Pekín ha anunciado la construcción de una quinta base, igualando en número las que tiene Estados Unidos

Si bien existe un amplio seguimiento internacional sobre la toma de posiciones de las grandes potencias en el Ártico, dado que el calentamiento global abre rutas de comercio y posibilidades de explotación de recursos, los movimientos geopolíticos en torno a la Antártida pasan más desapercibidos. Congelada cualquier reivindicación nacional por los acuerdos vigentes sobre el continente del polo Sur, los pasos que dan las superpotencias son menores, pero también significativos. Como en el Ártico, China es un nuevo jugador, y está incrementando su apuesta.

▲ Campamento compartido para la investigación científica en la Antártida [Pixabay]

ARTÍCULO / Jesús Rizo

La Antártida es el continente más meridional y al mismo tiempo más extremo por sus condiciones geográficas y térmicas, que limitan seriamente su habitabilidad. La presencia humana es casi imposible en la llamada Antártida Oriental, situada a dos mil metros de altura sobre el nivel del mar y que constituye más de dos tercios del continente, siendo este, pues, el de mayor altitud media. Además, como la Antártida no es un océano, como ocurre con el Ártico, no se ve afectada, más que en su perímetro continental, por el incremento de la temperatura de los mares a causa del cambio climático.

A esas dificultades para la presencia humana se añaden las limitaciones impuestas por las disposiciones internacionales, que han aplicado una moratoria para cualquier reivindicación de soberanía o explotación comercial, algo que no sucede en el Ártico. La actuación en la Antártida está fuertemente determinada por el Tratado Antártico (Washington, 1959) que, en sus artículos I y IX, reserva el continente para investigación científica y actuaciones de carácter pacífico. Además, prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos (artículo V), y toda medida no pacífica de carácter militar (artículo I).

Este tratado lo complementan y desarrollan tres documentos más: la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA, Canberra, 1980), la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (CCFA, Londres, 1988) y el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Madrid, 1991), el cual prohíbe “cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica” hasta 2048. En definitiva, el llamado Sistema del Tratado Antártico (STA) “blinda” la región antártica frente a la explotación de sus recursos y al incremento de las tensiones internacionales, puesto que, además de lo anterior, congela las reclamaciones territoriales mientras tenga vigencia. No obstante, esto no impide que las potencias globales también busquen tener un pie en la Antártida.

La actuación más reciente corresponde a la República Popular China, que aspira a tener gran protagonismo en la zona, como ocurre en el Ártico. Contando ya con cuatro bases científicas en el continente austral (las bases antárticas Gran Muralla, Zhongshan, Kunlun y Taishan, las dos primeras permanentes y las dos últimas funcionales en verano), el noviembre pasado anunció la construcción de su quinta base (igualando así en número a Estados Unidos). La nueva instalación, en el mar de Ross, estaría operativa en 2022.

En relación con estas estaciones científicas, desde la llega al poder de Xi Jinping en 2013, China está buscando crear una Zona Antártica Especialmente Administrada, para la protección del medioambiente en torno a la base de Kunlun, algo a lo que se resisten sus vecinos regionales, puesto que daría a Pekín dominio sobre las actividades que allí se llevan a cabo. Esta es la base china con mayor protagonismo, esencial para sus estudios en materia astronómica y, por ende, para el desarrollo del BeiDou, sistema chino de navegación satelital, fundamental para la expansión y modernización de sus fuerzas armadas y que rivaliza con los sistemas GPS (Estados Unidos), Galileo (UE) y GLONASS (Rusia). A este respecto y en vista de las implicaciones militares que posee la Antártida, el Tratado estableció la posibilidad de que cualquier país realizara inspecciones a cualquiera de las bases allí presentes, como una forma de asegurar el cumplimiento de las predisposiciones del acuerdo (artículo VII). Sin embargo, la peligrosidad y coste de estas inspecciones han hecho que se reduzcan considerablemente, por no mencionar que la base de Kunlun se encuentra en una de las regiones climatológicamente más hostiles del continente.

Por otro lado, China cuenta actualmente con dos rompehielos, el Xue Long I y el Xue Long II, este último construido íntegramente en territorio chino con la asistencia de la finlandesa Aker Arctic. Los expertos consideran que, tras la construcción de este buque, la República Popular podría estar cerca de la construcción de rompehielos de propulsión nuclear, algo que actualmente solo lleva a cabo Rusia y que tendría consecuencias de alcance global.

Pero la importancia de la Antártida para China no sólo se refleja en los avances técnicos y tecnológicos que está realizando, sino también en sus relaciones bilaterales con países próximos al continente austral como Chile o Brasil, el primero con estatus consultivo original, y con reclamación territorial en el STA; el segundo con estatus consultivo únicamente. El pasado septiembre, el país andino mantuvo con la República Popular la primera reunión del Comité Conjunto de Cooperación Antártica, en la cual, entre otros asuntos, se trató el uso del puerto de Punta Arenas por parte de China como base para el abastecimiento de personal y materiales a sus instalaciones antárticas, conversaciones que requerirán de mayor profundización. En cuanto a Brasil, la empresa china CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation) financió en enero una nueva base antártica brasileña por valor de 100 millones de dólares.

Ubicación aproximada de las principales bases antárticas. En azul, las bases de Estados Unidos; en rojo, las de Rusia, y en amarillo, las de China.

Por último, cabe analizar el peso estadounidense y ruso en la Antártida, aunque previsiblemente será China quien adquiera mayor importancia en la región, al menos hasta la apertura del Protocolo de Madrid para su revisión en 2048. Estados Unidos posee tres bases permanentes (las bases McMurdo, Amundsen-Scott South Pole Station y Palmer) y dos únicamente de verano (las bases Copacabana y Cabo Shirreff), por lo que la construcción de la nueva base china igualará el número total de las bases estadounidenses.

Por su parte, Rusia, potencia dominante del Ártico, lo es también de su contraparte meridional, al menos en cuento el número de bases, ya que cuenta con seis, de las cuales cuatro son de funcionamiento anual (Mirni, Novolazárevskaya, Progrés y Vostok) y las otras dos únicamente en período estival (Bellingshausen y Molodiózhnaya). No obstante, conviene precisar que Rusia no ha abierto ninguna base antártica desde que cayó la URSS, siendo la más reciente Progrés (1988), si bien es cierto que ha intentado, por ejemplo, reabrir la base soviética Russkaya, sin éxito. También Estados Unidos estableció la mayoría de sus bases antárticas en plena Guerra Fría, en los años 50 y 60, salvo las dos de período estival (Copacabana en 1985 y Cabo Shirreff en 1991).

China, por el contrario, abrió la base Gran Muralla en 1985, la base Zhongshan en 1989, la Kunlun en 2009 y la Taishan en 2014 y, como ya se ha dicho, tiene una nueva pendiente para 2022.

Además de los países mencionados, otra veintena dispone de bases de investigación en la Antártida, entre ellos España, que tiene estatus consultivo en el Tratado Antártico. España cuenta con dos bases estivales en las islas Shetland del Sur, la base Juan Carlos I (1988) y la Gabriel de Castilla (1998). También cuenta con un campamento científico temporal situado en la Península Byers de la Isla Livingston.

COMENTARIO / Carlos Jalil

El Covid-19 ha obligado a muchos estados a tomar medidas extraordinarias para proteger el bienestar de sus ciudadanos. Esto incluye la suspensión de ciertos derechos humanos por motivos de emergencia pública. Derechos como la libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de reunión y privacidad, se ven afectados por las respuestas estatales a la pandemia. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿Afectan los estados indebidamente la libertad de expresión cuando combaten las noticias falsas? ¿Restringen indebidamente nuestra libertad de movimiento y reunión o incluso nos privan de nuestra libertad? ¿Infringen nuestro derecho a la privacidad con las nuevas aplicaciones de rastreo? ¿Está justificado?

Para proteger la salud pública, los tratados de derechos humanos permiten a los estados adoptar medidas que pueden restringir derechos. El artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) establecen que en situaciones de emergencia pública que amenazan la vida de la nación, los estados pueden tomar medidas y derogar sus obligaciones establecidas en dichos tratados. Del mismo modo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), permite a los estados parte suspender sus obligaciones en situaciones de emergencia que amenazan la independencia o seguridad de la nación.

