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El comercio indio con la región se ha multiplicado por veinte desde el año 2000, pero es solo un 15% del flujo comercial con China

El rápido derrame comercial, crediticio e inversor de China en Latinoamérica en la primera década de este siglo hizo pensar que India, si pretendía seguir los pasos de su rival continental, tal vez podría protagonizar un desembarco similar en la segunda década. Esto no ha ocurrido. India ha incrementado ciertamente su relación económica con la región, pero está muy lejos de la desarrollada por China. Incluso los flujos comerciales de los países latinoamericanos son mayores con Japón y Corea del Sur, si bien es previsible que en unos años sean sobrepasados por los mantenidos con India dado su potencial. En un contexto internacional de confrontación entre EEUU y China, India emerge como opción no conflictiva, además especializada en servicios de IT tan necesarios en un mundo que ha descubierto la dificultad de movilidad por el Covid-19.

ARTÍCULO / Gabriela Pajuelo

Históricamente India ha prestado poca atención a Latinoamérica y el Caribe; lo mismo había ocurrido con China, al margen de episodios de migración desde ambos países. Pero el surgimiento de China como gran potencia y su desembarco en la región hizo preguntarse al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un informe de 2009 si, tras ese empuje chino, India iba ser “la próxima gran cosa” para Latinoamérica. Aunque las cifras indias fueran a quedar por detrás de las chinas, ¿podía India convertirse en un actor clave en la región?

La relación de los países latinoamericanos con Nueva Delhi ciertamente ha aumentado. Incluso Brasil ha desarrollado una especial vinculación con India gracias al club de los BRICS, como lo puso de manifiesto la visita que el presidente brasileño Jair Bolsonaro hizo en enero de 2020 a su homólogo Narendra Modi. En las dos últimas décadas, el comercio de India con la región se ha multiplicado por veinte, pasando de los 2.000 millones de dólares en el año 2000 a los casi 40.000 de 2018, como constató el año pasado un nuevo informe del BID.

Ese volumen, no obstante, queda muy por debajo del flujo comercial con China, del que constituye solo un 15%, pues si los intereses indios en Latinoamérica han aumentado, en mayor medida lo han seguido haciendo los chinos. La inversión desde ambos países en la región es incluso más desproporcionada: entre 2008 y 2018, la inversión de India fue de 704 millones de dólares, frente a los 160.000 millones de China.

Incluso el incremento comercial indio tiene una menor imbricación regional de lo que podrían aparentar las cifras globales. Del total de 38.700 millones de dólares de transacciones en 2018, 22.700 corresponden a exportaciones latinoamericanas y 16.000 a importaciones de productos indios. Las compras indias han superado ya a las importaciones realizadas desde Latinoamérica por Japón (21.000 millones) y Corea del Sur (17.000 millones), pero en gran parte se deben a la adquisición de petróleo de Venezuela. Sumadas las dos direcciones de flujo, el comercio de la región con Japón y con Corea sigue siendo mayor (en torno a los 50.000 millones de dólares en ambos casos), pero las posibilidades de crecimiento de la relación comercial con India son claramente mayores.

No solo hay interés por parte de los países americanos, sino también desde India. “Latinoamérica tiene una fuerza de trabajo joven y calificada, y es una zona rica en reservas de recursos naturales y agrícolas”, ha señalado David Rasquinha, director general del Banco de Exportaciones e Importaciones de la India.

Última década

Los dos informes del BID citados reflejan bien el salto dado en las relaciones entre ambos mercados en la última década. En el de 2009, bajo el título “India: Oportunidades y desafíos para América Latina”, la institución interamericana presentaba las oportunidades que ofrecían los contactos con India. Aunque apostaba por incrementarlos, el BID se mostraba inseguro sobre la evolución de una potencia que durante mucho tiempo había apostado por la autarquía, como en el pasado habían hecho México y Brasil; no obstante, parecía claro que el gobierno indio finalmente había tomado una actitud más conciliadora hacia la apertura de su economía.

Diez años después, el informe titulado “El puente entre América Latina y la India: Políticas para profundizar la cooperación económica” se adentraba en las oportunidades de cooperación entre ambos actores y denotaba la importancia de estrechar lazos para favorecer la creciente internacionalización de la región latinoamericana, a través de la diversificación de socios comerciales y acceso a cadenas productivas globales. En el contexto de la Asian Century, el flujo de intercambio comercial y de inversión directa había incrementado exponencialmente desde niveles anteriores, resultado en gran medida de la demanda de materias primas latinoamericanas, algo que suele levantar críticas, dado que no fomenta la industria de la región.

La nueva relación con India presenta la ocasión de corregir algunas de las tendencias de la interacción con China, que se ha centrado en inversión de empresas estatales y en préstamos de bancos públicos chinos. En la relación con India hay una mayor participación de la iniciativa privada asiática y una apuesta por los nuevos sectores económicos, además de la contratación de personal autóctono, incluso para los niveles de gestión y dirección.

De acuerdo con el Gerente del Sector de Integración y Comercio del BID, Fabrizio Opertti, es crucial “el desarrollo de un marco institucional eficaz y de redes empresariales”. El BID sugiere posibles medidas gubernamentales como el incremento de la cobertura de acuerdos de comercio e inversiones, el desarrollo de actividades de promoción comercial proactivas y focalizadas, el impulso de inversiones en infraestructura, la promoción de reformas en el sector logístico, entre otras.

Contexto post-Covid

El cuestionamiento de las cadenas de producción globales y, en última instancia, de la globalización misma a causa de la pandemia del Covid-19, no favorece el comercio internacional. Además, la crisis económica de 2020 puede tener un largo efecto en Latinoamérica. Pero precisamente en este marco mundial la relación con India puede ser especialmente interesante para la región.

Dentro de Asia, en un contexto de polarización sobre los intereses geopolíticos de China y Estados Unidos, India emerge como un socio clave, se podría decir que hasta neutral; algo que Nueva Delhi podría utilizar estratégicamente en su aproximación a diferentes áreas del mundo y en concreto a Latinoamérica.

Aunque “India no tiene bolsillos tan grandes como los chinos”, como dice Deepak Bhojwani, fundador de la consultora Latindia[1], en relación a la enorme financiación pública que maneja Pekín, India puede ser el origen de interesantes proyectos tecnológicos, dada la variedad de empresas y expertos de informática y telecomunicaciones con los que cuenta. Así, Latinoamérica puede ser objeto de la “technology foreign policy” de un país que, de acuerdo con su Ministerio de Electrónica y IT, tiene ambición de crecer su economía digital a “un billón de dólares hacia 2025”. Nueva Delhi focalizará sus esfuerzos en influenciar este sector económico a través de NEST (New, Emerging and Strategic Technologies), promoviendo un mensaje indio unificado sobre tecnologías emergentes, como gobierno de datos e inteligencia artificial, entre otros. La pandemia ha puesto de relieve la necesidad que Latinoamérica tiene de una mayor y mejor conectividad.

Existen dos perspectivas para la expansión de la influencia india en el continente. Una es el camino obvio de fortalecer su existente alianza con Brasil, en el seno de los BRICS, cuya presidencia pro tempore India tiene este año. Eso debiera dar lugar a una vinculación más diversificada con Brasil, el mercado más grande de la región, especialmente en la cooperación científica y tecnológica, en los campos de IT, farmacéutico y agroindustrial. “Ambos gobiernos se comprometieron a expandir el comercio bilateral a 15.000 millones de dólares para 2022. A pesar de las dificultades que trajo la pandemia, estamos persiguiendo esta ambiciosa meta”, afirma André Aranha Corrêa do Lago, actual embajador de Brasil en India.

Por otro lado, se podría dar un esfuerzo mayor en la diplomacia bilateral, insistiendo en los lazos preexistentes con México, Perú y Chile. Este último país e India están negociando un acuerdo de comercio preferencial y la firma del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. También puede ser de interés un acercamiento a Centroamérica, que todavía carece de misiones diplomáticas indias. Son pasos necesarios si, marcando de cerca los pasos de China, India quiere ser la “next big thing” para Latinoamérica.

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The increase in South Korean trade with Latin American countries has allowed the Republic of Korea to reach Japan's exchange figures with the region

Throughout 2018, South Korea's trade with Latin America exceeded USD 50 billion, putting itself at the same level of trade maintained by Japan and even for a few months becoming the second Asian partner in the region after China, which had flows worth USD 300 billion (half of the US trade with its continental neighbors). South Korea and Japan are ahead of India's trade with Latin America (USD 40 billion).

ARTICLE / Jimena Villacorta

Latin America is a region highly attractive to foreign markets because of its immense natural resources which include minerals, oil, natural gas, and renewable energy not to mention its agricultural and forest resources. It is well known that for a long time China has had its eye in the region, yet South Korea has also been for a while interested in establishing economic relations with Latin American countries despite the spread of new protectionism. Besides, Asia's fourth largest economy has been driving the expansion of its free trade network to alleviate its heavy dependence on China and the United States, which together account for approximately 40% of its exports.

The Republic of Korea has already strong ties with Mexico, but Hong Nam-ki, the South Korean Economy and Finance Minister, has announced that his country seeks to increase bilateral trade between the regions as it is highly beneficial for both. “I am confident that South Korea's economic cooperation with Latin America will continue to persist, though external conditions are getting worse due to the spread of new protectionism”, he said. While Korea's main trade with the region consists of agricultural products and manufacturing goods, other services such as ecommerce, health care or artificial intelligence would be favorable for Latin American economies. South Korean investment has significantly grown during the past decades, from USD 620 million in 2003, to USD 8.14 billion in 2018. Also, their trade volume grew from USD 13.4 billion to 51.5 billion between the same years.

Apart from having strong ties with Mexico, South Korea signed a Free Trade Agreement with the Central American countries and negotiates another FTA with the Mercosur block. South Korea would like to join efforts with other Latin American countries in order to breathe life into the Trans-Pacific Partnership, bringing the US again into the negotiations after a change of administration in Washington.

Mexico

Mexico and South Korea’s exports and imports have increased in recent years. Also, between 1999 and 2015, the Asian country’s investments in Mexico reached USD 3 billion. The growth is the result of tied partnerships between both nations. Both have signed an Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, an Agreement to Avoid Income Tax Evasion and Double Taxation and other sectoral accords on economic cooperation. Both economies are competitive, yet complementary. They are both members of the G20, the OECD and other organizations. Moreover, both countries have high levels of industrialization and strong foreign trade, key of their economic activity. In terms of direct investment from South Korea in Mexico, between 1999 and June 2019, Mexico received USD 6.5 billion from Korea. There are more than 2,000 companies in Mexico with South Korean investment in their capital stock, among which Samsung, LG, KORES, KEPCO, KOGAS, Posco, Hyundai and KIA stand out. South Korea is the 12th source of investment for Mexico worldwide and the second in Asia, after Japan. Also, two Mexican multinationals operate in South Korea, Grupo Promax and KidZania. Mexico’s main exports to South Korea are petrol-based products, minerals, seafood and alcohol, while South Korea’s main exports to Mexico are electronic equipment like cellphones and car parts.

Mercosur

Mercosur is South America’s largest trading economic bloc, integrated by Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. With a GDP exceeding USD 2 trillion, it is one of the major suppliers of raw materials and agricultural and livestock products. South Korea and Mercosur launched trade negotiations on May 2018, in Seoul. Actually, the Southern Common Market and the Republic of Korea have been willing to establish a free trade agreement (FTA) since 2005. These negotiations have taken a long time due to Mercosur’s protectionism, so the Asian country has agreed on a phased manner agreement to reach a long-term economic cooperation with the bloc. The first round of negotiations finally took place in Montevideo, the Uruguayan capital, in September 2018. Early this year, they met again in Seoul to review the status of the negotiations for signing the Mercosur-Korea trade agreement. This agreement covers on the exchange of products and services and investments, providing South Korean firms faster access to the Latin American market. The Asian tiger main exports to South America are industrial goods like auto parts, mobile devices and chips, while its imports consist of mineral resources, agricultural products, and raw materials like iron ore.

