Trump ha mantenido varias de las medidas aprobadas por Obama, pero ha condicionado su aplicación

Donald Trump no ha cerrado la embajada abierta por Barack Obama en La Habana y se ha ajustado a la letra de las normas que permiten solo ciertos viajes de estadounidenses a la isla. Sin embargo, su imposición de no establecer relaciones comerciales o financieras con empresas controladas por el aparato militar-policial cubano ha afectado al volumen de intercambios. Pero ha sido sobre todo su retórica anticastrista la que ha devuelto la relación casi a la Guerra Fría.

▲Barack Obama y Raúl Castro, en el partido de béisbol al que acudieron durante la visita del presidente estadounidense a Cuba, en 2016 [Pete Souza/Casa Blanca]

ARTÍCULO / Valeria Vásquez

Durante más de medio siglo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba estuvieron marcadas por las tensiones políticas. Los últimos años de la presidencia de Barack Obama marcaron un significativo cambio con el histórico restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la aprobación de ciertas medidas de apertura de Estados Unidos hacia Cuba. La Casa Blanca esperaba entonces que el clima de creciente cooperación impulsara las modestas reformas económicas que La Habana había comenzado a aplicar con antelación y que todo ello trajera con el tiempo transformaciones políticas a la isla.

La falta de concesiones del Gobierno cubano en materia de libertades y derechos humanos, sin embargo, fue esgrimida por Donald Trump para dar marcha atrás, a su llegada al poder, a varias de las medidas aprobadas por su antecesor, si bien ha sido sobre todo su retórica anticastrista la que ha creado un nuevo ambiente hostil entre Washington y La Habana.

Era Obama: distensión  

En su segundo mandato, Barack Obama comenzó negociaciones secretas con Cuba que culminaron con el anuncio en diciembre de 2014 de un acuerdo para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Las respectivas embajadas fueron reabiertas en julio de 2015, dando así por superada una anomalía que databa de 1961, cuando la Administración Eisenhower decidió romper relaciones con el vecino antillano ante la orientación comunista de la Revolución Cubana. En marzo de 2016 Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar Cuba en 88 años.

Más allá de la esfera diplomática, Obama procuró también una apertura económica hacia la isla. Dado que levantar el embargo establecido por EEUU desde hace décadas requería la aprobación del Congreso, donde se enfrentaba a la mayoría republicana, Obama introdujo ciertas medidas liberalizadoras mediante decretos presidenciales. Así, rebajó las restricciones de viaje (apenas cambió la letra de la ley, pero sí relajó su práctica) y autorizó elevar el volumen de compras que los estadounidenses podían hacer en Cuba.

Para Obama, el embargo económico era una política fallida, pues no había logrado su propósito de acabar con la dictadura cubana y, por consiguiente, había prolongado esta. Por ello, apostaba por un cambio de estrategia, con la esperanza de que la normalización de las relaciones –diplomáticas y, progresivamente, económicas– ayudaran a mejorar la situación social de Cuba y contribuyeran, a medio o largo plazo, al cambio que el embargo económico no ha conseguido. Según Obama, este había tenido un impacto negativo, pues asuntos como la limitación del turismo o la poca inversión extranjera directa habían afectado más al pueblo cubano que a la nomenclatura castrista.

Una nueva relación económica

Ante la imposibilidad de levantar el embargo económico a Cuba, Obama optó por decretos presidenciales que abrían algo las relaciones comerciales entre los dos países. Varias medidas iban dirigidas a facilitar un mejor acceso a internet de los cubanos, lo que debiera contribuir a impulsar exigencias democratizadoras en el país. Así, Washington autorizó que empresas de telecomunicaciones americanas establecieran negocios en Cuba.

En el campo financiero, Estados Unidos permitió que sus bancos abrieran cuentas en Cuba, lo que facilitó la realización de transacciones. Además, los ciudadanos cubanos residentes en la isla podían recibir pagos en EEUU y enviarlos de vuelta a su país.

Otra de las medidas adoptadas fue el levantamiento de algunas de las restricciones de viaje. Por requerimiento de la legislación de EEUU, Obama mantuvo la restricción de que los estadounidenses solo pueden viajar a Cuba bajo diversos supuestos, todos vinculados a determinadas misiones: viajes con finalidad académica, humanitaria, de apoyo religioso... Aunque seguían excluidos los viajes puramente turísticos, la falta de control que deliberadamente las autoridades estadounidenses dejaron de aplicar significaba abrir considerablemente la mano.

Además de autorizar las transacciones bancarias relacionadas con dichos viajes, para atender el previsto incremento de turistas se anunció que varias compañías aéreas estadounidenses como JetBlue y American Airlines habían recibido la aprobación para volar a Cuba. Por primera vez en 50 años, a finales de noviembre de 2016 un avión comercial estadounidense aterrizaba en La Habana.

El presidente estadounidense también eliminó el límite de gasto que tenían los visitantes estadounidenses en la compra de productos de uso personal (singularmente cigarros puros y ron). Asimismo, promovió la colaboración en la investigación médica y aprobó la importación de medicinas producidas en Cuba.

Además, Obama revocó la política de “pies secos, pies mojados”, por la que los cubanos que llegaban a suelo de Estados Unidos recibían automáticamente el asilo político, mientras que solo eran devueltos a la isla aquellos que fueran interceptados por Cuba en el mar.

La revisión de Trump

Desde su campaña electoral, Donald Trump mostró señales claras sobre el rumbo que tomarían sus relaciones con Cuba si alcanzaba la presidencia. Trump anunció que revertiría la apertura hacia Cuba llevada a cabo por Obama, y nada más llegar a la Casa Blanca comenzó a robustecer el discurso anticastrista de Washington. El nuevo presidente dijo estar dispuesto a negociar un “mejor acuerdo” con la isla, pero con la condición de que el Gobierno cubano mostrara avances concretos hacia la democratización del país y el respeto de los derechos humanos. Trump planteó un horizonte de elecciones libres y la liberación de prisioneros políticos, a sabiendas de que el régimen cubano no accedería a esas peticiones. Ante la falta de respuesta de La Habana, Trump insistió en sus propuestas previas: mantenimiento del embargo (que en cualquier caso la mayoría republicana en el Congreso no está dispuesta a levantar) y marcha atrás en algunas de las decisiones de Obama.

En realidad, Trump ha mantenido formalmente varias de las medidas de su antecesor, si bien la prohibición de hacer negocios con las compañías controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que dominan buena parte de la vida económica cubana, y el respeto por la letra en las restricciones de viajes han reducido el contacto entre EEUU y Cuba que había comenzado a darse al final de la era Obama.

Trump ha ratificado la derogación de la política de “pies secos, pies mojados” decidida por Obama y ha mantenido las relaciones diplomáticas restablecidas por este (aunque ha paralizado el nombramiento de un embajador). También ha respetado la tímida apertura comercial y financiera operada por el presidente demócrata, pero siempre que las transacciones económicas no sucedan con las empresas vinculadas al Ejército, la inteligencia y los servicios de seguridad cubanos. En tal sentido, el Departamento del Tesoro publicó el 8 de noviembre de 2017 una lista de empresas de esos sectores con los que no cabe ningún tipo de contacto estadounidense.

En cuanto a los viajes, se mantienen los restringidos supuestos para los desplazamientos de estadounidenses a la isla, pero frente a la vista gorda adoptada por la Administración Obama, la Administración Trump exige que los estadounidenses que quieran ir a Cuba deberán hacerlo en tours realizados por empresas americanas, acompañados por un representante del grupo patrocinador y con la obligación de comunicar los detalles de sus actividades. La normativa del Tesoro requiere que las estancias sean en hostales privados (casas particulares), las comidas en restaurantes regentados por individuos (paladares) y se compre en tiendas sostenidas por ciudadanos (cuentapropistas), con el propósito de “canalizar los fondos” lejos del ejercito cubano y debilitar la política comunista.

La reducción de las expectativas turísticas llevó ya a finales de 2017 a que varias aerolíneas estadounidenses hubieran cancelado todos sus vuelos a la isla caribeña. La economía cubana había contado con un gran aumento de turistas de EEUU y sin embargo ahora debía enfrentarse, sin mayores ingresos, al grave problema de la caída de los envíos de petróleo barato de Venezuela.

Futuro de las relaciones diplomáticas

La mayor tensión entre Washington y La Habana, sin embargo, no ha estado en el ámbito comercial o económico, sino en el diplomático. Tras una serie de aparentes “ataques sónicos” a diplomáticos estadounidenses en Cuba, Estados Unidos retiró a gran parte de su personal en Cuba y expulsó a 15 diplomáticos de la embajada cubana en Washington. Además, el Departamento de Estado hizo una recomendación de no viajar a la isla. Si bien no se ha aclarado el origen de esos supuestos ataques, que las autoridades cubanas niegan haber realizado, podría tratarse del efecto secundario accidental de un intento de espionaje, que finalmente habría acabado causando daños cerebrales en las personas objeto de seguimiento.