Durante la pandemia, algunos estados han declarado estado de emergencia y, por la imposibilidad de respetar ciertos derechos, han derogado sus obligaciones. Sin embargo, las derogaciones están sujetas a requerimientos. La Observación General 29 sobre Estados de Emergencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece seis condiciones para efectuar derogaciones, que son similares en los tratados mencionados: (1) proclamación oficial de estado de emergencia y emergencia pública que amenace la vida de la nación; (2) proporcionalidad requerida por las exigencias de la situación en cuanto a la duración, cobertura geográfica y base sustantiva; (3) no discriminación (sin embargo el ECHR no incluye esta condición); (4) conformidad con otras obligaciones de derecho internacional; (5) notificación formal de la derogación a los respectivos organismos establecidos por los tratados (estas deben incluir información completa sobre las medidas, sus razones y documentación de leyes adoptadas); y (6) prohibición de derogar derechos no derogables.

La última condición es particularmente importante. Los tratados mencionados (ICCPR, ECHR y CADH) establecen explícitamente los derechos que no pueden ser derogados. Estos, llamados también derechos absolutos, incluyen, inter alia: derecho a la vida, prohibición de la esclavitud y servidumbre, principio de legalidad y retroactividad de la ley, y libertad de conciencia y religión.

Sin embargo, las derogaciones no siempre son necesarias. Hay derechos que, por el contrario, no son absolutos y tienen la inherente posibilidad de ser limitados, para lo cual no es necesario que un estado derogue sus obligaciones bajo los tratados. Esto quiere decir que el estado, por motivos de salud pública, puede limitar ciertos derechos no absolutos sin necesidad de notificar su derogación. Estos derechos no absolutos son: derecho a la libertad de movimiento y reunión, libertad de expresión, derecho a la libertad personal y privacidad. Específicamente, el derecho a la libertad de movimiento y asociación está sujeto a limitaciones por motivos de seguridad nacional, orden y salud pública, o los derechos y libertades de otros. El derecho a la libertad de expresión puede ser limitado por el respeto a los derechos o reputación de otros y por la protección de la seguridad nacional, orden y salud pública. Y los derechos de libertad personal y privacidad pueden ser sujetos de limitaciones razonables de conformidad con las provisiones estipuladas en los tratados de derechos humanos.

A pesar de estas posibilidades, países como Letonia, Estonia, Argentina y Ecuador, los cuales han declarado oficialmente estado de emergencia, han recurrido a la derogación. Consecuentemente, han justificado el Covid-19 como una emergencia que amenaza la vida de la nación, notificando a las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y el Consejo de Europa sobre la derogación de sus obligaciones internacionales en virtud de los tratados mencionados. Por el contrario, la mayoría de los estados adoptando medidas extraordinarias no han procedido a esa derogación, basándose en las limitaciones inherentes a estos derechos. Entre ellos están Italia y España, países gravemente afectados, que no han derogado, sino que han aplicado limitaciones.

Esto un fenómeno interesante porque demuestra las diferencias en las interpretaciones de los estados, también sujetos a sus legislaturas nacionales, sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Claramente existe el riesgo de que estados aplicando limitaciones abusen del estado de emergencia y atenten contra los derechos humanos. Por lo tanto, podría ser que algunos estados interpretan las derogaciones en el sentido de que reflejan su compromiso con el imperio de la ley y el principio de la legalidad. No obstante, es probable que los organismos de derechos humanos encuentren también las medidas adoptadas por los estados que no han derogado consistentes con la situación de la pandemia. Exceptuando, en ambos casos, situaciones de tortura, excesivo uso de la fuerza y otras circunstancias que afecten a los derechos absolutos.

Tras la pandemia, es factible que las cortes y tribunales decidan si las medidas adoptadas fueron necesarias. Pero mientras tanto, los estados deben considerar que las medidas extraordinarias adoptadas deben ser temporales, ateniendo a condiciones adecuadas de salud y dentro del marco de la ley.

[George Friedman. The Storm Before the Calm. America's Discord, the Coming Crisis of the 2020s, and the Triumph Beyond. Doubleday. New York, 2020. 235 pag.]

RESEÑA / E. Villa Corta, E. J. Blasco

El título del nuevo libro de George Friedman, impulsor en su día de la agencia de análisis geopolítico e inteligencia Stratfor y luego creador de Geopolitical Futures, no hace referencia a la crisis mundial creada la pandemia del Covid-19. Cuando habla de crisis de la década de 2020, que Friedman lleva anticipando hace algún tiempo en sus comentarios y ahora explica por extenso en este libro, se refiere a movimientos históricos profundos y de larga duración, en este caso circunscritos a Estados Unidos.

Más allá, pues, de la pandemia de estos momentos, de algún modo coyuntural y no abordada en el texto (su composición es previa), Friedman avanza que EEUU se reinventará a finales de esta década. Como una máquina que, casi automáticamente, incorpora cambios y correcciones sustanciales cada determinado periodo de tiempo, EEUU se prepara para un nuevo salto. Habrá crisis prolongada, pero EEUU saldrá de ella triunfante, vaticina Friedman. ¿Declive de EEUU? Todo lo contrario.

A diferencia de otros libros suyos anteriores, como Los próximos cien años o Flashpoints, Friedman deja esta vez el análisis geopolítico global de Friedman para centrarse en EEUU. En su reflexión sobre la historia estadounidense, Friedman ve una sucesión de ciclos de aproximada duración. Los actuales están ya en sus fases finales, y la reposición de ambos será coincidente a finales de la década de 2020, en un proceso de crisis y posterior resurgimiento del país. En el terreno institucional se está agotando el ciclo de 80 años comenzado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (el previo venía desde el término de la Guerra de Secesión, en 1865); en el campo socioeconómico, está acabando el ciclo de 50 años iniciado con Ronald Reagan en 1980 (el previo se había prolongado desde el fin de la Gran Recesión y la llegada de Franklin D. Roosevelt a la Casa Blanca).

Friedman no ve a Donald Trump como el catalizador del cambio (su esfuerzo ha sido simplemente el de recuperar la situación creada por Reagan para la clase media trabajadora, afectada por el paro y la pérdida de poder adquisitivo), ni tampoco cree que lo vaya a ser quien pueda sustituirle los próximos años. Más bien sitúa el giro hacia 2028. El cambio, gestado en un tiempo de gran desconcierto, tendrá que ver con el fin de la tecnocracia que domina la vida política e institucional estadounidense y con la disrupción creativa de nuevas tecnologías. El autor quiere denotar la habilidad de EEUU para superar las adversidades y sacar provecho del “caos” para luego tener un crecimiento fructífero.

Friedman divide el libro en tres partes: la creación de la nación como la conocemos, los ciclos atravesados y el pronóstico sobre el que viene. En esta última parte presenta los retos o adversidades a los que se deberá enfrentar el país.

En cuanto a la creación del país, el autor razona sobre el tipo de gobierno creado en Estados Unidos, el territorio en el que se encuentra el país y el pueblo americano. Este último aspecto es, quizá, el más interesante. Define al pueblo estadounidense como un constructo meramente artificial. Eso le lleva a ver a EEUU como una máquina que afina su funcionamiento automáticamente cada cierto tiempo. Como país “inventado”, EEUU se reinventa cuando sus ciclos se agotan.

Friedman presenta la formación del pueblo estadounidense a través tres tipos superpuestos: el vaquero, el inventor y el guerrero. Al vaquero, que busca empezar algo completamente nuevo y de forma “americana”, se debe especialmente el constructo social tan único de EEUU. Al inventor corresponde el ímpetu por el progreso tecnológico y la prosperidad económica. Y la condición de guerrero ha estado presente desde los inicios.

En la segunda parte del libro se aborda la cuestión ya apuntada de los ciclos. Friedman considera que el crecimiento de EEUU ha sido cíclico, en un proceso en el que el país se reinventa cada cierto tiempo para seguir progresando. Después de hacer un recuento de los periodos vividos hasta hora, sitúa el próximo gran cambio de EEUU en esta década que acaba de comenzar. Advierte que la gestación de la siguiente etapa será complicada debido a la acumulación de eventos de los ciclos pasados. Uno de los aspectos sobre los que el país deberá resolver tiene que ver con la paradoja entre el deseo de internacionalizar la democracia y los derechos humanos y el de mantener su seguridad nacional: “liberar al mundo” o asegurar su posición en la esfera internacional.

El momento de cambio presente, en el que de acuerdo con el autor el ciclo institucional y el socioeconómico van a chocar, supone un tiempo de profunda crisis, pero tras ella llegará un largo periodo de calma. Friedman cree que los primeros “temblores” de la crisis se sintieron en las elecciones de 2016, que mostraron una radical polarización de la sociedad estadounidense. El país deberá reformar no solo su complejo sistema institucional, sino también diversos aspectos socioeconómicos.