Among Mercosur countries, South Korea has already strong ties with Brazil. Trade between both reached USD 1.70 billion in 2019. Also, South Korean direct investments totaled USD 3.69 billion that same year. With the conclusion of the trade agreement with the South American block, Korean products exported to Brazil would benefit from tariff eliminations, as would Korean cargo trucks, and other products going to Argentina. It would also be the first Asian country to have established a trade agreement with Mercosur.

Central America

South Korea is the first Asian-Pacific country to have signed a FTA with Central American countries (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama). According to Kim Yong-beom, South Korean Deputy Minister of Economy and Finance, bilateral cooperation will benefit both regions as state regulatory powers won’t create unnecessary barriers to commercial exchange between both. “The FTA will help South Korean companies have a competitive edge in the Central American region and we can establish a bridgehead to go over to the North and South American countries through their FTA networks”, said Kim Hak-do, Deputy Trade Minister, when the agreement was reached in November 2016. Also, both economic structures will be complimented by each other by encouraging the exchange between firms from both regions. They signed the FTA on February 21st, 2018, after eighth rounds of negotiations from June 2015 to November 2016 that took place in Seoul, San Salvador, Tegucigalpa and Managua. Costa Rica also signed a memorandum of understanding with South Korea to boost trade cooperation and investment. This partnership will create new opportunities for both regions. South Korean consumers will have access to high-quality Central American products like grown coffee, agricultural products, fruits like bananas, and watermelons, at better prices and free of tariffs and duties. Additionally, Central American countries will have access to goods like vehicle parts, medicines and high-tech with the same advantages. Besides unnecessary barriers to trade, the FTA will promote fair marketing, ease the exchange of goods and services, to encourage the exchange businesses to invest in Central America and vice versa. Moreover, having recently joined the Central American Bank for Economic Integration (CABEI) as an extra-regional member, has reinforced the development of socio-economic projects around the region.

Opportunity

The Republic of Korea faces challenges related to the scarcity of natural resources, there are others, such as slower growth in recent decades, heavy dependence on exports, competitors like China, an aging population, large productivity disparities between the manufacturing and service sectors, and a widening income gap. Inasmuch, trade between Latin America and the Caribbean and the Republic of Korea, though still modest, has been growing stronger in recent years. Also, The Republic of Korea has become an important source of foreign direct investment for the region. The presence of Korean companies in a broad range of industries in the region offers innumerable opportunities to transfer knowledge and technology and to create links with local suppliers. FTAs definitely improve the conditions of access to the Korean market for the region's exports, especially in the most protected sectors, such as agriculture and agroindustry. The main challenge for the region in terms of its trade with North Korea remains export diversification. The region must simultaneously advance on several other fronts that are negatively affecting its global competitiveness. It is imperative to close the gaps in infrastructure, education and labor training.

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El conflicto del Sáhara se complica para España con la crisis migratoria en Canarias

La reactivación de la guerra en la excolonia deja a Madrid con poco margen de maniobra por la ola migratoria que llega al archipiélago canario.

La reactivación de la guerra en la excolonia deja a Madrid con poco margen de maniobra por la ola migratoria que llega al archipiélago canario

España no ha tenido nunca un fácil papel en el conflicto del Sáhara Occidental. Su salida de ese territorio norafricano se produjo en un contexto de prisa descolonizadora por parte de una ONU que luego ha preferido tomarse tiempo en el proceso. España se ha visto atascada entre la defensa de los derechos de los saharauis y la conveniencia de no perjudicar la complicada vecindad con Marruecos. Ahora que el Frente Polisario ha reabierto la guerra, con el fin de que algo se mueva internacionalmente en torno al conflicto, España se ve atada por crisis de la llegada de migrantes a Canarias, archipiélago situado frente a la línea divisoria de Marruecos y el Sáhara Occidental. He aquí un resumen de los últimos acontecimientos en la cuestión saharaui.


 

ARTÍCULO / Irene Rodríguez Caudet

El Frente Polisario ha declarado la guerra a Marruecos después de 29 años de paz. Esta organización, creada fundamentalmente para defender la independencia del Sáhara Occidental frente a España, representa una parte importante de la población saharaui que busca la autodeterminación de su pueblo.

El reino alauita, por su parte, reclama la soberanía sobre los territorios. Emprendió medidas que detonaron el reciente conflicto en el paso fronterizo de Guerguerat, donde unos manifestantes cortaron la carretera que une el Sáhara Occidental con Marruecos. Los militares marroquíes dispararon contra los asistentes a la concentración el 13 de noviembre y el Frente Polisario declaró el estado de guerra.

El Sáhara Occidental es un territorio en estado de descolonización desde 1960 bajo los auspicios de la ONU como parte de los procesos llevados a cabo durante la segunda mitad del siglo XX para poner fin a los imperios coloniales europeos. Este proceso prosiguió hasta 1975, año de la Marcha Verde, en la cual un ejército de 350.000 civiles marroquíes se adentró hacia la antigua colonia para reclamarla como suya, al lado de Mauritania. En ese momento, el Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), dio inicio a una guerra de guerrillas que no encontraría un alto al fuego hasta 1991.

A pesar de los esfuerzos de Marruecos por poseer la antigua colonia española, los saharauis tienen proclamada su propia república desde 1976, la República Árabe Saharaui Democrática (también conocida bajo el acrónimo RASD), reconocida por varios estados —en total 84, aunque más de la mitad de ellos han cancelado, congelado o suspendido el reconocimiento dada la violación de sus obligaciones internacionales— y presidida por Brahim Gali.

Desde que España abandonó el territorio, la ONU ha dictado varias resoluciones que exigen la celebración de un referéndum de autodeterminación que marque el futuro del Sáhara Occidental como país independiente o proponga otras alternativas.

En este conflicto, las diferentes partes involucradas siguen distintas estrategias. Marruecos, por su lado, tiene la intención de prolongar el conflicto para poder consolidar su poder en territorio saharaui. No contempla la independencia de la excolonia española, sino que promueve planes de autonomía limitada en un proyecto de Acuerdo Marco conocido como la “tercera vía” para lo que considera sus provincias meridionales. Además, ocupa estas provincias militarmente, mediante pasos fronterizos, seis bases militares y con más de la mitad del territorio saharaui bajo su control.

Frustrado por la posición inmovilista de las Naciones Unidas, el Frente Polisario siempre ha contado con la amenaza de retomar el conflicto armado. La RASD solo consta de unos pocos territorios que estén completamente supervisados por ella —aproximadamente una cuarta parte del Sáhara Occidental— y ha obtenido menos reconocimiento mundial que el Frente Polisario como organización, al que la ONU admite como representante del pueblo saharaui.

La falta de nuevas propuestas más imaginativas procedentes de la ONU, junto con la actitud de las partes involucradas, en particular de la marroquí, han imposibilitado el avance hacia una solución satisfactoria del conflicto. La falta de progreso, sin embargo, no obedece únicamente a estas razones. También es necesario tener en cuenta los refugiados saharauis radicados en Tinduf, Algeria. Es la crisis humanitaria más larga de la historia, que lleva 45 años prolongándose y afecta a 173.600 refugiados, de los cuales muchos no han conocido otra vida.

La estrategia violenta, que imperó durante más de quince años, se dejó de lado en 1991 para mantener un alto el fuego y para pasar a tácticas de negociación que no están siendo muy fructíferas. Pese a los intentos de acuerdos pacíficos, a mediados de noviembre de este año, el Frente Polisario decretó el estado de guerra, poniendo fin a una paz que se mantuvo durante casi 20 años.

 

Marruecos reclama los territorios saharauis como suyos y llega al punto de incluirlos sin tapujos como parte de Marruecos en los mapas oficiales del Reino más recientes, semejantes a los de inicios del siglo XX, momento en el cual el país magrebí tenía el control sobre el Sáhara. Por esa razón, después de la colonización española y la posterior descolonización, Marruecos reclama la excolonia. Según expresan constantemente sus autoridades, las llamadas “provincias saharauis” siempre han estado bajo su soberanía.

El conflicto no solo enfrenta a Rabat con El Aaiún, sino que también involucra a las partes que apoyan a unos líderes o a otros. Por un lado, están los países árabes —Jordania, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait— que apoyan a Marruecos, y por otra parte una nación, que a pesar de tener un deseo muy expreso de ejercer su propia soberanía y reclamar la legitimidad de la RASD, cuenta con pocos o ningún apoyo internacional.

En 2021, la MINURSO, la misión desplegada por la ONU para garantizar la paz y la celebración del referéndum de autodeterminación, cumplirá 30 años desde que empezó su despliegue; a día de hoy cuenta con 240 observadores, pero no ha visto coronado su objetivo. Los saharauis defienden que la tarea de la ONU no ha sido efectiva en ningún aspecto y que únicamente ha permitido el expolio marroquí de los recursos naturales del Sáhara. Tampoco se ha observado ningún avance respecto al referéndum de autodeterminación, y la falta de acción ha llevado al levantamiento del alto el fuego por parte del gobierno saharaui. El Frente Polisario ha optado ahora por emprender estas medidas dado que cada vez se hace más evidente la falta de avances de la misión de la ONU.

El país de Mohammed VI ha enviado efectivos para apaciguar las manifestaciones en las principales ciudades saharauis y en las vías de comunicación que conectan Marruecos con Sáhara Occidental. Mientras tanto, su contraparte asegura haber causado pérdidas materiales y humanas en las bases militares marroquíes situadas en territorio saharaui. Marruecos no reconoce ninguna de estas alegaciones, pero se defiende con uso de fuego frente a la amenaza del Frente Polisario.

Entre tanto, Dajla, la segunda ciudad más poblada del Sáhara Occidental, está sirviendo de corredor para pateras y cayucos, que en los últimos días llegan en multitud al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. Este hecho causa que Marruecos y España estén todavía más pendientes de la situación en el Sáhara y que tengan que afrontar este problema de forma conjunta, algo complicado debido a las históricas confrontaciones entre los dos países por el conflicto saharaui. Sin embargo, mientras unos están de paso, yéndose, otros vuelven a su tierra nativa: el Frente Polisario ha hecho un llamamiento a todos los saharauis que viven en territorio nacional y extranjero para unirse a la lucha.

La situación del Sáhara Occidental queda pendiente de nuevos desarrollos en el conflicto y de las decisiones que adopte Marruecos. Mientras hay posiciones internacionales que siguen reclamando la celebración de un referéndum de autoterminación, el statu quo acabar influyendo en la ONU para la aceptación de la propuesta de autonomía hecha por Marruecos. El gobierno español ha evitado pronunciarse a favor del plebiscito, aunque en esto hay división entre el PSOE y Podemos, formación que urge a la celebración de la consulta. Aunque la crisis migratoria de Canarias obedece a dinámicas más complejas, la sospecha de que Marruecos ha permitido la llegada de más refugiados en momentos decisivos del reabierto conflicto del Sáhara obliga a España a una actitud de cautela.

Categorías Global Affairs: África Seguridad y defensa Artículos

Un tercio de los países ha desarrollado una estrategia nacional de ciberseguridad, pero las capacidades movilizadas son mínimas

Una docena de países latinoamericanos han desarrollado ya una estrategia nacional de ciberseguridad, pero en general las capacidades movilizadas en la región para hacer frente al crimen y a los ataques cibernéticos son de momento reducidas. En un continente con alto uso de las redes sociales, pero al mismo tiempo con algunos problemas de red eléctrica y acceso a internet que dificultan una reacción ante los ciberataques, el riesgo de que los extendidos grupos de crimen organizado recurran cada vez más a la cibernética es alto.

Latinoamérica comienza a dar tímidos pasos en ciberseguridad

ARTÍCULO / Paula Suárez

En los últimos años, la globalización se ha abierto camino en todas partes del mundo, y con ello han surgido varias amenazas en el ámbito del ciberespacio, lo que requiere especial tratamiento por parte de los gobiernos de todos los estados. A nivel global y no solo en Latinoamérica, los principales campos que se ven amenazados en cuanto a seguridad cibernética son, esencialmente, el delito informático, las intrusiones en redes y las operaciones políticamente motivadas.

