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Cartel de propaganda exaltando la figura de Gadafi, cerca de Ghadames, en 2004 [Sludge G., Wikipedia]

▲ Cartel de propaganda exaltando la figura de Gadafi, cerca de Ghadames, en 2004 [Sludge G., Wikipedia]

ENSAYOPaula Mora

El 20 de octubre de 2011 fue asesinado el coronel Muamar Muhamad Abu-Minyar el Gadafi, poniéndose fin a un régimen dictatorial que duró más de cuarenta años. Esa fecha significó esperanza, libertad y democracia, o por lo menos esas eran las aspiraciones de muchos de los que contribuyeron a un cambio en Libia. Sin embargo, la realidad hoy, nueve años después, es casi inimaginable para aquellos rebeldes que el 23 de octubre de 2011 pensaron que sus hijos podrían envejecer en una democracia. La guerra civil que sufre el país desde entonces ha propiciado la desintegración de la nación. Para entender esto, es primordial entender la propia naturaleza del poder político libio, totalmente distinta a la de sus vecinos y a la de sus antiguas metrópolis: el tribalismo.

El tribalismo libio presenta tres características: es contractual, pues está fundado en negociaciones permanentes; las bases territoriales de los pueblos han ido moviéndose hacia las ciudades, pero los lazos no se han distendido, y la extensión territorial de estos pueblos sobrepasan las fronteras de Libia. El territorio libio se compone en un 90% de desierto, lo que ha propiciado la persistencia del poder tribal. Los pueblos originarios han luchado, y siguen haciéndolo, por el control territorial y la armonía de sus territorios, que se logra a través de alianzas tradicionales renegociadas cada cierto tiempo entre las tres regiones principales del país: Tripolitania, Cirenaica y Fezán.

El tropismo Tuareg

La cultura beduina y su mitología de los tiempos de las cavernas transaharianas, previas a la época colonial, explican que Gadafi enfocara su política hacia el Sahara y África del Norte. Estos pueblos consideraban el desierto como una vía de comunicación, no como un obstáculo o una frontera. Bajo la dictadura, las costumbres y el habla beréber fueron protegidas y promovidas.

Los Tuareg son un pueblo beréber de tradición nómada que se extiende por cinco países africanos: Argelia, Burkina Faso, Libia, Malí y Níger. Poseen su propio idioma y costumbres. En Libia, ocupan el territorio del suroeste, junto a las fronteras de Argelia, Túnez y Níger. El dictador proclamó en numerosas ocasiones su afinidad con este pueblo, afirmando incluso pertenecer a este linaje por parte de madre. Los consideraba aliados de su proyecto panafricanista.

Gadafi no se veía como el líder del movimiento, sino como un “guía” de la revolución. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta visión revolucionaria fue apaciguándose hasta convertirse en una visión realista y pacificadora. Este cambio se debió principalmente a la incapacidad de los Tuareg de superar las divisiones internas (tribus) y a su voluntad de abandonar la lucha armada. Las consecuencias fueron que lo que empezó como una lucha nacional y social, degeneró en un tráfico de drogas y armas.

El colonialismo italiano

En abril de 1881, Francia ocupó Túnez. Esto provocó rencores en Italia pues la regencia de Túnez estaba pensada como una prolongación natural de Italia, dado que 55.000 italianos residían en el territorio. En vista de esta situación, y para evitar un enfrentamiento con Francia, Italia decidió entonces crear un proyecto libio. En 1882, Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro crearon la Triple Alianza. Como consecuencia de esto, Francia se opuso al proyecto libio de Italia.

Ante la oposición de Francia a sus planes en Libia, Italia buscó una compensación en el Mar Rojo y en 1886 intentó, fallidamente, conquistar Etiopía. Pero el nacionalismo italiano de la época no se iba a dar por vencido, pues aspiraba a crear “una Italia más grande”. Tras la victoria etíope, solo le quedaban dos alternativas africanas: Marruecos, que ya había sido prácticamente colonizado por Francia, o la Regencia Turca de Trípoli, que llevaba establecida desde 1858.

Finalmente, Italia se decidió por esta última y en 1902 buscó el apoyo de Francia para llevar a cabo su proyecto. Bajo el compromiso de la Triple Alianza, le ofreció neutralidad en la frontera compartida de los Alpes en caso de guerra y la renuncia al proyecto marroquí. París no se mostró interesado, en cambio Rusia ofreció en 1908 su apoyo a Italia para debilitar al Imperio Otomano. Empezó así la guerra ítalo-turca. El pretexto italiano fue el supuesto maltrato que sufrían los colonos instalados en Libia por parte del régimen turco, al cual dio un ultimátum. Bajo mediadores austrohúngaros, los turcos aceptaron transferir el control de Libia a Italia, movimiento que este país consideró una maniobra turca que solo buscaba ganar tiempo para prepararse para la guerra. El 29 de septiembre de 1911, Italia declaró la guerra al Imperio Otomano. Esto trajo importantes consecuencias para la Triple Alianza, pues Austria-Hungría temía que el conflicto libio derivara en uno directo con el Imperio Otomano, mientras que Alemania se vio enfrentada al dilema de tener que elegir bando, pues gozaba de buenas relaciones con ambas partes. El 18 de octubre de 1912, debido a los peligros abiertos en diferentes frentes, el Imperio Otomano decidió firmar el Tratado de Lausana-Ouchy a través del cual cedió a Italia Tripolitania, Cirenaica y las islas del Dodecaneso.

Durante la Primera Guerra Mundial, Italia formaba parte de la Triple Entente, por lo que el Imperio Otomano no le declaró la guerra. La amenaza al control italiano de Libia no estaba tanto entre sus enemigos europeos, sino entre la población del propio país africano. Aprovechando la guerra, la Sanûsiya (una orden religiosa musulmana fundada bajo el Imperio Otomano que se oponía a la colonización) empezó a atacar al ejército italiano. Estos rebeldes fueron ganando territorio, hasta que los aliados de Italia pasaron a la ofensiva. El 21 de agosto de 1915, el día que Italia se cambió al bando de los Aliados, la táctica cambió. Pese a que también le ofrecían apoyo, los nuevos aliados de Italia estaban lidiando con insurgencias en sus colonias, y se ocupaban, sobre todo, de custodiar sus fronteras para que los insurgentes no pasaran y propagaran las ideas independentistas.

El 17 de abril de 1917, el emir Idris As-Sanûsi, aliado del Imperio Otomano, dándose cuenta de la proximidad de la victoria aliada, firmó con Italia el Pacto de Acroma, mediante el cual Italia reconoció la autonomía de la Cirenaica y a cambio el emir aceptó el control italiano de la Tripolitania.

 

Distribución geográfica de etnias en Libia [Wikipedia]

Distribución geográfica de etnias en Libia [Wikipedia]

 

La independencia colonial

La Segunda Guerra Mundial tuvo un papel clave en África, pues alentó el nacionalismo del continente. Italia, aliada de Alemania, intentó entre 1940 y 1942 ocupar el Canal de Suez a través de la frontera de Libia, pero el objetivo no fue alcanzado.

En 1943, Libia cayó en manos de la Francia Libre (de Charles de Gaulle) e Inglaterra: la primera administraba Fezán; la segunda, la Tripolitania y Cirenaica. Al final de la guerra, y con el cambio de bando de Italia en su curso, esta propuso una división tripartita de Libia. Estados Unidos y la Unión Soviética se opusieron, y estipularon que el territorio quedaría bajo la tutela de Naciones Unidas (ONU). Entonces dos posiciones políticas se opusieron en Libia: por un lado, los “progresistas”, que defendían la creación de un estado democrático unitario, y por otro, los pueblos originarios de la Cirenaica, que defendían un reino cuyo líder sería Mohammed Idris As-Sanûsi, el líder de la Sanûsiya.

El 21 de noviembre de 1949, a través de la Resolución 289, Naciones Unidas fijó la independencia de Libia para el primero de enero de 1952. Sin tener en cuenta ninguna realidad geográfica, histórica, religiosa, cultural y política, la ONU impuso el nacimiento de un país soberano constituido por las tres principales regiones independientes. En 1950, tuvo lugar la elección de la Asamblea Nacional, compuesta por 60 diputados (20 por región). El 2 de diciembre del mismo año, después de arduas negociaciones, la Asamblea acordó que Libia fuera una monarquía federal compuesta de tres provincias y que tuviera como Rey a Mohammed Idriss As-Sanûsi.

Inicialmente el Reino pudo asentarse dado el reconocimiento internacional y el descubrimiento de yacimientos petroleros que permitían a Libia convertirse en el país más rico del continente. Este optimismo, sin embargo, ocultaba que el verdadero problema libio residía dentro de sus fronteras: el país era regido por los pueblos originarios de Cirenaica. Para equilibrar el poder, el rey decidió nombrar como primer ministro a Mahmoud el-Montasser, un tripolitano.

Sin embargo, el rey cometió el error de no haber fundamentado su monarquía en la Sanûsiya, sino en su tribu, la Barasa. El régimen se convirtió en totalitario. Después de manifestaciones pro-Nasser, el rey prohibió en 1952 los partidos políticos, y despidió a más de diez gobernadores, quienes fueron reemplazados por prefectos. En cuanto a las relaciones exteriores, bajo el reinado de Idriss, Libia firmó con Gran Bretaña una alianza de veinte años mediante la cual los ingleses podrían utilizar las bases militares libias. Con Estados Unidos suscribió uno similar que concedió permiso a los norteamericanos para construir la base Wheelus Field, cerca de Trípoli. Finalmente, firmó un tratado de paz con Italia por el que la antigua metrópolis se comprometía a pagar reparaciones siempre y cuando Libia protegiera las propiedades de los 27.000 italianos que aún residían allí. Estas medidas llevaron el reino a la perdición, puesto que sus países vecinos y su población consideron que el rey no estaba siendo solidario con Egipto al alinearse con los países occidentales.

La caída de la monarquía

El 1 de septiembre de 1969 se produjo un golpe de estado en el país para derrocar a Idriss; este, gravemente enfermo, anunció su abdicación para el día siguiente. El Consejo de Comandancia de la Revolución (CCR), constituido por los oficiales que habían propiciado este cambio de gobierno, abolió la monarquía y proclamó la República Árabe Libia. La junta militar que se estableció en el poder estaba compuesta por una docena de miembros, en su mayoría de los dos pueblos originarios principales: los Warfalla y los Maghara. Estos últimos eran de ideología marxista, lo que propició el régimen del coronel Muamar el Gadafi.

Durante las primeras semanas de gobierno, los nuevos dirigentes intentaron tomar todas las precauciones posibles para evitar una intervención británica y americana. Emitieron un comunicado garantizando la seguridad de los bienes de los extranjeros y prometiendo que las compañías petroleras no serían nacionalizadas. Ante estas declaraciones, que no se alineaban con el comunismo, Estados Unidos y Occidente reconocieron el 6 de septiembre el nuevo gobierno.

Las verdaderas intenciones del nuevo gobierno aparecieron poco después. Al mes del comunicado, las autoridades libias anunciaron que los tratados anteriores relativos a las bases militares tendrían que ser nuevamente negociados. También pidieron una renegociación de la fiscalidad de las compañías petroleras. Finalmente, en 1971, fue creado un partido único: la Unión Socialista Árabe.

El gobierno de Gadafi

El 15 de abril de 1973, casi cuatro años después del golpe de estado del 69, Gadafi pronunció un discurso en el que invitó a las “masas populares” a retomar el poder confiscado por el partido de la Unión Socialista Árabe. Se impuso como cabeza del país, promoviendo una revolución cultural y política que proponía, por un lado, una reforma de las instituciones con una aplicación más estricta de los preceptos de la sharia, y por otro, la idea de que los agresores del pueblo eran los países árabes aliados con Occidente e Israel.

Gadafi basó su poder en una profunda recomposición tribal. La primera medida que tomó, al día siguiente de la toma de poder, desconfiando de Cirenaica y de sus tribus fieles al rey Idriss, fue la de constituir una alianza con el pueblo de Hada, con la que buscó equilibrar el poder de los Barasa.

En segundo lugar, se divorció de su mujer, de origen turco-kouloughli, la cual constituía un obstáculo para las alianzas con los pueblos que le eran necesarios para ampliar su base de poder. Se casó entonces con una mujer de Firkeche, un segmento de la tribu de los Barasa. Este matrimonio le permitió construir una alianza entre los Qadhafa y las grandes tribus de Cirenaica ligadas a los Barasa.

En tercer lugar, construyó también una alianza con la Misrata, una élite letrada que ocupó posteriormente muchos de los puestos del régimen. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta alianza se rompió y propició un crecimiento del odio hacia el coronel que jugaría un rol importante en la revolución que acabó con Gadafi.

En cuarto lugar, después de haber perdido a la Misrata, Gadafi recompuso su estrategia apoyándose en su propia confederación, la de los Awlad Sulayman, enemigos de los Misrata desde la época del dominio italiano. Esta alianza cubría la ciudad de Trípoli y extendía geográficamente el territorio del mandatario.

En quinto lugar, el problema del gobernante vendría dado justo por los puntos anteriores: las alianzas tribales. Fracciones de sus aliados conspiraron contra él en 1973 para intentar dar un golpe de estado. El ejército de Gadafi, sin embargo, lo impidió y condenó a muerte a los cabecillas. A partir de este punto, el coronel empiezó a desconfiar de las tribus de esta región, la de Tripolitania, y comenzó a romper poco a poco relaciones con ellas. Esto le resultaría fatal.