El futuro de las relaciones entre los dos países dependerá del rumbo que tomen las políticas de Trump y del paso de las reformas que pueda establecer el nuevo presidente cubano. Dado que no se prevén muchos cambios en la gestión de Miguel Díaz-Canel, al menos mientras viva Raúl Castro, el inmovilismo de La Habana en el campo político y económico se seguiría topando probablemente con la retórica antirevolucionaria de Trump.

The EU has backed down on the project, but Germany still gives support to the Russian initiative

The project of a second set of gas pipelines through the Baltic Sea, in order to transport Russian gas to the European Union without crossing Ukraine, has divided the EU governments. Some Eastern and Central European countries, backed by the United States, argue against any dependency on Russian gas supplies, but Germany keeps its support to the Russian plans.

▲The routes of the Nord Stream and the planned Nord Stream 2 pipelines from Russia to Germany [Gazprom]

ARTICLE / Ane Gil Elorri

The natural gas consumption for nowadays is essential to have basic necessities covered. Therefore, it´s imperative for everyday life. Nevertheless, it goes through a laborious process before it reaches the consumers. The gas needs to be extracted from the land or sea subsurface, and transported, before it reaches its destiny, being pipelines the most common via of transportation.

The EU´s domestic gas production has been declining and the reserves in the North Sea depleted. Therefore, in order to meet demands, the EU has turned to other suppliers; being the most important Russia, Saudi Arabia and Norway. In fact, a lot of countries in the European Union are heavily dependent on Russian imports, especially of natural gas, which often go through transit countries such as Ukraine and Belarus. The decisions are all make through the EU-Russia Energy Dialogue. Russia has the largest gas reserves in the world. With 44,600 billion cubic meters, Russia has 23.9 percent of the world’s currently known gas reserves, followed by Iran (15.8 percent), Qatar (13.5 percent), the United States, and Turkmenistan (4.3 percent each).

The most prominent European energy supply is the Nord Stream Pipelines. Nord Stream are a twin set of pipelines that provide gas transportation capacity for the natural gas, which comes from the Western Russia (Vyborg) into Lubmin, Germany, for the distribution into the European gas grid. This system is composed by a set of 1,224-kilometre pipelines through the Baltic Sea, and each hold the capacity to transport 27.5 billion cubic metres of natural gas a year. Line 1 became operational in November 2011 and by October 8, 2012 the system was fully operational, having taken the construction of these pipelines 30 months.

The desire of a grand-scale gas transport between Russia and the western Europe goes back to the 1970´s, to the contract between a German company (Ruhrgas AG) and Gazprom (national Russian gas company) to supply natural gas. In 2000 the European Commission recognized the need for a pipeline in the Baltic Sea. In December 2005, the North European Gas Pipeline Company was established and by October 4, 2006, the North European Gas Pipeline was officially renamed Nord Stream. It was finally completed and functional in October 2012.

The Nord Stream project was very ambitious. Nevertheless, it was completed on time, on budget, and without permanently impacting the environment. The Nord Stream Pipeline system is fully operational and capable of transporting up to 55 billion cubic metres (bcm) of natural gas every year to Europe.

Now, a new project is developing based on the success of the Nord Stream Pipelines: Nord Stream 2. This project will benefit from the experience of the previous pipeline, which has set a new high for the environmental, technical and safety standards throughout its planning, construction and operation. The idea is to add a new set of twin pipelines along the Baltic Sea route to increase the capacity of gas transportation in order to meet the demands of Europe. In fact, this new pipeline will create a direct link between Gazprom and the European consumers.

The Nord Stream 2 project is implemented by the Nord Stream 2 AG project company, where Gazprom is the sole shareholder. In October 2012, the shareholders of the Nord stream project examined the possibility of constructing a third and fourth pipeline and came to the conclusion that it was economically and technically attainable. In April 2017, Nord Stream 2 AG signed the financing agreements for the Nord Stream 2 gas pipeline project with ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper, and Wintershall. These five European energy companies will provide long-term financing for 50 per cent of the total cost of the project.

The entry point into the Baltic Sea of the twin pipeline will be the Ust-Luga area of the Leningrad Region. Then the pipeline will stretch across the Baltic Sea. Its exit point in Germany will be in the Greifswald area close to the exit point of the original Nord Stream. The route covers over 1,200 kilometres.

The total capacity of the second twin set of pipelines is 55 billion cubic metres of gas per year. Therefore, the sum with the prior pipelines would give an outstanding number of 110 billion cubic metres of gas per year. Nord Stream 2 will be operational before late 2019.

This project is defended with the argument that it supposed a diversification of the routs transporting natural gas to Europe and to elevate the energetic security due to the instability of the transit of gas through Ukraine. For now, a lot of the natural gas consumed by Europe comes from Russia through Ukraine. Nevertheless, if this project goes through, Ukraine will lose 2,000 million dollars for the transit of natural gas, and even the proportion of gas will decrease (which is also for personal use) leading to the collapse and finalization of the transit of natural gas through Ukraine. Furthermore, if Hungary, Slovakia and Poland receive natural gas through the Nord Stream 2 pipelines instead of through Ukraine, it will be very difficult that Ukraine receives gas from the west, seeing as Gazprom along with others controls EUGAL (European Gas Pipeline Link) can reduce the supply of gas to those companies that provide gas to Ukraine.

The cost of 1,000 cubic meters in 100 kilometres through Nord Stream 2 would cost 2,1 million dollars while through Ukraine it costs 2,5 million dollars. The tariff of transportation of natural gas through Nord Stream is 20% lower than through Ukraine.

Only half of the European Union members approve the negotiations between the EU and Russia over the Nord Stream 2 Project. It is true that the natural gas demand of Europe is growing each year but some countries such as the Baltics are against anything that has to do with Russia. Besides the US, thanks to fracking, has become the biggest producer of gas, and is now looking to substitute Russia as the principal gas provider of the EU.

But other countries are in favour of this project. In January 31 this year, Germany gave its permission to begin the construction of the pipelines of Nord Stream 2 in their territorial waters. Berlin also authorized the construction of the section of 55 kilometres that will go through the terrestrial part situated in Lubmin. In April this year, Finland has also given the two permissions needed to begin the construction.

Nevertheless, Gazprom will be facing a few difficulties in order to pull through with this project. The company still needs that other countries, such as Norway, Denmark and Russia, give authorizations and permissions to construct the pipelines in their exclusive economic zone. There is a risk that Denmark doesn’t authorize these new pipelines. The Danish Agency of Energy and the Foreign Office both have to give their approval but can deny the permit if Nord Stream 2 represents a danger for the environment. Another problem is purely political: the European Commission is trying to make the implementation of the project fit with the EU legislation. In November 2017, the European Commission prepared a list of amendments to its energy legislation, known as the Third Energy Package, which will pursue gas pipelines that come from the markets of countries that have the Brussels standards. Because of this, Gazprom won’t be able to be the only shareholder of the Nord Stream 2 project and the pipelines will have to carry gas of other companies that have nothing to do with Gazprom.

Although, as previously mentioned, Nord Stream 2 has already received the two permits necessary in Germany and Finland in order to begin the construction, it seems that not many European countries are in favour of this project. In fact, since this April, the EU and the European Commission have withdrawn their support claiming that Nord Stream 2 does not encourage the diversification of gas supply, and they give more significance to the gas pipelines going through the Ukrainian territory in context of diversification of supply routes.
Other EU countries and of the region, such as Ukraine, Denmark, the Baltic States and Poland, have continuously spoken against Nord Stream 2, claiming that the project will increase Europe’s dependence on imported Russian gas. Nevertheless, German Chancellor Angela Merkel supports this project, considering it to be an economic project which does not pose a threat to EU energy security, has is expected, seeing as the Nord Stream 2 is a joint venture between Russia’s Gazprom, France's Engie, Austria’s OMV AG, the Anglo-Dutch company Royal Dutch Shell, and Uniper and Wintershall, both German.

Nevertheless, the most vocally active countries against this project are the US and Ukraine. On one side, the United States believes that this project would undermine Europe´s overall energy security and stability. It would also provide Russia other ways to pressure European countries, especially Ukraine. The US even threatened the EU firms to be subjected to Countering America´s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). On the other side, Ukraine’s efforts to prevent the implementation of Nord Stream appears to be futile. They openly stated that this would conclude on the Russian monopoly on the world gas market, which would lead in Europe to an energy crisis and to an economic and political destabilization, and called for the international community to step in. Unfortunately, Germany is as headstrong as ever, stating that underwater pipeline to bring gas from Russia could not go forward without Ukrainian involvement in overland transit.

As the recent expulsion of European diplomats in Moscow shows, the global political relations have worsened considerably in the last few years. In fact, some would say that it the worst condition since the Cold War. This new political situation has had consequences on the Nord Stream 2, causing European countries to oppose to this project. The ultimate defender left standing of the programme is Germany, even the EU has backed down after Ukraine's protest. Ukraine has every right to oppose to this project, seeing as Russia has had nothing more but cold moves towards this country (cut off gas supplies in the middle of winter, Crimea), and is not outrageous to think that this project would ultimately affect the country, specially economically. Therefore, this project does not diversify the sources of natural gas, the first Nord Stream already reached this objective. The second Nord Stream, however, would grant Russia a monopoly of natural gas, which is not recommendable seeing as it would create Europe’s dependence on Russia, and Russia could take advantage of it. Unfortunately, Russia will not give up this project, even with mostly everybody turns against it.

