La avalancha de menores extranjeros no acompañados sufrida por la Administración Obama en 2014 ha sido superada en un 2019 con un nuevo pico migratorio

En verano de 2014, Estados Unidos sufrió una crisis migratoria por un incremento inesperado del número de menores extranjeros no acompañados, en su mayoría centroamericanos, que llegaron a su frontera con México. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Aunque oscilante, el volumen de este tipo de inmigración bajó, pero en 2019 se ha registrado un nuevo récord, de la mano de la ˝crisis de las caravanas˝, que ha llevado al alza de nuevo las aprehensiones totales en la frontera.

▲ Agentes fronterizos de EEUU registran a menores no acompañados en la frontera de Texas con México, en 2014 [Hector Silva, USCBP–Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Marcelina Kropiwnicka [Versión en inglés]

Estados Unidos acoge a más inmigrantes que cualquier otro país del mundo, con más de un millón de personas que llegan cada año, ya sea como residentes legales permanentes, solicitantes de asilo y refugiados, o en otras categorías de inmigración. Si bien no existe una cifra exacta de cuántas personas cruzan ilegalmente la frontera, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (US Customs and Border Control) miden los cambios en la inmigración ilícita a partir de la cantidad de aprehensiones que se realizan en la frontera; dichas detenciones sirven como indicador del número total de intentos de entrar en el país ilegalmente. En cuanto a los datos, se puede concluir que ha habido cambios notables en la demografía de la migración ilegal en la frontera con México (frontera suroeste, en términos oficiales estadounidenses) en los últimos años.

El pico de aprehensiones en la frontera con México fue durante el año 2000, cuando se detuvo a 1,64 millones de personas que intentaban entrar ilegalmente en Estados Unidos. Las cifras han disminuido, en general, desde entonces. En los últimos años ha habido más aprehensiones de no mexicanos que de mexicanos en la frontera con el vecino país, lo que refleja una disminución en el número de inmigrantes mexicanos no autorizados que llegaron a Estados Unidos en la última década. El aumento, de hecho, se debió en gran medida a quienes huyeron de la violencia, la actividad de las pandillas y la pobreza existentes en Guatemala, Honduras y El Salvador, región conocida como el Triángulo Norte centroamericano.

Las naciones incluidas en el Triángulo Norte se encuentran entre las más pobres de América Latina —un alto porcentaje de la población todavía vive con menos de 2 dólares al día (el umbral de pobreza internacional es de 1,90 dólares)—; en ellas apenas ha habido avances los últimos años en la reducción de la pobreza. Dentro de América Latina y el Caribe, Honduras tiene la segundo porcentaje más alto de población que vive por debajo del umbral de pobreza (17%), después de Haití, según los últimos datos del Banco Mundial.

Menores extranjeros no acompañados

Mientras en la última década ha habido menos adultos, sin compañía de familia, que han intentado cruzar la frontera sin autorización, se ha registrado en cambio una oleada de menores extranjeros no acompañados (MENAs) tratando de entrar en Estados Unidos desde México. La migración de menores sin adultos acompañándoles no es nueva; lo nuevo es ahora su volumen y la necesidad de aplicar políticas en respuesta a este problema. El aumento de las aprehensiones de MENAs en el ejercicio 2014 causó alarma y motivó tanto un intenso escrutinio de los medios de comunicación como la aplicación de respuestas políticas; la atención se mantuvo incluso aunque el fenómeno decreció. Los números cayeron de nuevo a poco menos de 40.000 aprehensiones de menores al año siguiente.

La comunidad internacional define a un menor migrante no acompañado como una persona, "que es menor de dieciocho años" y que se encuentra "separado de ambos padres y no está siendo atendido por un adulto que por ley o costumbre tiene la responsabilidad de hacerlo". Muchos de estos menores no acompañados se presentan inmediatamente a la seguridad fronteriza de Estados Unidos, mientras que otros entran en el país desapercibidos e indocumentados. No solo esto, sino que los niños no tienen padres o tutores legales disponibles para proporcionar atención o custodia física, lo cual rápidamente desborda los servicios de las patrullas fronterizas locales.

En 2014 muchos de los niños no acompañados afirmaron que tenían la falsa impresión de que la Administración Obama estaba otorgando "permisos" a los niños que tenían familiares en Estados Unidos, siempre y cuando llegaran como más tarde en junio. Estos falsos convencimientos y bulos propagados fueron aún más potentes este último año, especialmente cuando el presidente Trump continúa reforzando la idea de restringir el acceso de los migrantes a EEUU. Los cárteles han seguido transportando un número cada vez más alto de centroamericanos migrantes de sus países a Estados Unidos.

Momentos críticos de 2014 y 2019

En 2014, durante el segundo mandato de Obama, las aprehensiones totales a lo largo de la frontera con México llegaron a 569.237 (esta cifra incluye las personas "no-admisibles"), un récord solo superado ahora. Si bien el incremento respecto al año anterior fue de un 13%, el aumento fue mucho más notable en cuanto a las detenciones de MENAs; estas pasaron de 38.759 en el año fiscal de 2013 a 68.541 en el año fiscal de 2014 (en EEUU el año fiscal va de octubre de un año a septiembre del siguiente), un aumento de casi el 80%, más de cuatro veces de las registradas en el año fiscal 2011. En el caso de menores procedentes de Honduras, la cifra pasó en un año de 6.747 a 18.244; los de Guatemala subieron de 8.068 a 17.057, y los de El Salvador, de 5.990 a 16.404 (los de México, en cambio, bajaron de 17.240 a 15.634). El mayor número de aprehensiones se dio en mayo, mes en el que las detenciones de MENAs supusieron el 17% del total de aprehensiones.

Desde 2014, las aprehensiones de menores no acompañados, aunque fluctuantes, descendieron en número. Pero en 2019 se ha registrado un nuevo récord, llegando a los 76.020, con un máximo en el mes de mayo. No obstante, ese mes supusieron solo el 9% de las aprehensiones totales, pues en esta ocasión no ha sido propiamente una crisis de MENAs, sino que se ha insertado en un notable pico de las aprehensiones totales. Si bien las aprehensiones generales disminuyeron significativamente durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, luego subieron, alcanzando en 2019 un total de 851.508 (con los "no-admisibles" la cifra llegó a 977.509), lo que supone más del doble respecto a 2018. El número de aprehensiones totales aumentó un 72% de 2014 a 2019 (en el caso de los MENAs el incrementó fue del 11%).

Aprehensiones de menores extranjeros no acompañados en la frontera entre EEUU y México, entre 2012 y 2019 (gráfico 1), y comparación de 2014 y 2019 por meses (gráfico 2). Fuente: US Customs and Border Patrol.

Reacción

Estados Unidos tenía diversas políticas internas destinadas a hacer frente al aumento masivo de la inmigración. Sin embargo, con el abrumador pico de 2014, Obama solicitó la financiación de un programa para "la repatriación y reintegración de los migrantes a los países de Centroamérica y para abordar las causas profundas de la migración de estos  países". Aunque la financiación del programa fue bastante consistente en los últimos años, el presupuesto para 2018 propuesto por el presidente Trump redujo la ayuda a estos países en aproximadamente un 30%.

La Administración Trump ha hecho progresos en la aplicación de su agenda sobre inmigración, desde el comienzo de la construcción del muro en la frontera con México hasta la puesta en marcha de nuevos programas, pero la línea dura ya prometida por Trump en su carrera hacia la Casa Blanca ha demostrado no ser eficaz en impedir que miles de familias centroamericanas atraviesen la frontera sudoeste hacia los Estados Unidos. Con la violencia extrema de las pandillas siendo desenfrenada y la existencia de tecnicismos en el sistema de inmigración de EEUU, la motivación de los migrantes para abandonar sus países permanecerá.

Algunos diplomáticos de EEUU y Canadá que estuvieron La Habana entre 2016 y 2018 siguen sin recuperarse del todo de las dolencias sufridas

▲ Edificio de la Embajada de Estados Unidos en Cuba [Departamento de Estado]

ANÁLISIS / Eduardo Villa Corta

Hace tres años, personal diplomático de Estados Unidos destinado en Cuba comenzó a sentir molestias físicas supuestamente causadas por unos extraños sonidos a los que al parecer habían estado expuestos; Washington habló de un ˝ataque sónico˝. Sin embargo, si bien han podido determinarse como anómalos los síntomas padecidos por los afectados, no se ha logrado establecer lo que los provocó. ¿Fue realmente un ataque? ¿Quién estaría detrás? Repasamos aquí las principales hipótesis y conjeturas que se han realizado, y señalamos sus puntos débiles.

A finales de 2016 y principios de 2017 diversos diplomáticos estadounidenses con destino en La Habana, así como miembros de sus familias, reportaron sufrir mareos, vértigos y dolores agudos en los oídos que podían estar causados por unos extraños sonidos a los que habían estado expuestos. Según sus testimonios, los sonidos provenían de una dirección específica, y los habían escuchado en sus propias residencias o, en algunos casos, en habitaciones de hotel, mientras que las personas alojadas en casas vecinas o habitaciones contiguas no habían oído ningún sonido especial. El fenómeno también afectó a diplomáticos canadienses en la capital cubana. En total, unas cuarenta personas fueron atendidas por esos síntomas.

Ataque acústico

Haciéndose eco de los hechos reportados por su personal en Cuba, a mediados de 2017 el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que los síntomas podrían haber sido causados por un ataque sónico del gobierno cubano dirigido contra los diplomáticos y sus familias. En octubre de 2017, el presidente Donald Trump acusó directamente a La Habana: “Yo creo que Cuba es responsable; sí, lo creo”.

A comienzos de 2018 el Departamento de Estado emitió un comunicado de alerta para no viajar a Cuba debido a una posible crisis sanitaria y retiró a buena parte del personal de la misión diplomática de La Habana, reduciendo la actividad de esta al mínimo posible. Hasta ese momento un total de 24 estadounidenses se habían visto afectados.

Por entonces también el Gobierno canadiense indicó que diplomáticos suyos habían experimentado molestias similares. Ottawa decidió evacuar a las familias de sus empleados en Cuba y a comienzos de 2019 procedió a reducir el personal de la embajada ante lo que parecía ser la aparición de un decimocuarto caso.