Esta última parte del libro –dedicada a la resolución de problemas como la crisis de las deudas estudiantiles, el uso de las redes sociales, las construcciones sociales nuevas o la dificultad en el sector educativo–, es probablemente la más importante. Si la mecanicidad y el automatismo en la sucesión de ciclos determinada por Friedman, o incluso su existencia misma, son cuestionables (otros análisis podrían llevar a otros autores considerar distintas etapas), los problemas reales que el país tiene en la actualidad son fácilmente constatables. Así que la presentación de propuestas para su resolución tiene un indudable valor.

▲ Población turística en el distrito de Gjirokastër, al sur del Albania [Pixabay]

ENSAYO / Jan Gallemí

El pasado 24 de noviembre de 2019 el gobierno francés de Enmanuel Macron lideró el veto, junto a otros estados como Dinamarca o los Países Bajos, a la adhesión de las naciones balcánicas de Albania y Macedonia del Norte a la Unión Europea. Según justifica el presidente de la Quinta República francesa, esto es debido a que el mayor número de refugiados económicos que entran en Francia son de los Balcanes, en concreto de la ya mencionada Albania. Este último país presentó su candidatura a la Unión Europea el 28 de abril de 2009 y el 24 de junio de 2014 se acordó por unanimidad de los 28 países de la UE otorgar a Albania el estatus de país candidato a la adhesión. Los motivos por los cuales se justifica ese rechazo vienen dados principalmente por motivos económicos y financieros[1]. También existe una ligera preocupación ante la diversidad que existe en la estructura etnográfica del país y los conflictos que esta podría ocasionar en un futuro, no solo dentro del propio país sino también en su relación con sus vecinos, ante todo con la cuestión de Kosovo y las relaciones con Grecia y Macedonia del Norte[2]. Sin embargo, otro aspecto que también ha sido explorado es el hecho de que la adhesión de Albania supondría la incorporación a la UE del primer estado en que la religión con más número de fieles es la islámica, en concreto de la rama suní. En este ensayo se procederá a analizar el impacto de dicho aspecto y observar cómo o hasta qué punto pueden conjugar o divergir los valores albaneses, principalmente por ser de religión primordialmente islámica, con aquellos en los que se fundamentan el proyecto común europeo.

Evolución del Islam en Albania

Hay que remontarse a la historia para tener en cuenta las causas por las cuales un país europeo como Albania ha desarrollado una estructura social en la cual la religión más profesada por parte de la población es la suní. Por la región geográfica en la que se halla, teóricamente sería más común pensar que Albania tendría un mayor porcentaje de población ortodoxa que suní[3]. El mismo caso se da con Kosovo y Bosnia-Herzegovina. En un principio esta región era mayoritariamente de religión cristiana ortodoxa en el sur (como la mayor parte de los estados balcánicos de hoy en día) debido al hecho de que constituía uno de los muchos territorios que conformaban el imperio Bizantino hasta el siglo XIII, cuando esta nación logró su independencia. Sin embargo, la razón por la cual el Islam está tan presente en Albania, a diferencia de sus estados vecinos, es que fue más influenciada en el aspecto religioso por el imperio Otomano, sucesor del Bizantino. Este cayó en 1453 y sus territorios fueron ocupados por los otomanos, un pueblo turco establecido en aquel momento sobre la península de Anatolia. Según historiadores como Vickers fue entre los siglos XVII y XVIII cuando gran parte de la población albanesa se convirtió al Islam[4]; la causa de ello, como indica a su vez John L. Esposito, fue que para las poblaciones albanesas cambiar de religión suponía librarse de los mayores impuestos que los cristianos debían pagar en el imperio Otomano[5].

La religión en Albania se fue moldeando desde entonces a través de los acontecimientos. Por lo que sabemos gracias a estudios como los de Gawrych en el siglo XIX, la sociedad albanesa se dividía entonces principalmente en tres grupos: católicos, ortodoxos y sunís (estos últimos representaban el 70% de la población). Durante este mismo siglo nacieron muchos de los nacionalismos conocidos de carácter europeo y en los Balcanes se inició la que se conoce como crisis del Este. Durante este periodo muchos pueblos balcánicos se sublevaron contra los otomanos, pero los albaneses, al identificarse con ellos por su religión, inicialmente se mantuvieron fieles al sultán[6]. Debido a este apoyo, se empezó a denominar peyorativamente a los albaneses musulmanes como “turcos”[7]. Esto provocó que el nacionalismo albanés se distanciara del emergente pan-islamismo otomano del sultán Abdualhmid II. De ahí surgió, según Endresen, un renacer nacional albanés denominado Rilindja, el cual buscó el apoyo de las potencias de Europa occidental[8].

Generalmente los movimientos independentistas balcánicos que surgieron en el siglo XIX reforzaron el sentimiento cristiano en contraposición al musulmán, pero en Albania no fue así; como indica Stoppel, tanto cristianos como musulmanes albaneses cooperaron en un objetivo nacional común[9]. Esto fomentó la convivencia entre ambas creencias (ya presente en tiempos anteriores) y permitió la diferenciación de este movimiento con el Helenismo[10]. Cabe destacar que en aquel momento en Albania los musulmanes y los cristianos estaban peculiarmente distribuidos territorialmente: en el norte había más cristianos católicos que no fueron tan influenciados por el imperio otomano y en el sur también predominaban ortodoxos por la frontera con Grecia. El 28 de noviembre de 1912 los albaneses, siendo acaudillados por Ismail Qemali, declararon finalmente la independencia.

El reconocimiento internacional de Albania por el Tratado de Londres supuso la imposición de una monarquía cristiana, lo que conllevó la indignación de los albaneses musulmanes, que según las estimaciones suponían el 80% de la población, y provocó la denominada revuelta islámica. La revuelta fue liderada por Essad Pasha Toptani, quien se declaraba como “salvador de Albania y del Islam” y se rodeó de clérigos descontentos. Sin embargo, durante el periodo de la Primera Guerra mundial, los nacionalistas albaneses se dieron cuenta enseguida de que las diferencias religiosas podrían ocasionar la fracturación del propio país y decidieron romper lazos con el mundo musulmán con la intención de poder tener “una Albania común”, lo que llevó a que Albania se declarara como un país sin religión oficial; esto permitió la formación de un gobierno con representación de las cuatro creencias religiosas principales: suní, bektashi, católica y ortodoxa. Las elites secularistas albanesas programaron una reforma del Islam que fuera más acorde con las tradiciones de Albania para que el país se diferenciase más de Turquía, y se nacionalizaron las instituciones religiosas. A partir de 1923 el Congreso Nacional Albanés acabó realizando los cambios desde una perspectiva muy semejante a la del liberalismo occidental. Las reformas más importantes fueron la supresión del hiyab y la ilegalización de la poligamia, y se implementó una forma distinta de orar que substituía el ritual del Salat. Pero el mayor cambio fue la substitución de la sharia por leyes semejantes a las occidentales.

Durante la Segunda Guerra Mundial Albania fue ocupada por la Italia fascista y en 1944 acabó imponiéndose un régimen comunista bajo el liderazgo de Enver Hoxha. Este régimen comunista veía en las distintas creencias religiosas del país un peligro para mantener la seguridad del gobierno autoritario, y por ello declaró a Albania como el primer estado oficialmente ateo y propuso la persecución de las distintas prácticas religiosas. De esta manera se impusieron leyes represivas que impedían profesar las fe católica u ortodoxa, y prohibían a los musulmanes leer o poseer el Corán. En 1967 el gobierno demolió hasta 2.169 edificios de carácter religioso y el resto los transformó en edificios públicos. De 1.127 edificios que guardaban alguna relación con el Islam en aquella época, tan solo se conservan hoy en día unos 50, y en muy malas condiciones[11]. Se considera que el impacto de este tipo de persecución se vio reflejado en el incremento de no creyentes dentro de la población albanesa. Entre 1991 y 1992 una serie de protestas acabó con el régimen. En esta nueva Albania democrática, el Islam volvió a ser la religión predominante, pero se prefirió mantener la aconfesionalidad del estado para garantizar la armonía entre las distintas creencias.

Influencias del campo internacional

Teniendo en cuenta esa realidad de Albania de país con mayoría de población islámica, pasamos a analizar el impacto que supondría su adhesión a la Unión Europea y hasta qué punto los valores de ambas se contradicen o conjugan.