Los últimos informes sobre ciberseguridad en América Latina y el Caribe realizados conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), indican que un tercio de los países de la región han comenzado a dar algunos pasos para hacer frente a los crecientes riesgos en ciberseguridad. No obstante, también constatan que los esfuerzos son de momento pequeños, dada la general falta de preparación ante la amenaza del cibercrimen; además plantean la necesidad de una reforma en las políticas de protección para los años venideros, especialmente con los problemas que han salido a relucir con la crisis del Covid-19.  

El BID y la OEA (OEA) han colaborado en distintas ocasiones para dar a conocer la situación y concienciar a la población sobre los problemas de ciberseguridad, que han ido aumentando conforme la globalización se ha hecho parte de la vida cotidiana y las redes sociales e internet se integran de manera más profunda en nuestro día a día. Para ocuparse de esta nueva realidad, ambas instituciones han creado un Observatorio de Ciberseguridad de la región, que ha publicado varios estudios.

Si hasta el informe de 2016 la ciberseguridad era un tema poco discutido en la región, actualmente con el aumento de la tecnología en América Latina y el Caribe ha pasado a ser un tema de interés por el que los estados tienden a preocuparse cada vez más, y por ello, a implementar las medidas pertinentes, como se destaca en el informe de 2020.

El transporte, las actividades educativas, las transacciones financieras, muchos servicios como el suministro de alimentos, agua o energía y otras muchas actividades requieren de políticas de ciberseguridad para proteger los derechos civiles en el ámbito digital tales como el derecho a la privacidad, muchas veces violados por el uso de estos sistemas como arma.

No solo en el ámbito social, sino también en el económico, la inversión en ciberseguridad es fundamental para evitar los daños que ocasiona el crimen en línea. Para el Producto Interior Bruto de muchos países de la región, los ataques a la infraestructura pueden suponer desde un 1% hasta un 6% del PIB en el caso de ataques a infraestructura crítica, lo que se traduce en incompetencia por parte de estos países para identificar los peligros cibernéticos y para tomar las medidas necesarias para combatirlos.

Según el estudio previamente mencionado, 22 de los 32 países que se analizan son considerados con capacidades limitadas para investigar los delitos, solo 7 tienen un plan de protección de su infraestructura crítica, y 18 de ellos han establecido el llamado CERT o CSIRT (equipo de respuesta a incidentes o emergencias de seguridad informática). Estos sistemas no son desarrollados actualmente de forma uniforme en la región, y les falta capacidad de actuación y madurez para suponer una respuesta adecuada antes las amenazas en la red, pero su implementación es necesaria y, cada vez más, cuentan con el apoyo de instituciones como la OEA para su mejora.

En este ámbito, el Foro de Equipos de Seguridad y de Respuesta a Incidentes (FIRST) tiene un trabajo clave, por la gran necesidad en esta región, para asistir a los gobiernos y que estos puedan beneficiarse de la identificación de amenazas cibernéticas y los mecanismos de seguridad estratégica de la asociación, principalmente para proteger las economías de estos países.

Como ya ha sido mencionado, la conciencia de la necesidad de dichas medidas ha ido aumentando conforme a los ataques cibernéticos también lo han hecho, y países como Colombia, Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá han establecido una debida estrategia para combatir estos daños. Por el contrario, muchos otros países de América Latina y el Caribe como Dominica, Perú, Paraguay y Surinam han quedado atrás en este desarrollo, y aunque están en camino, necesitan apoyo institucional para continuar en este proceso.

El problema para combatir dichos problemas tiene su origen, por lo general, en la propia ley de los estados. Solo 8 de los 32 países de la región son parte del Convenio de Budapest, que aboga por la cooperación internacional contra el cibercrimen, y un tercio de estos países no cuenta con una legislación apropiada en su marco legal para los delitos informáticos.

Para los estados parte de dicho convenio, estas directrices pueden servir de gran ayuda para desarrollar las leyes internas y procesales con respecto al ciberdelito, por lo que se está potenciando la adhesión o al menos la observación de las mismas desde organismos como la OEA, con las recomendaciones de unidades especializadas como el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético de las REMJA, que aconseja respecto a la reforma de la ley penal respecto al cibercrimen y la evidencia electrónica.

Por otro lado, no ha sido hasta principios de este año que, con la incorporación de Brasil, son 12 países de Latinoamérica y el Caribe los que han establecido una estrategia nacional de ciberseguridad, debido a la falta de talento humano calificado. Aunque cabe destacar los dos países de la región con mayor desarrollo en el ámbito de seguridad cibernética, que son Jamaica y Trinidad y Tobago.

De los problemas mencionados, podemos decir que la falta de estrategia nacional en cuanto a seguridad cibernética expone a estos países a diversos ataques, pero a esto debe añadirse que las empresas que venden los servicios de ciberseguridad y proporcionan apoyo técnico y financiero en la región son mayormente de Israel o Estados Unidos, y están vinculadas a una perspectiva de seguridad y defensa bastante militarizada, lo que supondrá un desafío en los años venideros por la competencia que China está dejando ver en este lado del hemisferio, sobre todo ligada a la tecnología 5G.

Las malas prácticas cibernéticas son una amenaza no solo para la economía de Latinoamérica y el Caribe, sino también para el funcionamiento de la democracia en estos estados, un atentado a los derechos y libertades de la ciudadanía y a los valores de la sociedad. Por ello, es está dejando ver la necesidad de inversión en infraestructura civil y en capacidad militar. Para lograr esto, los estados de la región están dispuestos a cooperar, primeramente, en la unificación de sus marcos legales basándose en los modelos del Convenio de Budapest y las bases de la Unión Europea, cuya perspectiva para afrontar los nuevos retos en el ciberespacio está teniendo gran impacto e influencia en la región.

 Además, con la crisis venidera del Covid-19, por lo general los estados de la región están dispuestos a colaborar desarrollando estrategias nacionales propias, coherentes con los valores de las organizaciones de las que son parte, para proteger tanto sus medios actuales como sus tecnologías emergentes (inteligencia artificial, cuántica, computación de alto rendimiento y otros). Las amenazas cibernéticas pretenden ser encaradas desde canales abiertos a la colaboración y el diálogo, ya que Internet no tiene fronteras, y la armonización de los marcos legales es el primer paso para fortalecer esta cooperación no solo regional sino internacional.

Categorías Global Affairs: Seguridad y defensa Artículos Latinoamérica

La Administración Trump concluye su gestión de modo asertivo en la región y pasa el testigo a la Administración Biden, que parece apostar por el multilateralismo y la cooperación

Con el mundo parado a causa del Covid-19, el gigante asiático ha aprovechado para reanudar toda una serie de operaciones con el objetivo de expandir su control sobre los territorios aledaños a su línea de costa. Tales actividades no han dejado indiferente a Estados Unidos, que a pesar de su compleja situación interna ha tomado cartas en el asunto. Con las visitas de Mike Pompeo a lo largo de Asia Pacífico, la potencia norteamericana acrecienta el proceso de contención de Pekín, materializado en una cuádruple alianza entre Estados Unidos, Japón, India y Australia. El nuevo ejecutivo que la Casa Blanca estrenará en enero podrá implicar una renovación del actuar estadounidense que, sin romper con la Administración Trump, recupere el espíritu de la Administración Obama, esto es guiados por una mayor cooperación con los países de Asia Pacífico y apuesta por el diálogo.

Pista aérea instalada por China en la isla Thitu o Pagasa, la segunda mayor de las Spratly, cuya administración hacía sido reconocida internacionalmente para Filipinas [Eugenio Bito-onon Jr]

▲ Pista aérea instalada por China en la isla Thitu o Pagasa, la segunda mayor de las Spratly, cuya administración hacía sido reconocida internacionalmente para Filipinas [Eugenio Bito-onon Jr]

ARTÍCULO / Ramón Barba

Durante la pandemia, Pekín ha aprovechado para reanudar sus actuaciones sobre las aguas de Asia Pacífico. A mediados de abril, China procedió a designar terrenos de las islas Spratly, el archipiélago de Paracel y el banco Macclesfield, como nuevos distritos de la ciudad de Sansha, población de la isla china de Hainan. Esa adscripción administrativa causó la subsiguiente protesta de Filipinas y Vietnam, quienes reclaman la soberanía de esos espacios. La actitud de Pekín ha venido aparejada de incursiones y sabotajes a los barcos de la zona. Véase el hundimiento de un pesquero vietnamita, cosa que China desmiente argumentando que había sufrido un accidente y que estaba llevando a cabo actividades ilegales.

Las actuaciones China desde el verano han ido aumentando la inestabilidad en la región mediante ejercicios militares cerca de Taiwán o enfrentamientos con la India debido a sus problemas fronterizos; por otro lado, a la oposición filipina y vietnamita hacia los movimientos chinos cabe aunar la creciente tensión con Australia después de que este país pidiera que se investigara el origen del COVID-19, y el incremento de las tensiones marítimas con Japón. Todo ello ha llevado a una respuesta por parte de Estados Unidos, quien se postula como defensor de la libre navegación en Asia Pacífico justificando así su presencia militar, haciendo énfasis en que la República Popular China no está a favor de ese libre tránsito, ni de la democracia ni del imperio de la ley.

EEUU mueve ficha

Las tensiones entre China y Estados Unidos con relación a la presente disputa han ido in crescendo durante todo el verano, incrementando ambos su presencia militar en la zona (además, Washington ha sancionado a 24 empresas chinas que han ayudado a militarizar el área). Todo ello se ha traducido recientemente en las visitas llevadas a cabo por el secretario de Estado Mike Pompeo a Asia Pacífico a lo largo del mes de octubre. Previamente a esta ronda de visitas, este había hecho declaraciones en septiembre en el Cumbre Virtual de ASEAN instando a los países de la región a limitar sus relaciones con China.

La disputa por tales aguas afecta a Vietnam, Filipinas, Taiwán, Brunéi y Malasia, países que, junto con India y Japón, fueron visitados por Pompeo (entre otros) con el objeto de asegurar un mayor control sobre la actuación de Pekín. Durante su gira, el secretario de Estado norteamericano se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores de India, Australia y Japón para unir fuerzas contra el gigante asiático. Seguidamente, Washington firmó en Nueva Delhi un acuerdo militar de intercambio de datos satelitales para rastrear mejor los movimientos chinos en la zona, y realizó una visita de estado a Indonesia. Recordemos que Yakarta se caracterizaba hasta el momento por una creciente amistad con Pekín y un empeoramiento de la relación con Estados Unidos con motivo de un decremento en las ayudas del programa Generalized System of Preferences (GSP). No obstante, durante la visita de Pompeo, ambos países acordaron una mejora de sus relaciones mediante una mayor cooperación en lo regional, contratación militar, inteligencia, entrenamientos conjuntos y seguridad marítima.

Por ende, este movimiento de ficha por parte de Washington ha implicado:

  • La consolidación de una cuádruple alianza entre India, Japón, Australia y Estados Unidos que se ha visto materializada en los ejercicios militares conjuntos en la Bahía de Bengala a principios de noviembre. Cabe recordar que esto se suma a los aliados tradicionales de Washington en la zona (Filipinas, Singapur y Tailandia). Además, queda abierta la posibilidad de una mayor unión con Vietnam.

  • La ampliación de su presencia militar en la zona, aumentando el flujo de material vendido a Taiwán destacando también las visitas de altos funcionarios de Washington a lo largo de julio y los meses siguientes.

  • Retorno del destructor USS Barry a las aguas del Mar del Sur de China con el objetivo de servir como símbolo de oposición a la actuación china, y como defensor de la libertad de navegación, la paz y la estabilidad.

  • Indonesia moverá su Fuerza de Combate Naval (permanentemente asentada en Yakarta) a Natuna, islas fronterizas con el Mar del Sur de China, ricas en recursos naturales y disputadas entre ambos países.

  • ASEAN se posiciona como defensor de la paz y estabilidad y a favor del UNCLOS 1982 (el cual establece el marco legal que rige para el derecho del mar) durante la cumbre celebrada en Vietnam entre el 12-15 de noviembre.