El Gobierno cubano negó desde el primer momento estar implicado en ninguna operación de acoso contra EEUU o Canadá. ˝No hay ninguna prueba sobre la causa de las dolencias reportadas, ni tampoco hay pruebas que sugieran que esos problemas de salud hayan sido causados por un ataque de ningún tipo˝, aseguró La Habana. El Gobierno de Raúl Castro ofreció su cooperación en la investigación de los hechos, sin que saliera a la luz nada que pudiera explicar el caso. No aparecieron dispositivos que pudieran haber provocado los sonidos.

Agregando confusión a la situación, al menos dos diplomáticos estadounidenses destinados en China, ocupados en el consulado general de Guangzhou, el más grande que EEUU tiene en el país, presentaron a comienzos de 2018 también los síntomas ya descritos. Washington los evacuó y publicó una advertencia sanitaria sobre las misiones en la región continental de China.

La agencia Associated Press publicó en octubre 2017 una grabación de los supuestos sonidos causantes de la dolencia reportada, e indicó que las agencias gubernamentales habían sido incapaces de determinar la naturaleza del ruido y de explicar su relación con los trastornos corporales provocados. Meses después apuntó que los informes internos del FBI no establecían siquiera que hubiera habido un “ataque”. Otros medios destacaron la escasa cooperación en la investigación, por cuestiones de celo jurisdiccional, entre el Departamento de Estado, el FBI y la CIA.

Síntomas del “síndrome de la Habana”

Un equipo médico de la Universidad de Pensilvania, a petición del Gobierno estadounidense, examinó a 21 personas afectadas por lo que la prensa comenzó a llamar “síndrome de la Habana”. La investigación, publicada inicialmente en marzo de 2018 en el Journal of the American Medical Association (JAMA), indicó que la mayoría de los pacientes reportaba problemas de memoria, concentración y equilibrio, y determinó que parecían haber sufrido heridas en extensas redes cerebrales.

Datos posteriores del mismo equipo ampliados a 40 pacientes, dados a conocer en julio de 2019, condujeron a la conclusión de que los diplomáticos habían experimentado un cierto traumatismo craneoencefálico. Los resultados de las resonancias magnéticas, comparados con los de un grupo de personas sanas, permitía advertir diferencias en el volumen de las sustancias blanca y gris del cerebro, en la integridad de las microestructuras del cerebelo y en la conectividad funcional relativas a las subredes para la audición y la visión espacial, si bien no para las funciones ejecutivas.

Este informe concluyó que el personal diplomático había sido herido físicamente, aunque no pudo determinar la causa. También destacó que los pacientes no experimentan una recuperación usual, pues no se están recuperando rápidamente de los síntomas, como ocurre en otros casos de similares “contusiones” o problemas de oído.

SI NO FUE UN ATAQUE, ¿QUÉ FUE?

Al no haberse podido establecer una causa clara de lo que provocó los males padecidos por el personal diplomático de EEUU y Canadá y algunos miembros de sus familias, la misma realidad de un ataque ha sido puesto en cuestión. Aunque se han dado diversas explicaciones alternativas, sin embargo ninguna de ellas resulta plenamente convincente.

1) Histeria colectiva

Formulación. Algunos neurólogos y sociólogos, como Robert Bartholomew, han sugerido que podría tratarse de un caso de histeria colectiva. Dada la presión a la que se encuentran sometidos algunos de los diplomáticos que trabajan en entornos muy poco amigables, y la relación endogámica en la que viven, conviviendo casi exclusivamente entre ellos, podría explicar un convencimiento mutuo de un ataque exterior que incluso tuviera consecuencias somáticas.

Punto débil. Tanto la investigación de la Universidad de Pensilvania como el médico del Departamento de Estado, Charles Rosenfarb, que comparecenció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, vinieron a descartar que los síntomas sufridos por los diplomáticos se debieran a un mero mecanismo mental. Es muy difícil que unas sesenta personas, contando a estadounidenses y canadienses, se convencieran entre ellos de una agresión de este tipo y que luego casi todos ellos desarrollaran las mismas lesiones cerebrales.

2) Microondas

Formulación. El equipo investigador de la Universidad de Pensilvania, si bien no apuntó ninguna posible causa de las dolencias, no descartó ciertos supuestos, como el de la afectación por microondas. Sobre este aspecto insistió una investigación publicada en 2018 en la revista Neural Computation, que consideraba los síntomas consistentes con la exposición a una radiación de microondas electromagnéticas (RF/MW).

Punto débil. No todos los síntomas mostrados por los pacientes podrían ser consecuencia de la exposición de una radiación de ese tipo, que además cuenta con una literatura que diverge sobre sus efectos en el cuerpo humano. Además, no se conoce que exista un arma de microondas que pueda afectar al cerebro.

3) Ultrasonido

Formulación. Un equipo de expertos informáticos de la Universidad de Michigan sugirió en 2018 que podría tratarse de un caso de exposición a algún tipo de ultrasonido, quizá proveniente de un equipo de escucha en mal funcionamiento que mezclara múltiples señales ultrasónicas.

Punto débil. La grabación de uno de los episodios de sonido –la muestra difundida por AP– no es suficiente para poder determinar su naturaleza. También cabe que el sonido fuera algo distinto en otros de los casos.

4) Grillos

Formulación. Una investigación de la Universidades de California-Berkeley y de Lincoln, a partir de la muestra de sonido existente, consideró en enero de 2019 que la posible causa de los ataques fue hecha por grillos, específicamente los grillos Anurogryllus muticus. La investigación fue un estudio comparativo entre el sonido emitido por esa variante de grillos y la muestra de uno de los episodios acústicos de La Habana.

Punto débil. El sonido percibido por los diplomáticos era direccional, de forma que no fue escuchado por personas vecinas. Si hubieran sido grillos en su medio natural, el sonido se hubiera expandido alrededor.

5) Neurotoxinas

Formulación. Un estudio conjunto de dos centros de investigación canadienses de mayo de 2019 atribuyó los síntomas sufridos por los diplomáticos a la exposición a las neurotoxinas de pesticidas utilizados para fumigar mosquitos, una práctica habitual en los edificios de las embajadas.

Punto débil. Los diplomáticos afectados relacionaron el comienzo de su malestar físico con situaciones vividas en sus propias residencias o en habitaciones de hotel, donde no hubo las fumigaciones apuntadas.

SI FUE UN ATAQUE, ¿QUIÉN LO HIZO?

Dado las explicaciones previas no parecen del todo sólidas, el Gobierno de EEUU mantiene la hipótesis de un ataque. Si este realmente se hubiera producido, ¿quién estaría detrás? También aquí hay diversas conjeturas.

1) Régimen castrista

La primera opción barajada, asumida en principio por EEUU dadas las acusaciones públicas realizadas desde Washington, ha sido atribuir los supuestos ataques al propio régimen cubano. Con ellos La Habana pretendería mantener la presión sobre los estadounidenses, a pesar del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas, con el objetivo de marcar el territorio de cada cual.

Punto débil. Los incidentes comenzaron a ocurrir durante la Administración Obama, en un contexto de ˝luna de miel˝ marcada por la reapertura de embajadas y la visita de Barack Obama a La Habana. Lo normal es que a finales de 2016, ante las elecciones norteamericanas, el régimen castrista no quisiera dar motivos al próximo presidente estadounidense para torcer la línea diplomática abierta por Obama. Podría tener sentido que tras la revocación que luego hizo Donald Tump de las medidas aperturistas previas, Cuba quisiera castigar a la nueva Administración, pero no antes de ver la dirección que esta tomaba; en cualquier caso, los ataques no harían sino justificar la línea dura seguida por Trump, que no beneficia a la isla.

2) Un sector del castrismo

A Fidel Castro se le atribuyó una actitud poco complaciente con la decisión de su hermano Raúl de restablecer las relaciones diplomáticas con EEUU. Aunque murió en noviembre de 2016, personas de su entorno podrían haber intentado torpedear esa aproximación, convencidos de que la hostilidad con Washington era la mejor manera de asegurar la pervivencia del régimen tal como fue concebido por su fundador.

Punto débil. Si bien es cierta la reticencia de Fidel Castro hacia el acercamiento con EEUU, es difícil pensar que el sector más conservador dentro del castrismo osara boicotear tan directamente la fundamental línea política de Raúl Castro. Otra cosa es que, después de que este cediera la presidencia de Cuba a Miguel Díaz-Canel en abril de 2018, algunos sectores dentro del régimen pudieran protagonizar movimientos internos para enviar ciertos mensajes, pero el relevo se produjo cuando ya se habían dado la mayor parte de los episodios acústicos.

3) Un tercer país (Rusia, China)

La tercera opción sería que un tercer país haya generado los ataques. La inteligencia americana señala que la opción más viable en este caso sería Rusia. Moscú ha puesto interés en volver a operar en el Caribe, como en la Guerra Fría, y agresión a los diplomáticos estadounidenses en Cuba encajaría con su estrategia. También se ha apuntado que China podría querer pagar a Washington en su patio trasero con el mismo hostigamiento que los chinos creen sentir por parte de EEUU en sus mares más próximos.

Punto débil. El regreso de Rusia al Caribe está ciertamente documentado, y puede ser imaginable que Moscú hubiera podido haber impulsado una acción puntual contra algún objetivo específico, pero parece difícil que haya sostenido en el tiempo una operación que lesiona la soberanía de Cuba. En cuanto a la presencia de China en el vecindario de EEUU, se trata de un movimiento de menor confrontación que el llevado a cabo por Rusia. Por lo demás, si Pekín hubiera escogido suelo extranjero para así borrar mejor los trazos de una acción contra diplomáticos estadounidenses, entonces no se habrían dado los casos registrados en Guangzhou.