Para empezar, si todo esto se analiza desde una perspectiva basada en la teoría del “constructivismo”, como la propuesta por Helen Bull, puede verse cómo Albania desde los inicios de su historia ha sido un territorio cuya estructura social ha estado fuertemente influenciada por la interacción de los distintos actores internacionales. Durante los años en los que formaba parte del imperio Bizantino, absorbió en gran medida los valores ortodoxos; cuando fue ocupado por los otomanos, la mayor parte de su población adoptó la religión islámica. De la misma manera, durante la desotomanización de los Balcanes, el país adoptó corrientes de pensamiento político tales como el liberalismo debido a la influencia de las potencias de Europa occidental. Eso generó un ánimo de crear un gobierno constitucionalista y parlamentarista cuya visión de la política no se basara en ninguna moral religiosa[12]. También puede verse que el régimen comunista se impuso en un contexto común al de los demás estados de Europa del Este. A la par también volvió a la senda democrática como consecuencia de la caída de la URSS, aun a pesar de que Albania no mantuviera buenas relaciones con el Pacto de Varsovia desde el año 1961.

Desde que Albania presentó su candidatura a la UE, esos valores liberales se han vuelto a fortalecer. En concreto, Albania se esfuerza por mejorar sus infraestructuras y por erradicar la corrupción y el crimen organizado. Por lo que puede observarse que la sociedad albanesa siempre se adapta a ser parte de una organización supra gubernamental. Esto es un aspecto importante porque significa que lo más probable es que el país participe activamente en las propuestas realizadas por la Comisión europea, sin dejarse llevar por los valores sociales internos. No obstante, esto a su vez otorga un punto a favor de aquellos eurodiputados que alegaron que la decisión de veto se trataba de un error histórico. Puesto que si no se aliena con la UE, Albania podría alienarse con otros actores internacionales. Según los propios eurodiputados estos podrían ser Rusia o China.

Sin embargo, hay dos limitaciones ante esta afirmación. La primera es que desde 2012 Albania es miembro de la OTAN, por lo que en parte ya está alienada con Occidente en el aspecto militar. Pero importa más un segundo aspecto, y es que Albania ya intentó durante la Guerra fría alienarse con Rusia y China, pero comprobó que esto le suponía efectos negativos pues le constituía en un estado satélite. Por otro lado, y aquí es donde los valores islámicos entran en juego, Albania hoy en día forma parte de organizaciones de naturaleza islámica como la OIC (Organization of Islamic Cooperation). Por lo que el rechazo de la UE podría suponer el realineamiento de Albania con otros estados islámicos, como los árabes o Turquía. El propio gobierno de Turquía, actualmente liderado por el partido de Erdogan, posee una naturaleza neo-otomanista: pretende acercar a su influencia los estados que anteriormente constituyeron el imperio Otomano. Albania está siendo influenciada por ese neo-otomanismo y un rechazo europeo podría devolverla al seno de esta concepción[13]. Además, si se acerca a países árabes de Oriente Medio como Arabia Saudí, Albania correría el peligro de asimilar los valores islámicos de estos territorios[14], los cuales son incompatibles con los de la UE debido a que incumplen con buena parte de los artículos firmados en la Declaración Universal de Derechos de 1952.

Islam y Unión Europea

Otro aspecto sería plantearse ¿en qué aspectos se contradicen los valores islámicos con los de la UE? Generalmente la Unión Europea afirma estar en contra de la poligamia, la homofobia o las prácticas religiosas que se opongan a la dignidad de la persona. Esto ha generado, entre otras cosas, un potente debate interno de si el hiyab puede considerarse como una práctica personal que no debe impedirse legalmente. Muchos grupos feministas están en contra de este aspecto puesto que lo relacionan con el patriarcalismo familiar[15]; sin embargo, otros grupos de la UE afirman que se trata tan solo de una práctica personal e individual totalmente respetable y que su supresión sería un gesto de naturaleza islamofóbica. En cualquier caso, como ya se ha mencionado, Albania suprimió en 1923 tanto la poligamia como el uso del hiyab por no reflejar los valores del Islam en Albania[16]. En este aspecto se observa que aun siendo Albania un país de mayoría Islámica, este Islam está mucho más influenciado por las corrientes europeistas del mismo que por las orientales: es decir, un Islam adaptado a las costumbres europeas y cuyos valores se asemejan más actualmente a la de los estados balcánicos vecinos.

Algunos diputados europeos, generalmente de grupos pertenecientes a la ultraderecha, como bien podrían ser Ressamblement National o Alternativ für Deutschland, aseguran que los valores islámicos nunca serán compatibles con los europeos debido a que son de carácter expansionista y radical. El holandés Geert Wilders afirma que el Corán «es más antisemita que el Mein Kampf»[17]. En otras palabras, alegan que quienes profesan el Islam son incapaces de mantener buenas relaciones con otras confesiones debido a que en el propio Corán se habla de hacer la guerra al infiel a través de la Yihad. Y como ejemplo citan los ataques terroristas que el grupo islamista DAESH ha provocado durante la última década, como los perpetrados en París o Barcelona[18]. Pero habría que recordarles a estos grupos que un texto sagrado como es el Corán puede ser interpretado de muchas maneras y que aunque algunos grupos musulmanes crean en esta incompatibilidad de buenas relaciones con quienes piensan distinto, la mayoría de los musulmanes interpreta el Corán de una forma muy distinta, de igual manera que sucede con la Biblia, aunque unos grupos sumamente específicos se vuelvan irracionales.

Esto sucede claramente en Albania, donde desde su democratización en 1991 ha habido un proyecto nacional integrador de todos los ciudadanos, al margen de sus diferentes creencias. Más bien, a lo largo de su historia como país independiente en Albania solo ha habido un periodo de persecución religiosa y este fue a causa de la represión de un autoritarismo comunista. Una limitación que podría darse en este aspecto sería la revolución islámica que sufrió el país en 1912.  Pero cabe destacar que esta revolución, a pesar de su fuerte sentimiento islámico, sirvió para derribar un gobierno títere; después de ella no se aplicó ninguna ley que impusiera los valores islámicos sobre el resto. Por lo que cabe destacar que el modelo político de Albania es muy similar al expuesto por Rawls en su libro “Political Liberalism”, debido a que configura un estado con múltiples valores (aunque haya uno predominante), pero sus leyes no se redactan en base a ninguno de ellos, sino a unos valores comunes entre todos ellos basados en la razón[19]. Este modelo propuesto por Rawls es una de las bases fundacionales de la Unión Europea y Albania sería un estado que daría ejemplo de estos mismos valores[20]. Así lo afirmaba el sumo pontífice Francisco I en su visita en Tirana en 2014: “Albania demuestra que la convivencia pacífica entre ciudadanos pertenecientes a religiones diferentes es un camino que se puede recorrer de forma concreta y que produce armonía y libera las mejores fuerzas y la creatividad de un pueblo entero, transformando la simple convivencia en verdadera colaboración y fraternidad”[21]. 

Conclusiones

Puede concluirse que los valores de Albania como un estado de mayoría islámica no parecen ser divergentes a los de Europa Occidental y por ende de la Unión Europea. Albania es un estado aconfesional que respeta todas las creencias religiosas y anima a todos los individuos, independientemente de su fe, a participar de la vida política del país (lo cual tiene mucho mérito debido a la significativa diversidad religiosa que ha distinguido a Albania a lo largo de su historia). Además, el Islam en Albania es sumamente distinto al de otras regiones debido al impacto que tuvo la influencia europea en la región. No solo eso, sino que también el país parece muy dispuesto a colaborar con proyectos comunes. Lo único que, en el campo de los valores, llevaría a pensar que Albania no es apta para entrar en la UE sería que, del mismo modo como se vio influenciada por los actores que han interaccionado con ella a lo largo de su historia, vuelva serlo de nuevo por estados musulmanes de valores divergentes a los europeos. Pero este caso es más probable de darse si la Unión Europea rechazase a Albania, pues esta buscaría el amparo de otros aliados en el campo internacional.

Las implicaciones de la adhesión del primer estado con mayoría musulmana a la UE serían ciertamente ventajosas, puesto que fomentaría la variedad de pensamiento religioso dentro de la Unión y esto podría conducir a un mayor entendimiento entre las distintas creencias que la integran. Habría la posibilidad de una mayor presencia de diputados sunís en el Parlamento Europeo y ayudaría a potenciar la convivencia dentro de otros estados de la UE en base a lo hecho en Albania, como puede ser el caso de Francia, donde el 10 % de la población es musulmana. Cabe decir además que el comportamiento ejemplar multirreligioso de Albania debilitaría seriamente al euroscepticismo y además ayudaría a fomentar la concordia dentro de la región de los Balcanes. Como ha alegado Donald Tusk, hay que dar una perspectiva europea a los Balcanes y es del mayor interés para la UE que Albania se integre a ella.