Gadafi de cara al mundo

El activismo internacional bajo Gadafi buscaba la fusión de los pueblos árabes con el objetivo de crear un califato transnacional. En 1972, pese a que aún no controlaba la totalidad del territorio libio, contribuyó a la creación de la Unión de Repúblicas Árabes (Libia, Egipto y Siria), que se disolvería en 1977. En 1984, creó la Unión Libia-Marroquí, que desaparecería dos años después. Otras cuatro tentativas tuvieron lugar: con Túnez en 1974, con el Chad en 1981, con Argelia en 1988 y con Sudán en 1990; ninguna de ellas salió adelante. Estos intentos de unión provocaron tensiones en el continente, sobre todo con Egipto, con el cual hubo un conflicto fronterizo del 21 al 24 de julio de 1977. La consecuencia fue el cierre de la frontera mutua hasta marzo de 1989.

En cuanto al resto del mundo, el apoyo del dictador a los movimientos terroristas durante los años 80 le crearon enemigos, especialmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Varios ataques propiciados por el régimen libio, como el derribo de un avión americano encima de la ciudad escocesa de Lockerbie y asesinatos de embajadores, llevaron en 1992 al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar una política de sanciones de embargo comercial y financiero. A ello se sumó la orientación socialista del coronel, quien nacionalizó las empresas petroleras y los bienes de los residentes italianos alegando que fueron robados durante la época colonial.

La caída del régimen

Con el paso del tiempo, el régimen fue perdiendo poder y apoyo nacional. Esta decadencia se debió a la marcha de la economía, pues los ciudadanos se beneficiaban de los ingresos directos de los hidrocarburos: la sanidad y la educación eran gratis, y la agricultura estaba subvencionada. Además, existía el proyecto de crear un “gran río” (Great Man Made River, GMMR), de 4.000 kilómetros. En resumen, los cinco millones de habitantes tenían una vida excepcional, con un PIB per cápita de 3.000 euros en 2011.

La oposición principal provenía de los ambientes islámicos, más concretamente de los Hermanos Musulmanes y de grupos salafistas (movimiento de ultraderecha islámico suní), quienes a partir de 1995 se radicalizaron con la ayuda de los grupos de Afganistán. Sus razones para oponerse a Gadafi eran la occidentalización del país: el dejar atrás en cierta medida el tropismo Tuareg y un giro hacia los países del Norte. Ese mismo año estalló una rebelión islamista iniciada por el Frente por la Liberación de Libia en Cireniaica. Gadafi respondió con una gran represión, estableciendo leyes anti-islámicas que castigaban cualquier persona que no denunciara a los islamistas y el cierre de la mayoría de las zawiya (escuelas y monasterios religiosos), sobre todo las de la Sanûsiya.

En 2003, Libia reconoció su participación en el atentado de Lockerbie y se comprometió a indemnizar a todas las víctimas. Esto propició que el Consejo de Seguridad de la ONU levantara las sanciones. En diciembre de ese mismo año, el país renunció a la producción de armas de destrucción masiva y en 2004 se adhirió al Tratado de No-Proliferación Nuclear. Con estas nuevas medidas, el régimen fue aliándose con los países de occidente, que a su vez promovieron la industrialización del país. Un ejemplo fue el tratado firmado entre Gadafi y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, por el que Italia se comprometía a reembolsar 5.000 millones de dólares a Libia, en un periodo de 25 años, siempre y cuando el país africano se abriera al mercado italiano y evitara la inmigración clandestina a Europa.

Libia no vivió “la primavera árabe”, pues estaba sufriendo una guerra civil nacida en Cirenaica, que comenzó como un levantamiento de una minoría beréber que vivía cerca de la frontera con Túnez. Gadafi, con el miedo de estropear la buena imagen que por fin había logrado construir en la comunidad internacional, decidió no emplear la fuerza militar para restablecer su poder en Cirenaica, pero con el paso del tiempo no le quedó más remedio que hacerlo. Esta acción conllevó lo que él ya sabía: la protesta internacional.

El primer país en oponerse fue la Francia de Nicolás Sarkozy. Bajo el pretexto de injerencia humanitaria, Francia, junto con los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), decidieron destruir el régimen de Gadafi. En marzo de 2011 reconocieron al Consejo Nacional de Transición (CNT). La Unión Africana quería también el cambio de gobierno, pero sin embargo defendió que se hiciera mediante una negociación, con el fin de evitar consecuencias negativas como la desintegración del Estado. 

Durante el mes de febrero de 2011, el coronel tuvo que hacer frente a una triple sublevación. En Cirenaica, por parte de los yihadistas (recordemos las leyes anti-islámicas), quienes contaban además con el apoyo de Turquía y las mafias locales, que desde el acuerdo ítalo-libio sobre la migración se sentían amenazadas. En Tripolitania, por pare de los beréberes, que veían ahora negada su identidad en favor de la defensa del nacionalismo árabe. Finalmente, también en Misrata, zona tenía una cuenta personal que arreglar con el dictador desde 1975 (conflicto tribal).

Gadafi tomó medidas preventivas, como la prohibición de manifestaciones o la suspensión de eventos deportivos, y anunció reformas sociales favorables a la población pensando que se trataba de quejas que no trascenderían. Su error de análisis fue pensar que la contestación tenía un motivo social, mientras que sus razones eran de tipo tribal, regional, político y religioso.

El gobierno pudo controlar la situación durante un mes, hasta que el 15 de febrero la violencia escaló hasta convertir el conflicto en una auténtica guerra civil.

La injerencia extranjera empezó el 17 de marzo, cuando el ministro de Asuntos Exteriores francés promovió en el Consejo de Seguridad de la ONU la Resolución 1973, que autorizaba la creación de una zona de exclusión aérea sobre Libia, así como la imposición de las “medidas necesarias” para otorgar la protección a los civiles. Esta resolución excluía la ocupación terrestre, y fue apoyada por la Liga Árabe, con el apoyo aéreo militar de Qatar.

A los pocos días, el 21 de marzo, la intervención de los países de la OTAN sobrepasó las pautas de la Resolución 1973, pues la residencia de Gadafi fue bombardeada bajo el pretexto de que servía como centro de comando. La Unión Africana, apoyada por Rusia, pidió entonces el “cese inmediato de todas las hostilidades”. Por su parte, la Liga Árabe recordó a la OTAN que se estaba desviando de sus objetivos declarados. Sin embargo, los países occidentales no hicieron caso. El 31 de marzo, a través de su hijo Saif al-Islam, el coronel propuso un referéndum sobre la instauración de una democracia en Libia. La OTAN estaba dispuesta a examinar sus propuestas, pero el Consejo Nacional de Transición se opuso rotundamente, pues exigía simple y llanamente la salida de Gadafi del poder.

El 16 de septiembre, el Consejo de Seguridad, mediante la Resolución 2009, creó la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, por sus siglas en inglés). Su objetivo era asistir a las autoridades nacionales para el restablecimiento de la seguridad y el Estado de Derecho, a través de la promoción del diálogo político y de la reconciliación nacional.

La “liberación” del país tuvo lugar el 23 de octubre de 2011, cuando Gadafi fue capturado de camino de Fezzan, acompañado de su hijo. Su convoy fue atacado por las fuerzas áreas de la OTAN. Fue hecho prisionero y posteriormente linchado por sus compatriotas. El presidente del Consejo Nacional de Transición, Mustapha Adbel Jalil, se proclamó entonces como el nuevo gobernante legítimo del país hasta nuevas elecciones.

Libia después de Gadafi

El presidente transitorio, declaró en su primer día que la sharia sería la base de la Constitución, así como del Derecho, restableció la poligamia e ilegalizó el divorcio. Las consecuencias de la guerra civil fueron tremendas: llevaron a la desintegración del país. La muerte de Gadafi no marcó el fin del conflicto, pues las milicias tribales, regionales y religiosas que participaron en la guerra defendían diferentes visiones sobre cómo debía ser el nuevo gobierno, lo que hacía imposible una unificación.

En el exterior, el descontrol territorial cambió la geopolítica de la región de Sáhara-Sahel, ofreciendo nuevas oportunidades a los yihadistas.

Tres periodos pueden distinguirse. El primero, entre 2011 y 2013, podría considerarse como el tiempo de la incertidumbre, pero también el de la esperanza y la ilusión democráticas. Pese a las guerras entre los distintos pueblos por diferentes ideologías (defensores del antiguo régimen contra los fundamentalistas musulmanes defensores de las tradiciones islámicas) y una guerra de poder territorial (Cirenaica contra Tripolitania por la capital del nuevo Estado), se estaban instaurando lo que parecían mecanismos democráticos.

El 31 de octubre de 2011 fue elegido Abdel Rahim al-Keeb, originario de Trípoli, por 26 votos de 51, como primer ministro del gobierno de transición. Las elecciones legislativas tuvieron lugar el 7 de julio de 2012; en ellas ganó el Congreso Nacional General (CNG), que reemplazó al Consejo Nacional de Transición. Pero la situación estaba lejos de consolidarse. El 11 de septiembre de 2012, el embajador americano, John Chistropher Stevens fue asesinado por un grupo salafista denominado Ansar al-Sharia.

El segundo período empezó a principios de 2013. Libia estaba en el camino de la normalización mediante elecciones democráticas y la reactivación de la exportación de petróleo y gas. Sin embargo, el año siguiente fue el del comienzo de la anarquía y las tentativas de recomposición del orden interno. Los “avances democráticos” no habían sido suficientes, pues las regiones contaban con una gran autonomía y no había seguridad fronteriza. Nadie había sido capaz de controlar en su totalidad el territorio libio. El presidente de Chad, Idriss Déby, quien ya había advertido sobre estas consecuencias cuando tuvo lugar la intervención occidental en la guerra civil, denominó la nueva situación libia como una “somalización”.

A partir de febrero de 2014, esta anarquía se tradujo en una serie de dimisiones de cargos del “gobierno” debidas a las amenazas por parte de las distintas milicias del país y de protestas frente al CNG, pues el gobierno no fue disuelto después de la expiración del mandato. El 20 de febrero tuvieron lugar las elecciones de los 60 miembros de la Asamblea constituyente que tenía como objetivo redactar una nueva constitución, pero sólo el 15% de los electores participaron. Mientras tanto, el 6 de marzo, en Roma, en la Conferencia Internacional sobre Libia, el ministro de Asuntos Exteriores italiano consideró que el problema principal era la “superposición de legitimidad”.

El tercer período, tuvo lugar a finales de 2014, cuando empezó la denominada “segunda guerra de Libia”. A partir de 2015 entró en escena el Estado Islámico, lo que cambió el cuadro político libio. La ONU creó un órgano ejecutivo de transición denominado Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA por sus siglas en inglés), con el objetivo de dirigir la política libia en esta nueva situación. Se formó por la unión del Congreso General Nacional y la Cámara de Representantes. Está compuesto por 32 ministros, y Fayez-al Sarraj ocupa el cargo de presidente del Consejo Presidencial y de primer ministro del GNA.

Libia se encontraba entonces con dos parlamentos, uno en Trípoli, bajo el control de los islamistas, y el otro, reconocido por la comunidad internacional, en Tobruk, Cirenaica, cerca de la frontera egipcia, el cual había sido forzado a desistir de actuar por las fuerzas yihadistas. Esto llevó al comienzo de otro conflicto, que sigue en vigor actualmente. En la Cirenaica, tiene lugar una guerra confusa y multiforme, en la que participan los yihadistas y los que apoyan al general Jalifa Haftar, quien lidera el Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) y se opone tanto a los yihadistas como al Gobierno de Acuerdo Nacional. A través de su ejército, el general lanzó en mayo ataques aéreos contra grupos islamistas en Bengasi, con el objetivo de apoderarse del Parlamento. Además, acusa al primer ministro Ahmed Maiteg de cooperar con grupos islamistas. En junio, Maiteg renunció después de que la Corte Suprema dictaminase que su nombramiento fue ilegal.

En 2014, Haftar lanzó la “Operación Dignidad” contra los islamistas, intentando sacar del poder al coronel Moktar Fernana, comandante de la policía militar y elegido por Misrata y los Hermanos Musulmanes. Esta misión fracasó debido al poder de las diferentes milicias musulmanas a lo largo del territorio de Tripolitania, dividido en diferentes áreas: está la ciudad de Misrata, que ess territorio yihadista bajo el mando de los Hermanos Musulmanes; al Oeste, reina la milicia beréber arabófona de Zenten; en la capital, la milicia islamista Farj Lybia tiene el control, mientras que Fezzan y el Gran Sur se han convertido en territorios casi autónomos, donde se combate a los Tuareg.

En junio de 2014, tuvieron lugar las elecciones parlamentarias. Los partidos islamistas fueron derrotados, hubo una baja participación debido a la inseguridad y el boicot de los partidos dominantes, y surgió un enfrentamiento entre las fuerzas leales al CNT y las del nuevo Parlamento o Cámara de Representantes (HoR por sus siglas en inglés). Finalmente, surgió el Gobierno de Salvación Nacional, con Nouri Absuhamain, aliado de los Hermanos Musulmanes, como presidente.