Con su proyecto de megaciudad y zona tecnológica los saudís buscan consolidar una vía económica alternativa al petróleo

NEOM, acrónimo de Nuevo Futuro, es el nombre de la nueva ciudad y área económico-tecnológica, con una superficie tres veces la de Chipre, que Arabia Saudí está promoviendo en el noroeste el país, frente a la Península del Sinaí. Además de buscar alternativas al petróleo, con NEOM los saudís pretenden rivalizar las innovaciones urbanísticas de Dubái, Abu Dhabi y Doha. El proyecto también supone trasladar el interés saudí del Golfo Pérsico al Mar Rojo y estrechar la vecindad con Egipto, Jordania e Israel.

▲ Aspecto de la futura megaciudad de NEOM, de acuerdo con la visión de sus promotores [NEOM Project]

ARTÍCULO / Sebastián Bruzzone Martínez

Los Estados de Oriente Medio están tratando de diversificar sus ingresos y evitar posibles colapsos de sus economías, en aras de contrarrestar la crisis del fin del petróleo previsto para mediados del siglo XXI. Los sectores preferidos por los árabes son las energías renovables, el turismo de lujo, las infraestructuras modernas y la tecnología. Los gobiernos de la región han encontrado la manera de unificar estos cuatro sectores, y Arabia Saudí, junto a los Emiratos Árabes Unidos, parece querer colocarse como el primero de la carrera tecnológica árabe.

Mientras el mundo mira hacia Sillicon Valley en California, Shenzhen en China o Bangalore en India, el gobierno saudí ha comenzado a preparar la creación de su primera zona económica y tecnológica independiente: NEOM (abreviatura del término árabe Neo-Mustaqbal, Nuevo Futuro). Al frente del proyecto estuvo hasta hace poco Klaus Kleinfeld, ex presidente de Siemens AG, quien al ser nombrado consejero de la Corona saudí ha sido sustituido por Nadhmi Al Nasr como CEO de NEOM.

El pasado 24 de octubre de 2017, en la conferencia de la Iniciativa Inversión Futura celebrada en Riad, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman hizo público este proyecto de 500.000 millones de dólares, enmarcado en el programa político Saudi Vision 2030. El territorio en el que se situará NEOM está en la zona fronteriza entre Arabia Saudí, Egipto y Jordania, a orillas del Mar Rojo, por donde fluye casi un diez por ciento del comercio mundial, existe una temperatura 10º C inferior a la media del resto de países del Consejo de Cooperación del Golfo, y se localiza a menos de ocho horas de vuelo del 70% de la población del planeta, por lo que podría convertirse en un gran centro de transporte de pasajeros.

Según ha anunciado el gobierno saudí, NEOM será una ciudad económica especial, con sus propias leyes civiles y tributarias, y costumbres sociales occidentales, de 26.500 kilómetros cuadrados (el tamaño de Chipre multiplicado por tres). Los objetivos principales son atraer la inversión extranjera de empresas multinacionales, diversificar la economía saudita dependiente del petróleo, crear un espacio de libre mercado y hogar de millonarios, “una tierra para gente libre y sin estrés; una start-up del tamaño de un país: una hoja en blanco en la que escribir la nueva era del progreso humano", dice un vídeo promocional del proyecto. Todo ello bajo el eslogan: “The world’s most ambitious project: an entire new land, purpose-built for a new way of living”. Según la página web y cuentas oficiales del proyecto, los 16 sectores de energía, movilidad, agua, biotecnología, comida, manufactura, comunicación, entretenimiento y moda, tecnología, turismo, deporte, servicios, salud y bienestar, educación, y habitabilidad generarán 100.000 millones de dólares al año.

Gracias a un informe publicado por el diario The Wall Street Journal y elaborado por las consultoras Oliver Wyman, Boston Consulting Group y McKinsey & Co., que, según aseguran, tuvieron acceso a más de 2.300 documentos confidenciales de planificación, han salido a la luz algunas de las ambiciones y lujos con los que contará la urbe futurista. Entre ellos se encuentran coches voladores, hologramas, un parque temático de dinosaurios robot y edición genética al estilo Jurassic Park, tecnologías e infraestructuras nunca vistas, hoteles, resorts y restaurantes de lujo, mecanismos que creen nubes para causar precipitaciones en zonas áridas, playas con arena que brilla en la oscuridad, e incluso una luna artificial.

Otro fin que busca el proyecto es hacer de NEOM la ciudad más segura del planeta, mediante sistemas de vigilancia de última generación que incluyen drones, cámaras automatizadas, máquinas de reconocimiento facial y biométrico y una IA capaz de notificar delitos sin necesidad de que los ciudadanos tengan que denunciarlos. Del mismo modo, los propios dirigentes de la iniciativa urbanística auguran que la ciudad será un centro ecológico de gran proyección, basando su sistema de alimentación únicamente en energía solar y eólica obtenida con placas y molinos, pues tienen todo un desierto para instalarlos.

Por el momento, NEOM no es más que un proyecto que está en fase de iniciación. El territorio en el que se situará la gran ciudad es un terreno de desierto, montañas de hasta 2.500 metros de altura y 468 kilómetros de costas vírgenes de agua azul turquesa, con un palacio y un pequeño aeropuerto. NEOM está siendo construida desde la nada, con un desembolso inicial de 9.000 millones de dólares del fondo soberano saudita Saudi Arabia Monetary Authority (SAMA). Aparte de inversión empresarial extranjera, el gobierno saudí está buscando trabajadores de todos los sectores profesionales para que ayuden en sus respectivos campos: juristas que elaboren un código civil, penal y tributario; ingenieros y arquitectos que diseñen un plan de infraestructuras y energías moderno, eficiente y tecnológico; diplomáticos que colaboren en su promoción y convivencia cultural; científicos y médicos que incentiven la investigación clínica y biotecnológica y el bienestar; académicos que potencien la educación; economistas que rentabilicen los ingresos y gastos; personalidades especializadas en turismo, moda y telecomunicaciones… Pero, sobre todo, personas y familias que habiten y den vida a la ciudad.

Según ha informado el periódico árabe Rai Al Youm, Mohammed bin Salman ha aprobado una propuesta elaborada por un comité legal saudí conjunto con Reino Unido que consiste en aportar un documento VIP que ofrecerá visas especiales, derechos de residencia a inversores, altos funcionarios y trabajadores de la futura ciudad. Ya se han adjudicado contratos a la empresa de ingeniería estadounidense Aecom y de construcción a la inglesa Arup Group, a la canadiense WSP, y a la holandesa Fugro NV.

Sin embargo, no todo es tan ideal y sencillo como parece. A pesar del gran interés de 400 empresas extranjeras en el proyecto, según asegura el gobierno local, existe incertidumbre sobre su rentabilidad. Los problemas y escándalos relacionados con la corona saudí, como el encarcelamiento de familiares y disidentes, la corrupción, la desigualdad de derechos, la intervención militar en Yemen, el caso del asesinato del periodista Khashoggi y la posible crisis política tras la futura muerte del rey Salman bin Abdulaziz, padre de Mohammed, han hecho que los inversores anden con pies de plomo. Además, en la región sobre la que se pretende construir la ciudad existen pueblos de lugareños que serían reubicados, y “compensados y apoyados por programas sociales”, según asegura el gobierno saudí, lo que será objeto de reproche por grupos de defensores de derechos humanos.

En conclusión, NEOM es un proyecto único y a la altura de los propios jeques árabes, los cuales han adoptado una visión económica previsora. Se espera que en 2030 ya sea posible vivir en la ciudad, a pesar de que las construcciones sigan su curso y no estén completamente finalizadas. Según los mercados, el proyecto, aún lejos de su culminación, parece estar encauzado. Ya cuenta con un compromiso de financiación de estructura con BlackStone de 20.000 millones de euros, y de tecnología con SoftBank de 45.000 millones de euros. Debido a que nunca se ha visto un proyecto así y por tanto no existen referencias, es difícil determinar si el visionario plan se consolidará con éxito o se quedará en simple humo y pérdidas enormes de dinero.

En los mayores países de la región, los guardias privados son cuatro veces más que los policías y disponen de diez veces más de armas que en Europa

Los elevados índices de violencia en Latinoamérica y la deficiente presencia de la autoridad de los respectivos Estados en partes del territorio han llevado a la proliferación de empresas privadas de seguridad en toda la región. Su número supera ya las 16.000 compañías, en una industria que involucra a más de 2,4 millones de personas. El sector afronta importantes retos, como legalidad imprecisa en muchos casos, déficit de experiencia, formas incompatibles con los derechos civiles y humanos en ciertos lugares y riesgo de escalada de arsenales.

ARTÍCULO / Martín Biera Muriel

La proliferación de las empresas de seguridad privada en América Latina va ligada a las estadísticas de criminalidad y violencia en la región. Se estima que 19 de cada 20 crímenes violentos que ocurren en el mundo tienen lugar en Latinoamérica, donde se encuentran 17 de las 20 ciudades más violentas del mundo y 4 de los 5 países con mayor violencia.

La situación ha dado lugar a un “crecimiento explosivo” de la privatización de la seguridad en América Latina, como lo califica el informe “Seguridad a la venta” de Diálogo Interamericano. El aumento del número de Empresas de Defensa y Seguridad Privada (EMSP) se ha dado no solo en países con acusados conflictos, como Colombia, donde en los últimos diez años se ha registrado un incremento del 126%, sino también en países de mayor paz social e institucionalidad como Chile, que en cinco años ha visto un incremento del 50%. El total de empresas dedicadas a esta función en Latinoamérica llegaba a 16.174 en 2017, como precisaba entonces el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra (DCAF).

El sector de las EMSP

El término EMSP incluye tanto las empresas se seguridad al uso en países desarrollados, dedicadas normalmente a labores de custodia de establecimientos o personas físicas, como también empresas de defensa que pueden llegar a sustituir funciones habitualmente reservadas al Estado. Estas últimas se desarrollaron tras el fin de la Guerra Fría y han llegado a ser un actor importante en las relaciones internacionales, con participación en conflictos de baja e incluso alta intensidad.

