la región. La férrea oposición al régimen le sirvió a Donald Trump como propaganda para ganar popularidad e intentar salvar el voto latino en las elecciones del 3 de noviembre, y eso tuvo su premio al menos en el estado de Florida.
Gráfico 3. Elaboración propia con datos de Office of the Historian