En julio, la seguridad nacional se deterioró gravemente a raíz de varios acontecimientos. El aeropuerto Internacional de Trípoli fue destruido por los conflictos entre la milicia de Misrata y su operación Dawa Libia contra la milicia de Zintan; el HoR se trasladó a Tobruk después de que la Corte Suprema de Trípoli (compuesta por el CNT) lo disolviera; el CNT se votó a sí mismo como reemplazo para la Cámara de Representantes; Asar al-Sharia pasó a controlar Bengasi, y los enviados de la ONU dejaron el país debido a la creciente inseguridad.

El 29 de enero de 2015, el LNA y sus aliados de Trípoli declararon un cese del fuego después del “Diálogo Libio” organizado por la ONU en Ginebra para fomentar la reconciliación de los distintos bandos. El 17 de diciembre del mismo año tuvo lugar el Acuerdo Político Libio, o Acuerdo Skhirat, promovido por UNSMIL. Su objetivo era resolver la disputa entre la Cámara de Representantes legítima, con sede en Tobruk y al-Bayda, y el CNT, con sede en Trípoli. Se creó un Consejo de la Presidencia, compuesto por 9 miembros para formar un gobierno de unidad que en dos años condujera a elecciones. El HoR debía ser el único parlamento y actuaría como tal hasta los comicios.

El 30 de marzo de 2016, el GNA llegó a Trípoli por mar debido al bloqueo aéreo. El asentamiento del gobierno legítimo propició que después de dos años, en abril, la ONU volviera al territorio. Además, el GNA, junto con las fuerzas aéreas estadounidenses, liberó Sirte del ISIS en diciembre del 2016. Sin embargo, el LNA siguió ganando territorio, contando en septiembre con el control de las terminales orientales de petróleo.

En julio de 2017, el LNA expulsó al ISIS de Bengasi. Un año después, controló Derna, el último territorio occidental bajo grupos terroristas. El 17 de diciembre, Haftar declaró nulo el Acuerdo Político Libio, pues las elecciones no habían tenido lugar, resaltando la obsolescencia del gobierno libio creado por la ONU. El general comenzó entonces a tomar fuerza en el contexto nacional e internacional: “Todas las instituciones creadas bajo este acuerdo son nulas, pues no han obtenido completa legitimidad. Los libios sienten que han perdido su paciencia y que el prometido periodo de paz y estabilidad se ha convertido en una fantasía lejana”, declaró Haftar.

El 19 de abril de 2019 era la fecha en la que se iba a celebrar la Conferencia Nacional Libia en Ghadamas para avanzar en acuerdos y cerrar una fecha en la que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, días antes la convocatoria de conferencia fue cancelada debido a la “Operación Inundación de Dignidad” del LNA con el objetivo de la “liberación” del país.

 

Correlación de fuerzas en la guerra civil libia, en febrero de 2016 [Wikipedia]

Correlación de fuerzas en la guerra civil libia, en febrero de 2016 [Wikipedia]

Correlación de fuerzas en la guerra civil libia, en febrero de 2016 [Wikipedia]

 

La injerencia extranjera

La situación libia actual es preocupante. La comunidad internacional teme que el país se convierta en la próxima Siria. El Ejército Nacional de Liberación, dirigido por Haftar, es apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, con la esperanza de detener el avance de los Hermanos Musulmanes, a quienes consideran una organización terrorista. También lo apoyan Egipto y Rusia, interesados en el control de los recursos energéticos del país. El Gobierno de Acuerdo Nacional, con Fayez al-Sarraj como líder, representa el gobierno legítimo para la comunidad internacional (la ONU lo reconoce). Además, cuenta con el apoyo de Estados Unidos y los países de la Unión Europea (menos Francia), así como Turquía y Qatar, que le otorgan apoyo militar (sobre todo los turcos). Sin embargo, Estados Unidos y la UE defienden las fronteras marítimas de Grecia e Israel frente al deseado proyecto turco de construir tuberías de gas por el Mediterráneo para abastecerse.

El acercamiento entre Haftar y Francia empezó en 2015. El país europeo intentó transformar al LNA en un actor legítimo, asistiéndole con operativos clandestinos, fuerzas especiales y consejeros. El 20 de julio de 2016, la Francia de Holland le declaró oficialmente su apoyo militar después del asesinato de tres soldados franceses de fuerzas especiales en Bengasi a manos del GNA, que argumentó que fue una “violación de su soberanía nacional”. El 25 de julio de 2019 tuvo lugar la Cumbre de París. Macron invitó a los dos líderes a dialogar sobre la paz y la unidad. El mayor interés de Francia es erradicar el terrorismo.

El 6 de marzo de 2019, el Acuerdo de Abu Dhabi reunió a los líderes de los bandos más importantes de la guerra libia y puso énfasis en varios aspectos: Libia como Estado civil, reducción del período de transición de gobierno, unificación de las institucionales estatales (como el Banco Central), el cese del odio y su incitación, la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias a finales del año, la transferencia pacífica del poder, la separación de poderes y el seguimiento de los puntos acordados por parte de la ONU. El lugar de la reunión muestra la gran implicación que los Emiratos Árabes Unidos tienen en esta guerra, en especial como aliado del general Haftar. El país del Golfo Pérsico negó el apoyo al ataque en Trípoli que tuvo lugar el 31 de marzo del 2020 por parte del LNA. Sin embargo, varios medios de comunicación libios declararon que dos aviones de carga militares llegaron a la base aérea Emirati Al-Khadim, en el este de la ciudad libia de Marj, provenientes de la base aérea Sweihan de Abu Dhabi.

El 27 de noviembre de 2019, tuvo lugar el Acuerdo de Frontera Marítima entre el GNA y Turquía. El presidente de Turquía, Erdogan, y Fayez al-Sarraj, firmaron dos memorandos de entendimiento. Pactaron un límite de 18,6 millas náuticas, como frontera marítima compartida entre Turquía y Libia y firmaron un acuerdo de cooperación militar por el que Ankara enviaría soldados y armamento. En vez de crear una nueva tropa, que llevaría más tiempo, Turquía ofreció un sueldo de 200 dólares al mes para luchar en Libia frente a los 75 que daba por luchar en Siria.

El problema con la frontera marítima es que ignora las islas de Chipre y de Grecia y viola sus derechos amparados por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1994, si bien ninguno de estos dos países ha acudido al Tribunal del Derecho del Mar. El interés turco reside en la posibilidad de la presencia de petróleo y gas natural en la costa sur de Creta. El acuerdo por lo pronto durará lo que duré el GNA, en una situación de inestabilidad a lo que también contribuye la impopularidad de la intervención militar en Turquía.

El 2 de enero de 2020, los presidentes de Argelia y Túnez se reunieron con Jalifa Haftar. El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, insistió en que la solución del problema libio debe ser interna y no depender de la afluencia de armas propiciada por la injerencia extranjera. Propuso la creación de nuevas instituciones que permitan la organización de elecciones generales y el establecimiento de las nuevas bases del Estado democrático libio con la aprobación de la ONU.

El 6 de enero, el LNA tomó control sobre Sirte. Esta ciudad es estratégica pues se halla cerca de la “media luna petrolera” de Libia, una franja costera en la que se encuentran varias terminales importantes de exportación de petróleo.

El 12 de enero, Rusia y Turquía declararon una tregua en Siria y Libia. Este acuerdo fue un quid pro quo, puesto que Rusia tiene mayores intereses en Siria que en Libia, pues busca un puerto en el Mediterráneo, y Turquía, como se explicó anteriormente, desea construir un sistema de suministro de gas a través del mar Mediterráneo desde Libia. Sin embargo, el acuerdo no se está cumpliendo, sobre todo en el escenario libio. Enviados de la ONU alegan que ambos países siguen proporcionando armamento a los guerrilleros.

El 19 de enero tuvo lugar la Conferencia de Berlín, que constituyó un intento de apaciguamiento de la situación del país. Participaron Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Italia, China, Turquía y Argelia, y se expresó el compromiso a acabar con la injerencia política y militar en el país. Sin la intervención de terceros actores, el país no podría mantener una guerra civil pues ninguno de los bandos tiene suficiente fuerza. En la conferencia, también se discutió sobre el incumplimiento del embargo de armas establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2011. El problema es que ninguna potencia, en especial Turquía y Rusia, reconoce su implicación, por lo que no hay responsabilidades ni tampoco sanciones.

Una semana después tuvo lugar la primera violación del pacto. En cuanto a la tregua, el Gobierno de Haftar, con el objetivo de recuperar la capital, lanzó una ofensiva en dirección a la ciudad de Misrata, donde se encuentra una base importante del Gobierno de Acuerdo Nacional. Además, la misión especial de la ONU en Libia (UNSMIL) afirmó que sigue llegando material a los bandos combatientes por vía aérea.

El 31 de marzo, la Unión Europea lanzó la "Operación Irini” (“paz” en griego). Sustituye a la “Operación Sofía” de 2015, que tenía como objetivo combatir el tráfico de personas frente a las costas libias. La nueva operación ha cambiado de objetivo principal, pues luchará por hacer cumplir el embargo de armas. Además, cuenta con otras tareas secundarias como el control del contrabando petrolero, la continuación de la formación de los guardacostas libios y el control del tráfico de personas a través de la recopilación de información con el uso de patrullas aéreas. Esta iniciativa nace sobre todo por parte de Italia, primer país al que llegan los refugiados libios y por lo tanto preocupado por la inmigración. Este liderazgo se manifiesta en el desarrollo de la operación, ya que el cuartel general se encuentra en Roma y la dirección operativa está a cargo del contralmirante italiano Fabio Agostini. Por lo pronto, tiene una duración de un año.

El 5 de abril, la ONU hizo un llamamiento al cese de las hostilidades para combatir el Covid-19. Llamó a una tregua humanitaria en la que participen no solo los bandos nacionales, sino también las fuerzas extranjeras. El virus se cobró la vida Mahmud Jibril, antiguo primer ministro y líder de la rebelión contra Gadafi.

Nueva geopolítica regional y conclusión

Podemos definir la nueva geopolítica libia a través de los siguientes puntos. En primer lugar, la propagación de las armas por toda la región Sáhara-Sahel, la zona de los viejos y actuales conflictos. En segundo, la amenaza fronteriza que sienten Egipto, Argelia y Túnez por el conflicto interno. Finalmente, el desinterés de las nuevas autoridades libias por al Gran Sur, pues prácticamente se ha independizado, controlando casi la totalidad del comercio a través del Sahara. Al-Qaeda, a través de subgrupos como Fajr Lybia, está intentando establecer un Estado Islámico de África del Norte imitando el de Iraq. Para ello, en las zonas conquistadas, el Daesh destruye el paradigma tribal liquidando a los jefes de las tribus que no quieren aliarse con ellos con el objetivo de aterrorizar al resto. Es a través de estas prácticas como todas las milicias yihadistas pudieron aliarse al final de 2015. Frente a esto, Naciones Unidas patrocinó como primer ministro a Fayez Sarrraj, quien se instaló en Trípoli en abril de 2016. 

Libia es un estado privilegiado en cuanto a riquezas naturales. Sin embargo, en su historia ha sufrido mucho y lo sigue haciendo. Ha pasado por monarquías, colonización y dictaduras hasta finalmente convertirse hoy en un Estado fallido. Su estructura política es complicada, pues es tribal, y por eso ninguno de los sistemas políticos ha triunfado del todo porque no ha logrado armonizar las organizaciones internas. Hoy el país consta de tres gobiernos rivales y cientos de milicias y grupos armados que siguen compitiendo por el poder y el control del territorio, rutas comerciales y emplazamientos militares estratégicos. Para que la situación se resuelva, es necesario que los países que participan activamente en el conflicto (Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Qatar) cumplan el embargo de armas establecido por la ONU. Además, las potencias extranjeras deben aumentar su comprensión del país para acertar en propiciar la mejor solución posible. Aunque Libia esté al borde de convertirse en la próxima Siria, todavía quedan oportunidades para salvar la situación y darle al país lo que hace tiempo no tiene: estabilidad.

 

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Miembros de las Fuerzas Armadas habilitando un pabellón de Ifema para el tratamiento del Covid-19 [Defensa]

▲ Miembros de las Fuerzas Armadas habilitando un pabellón de Ifema para el tratamiento del Covid-19 [Defensa]

COMENTARIOSalvador Sánchez Tapia*

La declaración por el Gobierno español del estado de alarma el pasado 15 de marzo como instrumento para luchar contra la expansión del COVID 19 ha traído consigo la no muy usual imagen de soldados de las Fuerzas Armadas (FAS) operando en las principales ciudades y vías de toda España para cooperar en la lucha contra el virus.

Para la mayor parte de los españoles, la presencia de unidades militares desarrollando sus misiones en la vía pública es una rareza a la que no están acostumbrados, excepción hecha de la relativamente frecuente actividad de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en apoyo a la sociedad civil, bien conocida por un público que, en general, la valora de forma muy positiva.

Fuera de estas actuaciones, puede decirse que la estampa de soldados uniformados trabajando directamente cara al público no es habitual. Este tipo de apoyos no es, sin embargo, una novedad, y responde a una larga tradición de asistencia social prestada por la institución militar a sus conciudadanos cuando se la ha reclamado.