Esas empresas de defensa actúan en un marco de complicada legalidad, cuya regulación intentó estandarizarse en 2008 con el Documento de Montreaux, una compilación de obligaciones legales y buenas prácticas destinada a garantizar la soberanía de los Estados y a proteger los Derechos Humanos. Si bien el texto se aplica más directamente a situaciones de conflicto armado, también aporta un marco regulatorio para las empresas de seguridad en general, dada la tenue frontera entre un tipo de empresas y otras, especialmente en Latinoamérica, donde la autoridad del Estado no alcanza muchas veces a todo el territorio nacional, algunos conflictos civiles son especialmente virulentos y ciertos usan a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia criminal y el mantenimiento del orden público.

Más guardias que policías

Las más de 16.000 EMSP de América Latina emplean en torno a 2,4 millones de personas. Si bien los guardias de seguridad superan en número a los miembros de la policía en todo el mundo, en muchos países latinoamericanos se produce un especial desequilibrio entre el número de componentes de las fuerzas policiales y el de los agentes privados: en Colombia, Brasil y México la relación es de un policía por cuatro miembros de EMSP; en países de extrema violencia como Honduras y Guatemala la relación incluso llega a ser de uno a siete. También se da el caso de que muchos miembros de la policía recurren al pluriempleo, ejerciendo de policías durante el día y convirtiéndose en agentes de seguridad por la noche en algún vecindario, empresa o edificio.

Las mayores empresas son las que se dedican a la vigilancia y a la escolta de clientes VIP. Las más grandes son de origen europeo y estadounidense y están especializadas en una parte del sector, especialmente en la protección de la propiedad privada. En su mayoría actúan en ciudades o bien en centros de extracción de recursos naturales aislados de las zonas urbanas. En relación a las frecuentes críticas que reciben estas empresas, por supuesta suplantación de funciones propias de la autoridad legalmente constituida, es necesario destacar que el marco jurídico en el que las grandes empresas operan es estricto y se encuentra supervisado.

Carrera de armamento

Se puede argumentar que la competencia entre los operadores ha generado una especie de carrera armamentística en la que cada empresa desea ofrecer servicios más eficaces. A su vez, al haber mayor número de agentes y además con armas más modernas, los criminales tienden igualmente a aumentar su potencia de fuego y sus capacidades para cumplir con sus objetivos, lo que consecuentemente lleva a las empresas a incrementar también el calibre de su armamento, en una espiral difícil de controlar. Las estadísticas muestran que Latinoamérica tiene la relación más alta de armas de fuego por guardia de seguridad del mundo fuera de aquellas áreas afectadas por conflictos. Esa relación es diez veces superior a la que existe sobre armas cortas en Europa.

Esto ha motivado que en el escenario latinoamericano en alguna ocasión se haya criticado a ciertas EMSP por haber contribuido, directa o indirectamente, al tráfico ilegal de armas y al aumento de las bandas armadas generando un círculo vicioso. Por ejemplo, en 2015 noventa personas fueron detenidas en San Francisco (algunas de ellas vinculadas a EMSP) por pertenecer a una red de tráfico de armas vinculada a la Mara Salvatrucha (MS-13). También se ha dado el caso de robo y extravío de armas importadas desde la región, tanto por parte de contratistas individuales de seguridad privada como por los propios militares; estas armas luego ingresan en el mercado negro. Así, más del 40% de las armas ilegales en El Salvador están vinculadas a unas 460 empresas privadas de seguridad, a pesar de la obligación de tener un registro oficial para su identificación.

Retos

La reducción de los altos niveles de inseguridad es uno de los principales retos de muchos países latinoamericanos. Las razones que explican la persistente violencia en sus sociedades son múltiples; entre ellas están la corrupción política y la desigualdad económica. Las clases más ricas pueden considerarse blanco de intentos de robo o secuestro, pero también las clases populares padecen las altas cifras de criminalidad, en su caso sin posibilidad de recurrir a la seguridad privada.

La seguridad privada en América Latina afronta dos importantes retos. Uno es ilegalidad de parte del sector: las empresas de corte ilegal crecen de forma más rápida que en el sector legal; en Brasil, por ejemplo, el número de guardias empleados informalmente supero a los formales. El otro es la falta de entrenamiento o experiencia de cierto volumen de los guardias privados. Atender a la necesidad de mayor regulación legal, y de una regulación más ajustada a las especificidades nacionales, y a la conveniencia de mayor formación ayudará a reducir la zona gris en la que en muchos casos se opera y  las violaciones de Derechos Humanos.

El deterioro de los últimos años parece hacerse corregido en varios indicadores sobre salud democrática y entorno económico

Costa Rica ha constituido tradicionalmente un modelo de funcionamiento democrático en una región con serios déficits institucionales, lo que le ha valido un papel de mediador en diferentes conflictos. El aumento de los problemas internos –huelgas, protestas ciudadanas, crisis del bipartidismo...– han parecido laminar los últimos años el prestigio internacional costarricense. ¿Sufre Costa Rica un deterioro democrático e institucional?

▲ Fachada del Teatro Nacional de Costa Rica, en San José [Pixabay]

ARTÍCULO / Ramón Barba

La inquietud política de los últimos años en Costa Rica, en un contexto regional de “voto del enojo” y del consiguiente “fenómeno outsider”, ha dado la impresión de un retroceso en las virtudes institucionales del país. El objetivo de este artículo es determinar, atendiendo a distintos indicadores sobre salud democrática y satisfacción económica y política, si existen datos objetivos que ratifiquen esa percepción.

Para este propósito se analizarán primero un conjunto de indicadores, elaborados por el Banco Mundial, la Fundación Konrad Adenauer y la revista The Economist, y luego se tendrán también en cuenta algunos resultados de la encuesta Latinobarómetro. Compararemos los valores registrados en 2010, 2013, 2016 y, cuando sea posible, 2018.

Indicadores

En cuanto al Democracy Index elaborado por The Economist, aunque Costa Rica mantiene su segundo puesto entre las democracias latinoamericanas, por detrás de Uruguay y por delante de Chile (son los tres países que suelen obtener mejor nota en los diferentes parámetros institucionales de la región), en el último decenio se observa un declive democrático costarricense, aparentemente superado en el más reciente informe. De una puntuación de 8,04 lograda en el Democracy Index de 2010, Costa Rica bajó a 8,03 en 2013 y 7,88 en 2016, para recuperar terreno en 2018 con un 8,07. El país sigue siendo la mejor democracia de Centroamérica, seguida a distancia de una estable Panamá.

El deterioro de los últimos años también ha sido recogido por el Índice de Desarrollo de las Democracias en Latinoamérica (IDD-LAT), de la Fundación Konrad Adenauer, que aún no ha publicado datos referidos a 2018, por lo que este índice no puede avalar si ha habido una reciente recuperación. En 2010, Costa Rica contaba con una puntuación media de 9,252; apenas varió en 2013, con un cifra de 9,277, pero bajó claramente en 2016, con 8,539 puntos. Los componentes del índice que más se resintieron fueron el de creación de políticas de bienestar y el de eficiencia económica, donde bajó del 1º y 5º puesto, respectivamente, al 8º y 12º. El hecho de que Costa Rica se mantuviera esos años entre el puesto 1º y 3º en derechos civiles y políticos y en eficiencia institucional y política muestra que la inquietud social de esos años estuvo más en la esfera económica que en la institucional.

Los indicadores de Buen Gobierno del Banco Mundial registran también un pequeño retroceso en el caso de Costa Rica entre los años 2013 y 2016 (datos más recientes aún no han sido publicados). En cuanto a los baremos de Estado de Derecho y Efectividad del Gobierno la puntuación bajó de 0,6 y 0,5, respectivamente, a 0,5 y 0,4. En el baremo de Control de Corrupción apenas ha habido cambios.

Valoración ciudadana

Los anteriores indicadores están elaborados por expertos, que al aplicar criterios estandarizados procurar ofrecer una estimación objetiva. Pero también hemos querido tener en cuenta la opinión de los mismos ciudadanos, manifestada en la encuesta Latinobarómetro. Estas pueden ser útiles para indicar la percepción que existe entre la población en torno a la salud institucional del país: la satisfacción que existe sobre el sistema de gobierno y sobre el sistema económico.

El valor de la democracia se mantiene en altos porcentajes en Costa Rica, a pesar de una tendencia negativa en el conjunto de la región. Atendiendo a cuatro valores que el Latinobarómetro ha incluido en sus encuestas correspondientes a los años aquí elegidos para nuestra comparación, vemos que efectivamente en 2016 la percepción ciudadana era la de un empeoramiento de la situación, pero en 2018 se observa una mejora, alcanzando niveles incluso más positivos que en 2013. En cuanto a la valoración de la democracia, su consideración como mejor sistema de gobierno bajó del 77% al 72% y luego ha subido de nuevo al 77%, mientras que su catalogación como sistema preferible ha ido en aumento: 53%, 60% y 63%.

La percepción del entorno económico, por su parte, tuvo un bache en 2013, pero hoy se sitúa en mejores condiciones. La afirmación de “se está progresando” bajó del 15% al 12%, pero en 2018 llegó al 22%, mientras que la satisfacción con las perspectivas económicas personales futuras descendió del 45% al 20% para estar en 2018 en el 52%.

Inquietud política

Costa Rica es un país que conserva unas instituciones fuertes, aunque el panorama político se encuentra más dividido. Prueba de ello es el fin del bipartidismo (1953-2014), propiciado por el menor apoyo al Partido de Liberación Nacional (PLN) y al Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) y el surgimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC), al que pertenece el actual presidente del país, Carlos Alvarado.

Asuntos de corrupción como el “caso cimentazo”, la elevada deuda pública que ha obligado a recortes en un país con ciertas prestaciones sociales muy consolidadas y un ambiente tanto regional como internacional proclive a soluciones populistas pueden estar detrás del desasosiego político observado en Costa Rica los últimos años.

Esto ocurre en un contexto del “voto del enojo” en Latinoamérica, que surge como consecuencia de las actuaciones políticas de los últimos veinte años en la región y de un fortalecimiento de las clases medias. La insatisfacción ciudadana ha propiciado el surgimiento de políticos outsider: gente con relativa popularidad, corta carrera política, sin estrategia determinada y con un discurso “anti-político”. Se trata de un patrón que, aunque está en el surgimiento del PAC, en cualquier caso no se corresponde plenamente con la personalidad del presidente Alvarado, quien en realidad parece haber contribuido a reconducir la inquietud costarricense.