La ratio decidendi detrás de la actuación china

Como primer acercamiento a la ratio decidendi que hay detrás de la actuación china, cabe recordar que desde 2012, aprovechando la inestabilidad regional, el gigante asiático aludía a su derecho histórico sobre  los territorios del mar Meridional para justificar sus actuaciones, argumentos desestimados en 2016 por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. En base al argumento de que, en su día, pescadores chinos frecuentaban la zona, se pretendía justificar la apropiación de más del 80% del territorio, confrontando desde entonces a Pekín con Manila.

Por otro lado Luis Lalinde, en su artículo China y la importancia de dominar el Mar Circundante (2017) da una visión más completa del asunto, aludiendo no solo a motivos históricos, sino también a razones económicas y geopolíticas. En primer lugar, más de la mitad de los hidrocarburos de los que se abastece China transitan por la región de Asia Pacífico, la cual constituye a su vez el principal polo económico mundial. A ello cabe aunarle que Pekín se ha visto muy marcado por el “siglo de las humillaciones”, caracterizado por una falta de control de los chinos sobre su territorio con motivo de invasiones de origen marítimo. Por último, el dominio de los mares junto con el ya alcanzado peso continental, son vitales para la proyección hegemónica de China en un área de cada vez mayor peso económico a nivel mundial. Por ello se establece el denominado “collar de perlas” para la defensa de intereses estratégicos, de seguridad y abastecimiento energético desde el Golfo Pérsico hasta el Mar del sur.

Los argumentos de Lalinde justifican la actuación china de los últimos años, no obstante, Bishop (2020), afirma en el Council on Foreign Relations que la razón detrás de la reciente actitud china se debe a cuestiones de inestabilidad interna en tanto que un pequeño sector de la intelectualidad china se muestra crítico y desconfiado con el liderazgo de Xi. Argumentando que la pandemia ha debilitado la economía y el Gobierno chino por lo que mediante acciones de política exterior debe aparentar fortaleza y vigorosidad. Por último, cabe tener en cuenta la importancia del control de los mares en relación con el proyecto de la Ruta de la Seda. En su vertiente marítima, China está haciendo una gran inversión en puertos del Índico y del Pacífico que no descarta utilizar para fines militares (véase los puertos de: Sri Lanka, Myanmar y Pakistán). De entre los principales opositores a esta alianza encontramos a Estados Unidos, Japón y la India, también en contra de la beligerante actitud china, como se ha visto.

Era Biden: oportunidades en un escenario complicado

La presidencia de Joe Biden va a estar marcada por grandes retos, tanto internos como externos. Estamos ante un Estados Unidos marcado por una crisis sanitaria, con una sociedad cada vez más polarizada y con una economía cuya recuperación, a pesar de las medidas adoptadas, presenta dudas de si será “en V” o “en W”. Además, las relaciones con Iberoamérica y Europa se han ido deteriorando, producto de las medidas tomadas por parte del presidente Trump. 

La relación entre China y EEUU ha ido fluctuando en los últimos años. La Administración Obama, consciente de la importancia que la región de Asia Pacífico ha ido alcanzando, aunada a la oportunidad que la Ruta de la Seda presenta para que Pekín expanda su dominio económico y militar, planteó en su segundo mandato su política de Pivot to Asia, comenzando a financiar y dotar de ayudas a países de la región. Durante los años de la Administración Trump, la relación con Pekín se ha deteriorado bastante, lo que pone a Biden en un escenario en el que tendrá que enfrentarse a una guerra comercial, a la carrera tecnológica en la batalla por el 5G, así como a cuestiones de seguridad regional y de derechos humanos.

Los países de la región exigen una respuesta efectiva por parte del gigante norteamericano para contener a China en la que se vea materializada la promesa de Washington sobre una zona de navegación libre y abierta. No obstante, Estados Unidos tiene que ser prudente, ya que, a excepción de Vietnam, Filipinas, y en parte Indonesia y Singapur, el resto de países de la región no sienten con urgencia la necesidad de una intervención americana. Sin embargo, a excepción de Camboya, el resto de los países tampoco aprueban la posibilidad de una hegemonía china.

Por lo general, los expertos apuntan a que en medio de esta tormenta el nuevo presidente estadounidense adoptará una actitud cuanto menos precavida pero continuista. Seguramente, en línea con la Administración Obama, se tienda a una apuesta por el multilateralismo, las alianzas de tipo económico y la integración regional sin ejercer una actitud autoritaria, rebajando la agresividad de la Administración Trump, pero siendo firmes en su postura. Todo ello implica buscar diferentes áreas en las cuales cooperar como puede ser cambio climático, la reducción de las Misiones de Freedom of Navigation o el aumento de actividades de Capacity Building.

Una mirada a un futuro cercano

Habrá que estar atentos a los últimos coletazos que pueda dar la Administración Trump en relación a este conflicto, así como a las medidas que Biden adopte durante sus primeros meses de Gobierno. No obstante, todo apunta a que, en esta situación de creciente tensión, Washington adoptará una postura cautelosa. Como hemos visto, los viajes de Pompeo han servido a Estados Unidos para reafirmar su presencia en la zona, asumiendo un rol de liderazgo, dando la respuesta que algunos países como Filipinas desean. Ahora bien, aunque, como se ha dicho, habrá que estar pendientes del correr de los próximos meses, con las bases ya asentadas, lo más probable es que Biden continúe la línea de la Administración Trump pero matizada por una apuesta por la integración regional, multilateralismo, la diplomacia y la cooperación económica para así ganar nuevos apoyos, fortalecer sus alianzas y contener a Pekín, justificando así su presencia en la zona como única potencia capaz de aglutinar fuerzas regionales para evitar una temida hegemonía china.

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El EPP, la guerrilla paraguaya crecida por descuido político

Surgido en 2008, el Ejército del Pueblo Paraguayo ha creado un conflicto que se ha cobrado ya un centenar de muertos

Surgido en 2008, el Ejército del Pueblo Paraguayo ha creado un conflicto que se ha cobrado ya un centenar de muertos

Las guerrillas marxistas en Latinoamérica son propias del pasado. Esa convicción llevó a subestimar el surgimiento en 2008 del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que desde entonces ha realizado un centenar de acciones violentas, sobre todo en zonas rurales del nordeste del país. El conflicto se ha cobrado un centenar de muertos y otros tantos heridos; también ha habido secuestros de personalidades, que le han dado al EPP especial eco informativo. La creación de un controvertido cuerpo especial militar-policial no ha logrado el objetivo de terminar con el grupo, lo que genera críticas a la gestión del problema por parte del Gobierno.

ARTÍCULO / Eduardo Villa Corta

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) fue considerado desde su surgimiento como un grupúsculo de radicales que apenas tendría recorrido. Sin embargo, en apenas diez años se ha convertido en una organización capaz de confrontar al Estado paraguayo: ha protagonizado un centenar de acciones terroristas, entre ellas una decena de secuestros, causando unos sesenta muertos y unos cien heridos.

Zonas de influencia del EPP (rojo claro) y lugares donde ha habido bases del grupo (rojo oscuro) [Mikelelgediento]

Zonas de influencia del EPP (rojo claro) y lugares donde ha habido bases del grupo (rojo oscuro) [Mikelelgediento]

Con un número de activistas que va desde la treintena de su núcleo duro a los doscientos si se consideran sus redes de apoyo, el EPP lleva varios años siendo un problema para el Gobierno, que no logra desarticularlo: en enfrentamientos con las fuerzas del orden han muerto 30 militantes y se ha detenido a un centenar, pero la imagen que ofrecen las autoridades es de ineficacia. En el haber negativo del Gobierno paraguayo está, además, el que no tomara en serio la amenaza que suponían la constitución del grupo y sus primeras acciones.

El EPP se formó oficialmente el 1 de marzo de 2008. Aunque, sus fundadores y los principales cabecillas ya habían planeado la creación de este grupo con anterioridad a esta fecha; sus raíces se remontan a 1992 y el Partido Patria Libre, como ha documentado el investigador Jeremy McDermott. El EPP se presenta como un grupo armado contra el sistema parlamentario “liberal burgués”, pero sobretodo es un movimiento marxista que promueve el levantamiento del campesinado de Paraguay, de ahí que intente su arraigo en la zona rural del nordeste del país.

La victoria presidencial en 2008 de Fernando Lugo al frente de una alianza de izquierda, poniendo fin a seis décadas de dominio político del Partido Colorado, pudo alentar la constitución del EPP, que luego creyó justificada su actuación con la destitución de Lugo en 2012 mediante un controvertido juicio político llevado a cabo por el Parlamento y que fue etiquetado por los partidarios de Lugo como golpe de estado.

El primer ataque del EPP, el 16 de marzo de 2008, consistió en la quema de maquinaria agrícola en el departamento de Concepción. El siguiente fue en diciembre de ese mismo año, con el ataque a un cuartel en Tacuatí, en el departamento de San Pedro. Desde entonces, sus movimientos se han centrado especialmente entre el sur del primero de esos departamentos y el norte del segundo.

A pesar de tratarse de una zona más o menos delimitada, la desarticulación del EPP no es fácil porque su modus operandi del EPP hace impredecible sus movimientos. Esto se debe, como explica McDermott, a que el grupo no actúa como otras organizaciones insurgentes, como ha sido el caso de las FARC. El núcleo del EPP está compuesto por unos treinta combatientes a tiempo completo, la mayoría con vinculaciones familiares. Estos son dirigidos por los cabecillas Alcides Oviedo y su esposa Carmen Villalba, que se encuentran en la cárcel; uno de los líderes en el terreno es Oswaldo Villalba. Además, existen unos cincuenta activistas a tiempo parcial, una red logística que podría llegar a doscientas personas y simpatizantes locales que, sin implicarse mucho con la causa, brindan información sobre operaciones de búsqueda de las fuerzas de seguridad. El grupo sufrió en 2014 la escisión de una de sus columnas, que pasó a denominarse Asociación Campesina Armada (ACA) y en 2018, de acuerdo con las autoridades, el EPP se dividió en dos grupos para afrontar la presión de las fuerzas de seguridad.

Las cifras mencionadas hablan de un grupo en realidad pequeño, lejos de los 8.000 integrantes que tenían las FARC en 2016 en el momento de su desmovilización o de los 4.000 miembros con los que en la actualidad cuenta el ELN en Colombia; también de los 3.000 que se llegaron a atribuir al chileno Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Aunque el EPP guarda más similitud con este último, su cese operacional en 1999 dejó a las FARC como principal grupo para el entrenamiento de quienes luego crearían el EPP, como quedó en evidencia en la documentación hallada en el ordenador del cabecilla de las FARC Raúl Reyes y el secuestro de la empresaria Cecilia Cubas, hija de un expresidente paraguayo, a finales de 2004.

Esa acción marcó lo que ha sido una línea de actuación del EPP. Desde 2008, además de extorsiones y asaltos con el fin de financiarse, el grupo ha realizado secuestros con el fin también de un mayor impacto en los medios. Estos se han hecho sobre familiares de expresidentes del país o de personalidades de un alto perfil político, por cuya liberación se han pedido rescates que han superado los cinco millones de dólares, aunque en las negociaciones se han acordado cifras más bajas. Usualmente se acuerda entregar parte del dinero en efectivo y parte en víveres para los pueblos aledaños a la zona de operaciones del EPP.

El grupo también ha realizado extorsiones y asaltos en esas zonas en las que opera, exigiendo “impuestos revolucionarios” a hacendados y ganaderos, a quienes además les roban ganado y comida para satisfacer las necesidades de sustento diario de la organización.

Otras destacadas acciones llevadas a cabo por el EPP son atentados con bombas. Por ejemplo, hubo un atentado contra la Corte Suprema de Justicia, en Asunción, en los inicios de las operaciones del grupo. Un ataque más reciente fue el perpetrado el 27 de agosto de 2016 contra un vehículo militar en la zona este de Concepción: los explosivos estallaron al paso del convoy y luego los terroristas liquidaron a los sobrevivientes con armas de fuego; en el atentado murieron ocho militares. Según las autoridades, este hecho marcó un salto en las operaciones del EPP, pasando de ser un grupo que busca recursos económicos a una organización con mayor capacidad operativa y militar.