Varios elementos en nuestra historia reciente han coadyuvado a producir lo que parece un cierto distanciamiento entre los españoles y sus FAS. Entre ellos, se encuentran algunos como el giro que experimentaron las misiones de las Fuerzas Armadas hacia el exterior con el alumbramiento del régimen democrático en 1975; los largos años de lucha contra el terrorismo de ETA, que llevaron a los soldados de España a ocultar al público su condición militar para salvaguardar su seguridad; la progresiva reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas, que eliminó muchas de las guarniciones provinciales que mantenían los Ejércitos; o el fin de servicio militar, que terminó por convertir a las Fuerzas Armadas en unas desconocidas para sus ciudadanos.

Ese alejamiento, si es que ha existido o existe, ha sido de una sola dirección pues, incluso en los momentos en que la institución militar haya podido ser más ignorada, los soldados se han mantenido unidos a sus conciudadanos, de los que proceden, y a los que sirven, apoyándoles en las situaciones más difíciles. Numerosos ejemplos dan testimonio del largo historial de servicio de los Ejércitos a la ciudadanía. Para corroborar esa afirmación basta citar casos como el del apoyo militar en las inundaciones que sufrió Valencia en 1957; el de la Operación “Alazán”, ejecutada en 1981 en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo etarra, impermeabilizando la frontera franco-española; el de la Operación “Centinela Gallego” en la que, desde hace años, unidades del Ejército de Tierra vigilan los montes de Galicia para prevenir incendios forestales; el de la lucha contra la extensión del camalote en el Río Guadiana; o el del tendido de puentes móviles en numerosas localidades del territorio nacional, como Montblanc, para restaurar las comunicaciones después de que fenómenos meteorológicos violentos las hubieran interrumpido.

En esta ocasión, ha sido la declaración del estado de alarma la que ha traído a las Fuerzas Armadas a la primera línea de la atención del público. Por lo novedoso de esta intervención, parece conveniente, en este punto, hacer una referencia al fundamento que sostiene la decisión de empleo del instrumento militar, y dar a conocer qué puede esperarse y no de la actuación de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones.

La pandemia de coronavirus muestra bien a las claras la realidad de que los desafíos de seguridad a los que deben enfrentarse las sociedades modernas necesitan de una respuesta multidisciplinar, cooperativa, en la que participen todas las fuerzas de la sociedad aportando sus capacidades peculiares para producir la sinergia que la solución de una crisis demanda. Las Fuerzas Armadas no pueden permanecer ajenas a ese esfuerzo, y deben actuar en pie de igualdad con otros actores, públicos y privados. A veces, cuando la crisis sea de naturaleza militar, lo harán liderando el esfuerzo; otras, les corresponderá asumir una función de apoyo a otros agentes, que llevarán a cabo sin buscar ningún tipo de protagonismo.

En el caso concreto de esta crisis, la contribución de las Fuerzas Armadas al esfuerzo desplegando medios responde, no meramente a una intención de plasmar gráficamente esta realidad, sino también al reconocimiento de que la crisis va a ser larga, de que va a demandar el concurso de todos, y de que la solución hace necesaria la contribución de medios más allá de los ordinarios.

La misión principal de las Fuerzas Armadas es la defensa militar de España contra amenazas exteriores. De esta misión se derivan su organización, su preparación, sus dimensiones, y el equipo y armamento que las dota, optimizados, dentro de las posibilidades de los recursos humanos y materiales de la Nación, y de acuerdo con la voluntad de los españoles, para responder a las exigencias de esta misión, que constituye su verdadera razón de ser [1].

Lo anterior no obsta para que los Ejércitos puedan y deban cumplir otras misiones, que ejecutarán dentro de lo que sus capacidades les permitan. De hecho. desde el punto de vista legal, la participación militar en la crisis del coronavirus es razonable si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, una de las misiones de los Ejércitos es la de “preservar, junto con las instituciones el Estado y las Administraciones Públicas, la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente” [2].

El Real Decreto de declaración del estado de alarma no ofrece dudas respecto de la intención del legislador de involucrar a las Fuerzas Armadas en la resolución de la crisis pues constituye, en su Artículo 4, a la Ministra de Defensa como una de las autoridades competentes delegadas por el Presidente del Gobierno para la gestión coordinada de la misma, y porque faculta a dichas autoridades, específica y explícitamente, para requerir la actuación de las Fuerzas Armadas en cometidos que garanticen el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el decreto [3].

En virtud de lo previsto en la Ley de la Carrera Militar, al declararse el estado de alarma, los miembros de las Fuerzas Armadas son investidos como “agentes de la autoridad” en lo que se refiere a los cometidos previstos en el decreto de declaración, lo que les acerca a funciones de tipo policial. Concretamente, y de acuerdo con el Artículo 5.2. del decreto, esta condición les faculta para “practicar comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas”. Para ello, “podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo”.

Definido el marco legal de actuación, debe también considerarse que el empleo de las Fuerzas Armadas requiere una mínima familiarización con la organización militar, así como con sus capacidades y limitaciones. Si bien es cierto que las FAS ofrecen una amplia gama de posibilidades de actuación, es preciso ser consciente de que hay cometidos para los que no están capacitados, y de que el uso de estas capacidades debe atenerse a sus posibilidades y procedimientos específicos de empleo.

Esta realidad, junto con la imperiosa necesidad de que el empleo de medios militares se haga de una forma coordinada con todos los actores involucrados en la resolución de la crisis, justifica la presencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) –quien, además, es el asesor del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa en materia operativa– en el Comité se Situación que el Real Decreto de declaración del estado de alarma ha constituido en apoyo al Gobierno.

La primera y más importante capacidad con la que la institución militar contribuye a la resolución de la crisis es la que reside en las personas que en ella sirven de uniforme. Las Fuerzas Armadas ponen a disposición de la Nación, no sólo la potencia que le da el número de sus miembros sino, por encima de ello, la fuerza imponderable de sus valores, puestos al servicio del bien común: la entrega generosa, el espíritu de sacrificio, el trabajo en equipo, el sentido del deber, y tantos otros que tan necesarios se revelan en momentos como este, y que hace que puedan confiarse a las FAS aquellas misiones que entrañen más riesgo y fatiga, en la seguridad de que estas harán lo posible por cumplirlas.

En el terreno de lo no cuantificable, entra también la nada despreciable capacidad de planeamiento de operaciones que las Fuerzas Armadas tienen a todos los niveles, desde el estratégico hasta el táctico, pasando por el operacional. Los Estados Mayores de los tres Ejércitos, y los de sus unidades subordinadas, atesoran en este sentido un enorme potencial de organización, coordinación y planificación de operaciones complejas que resulta, si se recurre a él, de gran utilidad.

La diversidad y versatilidad de una gran parte de los medios materiales de las Fuerzas Armadas las hace particularmente útiles en circunstancias como la actual. Entre el catálogo de posibilidades se cuentan algunas tan variadas como el transporte, tanto de personal como equipo, suministros, mercancía, material, o cualquier artículo urgente o de primera necesidad, a cualquier distancia y por vía aérea, marítima, o terrestre, especialmente si ha de hacerse a lugares remotos o difícilmente accesibles; el apoyo a la construcción de alojamientos, hospitales, o a cualquier otra instalación con los medios de castrametación de los Ingenieros del Ejército de Tierra, quienes también pueden llevar a cabo trabajos especializados para mejorar las comunicaciones, o para asegurar el suministro de agua, electricidad, u otro servicio; el apoyo sanitario y epidemiológico a la población civil con personal especializado –tanto médicos como enfermeros–; la asistencia en la distribución e, incluso, confección de alimentos para grandes colectivos; la ejecución de tareas de seguridad y protección a instalaciones esenciales o consideradas especialmente sensibles, como centrales de producción y distribución de energía; la vigilancia y control del cumplimiento de los términos del estado de alarma por tierra, mar, y aire, sea con personal, o con medios convencionales o remotamente tripulados; el apoyo a operaciones de desinfección de grandes superficies; la producción de medicamentos o medios de protección sanitaria; el apoyo en comunicaciones; la prestación de servicios esenciales como el control del espacio aéreo, o el transporte público interurbano o en el interior de las principales ciudades; etc. La lista podría extenderse casi ad infinitum.

La constatación de la enorme cantidad de apoyos posibles, junto con la propia magnitud de la pandemia, y la consideración del hecho de que las capacidades militares están dimensionadas para satisfacer las necesidades derivadas de los escenarios operativos más probables, y no para un escenario de apoyo masivo como el que ahora confrontamos, sugieren que, en este caso, las necesidades superan ampliamente las posibilidades de las Fuerzas Armadas y que, sin una planificación correcta, la institución podría verse consumida totalmente en el desarrollo de estas nobles tareas.

Lo anterior sería muy loable, pero anclaría toda la capacidad de Defensa Nacional en un cometido distinto al de la defensa militar de España, incapacitando a los Ejércitos para hacer frente a los cometidos que, es razonable argumentar, constituyen la razón de ser de los Ejércitos, y que deben seguir atendidos, incluso en medio de una pandemia. Más allá de ello, también serían incapaces de sostener los esfuerzos operativos que el Gobierno ha decido que las Fuerzas Armadas lleven a cabo en el exterior, algunos de los cuales podrían verse reconsiderados.

Las limitaciones anteriores aconsejan dosificar el esfuerzo que se pida a las FAS –también porque deben de sostenerlo en un período de tiempo que se antoja largo–, que debe prestarse con un criterio selectivo, actuando las Fuerzas Armadas en aplicación del principio de subsidiariedad, cuando no haya agencias civiles, públicas y privadas, capaces de prestar el apoyo, o cuando éste revista un carácter de riesgo, peligrosidad, o penosidad que aconseje el empleo de recursos militares.

A excepción de la UME, las Fuerzas Armadas no están equipadas, organizadas, ni entrenadas, específicamente, para el tipo de cometidos propios de una emergencia como la actual. En algunos casos, las capacidades militares son de aplicación directa en una situación como la del coronavirus. En otros, sin embargo, la prestación del apoyo no puede ser inmediata y requiere un período mínimo de adaptación, reprogramación, y adiestramiento que garantice la aplicación de las capacidades militares de una forma adecuada a la naturaleza de un entorno operativo con el que el soldado puede no estar familiarizado. Por poner un ejemplo, no es conveniente emplear, sin más, una unidad adiestrada para el combate de alta intensidad en cometidos de apoyo en emergencia o humanitario sin antes haber efectuado esa transición [4].

En ese tiempo de adaptación, es necesario siempre incluir el tiempo de respuesta con que deben contar las unidades entre misiones para recuperarse, reorganizarse, mantener el material en condiciones operativas. completar los recursos consumidos, planear la nueva misión, desplazarse entre escenarios de empleo, etc. Aunque estén en una situación de alta disponibilidad y su tiempo de respuesta se reduzca al mínimo, éste nunca será igual a cero si ya han sido empleadas.

El empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de cometidos ha de hacerse siempre con un criterio de estricta temporalidad. Si esto no sucede así y los Ejércitos se perpetúan en sus misiones de apoyo a la población civil, cabe la posibilidad de que estos vayan expandiendo progresivamente sus cometidos, atrofiando el desarrollo de agencias civiles que pudieran y debieran realizarlos preferentemente, y convirtiéndose en su competidor; de que puedan, de paso, llegar a desatender sus cometidos fundamentales –hasta el punto de reorganizarse, equiparse, y adiestrarse únicamente para su dimensión de apoyo civil–; y de que comprometan la neutralidad y el carácter de servidores desinteresados que los ciudadanos demandan de sus Fuerzas Armadas y que tanto aprecian de ellas. En cuanto la situación lo permita, las Fuerzas Armadas, a excepción de la UME, se entiende, deben regresar a su marco habitual de actuación.

Ese momento aún no ha llegado. El final de la crisis aún no se vislumbra, y los españoles debemos estar preparados para una larga batalla contra el COVID 19. En esta lucha, los ciudadanos pueden estar convencidos de que sus Fuerzas Armadas, y todos los que las componen, estarán a su lado, atendiendo a sus necesidades, compartiendo las mismas penalidades, participando de su duelo. Cuando el virus haya sido vencido, se alegrarán con ellos y, en silencio, volverán con naturalidad a sus cometidos, sin esperar un aplauso, con la íntima satisfacción de haber cumplido con su deber sirviendo a sus compatriotas.

* General de Brigada (R)

 

[1] Excepción a esto es la UME, unidad especialmente organizada para llevar a cabo cometidos en apoyo a la población civil.

[2] Una cuestión al margen de este trabajo, y que sería objeto de un análisis más profundo, es la de que la citada Ley Orgánica 5/2005 introduce un cambio, ampliándolas, de las misiones constitucionales que el Artículo 8 de la Carta Magna impone a las Fuerzas Armadas.

[3] Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

[4] Piénsese, por ejemplo, en las diferencias existentes entre prestar un servicio de protección de instalaciones en Zona de Operaciones, en un ambiente que puede ser hostil, y que está sujeto a unas ciertas Reglas de Enfrentamiento (ROE), y prestarlo en una central nuclear en Territorio Nacional en una circunstancia como la actual. Como es fácilmente comprensible, la respuesta no puede ser la misma, y emplear en lo segundo a un individuo entrenado para lo primero, demanda una cierta adaptación.