Conclusiones

Así, del análisis de los datos aquí observados, cabe concluir que efectivamente hubo un ligero deterioro tanto de las circunstancias institucionales como especialmente de las condiciones o expectativas económicas entre 2013 y 2016, pero los distintos baremos han vuelto en 2018 a valores previos, incluso mejorando en algún caso cotas de hace diez años. Esto es algo que se observa tanto en los indicadores a cargo de expertos que siguen procedimientos objetivos estandarizados como en las encuestas de percepción subjetiva ciudadana.

La muestra utilizada y las catas temporales realizadas no han sido exhaustivas, por lo que no es posible especificar si las variaciones aquí constatadas son vaivenes circunstanciales o son parte de una tendencia que apunte en una determinada dirección.

La gestión dada a una empresa china provoca la amenaza de EEUU de no vender tecnología a Israel

Las protestas de la Administración Trump por haber otorgado la gestión del puerto de Haifa a una empresa china no han llevado de momento al Gobierno de Netanyahu a revisar el contrato, que fue tramitado a nivel ministerial sin pleno conocimiento de sus implicaciones geopolíticas. La penetración china en Israel –en el amplio contexto de Oriente Medio–, así como la reacción de Estados Unidos, pone de manifiesto un complicado triángulo de relaciones: Israel quiere la inversión china, pero teme perder el favor estadounidense.

▲ Gestión de contenedores en el puerto de Haifa, en el norte de Israel [Wikipedia]

ARTÍCULO / María Martín Andrade

El puerto de Haifa es uno de los principales puertos de Israel en volumen de mercancías movilizadas. Tiene también un carácter estratégico: el puerto, al norte del país, acoge a la Sexta Flota de Estados Unidos en sus desplazamientos. Esto último podría verse alterado tras conocerse el contrato de Israel con la empresa china Shanghai International Port Group (SIPG) para que opere el puerto durante los próximos 25 años contando a partir de 2021, lo que no ha tenido muy buena acogida por parte de Washington. La compañía, que se ha comprometido a invertir 2.000 millones de dólares para ampliar las instalaciones y convertirlas en el mayor puerto de Israel, describe que entre sus funciones se encuentra la construcción e instalación de equipos y la gestión diaria de las actividades portuarias, clasificando este proyecto como parte de la iniciativa One Belt, One Road.

Esta iniciativa tiene su origen en la Ruta de la Seda, un itinerario comercial que unía China con diversos países del continente asiático hasta llegar a Europa, y que se remonta a los primeros siglos antes de Cristo. La nueva versión está basada en los primeros esquemas y pretende impulsar a China creando una red de infraestructuras, inversiones y comercio, y estableciendo lazos tanto multilaterales como bilaterales con los distintos estados que la incluyen así como empresas internacionales.

Todo lo anterior, añadido a la creciente expansión industrial y de transporte que China está experimentando, justifica también el interés del país asiático por algunos de los recursos naturales que Oriente Medio ofrece, como es el caso del petróleo, cuya importación asciende a un 50%, constituyendo otra de las razones por las que China quiere obtener presencia en distintos puntos de la región y que se manifiesta entre otras formas en la inversión en canales y puertos como los de Haifa y Ashdad en Israel, Cherchell en Argelia, Said y Alexandria en Egipto, y Kumport en Turquía. Concretamente, su apuesta en el puerto de Haifa está contribuyendo además a desarrollar el conocido como Israel-Gulf Economic Corridor (IGEC), cuyo objetivo es crear una vía ferroviaria que realice el trayecto desde el puerto de Haifa a la frontera jordano-israelí, enlazando allí con el sistema ferroviario jordano.

Sin embargo, las ambiciones chinas por obtener más presencia en Oriente Medio colisionan con las pretensiones de otro “robusto rival”, Estados Unidos, que movido también por intereses económicos y de seguridad aterriza mucho antes en la región y sin intención de compartirla. Así, tras conocer los planes en el puerto de Haifa, la respuesta de Estados Unidos se manifiesta en amenazas de que podría dejar de compartir datos de inteligencia con Israel y de reconsiderar la realización de futuros ejercicios a largo plazo de la marina estadounidense en dicho puerto.

Es importante tener en cuenta que no es la primera vez que Estados Unidos interviene para entorpecer las relaciones entre China e Israel. Las condiciones en las este último país se constituyó, añadido al ambiente hostil que lo envuelve y la necesidad de la posesión de armas para mantenerlo y protegerlo, han contribuido al desarrollo de su tecnología, sobretodo en materia de defensa, cuyo amplio alcance se debe en parte a Estados Unidos, que se encarga desde los años sesenta de suministrar al país con lo último en tecnología militar. Todo ello ha contribuido a que las exportaciones israelíes en materia tecnológica, principalmente en materia de defensa, se conviertan en la fuente principal de ingresos de su industria.

Durante los años 70, la economía china comenzó a modernizarse, y el siguiente paso a  seguir fue extender esa modernización al dominio militar, por lo que China comenzó a importar avances de defensa provenientes de Israel. Estas relaciones continuaron su expansión hasta el año 2000, momento en el que el país de Oriente Medio, debido a la presión estadounidense, decidió anular el acuerdo que permitía a China la obtención de cuatro sistemas de radares Phalcon. La razón que en su momento Estados Unidos alegó para oponerse al acuerdo fue la posibilidad de que China se beneficiaria de esa tecnología en un conflicto militar en Taiwán. Sin embargo, China no es el único país con el que Israel ha tenido dificultades para exportar su tecnología. En 2008 Washington negó que pudiera entregar a Rusia drones Heron.

A pesar de todo esto, las relaciones chino-israelíes han logrado sobrevivir, llegando China a convertirse en 2012 en el segundo socio comercial de Israel, además de desarrollar nuevos lazos de colaboración R&D, consistentes en una serie de acuerdos y colaboraciones entre instituciones académicas y compañías de ambos países.

Sin embargo, considerando la reacción de Estados Unidos frente a la involucración china en el puerto de Haifa, no es impensable plantarse un escenario en el que la presión americana reincida logrando en este caso abolir el acuerdo existente con la empresa Shangai International Port. Si esto ocurre, Israel perdería una parte importante de las inversiones que recibe y las relaciones comerciales con China se enfriarían, mientras que Pekín podría ver frustrado uno de sus planes para crear su ambiciosa Ruta de la Seda, si bien eso no significaría su declive en Oriente Medio.

 Lo que es incuestionable es que Estados Unidos ya no goza de la hegemonía de esta parte del mundo y tiene que hacerse a la idea de que va a tener que compartir influencia con otras grandes potencias. Es por ello que puede que sea más lógico lograr nuevas formas de cooperación con China para así establecer condiciones que a ambos le sean favorables.

En conclusión, con esta nueva inversión china se afirma lo que ya era conocido: la presencia china a nivel internacional aumenta y adquiere cada vez más volumen, y es más sensato adaptarse a los nuevos cambios que involucrarse en triángulos amorosos que nunca tienen final feliz para nadie.

Evolución de la estrategia espacial estadounidense ante la creciente rivalidad de China y Rusia

La perspectiva de entablar batallas en el espacio, como extensión de guerras que puedan mantenerse en la Tierra, buscando interferir en las capacidades que aportan los satélites, ha llevado a la Administración Trump a promover una división específica de las Fuerzas Armadas estadounidenses dedicada a ese dominio, la US Space Force. Aunque su constitución debe ser aún aprobada por el Congreso, el nuevo componente del Pentágono va a contar ya con su presupuesto.

▲ El vehículo orbital X-37B en operaciones de prueba en 2017, en el Kennedy Space [US Air Force]

ARTÍCULO / Ane Gil

Más de 1.300 satélites activos envuelven el globo a día de hoy, proporcionando comunicaciones a nivel mundial, navegación GPS, pronóstico meteorológico y vigilancia planetaria. La necesidad de protegerlos frente a cualquier ataque, que podría trastocar seriamente la seguridad nacional de los países, se ha convertido en una prioridad de las grandes potencias.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump ha insistido en su idea de constituir una Fuerza Espacial, dándole el mismo rango que a las cinco ramas ya existentes de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Marines, Fuerza Aérea, Guardacostas). Trump firmó el pasado 19 de febrero la directiva para la creación de la US Force Space, cuya aprobación final debe aún darse en el Congreso. Sería la primera rama militar que se crea en Estados Unidos desde 1947, cuando se puso en marcha la Fuerza Aérea. El Pentágono cuenta con que ya esté operativa en 2020.

Como ya adelantó hace casi un año el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, esta nueva Fuerza Espacial contará con sus propias instalaciones, si bien de momento se nutrirá de apoyo y recursos de la Fuerza Aérea. Según Pence, el objetivo de la Fuerza Espacial es hacer frente a las supuestas amenazas de Rusia, China, Corea del Norte e Irán en el espacio. Aunque su fin último es contener específicamente a Rusia y a China, quienes desde hace algunos años ya están elaborando sus propios métodos con los que conquistar el espacio.

Informes estratégicos de la era Obama

La Administración Trump ha llamado a esa especialización militar en el espacio ante la competencia que presentan China y Rusia en ese mismo dominio, la cual durante la Administración Obama aún era embrionaria. No obstante, aunque durante la presidencia de Barack Obama la Casa Blanca puso un menor acento en los desarrollos militares de las capacidades espaciales, también procuró fomentar la presencia estadounidense en el espacio.

En el documento National Space Policy de 2010, en una redacción más bien inclusiva, Estados Unidos defendió el derecho que tienen todas las naciones a explorar el espacio y pidió que todos los países pudieran trabajar juntos para asegurar una actividad espacial responsable y respetuosa, en un marco de cooperación internacional. La política que entonces se fijaba miraba sobre todo a la dimensión comercial y civil del espacio, en la que EEUU aspiraba a fortalecer su liderazgo.