Para hacer frente al EPP el presidente Horacio Cartes creó en 2013 la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ante la evidencia de que la actuación policial no resultaba efectiva, en parte por posibles casos de corrupción interna. La FTC está compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas, bajo el mando de un militar y directamente dependiente del presidente. El carácter más expeditivo de esa unidad ha generado alguna controversia en el debate social y político.

La operación más reciente del EPP ha sido el secuestro del ex vicepresidente paraguayo Óscar Denis, el 9 de septiembre de 2020. Para la liberación de Denis, dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico y activo participante en la destitución de Lugo, los terroristas reclaman la excarcelación de sus líderes, Alcides Oviedo y Carmen Villalba, además de la entrega de víveres para las áreas rurales en las que operan. El plazo puesto por la organización venció pocos días después sin que el Gobierno atendiera su petición. Ha habido movilizaciones ciudadanas exigiendo la libertad de Denis y la situación se sigue en el país con preocupación, poniendo en un aprieto al presidente Mario Abdo Benítez.

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El actual mandatario realizó una sola visita, además en el marco del G-20, frente a las seis que Bush y Obama hicieron en sus primeros cuatro años

Los viajes internacionales no lo dicen todo acerca de la política exterior de un mandatario, pero dan alguna pista. Como presidente, Donald Trump únicamente ha viajado una vez a Latinoamérica, y además solo porque la cumbre del G-20 a la que asistía se celebraba en Argentina. No es que Trump no se haya ocupado de la región –desde luego, la política hacia Venezuela ha estado muy presente en su gestión–, pero el no haber hecho el esfuerzo de desplazarse a otros países del continente refleja bien el carácter más unilateral de su política, poca volcada en ganar simpatías entre sus pares.

Firma en México en 2018 del tratado de libre comercio entre los tres países de Norteamérica [Departamento de Estado, EEUU]

▲ Firma en México en 2018 del tratado de libre comercio entre los tres países de Norteamérica [Departamento de Estado, EEUU]

ARTÍCULO Miguel García-Miguel

Con tan solo una visita a la región, el mandatario estadounidense es el que menos visitas oficiales ha realizado desde la primera legislatura de Clinton, quien también la visitó una sola vez. Por el contrario, Bush y Obama presentaron más atención al territorio vecino, ambos con seis visitas en su primera legislatura. Trump centró su campaña diplomática en Asia y Europa y reservó lo asuntos de Latinoamérica a visitas de los presidentes de la región a la Casa Blanca o a su ‘resort’ de Mar-a-Lago.

En realidad, la Administración Trump dedicó tiempo a asuntos latinoamericanos, tomando posturas más rápidamente que la Administración Obama, pues el empeoramiento del problema de Venezuela requería definir acciones. Al mismo tiempo, Trump ha tratado asuntos de la región con presidentes latinoamericanos en visitas de estos a Estados Unidos. No ha habido, sin embargo, un esfuerzo de multilateralidad o empatía, saliendo a su encuentro en sus países de origen para tratar allí de sus problemas.

Clinton: Haití

El presidente demócrata realizó una única visita a la región en su primer mandato. Acabada la operación Uphold Democracy para devolver al poder a Jean-Bertrand Aristide, el 31 de marzo 1995 Bill Clinton viajó a Haití para la ceremonia de transición organizada por Naciones Unidas. La operación había consistido en una intervención militar de Estados Unidos, Polonia y Argentina, con la aprobación de la ONU, para derrocar a la junta militar que había depuesto por la fuerza a Aristide, quien había sido elegido democráticamente. Durante su segundo mandato, Clinton prestó más atención a los asuntos de la región, con trece visitas.

Bush: tratados de libre comercio

Bush realizó su primer viaje presidencial al país vecino, México, donde se entrevistó con el entonces presidente Fox para tratar diversos temas. México prestó atención al trato del gobierno estadounidense a los inmigrantes mexicanos, pero ambos presidentes también discutieron sobre el funcionamiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o, en inglés, NAFTA), entrado en vigor en 1994, y de aunar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. El presidente de EEUU tuvo la oportunidad de visitar México tres veces más durante su primer mandato con el fin de asistir a reuniones multilaterales. En concreto, asistió en marzo de 2002 a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, organizada por las Naciones Unidas y que resultó en el Consenso de Monterrey; además Bush aprovechó la oportunidad para volver a entrevistarse con el presidente mexicano. En octubre del mismo año asistió a la cumbre del foro APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), que ese año se celebraba en el enclave mexicano de Los Cabos. Por último, pisó de nuevo territorio mexicano para acudir a la Cumbre Extraordinaria de las Américas que tuvo lugar en Monterrey en 2004.

Durante su primera legislatura Bush impulsó la negociación de nuevos tratados de libre comercio con diversos países americanos, que fue lo que marcó la política de su Administración en relación con el Hemisferio Occidental. En el marco de esa política viajó a Perú y a El Salvador los días 23 y 24 de marzo del 2002. En Perú se reunió con el presidente de ese país y con los presidentes de Colombia, Bolivia y Ecuador, con el fin de llegar a un acuerdo que renovase la ATPA (Andean Trade Promotion Act), por la cual EEUU otorgaba libertad arancelaria en una amplia gama de las exportaciones de esos países. Finalmente, el asunto se resolvió con la promulgación en octubre del mismo año de la ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act), que mantuvo las libertades arancelarias en compensación por la lucha contra el narcotráfico, intentando desarrollar económicamente la región para crear alternativas a la producción de cocaína. Por último, en el caso de El Salvador se reunió con los presidentes centroamericanos para discutir la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con la región (conocido en inglés como CAFTA) a cambio de un refuerzo de la seguridad en los ámbitos de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El Tratado fue ratificado tres años más tarde por el Congreso estadounidense. Bush volvió a visitar Latinoamérica hasta once veces durante su segundo mandato.

 

Gráfico 1. Elaboración propia con datos de Office of the Historian

 

Obama: dos Cumbres de las Américas

Obama comenzó su recorrido de visitas diplomáticas a territorio latinoamericano con la asistencia a la V Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto Príncipe (Trinidad y Tobago). En la Cumbre se reunieron todos los líderes de los países soberanos americanos a excepción de Cuba y tuvo como fin la coordinación de esfuerzos para la recuperación de la reciente crisis del 2008 con menciones a la importancia de la sostenibilidad ambiental y energética. Obama volvió a asistir en 2012 a la VI Cumbre de las Américas que se celebró esta vez en Cartagena de Indias (Colombia). A esta Cumbre no acudió ningún representante de Ecuador ni de Nicaragua en protesta por la exclusión hasta la fecha de Cuba. Tampoco acudió el presidente de Haití ni el presidente venezolano Hugo Chávez alegando motivos médicos. En la cumbre se volvieron a discutir temas de economía y seguridad teniendo especial relevancia la guerra contra las drogas y el crimen organizado, así como el desarrollo de políticas ambientales. Además, aprovechó esta visita para anunciar junto a Juan Manuel Santos, la entrada en efecto del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EEUU, negociado por la Administración Bush y ratificado tras cierta demora por el Congreso estadounidense. El presidente demócrata también tuvo la ocasión de visitar la región con motivo de la reunión del G-20 en México, pero esta vez el tema central rondó en torno a las soluciones para frenar la crisis de la deuda europea.

En cuanto a las reuniones bilaterales, Obama realizó una gira diplomática entre el 19 y el 23 de marzo de 2010 por Brasil, Chile y El Salvador, entrevistándose con sus respectivos presidentes. Aprovechó la ocasión para retomar las relaciones con la izquierda brasileña que gobernaba el país desde el 2002, reiterar su alianza económica y política con Chile y anunciar un fondo de 200 millones de dólares para reforzar la seguridad en Centroamérica. Durante su segundo mandato realizó hasta siete visitas, entre las que cabe destacar la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, pausadas desde el triunfo de la Revolución.

Trump: T-MEC

Donald Trump tan solo visitó Latinoamérica en una ocasión para asistir a la reunión del G-20, una convocatoria que ni siquiera era regional, celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2018. Entre los diversos acuerdos alcanzados destacan la reforma de la Organización Mundial de Comercio y el compromiso de los asistentes de implementar las medidas adoptadas en el Acuerdo de París, a excepción de EEUU, puesto que el presidente ya había reiterado su empeño en salirse del acuerdo. Aprovechando la visita, firmó el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, nuevo nombre para el renovado TLCAN, cuya renegociación había sido una exigencia de Trump) y se reunió con el presidente chino en el contexto de la guerra comercial. Trump, en cambio, no acudió a la VIII Cumbre de las Américas celebrada en Perú en abril de 2018; el viaje, que debía llevarle también a Colombia, fue cancelado a última hora porque el presidente estadounidense prefirió permanecer en Washington ante una posible escalada de la crisis siria.

El motivo de las pocas vistas a la región ha sido que Trump ha dirigido su campaña diplomática hacia Europa, Asia y en menor medida Oriente Medio, en el contexto de la guerra comercial con China y de la pérdida de poder en el panorama internacional de EEUU.

 

Gráfico 2. Elaboración propia con datos de Office of the Historian

 

Solo un viaje, pero seguimiento de la región

A pesar de apenas haber viajado al resto del continente, el candidato republicano sí ha prestado atención a los asuntos de la región pero sin moverse de Washington, pues han sido hasta siete los presidentes latinoamericanos que han pasado por la Casa Blanca. Las reuniones han tenido como foco principal el desarrollo económico y el reforzamiento de la seguridad, como es habitual. Atendiendo a la realidad de cada país las reuniones giraron más entorno a la posibilidad de futuros tratados de comercio, la lucha contra la droga y el crimen organizado, evitar el flujo de inmigración ilegal que llega hasta Estados Unidos o la búsqueda de reforzar alianzas políticas. Aunque la web del gobierno estadounidense no la catalogue como una visita oficial, Donald Trump también llegó a reunirse en la Casa Blanca en febrero de este mismo 2020 con Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela.

Justamente, si ha habido un tema común a todas estas reuniones, ese ha sido la situación de crisis económica y política en Venezuela. Trump ha buscado aliados en la región para cercar y presionar al gobierno de Maduro el cual no solo es un ejemplo de continuas violaciones de los derechos humanos, sino que además desestabiliza la región. La férrea oposición al régimen le sirvió a Donald Trump como propaganda para ganar popularidad e intentar salvar el voto latino en las elecciones del 3 de noviembre, y eso tuvo su premio al menos en el estado de Florida.

 

Gráfico 3. Elaboración propia con datos de Office of the Historian

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El deterioro de la situación del pequeño país mediterráneo beneficia a Hezbolá y a su patrón, Irán

Con cuatro primeros ministros diferentes en lo que va de año, resulta difícil escapar del círculo vicioso en el que se halla el Líbano, de modo que la continuidad del sistema político actual y la grave crisis financiera parecen inevitables. De esta perpetuación resultan algunas posibilidades, sombrías casi todas, para el futuro libanés. He aquí algunos de esos escenarios.

Estado del puerto de Beirut tras la explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 [Mehr News Agency/Wikipedia]

▲ Estado del puerto de Beirut tras la explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 [Mehr News Agency/Wikipedia]

ARTÍCULO / Salvador Sánchez Tapia

Decir que el sistema político libanés es disfuncional no es ninguna novedad. Basado en un equilibrio de poder sectario establecido en 1989 al cabo de una larga guerra civil, perpetúa la existencia de redes clientelares, favorece la corrupción, lastra el desarrollo económico del país y dificulta la creación de una identidad nacional libanesa transversal que trascienda las confesiones religiosas.

De un tiempo a esta parte, el Líbano vive inmerso en una crisis económica y social de tal magnitud que lleva a no pocos analistas a preguntarse si nos encontramos ante un nuevo caso de estado fallido. En octubre de 2019, el país se vio sacudido por una ola de manifestaciones que el propio Gobierno consideró sin precedentes, desatada por el anuncio del Ejecutivo de hacer frente a la grave crisis económica con varias medidas impopulares entre las que se encontraba la de gravar con un impuesto el uso de la popular aplicación Whatsapp. Las protestas, concentradas inicialmente en esta cuestión, incorporaron pronto quejas contra la corrupción rampante, el descontrolado incremento del coste de la vida, o la falta de empleo y oportunidades que vive el país.