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Members of the Blue Helmets in their deployment in Mali [MINUSMA]

▲ Members of the Blue Helmets in their deployment in Mali [MINUSMA]

ESSAY / Ignacio Yárnoz

INTRODUCTION

It has been 72 years since the first United Nations peacekeeping operation was deployed in Israel/Palestine to supervise the ceasefire agreement between Israel and his Arab neighbours. Since then, more than 70 peacekeeping operations have been deployed by the UN all over the world, though with special attention to the Middle East and Africa. Over these more than 70 years, hundreds of thousands of military personnel from more than 120 countries have participated in UN peacekeeping operations. Nowadays, there are 13 UN peacekeeping operations deployed in the world, seven of which are located in African countries supported by a total of 83,436 thousand troops (around 80 percent of all UN peacekeepers deployed around the world) and thousands of civilians. The largest missions in terms of number of troops and ambitious objectives are those in the Democratic Republic of Congo (20,039 troops), South Sudan (19,360 troops), and Mali (15,162 troops)[1].

Peacekeepers in Africa, as in other regions, are given broad and ambitious mandates by the Security Council which include civilian protection, counterterrorism, and counterinsurgency operations or protection of humanitarian relief aid.  However, these objectives must go hand by hand with the core UN peacekeepers principles, which are consent by the belligerent parties, impartiality (not neutrality) and the only use of force in case of self-defence[2].

Although peace operations can be important for maintaining stability and safeguarding democratic transitions, multilateral institutions such as UN face challenges related to country contributions, training, a very hostile environment and relations with host governments. It is often stated that these missions have failed largely because they were deployed in a context of ongoing wars where the belligerents themselves did not want to stop fighting or preying on civilians and yet have to manage to protect many civilians and reduce some of the worst consequences of civil war.

In addition, UN peacekeepers are believed to be deployed in the most recent missions to war zones where not all the main parties have consented. There is also mounting international pressure for peacekeepers to play a more robust role in protecting civilians. Despite the principle of impartiality, UN peacekeepers have been tasked with offensive operations against designated enemy combatants. Contemporary mandates have often blurred the lines separating peacekeeping, stabilization, counterinsurgency, counterterrorism, atrocity prevention, and state-building.

Such features have often been referred to the case of the peacekeeping operation in Mali (MINUSMA) as I will try to sum up in this essay. This mission, ongoing since 2013 is on his seventh year and tensions between the parties have still not ceased due to several reasons I will further explain I this essay. Through a summarized history of the ongoing conflict, an explanation of the current military/police deployment, the engagement of third parties and an assessment on the risks and opportunities of this mission as well as an analysis of its successes and failures I will try to give a complete analysis on what MINUSMA is and its challenges.

Brief history of the conflict in Mali

During the last 8 years, Mali has been immersed in a profound crisis of Governance, socio-economic instability, terrorism and human rights violations. The crisis mentioned stems from several factors I will try to develop in this first part of the analysis. The crisis derives from long-standing structural conditions that Mali has experienced, such as ineffective Governments due to weak State institutions; fragile social cohesion between the different ethnic and religious groups; deep-rooted independent feelings among communities in the north due to marginalization by the central Government and a weak civil society among others. These conditions were far exacerbated by more recent instability, a spread corruption, nepotism and abuse of power by the Government, instability from neighbouring countries and a decreased effective capacity of the national army.

It all began in mid-January 2012 when a Tuareg movement called Mouvement National pour la Libération de l’Azawad (MNLA) and some Islamic armed groups such as Ansar Dine, Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) and the Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) initiated a series of attacks against Government forces in the north of the country[3]. Their primary goals for this rebel groups though different could be summarized into declaring the Northern regions of Timbuktu, Kidal and Gao (the three together called Azawad) independent from the Central Government of Mali in Bamako and re-establishing the Islamic Law in these regions. The Tuareg led rebellion was reinforced by the presence of well-equipped and experienced combatants returning from Libya´s revolution of 2011 in the wake of the fall of Gadhafi’s regime[4].

By March 2012, the Malian Institutions had been overwhelmingly defeated by the rebel groups and the MNLA seemed to almost have de facto taken control of the North of Mali. As a consequence of the ineffectiveness to handle the crisis, on 22 March a series of disaffected soldiers from the units defeated by the armed groups in the north resulted in a military coup d’état led by mid-rank Capt Aamadou Sanogo. Having overthrown President Amadou Toumane Toure, the military junta took power, suspended the Constitution and dissolved the Government institutions[5]. The coup accelerated the collapse of the State in the north, allowing MNLA to easily overrun Government forces in the regions of Kidal, Gao and Timbuktu and proclaim an independent State of Azawad on 6 April. The Military junta promised that the Malian army would defeat the rebels, but the ill-equipped and divided army was no match for the firepower of the rebels.

Immediately after the coup, the International Community condemned this act and lifted sanctions against Mali if the situation wasn't restored. The Economic Community of West African States (ECOWAS) appointed the President of Burkina Faso, Blaise Compaoré, as the mediator on the crisis and compromised the ECOWAS would help Malian Government to restore order in the Northern region if democracy was brought back[6]. On 6 April, the military junta and ECOWAS signed a framework agreement that led to the resignation of Capt Aamadou Sanogo and the appointment of the Speaker of the National Assembly, Dioncounda Traoré, as interim President of Mali on 12 April. On 17 April, Cheick Modibo Diarra was appointed interim Prime Minister and three days later, he announced the formation of a Government of national unity.

However, something happened during the rest of the year 2012 after the Malian government forces had been defeated. Those who were allies one day, became enemies of each other and former co-belligerents Ansar Dine, MOJWA, and the MNLA soon found themselves in a conflict.

Clashes began to escalate especially between the MNLA and the Islamists after a failure to reach a power-sharing treaty between the parties. As a consequence, the MNLA forces soon started to be driven out from the cities of Kidal, Timbuktu and Gao. The MNLA forces lacked as many resources as the Islamist militias and had experienced a loss of recruits who preferred the join the better paid Islamist militias. However, the MNLA stated that it continued to maintain forces and control some rural areas in the region. As of October 2012, the MNLA retained control of the city of Ménaka, with hundreds of people taking refuge in the city from the rule of the Islamists, and the city of Tinzawatene near the Algerian border. Whereas the MLNA only sought the Independence of Azawad, the Islamist militias goal was to impose the sharia law in their controlled cities, which drove opposition from the population.

Foreign intervention

Following the events of 2012, the Malian interim authorities requested United Nations assistance to build the capacities of the Malian transitional authorities regarding several key areas to the stabilization of Mali. Those areas were the reestablishment of democratic elections, political negotiations with the opposing northern militias, a security sector reform, increased governance on the entire country and humanitarian assistance.

The call for assistance came in the form of a UN deployment in mid-January 2013 authorized by Security Council resolution 2085 of 20 December 2012. This resolution gave the UN a mandate with two clear objectives: provide support to (i) the on-going political process and (ii) the security process, including support to the planning, deployment and operations of the African-led International Support Mission in Mali (AFISMA)[7].

The newly designated mission was planned to be an African led mission (Africa Union and ECOWAS) and funded through the UN trust fund and the European Union Africa Peace Facility. The mission was mandated several objectives: (i) contribute to the rebuilding of the capacity of the Malian Defence and Security Forces; (ii) support the Malian authorities in recovering the areas in the north; (iii) support the Malian authorities in maintaining security and consolidate State authority; (iv) provide protection to civilians and (iv) support the Malian authorities to create a secure environment for the civilian-led delivery of humanitarian assistance and the voluntary return of internally displaced persons and refugees.

However, the security situation in Mali further deteriorated in early January 2013, when the three main Islamist militias Ansar Dine, the Movement for Unity and Jihad in West Africa and Al-Qaida in the Islamic Maghreb, advanced southwards. After clashing with the Government forces north of the town of Konna, some 680 kilometres from Bamako, the Malian Army was forced to withdraw. This advance by the Islamist militias raised the alarms in the International arena as they were successfully taking control of key areas and strategic spots in the country and could soon advance to the capital if nothing was done.  

The capture of Konna by extremist groups made the Malian transitional authorities to consider requesting once again the assistance of foreign countries, in especial to its ancient colonizer France, who accepted launching a military operation to support the Malian Army. It is also true that France was already keen on intervening as soon as possible due the importance of Sévaré military airport, located 60 km south of Konna, for further operations in the Sahel area.

Operation Serval, as coined by France, was initiated on 11 January with a deployment of a total of 3,000 troops[8] and air support from Mirage 2000 and Rafale squadrons.    In addition, the deployment of AFISMA to support the French deployment was fostered. As a result, the French and African military operations alongside the Malian army successfully improved the security situation in northern areas of Mali. By the end of January, State control had been restored in most major northern towns, such as Diabaly, Douentza, Gao, Konna and Timbuktu. Most terrorist and associated forces withdrew northwards into the Adrar des Ifoghas mountains and much of their leaders such as Abdelhamid Abou Zeid were reported eliminated.

Despite taking control back to the government authorities and restoring the territorial integrity of the country, serious security challenges remained. Although the main cities had been taken back, terrorist attacks remained frequent, weapons proliferated in the rural and urban areas, drug smuggling was increasing and other criminal activities were also maintained active, which undermine governance and development in Mali. Therefore, the fight just transitioned from a territorial and conventional war to a guerrilla style warfare much more difficult to neutralise.

United Nations deployment

Following the gradual withdrawal of the French troops from Mali (Operation Serval evolved to Operation Barkhane in the Sahel region), AFISMA took responsibility to secure the stabilization and the implementation of a transitional roadmap which demanded more resources and engagement from more countries. As a consequence, AFISMA mission officially transitioned to be MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) by Security Council Resolution 2100 of April 25, 2013[9].

Seven years after, MINUSMA mission accounts with a deployment of 11,953 military personnel, 1,741 police personnel and 1,180 civilians (661 national - 585 international, including 155 United Nations Volunteers)[10] deployed in 4 different sectors: Sector North (Kidal, Tessalit, Aguelhoc) Sector South (Bamako) Sector East (Gao, Menaka, Ansongo) Sector West (Tombouctou, Ber, Diabaly, Douentza, Goundam, Mopti-Sevare). The $1 Billion budget mission (financed by UN regular budget on Peacekeeping operations) accounts with personnel from more than 50 different countries being Chad, Bangladesh or Burkina Faso the biggest contributors in terms of number of troops (Figure 1).

The command and control of the ground forces is headed by both commanders Lieutenant General Dennis Gyllensporre (military deployment) and MINUSMA Police Commissioner Issoufou Yacouba (police deployment). Regarding the political leadership of the mission, the Special Representative of the Secretary-general (SRSG) and Head of MINUSMA is Mr. Mahamat Saleh Annadif, an experienced diplomat on peace processes in Africa and former minister of Foreign Affairs of Chad.

Other international actors engaged

MINUSMA however is not the only international actor engaged in the security and political process of Mali. Institutions as the European Union are also in the ground helping specifically on the training of the Malian Army and helping develop their military capabilities.

The European Union Training Mission in Mali[11] (EUTM Mali) is composed of almost 600 soldiers from 25 European countries including 21 EU members and 4 non-member states (Albania, Georgia, Montenegro and Serbia). Since the beginning of the mission initially designed to end 15 months after the start in 2013 (First Mandate), there have been several extensions of the periods to end the mission by Council Decision (Second Mandate 2014-2016, Third Mandate 2016-2018) until today where we are on the Fourth Mandate (Extended until 2020 by Council Decision 2018/716/CFSP in May 2018). The strategic objectives of the 4th Mandate are:

  • 1st to contribute to the improvement of the capabilities of the Malian Armed Forces under the control of the political authorities.

  • 2nd to support G5 Sahel Joint Force, through the consolidation and improvement of the operational capabilities of its Joint Force, strengthening regional cooperation to address common security threats, especially terrorism and illegal trafficking, especially of human beings.

Regarding this last actor mentioned, the G5 Sahel Joint force (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger and Chad) is an intergovernmental cooperation framework created on 16 February 2014 and seeks to fight insecurity and support development in the Sahel Region with the train and support of the European Union and external donors.

Its first operation, launched on July 2017, consisted in a Cross-Border Joint Force settled in Bamako to fight terrorism, cross-border organized crime and human trafficking in the G5 Sahel zone in the Sahel region. The United Nations Security Council welcomed the creation of this Joint Force in Resolution 2359 of 21 June 2017, which was sponsored by France[12]. At full operational capability, the Joint Force will have 5,000 soldiers (seven battalions spread across three zones: West, Centre and East). It is active in a 50 km strip on either side of the countries’ shared borders. Later on, a counter-terrorism brigade is to be deployed to northern Mali.

Finally, as I explained before, France gradually withdrew from Mali and transformed Operation Serval to Operation Barkhane[13], a force, with approximately 4,500 soldiers, spread out between Mali, Burkina Faso, Niger, and Chad to counter the terrorist threat on these territories. With a budget of nearly €600m per year, it is France’s largest overseas operation and engages activities such as combat patrols, intelligence gathering and filling the Governance gap of the absent Government institutions.

