▲Área del Indo-Pacífico y territorios adyacentes [Wikimedia-Commons]

ANÁLISIS / Emili J. Blasco

Estamos asistiendo al nacimiento efectivo de Eurasia. Si esa palabra surgió como artificio, para reunir dos geografías adyacentes, sin relación, hoy Eurasia está emergiendo como realidad, en una única geografía. El catalizador ha sido sobre todo la apertura hacia Poniente de China: en la medida en que China ha comenzado a ocuparse de su parte trasera –Asia Central–, y ha dibujado nuevas rutas terrestres hacia Europa, las distancias entre los márgenes de Eurasia también se han ido reduciendo. Los mapas de la Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda tienen como efecto primero presentar un único continente, de Shanghái a París o Madrid. La guerra comercial entre Pekín y Washington y el desamparo europeo del otrora paraguas estadounidense contribuyen a que China y Europa se busquen mutuamente.

Una consecuencia de la mirada cruzada desde los dos extremos del supercontinente, cuyo encuentro construye ese nuevo mapa mental de territorio continuo, es que el eje mundial se traslada al Índico. Ya no está en el Atlántico, como cuando Estados Unidos retomó de Europa el estandarte de Occidente, ni tampoco en el Pacífico, adonde se había movido con el fenómeno emergente del Este asiático. Lo que parecía ser la localización del futuro, el Asia-Pacífico, está cediendo el paso al Indo-Pacífico, donde ciertamente China no pierde protagonismo, pero queda más sujeta al equilibrio de poder euroasiático. La ironía para China es que queriendo recuperar su pretérita posición de Reino del Medio, sus planes expansivos acaben dando centralidad a India, su velada némesis.

Eurasia se encoge

La idea de un encogimiento de Eurasia, que reduce su vasta geografía al tamaño de nuestro campo visual, ganando en entidad propia, fue expresada hace dos años por Robert Kaplan en un ensayo que luego ha recogido en su libro The Return of Marco Polo's World (2018)[1]. Justamente el renacimiento de la Ruta de la Seda, con sus reminiscencias históricas, es lo que ha acabado por poner en un mismo plano en nuestra mente Europa y Oriente, como en unos siglos en los que, desconocida América, no existía nada allende los océanos circundantes. “A medida que Europa desaparece”, dice Kaplan en referencia a las crecientemente vaporosas fronteras europeas, “Eurasia se cohesiona”. “El supercontinente se está convirtiendo en una unidad fluida y global de comercio y conflicto”, afirma.

Para Bruno Maçães, autor de The Down of Eurasia (2018)[2], hemos entrado en una era euroasiática. A pesar de lo que cabría haber predicho hace tan solo un par de décadas, “este siglo no será asiático”, asegura Maçães. Tampoco será europeo o americano, sino que estamos como en aquel momento, al término de la Primera Guerra Mundial, cuando se pasó de hablar de Europa a hacerlo de Occidente. Ahora Europa, desprendida de Estados Unidos, según argumenta este autor portugués, también pasa a integrarse en algo mayor: Eurasia.

Teniendo en cuenta ese movimiento, tanto Kaplan como Maçães vaticinan una disolución de Occidente. El americano pone el acento en las deficiencias de Europa: “Europa, al menos como la hemos conocido, ha comenzado a desaparecer. Y con ella Occidente mismo”; mientras que el europeo señala más bien el desinterés de Estados Unidos: “Uno tiene la sensación de que la vocación universalista estadounidense no es garantizar la preeminencia global de la civilización occidental, sino seguir como la única superpotencia global”.

Cambia el eje del mundo

A raíz del descubrimiento español de América, en el siglo XVI se veía coronar una traslación gradual hacia Occidente de la hegemonía y de la civilización en el mundo. “Los imperios de los persas y de los caldeos habían sido reemplazados por los de Egipto, Grecia, Italia y Francia, y ahora por el de España. Aquí permanecería el centro del mundo”, escribe John Elliott citando un escrito de la época, del humanista Pérez de Oliva[3]. La idea de estación final también se tuvo cuando el peso específico del mundo se situó en el Atlántico, y luego en el Pacífico. Hoy proseguimos de nuevo ese viraje hacia Poniente, hasta el Índico, sin ya quizá mucho ánimo de darlo por definitivo, aunque se complete la vuelta sobre cuyos inicios teorizaron los renacentistas.

Al fin y al cabo, también ha habido traslaciones del centro de gravedad en sentido contrario, si atendemos a otros parámetros. En las décadas posteriores a 1945 la localización media de la actividad económica entre diferentes geografías estuvo situada en el centro del Atlántico. Con el cambio de siglo, sin embargo, el centro de gravedad de las transacciones económicas ha estado emplazado al Este de las fronteras de la Unión Europea, según apunta Maçães, quien pronostica que en diez años el punto medio estará en la frontera entre Europa y Asia, y a mitad del siglo XXI entre India y China, países que están “abocados a desarrollar la mayor relación comercial del mundo”. Con ello, India “puede convertirse en el nudo central entre los extremos del nuevo supercontinente”. Moviéndonos hacia un lado del planeta hemos llegado al mismo punto –el Índico­– que en el viaje en sentido contrario.

El mundo isla

A diferencia del Atlántico y del Pacífico, océanos que en el globo se extienden verticalmente, de polo a polo, el Índico se despliega horizontalmente y en lugar de encontrar dos riberas, tiene tres. Eso hace que África, al menos su zona oriental, forme parte también de esta nueva centralidad: si la rapidez de navegación propiciada por los monzones ya facilitó históricamente un estrecho contacto del subcontinente indio con la costa este africana, hoy las nuevas rutas de la seda marítimas pueden acrecentar aún más los intercambios. Eso y la creciente llegada de migrantes subsaharianos a Europa refleja un fenómeno centrípeto que incluso da pie a hablar de Afro-Eurasia. Así que, como apunta Kaplan, referirse al mundo isla como en su día hizo Halford Mackinder “ya no es algo prematuro”. Maçães recuerda que Mackinder veía como una dificultad para percibir la realidad de ese mundo isla el hecho de que no fuera posible circunnavegarlo por completo. Hoy esa percepción debiera ser más fácil, cuando se está abriendo la ruta del Ártico.

En el marco de las teorías complementarias –verso y reverso– de Halford Mackinder y de Nicholas Spykman sobre el Heartland y el Rimland, respectivamente, cualquier centralidad de India tiene que traslucirse en poder marítimo. Cerrado su acceso al interior de Asia por el Himalaya y por un antagónico Pakistán (le queda el único y complejo paso de Cachemira), es en el mar donde India puede proyectar su influencia. Como India, también China y Europa están en el Rimland euroasiático, desde donde todas esas potencias disputarán el equilibrio de poder entre ellas y también con el Heartland, que básicamente ocupa Rusia, auque no en exclusiva: en el Heartland también se encuentran las repúblicas centroasiáticas, que cobran un especial valor en la competencia por el espacio y los recursos de un encogido supercontinente.

Pivot a Eurasia

En esta región del Indo-Pacífico, o del Gran Índico, que va del Golfo Pérsico y las costas de África oriental hasta la segunda cadena de islas de Asia-Pacífico, a Estados Unidos le corresponde un papel exterior. En la medida en que el mundo isla se cohesiona, queda más remarcado el carácter satelital estadounidense. La gran estrategia de Estados Unidos deviene entonces en lo que ha sido el tradicional imperativo del Reino Unido con respecto a Europa: impedir que una potencia domine el continente, algo que más fácilmente se logra apoyando a una u otra potencia continental para debilitar a la que en cada momento sea más fuerte (Francia o Alemania, según la época histórica; hoy Rusia o China). Ya en la Guerra Fría, Estados Unidos se esforzó por impedir que la URSS se alzara en hegemón al controlar también Europa Occidental. Eurasia entra en un juego de equilibrio de poder presumiblemente intenso, como lo fue el escenario europeo entre el siglo XIX y el XX.

Por eso, Kaplan dice que Rusia puede ser contenida mucho más por China que por Estados Unidos, como también Washington debiera aprovechar a Rusia para limitar el poder de China, a sugerencia de Henry Kissinger. Para ello, el Pentágono debiera ampliar hacia el Oeste la presencia estratégica que tiene en el Pacífico Occidental: si como potencia exterior y marítima no puede acceder al centro continental de Eurasia, sí puede tomar posición en las entrañas mismas de esa gran región, que es el propio Índico.

“Si Obama hizo el pivot a Asia, entonces Trump ha pivotado a Eurasia. Quienes toman decisiones en Estados Unidos parecen crecientemente conscientes de que el nuevo centro de gravedad en la política mundial no es el Pacífico ni el Atlántico, sino el Viejo Mundo entre los dos”, ha escrito Maçães en un ensayo posterior a su libro[4].

Alianzas con India

El cambio de foco desde Asia-Pacífico al Indo-Pacífico por parte de Estados Unidos fue expresado formalmente en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre de 2017, el primero de ese tipo de documentos elaborado por la Administración Trump. Consecuentemente, Estados Unidos ha rebautizado su Comando del Pacífico como Comando del Indo-Pacífico.

La estrategia de Washington, como la de otros destacados países occidentales de la región, sobre todo Japón y Australia, pasa por una coalición de algún tipo con India, por el carácter central de este país y como mejor manera de contener a China y Rusia.

La conveniencia de una mayor relación con Nueva Dehli ya fue esbozada por Trump durante la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Washington en junio de 2017, y luego por el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, en octubre de 2017. El sucesor de este, Mike Pompeo, abordó un marco más definido en julio de 2018, cuando anunció ayudas de 113 millones de dólares para proyectos destinados a lograr una mayor conectividad de la región, desde tecnologías digitales a infraestructuras. El anuncio fue entendido como el deseo estadounidense de hacer frente a la Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda lanzada por China.

En ocasiones, la Estrategia para el Indo-Pacífico de Estados Unidos se presenta asociada a la Estrategia para un Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP), que es el nombre puesto por Japón para su propia iniciativa de cooperación para la región, ya expuesta hace diez años por el primer ministro japonés Shinzo Abe. Ambas son coincidentes en contar con India, Japón, Australia y Estados Unidos como los principales garantes de la seguridad regional, pero presentan dos principales divergencias. Una es que para Washington el Indo-Pacífico va desde el litoral oriental de India hasta la costa oeste estadounidense, mientras que en la iniciativa japonesa el mapa va del Golfo Pérsico y la costa africana a Filipinas y Nueva Zelanda. La otra tiene que ver con la manera de percibir a China: la propuesta japonesa busca la cooperación china, al menos en el nivel declarativo, mientras que el propósito estadounidense es hacer frente a los “riesgos de dominio chino”, como se consigna en la Estrategia de Seguridad Nacional.

India también ha elaborado una iniciativa propia, presentada en 2014 como Act East Policy (AEP), con el objeto de potenciar una mayor cooperación entre India y los países de Asia-Pacífico, especialmente de la ASEAN. Por su parte, Australia expuso su Policy Roadmap para la región en 2017, que descansa en la seguridad que ya viene prestando Estados Unidos y aboga por un continuado entendimiento con las “las democracias indo-pacíficas” (Japón, Corea del Sur, India e Indonesia).

Otras consecuencias

Algunas otras consecuencias del nacimiento de Eurasia, de diferente orden e importancia, son:

–La Unión Europea no solo está dejando de ser atrayente como proyecto político e incluso económico para sus vecinos, debido a sus problemas de convergencia interna, sino que la realidad de Eurasia la reduce a ser una península en los márgenes del supercontinente. Por ejemplo, pierde cualquier interés la vieja cuestión de si Turquía forma o no parte de Europa: Turquía va a tener una mejor posición en el tablero.