Esta presión popular forzó la dimisión del Gobierno de unidad dirigido por Saad Hariri a finales de ese mismo mes. El Ejecutivo fue sustituido en enero de 2020 por un Gobierno de perfil más técnico que el anterior, y dirigido por el exministro de educación Hassan Diab. El nuevo Gobierno tuvo poco margen de maniobra para introducir reformas antes de que se declarase la pandemia por coronavirus, y pronto se vio acosado por la misma presión en la calle que había derrocado el Gobierno anterior, con manifestaciones que continuaron a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia.

La devastadora explosión de comienzos de agosto de 2020 en el puerto de Beirut no hizo sino hundir más al país en la espiral descendente en la que ya estaba sumido. A pesar de las voces que trataron de ver la mano de Israel o la de Hezbolá detrás de la catástrofe que costó la vida a 163 personas, la población libanesa pronto intuyó que esta no era sino la consecuencia lógica de años de corrupción, desidia burocrática  y abandono de la infraestructura nacional. De nuevo se produjo un crescendo de indignación popular; de nuevo el Gobierno se vio forzado a dimitir en pleno.

Con los ecos de la explosión aún vivos, a finales del mes de agosto, Mustafa Adib, exembajador del Líbano en Alemania, recibió del presidente Aoun el encargo de formar Gobierno. Incapaz de culminar tan ardua tarea, entre otras razones por culpa de la insistencia de Hezbolá en controlar el Ministerio de Hacienda, el 26 de septiembre Adib renunció al encargo y presentó su dimisión, dejando al país al borde del precipicio en el que todavía se encuentra.

Es difícil hacer pronósticos sobre el futuro del Líbano, más allá de augurar que se antoja sombrío, pues una compleja dinámica de fuerzas internas y externas atenazan al país. A pesar de la presión que, al menos desde la urbanizada y cosmopolita Beirut, se hace para acabar con ella, resulta enormemente complejo desenredar la tupida madeja de redes clientelares que han controlado el país desde su independencia, no solo por los beneficios que ha generado a un reducido grupo de privilegiados, sino también porque muchos temen las alternativas a un modelo que, con todos sus defectos, ha evitado una reproducción de la salvaje guerra civil que se vivió entre 1975 y 1990.

Su situación geográfica complica al Líbano la tarea de sustraerse al clima de inestabilidad general que reina en Oriente Medio, y a la influencia que ejercen sobre el país actores regionales e internacionales como Israel, Irán, Siria, o Francia, máxime si se considera que los problemas del estado levantino son tan profundos, y su liderazgo nacional tan débil, que no parece sea capaz de superarlos por sí solo.

El drama del Líbano es que su propia división sectaria hace difícil que surjan naciones dispuestas a donar con criterios transversales que ayuden a superar la brecha que divide internamente al país, y que la ayuda que pueda recibir de actores como Irán o Arabia Saudita, no hace sino apuntalarla. Los esfuerzos del presidente francés, Emmanuel Macron, autoerigido como impulsor de la reconstrucción libanesa, no parecen, por el momento, ganar momento. En la conferencia de donantes que convocó el 9 de julio con quince jefes de estado, obtuvo contribuciones por valor de 250 millones de dólares para revitalizar la mortecina economía libanesa. Mientras, el alcalde de Beirut estima que el montante de la reconstrucción por la explosión de agosto en el puerto de la capital asciende a una cifra que sitúa entre los 3.000 y los 5.000 millones de dólares.

Como imagen especular de esta dificultad, las comunidades libanesas, cómodamente instaladas en el statu quo, rechazan una ayuda, sin duda necesaria, si sienten que puede ir en detrimento de sus respectivas bases de poder. Hezbolá, por ejemplo, no acepta los programas del FMI, complicando la consecución del consenso nacional necesario que facilite el apoyo de esta institución. Resulta difícil escapar de este círculo vicioso, de modo que la continuidad del sistema político actual, y con él la de la grave crisis financiera libanesa, parecen hechos inevitables. De esta perpetuación resultan algunas posibilidades, sombrías casi todas, para el futuro libanés. La primera de ellas es que el Líbano continúe precipitándose por el plano inclinado que la está convirtiendo en un estado fallido, y que esta condición acabe por provocar una guerra civil precipitada por sucesos similares a los sucedidos durante la Primavera Árabe en otros estados de la región. Esta eventualidad resucitaría los fantasmas del pasado, produciría una inestabilidad regional difícilmente mensurable pero que, sin duda, provocaría la intervención de actores regionales e internacionales, y podría acabar desmembrando el país, resultado este último que no haría sino sembrar la semilla de más inestabilidad en toda la región.

Sin llegar a ese extremo, el desorden interno puede llegar a quebrar el precario equilibrio de poder sobre el que se basa la vida política libanesa, en beneficio de alguno de sus grupos sectarios. Hezbolá, líder indiscutible de la fracción chií del país, aparece aquí como el grupo más organizado y fuerte dentro del país y, por tanto, como el que más podría ganar de esta quiebra. Debe tenerse en cuenta que, además de con el apoyo de la práctica totalidad del 27 por ciento de chiitas libaneses, la organización-milicia es vista de forma favorable por muchos miembros de la dividida comunidad cristiana –algo más de un 45 por ciento de la población del país– que anteponen su anhelo de orden y seguridad interna en el país a otras consideraciones. Sabedor de ello, el líder de Hezbolá, Hasan Nasrallah, se muestra moderado en sus propuestas, viendo en la comunidad sunnita, apoyada por Arabia Saudita, a su verdadero rival, y tratando de ampliar su base de poder.

Irán sería, sin duda, el verdadero triunfador de este escenario, pues no parece realista pensar en un Hezbolá que, una vez alcanzada la mayoría de edad, pase a tener una vida propia al margen del régimen de los ayatolás. Teherán completaría, con esta nueva pieza, el arco chiita que conecta Irán con Irak y, a través de Siria, con el Mediterráneo Oriental. Los efectos desestabilizadores de tal situación, sin embargo, no pueden ser subestimados si se tiene en cuenta que la sola posibilidad de que la República Islámica de Irán se haga con el control absoluto del Líbano constituye un casus belli para Israel.

En una nota positiva, la grave crisis que atraviesa el país y la fuerte presión popular, al menos en áreas urbanas, puede ser, paradójicamente, un acicate para superar el sistema sectario que tanto ha contribuido a generar esta situación. Sin embargo, semejante transición únicamente tiene posibilidades de avanzar –no importa cómo de tenues– con un decidido apoyo externo al por mayor.

En este escenario, el papel de la comunidad internacional no debe limitarse al aporte de recursos económicos para evitar el colapso del país. Su implicación tiene que favorecer el desarrollo y sostenimiento de movimientos cívico-políticos de base intersectaria que sean capaces de reemplazar a quienes perpetúan el actual sistema. Para ello, a su vez, es imperativo que las naciones contribuyentes presten su ayuda con altura de miras, renunciando a cualquier intento de configurar un Líbano a la medida de sus respectivos intereses nacionales, y forzando a las élites que controlan las facciones a abdicar del statu quo en pro de una verdadera identidad libanesa. La pregunta obvia es: ¿hay alguna posibilidad real de que esto suceda? La realidad, desafortunadamente, no permite albergar grandes esperanzas.

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Armenia y Azerbaiyán se enfrentan en un conflicto en el que también se han implicado Turquía y Rusia

Monumento a la captura de la ciudad de Shusha por parte armenia en la guerra por Nagorno Karabaj en la década de 1990 [Wikipedia]

▲ Monumento a la captura de la ciudad de Shusha por parte armenia en la guerra por Nagorno Karabaj en la década de 1990 [Wikipedia]

ANÁLISIS / Irene Apesteguía

La región de Nagorno Karabaj, tradicionalmente habitada por armenios cristianos y turcos musulmanes, es internacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán. No obstante, su población es de mayoría armenia, y con sentimiento independentista. En época soviética se convirtió en una región autónoma dentro de la república de Azerbaiyán y fue en la guerra de la década de 1990 cuando, además de dejar unos 30.000 muertos y alrededor de un millón de personas desplazadas, las fuerzas separatistas capturaron territorio adicional azerí. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, las discrepancias étnicas entre Azerbaiyán y Armenia se han hecho más profundas. Incluso un censo de 2015 de Nagorno Karabaj reportó que no vivía allí ningún azerí, mientras que, en época soviética, los azeríes conformaban más de un quinto de la población. Desde la tregua entre las dos exrepúblicas soviéticas de 1994, se ha dado una situación de punto muerto, con el fracaso de varias negociaciones para lograr un acuerdo de paz permanente. La disputa ha continuado congelada desde entonces.

El pasado 27 de septiembre, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán volvió a conducir a un enfrentamiento militar. Los últimos acontecimientos van mucho más allá de los enfrentamientos habituales, ya que hay informes de helicópteros derribados, uso de drones de combate y ataques con misiles. En 2016 se produjo una violenta escalada del conflicto, pero no se ocupó Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj, y tampoco se declaró ninguna ley marcial. Si algo queda claro es que la escalada actual es una consecuencia directa del congelamiento del proceso de negociaciones. Además, es la primera vez que los estallidos armados se producen en intervalos tan cortos, pues la última escalada del conflicto tuvo lugar el pasado mes de julio.

El ministro de Defensa de Azerbaiyán, Zakir Hasanov, amenazó el pasado 27 de septiembre con un “gran ataque” contra Stepanakert, si los separatistas no cesaban de bombardear sus asentamientos. Nagorno Karabaj declaró que respondería de forma “muy dolorosa”. Armenia, por su parte, advirtió que el enfrentamiento podría desatar una “guerra a gran escala en la región”.

Los líderes de ambos países se responsabilizan mutuamente de esta nueva escalada de la violencia. Según Azerbaiyán, las Fuerzas Armadas de Armenia provocaron constantemente al país, disparando contra el ejército y contra aglomeraciones de civiles. Además, en múltiples canales de televisión locales azerbaiyanos, el presidente Ilham Aliyev ha declarado que Armenia se está preparando para una nueva guerra, concentrando todas sus fuerzas en Karabaj. Incluso las autoridades azeríes han restringido el uso de internet en el país, limitando principalmente el acceso a las redes sociales.

En su operación de contraofensiva, Azerbaiyán movilizó personal y unidades de tanques con el apoyo de tropas de artillería y misiles, aviación de primera línea y vehículos aéreos no tripulados (UAV), decía el comunicado de prensa del Ministerio. Además, de acuerdo con el Observatorio sirio de Derechos Humanos, varios sirios de grupos yihadistas, de facciones respaldadas por los turcos, son combatientes en Nagorno-Karabaj. Esto ha sido corroborado por fuentes rusas y francesas. En cualquier caso, no sería sorprendente cuando Turquía se sienta al lado de Azerbaiyán.

Por su parte, Armenia culpa a Azerbaiyán de comenzar el combate. Autoridades armenias anunciaron que el ejército azerbaiyano había atacado con lanzagranadas propulsadas por cohetes y con misiles. Armenia no ha dejado de prepararse, pues en las semanas previas al inicio del combate, se habían detectado múltiples envíos de armas rusas al país a través de vuelos de transporte pesado. Por otro lado, el ministro de Defensa de Armenia ha acusado a Turquía de ejercer el comando y control de las operaciones aéreas de Azerbaiyán a través del avión Boeing 737 Airborne Early Warning & Control, ya que Turquía tiene cuatro de estos aviones.  

Desencadenantes

Ambas potencias estaban en alerta debido a los enfrentamientos de julio. Desde entonces, no han abandonado la preparación militar a manos de sus aliados externos. Por tanto, los acontecimientos actuales no pueden describirse como surgidos de la nada. Después del estallido de julio ha persistido la sensación de que el enfrentamiento armado simplemente había quedado en suspenso.