El documento incluía, no obstante, un apartado sobre seguridad. Así, hacía referencia a la necesidad desarrollar y operar sistemas y redes de información que dieran cobertura a la seguridad nacional, facilitando operaciones de defensa e inteligencia tanto en tiempos de paz como en momentos de crisis y conflicto. Además, pedía desarrollar e implementar planes, procedimientos, técnicas y capacidades para asegurar misiones críticas de seguridad nacional, utilizando los activos espaciales y a la vez aprovechando las capacidades no espaciales de países aliados o de empresas privadas.

Lo que ahí se presentaba de un modo más genérico, la Administración Obama lo concretó en un subsiguiente documento estratégico, la National Security Space Strategy de 2011, donde se presentaba el espacio como un ámbito vital para la seguridad nacional estadounidense. El texto advertía que el espacio es algo “crecientemente congestionado, disputado y competitivo”, lo que apremiaba a EEUU a intentar mantener su liderazgo, aunque sin dejar a un lado la colaboración internacional para hacer del espacio un lugar seguro, estable y protegido.

Seguidamente el documento planteaba objetivos y aproximaciones de carácter estratégico. En concreto, EEUU se proponía “proveer capacidades espaciales mejoradas”, con el fin de mejorar la obtención de sistemas, reducir el riesgo de fallos en las misiones, incrementar el éxito en el lanzamiento y la operatividad de los sistemas y formar profesionales de seguridad nacional para respaldar todas esas actividades espaciales.

Otro de los objetivos señalados era “prevenir y disuadir la agresión contra la infraestructura espacial que respalda la seguridad nacional de EEUU”, que como elemento central incluía negar a los adversarios los beneficios significativos de un ataque, fortaleciendo la resistencia de la arquitectura de sus sistemas. No obstante, el documento precisaba que EEUU se guarda el derecho de responder en defensa propia si la disuasión falla.

Precisamente en ese último caso, el texto estratégico requería preparar las propias capacidades para “derrotar ataques y operativos en un entorno degradado”. Indicaba que las capacidades militares y de inteligencia deben estar preparadas para “combatir” y vencer los ataques dirigidos a sus sistemas espaciales e infraestructura de apoyo. 

Rivalidad de China y Rusia en la era Trump

Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con su lema “America First”, que también ha aplicado en la estrategia espacial, priorizando los intereses de su país en un contexto de mayor rivalidad frente a Pekín y Moscú. Su política en relación al espacio hace hincapié en la interacción dinámica y cooperativa entre los intereses militar, civil y comercial, respectivamente, del Pentágono, la NASA y las empresas privadas interesadas en los vuelos extraatmosféricos. 

El primer documento estratégico sobre seguridad nacional de la era Trump es la National Security Strategy (NSS) de diciembre de 2017. Aunque en el informe apenas se hace referencia al espacio, el texto supone la declaración de “rivales” de China y Rusia, dando pie a EEUU a confrontar los intereses contrarios de esos países, también fuera de la Tierra. La NSS proclama que EEUU debe mantener su “liderazgo y libertad de acción en el espacio”, y alerta del riesgo de que “otros actores” alcancen la capacidad de atacar activos espaciales estadounidenses obteniendo así una “ventaja asimétrica”. “Cualquier dañina interferencia o ataque contra componentes críticos de nuestra arquitectura espacial que directamente afecte a este vital interés de EEUU se encontrará con una deliberada respuesta en el momento, lugar, manera y dominio de nuestra elección”, advierte el documento.

Algunas de esas cuestiones militares obtienen una mayor elaboración en el informe que meses después elaboró el Pentágono. En el documento Space Operations de abril 2018, la cúpula militar constata que varias naciones están obteniendo avances significativos en las capacidades de control espacial ofensivo, con la intención de desafiar el uso del espacio por parte de EEUU y sus aliados, amenazando sus activos espaciales. Por ello, defiende la importancia de las operaciones fuera del ámbito terrestre, las cuales tienen el objetivo de asegurar y defender las capacidades espaciales contra las actividades agresivas de otros.

“El progreso de nuestros adversarios en la tecnología espacial”, indica el informe, “no solo amenaza el entorno espacial y nuestros activos espaciales, sino que también nos puede negar una ventaja si perdemos la superioridad espacial”. Para mitigar esos riesgos y amenazas, EEUU se compromete “la planificación y la realización de operaciones defensivas y ofensivas”.

Las grandes líneas de la política de Trump en relación al espacio quedan recogidas en el documento National Space Strategy de marzo de 2018. Se trata de una política basada en cuatro pilares: reforzar las arquitecturas espaciales; fortalecer las opciones de disuasión y combate; mejorar las capacidades fundacionales, estructuras y procesos, y fomentar ambientes domésticos e internacionales propicios.

Directivas y presupuesto

Además de los aspectos de seguridad ya señalados, la Administración Trump también ha expresado el deseo de “promover el comercio espacial”, para lo que “simplificará y actualizará regulaciones para la actividad comercial en el espacio para fortalecer la competitividad”.

Para supervisión de esas actividades, que abren el negocio espacial a las empresas privadas estadounidenses y al mismo tiempo marcan un horizonte de explotación mineral de asteroides y planetas, Trump revivió en junio de 2017 el Consejo Nacional del Espacio, dependiente de la Casa Blanca, 24 años después de haber sido disuelto. En diciembre de 2017 Trump firmó la Space Police Directive-1, que ordenaba a la NASA enviar astronautas estadounidenses a la Luna una vez más, y en junio de 2018 firmó una directiva sobre la gestión del tráfico en el espacio (Space Policy Directive-3). La cuarta directiva es la firmada en febrero de 2019 para la creación de la Fuerza Espacial.

La nueva política de Trump no ha sido inmune a las críticas, ya que se argumenta que al erigir la Fuerza Espacial como una división más de las Fuerzas Armadas podría debilitar los recursos de las demás divisiones, lo que pondría en riesgo al país ante un posible ataque o emergencia en la Tierra. De hecho, el general James Mattis, secretario de Defensa durante 2017 y 2018, expresó públicamente al principio alguna reticencia, si bien luego comenzó a ejecutar los planes del presidente.

De acuerdo con los datos facilitados a raíz de la reciente presentación de los presupuestos para el próximo año fiscal, la Fuerza Espacial podría contar con una dotación de 830 personas (repartidas entre el Cuartel General, la Agencia de Desarrollo Espacial y el Comando Espacial, instancias que requerirán 300 millones de dólares para su instalación) y un presupuesto de unos 2.000 millones durante los cinco primeros años. Al final de esos cinco años podría a contar con una nómina de 15.000 personas.

Las consecuencias positivas del acuerdo de libre comercio se derivarán más del fin de la incertidumbre que de las nuevas disposiciones introducidas

Tras un año y medio de negociaciones, el nuevo Tratado de Estados Unidos, Canadá y México (este país lo ha bautizado como T-MEC, los otros dos hablan de USMCA) está aún pendiente de aprobación por las cámaras legislativas de cada país. En Washington el debate político debiera comenzar en breve; en él tendrá importancia qué efectos se prevé para la economía de EEUU y la de sus dos vecinos. Los primeros estudios discrepan en algunos aspectos, si bien coinciden en que los cambios introducidos en la renegociación del acuerdo que existía desde 1994 no van a tener especial impacto.

▲ Firma del tratado de libre comercio entre EEUU, México y Canadá, en el marco del G-20, en noviembre de 2018 [Shealah Craighead-Casa Blanca]

ARTÍCULO / Ramón Barba

La renegociación del antes llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN, o NAFTA por su siglas en inglés) y ahora bautizado como Tratado de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC o, en su versión anglosajona, USMCA), ha sido uno de los principales puntos en la agenda de la Administración Trump. Aprobado por las tres partes negociadoras a finales de 2018, ahora el tratado está pendiente de ser ratificado por las cámaras legislativas de cada país.

Puesto en marcha en 1994, el acuerdo había sido calificado por Trump como “el peor tratado comercial de la historia”. Desde el comienzo de su presidencia, Trump se propuso modificar algunos aspectos del acuerdo para reducir el gran déficit comercial con México (unos 80.000 millones de dólares, el doble del déficit que EEUU tiene con Canadá), y al tiempo devolver actividad y empleos al Rust Belt estadounidense, donde el eco de sus promesas había sido decisivo para su victoria electoral.

¿Qué ha ganado y qué ha perdido cada país en la renegociación del tratado? Y, sobre todo, ¿qué efectos va a tener en la economía de cada país? ¿mejorará Estados Unidos su balanza comercial? ¿se verán afectados negativamente México o Canadá por algunas modificaciones introducidas? Primero examinaremos cómo quedaron las pretensiones de cada uno de los socios al término de las negociaciones, y luego veremos el posible efecto económico de la nueva versión del tratado a la luz de dos recientes estudios, uno de un órgano independiente de la Administración estadounidense y otro elaborado por el FMI.

Tira y afloja

En las negociaciones, que se alargaron durante casi año y medio, México y Canadá lograron “mantener el status quo en muchas áreas importantes”, pero si bien los cambios reales fueron modestos, según se analizó desde Brookings Institution, estos “fueron casi uniformemente en la dirección de lo que quería Estados Unidos”. “El enfoque agresivo y amenazador de Trump”, que desafió con romper definitivamente el tratado, “logró obtener concesiones modestas de sus socios”.

En el punto clave de la industria automotriz, EEUU consiguió aumentar del 62,5% al 75% la proporción de la producción de un automóvil que debe hacerse dentro del área de libre comercio, obligar a que el 30% del trabajo necesario para fabricar un coche tenga un salario de 16 dólares/hora (el 40% a partir de 2023) –una medida dirigida a apaciguar a los sindicatos estadounidenses, pues en México el sueldo medio de un trabajador de la automoción es hoy de 4 dólares/hora–, y fijar un arancel del 25% para los coches llegados de fuera.

México y Canadá vieron atendida su demanda de que no introducir una cláusula de terminación autonómica a los cinco años si no había consenso previo para la renovación del acuerdo, puesta sobre la mesa por Washington. Finalmente, el T-MEC tendrá una duración de 16 años, renovable, con una revisión al sexto año.