Oportunidades y retos de las relaciones chino-panameñas, a un año del establecimiento de relaciones diplomáticas

En junio de 2016, Panamá inauguró la ampliación de su Canal. En junio de 2017, el gobierno panameño decidió establecer relaciones diplomáticas con China (Centroamérica ha sido un tradicional aliado de Taiwán), dando así pie al flujo de nuevas inversiones chinas en un Canal revitalizado con la ampliación. Cuando se cumple un año del establecimiento de relaciones, he aquí un repaso de las oportunidades y los retos que supone la mayor presencia china en el istmo.

▲Portacontenedores de la naviera china COSCO, haciendo el tránsito número 2.000 en el Canal ampliado, en septiembre de 2017 [Canal de Panamá]

ARTÍCULO / Ximena Barria

En la última década, la República Popular China se ha esforzado por aumentar su presencia en diferentes regiones del mundo. La proyección de China como potencia global ha hecho que ninguna región le resulte ajena y que apenas haya países que no busquen activamente el intercambio comercial con el gigante asiático. Por ello, no es sorpresa que China haya querido aumentar su actividad en torno al Canal de Panamá, y que este país centroamericano haya establecido relaciones diplomáticas con Pekín, rompiendo la tradicional relación con Taiwán.

La privilegiada geografía de Panamá y su rápido crecimiento económico en la región son dos importantes aspectos tenidos en cuenta con por China. El Canal de Panamá ofrece un acceso ventajoso a los océanos Atlántico y Pacífico y por él pasa alrededor de un 6% del comercio marítimo global. En ocasiones se habló del interés chino por construir un canal en Nicaragua, algo que en realidad nunca estuvo en la agenda de Pekín. China ve en Panamá un importante punto geoestratégico desde el que proyectar su política exterior en América Latina, lo que sin duda intranquiliza a Washington.

El 13 de junio de 2017, la República de Panamá y la República Popular China anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas. Con ello, Panamá reconocía al gobierno de Pekín como como gobierno legítimo chino y rompía las previas relaciones diplomáticas establecidas con Taipéi. Las nuevas relaciones chino-panameñas dieron paso a 19 acuerdos en diversas áreas.

Proyectos chinos en el istmo

En un país especialmente abierto al comercio y las transacciones de todo tipo como es Panamá, la población de origen chino siempre ha tenido una relativa presencia. La comunidad china en Panamá está integrada por unas 135.000 personas, lo que supone un 4% de sus 4 millones de habitantes.

Desde 1911, Panamá había mantenido relaciones diplomáticas con China. No obstante, tras la derrota del Partido Nacionalista Chino y la victoria del comunismo de Mao Zedong el Estado panameño decidió mantener relaciones diplomáticas con Taiwán, por su postura capitalista, durante la Guerra Fría. Desde 1949, Panamá se mantuvo como uno de los mayores aliados de Taiwán hasta su ruptura en 2017.  

A pesar del reconocimiento a Taipéi, las relaciones comerciales entre Panamá y la República Popular China fueron en aumento los últimos años, generando un volumen de intercambio mayor que el registrado entre el país centroamericano y Taiwán.

El motor económico más importante de Panamá es el Canal, que une los océanos Atlántico y Pacífico y constituye una de las rutas más importantes del comercio mundial. Los ingresos procedentes del Canal generan una tercera parte del Producto Interno Bruto panameño.  Con el transcurso de los años, China se ha convertido en un importante cliente del Canal, pasando a ser su segundo mayor usuario después de Estados Unidos. El primer barco que atravesó el Canal ampliado, en la inauguración celebrada en junio de 2016, fue justamente un buque de la naviera china COSCO, al que le correspondió tal honor por sorteo.

China es el máximo proveedor de la Zona Libre de Colón (ZLC), localizada en el litoral caribeño de Panamá, junto a la boca norte del Canal. Es la zona franca más importante de América y la segunda del mundo, con un volumen anual de importaciones y reexportaciones de $16.160 millones. En el primer semestre de 2017, la ZLC importó mercancías de China por valor de $1.344 millones. Asimismo, importantes empresas chinas han buscado establecerse en la ZLC aprovechando las ventajas estratégicas que ofrece.

China también ha anunciado la construcción de un puerto de contenedores en el área de Colón, que tendrá instalaciones para la recepción de gas natural licuado. La construcción proyectada tiene un coste estimado de $900 millones. La construcción resultará en la primera terminal de contenedores diseñados para manejar los barcos Neopanamax, que poseen las dimensiones máximas para transitar el canal.

En el ámbito de las comunicaciones, la República Popular China expresó su interés en la realización de una infraestructura ferroviaria que conecte la capital de Panamá y la provincia de Chiriquí, recorriendo una distancia de cuatrocientos kilómetros. En cuanto al transporte aéreo, la aerolínea Air China se comprometió a realizar la ruta Ciudad de Panamá-Pekín dos veces a la semana. Panamá cuenta con el hub aéreo más importante de América Latina y tener un vuelo directo a Pekín supone una importante oportunidad para acercar los mercados asiáticos a América Latina.

Además, Panamá dispone de un importante y diversificado centro financiero que resulta atractivo para los bancos chinos como puerta estratégica para establecerse en la región. La presencia de Bank of China, con más de 30 años en el país, y futuros establecimientos de otras entidades como el Banco Industrial y Comercial, Exim Bank y China Development Bank contribuirán a aumentar el flujo de capitales chinos hacia Panamá. A su vez, esto diversificará y hará cada vez más dinámico el sector bancario panameño.

El reto panameño de aprovechar la oportunidad

Conseguir que esta mayor relación con China y el mercado asiático beneficie estructuralmente a Panamá y no degenere en una futura situación de dependencia presenta importantes retos para un país que está en vías de desarrollo. Panamá deberá aumentar la productividad en sectores como el agropecuario y la industria, capacitar más personal y crear un marco transparente de instituciones financieras.

El sector agropecuario presenta dificultades de comercialización y una ausencia de políticas agrícolas que permitan producir y vender cultivos a precios justos. En los últimos años, ha habido un déficit de tierras para fines de comercialización de cultivos a consecuencia de las sequías e inundaciones. Otro reto son las importaciones de alimentos, ya que muchos productos extranjeros importados son más baratos y eso provoca una caída en los precios de los productos nacionales que hace que su producción no sea rentable para el agricultor.

El aumento de la productividad industrial va de la mano del esfuerzo de formación de un mejor capital humano. Actualmente, en la república panameña hay falta de preparación de personas que pueden manejar importantes empresas. En 2015, el número de matriculados en las universidades alcanzó solamente un escaso número de 160.000 estudiantes. El gobierno panameño deberá impulsar proyectos de formación técnica y becas para incrementar ese número con el fin de que a largo plazo haya más personal capacitado para las nuevas empresas que arribarán.  

La estructura financiera panameña también deberá prepararse para crear nuevas legislaciones que contribuyan a dar seguridad jurídica. Con el fin de armonizar el sector financiero con los convenios internacionales contra el lavado de dinero, el gobierno panameño deberá establecer reformas tributarias que impulsen la transparencia fiscal. Las entradas de bancos extranjeros deberán regularse con mayor efectividad. El debate de considerar tipificar la evasión de impuestos como delito fiscal presentará un importante reto que el país deberá considerar.

Los emigrantes del Triángulo Norte centroamericano miran a EEUU; los de Nicaragua, a Costa Rica

Mientras los emigrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras siguen intentando llegar a Estados Unidos, los de Nicaragua han preferido en los últimos años viajar a Costa Rica. Las restricciones puestas en marcha por la Administración Trump y el deterioro de la bonanza económica costarricense están reduciendo los flujos, pero esa divisoria migratoria en Centroamérica de momento se mantiene.

▲Paso fronterizo entre México y Belice [Marrovi/CC]

ARTÍCULO / Celia Olivar Gil

Cuando se compara el grado de desarrollo de los países de Centroamérica, se entienden bien los distintos flujos humanos que operan en la región. Estados Unidos es el gran imán migratorio, pero también Costa Rica es en cierta medida un polo de atracción, evidentemente en menor grado. Así, los cinco países centroamericanos con mayor tasa de pobreza ­–Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Belice– reparten su orientación migratoria: los cuatro primeros mantienen importantes flujos hacia EEUU, mientras que en los últimos años Nicaragua ha optado más por Costa Rica, dada su cercanía.