Horas después del estallido de los combates, Armenia declaró la ley marcial y la movilización general. Azerbaiyán, al contrario, declaró que tal actuación no era necesaria, pero finalmente el parlamento decidió imponer la ley marcial en algunas regiones del país. No solo se decretó la ley marcial, sino que también el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán declaró la liberación de siete aldeas, el establecimiento de un toque de queda en varias ciudades y la reconquista de múltiples alturas importantes. Está claro que todos los territorios ocupados tienen un crucial valor estratégico: Azerbaiyán ha asegurado el control visual de la carretera Vardenis-Aghdara, que conecta con el Karabaj, ocupado por Armenia. La carretera fue terminada por Armenia hace tres años, con el fin de facilitar las transferencias de carga militar de forma rápida, algo que indica que se trata de una posición estratégica para Armenia.

La guerra de drones ha estado también presente en el conflicto con drones turcos e israelíes usados por Azerbaiyán. Las medidas anti-drones que Armenia tiene que llevar a cabo están haciendo partícipe en el asunto a Irán.

Un factor importante que ha podido llevar al conflicto han sido los cambios en la cúpula diplomática de Bakú. Elmar Mammadyarov, ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, abandonó su cargo durante los enfrentamientos de julio. Ha sido reemplazado por el exministro de Educación, Jeyhun Bayramov, quien no tiene mucha experiencia diplomática. Mientras tanto, Hikmet Hajiyev, asesor de política exterior del presidente de Azerbaiyán ha visto aumentado su papel en estas áreas.

Pero el problema no se centra tanto en los nuevos nombramientos. Durante los últimos años, Mammadyarov fue el mayor optimista acerca de las concesiones que Armenia podría estar dispuesta a hacer bajo el nuevo gobierno de Nikol Pashinyan. Y es que, desde la Revolución de Terciopelo de Armenia, que llevó al puesto de primer ministro a Pashinyan en 2018, Azerbaiyán había abrigado la esperanza de poder resolver el conflicto. Esta esperanza era compartida por muchos diplomáticos y expertos de Occidente. Es más, incluso dentro de Armenia, los oponentes de Pashinyan lo calificaron de traidor porque, según afirmaban, vendía los intereses del país a cambio de dinero occidental. Toda esta esperanza en torno a Armenia desapareció, pues la posición del nuevo primer ministro armenio con relación a Nagorno-Karabaj fue más dura que nunca. Hasta declaró en varias ocasiones que “Karabaj es Armenia”. Todo esto llevó a reforzar la posición de Azerbaiyán, que tras los enfrentamientos de julio se endureció. Y es que Bakú nunca ha descartado el uso de la fuerza para intentar solucionar el problema de su integridad territorial.

En el conflicto de 2016 hubo muchos esfuerzos para minimizar estos disturbios armados, principalmente por parte de la diplomacia rusa. Estos han contado con el respaldo de Occidente, que vio la mediación de Moscú como algo positivo. Sin embargo, las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán no se han reanudado, y la excusa de la pandemia de coronavirus no ha sido muy convincente, según medios nacionales.

Más puntos han llevado a la escalada actual, como una mayor participación turca. Después de los enfrentamientos de julio, Turquía y Azerbaiyán realizaron ejercicios militares conjuntos. Los representantes de Ankara comenzaron a hablar sobre la ineficacia del proceso de paz, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hablando el pasado mes en la Asamblea General de la ONU, describió a Armenia como el mayor obstáculo para la paz a largo plazo en el sur del Cáucaso. Esto no quiere decir que Turquía haya provocado la nueva escalada, pero sin duda contribuyó a empujar a Azerbaiyán a una actitud más envalentonada. El presidente turco afirmó en Twitter que “Turquía, como siempre, está con todos sus hermanos y hermanas de Azerbaiyán”. Además, el pasado mes de agosto, el ministro azerí de Defensa dijo que, con la ayuda del ejército turco, Azerbaiyán cumpliría “su sagrado deber”, algo que puede interpretarse como la recuperación de los territorios perdidos.

Importancia internacional

En un breve repaso por los aliados, cabe mencionar que los azeríes son una población mayoritaria de origen turco, con la que Turquía tiene estrechos lazos, aunque a diferencia de los turcos, la mayor parte de azeríes son musulmanes chiítas. En cuanto a Armenia, Turquía no tiene relaciones con el país, pues el primero es un país mayoritariamente cristiano ortodoxo que históricamente siempre se ha apoyado en Rusia.

Nada más comenzar las hostilidades, varios estados y organizaciones internacionales pidieron un alto al fuego. Por ejemplo, el canciller ruso Sergei Lavrov, en una conversación telefónica con su homólogo armenio, Zohrab Mnatsakanyan, pidió el fin de los combates y declaró que Moscú continuaría con sus esfuerzos de mediación. Mientras tanto, tal como hizo después de los enfrentamientos de julio, Turquía volvió a expresar a través de varios canales su pleno apoyo a Azerbaiyán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía aseguró que Ankara está dispuesta a ayudar a Bakú de cualquier forma. El presidente armenio, horas previas al inicio del fuego, mencionó que un nuevo conflicto podría “afectar a la seguridad y estabilidad no solo del Cáucaso Sur, sino también de Europa”. El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, expresó serias preocupaciones y pidió a ambas partes detener los combates.

Por otro lado, está Irán, que es principalmente chiíta y además tiene una gran comunidad de etnia azerí en el noroeste del país. No obstante, mantiene buenas relaciones con Rusia. Además, teniendo frontera con ambos países, Irán se ofreció a mediar en conversaciones de paz. Aquí se centra el problema actual de Irán sobre el nuevo conflicto. Los activistas azeríes convocaron protestas en el Azerbaiyán Iraní, que es el territorio nacional de los azeríes bajo soberanía de Irán, en contra del apoyo de Teherán a Armenia. Los arrestos llevados a cabo por el gobierno iraní no han impedido que sigan las protestas por parte de este sector social. Esta respuesta en las calles es un importante indicador de la temperatura actual en el noroeste de Irán.

En cuanto a países occidentales, Francia, que tiene una gran comunidad armenia, pidió un alto el fuego y el inicio del diálogo. Estados Unidos aseguró haber contactado con ambas partes para urgirles a “cesar las hostilidades inmediatamente y evitar palabras y acciones de poca ayuda”.

Rusia puede tener serias preocupaciones en la reanudación de las hostilidades a gran escala. Ha dejado claro en múltiples ocasiones que lo importante es evitar que el conflicto vaya a más. Un motivo de esa insistencia puede ser que el Kremlin tiene ya frentes abiertos en Ucrania, Siria y Libia, además de la situación actual en Bielorrusia, y el envenenamiento de Alexéi Navalni. Además, a pesar del intento actual por parte de los presidentes de Rusia y Turquía por mostrar que las relaciones entre sus países van bien, cada vez son mayores y más diversas las discrepancias entre ellos, como sus puntos de vista en Siria o en Libia. Y ahora, Vladimir Putin no podría dejar a Armenia en manos de Azerbaiyán y Turquía.

El Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tiene como principal misión la mediación de las negociaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán, y está copresidida por Rusia, Francia y Estados Unidos. Como respuesta al presente conflicto, pidió “regreso al alto el fuego y reanudación de negociaciones sustantivas”. A principios de este año, Armenia rechazó los Principios de Madrid, el principal mecanismo de resolución de conflictos que propuso el Grupo de Minsk. Además, esta iniciativa se ha visto cada vez más imposibilitada por el concepto de “nueva guerra por nuevos territorios” del Ministerio de Defensa de Armenia, así como por la idea de unificación de Armenia y Karabaj de Nikol Pashinyan. Todo esto ha enfurecido al gobierno y la ciudadanía azerí, que ha criticado cada vez más al Grupo de Minsk. Azerbaiyán también ha criticado la pasividad del grupo ante lo que considera acciones incendiarias de Armenia, como el traslado de la capital de Karabaj a Susa, una ciudad con gran importancia cultural para los azerbaiyanos, o como el asentamiento ilegal de libaneses y armenios en territorios ocupados de Azerbaiyán.  

Si alguna conclusión debe de ser obtenida de esto es que, para muchos, tanto en Azerbaiyán como en Armenia, el proceso de paz se ha desacreditado en las últimas tres décadas de negociaciones fallidas, lo que ha provocado cada vez más advertencias de que el status quo conduciría a una mayor intensificación del conflicto.

Entre algunos expertos existe una creciente preocupación de que los países occidentales no comprenden la situación actual y las consecuencias que se podrían derivar del peor estallido en la región en años. El director de la Oficina del Cáucaso Sur en la Fundación Heinrich Boell, Stefan Meister, ha afirmado que los combates entre estas dos regiones pueden llegar lejos. En su opinión, “la Unión Europea y Occidente subestiman el conflicto”.

La Unión Europea también se ha posicionado. Ya ha pedido a Armenia y Azerbaiyán la reducción de las tensiones transfronterizas, instando a detener el enfrentamiento armado y a abstenerse de acciones que provoquen más tensión, debiendo tomar medidas para evitar una mayor escalada.

El conflicto en el Cáucaso tiene gran importancia internacional. En la zona se dan periódicos enfrentamientos y resurgimientos de tensiones. La relevancia se centra en que cualquier escalada de la violencia puede desestabilizar la economía global, dado que el Cáucaso sur es un pasillo para gasoductos que llegan desde el mar Caspio hasta los mercados mundiales, y más concretamente, a Europa. Si Armenia decide que Azerbaiyán ha escalado demasiado, podría atacar el Gasoducto del Cáucaso del sur de Azerbaiyán, que envía gas para el TANAP de Turquía, y termina con el TAP, que abastece a Europa. Otro aspecto estratégico es el control de la ciudad Ganyá, pues controlarla podría conectar a Rusia con Karabaj. Además, el control de ese emplazamiento podría cortar la conectividad entre Azerbaiyán, Georgia y Turquía en relación con los gaseoductos. Ya hubo conflictos en esta área el pasado mes de julio, por ello a raíz del nuevo conflicto Azerbaiyán se ha predispuesto a cerrar el espacio aéreo de la región.

 

En verde fuerte, territorio de Nagorno-Karabaj acordado en 1994; en verde suave, territorio controlado por Armenia hasta este verano [Furfur/Wikipedia]

En verde fuerte, territorio de Nagorno-Karabaj acordado en 1994; en verde suave, territorio controlado por Armenia hasta este verano [Furfur/Wikipedia]

 

¿Una nueva guerra?

Hay varios resultados posibles para la situación actual. Lo más probable es una batalla por zonas pequeñas y no particularmente importantes, que permitan la declaración simbólica de una “victoria”. El problema se centra en que cada oponente puede tener una visión muy diferente de las cosas, siendo entonces inevitable una nueva vertiente de confrontación, subiendo el listón del conflicto, y derivando en una menor posibilidad de entendimiento entre las partes.

Aunque poco probable, muchos analistas no descartan la posibilidad de que la escalada actual sea parte de los preparativos para las negociaciones y sea necesaria para apuntalar las posiciones diplomáticas y aumentar la presión sobre el oponente antes de reanudar las conversaciones.

Cualquiera que sea el razonamiento detrás de los enfrentamientos armados, una cosa está clara: la importancia de la fuerza militar en el proceso de paz de Nagorno-Karabaj crece día a día. La ausencia de conversaciones se está volviendo crítica. Si el péndulo de Karabaj no se arregla pronto y no pasa de los generales a los diplomáticos, puede volverse irreparable. Y será entonces cuando las perspectivas de que estalle otra guerra regional una vez más dejarán de ser un mero escenario descrito por los expertos.

Mientras que Rusia sigue insistiendo en que no hay otra opción más que la vía pacífica, la Línea de Contacto entre ambos lados en Nagorno Karabaj se ha convertido en la zona más militarizada de Europa. Muchos expertos han mostrado en varias ocasiones como posible escenario que Azerbaiyán decida lanzar una operación militar para recuperar su territorio perdido. El país, cuya principal fuente de ingresos es su riqueza petrolera del Mar Caspio, ha gastado miles de millones de dólares en nuevo armamento. Además, ha sido Azerbaiyán quien ha reemplazado a Rusia como el mayor portador de gas natural a Turquía.