–Adquieren toda su importancia los corredores que China quiere tener abiertos hacia el Índico (Myanmar y, sobre todo, Pakistán). Sin poder recobrar el estatus milenario de Reino del Medio, China valorará aún más disponer de la provincia de Xinjiang como modo de estar menos escorada en un lado del supercontinente y como plataforma para una mayor proyección hacia el interior del mismo.

–El pivot a Eurasia por parte de Estados Unidos obligará a Washington a distribuir sus fuerzas en una mayor extensión de mar y sus riberas, con el riesgo de perder poder disuasorio o de intervención en determinados lugares. Cuidar el Índico puede llevarle, sin pretenderlo, a descuidar el Mar de China Meridional. Un modo de ganar influencia en el Índico sin gran esfuerzo podría ser trasladar la sede de la Quinta Flota de Bahréin a Omán, igualmente a un paso del estrecho de Ormuz, pero fuera del Golfo Pérsico.

–Rusia se ha visto tradicionalmente como un puente entre Europa y Asia, y ha contado con alguna corriente defensora de un euroasianismo que presentaba Eurasia como un tercer continente (Rusia), con Europa y Asia a cada lado, y que reservaba el nombre de Gran Eurasia al supercontinente. En la medida en que este se encoja, Rusia se beneficiará de la mayor conectividad entre un extremo y otro y estará más encima de sus antiguas repúblicas centroasiáticas, aunque estas tendrán contacto con un mayor número de vecinos.

(1) Kaplan, R. (2018) The Return fo Marco Polo's World. War, Strategy, and American Interests in the Twenty-First Century. Nueva York: Random House

(2) Maçães, B. (2018) The Dawn of Eurasia. On the Trail of the New World Order. Milton Keynes: Allen Lane

(3) Elliott, J. (2015) El Viejo Mundo y el Nuevo (1492-165). Madrid: Alianza Editorial

(4) Maçães, B. (2018). Trump's Pivot to Eurasia. The American Interest. 21 de agosto de 2018

[Bruce Riedel, Kings and Presidents. Saudi Arabia and the United States since FDR. Brookings Institution Press. Washington, 2018. 251 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

Petróleo a cambio de protección es el pacto que a comienzos de 1945 sellaron Franklin D. Roosevelt y el rey Abdulaziz bin Saud a bordo de USS Quincy, en aguas de El Cairo, cuando el presidente estadounidense regresaba de la Conferencia de Yalta. Desde entonces, la especial relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí ha sido uno de los elementos claves de la política internacional. Hoy el fracking hace menos necesario para Washington el petróleo arábigo, pero cultivar la amistad saudí sigue interesando a la Casa Blanca, incluso en una presidencia poco ortodoxa en cuestiones diplomáticas: el primer país que Donald Trump visitó como presidente fue precisamente Arabia Saudí.

Los altos y bajos en esa relación, debidos a las vicisitudes mundiales, especialmente en Oriente Medio, han marcado el tenor de los contactos entre los distintos presidentes de Estados Unidos y los correspondientes monarcas de la Casa de Saúd. A analizar el contenido de esas relaciones, siguiendo las sucesivas parejas de interlocutores entre Washington y Riad, se dedica este libro de Bruce Riedel, quien fue analista de la CIA y miembro del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense como especialista en la región, y ahora dirige el Proyecto Inteligencia del think tank Brookings Institution.

En esa relación sorprende la posición central que ocupa la cuestión palestina. A veces podría pensarse que la invocación que muchos países árabes hacen del conflicto palestino-israelí es retórica, pero Riedel constata que en el caso de Arabia Saudí ese asunto es fundamental. Formó parte del pacto inicial entre Roosevelt y Abdulaziz bin Saud (el presidente estadounidense se comprometió a no apoyar la partición de Palestina para crear el Estado de Israel sin contar con el parecer árabe, algo que Truman no respetó, consciente de que Riad no podía romper con Washington porque necesitaba a las petroleras estadounidenses) y desde entonces ha aparecido en cada ocasión.

Los avances o estancamientos en el proceso de paz árabe-israelí, y la distinta pasión de los reyes saudís sobre este asunto, han marcado directamente la relación entre las administraciones estadounidenses y la Monarquía saudí. Por ejemplo, el apoyo de Washington a Israel en la guerra de 1967 derivó en el embargo petrolero de 1973; los esfuerzos de George Bush senior y Bill Clinton por un acuerdo de paz ayudaron a una estrecha relación con el rey Fahd y el príncipe heredero Abdalá; este, en cambio, propició un enfriamiento ante el desinterés mostrado por George Bush junior. “Un vibrante y efectivo proceso de paz ayudará a cimentar una fuerte relación entre rey y presidente; un proceso encallado y exhausto dañará su conexión”.

¿Seguirá siendo esta cuestión algo determinante para las nuevas generaciones de príncipes saudís? “La causa palestina es profundamente popular en la sociedad saudí, especialmente en el establishment clerical. La Casa de Saúd ha convertido la creación de un estado palestino, con Jerusalén como su capital, en algo emblemático de su política desde la década de 1960. Un cambio generacional es improbable que altere esa postura fundamental”.

Además de este, existen otros dos aspectos que se han mostrado disruptivos en la entente Washington-Riad: el Wahabismo impulsado por Arabia Saudí y el requerimiento de Estados Unidos de reformas políticas en el mundo árabe. Riedel asegura que, dada la fundacional alianza entre la Casa de Saúd y esa estricta variante suní del Islam, que Riad ha promovido en el mundo para congraciarse con sus clérigos, como compensación cada vez que ha debido plegarse a las exigencias del impío Estados Unidos, no cabe ninguna ruptura entre ambas instancias. “Arabia Saudí no puede abandonar el Wahabismo y sobrevivir en su forma actual”, advierte.

Por ello, el libro termina con una perspectiva más bien pesimista sobre el cambio –democratización, respeto de los derechos humanos– que a Arabia Saudí le plantea la comunidad internacional (ciertamente que sin mucha insistencia, en el caso de Estados Unidos). No solo Riad fue el “principal jugador” en la contrarrevolución cuando se produjo la Primavera Árabe, sino que puede ser un factor que vaya contra una evolución positiva de Oriente Medio. “Superficialmente parece que Arabia Saudí es una fuerza de orden en la región, alguien que está intentando prevenir el caos y el desorden. Pero a largo plazo, por intentar mantener un orden insostenible, aplicado a la fuerza por un estado policial, el reino podría, de hecho, ser una fuerza para el caos”.

Riedel ha tratado personalmente a destacados miembros de la familia real saudí. A pesar de una estrecha relación con algunos de ellos, especialmente con el príncipe Bandar bin Sultan, que fue embajador en Estados Unidos durante más de veinte años, el libro no es condescendiente con Arabia Saudí en las disputas entre Washington y Riad. Más crítico con George W. Bush que con Barack Obama, Riedel también señala las incongruencias de este último en sus políticas hacia Oriente Medio.

ENSAYO / Alejandro Palacios

La República de Mauricio, Estado insular de 1,2 millones de habitantes en el suroeste del océano Índico, a 900 kilómetros de la costa de Madagascar, puede pasar como un buen ejemplo de los progresos que en materia de Derechos Humanos están realizando diversos gobiernos africanos. Esto no quiere decir que este archipiélago sea un país ejemplar en la aplicación de los Derechos Humanos, pues ciertamente aún le queda mucho camino por recorrer en su correcta aplicación. Pero su caso es interesante como país que, a pesar de encontrarse aún en vías de desarrollo, ha sido capaz de confeccionar un sistema legal en el cual el respeto a los derechos fundamentales juega un papel esencial.

En este documento se hará mención del estado de los Derechos Humanos en algunas de las áreas más importantes de la vida política y social de Mauricio, tales como la práctica democrática, la actividad laboral o el acceso al agua potable, entre otras. A su vez, se tratará de dar respuesta a la pregunta de si el sistema jurídico mauriciano está o no adecuado para hacer frente a la lucha contra los abusos y violaciones de tales derechos y, sobre todo, si el Gobierno, atendiendo a los recursos disponibles, está capacitado para ello. En otras palabras, se valorará si la voluntad jurídica se corresponde con una voluntad real a la hora de atacar las injusticias relacionadas con los derechos fundamentales.

Marco legal

A pesar de la aprobación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 1981 y de la creación de la Comisión Africana de los Derechos Humanos en 1986, el respeto a ese sistema de valores continúa siendo la excepción en la vida de muchos países del continente africano. Esto es debido no a una ausencia de reconocimiento de esos derechos en las respectivas Constituciones nacionales, sino a la falta tanto de mecanismos legales como de voluntad política para aplicar eficazmente la ley.

Mauricio no escapa a esta realidad. Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) presentó el quinto informe periódico de Mauricio sobre la implementación de las provisiones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, en inglés). En su informe, el Comité puso de relieve la falta de voluntad política del Gobierno mauriciano para desarrollar los principios de democracia, Estado de derecho, Derechos Humanos y políticos y libertades individuales.

No obstante, el Comité constató avances desde su anterior informe, como la creación de una división para los Derechos Humanos en la estructura gubernamental mauriciana y la adopción de la Ley de Igualdad de Oportunidades (Equal Opportunities Act). Otras medidas sacadas adelante en Mauricio son determinadas enmiendas realizadas en el Código Civil y la adopción tanto de la Ley de Apelación Penal (Criminal Appeal Act) como de la Ley de Quejas Policiales (Police Complaints Act). Estas actuaciones pretenden lograr a largo plazo un desarrollo acorde con el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales con el fin de ajustarse a estándares de calidad de vida basados en la dignidad, la justicia social, el empoderamiento económico y la igualdad de trato. Según el Gobierno, todo ello ayudará a crear una comunidad cohesionada y tolerante basada en una serie de valores compartidos como el respeto, la unidad, la inclusión y la solidaridad.

Además, Mauricio asegura tener implementados en sus leyes muchos de los instrumentos acordados a nivel internacional con vistas a garantizar los Derechos Humanos. Entre otras acciones, el Gobierno destaca la reclamación a Reino Unido del Archipiélago de Chagos. A juicio del Gobierno mauriciano, el archipiélago fue forzosamente desalojado por parte de Reino Unido, mostrando una “clara indiferencia” hacia los derechos de los habitantes insulares. Desde entonces, la República ha mantenido una actitud inalterable en favor del proceso descolonizador. El apoyo internacional que ha recibido Mauricio se ha visto ya reflejado en la aprobación de la resolución 71/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la petición a la Corte Internacional de Justicia de una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de la separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965.

Vida social y política

Tanto la Constitución mauriciana de 1968 como la legislación adoptada posteriormente incorporan formulaciones de respeto a los Derechos Humanos. No obstante, como ocurre en muchos otros países, el sistema institucional carece de herramientas y de voluntad para aplicar de manera efectiva los castigos por infracción o negligencia en este terreno. Además, falta un adecuado sistema de protección para personas víctimas de diversos delitos, como por ejemplo, ofensas sexuales o discriminación hacia personas homosexuales.

Cabe recalcar que no todos los ámbitos rigen el patrón mencionado. Existen otros ámbitos en los que la legislación protege y respeta los derechos fundamentales. Por ello, es conveniente analizar los casos de manera individual antes que proporcionar una valoración general del estado de los Derechos Humanos inmediatamente.