Migración del Triángulo Norte a EEUU

Cerca de 500.000 personas intentan cada año por la frontera Sur de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. La mayoría proceden de Guatemala, El Salvador y Honduras, la región centroamericana conocida como Triángulo Norte y que es, hoy por hoy, una de las más violentas del mundo. Las razones que llevan a ese elevado número de ciudadanos del Triángulo Norte a emigrar, muchos de forma ilegal, son varias:

Por una parte, hay razones que podrían calificarse de estructurales: la porosidad del trazado fronterizo, la complejidad y los costes elevados de los procesos de regularización para la migración, la falta de compromiso de los empleadores para regularizar a los trabajadores inmigrantes y la capacidad insuficiente de los gobiernos para establecer leyes migratorias.

También hay claras razones económicas: Guatemala, Honduras y El Salvador tienen una alta tasa de pobreza, situada en el 67,7%, el 74,3% y el 41,6%, respectivamente, de sus habitantes. Las dificultades de ingresos presupuestarios y pronunciada desigualdad social suponen una presentación deficiente de servicios públicos, como educación y sanidad, a gran parte de la población.

La razón de mayor peso es quizá la falta de seguridad. Muchos de los que salen de esos tres países alegan la inseguridad y la violencia como el principal motivo de su marcha. Y es que el nivel de violencia criminal en el Triángulo Norte alcanza niveles semejantes a los de un conflicto armado. En El Salvador se registraron en 2015 un total de 6.650 homicidios intencionados; en Honduras, 8.035, y en Guatemala, 4.778.

Todos esos motivos empujan a guatemaltecos, salvadoreños y hondureños a emigrar a Estados Unidos, que en su viaje hacia el norte usan tres rutas principales para cruzar México: la que atraviesa en diagonal el país hasta llegar al área de Tijuana, la que avanza por el centro de México hasta Ciudad Juárez y la que busca entrar en EEUU por el valle del Río Bravo. A lo largo de esas rutas, los migrantes deben hacer frente a muchos riesgos, como el de ser víctima de organizaciones criminales y sufrir todo tipo de abusos (secuestro, tortura, violación, robo, extorsión...), algo que no solo puede causar lesiones físicas y traumas inmediatos, sino que también puede dejar graves secuelas a largo plazo.

Pese a todas estas dificultades, los ciudadanos del Triángulo norte siguen eligiendo los Estados Unidos como destino de su migración. Esto es debido principalmente a la atracción que supone el potencial económico de un país como EEUU, en situación de pleno empleo; a su relativa proximidad geográfica (es posible llegar por tierra atravesando solo uno o dos países), y a las relaciones humanas creadas desde la década de 1980, cuando EEUU comenzó a ser meta de quienes huían de las guerras civiles de una Centroamérica inestable políticamente y con dificultades económicas, lo que creó una tradición migratoria, consolidada por las conexiones familiares y la protección a los recién llegados ofrecida por los connacionales ya establecidos. Esto hizo que durante esta época la población centroamericana en EEUU se triplicase. En la actualidad el 82,9% de los inmigrantes centroamericanos en EEUU.

Migración de Nicaragua a Costa Rica

Si la emigración del norte de Centroamérica se ha dirigido hacia Estados Unidos, la del sur de Centroamérica ha contado con más destinos. Si los hondureños han mirado al norte, en los últimos años sus vecinos nicaragüenses se han fijado algo más en el sur. El río Coco, que divide Honduras y Nicaragua, ha venido a ser una suerte de 'parteaguas' migratorio.

Ciertamente hay más nicaragüenses residentes oficialmente en EEUU (más de 400.000) que en Costa Rica (cerca de 300.000), pero en los últimos años el número de nuevos residentes ha aumentado más en territorio costarricense. En el último decenio, de acuerdo con un informe de la OEA (páginas 159 y 188), EEUU ha concedido el permiso de residencia permanente a una media de 3.500 nicaragüenses cada año, mientras que Costa Rica ha otorgado unos 5.000 de media, llegando al récord de 14.779 en 2013. Además, el peso proporcional de la migración nicaragüense en Costa Rica, un país de 4,9 millones de habitantes, es grande: en 2016, unos 440.000 nicaragüenses entraron en el vecino país, y se registraron otras tantas salidas, lo que indica una importante movilidad transfronteriza y sugiere que muchos trabajadores regresan temporalmente a Nicaragua para burlar los requisitos de extranjería.

Costa Rica es vista en ciertos aspectos en Latinoamérica como Suiza en Europa, es decir, como un país institucionalmente sólido, políticamente estable y económicamente favorable. Eso hace que la emigración de costarricenses no sea extrema y que en cambio lleguen personas de otros lugares, de forma que Costa Rica es el país con mayor migración neta de Latinoamérica, con un 9% de población de Costa Rica de origen extranjero.

Desde su independencia en la década de 1820, Costa Rica se ha mantenido como uno de los países centroamericanos con menor cantidad de conflictos graves. Por ello fue durante las décadas de 1970 y 1980 el refugio de muchos nicaragüenses que huían de la dictadura de los Somoza y de la revolución sandinista. Ahora, sin embargo, no emigran por razones de seguridad, pues Nicaragua es uno de los países menos violentos de Latinoamérica, incluso por debajo de las cifras de Costa Rica. Este flujo migratorio se debe a razones económicas: el mayor desarrollo de Costa Rica queda reflejado en la tasa de pobreza, que es del 18.6%, frente a la del 58.3% de Nicaragua; de hecho, Nicaragua es el país más pobre de América después de Haití.

Así mismo, los nicaragüenses tienen especial preferencia para elegir Costa Rica como lugar de destino por la cercanía geográfica, que les permite moverse con frecuencia entre los dos países y mantener hasta cierto punto la convivencia familiar; la utilización del mismo idioma, y otras similitudes culturales.

Una nueva autopista norte-sur en el confín oriental de la UE aspira a ser la puerta de entrada en Europa para las mercancías de China

Siete países europeos se han unido para el proyecto Via Carpatia, una autopista que irá desde Lituania hasta Rumanía y Grecia, aumentando la interrelación de la región oriental de la UE. Sus promotores prevén que esa infraestructura se integre en la nueva Ruta de la Seda, como puerta de Europa para las mercancías que lleguen desde China y el resto de Asia.

▲Tramo de autopista de Polonia que será parte del proyecto Via Carpatia [Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie]

ARTÍCULO / Paula Ulibarrena

Via Carpatia es una ruta europea; en realidad se trata de un ambicioso proyecto de autopista interestatal que unirá el mar Báltico y el mar Negro. El recorrido comenzará en Lituania, en la ciudad de Kaunas; luego continúa por Polonia, siguiendo la ruta Bialystok-Lublin-Rzeszów; entrará después en Eslovaquia para cubrir el tramo Presov-Kosz, y en Hungría discurrirá por Miskolc-Debrecen.

En el territorio de Rumanía, la ruta  se dividirá en dos direcciones, una hacia el puerto de Constanza, en la ruta Oradea-Arad-Timisoara-Lugoj-Deva-Sibiu-Pitesti-Bucarest-Constanza y otra que penetrará en Bulgaria a través del futuro puente sobre el Danubio en Calafat-Vidin y que tendrá la posibilidad de extender el proyecto hasta Grecia, en el Mediterráneo, en el límite a sur de la Unión Europea.

El proyecto Via Carpatia fue aprobado en 2006, cuando los ministros de transportes de Polonia, Lituania, Eslovaquia y Hungría firmaron una declaración conjunta para ampliar la red transeuropea de transporte creando una ruta para conectar esos cuatro estados a lo largo de un eje norte-sur. En 2010, al proyecto se unieron además Rumanía, Bulgaria y Grecia para extender la nueva vía a través de sus respectivos territorios.

Andrzej Adamczyk ministro de Fomento de Polonia, afirmó en mayo de 2017 que el trazado total de dicha infraestructura en Polonia, que comprende 600 kilómetros, estará terminado en 2025. Según declaró, Vía Carpatia “permitirá desarrollar al máximo el potencial de las provincias que atraviesa, proporcionando un impulso para las regiones más pobres del este de Polonia y de las economías de la zona”.

El propósito del proyecto es fomentar el desarrollo económico de la región, dando facilidades para el auge de la pequeña y mediana empresa y la creación de parques tecnológicos, lo que deberá contribuir a la creación de empleo y potenciar la investigación y la innovación.

Actualmente esta iniciativa refuerza otras políticas que también tienen como objetivo el desarrollo de infraestructuras en Europa del Este, como es la Iniciativa de los 3 Mares. Pero además abre las puertas a otros proyectos más ambiciosos, como el 16+1 y la nueva Ruta de la Seda, ambos lanzados por la República Popular China.

Conexión con China

El mecanismo 16+1 es una iniciativa de China destinada a intensificar y ampliar la cooperación con 11 Estados miembros de la UE de Europa Central y Oriental (ECO) y 5 países balcánicos (Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia) en materia de inversiones, transporte, finanzas, ciencia, educación y cultura. En el marco de la iniciativa, China ha definido tres posibles áreas prioritarias para la cooperación económica: infraestructura, altas tecnologías y tecnologías verdes.