Troop and Police contributors to MINUSMA [Source: UN] 

Retrieved from MINUSMA Fact Sheet[25]

 

Assessment on the situation of MINUSMA

Since its establishment, MINUSMA has achieved some of its objectives in its early stages. From 2013 to 2016, the situation in Northern Mali improved, the numbers of civilians killed in the conflict decreased and large numbers of displaced persons could return home. In addition, MINUSMA supported the celebration of new elections in 2013 and assisted the peace process mainly between the Tuareg rebels and the Government. The peace process culminated in the 15 May 2015 with the Agreement for Peace and Reconciliation in Mali, commonly referred as the Algiers Agreement[14][15].

The Algiers Agreement was an accord concluded between the Malian Government and two coalitions of armed groups that were fighting the government and against each other, being (i) the Coordination of Azawad Movements (CMA) and (ii) the Platform of armed groups (the Platform). Although imperfect, the peace agreement gave the basis to a continued dialogue and steps were made by the Government regarding the devolution of competences to regional institutions, laws of reconciliation and reintegration of combatants and resources devoted to infrastructure projects in the northern regions[16].

However, since 2016 the situation has deteriorated in several aspects. Violence has increased as jihadist groups have been attacking MINUSMA forces, the Forces Armées Maliennes (FAMA), and the Algiers Agreement signatories (CMA and the platform). As a consequence, MINUSMA has sustained an extraordinary number of fatalities compared to other recent UN peace operations.

Since the beginning of the Mission in 2013, 206 MINUSMA peacekeepers have died during service in Mali[17]. In the last report of Secretary General, it is noted that during the months of October, November and December 2019, there have been 68 attacks against MINUSMA troops in the regions of Mopti (46), Kidal (9), Ménaka (5), Timbuktu (4) and Gao (4) resulting in the deaths of two peacekeepers and eight contractors and in injury to five peacekeepers, one civilian and two contractors[18].

During this same period, the Malian Armed Forces have also experienced a loss of 193 soldiers and 126 injured. The deadliest attacks occurred in Boulikessi and Mondoro (Mopti Region) on 30 September; in Indelimane (Ménaka Region) on 1 November; and in Tabankort (Ménaka Region) on 18 November. MINUSMA provided support for medical evacuations for the national defence and security forces, as well as fuel and equipment to reinforce some camps.

In addition, during this last 3 months, there have been 269 incidents, in which 200 civilians were killed, 96 civilians were injured and 90 civilians were abducted. More than 85 per cent of deadly attacks against civilians took place in Mopti Region. Between 14 and 16 November, a series of attacks against Fulani villages in Ouankoro commune resulted in the killing of at least 37 persons.

As we can see from the data, Mopti region has further deteriorated regarding civilian protection and increased terrorist activity. What is more surprising is that this region in not located in the north but rather in the centre of the country. Mopti and Ségou regions in central Mali are where violence is increasingly spreading. Two closely intertwined drivers of violence can be distinguished: interethnic violence and jihadist violence against the state and its supporters.

The attacks directed primarily towards the Malian security forces and MINUSMA by jihadists have been committed by the jihadist group Katiba Macina, which is part of the GSIM (Le Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans), a merger organisation resulting from the fusion of Ansar Dine, forces from Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), Katiba Macina and Katiba Al-Mourabitoune. This organisation formed in 2017 has triggered the retreat of an already relatively absent state in the central areas. The Katiba exerts violence against representatives of the state (administrators, teachers, village chiefs, etc.) in the Mopti region, provoking that only 30 to 40 per cent of the territorial administration personnel remains present. Additionally, only 1,300 security forces are stationed across the vast region (spanning 79,000 km²). 

Between the Jihadist activities and the retaliation activities by government forces, there has been a collateral consequence as self-defence militias have proliferated. However, these militias have not only exerted self-defence but also criminal activities and competition over scarce local re­sources. To this problem we have to add the ethnic component where violence exerted by militias is associated with ethnic differences (mainly the Dogon and Fulani). Jihadists have instrumentalised this rivalry to gain sympathizers and recruits and turned the radicalisation problem and the interethnic rivalry a vicious trap. The ethnicisation of the conflict reinforces the stigmatisation of the Fulani as “terrorists”. Meanwhile, the state has tolerated and even cooperated with the Dogon militia to cope with the terrorist threat. However, this groups are supposedly responsible for human rights violations, which again fosters radicalisation among the Fulani population feeling they are left alone in this conflict. As a matter of fact, the Dogon Militia is alleged to be responsible of the 23 March assassination of 160 Fulani in the village of Ogossagou (Mopti Region)[19].

Northern Mali has not remained calmed meanwhile, the Ménaka region has also experienced a violence raise. Recent counterterrorism efforts led by ethnically based militias resulted in a counterproductive effects leading to human rights violations and atrocities between Tuareg Daoussahaq and Fulani communities.  Due to again the absence Malian security forces or MINUSMA blue helmets, civilians have had no choice but to rely on their own self-protection or on armed groups present in the area, escalating the vicious problem of violence as in the Mopti region. 

Strategic dilemmas of MINUSMA

Given this situation, several dilemmas arise in the current situation in which the mission is. The original Mandate of MINUSMA for 5 years has already expired and now the mission is in a phase of renewal year by year, which makes it a suitable time to rethink the overall path where this mission should continue.

The fist dilemma arises given the split of the violent spots between the north and the centre of the country. MINUSMA was originally set up to stabilize the conflict in the north, but MINUSMA’s 2019 Resolution 2480[20] has derived some attention and resources to the central regions and particularly on Protection of Civilians while maintaining its presence in the north too. However, the only problem is that this division on two has not come hand in hand with an increase in resources devoted to the mission, which means that attention paid to the central regions may be in spite of gains made in the north, making the MINUSMA mandate even more unrealistic.

This dilemma raises the problem of financing of the mission. As the years passes, financers of the mission (those that contribute to the General Budget on Peace Keeping Operations of UN) such as the US are getting impatient of not seeing results to a mission where $1 Billion is devoted out of the around $8 Billion of the General Budget. The problem is that for MINUSMA to accomplish its mission in Northern Mali, it has to make an enormous military and logistical effort. The ongoing violent situation calls for security precautions that tie up scarce resources which are no longer available for carrying out the mandate. To illustrate the problem, we can look at the expenditures of the mission and discover that around 80 per cent of its military resources are devoted to securing its own infrastructure and the convoys on which the mission depends to supply its bases[21].

A final dilemma is related to the development of the terrorist threat. As we have analysed in this article, today´s conflict in Mali is about terrorism and therefore requires counterterrorist strategies. However, there are people that state that MINUSMA should focus on the politics part of the conflict stressing its efforts on the peace agreement. Current counterterrorism efforts conducted by the Malian Army are highly problematic as they have fuelled local opposition due to its poor human rights commitment. It has been reported the use of ethnic proxy militias (Such as the Dogon militias in Mopti region) who are responsible for committing atrocities against the civilian population. This makes the Central Government to be an awkward and not very trustworthy partner for MINUSMA. At the same time, returning to political tasks alone may further destabilize the country and possibly the whole Sahel-West African region.

Conclusion

There is no doubt MINUSMA operates hostile environment where around half of all blue helmets killed world­wide through malign acts since 2013 have lost their lives. However, MINUSMA has been heavily criticised by public opinion in Mali and accused of passivity regarding protection of civilians whereas critics say, blue helmets have placed their own security above the rest. The has contributed to this public perception by using the mission’s problems as a scapegoat for its own failures. However, the mis­sion (with its successes and failures) brings more advantages than inconveniences to the overall process of stabilization of Mali[22].

As many diplomats in Bamako and other public officials stress, the mission and its chief, Maha­mat Saleh Annadif, play an important role as mediators both in Bamako politics and with respect to the peace agreement. We cannot discredit the mission of its contribution to Mali´s stabilisation. As a matter of fact, it is legitimate to claim that the situation would be much worse with­out MINUSMA. Yet, the mission has not stopped the spread of violence but rather slowed down the deterioration process of the situation.

While much presence is still needed in northern Mali, we should not forget that the core of the problem to Mali´s instability is partly on the political arena and therefore needs mediation. Therefore, importance of continuing political and military support to the peace process should not be underestimated.

At the same time, we have seen the situation over protection of civilians has worsened in the central regions, which requires additional resources. Enhancing MINUSMA’s outreach and representation might prevent the central regions from collapsing, though solutions need to be found to ensure stability in the long term through mediation too. Further expanding the mission in the central regions without affecting the deployment in the north and, therefore, not risking the stability of those regions, would require that MINUSMA have additional resources. This would clearly be the best option for Mali.

Resources could for instance be devoted to improve the lack of mobility in the form of helicopters and armoured carriers to make it possible for the mission to expand its scope beyond the vicinity of its bases. Staying in the bases makes MINUSMA more of a target than a security provider and only provides security to its nearby zones where the base is physically present. In addition, the most dangerous missions are carried out by African peacekeepers despite lacking adequate means whereas European countries´ peacekeepers are mostly based in MINUSMA’s headquarters in Bamako, Gao, or Timbuktu. While European peacekeepers possess more sophisticated equipment such as surveillance drones and air support, African troops do not benefit from those and have to face the most challenging geographical and security environments escorting logistical convoys[23].

Additionally, by accelerating the re-integration of former rebels to the Malian security forces, encouraging Malian police training, and demonstrating increased presence through joint patrols in most instable areas to protect civilians are key to minimize the threat of further violence. Increased state visibility as we have analysed in this essay has driven to insecurity situations. Consequently, if it can be as much of the problem, it can also be the solution to re-establish some of its legitimacy alongside with the signatories of the Peace Accord to show good faith and engagement in the peace process[24]

In the end, any contribution MINUSMA can make will depend on the willingness of Malians to strive for an effective and inclusive government on the one hand and the commitment of the International community on the other. Supporting such a long-term process cannot be done on the cheap. Therefore, countries cannot continue to request to do more with the same or even less resources.

 

NOTES

[1] United Nations Peacekeeping. (n.d.). Where we operate. [online] Available at [Accessed 21 Dec. 2019].

[2] Renwick, D. (2015). Peace Operations in Africa. [online] Council on Foreign Relations. Available at [Accessed 21 Dec. 2019].

[3] Welsh, M. Y. (2013, January 17). Making sense of Mali's armed groups. Al Jazeera. Available at [Accessed 22 Dec. 2019].

[4] Timeline on Mali. (n.d.). New York Times. Available at [Accessed 22 Dec. 2019].

[5] Oberlé, T. (2012, March 22). Mali : le président renversé par un coup d'État militaire. Le Figaró. Available at [Accessed 26 Dec. 2019].

[6] MINUSMA. (n.d.). History. [online] Available at [Accessed 26 Dec. 2019].

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[8] BBC News. (2013). France confirms Mali intervention. [online] Available at  [Accessed 24 Dec. 2019].

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[16] Nyirabikali, D. (2015). Mali Peace Accord: Actors, issues and their representation | SIPRI. Available at [Accessed 3 Jan. 2020].

[17] MINUSMA. MINUSMA Fact SheetAvailable at [Accessed 2 Jan. 2019].

[18] Digitallibrary.un.org. (n.d.). "UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali" OR MINUSMA - United Nations Digital Library System. [online] Available at [Accessed 3 Jan. 2020].

[19] McKenzie, D. (2019). Ogossagou massacre is latest sign that violence in Mali is out of control. Available at [Accessed 4 Jan. 2019].

[20] Unscr.com. (2019). Security Council Resolution 2480 - UNSCR. [online] Available at [Accessed 10 Jan. 2019].

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[22] Van der Lijn, J. (2019). The UN Peace Operation in Mali: A Troubled Yet Needed Mission - Mali. [online] ReliefWeb. Available at [Accessed 30 Dec. 2019].

[23] Lyammouri, R. (2018). After Five Years, Challenges Facing MINUSMA Persist. Available at [Accessed 6 Jan. 2020].

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Categorías Global Affairs: África Seguridad y defensa Ensayos

[Scott Martelle, William Walker's Wars. How One Man's Private Army Tried to Conquer Mexico, Nicaragua, and Honduras. Chicago Review Press. Chicago, 2019. 312 p.]

RESEÑAEmili J. Blasco

William Walker's Wars. How One Man's Private Army Tried to Conquer Mexico, Nicaragua, and HondurasLa historia de la injerencia de Estados Unidos en América Latina es larga. En pleno Destino Manifiesto de expansión hacia el Oeste de mediados de siglo XIX, para extender el país de costa a costa, también hubo intentos de ampliar la soberanía hacia el Sur. A quienes ocuparon la Casa Blanca les bastó con la mitad de México, que completaba un holgado acceso al Pacífico, pero hubo iniciativas personales de intento de compra e incluso de conquista de territorios centroamericanos.

Una de esas iniciativas fue protagonizada por William Walker, que al frente de varios cientos de filibusteros –la Falange Americana–, arrebató la presidencia de Nicaragua y soñó con un imperio esclavista que atrajera las inversiones de los sureños estadounidenses si la esclavitud se abolía en Estados Unidos. Walker, de Tennessee, intentó primero crear una república en Sonora, para integrar ese territorio mexicano en EEUU, y luego centró su interés en Nicaragua, que entonces resultaba un paso atractivo para los estadounidenses que querían cruzar el istmo centroamericano con destino a las minas de oro de California, donde él mismo había buscado fortuna. Desautorizado y detenido varias veces por las autoridades de EEUU, debido a los problemas que les ocasionaba con los gobiernos vecinos, finalmente fue expulsado de Nicaragua por las armas y murió fusilado cuando intentaba regresar asentando un pie en Honduras.