Empezaremos haciendo mención al estado de la democracia en el país insular. Según el Índice de Democracia de 2017, Mauricio está dentro de lo que se considera una “democracia plena”, con unos resultados superiores a los de España, Estados Unidos o Francia, entre otros[1]. Esta clasificación quiere decir que en Mauricio: 1) se celebran elecciones realmente libres y justas; 2) se garantiza la seguridad personal de los votantes; 3) existe poca influencia por parte de las potencias extranjeras en el Gobierno, y 4) los funcionarios civiles son capaces de implementar políticas. Todo ello, en un grado más alto que los 178 países por debajo de Mauricio.

Sin embargo, existen algunas críticas internas al funcionamiento democrático del país. A pesar de que las elecciones de 2014 fueran caracterizadas por observadores internacionales como justas y libres, algunas voces han criticado el sistema de representación, citando la modificación de determinadas circunscripciones electorales a fin de beneficiar a ciertos grupos sociales, técnica conocida en ciencias políticas como gerrymandering. Otras quejas se han referido al bajo número de mujeres candidatas, la falta de trasparencia en el conteo de votos por tomar este proceso más tiempo del que debería y la falta de equidad en el acceso a los medios de comunicación para promocionar las campañas electorales por parte de la oposición. En este sentido, la oposición alega que la televisión pública MBC TV favorece al partido en el Gobierno.

Por último, gracias a una resolución de 2012 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Gobierno mauriciano enmendó la Constitución en 2014 para evitar que los votantes tuvieran que identificar su etnia a la hora de votar. Este comportamiento fue reportado por el Comité como una clara violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A pesar de estas críticas, es relevante destacar el hecho de que Mauricio se encuentra en la posición 54, entre los 176 países analizados, en cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción. En efecto, Mauricio es el país africano en el que se reportan los niveles más bajos de corrupción, sólo superado por Namibia, Ruanda y Botsuana[2]. No obstante, los niveles de corrupción existentes no se han saldado sin consecuencias. En 2015 la presidenta de Mauricio, Ameenah Gurib-Fakim, la única presidenta en África por entonces, fue obligada a dimitir tras verse envuelta en un escándalo político que implicaba también a la ONG Planet Earth Institute[3].

En otro orden de cosas, la pena de muerte fue abolida oficialmente ya en el año 1995, siendo la última ejecución en 1987[4]. A pesar de ser una fecha relativamente reciente, Mauricio constituye uno de los pocos países en el África subsahariana que la han abolido. Botsuana, Zimbabue, Tanzania, Zambia, Lesoto o Suazilandia son algunos de los países vecinos que aún hoy en día aplican de una manera u otra la pena de muerte[5].

Mauricio prohíbe el aborto a excepción de riesgo grave para la vida de la madre, no pudiéndose abortar, por tanto, por defectos del feto, riesgo no grave para la salud física o mental de la mujer gestante, factores socio-económicos o caso de violación[6].

Aunque existen situaciones de abusos de los Derechos Humanos, la actitud del Gobierno es la de aceptar mecanismos que monitoreen su labor, algunos de ellos exteriores. Mauricio cuenta con un defensor del pueblo u ombudsman elegido por el presidente del país, cuya labor es la de investigar las quejas contra los servidores públicos, tales como policías y funcionarios de prisiones. El informe sobre los Derechos Humanos en Mauricio de 2017 considera al defensor del pueblo como una figura independiente, efectiva y con recursos suficientes para llevar a cabo su labor.

Además, el Gobierno cuenta con la Comisión de Igualdad de Oportunidades, que está encargada de investigar alegaciones de discriminación y de promover la igualdad de oportunidades en el sector público y privado. Según el Informe de 2017, la Comisión resulta ser efectiva, independiente y estar dotada con recursos suficientes para llevar adelante su cometido.

Todos estos controles, sin embargo, no impiden que se sigan produciendo discriminaciones entre los ciudadanos mauricianos por razón, entre otras, de género y pertenencia a una comunidad específica. Este es el escenario en el que se encuentran los criollos, es decir, los habitantes de origen mauriciano con descendencia africana. A este respecto, el periódico L´Express anunció recientemente que estaba en posesión de una grabación en la que se le podía oír al ex vicepresidente y ministro de Vivienda y Suelo decir que, dentro del nuevo proyecto urbanístico que el Gobierno iba a desarrollar, el 90% de las viviendas iban a ir para los hindús y el 10% para los musulmanes. Consecuentemente, los criollos no recibirían “ninguna vivienda” para prevenir que “la prostitución se esparza por el barrio”. Cabe destacar que la etnia hindú constituye el 48% de la población mauriciana y que, en el plano político, ha dominado desde la independencia del país.

Además, las mujeres y niños continúan siendo los colectivos más afectados por la discriminación. Existen leyes que prohíben y criminalizan tanto las violaciones como la violencia doméstica, sin embargo, ni la policía ni el sistema judicial proveen de una adecuada cobertura ante estos casos. Lo mismo ocurre con los casos de acoso sexual. Se han reportado casos de tráfico sexual de menores (el mínimo de edad permitido para el sexo consentido sea de 16 años).

Las personas con discapacidad también sufren un cierto grado de discriminación. Y es que, a pesar de que la ley mauriciana obligue a que los discapacitados constituyan un porcentaje concreto de la fuerza de trabajo dentro de una empresa, las autoridades hacen caso omiso. Sin embargo, el Ejecutivo se encarga de financiar programas de ayuda a estas personas, a fin de facilitarles el acceso a la información y comunicación. Por ejemplo, añadiendo subtítulos en los programas de televisión o con la creación de un programa informativo adaptado a sus dificultades comunicativas. Por último, a pesar de la igualdad de derechos en cuanto a la participación política, existen problemas prácticos relacionados con el transporte y acceso a los colegios electorales.

Igualmente el colectivo LGTBI sufre un acusado nivel de trato discriminatorio. Por ejemplo, en términos prácticos, a quienes hayan practicado sexo con otras personas del mismo sexo se les impide donar sangre, a pesar de que la ley lo permita. Además, en 2015 se reportó una detención arbitraria a un hombre por ser transgénero y exteriorizarlo al llevar ropa de mujer. Fue liberado sin cargos tras ser abofeteado, aterrorizado y obligado a desnudarse. Uno de los últimos incidentes denunciados fue el lanzamiento de piedras durante la marcha anual del colectivo LGTBI. A pesar de estos casos, la ley no criminaliza la actividad sexual entre personas del mismo sexo, pero sí la sodomía entre personas del mismo y diferente sexo.

Todos estos tipos de discriminación se trasladan también al ámbito laboral donde, a pesar de estar prohibido por ley, la discriminación en este ámbito por razón de sexo, raza, VIH y discapacidad existe. Por ejemplo, los criollos y los musulmanes tienen difícil acceso a puestos de trabajo en el sector público. Además, las mujeres cobran menos que los hombres por un trabajo similar y es poco común que ocupen altos cargos. Por el contrario, ellas suelen ocupar los puestos en donde se requiere una menor capacitación. El alto grado de desempleo entre los discapacitados se debe a la falta de puestos de trabajo físicamente accesibles. Por último, los menores tienen prohibido por ley trabajar hasta los 16 años, y hasta los 18 en trabajos calificados como peligrosos y con malas condiciones sanitarias. No obstante, se dan casos de menores trabajando en las calles, en pequeños negocios y restaurantes, así como en el sector agrícola.

El salario mínimo, que tiende a subir en relación con la tasa de inflación, varía según el sector. Por ejemplo, para un trabajador doméstico el salario mínimo es de 607 rupias (15€) a la semana, mientras que para un trabajador de fábrica es de 794 rupias (20€). La semana laboral está estipulada en 45 horas. A pesar de estas regulaciones, se han reportado casos en los que a los trabajadores de la limpieza no siempre se les pagaba el salario mínimo por jornadas enteras de trabajo, pues sólo recibían 1.500 rupias (38€) al mes, lo que equivale a 375 rupias (9€) a la semana.

Por otro lado, la ley reconoce el derecho a la huelga, aunque es necesario para declararla que se siga un proceso obligatorio considerado por sus convocantes como “largo, complejo y excesivamente largo”. Aun cuando los trabajadores hayan cumplido con este proceso, el Ejecutivo se reserva el derecho a prohibir la huelga y trasladar la disputa al arbitraje si considera que la huelga puede afectar seriamente a un sector o servicio en concreto. Además, es necesario que los trabajadores cumplan con un mínimo de sus servicios durante los días de huelga. Las huelgas a nivel nacional, referidas a “cuestiones generales de política económica” y/o durante las sesiones de la Asamblea General, están prohibidas. El  ámbito laboral es uno de los pocos donde el Gobierno aplica la ley de manera más eficaz. Sin embargo, se han reportado retrasos en los procedimientos y apelaciones.

En relación al acceso al agua potable, no se han reportado mayores problemas. Aunque siempre resulte recomendable, no sólo en Islas Mauricio, sino también en África en general, hacer uso del agua embotellada para consumo humano. En este sentido, sólo en la República Democrática del Congo, Mozambique y Papúa Nueva Guinea se han observado graves problemas con el abastecimiento de agua potable. No obstante, preocupa la contaminación del acuífero de la zona norte de Mauricio, que es una de las cinco principales reservas que existen de agua subterránea y proporciona entre el 50 y 60% del agua necesaria para fines domésticos[7].

Buenas perspectivas

Para concluir, habría que recalcar los esfuerzos que el Gobierno insular está haciendo a fin de acabar con las situaciones que van en contra del respeto a los derechos fundamentales. No cabe duda que, a pesar de estos esfuerzos, a Mauricio le quedan aún muchos retos que afrontar. Muchos de ellos vienen causados por la falta de rigor en la aplicación de las leyes mauricianas, pues éstas son, como se ha señalado anteriormente, ejemplares en el respeto y promoción de estos derechos.

De hecho, Mauricio cuenta con una legislación que, como hemos visto, se parece mucho a la de los países desarrollados occidentales en materia del respeto a los derechos fundamentales individuales. Uno de los problemas más graves al que se enfrenta el país en este sentido es la falta de voluntad política para aplicar los preceptos de la ley.

Y es que, a pesar de las deficiencias señaladas por los informes mencionados, estos también destacan la reforma estructural llevada a cabo y la actitud asertiva del Gobierno mauriciano en favor de la aplicación de unas políticas más respetuosas con los derechos fundamentales. Esto se ve claramente en la honestidad con la que el Gobierno permite que terceras instituciones ejerzan cierta actividad de monitoreo.

Estamos hablando, además, de que Mauricio es el país africano con un mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH), de 0,781, calificado como de “alto”[8]. Esta situación le coloca como el país número 68 del mundo, por encima de países como Ecuador, China o Turquía. Por tanto, podemos considerar que Islas Mauricio cumple con unos estándares más que aceptables en materia de educación, salud, esperanza de vida o PIB per cápita.[9]

Por otro lado, este Estado insular es uno de los pocos que proveen enseñanza hasta el nivel universitario, transporte escolar y sanidad gratuitos. Además, ha conseguido que el 87% de sus habitantes tenga una vivienda en propiedad, sin por ello haber experimentado una burbuja inmobiliaria como la que sufrieron los países occidentales hace ya más de 10 años, y cuyas consecuencias aún se siguen notando. Todo ello lo ha conseguido Mauricio sin estar colocado entre los países más ricos del mundo (puesto 129 de los 189 analizados por PIB nominal)[10]. Es algo logrado mediante una diversificación de su economía, grandes recortes en Defensa y una muy bien estructurada seguridad social.[11]

Esto lleva a concluir que, a pesar de los esfuerzos que le quedan por hacer en materia de promoción y respeto de los Derechos Humanos, Mauricio constituye a día de hoy uno de los países africanos más prósperos económicamente y, por tanto, donde es más probable que se lleve a cabo de manera temprana una institucionalización y afianzamiento de los derechos y libertades fundamentales. En efecto, Mauricio goza hoy en día de un crecimiento anual cercano al 4% y un Índice del PIB por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) de los más altos del continente africano, sólo por detrás de las Islas Seychelles[12]. Este dato es significativo, ya que uno de los pasos más importantes hacia el respeto de los derechos y libertades fundamentales es el empoderamiento económico de la población para poner fin a los casos de servidumbre y dependencia que, sin duda, alientan los casos de abusos y violaciones de estos derechos.