La Declaración de Riga, un documento emitido en noviembre de 2017 en la cumbre China-ECO, fija la hoja de ruta para esa cooperación. En la capital letona, el primer ministro chino, Li Keqiang, y los líderes de los países de Europa Central y Oriental acordaron mejorar la cooperación práctica e incrementar los intercambios personales. En concreto, los líderes reafirmaron su deseo de alcanzar una conectividad efectiva entre los puertos enclavados en el Adriático, el Báltico y el Mar Negro, mediante carreteras y el uso de las vías navegables interiores.

"La cooperación portuaria Adriático-Báltico-Mar Negro será un nuevo motor para la cooperación China-ECO", afirmó el investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China Liu Zoukiu, quién añadió que la combinación del equipamiento chino, la tecnología europea y los mercados de ECO será un gran modelo para la cooperación entre el país asiático y estas 16 naciones.

El comercio entre China y los países de Europa Central y Oriental alcanzó los 56.200 millones de dólares en 2015, un 28 por ciento más que en 2010. La inversión china en estas 16 naciones superó los 5.000 millones de dólares, mientras que en la dirección contraria la inversión fue de 1.200 millones.

Los datos también muestran que el número de líneas de tren de mercancías entre China y Europa, desde que comenzaron las conexiones en 2011, se ha incrementado hasta las 39. Con regularidad, 16 ciudades chinas operan estos convoyes en dirección a una docena de urbes europeas. Precisamente el interés de Pekín por los países de ECO radica en que constituyen la puerta de Europa para la nueva Ruta de la Seda.

La puerta europea de la nueva Ruta de la Seda

La Ruta de la Seda del siglo XXI, que el gobierno chino ha bautizado en inglés como One Belt One Road (OBOR), no es una institución con normas claramente definidas, sino que más bien se trata de una visión estratégica: alude a la antigua Ruta de la Seda, vínculo comercial y cultural entre Oriente y Occidente durante más de dos milenios. La nueva ruta aspira a ser una red de conectividad compuesta por corredores económicos marítimos y terrestres que unan China y el resto de Asia con Oriente Medio, Europa y África. De esta forma, OBOR pone en contacto continentes, océanos, regiones, países, ciudades, organizaciones internacionales y regionales.

El nuevo lenguaje diplomático aparece como una herramienta seductora del poder blando chino, exportado a través de las rutas del comercio y la diplomacia que llegan hasta las puertas de Europa. Evocando el marco histórico de convivencia armoniosa y enriquecimiento cultural mutuo, el oficialismo chino define los “Cinco Principios de Coexistencia Pacífica” como valores fundamentales de OBOR: (1) respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial; (2) acuerdo mutuo de no agresión; (3) acuerdo mutuo de no intervención en los asuntos internos; (4) igualdad y el beneficio mutuo; (5) coexistencia pacífica.

China busca diversificar sus rutas y socios comerciales, abriendo nuevos mercados de consumo. Al mismo tiempo, garantiza el abastecimiento de energías y materias primas. Por último, amplifica su estructura logística y construye una red de comercio centrada en China.

Pekín creó en 2014 un fondo de inversión estatal, el Silk Road Fund, con un capital de 40.000 millones de dólares, destinados a inversiones de One Belt, One Road. China insiste en que dichas instituciones financieras no pretenden reemplazar a las existentes, sino complementarlas y colaborar con ellas en espíritu de inclusión y beneficio mutuo. No obstante, voces desde Estados Unidos y la Unión Europea han señalado algunos temores.

Suspicacias de EEUU y la EU

Analistas estadounidenses hablan de la Chinese European Century (el siglo chino-europeo) y advierten de que a medida que las inversiones y el comercio con Europa crezcan, también lo hará la influencia de Pekín sobre las políticas europeas. De hecho el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) cuenta ya con unos fondos de 100.000 millones de dólares, por tanto un 50% del capital del Banco Mundial.

La plataforma 16+1 se lanzó a disgusto de la UE, que no fue consultada sobre el asunto previamente. Bruselas observa una situación de dependencia por parte de algunos de los países más pobres del continente, causada por una asimetría comercial a favor de China: los trenes llegan a Varsovia con toneladas de productos chinos, pero regresan medio vacíos. La creación de infraestructuras y nuevos centros de producción y distribución de productos chinos avanza en ocasiones fuera del control de la UE. Consecuentemente, la conformidad legislativa de la UE e incluso la unidad europea misma pueden verse afectadas. 

Mayoritariamente, los intereses nacionales de los países europeos parecen dominados por la pura lógica de la economía y carecen de visión estratégica. Han imposibilitado hasta el momento una política común y coordinada de la UE de cara a OBOR. A falta de unidad, Europa tira piedras sobre su propio tejado e irónicamente aplica a sí misma la eficaz estrategia “divide y vencerás”, descrita por el filósofo chino Sunzi hace 2.500 años. 

Nuevo orden internacional

El orden internacional está cambiando: OBOR, que en abrazo paternalista abarca ya a casi todos los países europeos, se presenta como la alternativa china al modelo de Occidente que hasta ahora había dominado el mundo.

EEUU está siendo reemplazado como primera economía mundial y perdiendo su hegemonía política ante el auge de China. Ello lo demuestran las reacciones por parte de los más fieles aliados de Washington en Europa, Londres y Berlín, al unirse a la iniciativa de OBOR sin grandes vacilaciones y a pesar de la advertencias estadounidenses.

China propone crear junto con Europa un nuevo orden internacional económico y financiero. El hito más notorio de esta estrecha colaboración es la inyección china de hasta 10.000 millones de euros en el EFSI, decisión acordada entre Pekín y Bruselas en abril de 2016, convirtiendo a China en el mayor inversor del denominado Plan Juncker. Conjuntamente, pueden generar crecimiento económico y la creación de empleo, construyendo y modernizando redes de infraestructuras que mejoren la conectividad intraeuropea. Esta puede facilitar la apertura a la exportación de productos y servicios europeos a mercados nuevos y mejorar sus condiciones de entrada al propio mercado chino. Europa puede beneficiarse de la mejor conectividad con otras regiones hasta ahora alejadas.

La demanda interna aumentará, a diferencia de lo que ocurrirá en regiones más avanzadas

En las próximas décadas, el consumo petrolero en América Latina seguirá creciendo, frente a una tendencia a la baja que ya se vislumbra en el horizonte de muchos países avanzados. El crecimiento de población y el incremento de la clase media explica ese aumento de la demanda. Esta demanda interna servirá para fortalecer las industrias extractivas de los productores de crudo latinoamericanos, pero hará crónico el déficit de refinación que sufre la región.

ARTÍCULO / Ignacio Urbasos

La industria petrolera está viviendo un cambio en los patrones exportadores y de consumo en la región de América Latina. La clásica orientación del sector hacia los Estados Unidos ha cambiado en un nuevo contexto en el que las exportaciones están mucho más diversificadas con una basculación hacia los países emergentes de Asia. De igual modo, la demanda interna aumenta de forma constante debido al crecimiento poblacional y económico. Sin embargo, la capacidad refinera de la región seguirá siendo insuficiente. En este documento se ofrecerá un análisis enfocado en el largo plazo para tratar de ofrecer una mejor comprensión del futuro energético de la región, principalmente en sus consumos, extracción y posterior refinamiento.

En primer lugar, se deben tener en cuenta las expectativas demográficas y económicas de Latinoamérica: el crecimiento demográfico supondrá el aumento de 800 millones de personas para 2050, y el económico podría ser de un 2% anual durante al menos la próxima década. Efecto directo de esto será el aumento de la demanda eléctrica en un 91% para 2040 y el incremento del número de vehículos en la región de 94 millones en 2016 a los 165 millones esperado para 2040.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico inferior, la mayor demanda de petróleo en la región vendrá asociada al transporte, el cual sí tenderá a una mayor eficiencia en los consumos, pero aún está lejos la prometida llegada del coche eléctrico con expectativas de menos del 4% para 2030 a nivel mundial. Igualmente, el incremento de la clase media en 126 millones de personas para 2030 tendrá un impacto directo en el aumento del transporte aéreo, el cual se prevé que crezca de media un 3,4% anual hasta 2034, de acuerdo al último informe de la OACI, con el consiguiente aumento del consumo de keroseno.

Se debe tener en cuenta que en América Latina existen subsidios tanto a la gasolina como al diésel, lo cual genera precios más asequibles distorsionando la demanda claramente al alza. Estos subsidios responden principalmente a la lógica de que los ciudadanos deben ser beneficiarios de la posesión de recursos naturales por su país, y se concentran en países tradicionalmente petroleros como Ecuador, Venezuela, México o Argentina. No obstante, estos países importan en gran medida el combustible debido a su limitada capacidad refinera, generando un doble déficit comercial y fiscal, como destaca la CEPAL. El futuro de estos subsidios es una incógnita, pero cualquier cambio tendría un alto coste político, ya que al afectar al precio de un bien básico tendría consecuencias sobre amplios sectores sociales con gran impacto electoral.

Por su parte, la contribución del petróleo a la generación eléctrica se mantendrá constante en los 500.000 barriles diarios, descendiendo su importancia desde el 46% actual, según las cifras para Latinoamérica de la Agencia Internacional de la Energía Renovable. La región se verá enormemente beneficiada de la mayor presencia de energías renovables, sector que ya lidera por unas condiciones geográficas incomparables, destacando la enorme importancia de la energía hidroeléctrica.