Una gran consecuencia del conflicto se centra en las posibles pérdidas de Rusia e Irán. Una víctima más del conflicto puede ser la posición rusa como líder de Eurasia. Otro argumento se basa en el Consejo turco, que ha exigido la retirada de Armenia de tierras azerbaiyanas. El problema está en que los miembros de ese consejo, Kazajistán y Kirguistán, son también miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC), liderada por Rusia junto con Armenia. Por otro lado, además, Irán muestra pánico ante la solidaridad total expresada por Turquía a Azerbaiyán, pues viven más azeríes en el Azerbaiyán Iraní que en la República de Azerbaiyán.

Nos situamos ante uno de los tantos conflictos ejemplificativos del nuevo y actual “estilo” de guerra, donde grandes potencias se sitúan a espaldas de pequeños conflictos. No obstante, el territorio de Nagorno-Karabaj será pequeño en extensión, pero no en importancia, ya que además de contribuir a la continuidad en la desestabilización del área caucásica, puede afectar a potencias cercanas, e incluso a Europa. Occidente debiera otorgarle la importancia que se merece, pues de continuar en la misma línea, la puerta está abierta a un conflicto bélico más violento, extenso y prolongado.

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Francia y Alemania se acercan a Polonia como tercer país del núcleo duro, en lugar de sumar a Italia o España

Dejando a un lado las críticas de los últimos años a las reformas judiciales polacas, París y Berlín buscan un grado de cooperación especial con Polonia con el fin de que esta no ejerza la función de puerta europea para la influencia de Washington que antes correspondía al Reino Unido. Para franceses y alemanes, Polonia parece un socio más fiable que Italia y España, cuya inestabilidad política complica la elaboración de estrategias de seguridad y defensa a medio y largo plazo.

Macron con el presidente y el primer ministro polacos durante su visita a Varsovia de febrero de 2020 [Palacio del Elíseo]

▲ Macron con el presidente y el primer ministro polacos durante su visita a Varsovia de febrero de 2020 [Palacio del Elíseo]

ARTÍCULO Jokin de Carlos Sola

El Consejo Europeo es quizás el órgano más importante de la UE. Encargado de marcar objetivos, marca la agenda al Parlamento y a la Comisión. Es en este órgano donde los estados están representados como tales y donde asuntos como el peso de la población y de la economía de cada país toman una importancia particular.

Francia y Alemania logran así su gran relevancia en el Consejo Europeo, donde además su influencia ideológica sobre otros gobiernos europeos se traduce en un liderazgo no oficial de la Unión. Ambos países han querido establecer un grado de cooperación especial con Polonia, para ganar influencia sobre uno de los países que les sigue en población y con ello reducir la presencia de Estados Unidos en Europa. Esa colaboración a tres bandas se concreta en el Triangulo de Weimar.

Por otra parte, el Brexit ha abierto una carrera extraoficial por saber quién será el tercer país más influyente en la Unión Europea. Todo esto en un momento en que políticos como Emmanuel Macron o Ursula von der Leyen están llamando al refortalecimiento de una política exterior común. Países Bajos, bajo Mark Rutte, ha tratado de lograr ese puesto a través de alianzas con países ideológicamente afines en la llamada Nueva Liga Hanseática. Sin embargo, Polonia también parece tener partidarios para ocupar ese puesto. De esta carrera parecen haberse caído Italia y España, dos de los países más grandes. 

Recuperar una idea olvidada

El Triangulo de Weimar nació en 1991, con el objetivo de ayudar a Polonia en su salida del comunismo. En aquel año se celebró una reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores de los tres países: Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher y Krzysztof Skubiszewski. Con esa reunión, Polonia logró que Francia y Alemania le dieran una consideración especial entre los países europeos que habían estado al otro lado del Telón de Acero y que pronto entrarían en la OTAN y más tarde en la UE (Polonia ingresó en la Alianza Atlántica en 1999 y en 2004 en la UE).

A partir de entonces representantes de los tres gobiernos se reunieron con relativa frecuencia. Hasta 2016 hubo ocho cumbres de los jefes de Estado, así como 23 encuentros de ministros de Asuntos Exteriores y dos de responsables de Defensa. En 2013 los tres países decidieron formar un batallón bajo comando de la UE (uno de los 18 que hay), con el nombre de Grupo de Combate Weimar o Batallón Weimar, integrado por oficiales y soldados de los tres países.

Desde 2015, sin embargo, las relaciones comenzaron a enfriarse a raíz de la llegada al poder en Polonia del partido Ley y Justicia, de tendencia mucho más atlantista y menos tolerante hacia Rusia. En 2016 el ministro de Exteriores polaco Witold Waszczykowski llegó a declara que el Triángulo de Weimar no tenía mayor importancia para su país. Ese mismo año hubo un intento de reavivar la cooperación tripartita con una reunión de los tres titulares de Exteriores para afrontar temas como el Brexit o la crisis de los refugiados, pero sin mucho éxito.

Durante los siguientes tres años la cooperación disminuyó y se produjeron críticas francesas y alemanas hacia el Gobierno polaco. La sustitución de Waszczykowski moderó las manifestaciones de Varsovia, pero las relaciones no fueron a ser tan fluidas como al principio. El malestar de Polonia hacia Berlín se debería sobre todo a la construcción del Nord Stream 2 (la duplicación del gaseoducto que une directamente Alemania y Rusia); la desconfianza hacia París era por su aparente simpatía con Moscú. Por su parte, sobre todo tras la llegada de Macron al Elíseo, Francia comenzó a sentir desconfianza hacia Polonia por su estrecha relación con Washington.

No obstante, a partir de 2019 comenzó a haber un nuevo acercamiento. Francia pasó a pensar que es mejor tener a Polonia cerca y así alejar a Estados Unidos, mientras que Polonia consideró que en realidad podía hacer compatible su cercanía a Francia y Alemania con al apoyo militar estadounidense para defenderse de Rusia. En febrero de 2020 Macron visitó Varsovia y se reunió con el presidente Duda y el primer ministro Morawiecki para mejorar las relaciones entre los dos países y recuperar la idea del Triángulo.

Marginación de España e Italia

Puede sorprender que Alemania y Francia busquen a Polonia en lugar de querer contar más con Italia o España, países no solo con más población sin con mayores economías. Pero las razones son claras. A pesar de las divergencias en política exterior entre Francia y Polonia, es innegable que el país eslavo es capaz de ofrecer algo que ni España e Italia pueden aportar: estabilidad. Desde 2016 los dos países mediterráneos han estado viviendo una crisis política interna tras otra, lo que obliga a sus gobiernos a mantener los asuntos de política exterior en segundo plano.

En España ningún Gobierno ha contado con mayoría absoluta en el Parlamento desde 2015, y no parece que eso vaya a cambiar. Entre 2015 y 2019 ha habido cuatro elecciones generales y dos primeros ministros. Esta situación dificulta la aprobación de leyes, entre ellas la fundamental del presupuesto, sin el cual no se puede esperar un compromiso en política exterior.

En Italia el comienzo del tornado comenzó con la caída de Matteo Renzi a finales de 2016. Desde entonces el país ha visto dos primeros ministros y tres gobiernos. Esto puede no resultar sorprendente en el caso italiano, pero sin duda la inestabilidad percibida es ahora mayor. Además, existe desconfianza de los otros socios europeos por los tratos de Italia con China sobre la Nueva Ruta de la Seda, algo que en general causa más preocupación que los coqueteos de Polonia con Estados Unidos. En términos geopolíticos también es motivo de alerta la posibilidad de que una crisis política convierta en primer ministro a Salvini, quien no ha sido sutil en su admiración hacia la Rusia de Putin. 

Por el contrario, pese a haber cambiado de primer ministro y gabinete en 2018, Polonia ha mostrado una clara línea de política exterior desde la llegada de Ley y Justicia al poder, además de un constante crecimiento económico. Tras la victoria en las elecciones de 2019 todo parece indicar que Mateusz Morawiecki seguirá siendo primer ministro por lo menos hasta 2023. Esa perdurabilidad de políticas hace de Polonia un aliado más atractivo, a pesar de las tensiones por las polémicas reformas judiciales polacas.

Por otra parte, la coordinación con Polonia ofrece a París y Berlín una vía para integrar más a los países del antiguo bloque soviético en la toma de decisiones de la Unión Europea.

Tres visiones

No obstante, el deseo de creación de un órgano de cooperación en el seno del Triángulo de Weimar supone todo un reto, pues cada país representa, de una forma u otra, uno de tres de los programas de política exterior que dividen a Europa.

En un extremo del espectro está el gaullismo francés, que aboga por una Europa independiente y es receloso de la presencia de Estados Unidos en Europa, pues hay que recordar que Francia ya tiene un fuerte ejército. París abandonó esta perspectiva por la atlantista en 2007 con Sarkozy, pero ha sido recuperada por Macron. Esto hace que la retórica de Macron pueda llevar a encontronazos con los norteamericanos, al tiempo que también busca marcar perfil propio frente a Moscú y Pekín.

En medio se encuentra el pragmatismo alemán: Alemania no quiere aumentar los conflictos y prefiere centrarse en su economía. Por un lado negocia con los rusos recibir gas para la actividad de su industria y por otro quiere que las tropas de Estados Unidos sigan en su territorio, pues su marcha le obligaría a aumentar el gasto en seguridad. En los planes europeos para la recuperación tras la pandemia de Covid-19 Alemania ha estado claramente más ausente y Macron ha sido quien ha tomado la iniciativa.

Finalmente encontramos el atlantismo polaco. Polonia es quizás el país más atlantista de la UE. Incluso bajo la Administración Trump ha habido un nivel alto de pro-americanismo entre la población y la clase política. El Gobierno ha pujado por lograr acoger una base estadounidense y el ministro de Defensa Mariusz Błaszczak ha elogiado de modo entusiasta el papel de Estados Unidos como defensor del mundo libre. Esto no es nuevo, pues ya la invasión de Irak de 2003 fue apoyada por Polonia, frente al rechazo de Francia y Alemania. Polonia sigue viendo a Rusia como su mayor amenaza y a Estados Unidos y la OTAN como garantes de protección.

Vuelve el Triángulo

Su situación geográfica explica la posición de Polonia y no va a dejar de querer bases de la OTAN en su territorio. No obstante, entiende que necesita aliados cercanos con mayor estabilidad interna –de ahí su acercamiento a Alemania y Francia– que la que ofrece la Administración Trump, cuya imagen internacional está muy dañada, o un Reino Unido más ocupado en gestionar el Brexit que los asuntos de seguridad.

Por otra parte, Macron quiere evitar que Polonia sustituya a Reino Unido como representante de la política norteamericana en Europa, por eso ha cambiado de estrategia para evitar alienarla con las críticas a sus reformas judiciales. Macron no las mencionó en su visita a Varsovia de febrero de este año y únicamente animó a “respetar los valores europeos”. De alguna forma Macron entiende que tras el Brexit va a necesitar a Polonia para avanzar en sus planes de política exterior europea y por ello es importante traerla a la sala de mando. Macron llegó a decir en Varsovia que Polonia, Alemania y Francia deberían guiar a la Unión post-Brexit. Además, anunció el envío de 600 hombres más a Polonia, lo que elevará a 5.100 los soldados franceses en ese país.

En ese encuentro, ambos mandatarios acordaron reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, si bien las limitaciones impuestas por la pandemia del coronavirus han ralentizado algunos contactos, a la espera también de que la economía comience a recuperarse. La presidencia del Consejo recién estrenada por Alemania, por otra parte, desaconseja que Berlín aparezca excesivamente alineado con un determinado vector europeo. Pueda darse, pues, una cierta hibernación coyuntural del Triángulo de Weimar; en cualquier caso, aunque se trata de una fórmula arriesgada, si se coordina con el Parlamento y con la Comisión su consolidación podría suponer un avance en la cohesión y la gobernanza europea.

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