ENSAYO / Lucía Serrano Royo

En la actualidad unos 60 millones de personas se encuentran forzosamente desplazadas en el mundo (Arenas-Hidalgo, 2017).[1] Las cifras adquieren mayor trascendencia si se observa que más del 80% de los flujos migratorios se dirigen a países en vías de desarrollo, mientras que solo un 20% tienen como meta los países desarrollados, que a su vez poseen más medios y riqueza, y serían más aptos para acoger estos flujos migratorios.

En 2015 Europa acogió a 1,2 millones de personas, lo que supuso una magnitud sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Esta situación ha dado lugar a un intenso debate sobre solidaridad y responsabilidad entre los Estados miembros.

La forma en la que se ha legislado esta materia en la Unión Europea ha dado lugar a irregularidades en su aplicación entre los diferentes Estados. Esta materia dentro del sistema de la Unión Europea se trata de una competencia compartida del espacio de libertad, seguridad y justicia. El Tratado Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en su artículo 2.2 y 3 se establecen que en estas competencias, son los Estados los que deben legislar en la medida en que la Unión no ejerce su competencia. Esto ha dado lugar a un desarrollo de forma parcial y desigualdades.

Desarrollo legislativo

La figura de los refugiados se recoge por primera vez en un documento internacional en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de Ginebra (1951) y su Protocolo de 1967. (ACNUR: La Agencia de la ONU para los Refugiados, 2017)[2]. A pesar de este gran avance, el tratamiento de los refugiados era diferente en cada Estado miembro, al tratarse su política nacional. Por ello, en un intento de armonizar las políticas nacionales, se firmó en 1990 el Convenio de Dublín. A pesar de ello, no fue hasta el Tratado de Ámsterdam en mayo de 1999, cuando se estableció como objetivo crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, tratando la materia de inmigración y asilo como una competencia compartida. Ya en octubre de 1999, el Consejo Europeo celebró una sesión especial para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, concluyendo con la necesidad de crear un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) (CIDOB, 2017)[3]. Finalmente, estas políticas en materia de asilo se convierten en materia común con el Tratado de Lisboa y su desarrollo en el TFUE.

Actualmente, su razón de ser está recogida en el art 67 y siguientes del TFUE, donde se establece que la Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros. Este espacio también garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores. Además, se establece que la UE se desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores (art 67.2 TFUE) basada en la solidaridad entre Estados miembros, que sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países. Pero el espacio de libertad, seguridad y justicia no es un compartimento estanco en los tratados, sino que tiene que interpretarse a la luz de otros apartados.

Esta competencia se debe analizar, por un lado, bajo el marco de libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, y por otro, teniendo en cuenta el ámbito financiero. En cuanto a la libertad de circulación de personas, se debe aplicar el artículo 77 TFUE, que insta a la Unión a desarrollar una política que garantice la ausencia total de controles de las personas en las fronteras interiores, garantizando a su vez el control en las fronteras exteriores. Para ello, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, deben establecer una política común de visados y otros permisos de residencia de corta duración, controles y condiciones en las que los nacionales de terceros países podrán circular libremente por la Unión. En cuanto al ámbito financiero, se debe tener en cuenta el artículo 80 TFUE, que establece el principio de solidaridad en las políticas de asilo, inmigración y control, atendiendo al reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros.

Además, un aspecto fundamental para el desarrollo de esta materia ha sido la armonización del término refugiado por la Unión, definiéndolo como nacionales de terceros países o apátridas que se encuentren fuera de su país de origen y no quieran o no puedan volver a él debido al temor fundado a ser perseguidos en razón de su raza, religión, nacionalidad u opinión (Eur-ex.europa.eu, 2017)[4] . Esto es de especial importancia porque estas son las características necesarias para adquirir la condición de refugiado, que a su vez es necesario para obtener el asilo en la Unión Europea.

Situación en Europa

A pesar del desarrollo legislativo, la respuesta en Europa a la crisis humanitaria tras el estallido del conflicto en Siria, junto con el recrudecimiento de aquellos que se suceden en Iraq, Afganistán, Eritrea o Somalia, ha sido muy poco eficaz, lo que ha hecho tambalear el sistema.

La decisión de conceder o retirar el estatuto de refugiado pertenece a cada autoridad interna de los Estados, y por tanto puede diferir de un Estado a otro. Lo que hace la Unión Europea es garantizar una protección común y garantizar que los solicitantes de asilo tengan acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces. Por ello la UE trata de establecer un sistema coherente para la toma de decisiones al respecto por parte de los Estados miembros, desarrollando normas sobre el proceso completo de solicitud de asilo. Además, en el caso en el que la persona no cumpla los requisitos para ser refugiado, pero se encuentre en una situación delicada por riesgo a sufrir daños graves en caso de retorno a su país, tiene derecho a una protección subsidiaria. A estas personas se les aplica el principio de no devolución, es decir, tienen derecho ante todo a no ser conducidas a un país donde haya riesgo para sus vidas.

El problema de este sistema es que solamente Turquía y Líbano acogen 10 veces más refugiados que toda Europa, que hasta 2016 sólo tramitó 813.599 solicitudes de asilo. Concretamente España concedió protección a 6.855 solicitantes, de los cuales 6.215 eran sirios[5]; pese al incremento respecto a años anteriores, las cifras seguían siendo las más bajas en el entorno europeo.

Muchas de las personas que desembarcan en Grecia o Italia, emprenden de nuevo su rumbo hacia los Balcanes a través de Yugoslavia y Serbia hasta Hungría, ante las deficiencias de gestión y las condiciones precarias que encontraron en estos países de acogida.

Para intentar aplicar el principio de solidaridad y cooperación, se estableció en 2015 una serie de cuotas para aliviar la crisis humanitaria y la presión establecida en Grecia e Italia. Los Estados miembros debían repartirse 120.000 asilados, y todos los países debían acatarlo. El principal interesado fue Alemania. Otro de los mecanismos que se creó fue un fondo con cargo al Mecanismo para los Refugiados en Turquía, para satisfacer las necesidades de los refugiados acogidos en ese país. La Comisión destinó un importe total de 2.200 millones de euros, y presupuestó 3.000 millones en 2016-2017[6].

Ante esta situación los países han reaccionado de manera diferente dentro de la Unión. Frente a países como Alemania, que buscan una forma de combatir el envejecimiento y la reducción de la población en su Estado mediante la entrada de refugiados, otros Estados miembros son reacios a la aplicación de las políticas. Incluso en algunos países de la Unión Europea, los partidos nacionalistas ganan fuerza y apoyos: en Holanda, Geert Wilders (Partido de la Libertad); en Francia, Marine Le Pen (Frente Nacional), y en Alemania, Frauke Petry (partido Alternativa para Alemania). A pesar de que esos partidos no son la principal fuerza política en esos países, esto refleja el descontento de parte de población ante la entrada de refugiados en los Estados. También es destacable el caso de Reino Unido, puesto que una de las causas del Brexit fue el deseo de recuperar el control sobre la entrada de los inmigrantes en el país. Además, en un primer momento Reino Unido ya se descolgó del sistema de cuotas aplicado en el resto de Estados miembros. Como se confirma en sus negociaciones, la premier Teresa May prioriza el rechazo a la inmigración por encima del libre comercio en la UE.

Mecanismos específicos para el desarrollo del ESLJ

Las fronteras entre los distintos países de la Unión se han difuminado. Con el código de fronteras Schengen y el código comunitario sobre visados se han abierto las fronteras, integrándose y permitiendo así la libre circulación de personas. Para el funcionamiento de estos sistemas ha sido necesario el establecimiento de normas comunes sobre la entrada de personas y el control de los visados, puesto que una vez pasada la frontera exterior de la UE los controles son mínimos. Por ello, las comprobaciones de documentación varían dependiendo de los lugares de origen de los destinatarios, teniendo un control más detallado para aquellos ciudadanos que no son de la Unión. Solo excepcionalmente se ha previsto el restablecimiento del control en las fronteras interiores (durante un periodo máximo de treinta días), en caso de amenaza grave para el orden público y la seguridad interior.

Puesto que el control de las fronteras exteriores depende de los Estados donde se encuentren, se han creado sistemas como Frontex 2004, a partir de los Centros ad hoc de Control Fronterizo establecidos en 1999, que proporciona ayuda a los Estados en el control de las fronteras exteriores de la UE, principalmente a aquellos países que sufren grandes presiones migratorias (Frontex.europa.eu, 2017) [7]. También se ha creado el Fondo de Seguridad Interior, un sistema de apoyo financiero surgido en 2014 y destinado a reforzar las fronteras exteriores y los visados.

Otro mecanismo activo es el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), para reforzar la cooperación de los países de la UE, donde teóricamente los Estados miembros deben asignar 20% de los recursos disponibles[8]. Para su aplicación, se estableció el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) (2014-2020) necesario para promover la eficacia de la gestión de los flujos migratorios. Además, en el SECA se ha establecido una política de asilo para la Unión Europea, que incluye una directiva sobre procedimientos de asilo y una directiva sobre condiciones de acogida. En este sistema se integra el Reglamento Dublín, de acuerdo con las Convención de Ginebra. Es un mecanismo fundamental y aunque este sistema se ha simplificado, unificado y aclarado, ha causado más controversias en materia de refugiados. Se estableció para racionalizar los procesos de solicitudes de asilo en los 32 países que aplican el Reglamento. Con arreglo a esta ley, solo un país es responsable del examen de su solicitud: el país que toma las huellas del refugiado, es decir, al primero que llegó y pidió protección internacional. Esto funciona independientemente de que la persona viaje o pida asilo en otro país; el país competente es aquel en el que se tomaron primero las huellas al refugiado. Este sistema se apoya en el EURODAC, puesto que es un sistema central que ayuda a los Estados miembros de la UE a determinar el país responsable de examinar una solicitud de asilo, comparando las impresiones dactilares.

El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados ha remarcado los dos problemas principales de este sistema: por un lado, lleva a los refugiados a viajar de forma clandestina y peligrosa hasta llegar a su país de destino, para evitar que les tome las huellas otro país distinto de aquel en el que se quieren asentar. Por otro lado, Grecia e Italia, que son los principales destinos de las corrientes de inmigrantes, no pueden con la carga que este sistema les impone para procesar las masas de personas que llegan a su territorio en busca de protección.

Casos ante el Tribunal de Justicia de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en varios aspectos relativos a la actuación ante la inmigración y el tratamiento de los refugiados por parte los Estados miembros. En algunas ocasiones el tribunal se ha mantenido férreo en la aplicación de la normativa homogénea de la Unión, mientras que en otros casos el tribunal ha dejado la cuestión a la discrecionalidad de los diferentes Estados miembros. 