▲ A woman crosses a bridge in a rural area of Pakistan [Pixabay]

STRATEGIC ANALYSIS REPORT / Naiara Goñi, Roberto Ramírez, Albert Vidal

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EXCECUTIVE SUMMARY

The purpose of this strategic analysis report is to ascertain how geopolitical dynamics in and around Pakistan will evolve in the next few years.

Pakistani relations with the US will become increasingly transactional after the US withdrawal from Afghanistan. As the US-India partnership strengthens to face China, the US will lose interest in Pakistan and their priorities will further diverge. In response, Beijing will remain Islamabad’s all-weather strategic partner despite claims that the debt-trap could become a hurdle. Trade relations with the EU will continue to expand and Brussels will not use trade leverage to obtain Human Rights concessions from Islamabad. Cooperation in other areas will stagnate, and the EU’s neutrality on the Kashmir issue will remain unchanged.

In Central Asia, Islamabad will maintain positive relations with the Central Asian Republics, which will be based on increasing connectivity, trade and energy partnerships, although these may be endangered by instability in Afghanistan. Relations with Bangladesh will remain unpropitious. An American withdrawal from Afghanistan will most likely lead to an intensification of the conflict. Thanks to connections with the Taliban, Pakistan might become Afghanistan’s kingmaker. Even if regional powers like Russia and China may welcome the US withdrawal, they will be negatively affected by the subsequent security vacuum. Despite Pakistani efforts to maintain good ties with both Iran and the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), if tensions escalate Islamabad will side with Riyadh. Pakistan’s weak non-proliferation credentials will be coupled with a risk of Pakistan sharing its nuclear arsenal with the Saudis.

A high degree of tensions will continue characterizing its relations with India, following the abrogation of Articles 370 and 35A of the Indian constitution. Water scarcity will be another source of problems in their shared borders, which will be exacerbated by New Delhi’s construction of reservoirs in its territory. Islamabad will continue calling for an internationalization of the Kashmir issue, in search of international support. They are likely to fight localized skirmishes, but there is a growing fear that the contentious issues mentioned above could eventually lead to an all-out nuclear war. PM Khan and Modi will be reluctant to establish channels of rapprochement, partly due to internal dynamics of both countries, be it Hindu nationalism or radical Islam.

A glance inside Pakistan will show how terrorism will continue to be a significant threat for Pakistan. As a result of Pakistan’s lack of effective control in certain areas of its territory, the country has been used as a base of operations by terrorist and criminal groups for decades, to perpetrate all kinds of attacks and illegal activities, which will not change in the near future. Risks that should be followed closely include the power of anti-Western narratives wielded by radical Islamists, the lack of a proper educational system and an ambiguous counter-terrorism effort. In the midst of this hodgepodge, religion will continue to have a central role and will be undoubtedly used by non-state actors to justify their violent actions, although it is less likely that it will become an instrument for states to further their radical agendas.

Albania y Macedonia del Norte se ven obligadas a aceptar normas de negociación más duras, mientras Serbia y Montenegro reevalúan sus opciones

El Brexit ha estado absorbiendo la atención negociadora de la UE durante muchos meses y ahora el Covid-19 ha ralentizado procesos de decisión no prioritarios. En octubre de 2019, la UE decidió enfriar las conversaciones con los Balcanes occidentales, por presión de Francia y algunos otros países. Albania y Macedonia del Norte, que habían realizado el trabajo que Bruselas había solicitado para poder abrir formalmente las negociaciones, han visto cómo se han cambiado las reglas de juego justo antes de comenzar el partido.

▲ Encuentro de los Balcanes occidentales con países de la UE, celebrado en Londres en 2018 [Comisión Europea]

ARTÍCULO / Elena López-Doriga

Desde sus orígenes, la Comunidad Europea ha ido evolucionando y expandiendo sus competencias a través de tratados que estructuraban su funcionamiento y fines. En el número de miembros de la organización también se ha dado una considerable expansión: comenzó con 6 países (Francia, Bélgica, la República Federal Alemana, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) y hoy está compuesta por 27 (tras la reciente salida del Reino Unido).

El año más destacable de esa ampliación fue 2004, cuando la Unión Europea se comprometió a integrar a 10 nuevos países, lo que supuso un gran reto, dado que estos países eran principalmente de Europa Central y del Este, provenientes del “telón de acero”, con unas economías menos desarrolladas que salían de sistemas comunistas e influencia soviética.

La próxima meta en la ampliación es la posible integración en la UE de los países de los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia). No obstante, en una cumbre celebrada en Bruselas a finales de 2019 para la apertura de negociaciones de adhesión de nuevos miembros, algunos países de la UE se mostraron contrarios a seguir con el proceso, por lo que por el momento la adhesión de los países candidatos va a tener que esperar. Algunos líderes de la Unión han calificado de “error histórico” ese aplazamiento.

Ampliación hacia Europa Central y del Este

En mayo de 1999 la Unión Europea lanzó el Proceso de Estabilización y Asociación. La Unión se comprometía a desarrollar nuevas relaciones contractuales con los países de Europa Central y del Este que expresaran su deseo de adherirse a la Unión por medio de acuerdos de estabilización y asociación, a cambio de compromisos en la reforma política, económica, comercial o de derechos humanos. Como consecuencia en 2004 la UE integró a la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, y Eslovenia (primer integrante de los Balcanes occidentales). En 2007 Bulgaria y Romania también entraron a formar parte de la Unión y en 2013 lo hizo Croacia, segundo país de los Balcanes occidentales en sumarse.

La integración de los Balcanes occidentales

Desde la conclusión de las guerras yugoslavas a finales de 2001, la UE ha jugado un papel muy destacado en los Balcanes, ya no solo como potencia económica en materia de reconstrucción, sino también como garante de la estabilidad y la seguridad en la región. El objetivo de la UE es en parte evitar que los Balcanes occidentales se conviertan en un agujero negro para la seguridad, debido al alza de los nacionalismos en alza, la tensión creciente entre Moscú y Washington, que alimenta las tensiones entre los grupos étnicos en la región, y la penetración económica de China a la zona. El avance más claro hacia la integración de los Balcanes se reafirmó en la estrategia de la Comisión para los Balcanes occidentales de febrero de 2018 y en la Declaración de Sofía tras la Cumbre UE-Balcanes occidentales celebrada en la capital búlgara el 17 de mayo de 2018. En la Cumbre, los dirigentes de la UE reiteraron su apoyo inequívoco a la perspectiva europea de los Balcanes occidentales. “No veo para los Balcanes occidentales más futuro que la UE. No hay otra alternativa, no hay un plan B. Los Balcanes Occidentales forman parte de Europa y pertenecen a nuestra comunidad”, dijo el entonces presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Candidatos oficiales: Albania y Macedonia

Albania solicitó su ingreso en la Unión el 28 de abril de 2009. En 2012, la Comisión constató progresos notables y recomendó que se le concediera el estatuto de candidato, siempre que efectuara una serie de reformas pendientes. En octubre de 2013, la Comisión recomendó de manera inequívoca que se concediese a Albania el estatuto de país candidato a la adhesión. Angela Merkel realizó una visita a Tirana el 8 de julio de 2015 y afirmó que la perspectiva de ingreso de los países de la región balcánica en la Unión Europea (UE) era importante para la paz y la estabilidad. Destacó que en el caso de Albania el ritmo del proceso de adhesión dependía del cumplimiento de reformas en el sistema judicial y de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. A la vista de los progresos del país, la Comisión recomendó la apertura de negociaciones de adhesión con Albania en sus informes de 2016 y 2018.

Por otro lado, la República de Macedonia del Norte (antigua república yugoslava de Macedonia) solicitó su ingreso en la Unión en marzo de 2004 y se le concedió el estatuto de país candidato en diciembre de 2005. Sin embargo, el país no inició las negociaciones de adhesión por el litigio con Grecia sobre la utilización del nombre “Macedonia”. Cuando se resolvió satisfactoriamente mediante el Acuerdo de Prespa con el nuevo nombre del país –Macedonia del Norte–, el Consejo acordó la posibilidad de abrir las negociaciones de adhesión con este país en junio de 2019, suponiendo que se cumplieran las condiciones necesarias.