Durante las próximas décadas dos grandes fenómenos ocurrirán en Latinoamérica: la universalización del acceso a la energía y un nuevo modelo energético con menor presencia del petróleo y biocombustible (madera y desechos) en favor del gas y las energías alternativas. Uno de los grandes retos que afronta la región es la de desarrollar un sistema eléctrico más integrado nacional e internacionalmente que aumente la eficiencia en consumos y permita una mayor flexibilidad en las fuentes de producción. La excepcionalidad geográfica de la región exige enormes inversiones para desarrollar esta tarea; no obstante, ya existen diversos proyectos regionales en esta dirección: Sistema de Interconexión Eléctrico Andino que comprende los países de la Comunidad Andina más Chile y el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).

Déficit de refinación

Este alza en los consumos no está acompañada de una mayor capacidad refinera, la cual ya es enormemente deficitaria, y genera una crítica dependencia de las importaciones de gasolina y otros derivados desde EEUU. Una tendencia que probablemente sea una constante en el corto y en el medio plazo para la región y se añade al descenso del 14% en la actividad refinera en la región desde 2012 (World Oil Outlook 2017), que ya suma una pérdida de un millón de barriles refinados al día desde ese año. Los altos costes de instalación y de mantenimiento, en torno al 2% del coste de instalación anual, se suman a la crónica incertidumbre política de la región que ahuyenta en gran medida la inversión privada.

Un caso ilustrativo es el de la refinería del Pacífico en Ecuador, la cual se presentó como el mayor proyecto refinero del país en los comienzos de la presidencia de Rafael Correa en 2007. El proyecto comenzó con una participación financiera del 49% por parte de PDVSA y un 51% por parte de Petroecuador, además de la adjudicación del proyecto a la constructora Odebrecht. A día de hoy, PDVSA ha retirado su aportación y la constructora brasileña enfrenta juicios en el país por corrupción, dando como resultado una década perdida y obligando a Lenin Moreno a reformular el proyecto, incluido el nombre: ahora Refinería de Manabí.

Tal y como podemos ver en el gráfico, los grandes productores petroleros de América Latina cuentan con una deficitaria capacidad refinera. Debe tenerse en cuenta que en la región no solo existe una infra capacidad, sino también una infra actividad, lo que genera una brecha todavía mayor. La actividad de estas plantas se encuentra en la actualidad en torno al 70% de su capacidad total. Aquellos países que no cuentan con producción petrolera, pero sí con una relevante industria del refino, son Curaçao, que cuenta con una de los mayores centros de PDVSA, Chile y Perú.

En definitiva, el sector petrolero latinoamericano encara las próximas décadas con enormes dudas en su capacidad refinera y lejos de alcanzar una autosuficiencia. La falta de capacidad para atraer inversión extranjera de los países históricamente petroleros ha generado un escenario decepcionante que agrava la ya de por sí limitada industria en la región. Las transformaciones sociales propias de una sociedad que crece demográfica y económicamente exigen inversión en infraestructuras para poder colmar las expectativas de un acceso universal a la red eléctrica y el consumo propio de la incipiente clase media.

Taiwán llega a importar hasta cuatro veces más que China desde los países centroamericanos que le reconocen como Estado

De los casi doscientos países que existen en el mundo, solo 19 tienen relaciones diplomáticas con Taiwán (y, por tanto, no las tienen con China). De ellos, cinco están en Centroamérica y cuatro en el Caribe. El reconocimiento de Taipéi tiene algunas ventajas para esos países, aunque han ido quedando neutralizadas por el peso comercial de China. Panamá estableció relaciones con Pekín en 2017 y República Dominicana lo acaba de hacer ahora. Aquí examinamos el interés que aún tiene la preferencia por Taiwán para ciertos países de Centroamérica.

ARTÍCULO / Blanca Abadía Moreno

La especial relación de Taiwán con Centroamérica se remonta al período que siguió a la salida de Taiwán en 1971 de la Organización de las Naciones Unidas, donde la China nacionalista fue desplazada por la República Popular de China. Varios países latinoamericanos habían establecido relaciones con Taiwán en la década de 1960, pero la mayoría pasaron paulatinamente a reconocer a Pekín tras el cambio en la ONU. Taiwán retuvo, no obstante, el apoyo de las naciones centroamericanas y en la década de 1980 ganó además el de pequeñas islas del Caribe que entonces adquirieron la independencia.

La emergencia de China como gran socio comercial internacional ha ido restando reconocimientos diplomáticos a Taiwán. Costa Rica estableció plenos vínculos con China en 2007, Panamá en 2017 y República Dominicana el pasado 1 de mayo. Aun así, de los 19 países que siguen optando por Taipéi frente a Pekín, cinco están en Centroamérica: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua (este país con un hiato de cinco años, de 1985-1990). Otros cuatro se encuentran en el Caribe: Haití y tres minúsculas naciones de las Antillas menores. Si se tiene en cuenta que el resto de países que reconocen a Taiwán tienen poca importancia comercial, salvo Paraguay (se trata del Vaticano, Burkina Faso, Suazilandia y seis microestados de Polinesia), se entiende que Centroamérica absorba el interés diplomático de Taiwán.

Dado que la teoría constitutiva de la estadidad define un Estado como una persona de derecho internacional si, y solo si, es reconocido como soberano por otros, Taiwán se esfuerza en asegurarse que esos países sigan reconociéndolo como sujeto de pleno derecho en el concierto de las naciones; perder su apoyo afectaría directamente a la legitimidad de sus alegaciones como Estado soberano.

Para ello, Taipéi fomenta la relación comercial con ellos, les procura inversiones y utiliza lo que se llama la “diplomacia de la chequera”: la entrega de regalos (y sobornos) para que se mantengan esas relaciones. Los países centroamericanos reciben un promedio de 50 millones de dólares anuales de cooperación no reembolsable declarada. Taiwán orienta la ayuda hacia sus aliados Latinoamericanos por medio del Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional (ICDF), con programas que van desde la construcción de infraestructura hasta la producción de café. Así, Taiwán ha financiado y construido diversos edificios gubernamentales en Nicaragua y El Salvador.

Además, la nación asiática contribuye a programas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y es país observador en el Parlamento Centroamericano y otras organizaciones regionales.

Ese esfuerzo, no obstante, no ha impedido que en los últimos años se hayan dado bajas entre los países centroamericanos que le veían dando reconocimiento diplomático. El desarrollo económico de Costa Rica llevó en 2007 a este país a querer mejorar sus cifras comerciales mediante una aproximación a China, que supuso la apertura de una embajada en Pekín y el cierre de la que tenía en Taipéi. Por el mismo motivo, Panamá también optó en 2017 por romper con las relaciones diplomáticas con Taiwán, afirmando que China, un destacado usuario del canal panameño, “siempre ha jugado un papel relevante en la economía de Panamá” y había que eliminar cualquier restricción que lo impidiera seguir siendo.

Relaciones comerciales

Las relaciones comerciales entre Taiwán y los países centroamericanos que le reconocen como Estado se incrementaron significativamente gracias a la apertura en 1997 de la Oficina Comercial de Centroamérica (CATO) en Taiwán, la incorporación de este país al BCIE y la entrada en vigor de varios tratados comerciales. Así, Taiwán firmó tratados de libre comercio con Guatemala (2006), con Honduras y El Salvador (2006) y con Nicaragua (2008).

Esos tratados han facilitado especialmente la exportación centroamericana a Taiwán. Como ocurre con la mayoría de países latinoamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen a China como uno de los principales orígenes de sus importaciones (el 1º sigue siendo Estados Unidos). Su alineamiento político con Taiwán no les impide ser clientes de la producción de China. De esta forma, en 2016, China estuvo entre los puestos 2º y el 3º como mercado de procedencia, mientras que Taiwán se situó muy abajo en la tabla (entre el puesto 14º y el 23º). Sin embargo, la particular relación con Taipéi hace que Taiwán iguale o sobrepase a China como destino de las exportaciones de los cuatro países centroamericanos mencionados. Ese es el beneficio comercial que obtienen del reconocimiento diplomático a la isla asiática.

De este grupo de países, Nicaragua es el que en 2016 más exportó a Taiwán (83,7 millones de dólares) en comparación con las exportaciones a China (21,5 millones), en una proporción de cuatro a uno. Los principales productos nicaragüenses exportados fueron camarón, azúcar, carne bovina y café.

Honduras exportó a Taiwán por valor de 24,7 millones de dólares –principalmente productos textiles, café y aluminio– frente a los 18,5 millones colocados a China. Por su parte, El Salvador envió a Taiwán cargas por valor de 53,3 millones –sobre todo azúcar–, y de 46,5 millones a China. Guatemala, cuya economía tiene un volumen mayor, fue el único país en vender más a China (75,5 millones), pero en cifras muy similares a las de Taiwán (74 millones), a donde envió sobre todo café, papel y cartón.