El tribunal falló en favor de una actuación común en el caso un nacional de un tercer país (Sr. El Dridi) que entró ilegalmente en Italia sin permiso de residencia. El 8 de mayo de 2004 el Prefecto de Turín dictó contra él un decreto de expulsión. El TJUE (STJUE, 28 abril 2011)[9] falló que a pesar de que un inmigrante se encuentre en situación ilegal y permanezca en el territorio del referido Estado miembro sin causa justificada, incluso con la concurrencia de una infracción de una orden de salida de dicho territorio en un plazo determinado, el Estado no puede imponer pena de prisión, puesto que siguiendo la Directiva 2008/115, excluyen la competencia penal de los Estados miembros en el ámbito de la inmigración clandestina y de la situación irregular. De este modo, los Estados deben ajustar su legislación para asegurar el respeto del Derecho de la Unión.

Por  otro lado, el tribunal deja en manos de los Estados la decisión de enviar de vuelta a un tercer país a un inmigrante que haya solicitado protección internacional en su territorio, si considera que ese país responde a los criterios de «país tercero seguro». Incluso el tribunal falló (STJUE, 10 de diciembre de 2013) [10]que, con objeto de racionalizar la tramitación de las solicitudes de asilo y de evitar la obstrucción del sistema, el Estado miembro mantiene su prerrogativa en el ejercicio del derecho a conceder asilo con independencia de cuál sea el Estado miembro responsable del examen de una solicitud. Esta facultad deja un gran margen de apreciación a los Estados. La homogeneidad en este caso solo se aprecia en el caso de que haya deficiencias sistemáticas del procedimiento de asilo y de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en ese Estado, o bien tratos degradantes.

Por una actitud más activa

La Unión Europea ha establecido multitud de mecanismos, y tiene competencia para ponerlos en marcha, pero su pasividad y la actitud reacia de los Estados miembros a la hora de acoger a los refugiados ponen en duda la unidad del sistema de la Unión Europea y la libertad de movimiento que caracteriza a la propia UE. La situación a la que se enfrenta es compleja, puesto que hay una crisis humanitaria derivada del flujo de inmigrantes necesitados de ayuda en sus fronteras. Mientras tanto, los Estados se muestran pasivos e incluso contrarios a la mejora del sistema, hasta el punto que algunos Estados han propuesto la restauración de los controles de fronteras interiores (El Español, 2017).[11] Esta situación ha sido provocada principalmente por una falta de control efectivo sobre sus fronteras dentro de la Unión, y por otro lado por una sociedad que muestra recelo ante la apertura de las fronteras por la inseguridad.

La crisis de los refugiados es un problema real y cerrar las fronteras no hará desaparecer el problema. Por ello, los países europeos deberían adoptar una perspectiva común y activa. El destino de fondos sirve de ayuda en esta crisis humanitaria, pero no es la única solución. Uno de los principales problemas sin resolver es la situación de las personas en campos de refugiados, las cuales  se encuentran en condiciones precarias y deberían ser acogidos de forma digna. La Unión debería reaccionar más activamente ante estas situaciones, haciendo uso de su competencia en materia de asilo y llegada de inmigración con afluencia masiva, recogido en el art 78 TFUE c).

Esta situación sigue siendo uno de los objetivos principales para la agenda de la Unión Europea ya que en el Libro Blanco se establece el refuerzo de la Agenda de Migración, actuaciones sobre la crisis de los refugiados y aspectos sobre la crisis de población de Europa. Se aboga por un incremento de las políticas de inmigración y protección de la inmigración legal, combatiendo a su vez la inmigración ilegal, ayudando tanto a los inmigrantes como a la población europea (Comisión europea, 2014) [12]. A pesar de estos planes y perspectivas positivas, se ha de tener en cuenta la delicada situación ante la que internamente se encuentra la UE, con casos como la retirada de un Estado con poder dentro de la Unión (el Brexit), lo que podría dar lugar a un desvío en los esfuerzos de las políticas comunitarias, dejando de lado temas cruciales, como lo es la situación de los refugiados.

▲ Torres del centro de Varsovia [Pixabay]

COMENTARIO / Anna K. Dulska

A menudo, cuando pensamos en Europa Central el país que nos viene a la cabeza es Alemania. Esta asociación parece ser un eco muy lejano del decimonónico término de Mitteleuropa (literalmente “Europa del medio”) que abarcaba el Imperio Austro-Húngaro y el II Reich alemán y fue convertido en una concepción geopolítica expansionista por Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los subsiguientes tratados de paz reflejaron en el nuevo mapa político un reconocimiento formal a la gran diversidad que ya existía en la región desde antaño. El sometimiento de los recién creados o recreados Estados, tales como Polonia, Hungría o Checoslovaquia a la dominación soviética en virtud de los acuerdos de Yalta y Potsdam no acabó con esta diversidad y desde la caída del telón de acero en 1989 estos países están buscando su lugar en el mundo y en la Europa actuales.

No existe una clara definición de qué es Europa Central hoy en día y para entenderlo de forma más sencilla e intuitiva se podría decir que por motivos geopolíticos, históricos y culturales se trata de aquella que no es estrictamente ni Europa Occidental ni Europa Oriental, sino un intermedio que desde hace siglos ha hecho de puente entre ambas (de estos puentes que durante los vaivenes de la Historia a veces quedan quemados). Tampoco hay un consenso sobre los países que la conforman. Según la acepción más estrecha son Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, mientras que según la más amplia además de estos cuatro son Austria, sureste de Alemania, los países bálticos (Lituania, Letonia y Estonia), Eslovenia, oeste de Ucrania y norte de Italia. Algunos añaden también Suiza, Liechtenstein y el resto de Alemania, pero así su delimitación parece quedar demasiado diluida y confusa.

La historia actual de la región inclina la balanza a favor de la acepción estrecha. Las trayectorias de Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría a partir de 1945, por un lado, y sus transiciones hacia la democracia después de 1989, por otro, hacen que dentro de la región geográfica y a pesar de algunas diferencias considerables entre ellos, estos cuatro países constituyan un bloque político, socioeconómico y cultural diferenciado. En los principios de los años noventa esta especie de comunidad imaginada fue convertida en una organización intergubernamental conocida como el Grupo de Visegrad (nombre de un castillo húngaro donde en el siglo XIV se habían reunido los reyes de Polonia, Hungría y Bohemia y donde en 1991 fue firmado el acuerdo fundacional), abreviado a veces como V4. Entre sus objetivos estuvo una estrecha cooperación económica (Acuerdo Centroeuropeo de Libre Cambio, CEFTA), la integración con la Unión Europea (culminada en 2004, tras lo cual los cuatro abandonaron el CEFTA) y la integración con la OTAN (formalizada en 1999; en 2004 en caso de Eslovaquia). Una vez alcanzadas estas metas, la iniciativa perdió el ímpetu y parecía que se iba a quedar obsoleta.

Ahora bien, desde hace tres años se puede observar en este aspecto un giro a causa de los fenómenos que están retando a la Unión Europea desde fuera y desde dentro: las migraciones del Oriente Medio, las crecientes tensiones internacionales y el terrorismo. Es innegable que los tres estén en menor o mayor medida interrelacionados y para los europeos, ya sean occidentales, centrales u orientales, tienen un denominador común: la seguridad. Quedando patente hasta hace muy poco la falta de una deliberada y consensuada estrategia a nivel de las instituciones europeas para afrontar este reto, los Estados centroeuropeos, especialmente Polonia y Hungría, quieren o se han visto obligados a tomar los asuntos, al menos los que les afectan directamente, en sus manos. Durante el curso de la historia reciente sus vecinos y socios no tuvieron muchas ocasiones de oírles hablar con su propia voz y ahora parece que les está produciendo cierta consternación.

Un buen ejemplo de ello es la preocupación que están suscitando en Bruselas y en Berlín las políticas llevadas a cabo por el Gobierno polaco, tanto en lo relativo a la situación doméstica, como internacional. Paradójicamente, dichas políticas parecen estar resultando beneficiosas tanto para el Estado, como para su sociedad (que pasado el ecuador del mandato mantiene en su mayoría apoyo al Gobierno). Sin embargo, las medidas que se están tomando para frenar la “deriva autoritaria” de Varsovia, como la están calificando algunos medios de comunicación, especialmente la injerencia de los altos cargos de la UE en la legislación interna del país, sobre la cual no poseen competencias, dificultan el diálogo entre el Gobierno polaco y las instituciones de la Unión. La amenaza de activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea sobre la suspensión del derecho a voto en el caso de no cumplir con las demandas de Bruselas hace imposible descartar que tales tensiones pudieran provocar otras (tras el Brexit) irreparables fracturas dentro de la UE.

En la actual situación geopolítica, las voces sobre la necesidad de un profundo debate sobre el futuro de la Unión Europea se hacen cada vez más sonoras y puede que a Europa Central le tocará de nuevo hacer de puente. Por de pronto, en lo relativo a la política migratoria parece que la UE ha dado razón a V4. Estando el río muy revuelto, cabe la pregunta de si ahora, cuando más unidad necesita, puede la UE permitirse un innecesario y dañino debilitamiento interno.

Miloš Zeman y Andrej Babiš comparten protagonismo en un sistema político no pensado para dos personalismos

La República Checa cuenta con un presidente (Miloš Zeman), reelegido en enero para un segundo mandato, cuyo partido no tiene presencia en el Parlamento, y con un primer ministro (Andrej Babiš) que estuvo fuera del cargo entre enero y mayo ante la falta de suficiente apoyo entre los legisladores. Zeman y Babiš se han respaldado mutuamente y comparten críticas hacia Bruselas –por ejemplo, rechazan las cuotas de refugiados de la Unión Europea–, pero su fuerte personalismo y su volubilidad de postulados están provocando roces.

▲ Andrej Babiš (izqda) y Miloš Zeman (dcha) durante la toma de posesión del primero como primer ministro, en enero de 2018 [Gob. checo]

ARTÍCULO / Jokin de Carlos Sola

El clima político en la República Checa no ha sedimentado tras el último ciclo electoral. Las elecciones legislativas de 20 y 21 de octubre de 2017, convocadas tras una crisis de Gobierno, supusieron un descalabro de los partidos tradicionales y la llegada de muchas nuevas caras al Parlamento, dando lugar a un fraccionamiento político que ha tenido su coste.

En medio de un hung Parliament, Andrej Babiš, líder del partido con mejores resultados, ANO 2011, pasó en diciembre a formar un Ejecutivo en minoría, convirtiéndose en el primer jefe de Gobierno en la historia de la República Checa que no procedía ni de los demócratas cívicos ni de los socialdemócratas. En enero, sin embargo, Babiš tuvo que dimitir al perder una cuestión de confianza; en mayo logró formar un nuevo Gobierno, esta vez en coalición con los socialdemócratas y, por primera vez desde la caída del Telón de Acero, con el apoyo de los comunistas.

En ese contexto de disputas políticas, el 12 y 13 de enero de 2018 tuvieron lugar las elecciones presidenciales. La segunda vuelta fue disputada por el presidente saliente, Miloš Zeman, que resultó reelegido, y Jirí Drahoš, en una contienda que polarizó al electorado entre un proteccionismo económico tradicional y una postura crítica hacia la Unión Europea (Zeman) y posiciones más abiertas hacia la OTAN y la UE (Drahoš).

Al final, Babiš y Zeman –antiguos participantes de la Revolución de Terciopelo que puso fin al régimen comunista, tras la que ambos han dado varios vaivenes ideológicos, convirtiéndose en figuras controvertidas–, tienen que compartir un protagonismo institucional y político ciertamente complejo. La República Checa cuenta con un sistema parlamentario, en el que el presidente del país es elegido directamente por los ciudadanos y tiene la potestad de nombrar y destituir al primer ministro, así como disolver el Parlamento bicameral.