El libro de Scott Martelle es tanto un retrato del personaje –alguien sin especiales dotes de liderazgo y con una apariencia más bien delicada impropia de un jefe de mercenarios, que no obstante supo generar expectativas lucrativas entre quienes le siguieron (2.518 estadounidenses llegaron a alistarse)–, como una crónica de sus campañas militares al Sur de Estados Unidos. Igualmente describe bien el ambiente a mitad del siglo XIX en ciudades como San Francisco y Nueva Orleans, repletas de migrantes procedentes de otras partes del país y en tránsito hacia donde les llevara la fortuna.

También ofrece un detallado relato de la empresa desarrollada por el magnate Vanderbilt para establecer una ruta, inaugurada en 1851, que utilizaba el río San Juan para llegar al lago de Nicaragua y de allí salir al Pacífico, con ánimo de establecer una conexión ferroviaria y el ulterior propósito de construir en pocos años un canal. Aunque el trayecto por tierra era más largo que el que en ese momento también se trazaba en similares condiciones en el istmo de Panamá, el desplazamiento en barco desde EEUU hasta Nicaragua era más breve que el que obligaba llegar hasta Panamá. Esto último explica que durante la segunda mitad del siglo XIX el proyecto de canal de Nicaragua tuviera más adeptos en Washington que el de Panamá.

Si bien Panamá es uno de los símbolos de la injerencia de EEUU en su «patio trasero», el éxito de la obra del canal transoceánico y su devolución a los panameños desactivan en gran medida una «leyenda negra» que sigue en pie en el caso nicaragüense. Nicaragua es probablemente el país centroamericano que más ha experimentado el «imperialismo» de EEUU. El episodio de Walker (1855-1857) marca un comienzo; luego siguieron las intervenciones militares del propio Gobierno estadounidense (1912-1933), el estrecho apoyo de Washington a la dictadura de los Somoza (1937-1979) y la implicación directa en el combate contra la Revolución Sandinista (1981-1990).

Walker llegó a Nicaragua atraído por el interés estadounidense en el paso interoceánico y con la excusa de ayudar a uno de los bandos que se enfrentaban en una de las tantas guerras civiles entre conservadores y liberales que se daban en las excolonias españolas. Elevado a jefe del Ejército, en 1856 fue elegido presidente de un país en el que apenas pudo controlar el área cuyo centro era la ciudad de Granada, en la orilla norte del lago de Nicaragua.

A medida que asentó su poder se alejó de cualquier idea inicial de integración de Nicaragua en EEUU y soñó con forjar un imperio centroamericano que incluso incluyera México y Cuba. En su estrategia entró la esclavitud, que en Nicaragua se había abolido en 1838 y él la reinstauró en 1856. La imaginó como un medio de impedir que Washington renunciara a ampliar su soberanía a esos territorios, dados los equilibrios internos en EEUU entre estados esclavistas y no esclavistas, y como atracción de capital de los esclavistas sureños. Finalmente fue expulsado del país en 1857 gracias el empuje de un ejército reunido por los países vecinos. En 1860 intentó un regreso, pero fue apresado y fusilado en Trujillo (Honduras). Su aventura estuvo alimentada por la creencia en la superioridad del hombre blanco y anglosajón, que le llevó a despreciar las aspiraciones de los pueblos hispanos y a sobreestimar la capacidad bélica de sus mercenarios.

El libro de Martelle responde más a un propósito historicista que divulgativo, por lo que su lectura no es tanto para el gran público como para los interesados específicamente en el fulibusterismo de William Walker: un episodio, en cualquier caso, de conveniente conocimiento sobre el pasado centroamericano y la relación de Estados Unidos con el resto del Hemisferio Occidental.

Categorías Global Affairs: Seguridad y defensa Reseñas de libros Latinoamérica

[Maria Zuppello, Il Jihad ai Tropici. Il patto tra terrorismo islamico e crimine organizzato in America Latina. Paese Edizioni. Roma, 2019. 215 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

Il Jihad ai Tropici. Il patto tra terrorismo islamico e crimine organizzato in America LatinaNormalmente vinculamos la yihad con Oriente Medio. Si acaso, también con el Sachel africano, abriendo el mapa hacia el oeste, o con la frontera de Afganistán, Pakistán e India, abriéndolo hacia el este. Sin embargo, Latinoamérica tiene también un sitio en esa geografía. Lo tiene como lugar para la financiación de la lucha terrorista –la cocaína supone un negocio que los islamistas aprovechan, como ocurre con la heroína en el caso concreto de los talibanes– y también como espacio en el que pasar desapercibido, fuera de radar (las playas caribeñas o brasileñas son el último lugar que se imaginaría como escondite de yihadistas).

Yihad en los trópicos, de la investigadora italiana Maria Zuppello, se ocupa precisamente de ese aspecto menos conocido del yihadismo mundial: los yihadistas de la caipiriña, por decirlo de un modo gráfico, para acentuar la normalidad con la que viven esos elementos radicalizados en el contexto latinoamericano, aunque se trata de redes criminales más siniestras de lo que puede sugerir el nombre.

La investigación de Zuppello, que tiene como subtítulo “el pacto entre terrorismo islámico y crimen organizado en América Latina”, se ocupa de diversos países, aunque es en Brasil donde la autora sitúa las principales conexiones con el resto de la región y con las estructuras internacionales de distintos grupos yihadistas. En concreto, señala la vinculación entre el líder religioso Imran Hosein, que propaga doctrinas salafistas, y el atentado contra la sala de fiestas Bataclan de París, pues su predicación tuvo una especial responsabilidad en la radicalización de uno de los terroristas, Samy Amimour. Zuppello también analiza los contactos cruzados de los brasileños que fueron detenidos en 2016 en la operación Hashtag, en la recta final de la preparación de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.

El libro de Zuppello comienza con una presentación a cargo de Emanuele Ottolenghi, investigador que trabaja en la Fundación para la Defensa de las Democracias, un think tank de Washington. Ottolenghi es un experto en la presencia de Hezbolá en América Latina, sobre la que ha escrito numerosos artículos.

En esa presentación, Ottolenghi destaca la colaboración establecida entre elementos yihadistas y ciertos niveles de la izquierda latinoamericana, especialmente la bolivariana. “Los mensajes extremistas difieren poco de la retórica de la revolución antiimperialista de la izquierda radical, profundamente enraizada durante décadas en América Latina”, afirma. Esto explica “el atractivo de la revolución islámica para los descendientes de los incas en la remota comunidad andina de Abancay, a cuatro horas de viaje de Machu Picchu, y para los revolucionarios cubanos y salvadoreños (ahora dedicados a extender la palabra de Jomeini en América Central)”.

Para Ottolenghi, “el tema central de la alianza roji-verde entre bolivarianos e islamistas es la llamada resistencia frente el imperialismo estadounidense. Tras esa retórica revolucionaria, sin embargo, hay más. La creación de una alianza estratégica entre Teherán y Caracas ha abierto la puerta de Latinoamérica a los guardias revolucionarios iraníes y a Hezbolá. Venezuela se ha convertido en un centro para los agentes de Irán en la región”.

Los tráficos ilícitos generan millones de dinero negro que es lavado a través de circuitos internacionales. En ese proceso tienen importancia “las comunidades de la diáspora libanesa”, en áreas como La Guaira (entre Venezuela y Colombia), la isla Margarita (Venezuela), la zona franca de Colón (Panamá) y la Triple Frontera (entre Brasil, Paraguay y Argentina)

Precisamente esa Triple Frontera ha sido el lugar habitual al que referirse a la hora de hablar de Hezbolá en Latinoamérica. Los atentados ocurridos en Buenos Aires en 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la AMIA, respectivamente, tuvieron allí su origen operativo y desde entonces se ha documentado con frecuencia la vinculación financiera de ese rincón geográfico con el grupo extremista chií. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder se produjo una convergencia entre Venezuela e Irán que amparó la obtención de pasaportes venezolanos por parte de radicales islamistas, los cuales también fueron haciéndose con parte del negocio del narcotráfico a medida que el propio Chávez metía al estado venezolano en el negocio de la cocaína.

La convergencia de intereses entre las redes de crimen organizado en la región y los elementos yihadistas lleva a plantearnos, según Zuppello, si “Latinoamérica acabará siendo el nuevo cajero automático para la financiación de la yihad global”, o incluso “en algo más: un escondite de combatientes extranjeros en fuga o una nueva plataforma para ataques, o ambos”.

Uno de los aspectos concretos a los que se refiere Zuppello es el sector del halal y sus certificaciones, que está creciendo exponencialmente, lo que ha provocado la preocupación de las autoridades de la lucha antiterrorista en diversos países, que acusan a ese sector de ocultar la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. El comercio de carne halal ha dado cobertura a docenas de inspectores de carne iraníes, que se han asentado de manera permanente en la región.

Investigaciones como la realizada en Yihad en los trópicos han llevado a que 2019 por primera vez diversos países latinoamericanos aceptaran reconocer a Hezbolá como grupo terrorista.

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La Alianza mantiene su acento sobre Rusia, pero por primera vez expresa su preocupación por actuaciones de Pekín

La OTAN había comenzado 2020 con el ánimo de dejar atrás los problemas internos de su particular annus horribilis –un 2019 en el que la organización había alcanzado la “muerte cerebral”, según el presidente francés, Emmanuel Macron–, pero la ausencia de normalidad mundial por crisis del coronavirus está dificultando poner plenamente en práctica lo acordado en la Cumbre de Londres, celebrada el pasado mes de diciembre para conmemorar el 70 aniversario de la creación de la Alianza. Precisamente, la Declaración de Londres expresó preocupación por actuaciones de China en asuntos como el 5G.

Países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN]

▲ Países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN]

ARTÍCULOJairo Císcar

Las Cumbres de la OTAN reúnen los Jefes de Estado y/o de Gobierno de los países miembros y sirven para tomar decisiones estratégicas del más alto nivel, tales como la puesta en práctica de nuevas políticas (como, por ejemplo, el Nuevo Concepto Estratégico en la Cumbre de Lisboa 2010), la introducción de nuevos miembros en la Alianza (Cumbre de Estambul 2004, con siete nuevos miembros), o el anuncio de grandes iniciativas, como se hizo en la Cumbre de Newport 2014, donde se anunció el core coalition de lo que después sería la Coalición Internacional contra el Estado Islámico.

La Cumbre de Londres tuvo lugar el 3 y 4 de diciembre para celebrar el 70 aniversario de la creación de la Alianza, que tuvo su primera sede en la capital británica. En las reuniones de trabajo, a las que asistieron los 29 estados miembros, la atención se puso sobre tres asuntos principales: (a) la permanente tensión-distensión entre Washington y París; (b) la cuestión económica, tanto por la guerra comercial entre la industria de Defensa europea y estadounidense como en la inversión en Defensa de los países miembros; y (c) la gestión de una Turquía cada vez más díscola.

a) En cuanto a la disputa Washington-París, se asistió a un nuevo capítulo de las dos formas de entender la Alianza Atlántica por parte de dos de los países más comprometidos con ella. Mientras que EEUU sigue insistiendo en la importancia de focalizar los esfuerzos de la Alianza en un eje Oriental (frente a Rusia y al yihadismo de Oriente Medio), Francia aspira a que el eje estratégico de la OTAN se centre en el Sur, en el Sahel africano. Esta es una visión que comparte y apoya España, que participa en varias misiones en suelo africano como la EUTM-Malí o el Destacamento Marfil en Senegal (que proporciona transporte estratégico en la zona a los países participantes en AFISMA y especialmente a Francia). Para el Sur de Europa, la mayor amenaza es la yihadista, y tiene su centro de gravedad en África. Así lo hizo saber Macron.

b) La cuestión económica sigue siendo fundamental, y así fue tratada en la Cumbre. Desde la Cumbre de Newport 2014, en la cual los 29 miembros acordaron dirigir sus esfuerzos a aumentar el gasto en Defensa para llegar al menos al 2% del PIB, solo nueve han logrado el objetivo (España se encuentra a la cola, superando con un irrisorio 0,92% solo a Luxemburgo). Estados Unidos, a la cabeza de la inversión en Defensa dentro de la OTAN, aporta el 22% de todo el presupuesto. La Administración Trump no solo quiere este aumento para que la Alianza disponga de ejércitos más grandes, preparados y modernizados, sino que enmarca el incremento en una ambiciosa estrategia comercial, con el F-35 “Lightning” como principal producto. Como ejemplo, Polonia: tras llegar al 2% requerido, este país anunció la compra de 35 F-35 y su soporte de software y técnico por $6.500 millones. Así, EEUU pudo hacer frente a las pérdidas causadas por la ruptura del acuerdo con Turquía tras adquirir los otomanos el sistema S-400 ruso. Polonia se une con esta adquisición al club de otros siete miembros OTAN con este avión, haciendo frente a la ofensiva comercial del bloque productor europeo para seguir vendiendo paquetes de “Eurofighter” y, especialmente, el reciente Future Combat Air System (liderado por Airbus y Dassault), del que España forma parte. Europa quiere crear una fuerte comunidad de Industria de Defensa por razones de autosuficiencia y para competir en los mercados frente a la industria estadounidense, por lo que nos encontramos ante una “mini” guerra comercial entre países aliados.

c) Respecto a Turquía, el miembro más incómodo de la OTAN, hubo una clara sensación negativa. Se trata de un aliado poco fiable, que está atacando a otros aliados en la Operación “Inherent Resolve” como las milicias kurdas, consideradas terroristas por el gobierno de Ankara. Planeaba sobre los líderes presentes en Londres el temor de una posible invocación del Artículo 5 del Tratado de Washington por parte de Turquía llamando a un enfrentamiento activo en Siria. La OTAN no tiene mucha opción, pues si no aguanta a Erdogan le estaría empujando del todo a la órbita rusa.