Candidatos potenciales: Bosnia y Herzegovina y Kosovo

Bosnia y Herzegovina es un país candidato potencial. Pese a que negoció y firmó en 2008 un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión, la entrada en vigor de este acuerdo quedó en suspenso principalmente debido a que el país no había ejecutado una sentencia clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entretanto, el Parlamento de Bosnia y Herzegovina no ha alcanzado un acuerdo en lo concerniente al reglamento interno que rige sus reuniones con el Parlamento Europeo (dos veces al año), ya que dichas reuniones llevan sin celebrarse desde noviembre de 2015, y esta situación constituye una infracción del Acuerdo por parte de Bosnia y Herzegovina. 

Kosovo es un candidato potencial a la adhesión a la Unión. Declaró su independencia de forma unilateral en febrero de 2008. Todos los Estados miembros han reconocido la independencia de Kosovo, menos cinco (Chipre, Eslovaquia, España, Grecia y Rumanía). De entre los países de la región, Serbia y Bosnia y Herzegovina tampoco han reconocido a Kosovo como Estado independiente. En septiembre de 2018 el Parlamento Europeo dio un paso más y decidió entablar negociaciones interinstitucionales, actualmente en curso. No obstante, el hecho de que no todos los países miembros actualmente reconozcan su independencia supone un gran freno.

Negociando el acceso: Montenegro y Serbia

Montenegro, uno de los Estados más pequeños del continente europeo, ha formado parte de diferentes imperios y Estados a lo largo de los últimos siglos, obteniendo finalmente la independencia de manera pacífica en 2006. Solicitó su ingreso en la Unión en diciembre de 2008; se le concedió el estatuto de país candidato en diciembre de 2010, y las negociaciones de adhesión dieron comienzo en junio de 2012. A finales de 2018, se habían abierto 32 capítulos de negociación, de un total de 35.

El proceso de Serbia comenzó en diciembre de 2009 cuando el expresidente Boris Tadić presentó oficialmente la solicitud de ingreso y, además, entregó a la justicia al criminal de guerra Ratko Mladić, responsable de la masacre de Srebrenica durante la Guerra de Bosnia, que se ocultaba en territorio serbio. Sin embargo, el conflicto con Kosovo es uno de los principales obstáculos que enfrenta Serbia para alcanzar su adhesión a la Unión Europea. Se le concedió el estatuto de país candidato en marzo de 2012, después de que Belgrado y Pristina llegaran a un acuerdo sobre la representación regional de Kosovo. La apertura oficial de las negociaciones de adhesión tuvo lugar el 21 de enero de 2014. En febrero de 2018, la Comisión publicó una nueva estrategia para los Balcanes occidentales en la que se afirmaba que Serbia (al igual que Montenegro) podría ingresar en la Unión de aquí a 2025, si bien reconocía el carácter “extremadamente ambicioso” de esta perspectiva. El futuro ingreso de Serbia en la Unión, al igual que el de Kosovo, sigue estando íntimamente ligado al diálogo de alto nivel entre estos dos países, celebrado bajo los auspicios de la Unión, que debería desembocar en un acuerdo exhaustivo jurídicamente vinculante sobre la normalización de sus relaciones.

Un paso atrás en las negociaciones

En octubre de 2019 se llevó a cabo en Bruselas una cumbre cuyo objetivo era estructurar las negociaciones de los candidatos oficiales a entrar en la UE. Tanto Macedonia del Norte como Albania estaban convencidas de que se fijaría una fecha para empezar el largo proceso de negociaciones. No obstante, el proceso quedó en un punto muerto después de siete horas de disputas, en las que Francia rechazó la entrada de ambos países. Francia lideró la campaña contra esta ampliación, pero también Dinamarca y los Países Bajos se sumaron al veto. Alegan que la UE no está preparada para asumir el ingreso de nuevos Estados. “No funciona demasiado bien a 28, no funciona demasiado bien a 27, y no estoy seguro de que vaya a funcionar mejor con otra ampliación. Así pues, hemos de ser realistas. Antes de ampliar, necesitamos reformarnos nosotros mismos”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron.

El entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, consideró que esa suspensión constituía un gran error histórico y confió en que solo sea momentánea. Por su parte, Donald Tusk dijo que se sentía “avergonzado” por la decisión, y concluyó que Macedonia del Norte y Albania no tenían la culpa de la situación creada, pues los informes de la Comisión Europea eran claros en que ambos habían hecho lo necesario para empezar las negociaciones con la UE.

En Albania, el primer ministro, Edi Rama, afirmó que la falta de consenso entre los líderes europeos no cambiaría las futuras aspiraciones de Albania para formar parte de la UE. Aseguró que su gobierno estaba decidido a llevar adelante las reformas iniciadas, en el ámbito electoral, judicial y administrativo, porque las consideraba necesarias para el desarrollo del país, no solo porque así se pidiera en Bruselas.

Por otro lado, en Macedonia del Norte el rechazo europeo decepcionó profundamente, pues el país había procedido a reformar sus instituciones y el sistema judicial y a combatir la corrupción; también había modificado su Constitución, su nombre y su identidad nacional. La negativa dejó a este país, candidato oficial a la adhesión desde hace 14 años, en una situación de gran incertidumbre, por lo que el primer ministro Zoran Zaev decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones para el 12 de abril de 2020 (luego pospuestas debido a la emergencia de Covid-19). “Nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones, pero la UE no lo ha hecho. Somos víctimas de un error histórico que ha provocado una enorme decepción”, aseguró Zaev.

Un nuevo proceso más estricto

A pesar de que, según la Comisión, Macedonia del Norte y Albania cumplían los requisitos para convertirse en candidatos de ingreso, Macron propuso endurecer el proceso de adhesión. Para poder desbloquear la situación y seguir con el proceso, que la UE asegura ser un objetivo prioritario, Bruselas ha cedido ante la petición del presidente francés fijando una nueva metodología para integrar a nuevos países.

El nuevo proceso contempla la posibilidad de reabrir capítulos de las negociaciones que se daban por cerrados o de suspender las conversaciones en marcha en alguno de los capítulos; incluso prevé paralizar el conjunto de las negociaciones. Pretende dar un peso más relevante a los gobiernos y facilitar la suspensión de fondos preadhesión o la paralización del proceso si los países candidatos paralizan o revierten las reformas comprometidas. El nuevo método se aplicará a Albania y Macedonia del Norte, cuyas negociaciones con la UE aún no han empezado, mientras que Serbia y Montenegro podrán elegir si se acogen a él, sin necesidad de cambiar su marco de negociación establecido, según la Comisión.

Apart from China, Italy has received aid from Russia and Cuba, making a risky geopolitical move in the European context

The global spreading of the virus is putting under stress the big ally of the Union, the United States, which is demonstrating its lack of an efficient social health care system. Furthermore, the initial refusal of Washington to send help to the EU was seen as an opportunity for countries like Russia, China and Cuba to send medical and technical support to those countries of the EU that are most affected by the virus. Italy has taken aid send by Beijing, Moscow and Havana, shaking the geopolitical understandings of the EU´s foreign policy.

▲ Russia's aid arrived in Italy in the middle of the pandemic crisis [Russian Defense Ministry]

ARTICLE / Matilde Romito

The World Health Organisation (WHO) declared Corona Virus (Covid-19) a pandemic on the 11th of March, 2020. The fast widespread of the virus pushed numerous countries around the world and especially in Europe where there is the highest number of confirmed cases, to call for a lockdown. This extreme measure not only is leading the EU and the entire world towards an unprecedented economic crisis, but it is also redefining geopolitics and the system of alliances we were used to.

The pandemic. On January 30, 2020, the World Health Organisation (WHO) declared the first outbreak of novel coronavirus a ‘public health emergency of international concern’. In mid-February, numerous cases of corona virus began to be reported in northern Italy and in several European countries. Initially, the spread of the virus mainly hit Italy, which reported the biggest number of cases among the EU states. In March, Italy started with the implementation of social-distancing measures and the consequent lockdown of the country, followed by Spain, France and other European countries. On March 11, 2020, the WHO declared covid-19 a global pandemic. Currently, Europe is the region of the world with the highest number of confirmed cases. According to the WHO, on April 6, Europe reached 621,407 cases compared to the 352,600 cases in America and the 112,524 in Western Asia.

The global lockdown. At first, several major airlines suspended their flights from and to China, in order to avoid further contaminations. Now, the majority of flights in Europe and in other regions have been cancelled. The biggest areas of world are under lockdown and the economic consequences of this are becoming more and more evident. A forced social distancing seems to be the only way to contain the spread of the virus and the closing of national borders is currently at the center of states' policies to combat the virus. However, some European countries, such as Sweden, do not seem to agree on this.