Elecciones legislativas

En las elecciones al Parlamento checo de 2017 ganó el partido ANO 2011, cuyo nombre incluye el año en que se creó y las siglas de Acción de Ciudadanos Insatisfechos, que juntas dan lugar en checo a la palabra Sí. La elección supuso un derrumbe parlamentario de muchos de los antiguos partidos, entre ellos los socialdemócratas del ČSSD (de ser el partido gobernante bajó al sexto puesto), los comunistas del KSČM (quedaron en el quinto puesto), los democristianos del KDU-ČSL (fueron séptimos) y los liberales de TOP 09 (acabaron en octavo lugar). El único viejo partido que sobrevivió con relativa fuerza fueron los conservadores de Democracia Cívica (ODS), que terminaron en segundo lugar. Varios partidos nuevos, en cambio, ganaron relevancia: fue el caso, además el propio ANO, del Partido Pirata y del conservador y fuertemente nacionalista Libertad y Democracia Directa (SPD), liderado por Tomio Okamura.

Andrej Babiš es llamado el checo Donald Trump, no tanto por su ideología, sino por su personalidad extravagante y su gran fortuna (es el segundo hombre más rico del país). Su ideario ha sido muy voluble. De origen comunista, fundó su propio partido político en 2011, al que bautizó como ANO 2011. Se trata de un partido con puntos de vista generalmente centristas y de cierto sincretismo. También se le califica de "populista" por sus cambios de discurso, especialmente en relación a la Unión Europea: antes de las elecciones generales el partido sostuvo posturas euroescépticas, para luego desarrollar una política más bien pro-UE desde el Gobierno.

Babiš fue viceprimer ministro y titular de Finanzas en el anterior Gobierno, liderado por de los socialdemócratas de Buhoslav Sobotka. Es el propietario del grupo de medios MFRA, que publica dos de los principales periódicos del país, Lidové noviny y Mladá fronta DNES, y opera la compañía de televisión Óčko.

Se trata de una figura controvertida, no solo por algunas de sus posturas políticas, como el rechazo a las cuotas de inmigrantes establecidas por la UE, sino por diversos escándalos pasados. Fue acusado de haber colaborado con la policía secreta del régimen comunista, de haber utilizado fraudulentamente subsidios de la UE y participar en sobornos para la venta de la compañía estatal Unipetrol, cuya privatización fue gestionada por Miloš Zeman, alguien próximo al propio Babiš, cuando fue primer ministro.

Elecciones presidenciales

Las elecciones presidenciales se celebraron en enero de 2018. Era la segunda ocasión en que el presidente se elegía por sufragio universal directo. A la segunda vuelta pasaron Miloš Zeman, que buscaba la reelección, y Jiri Drahoš, presidente de la Academia de Ciencias. Hubo quien comparó esa pugna electoral con la que mantuvieron en Francia Macron y Le Pen, pero la comparación ideológica no es plena. Drahoš se describía a sí mismo como pro-europeo y pro-OTAN, y defendía que la República Checa asumiera asumir un papel más importante en la Unión Europea, pero era crítico con la política comunitaria de acogida de inmigrantes, tanto musulmanes como africanos, y rechazaba las cuotas de refugiados.

Al final, Zeman ganó con el 52% de apoyo, mientras que Drahoš obtuvo el 48%, un resultado algo más ajustado que en las anteriores presidenciales. El apoyo de ANO 2011 en la segunda vuelta fue decisivo para el triunfo de Zeman. Los distritos de Praga, Brno y otras áreas liberales de mayor población urbana votaron por Drahoš, mientras que el campo y las zonas fronterizas lo hicieron por Zeman.

Miloš Zeman fue miembro del Partido Comunista hasta 1970 y pasó al Partido Socialdemócrata en 1992, cuyo liderazgo desempeñó entre 1993 y 2001, años en que ejerció de primer ministro checo. Abandonó ese partido en 2007 y dos años más tarde creó el suyo propio, bautizado como Partido de los Derechos Civiles: una plataforma electoral para sus candidaturas presidenciales, que no cuenta con diputados ni senadores. En esta formación personalista se mezclan posturas tradicionales tanto de derecha como de izquierda. Por un lado, el partido cree en una economía mixta, con una preferencia por los servicios públicos y un alto gasto estatal, en una concepción proteccionista de la economía. Por otro lado, promueve un conservadurismo cultural que evite el multiculturalismo y la llegada de inmigrantes. Esto ha hecho que el partido sea muy popular en las zonas rurales cercanas a las fronteras.

Zeman se convirtió en presidente de la República Checa en 2013. El primer mandato presidencial de Zeman fue muy controvertido dentro y fuera del país. Con él en el Castillo de Praga se produjo la entrada en la Unión Europea, pero luego ha sido uno de los principales opositores a las cuotas comunitarias de inmigrantes y ha apoyado tanto a Polonia como a Rusia en sus disputas con las autoridades de Bruselas. La cercanía de Zeman con Putin le diferencia de la mayoría de líderes de los países de Visegrado, que adoptan una postura anti-rusa.

Dos liderazgos

Desde la presidencia, Miloš Zeman ha mantenido las líneas ya marcadas en su primer mandato. Si en asuntos europeos su rechazo a las cuotas de refugiados le ha enfrentado a la dirección de la UE, su cercanía a Israel, Rusia y China en política internacional también ha resultado molesta en Bruselas.

Zeman fue el único líder europeo que apoyó a Trump cuando decidió trasladar la embajada de Estados Unidos De Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a esta última ciudad como la capital de Israel. No fue una sorpresa, pues Zeman siempre ha mostrado su apoyo al Estado judío: el 25 de abril celebró en su residencia el Día de la Independencia de Israel. Sin embargo, la República Checa no ha trasladado su embajada a Jerusalén dado que la decisión debe ser tomada por el Gobierno, y este no ha accedido a ello. En otros asuntos de Oriente Medio, Zeman ha dado apoyo a Rusia, condenando la actuación de Estados Unidos y sus aliados en Siria.

Zeman también se ha alineado con Pekín, abriendo el país a importantes inversiones chinas, como la de la compañía energética CEFC, cuya sede en Shanghái visitaron en marzo varios de sus asesores. La apertura a inversiones extranjeras ha provocado algún signo de preocupación en Bruselas por la falta de mecanismos de control que vigilen la toma de sectores estratégicos. En el marco de su prometida "diplomacia económica" Zeman ha defendido el proyecto chino de Nueva Ruta de la Seda.

Si Zeman y Babiš partían de unas buenas relaciones, los últimos meses les han llevado a varios roces. En las últimas semanas de su primer mandato, Zeman encargó a Babiš  formar Gobierno después de que su partido se convirtiera en el más votado en un Parlamento muy fraccionado. Recién asumido el cargo de primer ministro, Babiš ofreció a Zeman el apoyo de su ANO 2011 en la segunda vuelta de las presidenciales. Luego Zeman se ha esforzado por consolidar la posición de Babiš en el Parlamento. Sin embargo, las dificultades de este último para contar con una mayoría estable han provoca discrepancias entre el presidente y el primer ministro sobre qué partidos debían construir la mayoría gubernamental. El abierto anti-europeísmo o la postura anti-OTAN de algunos de los posibles socios dificultó la labor de Babiš, quien en mayo formó Gobierno nuevamente después de haber tenido que dimitir en enero por falta de apoyos parlamentarios.

Los acontecimientos han demostrado que tanto Zeman como Babiš tienen personalidades fuertes y que ambos parecen decididos a hacer valer su posición política, lo que puede generar tensión en el desarrollo institucional de la República Checa. Al mismo tiempo, los dos ha mostrado facilidad para cambiar de discurso en función de lo que piensan que es el sentir mayoritario de los checos, lo que ha contribuido a darles un perfil populista.

Los días de la Revolución de Terciopelo, cuando Zeman y Babiš compartieron trinchera, están demasiado lejos, pero convendría recordar unas palabras de Vaclav Havel, principal líder de aquella revuelta y luego presidente del país: "La ideología es una forma engañosa de relacionarse con el mundo. Ofrece a los seres humanos la ilusión de una identidad, de dignidad y de moralidad, al tiempo que les facilita separarse de esos principios".

▲Kim Jung-un and Moon Jae-in met for the first time in April, 2018 [South Korea Gov.]

ANALYSIS / Kanghun Ji

North Korea has always utilized its nuclear power as a leverage for negotiation in world politics. Nuclear weapons, asymmetric power, are the last measure for North Korea which lacks absolute military and economic power. Although North Korea lags behind the United States and South Korea in military/economic power, its possession of nuclear weapons renders it a significant threat to other countries. Recently, however, they have continued to develop their nuclear power in disregard of international regulations. In other words, they have not used nuclear issue as a leverage for negotiation to induce economic support. They have rather concentrated on completing nuclear development, not considering persuasion from peripheral countries. This attitude can be attributed to the fact that the development of their nuclear power is almost complete. Many experts say that North Korea judges the recognition of their nation with nuclear power to be a more powerful negotiation tool (Korea times, 2016).

In this situation, South Korea has been trying many different kinds of strategies to resolve the nuclear crisis because security is their main goal: United States-South Korea joint military exercises and United Nations sanctions against North Korea are some of those strategies. Despite these oppressive methods using hard power, North Korea has refused to participate in negotiations.

Most recently, however, North Korea has discarded its previous stance for a more peaceful and amicable position following the PyeongChang Olympics. Discussions about nuclear power are proceeding and the nation has even declared that they will stop developing nuclear power.

Diverse causes such as international relations or economic needs influence their transition. This essay would argue that the soft power strategies of South Korea are substantially influencing North Korea. Therefore, an analysis of South Korea’s soft power strategies is necessary in order to figure out the successful way to resolve the nuclear crisis.

Importance of soft-power strategies in policies against North Korea

North Korea has justified its dictatorship through the development of its ‘Juche’ ideology which is very unique. This ideology is established on the theory of ‘rule by class’ which stems from Marxism-Leninism. In addition, the regime has combined it with Confucianism that portrays a dictator as a father of family (Jung Seong Jang, 1999). Through this justification, a dictator is located at the top of class, which would complete the communist ideal. People are taught this ideology thoroughly and anyone who violates the ideology is punished. To open up this society which has formerly been ideologically closed, their ideology should be undermined by other attractive ideology, culture, and symbol.

However, North Korea has effectively blocked it. For example, recently, many people in North Korea have covertly shared TV shows and music from South Korea. People who are caught enjoying this culture are severely punished by the government. In these types of societies, oppression through hard power strategies doesn’t affect making any kind of change in internal society. It rather could be used to enhance internal solidarity because the potential offenders such as United States or South Korea are postulated as certain enemies to North Korea, which requires internal solidarity to people. North Korea has actually depicted capitalism, United States and South Korea as the main enemies in media. It intends to induce loyalty from people.

As a result, the regime have developed nuclear weapons successfully under strong censorship. Nuclear power is the main key to maintain the dictatorship. The declaration of ‘Nuclear-Economy parallel development’ from the start of Kim Jung-Eun’s government implies that the regime would ensure nuclear weapon as a measure to maintain its system. In this situation, sending the message that its system can coordinately survive alongside South Korea in world politics is important. Not only oppressive strategies but also appropriate strategies which attract North Korea to negotiate are needed.