El Gobierno de Justin Trudeau tuvo que hacer algunas cesiones ante el sector lácteo estadounidense, pero preservó lo que desde el comienzo había sido su principal línea roja: la vigencia del capítulo 19, referente a la solución de controversias mediante un arbitraje binacional independiente.

México, por su parte, ganó la tranquilidad que supone la pervivencia del tratado, evitando incertidumbre futura y garantizando la estrecha relación comercial con el gran mercado estadounidense. No obstante, las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos puede funcionar como un arma de doble filo para la economía azteca, pues por un lado puede favorecer una mejora del nivel de vida e incentivar el consumo, pero por otro puede afectar a la localización de empresas debido a unos salarios menos competitivos.

Al margen de estos cambios en una u otra dirección, la actualización del tratado era necesaria tras 25 años de un acuerdo que se firmó antes de la revolución de internet y de la economía digital que esta ha traído. Por otra pare, el cambio de denominación del tratado fue una “triquiñuela” ideada por Trump para vender a su electorado la renovación de un acuerdo cuyo nombre anterior iba asociado a críticas vertidas en las dos últimas décadas.

El debate sobre el texto se desarrollará en otoño en el Congreso estadounidense, donde los demócratas insistirán en reforzar las garantías de que México aplicará las medidas laborales comprometidas. Antes del voto EEUU deberá aplicar un exención a Canadá y México de los aranceles sobre el acero y el aluminio que la Administración Trump ha impuesto internacionalmente.

Efecto económico

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), órgano independiente que tiene el estatus próximo al de una agencia gubernamental, considera que el T-MEC tendrá un impacto limitado, pero positivo para la economía estadounidense. Así, en un informe publicado en abril, estima que la entrada en vigor del reformulado acuerdo hará aumentar la producción de EEUU en un 0,35%, con un incremento del empleo del 0,12%, cifras algo menores de las previstas cuando el TLCAN entró en vigor en 1994, momento en que EEUU esperaba un aumento del 0,5% de su economía y una subida del 1% del empleo.

En cualquier caso, ese tímido impacto no sería tanto por el contenido del texto acordado, sino por su mera existencia, ya que elimina incertidumbres sobre las relaciones comerciales de EEUU con sus dos vecinos.

El informe cree que el T-MEC supondrá un incremento de la producción de accesorios de automóvil en EEUU, arrastrando hacia arriba el empleo en ese país, pero provocando un encarecimiento de los productos y, por tanto, afectando negativamente la exportación. El informe prevé también que el mantenimiento del actual el sistema de arbitraje, como exigían México y Canadá, desanimará inversiones estadounidenses en el mercado mexicano y las potenciará en EEUU.

Esas conclusiones no coinciden con la apreciación del Fondo Monetario Internacional, si bien ambas instancias están de acuerdo en descartar efectos mayores del acuerdo. Así, un estudio del FMI publicado en marzo cree difícil afirma que, en el nivel agregado, los efectos del nuevo redactado “son relativamente pequeños”. Las nuevas provisiones “podrían llevar a una menor integración económica de Norteamérica, reduciendo el comercio entre los tres socios norteamericanos en más de 4.000 millones de dólares (0,4%), al tiempo que otorgando a sus miembros unas ganancias conjuntas de 538 millones de dólares”. Añade que los efectos en el PIB real del área de libre comercio son “insignificantes”, y matiza que muchos de los beneficios “vendrían de las medidas de facilitación comercial que modernizan e integran procedimientos aduaneros para reducir aún más los costes de comercio y las ineficiencias fronterizas”.

El resultado del estudio muestra que las más exigentes normas de origen en el sector de la automoción y los requerimientos de contenido de valor laboral, asuntos que atañen especialmente a la relación EEUU-México, “no conseguirían sus deseadas consecuencias”. Según el FMI, “las nuevas reglas llevan a un declive en la producción de vehículos y partes en los tres países norteamericanos, con giros hacia mayor abastecimiento de vehículos y partes de fuera de la región. Los consumidores encontrarán precios de vehículos más altos y responderán con una demanda de menor cantidad”.

En cuanto al mercado lácteo de Canadá, cuestión de especial relevancia en la relación comercial entre ese país y EEUU, los efectos de un mayor acceso estadounidense “serían muy pequeños y macroeconómicamente insignificantes”.

Esta disparidad de previsiones entre la USITC y el FMI obedece a que diversas variables están indeterminadas, como el futuro del acuerdo transpacífico, en el que están Canadá y México, o las discusiones comerciales en curso entre EEUU y China. Una muestra en que el terreno es especialmente movedizo es el dato de que en enero y febrero de 2019 México pasó a ser el primer socio comercial de EEUU (un intercambio de 97.400 millones de dólares), por delante de Canadá (92.400 millones) y China (90.400 millones). Eso elevó en 3.000 millones de dólares el déficit comercial de EEUU con México, justo en la dirección opuesta de las pretensiones de la Administración Trump.

El cambio de Gobierno y su visión más estricta han ralentizado la implementación del acuerdo, pero este avanza en su aplicación

La implementación del acuerdo de paz en Colombia se está llevando a cabo con más lentitud de la que preveían quienes lo firmaron hace dos años, pero no ha habido la parálisis o incluso la crisis que vaticinaban quienes se opusieron a la elección de Iván Duque como presidente del país. La última estimación habla de un cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de paz cercano al 70%, si bien ya se está produciendo un incumplimiento en el 30% restante.

▲ El presidente colombiano, Iván Duque, en una acto público [Efraín Herrera-Presidencia]

ARTÍCULO / María Gabriela Fajardo

Iván Duque llegó a la Casa de Nariño –la sede de la presidencia colombiana– con el lema “Paz con Legalidad”, título que sintetizaba su compromiso de aplicar el acuerdo de paz, firmado en noviembre de 2017, pero reduciendo los márgenes de impunidad que a su juicio y el de su partido, el Centro Democrático, existían para los antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cuando se cumple un año de su elección como presidente, cabe realizar un análisis de cómo está siendo la implementación del acuerdo de paz.

Cerca del 70% de las disposiciones del acuerdo se han cumplido ya, total o parcialmente, o lo harán en el tiempo fijado, de acuerdo con la estimación del Instituto Kroc, encargado de hacer la estimación oficial de la implementación del proceso de paz. Según su tercer informe, publicado en abril, el 23% de los compromisos se han cumplido completamente, el 35% han alcanzado niveles avanzados de implementación y se espera que el 12% se cumplan del todo en el momento estipulado. Con todo, existe casi un 31% del contenido del acuerdo que no se ha comenzado a ejecutar, cuando debía estar ya en marcha.

Las Naciones Unidas, a las que el acuerdo concede un papel supervisor, han subrayado los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno para activar las distintas instancias previstas en el texto. En su informe al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó a finales de 2018 la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

Como ha indicado Raúl Rosende, jefe de gabinete de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el informe de Guterres estimó positivamente que se hubiera “obtenido la aprobación de 20 proyectos colectivos y 29 proyectos individuales de excombatientes en proceso de reincorporación, valorados en 3,7 millones de dólares y que beneficiarán en total a 1.340 excombatientes, incluidas 366 mujeres”. Esos proyectos han contado con la participación de las gobernaciones de Antioquia, Chocó, Cauca, Meta, Santander, Sucre y Valle del Cauca, las cuales han facilitado mesas departamentales de reincorporación para coordinar esfuerzos locales y regionales, involucrando así en mayor medida a la sociedad civil colombiana.

La ONU también ha expresado algunas preocupaciones, compartidas por la sociedad civil colombiana. La principal tiene que ver con la seguridad en algunas de las zonas históricas del conflicto en las que un elevado número de líderes sociales han sido asesinados. Los asesinatos se han concentrado en Antioquia, Cauca, Caquetá, Nariño y Norte de Santander. De esta forma, a lo largo 2018 fueron asesinados al menos 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La Defensoría del Pueblo situó la cifra en 164.

Además, como ha recordado Rosende, en muchas de las comunidades indígenas han tenido lugar asesinatos, amenazas y desplazamiento forzoso. Esto se ha dado en territorios étnicos de los pueblos awá, embera chamí y nasa en Caldas, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Junto a los éxitos y las preocupaciones, la ONU también apunta una serie de retos que tiene por delante el posconflicto. Por un lado, está el de garantizar a los excombatientes una necesaria seguridad jurídica, generando confianza y produciendo reales avances en cuestión de reinserción social y política. Otro gran desafío es lograr el funcionamiento autónomo y efectivo de mecanismos clave como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición o Comisión de la Verdad. Además, está también el reto social de atender a las comunidades afectadas por el conflicto, las cuales reclaman seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables contra las economías ilegales.

Aspectos controvertidos

Los asuntos relacionados con la JEP han centrado las mayores controversias de la actuación de Duque. En marzo, el mandatario presentó objeciones formales a la ley que regula la JEP, de la que desea modificar seis puntos de sus 159 artículos. Dos de ellos se refieren a la extradición de excombatientes, algo que ahora no se contempla si colaboran con el sistema de justicia transicional, especialmente en el caso de delitos cometidos tras la firma del acuerdo. Duque también plantea una reforma constitucional que excluya de la JEP los crímenes sexuales contra menores, determine la pérdida de todos los beneficios si hay reincidencia en un delito y transfiera a la justicia ordinaria los casos de conductas ilegales comenzadas antes del acuerdo y que continuaron después. Las objeciones fueron rechazadas en el mes de abril por la Cámara de Representantes y también por el Senado, aunque la validez del resultado en este último quedó en cuestión, alargando así el debate.

Una nueva polémica puede suscitarse cuando en el mes de agosto deba darse fin a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En ellos o en sus alrededores todavía se encuentran alrededor de 5.000 excombatientes. El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, ha manifestado que para ese momento, con la ayuda de la FARC (el partido político que sucedió a la guerrilla) y el Gobierno, los excombatientes deben contar con trabajo, tener claro cuál va a ser su residencia y estar preparados para la reincorporación a la vida civil.

Dentro del proceso de reincorporación, es preocupante la falta de cumplimiento por parte de los cabecillas de las FARC de su compromiso, estipulado en el acuerdo de paz, de permanecer hasta el final en los ETCR con el fin de contribuir con su liderazgo a la buena marcha del proceso. Sin embargo, en los últimos meses, diversos jefes han abandonado esos territorios, entre ellos “el Paisa”, quien además no se ha presentado ante la JEP, por lo que esta ha reclamado su captura.