Lack of solidarity

We are assisting to a global situation of 'everybody for oneself,' and this has become highly evident within the EU itself. Individual countries within the Union have shown high levels of egoism on different occasions. The North-South divide within the EU is clearer than ever, particularly between the Netherlands and Austria on the one side, and Italy, Spain, France and Greece on the other side. The former group of countries is asking for compromise and conditions to lend money to the most afflicted ones for countering the crisis, while the latter group is asking the EU to share the debts accumulated in order to save European economies (eurobonds).

The different spread-intensity of the virus in different European countries has shown more than once the fragility of the Union, which demonstrated to be led by the arrogance of the rich. On different occasions European leaders have shown a lack of European identity, solidarity and common vision. For instance, at the beginning of the crisis France and Germany attempted to 'cover with the European flag' medical products directed to Italy, by declaring them 'European products', trying to compensate the initial inaction of the EU. Another example, could be the seizure by the Czech Republic of 110,000 Chinese masks and thousands of breathing supports, which were destined to Italy (March the 21st). Moreover, the lack of unity also came from an unjustified action of protectionism undertaken by Poland, which closed its market to agricultural products coming from Italy on March 18, despite it was already known that the virus could not be spread through such products.

Nevertheless, there are some good and unexpected examples of solidarity. For instance, a good lesson on European solidarity came from the small state of Albania. The Albanian prime minister Edi Rama taught European leaders what it means to be part of the EU by sending a medical unit to the Italian region of Lombardy, despite the numerous difficulties Albania is facing, thus showing that the fight against the virus has no nationality and it cannot leave room for egoistic calculations. Moreover, more recently Germany has accepted to receive and take care of numerous patients coming from Italy, where the majority of health infrastructures are saturated.

Overall, little comprehension and solidarity has been shown between European member states, thus being criticised by the European Commission president, Ursula Von Der Leyen.

Geopolitical tensions

The EU is going through numerous changes in the relations between its members. The closing up of individual countries poses a big challenge to the EU itself, which is founded on freedom of movement of people and goods.

Currently, sending masks and medicines seems to have become the main means for countries to exert influence in global affairs. The global spreading of the virus is putting under stress the big ally of the Union, the United States (US), which is demonstrating its lack of an efficient social health care system. Furthermore, the initial refusal of Washington to send help to the EU was seen as an opportunity for countries like Russia, China and Cuba to send medical and technical support to those countries of the EU that are most affected by the virus, like Italy and Spain. After having seen its hegemonic position in Europe under threat, the US decided to send monetary help to some European countries, such as 100 million dollars to Italy, in order to help in countering the emergency.

At the end, the EU seems to start standing all together. But, did the European countries take action on time? Generally, countries, like human beings, are more likely to remember one bad impression better than numerous good ones. Therefore, are countries like Italy going to 'forgive' the EU and its initial inactivity? Or are they going to fall back on countries like Russia and China, which have shown their solidarity since the beginning?

Furthermore, did the EU take action because of an inherent identity and solidarity? Or was it just a counteraction to the Chinese and Russian help? It seemed that specifically Germany's mobilisation followed the exhortation of the former president of the European Central Bank (ECB), Mario Draghi. He accused Germany and other countries of taking advantage of the virus for imposing a 'conditionality' to the countries that were asking for help. Moreover, in an interview on the Financial Times he called for an exceptional investment in the economies and for a guarantee of the debts, in order to jointly face the crisis, because no country can face this unprecedented threat alone. Now, anti-virus economic action turned into a matter of urgency for Europe and the European Commission is working on a common European response to the crisis.

Future perspectives

Probably, after the end of the virus spread, the world will assist to important changes in the global dynamics of alliances. Russia and China will most likely have one or more European allies to advance their interests in the EU. On the one side, this could lead to a further weakening of the EU governance and to the re-emergence of nationalism on states' behaviour within the Union. And on the other side, it could lead to the development of further mechanisms of cooperation among the EU members, which will go beyond the eurobonds and will probably extend to the sanitary dimension.

To preserve its unity, the European political-economic-cultural area will need to be strengthened, by fighting inequalities with a new model of solidarity. Its future prosperity will most likely depend on its internal market.

Nevertheless, for now the only thing we can be sure about is that the first impression on the EU was very bad and that this situation is going to lead all of us towards an unprecedented economic crisis, which most probably will redefine the political relationships between the world's biggest regions.

▲ Personal de ACNUR construyendo una carpa para refugiados venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta [ACNUR]

COMENTARIO / Paula Ulibarrena

Las restrictivas medidas impuestas por los estados para tratar de contener la epidemia de coronavirus implican para millones de personas dejar de ir a trabajar o hacerlo desde casa. Pero no todos pueden parar su actividad o pasar al teletrabajo. Hay trabajadores por cuenta propia, pequeños comercios, tiendas de barrio, comerciantes ambulantes o vendedores callejeros, y artistas independientes que viven prácticamente al día. Para ellos y para amuchas otras personas que queden sin ingresos o los vean reducidos, los gastos seguirán igualmente corriendo: pago de servicios, alquileres, hipotecas, colegiaturas y, por supuesto, alimentos y medicinas.

Todos estos impactos sociales que está acarreando la crisis por el coronavirus ya empiezan a cuestionarse entre quienes viven en la “zona roja” de la epidemia. En Italia, por ejemplo, algunos colectivos políticos han demandado que las ayudas no sean para las grandes empresas, sino para este conjunto de trabajadores precarios o familias necesitadas y están exigiendo una “renta básica de cuarentena”.

Planteamientos semejantes están surgiendo en otras partes del mundo e incluso ha llevado a que algunos mandatarios a adelantarse a las exigencias de la población. En Francia, Emmanuel Macron anunció que el gobierno asumirá los créditos, y suspendió el pago de alquileres, impuestos y recibos de luz, gas y agua. En Estados Unidos el gobierno de Donald Trump anunció que se enviarán cheques a cada familia para enfrentar los gastos o riesgos que implica la pandemia.

En otras grandes crisis el Estado ha salido a rescatar a las grandes empresas y bancos. Ahora se reclama que los recursos públicos se dediquen a rescatar a los más necesitados.

En toda crisis, son los más desfavorecidos los que peor lo pasan, hoy hay en el mundo más de 126 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria, incluidos 70 millones de desplazados forzosos. Dentro de estos colectivos comenzamos a conocer los primeros casos de infectados (campo de desplazados de Ninive-Irak, Somalia, Afganistán, Nigeria, Sudán, Venezuela….), el informe de casos en Burkina Faso es particularmente ilustrativo del desafío de responder en un contexto donde la atención médica es limitada. Los refugiados malienses que una vez fueron desplazados a Burkina Faso están siendo obligados a regresar a Malí, y la violencia continua inhibe el acceso humanitario y médico a las poblaciones afectadas.

Muchos campos de refugiados sufren de insuficientes instalaciones de higiene y saneamiento, lo que crea condiciones propicias para la propagación de enfermedades. Los planes oficiales de respuesta en los Estados Unidos, Corea del Sur, China y Europa requieren distanciamiento social, lo que es físicamente imposible en muchos campamentos de desplazados y en los contextos urbanos abarrotados en los que viven muchas personas desplazadas por la fuerza. Jan Egeland, director general del Consejo Noruego para los Refugiados, advirtió que COVID-19 podría "diezmar las comunidades de refugiados". 

Jacob Kurtzer, del Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington, advierte que las políticas nacionales de aislamiento en reacción a la propagación de COVID-19 también tienen consecuencias negativas para las personas que enfrentan emergencias humanitarias. Así el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones han anunciado el fin de los programas de reasentamiento de refugiados, ya que algunos gobiernos anfitriones han detenido la entrada de refugiados e impusieron restricciones de viaje como parte de su respuesta oficial.

Para agravar estos desafíos está la realidad de que la financiación humanitaria, que apenas puede satisfacer la demanda mundial y que puede verse afectada ya que los estados donantes consideran que en este momento deben enfocar dichos fondos a la respuesta al Covid-19.

En el lado contrario el coronavirus podría suponer una oportunidad de reducción de algunos conflictos armados. Por ejemplo, la Unión Europea ha pedido el cese de las hostilidades y el cese de las transferencias militares en Libia para permitir que las autoridades se concentren en responder a la emergencia de salud. El Estado Islámico ha publicado repetidos mensajes en su boletín informativo de Al-Naba pidiendo a los combatientes que no viajen a Europa y que reduzcan los ataques mientras se concentran en mantenerse libres del virus. 