Analysis of South Korea Soft Power Strategies

In this analysis, I will employ a different concept of soft power compared from the one given by Joseph Nye. Nye’s original concept of soft power focuses on types of behavior. In terms of his concept, co-optive power such as attraction and persuasion also constitutes soft power regardless of the type of resource (Joseph Nye, 2013). However, the concept of soft power I will use focuses on what types of resources users use regardless of the type of behaviors. Therefore, any kinds of power exerted by only soft resources such as images, diplomacy, agenda-setting and so on could be soft power. It is a resource-based concept compared to Nye’s concept which is behavior based (Geun Lee, 2011).

I use this concept because using hard resources such as military power and economic regulation to resolve the nuclear problem in North Korea has been ineffective so far. Therefore, using the concept of soft power which is based on soft resources makes it possible to analyze different kinds of soft power and find ways to improve it.

According to the thesis by Geun Lee (2011: p.9) who used the concept I mentioned above, there are 4 categories of Soft Power. I will use these categories to analyze the soft power strategies of South Korea.

1. Oppression through diplomacy: Two-track diplomacy

South Korea takes advantage of soft power strategies that request a global mutual-assistance system in order to oppress North Korea. Based on diplomatic capabilities, South Korea has tried to make it clear that all countries in world politics are demanding a solution to the North Korean nuclear crisis. Through these strategies, it wants to provoke fear in North Korea that it would be impossible to restore its relationship with the world. These strategies have been influential because they are harmonized with United Nations’ Security Council resolutions. Especially, the two-track diplomacy conducted by the president Moon-jae-in in the United Nations general assembly in 2017 is evaluated to be successful. He gave North Korea two options in order to attract them to negotiate (The fact, 2017). The president Moon-jae-in stressed the importance of cooperation about nuclear crisis among countries in his address to the general assembly. Moreover, he discussed the issue with the presidents of United States and Japan and pushed for a firm stance against the North Korea nuclear problem. However, at the same time, he declared that South Korea is ready for peaceful negotiation and discussion if North Korea wish to negotiate and stop developing its nuclear power. By offering two options, South Korea not only aimed to incite fear in North Korea but also left room for North Korea to appear at the negotiation tables.

Strategies using diplomatic capabilities are valuable because they can induce coercive power through soft resources. However, it would be difficult to judge the effectiveness if North Korea didn’t show any reaction to these strategies. Moreover, the cooperation with Russia and China is very important to persuade North Korea because they are maintaining amicable relationships with North Korea against United States and Japan. In the situation that North Korea has aimed to complete development of nuclear weapons for negotiation, diplomatic oppression is not effective itself for making change.

2. Sports and culture: Peaceful gesture

The attempt to converse through sports and culture is one of the soft power strategies used by South Korea in order to solve the nuclear crisis. This strategy intends to obtain North Korea’s cooperation in non-political areas which could then spread to political negotiations. As a result of this strategy, South Korea and North Korea formed a unified team during the last Olympics and Asian games (Yonhapnews, 2018). However, for it to be a success, their cooperation should not be limited to the non-political area, but instead should lead to a constructive conversation in politics. In these terms, South Korea’s peaceful gesture in the Pyeong-Chang winter Olympic is seen to have brought about positive change. Before the Olympics, many politicians and experts were skeptical to the gesture because North Korea conducted the 6th nuclear test in 2017, ignoring South Korea’s message (Korea times, 2018). In extension of the two-track diplomacy strategy, nevertheless, the South Korea government has continually shown a desire to cooperate with North Korea. These strategies focus on cooperation only in soft power domains such as sports, culture, and music rather than domains that expose serious political intension.

In the United Nations general assembly which adopted a truce for the Pyeong-Chang Olympics, gold medalist Kim-yun-a required North Korea to participate in Olympics on her address (Chungang, 2017). Moreover, in the event for praying successful Olympics, the president Moon-jae-in sent another peaceful gesture mentioning that South Korea would wait for the participation of North Korea until the beginning of Olympics (Voakorea, 2017). This strategy ended up having successfully attracted North Korea. As a result, they composed a unified ice hockey team and diplomats were dispatched from North Korea during the Olympics to watch the game with South Korean government officials. And then, they exchanged cultural performances in Pyeong-Chang and Pyeong-yang. Finally, the efforts led to the summit meeting between South-North Korea, and North Korea even declared that it would stop developing nuclear power and establish cooperation with South Korea.

It is too early to judge whether North Korea will stop developing their nuclear influence. However, it is a success in the sense that South Korea has attracted North Korea into conversations. Especially, South Korea has effectively taken advantage of the situation that all countries in international relations pay attention to the nuclear crisis of North Korea. They continuously pull North Korea into the center of world politics and leave North Korea without alternative option. Continuous agenda-setting and issue making has finally attracted North Korea.

3. Agenda-setting and framing

It is important to continuously set agendas about issues which are related to North Korea’s violations concerning the nuclear crisis and human rights. Although North Korea is isolated from world politics, it can’t operate its system if it refuses to cooperate or trade with other countries. As a result, it do not want to be in constant conflict with world politics. Therefore, the focal point of agenda-setting South Korea should impress is the negative effects of nuclear policies and dictatorship of North Korea. Moreover, South Korea should recognize that the goal of developing nuclear influence of North Korea is not to declare war but to ensure protection for their political system. South Korea needs to continuously stress that political system of North Korea would be insured after nuclear dismantlement. These strategies change thoughts of North Korea and induce it to participate in negotiations.

However, South Korea has not been effectively employing this strategy. Agenda-setting which might arouse direct conflict with North Korea could aggravate their relationship. This explains its unwillingness to resort to this strategy. On the other hand, the United States show effective agenda-setting which relates to the nuclear crisis mentioning Iran as a positive example of a successful negotiation.

South Korea needs to set and frame the agenda about similar issues closely related to North Korea. For example, the rebellion against the dictatorship in Syria and the resulting death of the dictator in Yemen which stem from tyrannical politics could be a negative precedent. Also, the agreement with Iran that acquired economic support by abandoning nuclear development could be a positive precedent. Through this agenda setting, South Korea should change the thought of North Korea about their nuclear policies. If this strategy succeeds, North Korea will obtain a new interpretative framework, which could lead them to negotiate.

4. Competition of system: North Korea defector and Korean wave

The last type of soft power strategy is a fundamental solution to provoke change. While the strategies I mentioned above directly targets the North Korea government, this strategy mainly targets the people and the society of North Korea. Promoting economic, cultural superiority could influence the North Korean people and then it could lead to movements which would require a transition from the current society. There are many different kinds of way to conduct this strategy and it is abstract in that we can’t measure how much it could influence society. However, it could also be a strategy which North Korea fears the most in the sense that it could provoke change from the bottom of the society. In addition to this, it could arouse fundamental doubt about the ‘Juche’ ideology or nuclear development which is maintained by an exploitative system.

One of these strategies is the policy concerning defectors. South Korea has been implementing policies which accept defectors and help them adjust to the South Korea society. These defectors get a chance to be independent through re-socialization. And then, some of them carry out activities which denounce the horrible reality of the internal society of North Korea. If their voice became influential in world politics, it could become a greater threat to the North Korea system. In 2012, some defectors testified against the internal violation of human rights in UNCHR to gain attention from the world (Newsis, 2016).

In addition, recently, Korean dramas and music are covertly shared within the North Korea society (Daily NK, 2018). It could also provoke a social movement to call for change. Because the contents reflect a much higher standard of living, it triggers curiosity and admiration from North Korean people. These strategies lead society of North Korea to socialize with the co-optive power in the recipients. Ultimately, long term soft power could threaten North Korea itself.

Limits and conclusion

This essay has analyzed the strategies South Korea has used in order to resolve the North Korean nuclear crisis. South Korea threatens North Korea utilizing consensus among countries. Strategies its government has shown such as the speech of the president Moon-jae-in in the United Nations general assembly, the winter Olympics which reflected a desire for peace and the two-track diplomacy are totally different from the consistently conservative policies that the previous governments showed during the last ten years. In addition, the declaration of the Trump’s administration that they would continuously pressure North Korea about nuclear issues offered the opportunity to react to North Korea’s nuclear policies. In this process, active joint response among South Korea, United States and Japan is also necessary.

However, it is true that there are some drawbacks. In order for North Korea to eventually accept nuclear disarmament, South Korea absolutely needs to cooperate with Russia and China which are not only in a good relationship with North Korea but also in a comparatively competitive relationship with the United States and Japan. If South Korea will succeed in gaining their support, the process of reaching an agreement concerning nuclear issues would be much easier.

Eventually, in contrast with the hard power strategies with hard resources, soft power strategies with soft resources can only be effective when South Korea offers the second attractive option. The options are diverse. The main point is that North Korea should recognize the positive effects of abandoning nuclear.

Also, South Korea should recognize that the effect of soft power strategies is maximized when it coexists with economic / military oppression through hard power. In other words, South Korea must take into account Joseph Nye’s smart power to solve the nuclear crisis.

In this process, the most important thing is to persuade North Korea by offering an attractive choice. The reason why North Korea desires to have a summit meeting with South Korea and the United States is because they judge that the choice would be more profitable. Therefore, the South Korean government needs to reflect upon what objectives North Korea has when they accept to negotiate. For example, China’s economic opening is an example of a good precedent that North Korea could follow. South Korea needs to give North Korea a blue print such as the example of China and lead the agreement about the nuclear problem.

Lastly, it is difficult to apprehend the effectiveness of soft power strategies with soft resources, mentioned by Geun Lee, in the sense that the data and the figures about this strategy are not easy to measure in contrast with hard power strategies. Also, many causes exist concerning change of North Korea. Therefore, further research needs to establish a system to get concrete and scientific data in order to apprehend the complex causes and effects of this strategy such as that stem from smart power strategies.

References

Geun Lee (2009) A theory of soft power and Korea's soft power strategy, Korean Journal of Defense Analysis, 21:2, 205-218, DOI: 10.1080/10163270902913962

Joseph S. Nye. JR. (2013) HARD, SOFT, AND SMART POWER. In: Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur(eds.) The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, pp.559-574

Jung Seong Jang. (1999) Theoretical Structure and Characteristics of the Juche Ideology. 북한연구학회보, 3:2, 251-273

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Yonhapnews. (2018) 27년 만에 ‘남북 단일팀’ 출범 임박… 올림픽은 사상 최초 [Online] Available.

WORKING PAPER / N. Moreno, A. Puigrefagut, I. Yárnoz

ABSTRACT

The fundamental characteristic of the external action of the European Union (EU) in recent years has been the use of the so-called soft power. This soft power has made the Union a key actor for the development of a large part of the world’s regions. The last decades the EU has participated in a considerable amount of projects in the economic, cultural and political fields in order to fulfil the article 2 of its founding Treaty and thus promote their values and interests and contribute to peace, security and sustainable development of the globe through solidarity and respect for all peoples. Nevertheless, EU’s interventions in different regions of the world have not been free of objections that have placed in the spotlight a possible direct attack by the Union to the external States’ national sovereignties, thus creating a principle of neo-colonialism by the EU.

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▲Crown Prince Mohammad bin Salman and President Donald Trump during a meeting in Washington in 2017 [White House]

ANALYSIS / Naomi Moreno

Saudi Arabia used to be the only country in the world that banned women from driving. This ban was one of the things that the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) was best known for to outsiders not otherwise familiar with the country's domestic politics, and has thus been a casus belli for activists demanding reforms in the kingdom. Last month, Saudi Arabia started issuing the first driver's licenses to women, putting into effect some of the changes promised by the infamous Crown Prince Mohammad bin Salman (MBS) in his bid to modernize Saudi Arabian politics. The end of the ban further signals the beginning of a move to expand the rights of women in KSA, and builds on piecemeal developments that took place in the realm of women’s rights in the kingdom prior to MBS’ entrance to the political scene.