Con estas relaciones diplomáticas y comerciales Taiwán pretende mostrar a la sociedad internacional que es un aliado capaz y responsable para la cooperación internacional. Así como hacer ver al mundo que la diplomacia taiwanesa existe pese a los intentos de asilamiento de China. El hecho de que China tenga un especial interés por mercados que le faciliten el acceso a materias primas hace que el gigante asiático esté más atento a las relaciones con diversos países de Sudamérica, ricos en minerales; es ahí donde Pekín concentra sus inversiones latinoamericanas.

Centroamérica, con menor actividad extractiva, se escapa de esta forma de la prioridad china (el interés por el Canal de Panamá es un caso aparte), y queda de momento para la acción de Taiwán. No obstante, el carácter cada vez más residual del apoyo a la isla y el peso mismo de las relaciones con China hacen prever que los países centroamericanos seguirán dándose de baja, uno tras otro, de este particular club.

Casi dos tercios de las reservas mundiales de litio identificadas se encuentran en Bolivia, Chile y Argentina

La explosión de la automoción eléctrica mediante el uso de baterías de ión de litio ha puesto las grandes reservas de este metal del altiplano boliviano y el desierto de Atacama en el centro del interés mundial de esa nueva industria. ¿Aprovechará Sudamérica la ocasión para adentrarse ella misma en procesos de innovación tecnológica, o volverá a resignarse, como ha ocurrido con tantos otros minerales, a una mera labor de extracción?

▲Salar de Uyuni, en el altiplano de Bolivia [Luca Galuzzi, Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Milene Pardo-Figueroa

Con la incorporación gradual de vehículos eléctricos al mercado, además del aumento de la venta de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos –productos todos ellos activados por baterías de ión de litio–, la demanda mundial de litio está aumentando. Este elemento químico alcalino, que en su forma pura se presenta como un metal blando, especialmente ligero, es abundante en la naturaleza, si bien las mayores reservas están concentradas en unos pocos países. Debido a las condiciones de su extracción, esta es especialmente rentable en las zonas secas del triángulo delimitado por las fronteras de Bolivia, Chile y Argentina. Si el litio es conocido como “petróleo blanco” o “nueva gasolina”, por el color del salitre de los depósitos donde se encuentra y por ser impulso motriz de los modernos automóviles, la zona fronteriza de esos países es denominada la “Arabia Saudí del litio”.

La “fiebre” por el litio ha llevado a una producción actual de 40.000 toneladas anuales, una cifra que queda por debajo de la enorme demanda existente, que en estos momentos plantea una necesidad de 180.000 toneladas. Aunque ese volumen pueda alcanzarse en los próximos años, los cálculos hablan de una demanda de entre 500.000 y 800.000 toneladas en 2025. Para entonces, de acuerdo con algunas previsiones, el mercado mundial de baterías de litio podría tener un valor de 46.000 millones de dólares. Parte del empuje del sector viene de la innovación de los automóviles eléctricos. La expansión de ese mercado, no obstante, podría verse ralentizada si no se acelera la producción de litio. Como ha advertido el empresario visionario Elon Musk, promotor de la marca de autos eléctricos de alta gama Tesla, “para crear 500.000 vehículos al año, básicamente tenemos que retener toda la generación de litio en el planeta”.

La dificultad para atender esa creciente demanda viene de los altos costos de extracción, que varían considerablemente en función de las características del depósito. Los depósitos más rentables se hallan en los concentrados de salmuera existentes en climas áridos, que al sacarlos a la luz experimentan una rápida evaporación. El lugar donde eso se da especialmente es el área formada por el desierto de Atacama y el altiplano boliviano.

La producción mundial está encabezada por Australia, que en 2016 extrajo 14.300 toneladas, seguida de Chile, con 12.000, y Argentina, con 5.700, de acuerdo con las cifras del Estudio Geológico de EEUU. El volumen de reservas identificadas sitúa a los países suramericanos claramente por delante, especialmente a Bolivia, que reúne los mayores depósitos aunque por ahora haya desarrollo poco la actividad minera de este metal. Así, Bolivia cuenta con unas reservas identificadas de 9 millones de toneladas (22,7% del total mundial), Chile de 7,5 millones (18,9%) y Argentina de 6,5 millones (16,4%), lo que supone que los tres países cuentan con el 58% de las reservas mundiales. Tras ellos están Estados Unidos, con 5,6 millones (13,9%), y China, con 5,4 millones (13,6%). Otras estimaciones otorgan a China unas reservas similares a las de Argentina. El sector está dominado por cinco grandes compañías, que controlan el 90% de la producción mundial: SQM (Chile), FMC y Albermarle (EEUU), Talison (Australia) y Tianqi Lithium (China).

El triángulo blanco

El Salar de Uyuni en el altiplano boliviano –una superficie cubierta de sal, generada por la evaporación de las aguas de mar que quedaron encerradas en un lago al emerger la cordillera de los Andes en su formación–, acoge lo que podría ser el mayor depósito de litio del mundo. Su obtención se enfrenta al problema de que aquí el metal está especialmente mezclado con magnesio y la separación de ambos requiere del acceso a tecnología que de momento Bolivia no dispone a gran escala. Ante el temor de empresas extranjeras sean las que controlen la extracción y dejen escaso beneficio al país, como pasó históricamente con el desarrollo de la minería, el gobierno de Evo Morales ha optado de momento por una explotación limitada. Las autoridades bolivianas han preferido impedir la penetración de multinacionales, con el fin de asegurarse de que la nación sudamericana mantiene el control del negocio. Morales ha anunciado planes para la puesta en marcha, con financiación pública, de una instalación para la fabricación de carbonato de litio en la planta de sal de Uyuni.

La explotación de litio está mucho más avanzada en Chile, país que representa alrededor del 33% del suministro mundial, gracias a los grandes yacimientos en el desierto de Atacama y al desarrollo de una industria propia. La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), compañía privada chilena, lidera el sector nacional, en el que las concesiones están estrechamente controladas por el Estado. Por su parte, Argentina está dando pasos para impulsar el negocio del litio; con ese fin, el gobierno de Mauricio Macri está procediendo a la liberalización del sector y ha establecido contactos para atraer capital extranjero.

Más allá de los beneficios económicos que estos países sudamericanos pueden obtener del auge de la explotación de litio, en sus sociedades se ha generado un debate sobre el impacto ecológico que esta puede causar en lugares tan singulares por sus características naturales como Atacama o Uyuni; hay voces que advierten de que la solución salina andina pueden estar condenada a desaparecer para satisfacer el interés exterior por las baterías. También se teme un impacto social, sin compensaciones para los grupos humanos asentados en los territorios afectados.

Por otra parte, el impacto negativo que ha tenido históricamente en Latinoamérica la perpetuación de una cultura económica de extracción aconseja a Bolivia, Chile y Argentina que aprovechen la ocasión para intentar desarrollar iniciativas propias de transformación y nuevas tecnologías en la generación de baterías, sin limitarse, como ocurre con tantos otros minerales, en una actividad extractora.

Las presidenciales del 1 de julio no abren un debate en serio sobre el combate contra el narcotráfico

La 'mano dura' que en 2006 comenzó Felipe Calderón (PAN), con el despliegue de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, fue prorrogada en 2012 por Enrique Peña Nieto (PRI). En estos doce años la situación no ha mejorado, sino que ha aumentado la violencia. En las elecciones de este 2018 ninguno de los principales candidatos presenta un radical cambio de modelo; el populista Andrés Manuel López Obrador (Morena) propone algunas llamativas medidas, pero sigue contando con la labor del Ejército.

▲El presidente mexicano en el Día de la Bandera, en febrero de 2018 [Presidencia de la República]

ARTÍCULO / Valeria Nadal [Versión en inglés]

México afronta un cambio de sexenio después de cerrar 2017 como el año más violento en la historia del país, con más de 25.000 homicidios. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Puede comenzar a resolverse en los próximos años?

Existen diversas teorías sobre el inicio del narcotráfico en México, pero la más consensuada argumenta que el narcotráfico mexicano vio su nacimiento cuando Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 1933 y 1945, impulsó el cultivo de la amapola en territorio mexicano con la velada intención de fomentar la producción de grandes cantidades de morfina para aliviar los dolores a los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el narcotráfico no fue un problema nacional grave hasta la década de 1980; desde entonces los cárteles se han multiplicado, la violencia ha aumentado y los delitos se han expandido por la geografía mexicana.