Tampoco el antiguo cabecilla Iván Márquez está colaborando con el sistema de justicia transicional, retrasando sucesivas veces su comparecencia ante la JEP alegando cuestiones de seguridad. Márquez ha mencionado el asesinato de 85 exguerrilleros desde la firma del acuerdo de paz, y ha acusado al Gobierno de serios incumplimientos.

Está además el caso de Jesús Santrich, quien como Márquez había adquirido un asiento en el Congreso gracias a la implementación del proceso de paz. Santrich se encuentra detenido desde abril de 2018 con base a una circular roja de la Interpol a petición de los Estados Unidos, que le acusa del envío de 10 toneladas de cocaína realizado después de la firma del acuerdo de paz.

Un tema bastante abordado desde el momento de las negociaciones tiene que ver con la erradicación forzada y aspersión de cultivos. El programa de sustitución de cultivos ilícitos empezó a dar resultados en 2018, dando lugar a que miles de familias campesinas acordaran con el Gobierno Nacional sustituir sus cultivos de coca por otros cultivos lícitos. Aunque en algunos departamentos como el Guaviare se dio de manera voluntaria la erradicación de cultivos, eso no fue suficiente para compensar el aumento de siembras en 2016 y 2017. En 2018, cerca de 100.000 familias —responsables de un poco más de 51.000 hectáreas de coca— firmaron acuerdos de sustitución y se espera que este número continúe aumentando a lo largo del 2019. Según el gobierno de Colombia, citando cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos, se han sembrado más de 209.000 hectáreas de hoja de coca, una muy cifra superior a la de la época de Pablo Escobar, según cifras presentadas por el presidente Iván Duque el mes pasado ante la Corte Costitucional.

Los beneficios de la paz son indiscutibles y queda mucho por hacer para consolidarla. Es una labor que no puede dejarse solamente en manos del Gobierno, sino que requiere del apoyo de los excombatientes, de sus antiguos cabecillas y de la sociedad civil. El gran reto es acelerar la implementación del acuerdo y disminuir la polarización política, todo en busca de lograr la reconciliación nacional.

La sorpresa electoral de Thierry Baudet y la nueva derecha holandesa

Holanda ha conocido los últimos años no solo el declive de algunos de los partidos tradicionales, sino que incluso el nuevo partido del populista Geert Wilders se ha visto superado por una formación aún más reciente, liderada por Thierry Baudet, también marcadamente de derecha pero algo más sofisticada. El terremoto político de las elecciones regionales de marzo podría llevarse por delante la coalición de Gobierno del liberal Mark Rutte, quien ha dado continuidad a la política holandesa a lo largo de los últimos nueve años.

▲ Thierry Baudet, en un spot publicitario de su partido, Foro para la Democracia (FVD)

ARTÍCULO / Jokin de Carlos Sola

El pasado 20 de marzo se celebraron elecciones regionales en los Países Bajos. Los partidos que conforman la coalición que mantiene en el poder a Mark Rutte sufrieron un fuerte castigo en todas las regiones, y lo mismo ocurrió con el partido del celebre y polémico Geert Wilders. El gran ganador de estas elecciones fue el partido Foro para la Democracia (FvD), fundado y dirigido por Thierry Baudet, de 36 años y nueva estrella de la política neerlandesa. Estos resultados siembran dudas sobre el futuro del Gobierno de Mark Rutte una vez se renueve la composición del Senado el próximo mes de mayo.

Desde la Segunda Guerra Mundial tres fuerzas han protagonizado la política holandesa: la Llamada Demócrata Cristiana (CDA), el Partido Laborista (PvA) y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), de tendencia liberal. Las tres sumaban el 83% del electorado neerlandés en 1982. Debido al sistema holandés de representación proporcional ningún partido ha tenido nunca mayoría absoluta, por lo que siempre han existido gobiernos de coalición. El sistema también propicia, al no ser castigados, que los pequeños partidos siempre logren representación, dándose así una gran variedad ideológica en el Parlamento.

Con el pasar de los años los tres partidos principales fueron perdiendo influencia. En 2010, tras ocho años de gobierno, la CDA paso del 26% y el primer puesto en el Parlamento al 13% y cuarto puesto. Esta caída llevó por primera vez al VVD al poder bajo el liderazgo de Mark Rutte y provocó la entrada de Geert Wilders y su Partido por la Libertad (PVV), una formación populista de derecha, en la política holandesa. Poco después Rutte formó una Gran Coalición con el PvA. Sin embargo, esta decisión causó que los laboristas bajaran del 24% al 5% en las elecciones de 2017. Estos resultados hicieron que tanto el VVD como Rutte quedasen como el último elemento de la antigua política neerlandesa.

Esas elecciones de 2017 generaron aún mayor diversidad en el Parlamento. En ellas lograron representación partidos como el Partido Reformado, de ideología Ortodoxa Calvinista; el bautizado como 50+, con el objetivo de defender los intereses de los jubilados, o el partido DENK, creado para defender los intereses de la minoría turca en el país. Sin embargo, ninguno de estos partidos tendría tanta relevancia posterior como el Foro para la Democracia y su líder Thierry Baudet.

Foro para la Democracia

El Foro para la Democracia fue fundado como un think tank en 2016, dirigido por el franco-neerlandés Thierry Baudet, de 33 años. Al año siguiente el FvD se convirtió en partido, presentándose como una formación conservadora o nacional conservadora, y logró dos parlamentarios en las elecciones regionales. Desde entonces ha ido creciendo, a costa principalmente de Geert Wilders y su PVV. Una de las principales razones de esto es que Wilders es acusado de no tener más programa que el rechazo de la inmigración y la salida de la Union Europea. Tan celebre como polémico fue el hecho que PVV presentó su programa en tan solo una página. Por el contrario, Baudet ha creado un programa amplio en el que se proponen temas como la introducción de la democracia directa, la privatización de ciertos sectores, el fin de los recortes militares y un rechazo al multiculturalismo en general. Por otra parte, Baudet se ha creado una imagen de mayor talla intelectual y respetabilidad que Wilders. No obstante, el partido también ha sufrido descensos de popularidad por ciertas actitudes de Baudet, como su negacionismo del cambio climático, su relación con Jean Marie Le Pen o Filip Dewinter y su negativa a responder si relacionaba el coeficiente intelectual con la raza.

Elecciones Regionales

Los Países Bajos están divididos en 12 regiones, cada región dispone de un Consejo, el cual puede tener entre 39 y 55 representantes. Cada consejo elige tanto al Comisario Real, quien actúa como máxima autoridad de la región, como al ejecutivo, generalmente formado mediante una coalición de partidos. Las regiones tienen una serie de competencias concedidas por el Gobierno central.

En las elecciones provinciales del pasado mes de marzo el FvD logró ser el primer partido en 6 de 12 regiones, incluidas las de Holanda del Norte y Holanda del Sur, donde se encuentran las ciudades de Amsterdam, Rotterdam y La Haya, que habían sido tradicionales bastiones del VVD. Además de esto consiguió ser el partido con más representantes de toda Holanda. Estos avances se lograron principalmente a expensas del PVV. Aunque estos resultados no garantizan al FvD tener el gobierno en ninguna región, si le dan influencia y eco mediático, algo que Baudet ha sabido aprovechar.

Varios medios relacionaron la victoria de Baudet con el asesinato días previos en Utrech de tres holandeses a manos de ciudadano turco, que según las autoridades tuvo muy posiblemente una motivación terrorista. No obstante, el FvD llevaba tiempo creciendo y ganando terreno. Las razones de su auge son varias: el declive de Wilders, las acciones del primer ministro Rutte en favor de empresas holandesas como Shell o Unilever (empresa donde él trabajó previamente), el desgaste de los partidos tradicionales, que a su vez daña a sus aliados, y el rechazo a ciertas políticas migratorias que Baudet relacionó con el atentado en Utrecht. También los Verdes holandeses han experimentado un gran crecimiento, acumulando el voto joven que antes apoyaba a Demócratas 66.

Impacto en la Política Holandesa

La victoria del partido Baudet sobre el de Rutte afecta directamente al Gobierno central, al sistema electoral holandés y al propio primer ministro. En primer lugar, muchos medios acogieron los resultados como una valoración de los holandeses sobre el Gobierno de Rutte. El mayor castigo fue para los aliados de Rutte, los Demócratas 66 y la Llamada Demócrata Cristiana, que fueron los que más apoyos perdieron en las regiones. Desde que llegó al poder en 2010, Rutte ha logrado mantener la fidelidad de su electorado, pero todos sus aliados han terminado siendo castigados por sus votantes. Por ello cabe la posibilidad que el Gobierno de Rutte no llegue a terminar su mandato, si sus aliados terminan dándole la espalda.

El resultado de las regionales de marzo puede tener un segundo impacto en el Senado. Los neerlandeses no designan a sus senadores de forma directa, sino que son los consejos regionales los que eligen a los senadores, por lo que los resultados de las elecciones regionales tienen un efecto directo en la composición de la cámara alta. Por ello es muy posible que los partidos que conforman el Gobierno de Rutte sufran un gran retroceso en el Senado y eso le complique al primer ministro la aprobación de sus iniciativas legislativas.

La tercera consecuencia afecta de forma directa al propio Rutte. En 2019 Donald Tusk termina su segundo mandato como presidente del Consejo Europeo y Rutte tenía muchas posibilidades de sucederle, pero siendo él el principal activo electoral de su partido, su marcha podría hundir al VVD. Podría ocurrir entonces como sucedió con la salida de Tusk de Polonia, que resultó en una victoria conservadora un año más tarde.

Cualquiera que sea el desenlace, la política holandesa ha demostrado en los últimos años una gran volatilidad y mucho movimiento. En 2016 se creía que Wilders ganaría las elecciones y anteriormente que el D66 arrebataría al VVD el liderazgo liberal. Es difícil predecir la dirección en la que el viento hará girar el molino.