Kurtzer sugiere que esta es una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del trabajo humanitario en el extranjero y garantizar que no se pase por alto. Curiosamente los países desarrollados se enfrentan a una vulnerabilidad médica real, de hecho Médicos Sin Fronteras ha abierto instalaciones en cuatro ubicaciones en Italia. Cooperar con organizaciones humanitarias confiables a nivel nacional será de vital importancia para responder a las necesidades de la población y al mismo tiempo desarrollar una mayor comprensión del trabajo vital que realizan en entornos humanitarios en el extranjero.

UN led vs. non-UN led post-conflict government building

WORKING PAPER / María del Pilar Cazali

ABSTRACT

Government building in Africa has been an important issue to deal with after post- independence internal conflicts. Some African states have had the support of UN peacekeeping missions to rebuild their government, while others have built their government on their own without external help. The question this article looks to answer is what method of government building has been more effective. This is done through the analysis of four important overall government building indicators: rule of law, participation, human rights and accountability and transparency. Based on these indicators, states with non-UN indicators have had a more efficient government building especially due to the flexibility and freedom they’ve had to do it in comparison with states with UN intervention due to the UN’s neo-liberal view and their lack of contact with locals.

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The Trump Administration’s Newest Migration Policies and Shifting Immigrant Demographics in the USA

New Trump administration migration policies including the "Safe Third Country" agreements signed by the USA, Guatemala, El Salvador, and Honduras have reduced the number of migrants from the Northern Triangle countries at the southwest US border. As a consequence of this phenomenon and other factors, Mexicans have become once again the main national group of people deemed inadmissible for asylum or apprehended by the US Customs and Border Protection.

▲ An US Border Patrol agent at the southwest US border [cbp.gov]

ARTICLE / Alexandria Casarano Christofellis

On March 31, 2018, the Trump administration cut off aid to the Northern Triangle countries in order to coerce them into implementing new policies to curb illegal migration to the United States. El Salvador, Honduras, and Guatemala all rely heavily on USAid, and had received 118, 181, and 257 million USD in USAid respectively in the 2017 fiscal year.

The US resumed financial aid to the Northern Triangle countries on October 17 of 2019, in the context of the establishment of bilateral negotiations of Safe Third Country agreements with each of the countries, and the implementation of the US Supreme Court’s de facto asylum ban on September 11 of 2019. The Safe Third Country agreements will allow the US to ‘return’ asylum seekers to the countries which they traveled through on their way to the US border (provided that the asylum seekers are not returned to their home countries). The US Supreme Court’s asylum ban similarly requires refugees to apply for and be denied asylum in each of the countries which they pass through before arriving at the US border to apply for asylum. This means that Honduran and Salvadoran refugees would need to apply for and be denied asylum in both Guatemala and Mexico before applying for asylum in the US, and Guatemalan refugees would need to apply for and be denied asylum in Mexico before applying for asylum in the US. This also means that refugees fleeing one of the Northern Triangle countries can be returned to another Northern Triangle country suffering many of the same issues they were fleeing in the first place.

Combined with the Trump administration’s longer-standing “metering” or “Remain in Mexico” policy (Migrant Protection Protocols/MPP), these political developments serve to effectively “push back” the US border. The “Remain in Mexico” policy requires US asylum seekers from Latin America to remain on the Mexican side of the US-Mexico border to wait their turn to be accepted into US territory. Within the past year, the US government has planted significant obstacles in the way of the path of Central American refugees to US asylum, and for better or worse has shifted the burden of the Central American refugee crisis to Mexico and the Central American countries themselves, which are ill-prepared to handle the influx, even in the light of resumed US foreign aid. The new arrangements resemble the EU’s refugee deal with Turkey.

These policy changes are coupled with a shift in US immigration demographics. In August of 2019, Mexico reclaimed its position as the single largest source of unauthorized immigration to the US, having been temporarily surpassed by Guatemala and Honduras in 2018.

US Customs and Border Protection data indicates a net increase of 21% in the number of Unaccompanied Alien Children from Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador deemed inadmissible for asylum at the Southwest US Border by the US field office between fiscal year 2019 (through February) and fiscal year 2020 (through February). All other inadmissible groups (Family Units, Single Adults, etc.) experienced a net decrease of 18-24% over the same time period. For both the entirety of fiscal year 2019 and fiscal year 2020 through February, Mexicans accounted for 69 and 61% of Unaccompanied Alien Children Inadmisibles at the Southwest US border respectively, whereas previously in fiscal years 2017 and 2018 Mexicans accounted for only 21 and 26% of these same figures, respectively. The percentages of Family Unit Inadmisibles from the Northern Triangle countries have been decreasing since 2018, while the percentage of Family Unit Inadmisibles from Mexico since 2018 has been on the rise.

With asylum made far less accessible to Central Americans in the wake of the Trump administration's new migration policies, the number of Central American inadmisibles is in sharp decline. Conversely, the number of Mexican inadmisibles is on the rise, having nearly tripled over the past three years.

Chain migration factors at play in Mexico may be contributing to this demographic shift. On September 10, 2019, prominent Mexican newspaper El Debate published an article titled “Immigrants Can Avoid Deportation with these Five Documents.” Additionally, The Washington Post cites the testimony of a city official from Michoacan, Mexico, claiming that a local Mexican travel company has begun running a weekly “door-to-door” service line to several US border points of entry, and that hundreds of Mexican citizens have been coming to the municipal offices daily requesting documentation to help them apply for asylum in the US. Word of mouth, press coverage like that found in El Debate, and the commercial exploitation of the Mexican migrant situation have perhaps made migration, and especially the claiming of asylum, more accessible to the Mexican population.

US Customs and Border Protection data also indicates that total apprehensions of migrants from Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador attempting illegal crossings at the Southwest US border declined 44% for Unaccompanied Alien Children and 73% for Family Units between fiscal year 2019 (through February) and fiscal year 2020 (through February), while increasing for Single Adults by 4%. The same data trends show that while Mexicans have consistently accounted for the overwhelming majority of Single Adult Apprehensions since 2016, Family Unit and Unaccompanied Alien Children Apprehensions until the past year were dominated by Central Americans. However, in fiscal year 2020-February, the percentages of Central American Family Unit and Unaccompanied Alien Children Apprehensions have declined while the Mexican percentage has increased significantly. This could be attributed to the Northern Triangle countries’ and especially Mexico’s recent crackdown on the flow of illegal immigration within their own states in response to the same US sanctions and suspension of USAid which led to the Safe Third Country bilateral agreements with Guatemala, Honduras, and El Salvador.

While the Trump administration’s crackdown on immigration from the Northern Triangle countries has effectively worked to limit both the legal and illegal access of Central Americans to US entry, the Trump administration’s crackdown on immigration from Mexico in the past few years has focused on arresting and deporting illegal Mexican immigrants already living and working within the US borders. Between 2017 and 2018, ICE increased workplace raids to arrest undocumented immigrants by over 400% according to The Independent in the UK. The trend seemed to continue into 2019. President Trump tweeted on June 17, 2019 that “Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in.” More deportations could be leading to more attempts at reentry, increasing Mexican migration to the US, and more Mexican Single Adult apprehensions at the Southwest border. The Washington Post alleges that the majority of the Mexican single adults apprehended at the border are previous deportees trying to reenter the country.

Lastly, the steadily increasing violence within the state of Mexico should not be overlooked as a cause for continued migration. Within the past year, violence between the various Mexican cartels has intensified, and murder rates have continued to rise. While the increase in violence alone is not intense enough to solely account for the spike that has recently been seen in Mexican migration to the US, internal violence nethertheless remains an important factor in the Mexican migrant situation. Similarly, widespread poverty in Mexico, recently worsened by a decline in foreign investment in the light of threatened tariffs from the USA, also plays a key role.

In conclusion, the Trump administration’s new migration policies mark an intensification of long-standing nativist tendencies in the US, and pose a potential threat to the human rights of asylum seekers at the US-Mexico border. The corresponding present demographic shift back to Mexican predominance in US immigration is driven not only by the Trump administration’s new migration policies, but also by many other diverse factors within both Mexico and the US, from press coverage to increased deportations to long-standing cartel violence and poverty. In the face of these recent developments, one thing remains clear: the situation south of the Rio Grande is just as complex, nuanced, and constantly evolving as is the situation to the north on Capitol Hill in the USA.