Thus, since 2012, Saudi Arabian women have been able to do sports as well as participate in the Olympic Games; in the 2016 Olympics, four Saudi women were allowed to travel to Rio de Janeiro to compete. Moreover, within the political realm, King Abdullah swore in the first 30 women to the shura council − Saudi Arabia's consultative council − in February 2013, and in the kingdom's 2015 municipal elections, women were able to vote and run for office for the first time. Finally, and highlighting the fact that economic dynamics have similarly played a role in driving progression in the kingdom, the Saudi stock exchange named the first female chairperson in its history − a 39-year-old Saudi woman named Sarah Al Suhaimi − last February.

Further, although KSA may be known to be one of the “worst countries to be a woman”, the country has experienced a notable breakthrough in the last 5 years and the abovementioned advances in women’s rights, to name some, constitute a positive development. However, the most visible reforms have arguably been the work of MBS. The somewhat rash and unprecedented decision to end the ban on driving coincided with MBS' crackdown on ultra-conservative, Wahhabi clerics and the placing of several of the kingdom's richest and most influential men under house arrest, under the pretext of challenging corruption. In addition, under his leadership, the oil-rich kingdom is undergoing economic reforms to reduce the country's dependency on oil, in a bid to modernize the country’s economy. 

Nonetheless, despite the above mentioned reforms being classified by some as unprecedented, progressive leaps that are putting an end to oppression through challenging underlying ultra-conservatism traditions (as well as those that espouse them), a measure of distrust has arisen among Saudis and outsiders with regards the motivations underlying the as-of-yet seemingly limited reforms that have been introduced. While some perceive the crown prince's actions to be a genuine move towards reforming Saudi society, several indicators point to the possibility that MBS might have more practical reasons that are only tangentially related to progression for progression's sake. As the thinking goes, such decrees may have less to do with genuine reform, and more to do with improving an international image to deflect from some of the kingdom’s more controversial practices, both at home and abroad. A number of factors drive this public scepticism.

Reasons for scepticism

The first relates to the fact that KSA is a country where an ultraconservative form of shari'a or Islamic law continues to constitute the primary legal framework. This legal framework is based on the Qur'an and Hadith, within which the public and many private aspects of everyday life are regulated. Unlike in other Muslim majority countries, where only selective elements of the shari'a are adopted, Wahhabism – which is identified by the Court of Strasbourg as a main source of terrorism − has necessitated the strict adherence to a fundamentalist interpretation of shari'a, one that draws from the stricter and more literal Hanbali school of jurisprudence. As such, music and the arts have been strictly controlled and censored. In addition, although the religious police (more commonly known as the Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice) have had their authority curbed to a certain degree, they are still given the authority to enforce Islamic norms of conduct in public by observing suspects and forwarding their findings to the police.

In the past few years, the KSA has been pushing for a more national Wahhabism, one that is more modern in its outlook and suitable for the kingdom’s image. Nevertheless, the Wahhabi clergy has been close to the Al Saud dynasty since the mid-18th century, offering it Islamic legitimacy in return for control over parts of the state, and a lavish religious infrastructure of mosques and universities. Therefore, Saudi clerics are pushing back significantly against democratization efforts. As a result, the continuing prevalence of a shari'a system of law raises questions about the ability of the kingdom to seriously democratise and reform to become moderate.

Secondly, and from a domestic point of view, Saudi Arabia is experiencing disharmony. Saudi citizens are not willing to live in a country where any political opposition is quelled by force, and punishments for crimes such as blasphemy, sorcery, and apostasy are gruesome and carried out publicly. This internal issue has thus embodied an identity crisis provoked mainly by the 2003 Iraq war, and reinforced by the events of the Arab Spring. Disillusionment, unemployment, religious and tribal splits, as well as human rights abuses and corruption among an ageing leadership have been among the main grievances of the Saudi people who are no longer as tolerant of oppression.

In an attempt to prevent the spill over of the Arab Spring fervor into the Kingdom, the government spent $130 billion in an attempt to offset domestic unrest. Nonetheless, these grants failed to satisfy the nearly 60 percent of the population under the age of twenty-one, which refused to settle. In fact, in 2016 protests broke out in Qatif, a city in Saudi Arabia's oil-rich, eastern provinces, which prompted Saudis to deploy additional security units to the region. In addition, in September of last year, Saudi authorities, arguing a battle against corruption and a crack down on extremism, arrested dozens of people, including prominent clerics. According to a veteran Saudi journalist, this was an absurd action as “there was nothing that called for such arrests”. He argued that several among those arrested were not members of any political organization, but rather individuals with dissenting viewpoints to those held by the ruling family.

Among those arrested was Sheikh Salman al-Awdah, an influential cleric known for agitating for political change and for being a pro-shari'a activist. Awdah's arrest, while potentially disguised as part of the kingdom’s attempts to curb the influence of religious hardliners, is perhaps better understood in the context of the Qatar crisis. Thus, when KSA, with the support of a handful of other countries in the region, initiated a blockade of the small Gulf peninsula in June of last year, Awdah welcomed a report on his Twitter account suggesting that the then three-month-old row between Qatar and four Arab countries led by Saudi Arabia may be resolved. The ensuing arrest of the Sheikh seems to confirm a suspicion that it was potentially related to his favouring the renormalization of relations with Qatar, as opposed to it being related to MBS' campaign to moderate Islam in the kingdom.

A third factor that calls into question the sincerity of the modernization campaign is economic. Although Saudi Arabia became a very wealthy country following the discovery of oil in the region, massive inequality between the various classes has grown since, as these resources remain to be controlled by a select few. As a result, nearly one fifth of the population continues to live in poverty, especially in the predominantly Shi’a South where, ironically, much of the oil reservoirs are located. In these areas, sewage runs in the streets, and only crumbs are spent to alleviate the plight of the poor. Further, youth opportunities in Saudi Arabia are few, which leaves much to be desire, and translates into occasional unrest. Thus, the lack of possibilities has led many young men to join various terrorist organizations in search of a new life.

Vision 2030 and international image

In the context of the Saudi Vision 2030, the oil rich country is aiming to wean itself of its dependence on the natural resource which, despite its wealth generation capacity, has also been one of the main causes of the country's economic problems. KSA is facing an existential crisis that has led to a re-think of its long-standing practice of selling oil via fixed contracts. This is why Vision 2030 is so important. Seeking to regain better control over its economic and financial destiny, the kingdom has designed an ambitious economic restructuring plan, spearheaded by MBS. Vision 2030 constitutes a reform programme that aims to upgrade the country’s financial status by diversifying its economy in a world of low oil prices. Saudi Arabia thus needs overseas firms’ investments, most notably in non-oil sectors, in order to develop this state-of-the-art approach. This being said, Vision 2030 inevitably implies reforms on simultaneous fronts that go beyond economic affairs. The action plan has come in at a time when the kingdom is not only dealing with oil earnings and lowering its reserves, but also expanding its regional role. As a result, becoming a more democratic country could attract foreign wealth to a country that has traditionally been viewed in a negative light due to its repressive human rights record.  

This being said, Saudi Arabia also has a lot to do regarding its foreign policy in order to improve its international image. Despite this, the Saudi petition to push the US into a war with Iran has not ceased during recent years. Religious confrontation between the Sunni Saudi autocracy and Iran’s Shi’a theocracy has characterized the geopolitical tensions that have existed in the region for decades. Riyadh has tried to circumvent criticism of its military intervention in the Yemen through capitalizing on the Trump administration's hostility towards Iran, and involving the US in its campaign; thus granting it a degree of legitimacy as an international alliance against the Houthis. Recently, MBS stated that Trump was the “best person at the right time” to confront Iran. Conveniently enough, Trump and the Republicans are now in charge of US’ foreign affairs. Whereas the Obama administration, in its final months, suspended the sale of precision-guided missiles to Saudi Arabia, the Trump administration has moved to reverse this in the context of the Yemeni conflict. In addition, in May of this year, just a month after MBS visited Washington in a meeting which included discussions regarding the Iran accords, the kingdom has heaped praise on president Trump following his decision to withdraw from the Iran nuclear deal.

All things considered, 2018 may go down in history as the irreversible end of the absolute archaic Saudi monarchy. This implosion was necessitated by events, such as those previously mentioned, that Saudi rulers could no longer control or avoid. Hitherto, MBS seems to be fulfilling his father’s wishes. He has hand-picked dutiful and like-minded princes and appointed them to powerful positions. As a result, MBS' actions suggest that the kingdom is turning over a new page in which a new generation of princes and technocrats will lead the breakthrough to a more moderate and democratic Saudi Arabia.

New awareness

However, although MBS has declared that the KSA is moving towards changing existing guardianship laws, due to cultural differences among Saudi families, to date, women still need power of attorney from a male relative to acquire a car, and risk imprisonment should they disobey male guardians. In addition, this past month, at least 12 prominent women’s rights activists who campaigned for women's driving rights just before the country lifted the ban were arrested. Although the lifting of the ban is now effective, 9 of these activists remain behind bars and are facing serious charges and long jail sentences. As such, women continue to face significant challenges in realizing basic rights, despite the positive media endorsement that MBS' lifting of the driving ban has received.

Although Saudi Arabia is making an effort in order to satisfy the public eye, it is with some degree of scepticism that one should approach the country's motivations. Taking into account Saudi Arabia’s current state of affairs, these events suggest that the women’s driving decree was an effort in order to improve the country’s external image as well as an effort to deflect attention from a host of problematic internal and external affairs, such as the proxy warfare in the region, the arrest of dissidents and clerics this past September, and the Qatari diplomatic crisis, which recently “celebrated” its first anniversary. Allowing women to drive is a relatively trivial sacrifice for the kingdom to make and has triggered sufficient positive reverberations globally. Such baby steps are positive, and should be encouraged, yet overlook the fact that they only represent the tip of the iceberg.

As it stands, the lifting of the driving ban does not translate into a concrete shift in the prevailing legal and cultural mindsets that initially opposed it. Rather, it is an indirect approach to strengthen Saudi’s power in economic and political terms. Yet, although women in Saudi Arabia may feel doubtful about the government’s intentions, time remains to be their best ally. After decades of an ultraconservative approach to handling their rights, the country has reached awareness that it can no longer sustain its continued oppression of women; and this for economic reasons, but also as a result of global pressures that affect the success of the country's foreign policies which, by extension, also negatively impact on its interests.

The silver lining for Saudi woman is that, even if the issue of women's rights is being leveraged to secure the larger interests of the kingdom, it continues to represent a slow and steady progression to a future in which women may be granted more freedoms. The downside is that, so long as these rights are not grafted into a broader legal framework that secures them beyond the rule of a single individual − like MBS − women's rights (and human rights in general) will continue to be the temporary product of individual whim. Without an overhaul of the shari'a system that perpetuates regressive attitudes towards women, the best that can be hoped for is the continuation of internal and external pressures that coerce the Saudi leadership into exacting further reforms in the meantime. As with all things, time will tell.

DOC. DE TRABAJO / A. Palacios, M. Lamela, M. Biera [Versión en inglés]

RESUMEN

La Unión Europea (UE) se ha visto especialmente dañada internamente por campañas de desinformación que han cuestionado su legislación y sus mismos valores. Las distintas operaciones desinformativas y la incapacidad comunicativa de las instituciones de la Unión Europea han generado un sentimiento de alarma en Bruselas. Apenas un año antes de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, Europa ha concentrado muchos de sus esfuerzos en hacer frente al desafío desinformativo, generando nuevas estrategias y grupos de trabajo como el Stratcom Task Force o el grupo de expertos de la Comisión Europea.

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