La nueva etapa de Felipe Calderón

En la lucha contra el narcotráfico en México la presidencia de Felipe Calderón marcó una nueva etapa. Candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Calderón fue elegido para el sexenio 2006-2012. Su programa incluía la declaración de guerra a los cárteles, con un plan de “mano dura” que se tradujo en el envío del Ejército a las calles mexicanas. Aunque el discurso de Calderón era contundente y tenía un objetivo claro, exterminar la inseguridad y la violencia provocada por el narcotráfico, el resultado fue el opuesto a causa de que su estrategia se basada exclusivamente en la acción de policías y militares. Esta militarización de las calles se realizó a través operativos conjuntos que combinaban las fuerzas del Gobierno: Defensa Nacional, Seguridad Pública, la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, y pese al gran despliegue realizado y el incremento de un 50% en el gasto en seguridad, la estrategia no funcionó; los homicidios no solo no se redujeron, sino que aumentaron: en 2007, el primer año presidencial completo de Calderón, se registraron 10.253 homicidios y en 2011, el último año entero de su presidencia, se llegó a un récord de 22.409 homicidios.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ese año récord de 2011 casi un cuarto del total de la población mexicana mayor de 18 años (24%) fue asaltada en la calle, sufrió algún robo en el transporte público o fue victima de extorsión, fraude, amenazas o lesiones. Las tasas de violencia fueron tan altas que sobrepasaron aquellas de países en guerra: en Irak hubo entre 2003 y 2011 una media de 12 asesinatos diarios por cada 100.000 habitantes, mientras que en México esa media alcanzaba los 18 asesinatos diarios. Finalmente, cabe mencionar que la cifra de denuncias ante esta ola indiscriminada de violencia fue bastante baja: solo un 12% de las víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico denunció. Esta cifra está probablemente relacionada con la alta tasa de impunidad (70%) que marcó también el mandato de Calderón.

El nuevo enfoque de Peña Nieto

Tras el fracaso del PAN en la lucha contra el narcotráfico, en 2012 fue elegido presidente Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con ello, este partido que había gobernado durante décadas ininterrumpidas, volvía al poder después de dos sexenios seguidos de ausencia (presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del PAN). Peña Nieto asumió el cargo prometiendo un enfoque nuevo, contrario a la “guerra abierta” planteada por su predecesor. Principalmente puso el acento de su política de seguridad en la división del territorio nacional en cinco regiones para incrementar la eficacia y coordinación de los operativos, en la reorganización de la Policía Federal y en el fortalecimiento del marco legal. Con todo, el nuevo presidente mantuvo el empleo del Ejército en la calle.

Los resultados de Peña Nieto en su lucha contra el narcotráfico han sido peores que los de su predecesor: durante su mandato, los homicidios dolosos han aumentado en 12.476 casos respecto al mismo periodo en la administración de Calderón y 2017 cerró con la pesarosa noticia de ser el año más violento en México hasta la fecha. A escasos meses de que termine su sexenio, y en un último esfuerzo por enmendar los errores que la han marcado, Peña Nieto propició la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que fue votada por el Congreso de México y promulgada en diciembre del pasado año. Esta ley no remueve a los militares de las calles, sino que pretende garantizar jurídicamente esa capacidad de actuación policial por parte de las Fuerzas Armadas, algo que antes solo tenía carácter provisional. Según la ley, la participación militar en las operaciones diarias antinarcóticos no es para suplantar a la Policía, sino para reforzarla en aquellas zonas donde esta se vea incapaz de poder hacer frente al narcotráfico. La iniciativa contó con críticas que, si bien reconocían el problema de la escasez de medios policiales, advertían del riesgo de un despliegue militar ilimitado en el tiempo. Así pues, aunque Peña Nieto comenzó su mandato intentando distanciarse de las políticas de Calderón, lo ha concluido consolidándolas.

Qué esperar de los candidatos de 2018

Ante la ineficacia evidente de las medidas adoptadas por ambos presidentes, la pregunta en este año electoral es qué política antinarcóticos adoptará el próximo presidente, en un país en el que no hay reelección y por tanto cada sexenio presidencial supone un cambio de rostro. Los tres principales candidatos son, por el orden que vienen marcando las encuestas: Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Ricardo Anaya, de la coalición del PAN con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y José Antonio Meade, del PRI. López Obrador estuvo cerca de alcanzar la presidencia en 2006 y en 2012, en ambas ocasiones como candidato del PRD (previamente había sido dirigente del PRI); luego creó su propio partido.

Meade, que representa una cierta continuidad respecto a Peña Nieto, aunque en la campaña electoral ha adoptado un mayor tono anticorrupción, se ha pronunciado a favor de la Ley de Seguridad Interior: “Es una ley importante, es una ley que nos da marco, que nos da certeza, es una ley que permite que la participación de las Fuerzas Armadas esté bien regulada y normada”. Anaya también se ha posicionado favorablemente ante esa ley, ya que considera que una retirada del Ejército de las calles sería “dejar a los ciudadanos a su suerte”. No obstante, apuesta por la necesidad de que la Policía recupere sus funciones y critica duramente la falta de responsabilidad del Gobierno en materia de seguridad pública alegando que México ha entrado en un “círculo vicioso que se volvió comodísimo para gobernadores y alcaldes”. En cualquier caso, ni Meade ni Anaya han especificado qué giro podrían dar que resultara realmente efectivo para reducir la violencia.

López Obrador, desde posiciones de un populismo de izquierda, supone un mayor cambio respecto a políticas anteriores, si bien no está clara la eficacia que podrían tener sus medidas. Además, alguna de ellas, como la de otorgar amnistía a los principales líderes de los cárteles de droga, se antoja claramente contraproducente. En los últimos meses, el candidato de Morena cambió el foco de su discurso, que primero estuvo centrado en la erradicación de la corrupción y luego abundó en cuestiones de seguridad. Así, ha dicho que si logra la presidencia asumirá la responsabilidad completa de la seguridad del país integrando en un mando único al Ejército, la Marina y la Policía, a los que se añadiría una guardia nacional, de nueva creación. Además, ha anunciado que sería exclusivamente él quién asumiría el mando único: “Voy a asumir de manera directa esta responsabilidad”. López Obrador se compromete a acabar la guerra contra el narco en los tres primeros años de su mandato, asegurando que, junto a medidas de fuerza, sus gestión logrará un crecimiento económico que se traducirá en la creación de empleo y la mejora del bienestar, lo que reducirá la violencia.

En conclusión, la década contra el narcotráfico que se inició hace casi doce años ha resultado ser un fracaso que se puede medir en cifras: desde que Calderón llegó a la presidencia de México en 2006 con el lema “Las cosas pueden cambiar para bien”, 28.000 personas han desaparecido y más de 150.000 han fallecido a causa de la narcoguerra. A pesar de pequeñas victorias para las autoridades mexicanas, como la detención de Joaquín “el Chapo” Guzmán durante la presidencia de Peña Nieto, la realidad que impera en México es la de una intensa actividad delictiva de los carteles de droga. De las propuestas electorales de los candidatos presidenciales no cabe esperar una rápida mejora en el próximo sexenio.

China, India y Japón están invirtiendo en sus respectivas fuerzas aéreas con la mirada puesta en el vecino

Corea del Norte es quien llena los titulares de prensa sobre armamento que atraviesa el espacio, pero son las grandes potencias de Asia –China, India y Japón– las que se están esforzando por tener una completa potencialidad aérea.

▲Caza furtivo chino J-20

ARTÍCULO / Sebastián Bruzzone

Corea del Norte no es el poder aéreo militar más poderoso de Asia. Los desfiles exuberantes y frecuentes lanzamientos de misiles balísticos por parte de esta nación están ciertamente lejos de su poder armamentístico real, aunque invierten aproximadamente el 15% de su PIB en él. La hegemonía aérea militar está principalmente en tres centros-Estados:

Japón. La fuerza aérea japonesa, establecida en 1954, combina su nivel de técnica y sofisticación con aviones de Estados Unidos. Ambos países, también con Corea del Sur, realizan prácticas en el espacio aéreo del Océano Pacífico. Su flota de aviación varía de generación en generación. Cuenta con modernos aviones F-15 y F-2 fabricados por Mitsubishi Industries (compañía japonesa, nacional) y Lockheed Martin (compañía estadounidense), y con aviones más antiguos como el Phantom F-4. Del mismo modo, tiene un equipo de alerta temprana y asistencia inmediata, y otro de aviones cisterna para mantener el resto de los aparatos en el aire el mayor tiempo posible.

India. La Fuerza Aérea de la India posee tecnología soviética y nacional, al mismo tiempo que un sistema de entrenamiento y gestión de la Royal Air Force británica. Su flota tiene 300 cazas de última generación complementados con MiG-21, más antiguo. Además, 200 aviones de ataque terrestre ofensivos y C-17 Globemaster en el campo de la logística para garantizar el transporte de carga y el reabastecimiento de combustible y la advertencia inmediata.

China. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno chino ha invertido en su armamento aéreo para convertirse en la principal potencia militar del continente. Hoy, tiene 600 cazas de las generaciones 4 y 4.5, así como los aviones de los países antes mencionados. A diferencia de Japón y la India, el principal fabricante de sus equipos es el propio país y no han sido importados de ninguna otra nación. Lo que más destaca de la Fuerza Aérea de China es la evolución en los últimos años. Ha pasado de tener una flota muy grande y poco entrenada a estar formada por pilotos que pueden pasar más de 24 horas en un avión. Sin embargo, la industria de la aviación china todavía tiene problemas de calidad en sus motores. Aun así, podemos estar hablando del poder aéreo más importante de Asia.