Declaración de Londres

El comunicado final de la cumbre evidenció un cambio del foco en el seno de la Alianza: hasta ahora, Rusia era la mayor preocupación y, si bien sigue siendo prioritaria, China está tomando su lugar. La Declaración puede dividirse en tres bloques.

1) El primer bloque funciona como parche de emergencia, con ánimo de contentar a las voces más discordantes y crear una fotografía de aparente unión sin fisuras. En su primer punto, los estados miembros reafirman el compromiso de todos los países con los valores comunes que comparten, citando la democracia, la libertad individual, los derechos humanos y el estado de derecho. Como un gesto hacia Turquía, se menciona el Artículo 5 como la piedra angular del Tratado del Atlántico Norte. Está claro que, al menos a corto-medio plazo, los países occidentales quieren conservar a Turquía como socio, estando dispuestos a ceder en pequeños gestos.

Más adelante, la Alianza insiste en la necesidad de “continuar reforzando las capacidades, tanto de los estados miembros como colectivas, para resistir toda forma de ataque”. Con respecto al objetivo del 2%, primordial para EEUU y los Estados que más gastan, se afirma que se están haciendo buenos progresos, pero que se “debe hacer y se hará más”.

2) El siguiente bloque entra en materia puramente estratégica y menos política. La Alianza hace notar que el actual sistema internacional está siendo atacado por actores estatales y no estatales. Resalta la amenaza que supone Rusia para la región Euroasiática e introduce la inmigración irregular como fuente de inestabilidad.

Con respecto a esta estabilización, las principales líneas maestras de la Alianza serán las de asegurar la presencia en Afganistán a largo plazo, la de una mayor colaboración con la ONU, así como la de la colaboración directa OTAN-UE. La Alianza quiere aumentar su presencia a nivel mundial, así como su trabajo a todos los niveles. Muestra de ello es la próxima incorporación de Macedonia del Norte como 30º miembro de la Alianza, lanzando un claro mensaje a Rusia de que no hay sitio en Europa para sus influencias.

De manera clara, para la OTAN nos encontramos en conflictos de 4ª generación, con el uso de guerra cibernética e híbrida. Se menciona el compromiso por tener una seguridad 360º dentro de la Alianza. Esta es consciente de la realidad cambiante del campo de batalla y del plano internacional, y muestra su compromiso para adaptar y actualizar sus capacidades.

3) Como tercer bloque, por primera vez se menciona a China directamente como un asunto que requiere decisiones conjuntas. El liderazgo que está asumiendo China en el campo de las comunicaciones e internet, especialmente con la tecnología del 5G, preocupa profundamente en el seno atlantista. En un entorno de operaciones donde la ciberguerra y la guerra híbrida van a cambiar la manera de hacer frente a un conflicto, se quiere asegurar la resiliencia de unas sociedades completamente dependientes de la tecnología, especialmente protegiendo las infraestructuras críticas (edificios de gobierno, hospitales…) y la seguridad energética. En Londres se proclamó, además, la importancia de desarrollar sistemas propios para no depender de los proveídos por países que los puedan utilizar contra los consumidores, así como la necesidad de aumentar las capacidades ofensivas y defensivas en el entorno cíber. Se reconoce que la creciente influencia china en el ámbito internacional presenta tanto oportunidades como riesgos, y que es un asunto que debe ser objeto de un seguimiento cercano y permanente.

El Documento finaliza con una declaración de intenciones: “En tiempo de retos, somos más fuertes como Alianza y nuestra población está más segura. Nuestra unión y compromiso mutuo ha garantizado nuestras libertades, valores y seguridad a lo largo de 70 años. Actuamos hoy para asegurar que la OTAN garantiza estas libertades, valores y seguridad para las generaciones venideras”

Si bien ha sido una cumbre agridulce, con múltiples desencuentros y comentarios desafortunados, la realidad es que, fuera de la política, la Alianza está preparada. Es consciente de las amenazas a las que se enfrenta, tanto internas como externas. Conoce la realidad del mundo actual y quiere actuar en consecuencia, con un grado de implicación mayor y más duradero. A pesar de que las palabras muchas veces se han quedado en el papel, esta Declaración y esta Cumbre muestran a una Alianza que, con sus particularidades, está preparada para afrontar los retos del siglo XXI; sus viejos fantasmas como Rusia, y sus nuevas amenazas como China.

Categorías Global Affairs: Seguridad y defensa Artículos Global

[Edgar A. Porter & Ran Yin Porter, Japanese Reflections on World War II and the American Occupation. Amsterdam University Press. Amsterdam, 2017. 256 p.]

REVIEWRut Natalie Noboa Garcia

Japanese Reflections on World War II and the American OccupationWorld War II has provided much inspiration for an entire genre of literature. However, few works fail to capture Asian perspectives on the beginning, development, end, and consequences of World War II. Additionally, the attitude and outlooks of defeated parties are often left out of popularized discussions of conflicts. Because of these two factors, Japanese perspectives during the war and occupation have often served as only minor discussions in World War II literary work.

This sets the stage for Edgar A. Porter and Rin Ying Porter’s Japanese Reflections on World War II and the American Occupation, which presents the experiences of ordinary Japanese citizens during the period. The book specifically focuses on the rural Oita prefecture, located on the eastern coast of the island of Kyushu, a crucial yet critically unacknowledged place in Japan’s role in World War II. Hosting the Imperial Japanese Navy base that served as the headquarters for the Pearl Harbor attack, being the hometown of the two Japanese representatives that signed the terms of surrender at the USS Battleship Missouri, serving as the place for the final kamikaze attack against the United States, and providing much of Japan’s foot soldiers for the conflict, Oita is ripe with unchronicled, raw, and diverse accounts of the Japanese experience. 

The collective stories of the 43 interviewees, who lived through the war and occupation present the varied perspectives of soldiers, sailors, and pilots, who are often at the center of war discussions and experiences, but also that of students, teachers, nurses, factory workers and more, providing a multidimensional portrayal of the period.

The book begins with the early militarization of the Oita prefecture, specifically in Saiki, the location for one of the most crucial bases for the Japanese Imperial Navy. This first chapter features the perspectives of young Saiki citizens raised during the period who still see the Pearl Harbor attack with a conflicted yet enduring pride, setting the stage for following interesting discussions on Japanese post-war sentiment. 

Another important aspect addressed by the Porters in this work is the mass censorship and indoctrination that took place in Japan during the war period. During this time, media censorship and military-based education helped to obscure the actual happenings of the conflict, particularly in its earlier years, as well as rallying the population in support for the Japanese navy. As well as presenting censored portrayals of the war itself, local Oita editorials both highlighted and encouraged public support for the war and the glorification of death and martyrdom. This indoctrination is also acknowledged by the Porters in relation to traditional Japanese Shinto beliefs on the emperor, specifically his divine origins. Japan's media portrayals of the conflict concerning to the state and emperor as well as its moral education curriculum feed into each other, applying moral pressure to the support of war efforts. 

Japanese Reflections on World War II and the American Occupation also provides particularly interesting insights on East Asian regionalism, particularly from the perspective of Imperial Japan, which viewed itself as an “older brother leading the newly emerging members of the Asian family towards development” and promoted the idea that the Japanese were racially superior to other Asian ethnic groups. The first-hand accounts of many of the atrocities committed by Japanese in cities such as Nanjing and Shanghai as well as their glorification by the Japanese press add to the book’s depth and relevance.

As the war approached an end, conflict reached Oita. The targeting of civilians and the bombing of factories during American air raids lowered Oita morale. Continued air raids on Oita City, the prefecture’s capital city, rapidly fueled the region’s fear and resentment towards American soldiers. 

In conclusion, Japanese Reflections on World War II and the American Occupation manages to present important first-hand accounts of Japanese life during one of the most consequential moments in modern history. The impact of these events on current Japan is particularly interesting when it comes to Japanese culture, especially when it comes to the glorification of war in Japanese education as well as the rising tide of Japanese nationalism. 

Categorías Global Affairs: Seguridad y defensa Asia Reseñas de libros

[Myra MacDonald, Defeat is an Orphan. How Pakistan Lost the Great South Asia War. Penguin. London, 2016. 313 p.]

RESEÑARamón Barba

Defeat is an Orphan. How Pakistan Lost the Great South Asia WarPodría pensarse que el libro de Myra McDonald más bien confunde al lector, por cuanto el título habla de una Gran Guerra en el subcontinente indio de la que como tal no existe constancia. En realidad, la obra ayuda a entender –especialmente al lector occidental, más alejado del marco cultural e histórico de esa parte del mundo– la complejidad de las relaciones entre India y Pakistán. Corresponsal de Reuters durante más de treinta años, con larga experiencia en la región, McDonald sabe sumar datos concretos, sin quedarse en la anécdota, e ir rápidamente a la fuerza de fondo que hay detrás de ellos.

Su tesis es que desde que nacieron los dos Estados con la partición de la Joya de la Corona, al deshacerse el Imperio Británico, paquistaníes e indios han protagonizado una larga confrontación, que incluso ha tenido sus momentos de fuego real. Ha sido una prolongada y enconada enemistad entre los dos países, con sus esporádicas batallas: una Gran Guerra, según la autora, que finalmente Pakistán ha perdido.

Por lo general, mientras que India ha buscado su afirmación nacional en el ejercicio de la democracia, Pakistán ha basado su idiosincrasia nacional en el Islam y en el conflicto con India, el cual tiene en la disputa por el control de Cachemira su manifestación más sangrienta. Esa fijación con India, de acuerdo con McDonald, ha llevado a Islamabad a valerse del apoyo a grupos yihadistas para crear inestabilidad al otro lado de la línea de partición, hundiéndose el propio Pakistán en un abismo del que por ahora no ha conseguido salir. McDonald sigue una argumentación generalmente objetiva, pero el libro parece estar escrito desde India, sin apenas simpatía por los paquistaníes.

El relato arranca con el episodio del secuestro del avión de Indian Airlines que tuvo lugar entre Nochebuena y Nochevieja de 1999 por parte de cinco guerrilleros cachemires, con 155 personas a bordo, y que supuso un serio conflicto entre Islamabad y Nueva Delhi, al interpretar el Gobierno indio que la operación había contado con cierto respaldo del país vecino. El episodio sirve para describir los dramáticos estándares de la pugna estratégica entre los dos países, que el año anterior culminaron su desarrollo de la bomba atómica.

El libro presta especial atención a esa carrera por lograr el arma nuclear –los indios porque los chinos la tenían, los paquistaníes porque veían que los indios la estaban alcanzando– y que venía a plantear una duda clave de la proliferación nuclear: ¿cabe el uso de las armas a menor escala entre dos países mortalmente enemigos cuando ambos disponen de la bomba atómica? Se ha visto que sí, y no solo eso, argumenta McDonald: la falta de miedo de Pakistán a un ataque indio nuclear, dado que este se ve disuadido por el propio arsenal paquistaní, habría hecho que Islamabad se viera más confiada a la hora de alentar ataques terroristas contra India.

A principios de la década de 1960 la situación en India era un tanto delicada: en 1964 China había detonado la bomba atómica, lo cual aunado a la presión paquistaní en Cachemira ponía a la mayor democracia del mundo en una complicada coyuntura. Ello dio lugar al lanzamiento por parte de India del Smiling Buddha en 1974 (como bomba sin carga) y al inicio de una estrecha competición con Pakistán por entrar en el reducido club nuclear, como consecuencia de la lógica dialéctica que entonces regía su relación. Aunque se creía que la bomba podía estar en el haber de una de las partes, no fue hasta las tardías detonaciones de 1998 que ello quedó patente.

La autora considera que los dos países llegaron ese año en un nivel muy parejo: India, más grande, tenía que solventar pequeñas crisis internas para poder avanzar, mientras que Pakistán gozaba de cierta estabilidad. No obstante, la consecución de la bomba atómica hizo que Pakistán, tras una mala lectura de la realidad, no supiese aprovechar sus oportunidades en la etapa de la globalización que entonces se abría, y se quedase estancado en una lógica belicista, mientras India daba el estirón que le ha hecho ganar un indudable peso como potencia mundial. Esa es la “derrota” paquistaní de la que habla el título de la obra.

Además de esa atención a las décadas más recientes, el texto también se retrotrae a 1947, cuando nacieron ambos estados independientes, para explicar muchas de las dinámicas de la subsiguiente relación entre ambos. Asimismo se abordan las relaciones con China, aliada de Pakistán, y con Estados Unidos, que tuvo más cercanía de intereses con Pakistán y ahora es más próximo a India.

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In its ten operational years the “Dome” has shown effectiveness, but a comprehensive political regional solution is needed

In 2011 Israel deployed its “Iron Dome” mobile defense system in response to the rocket attacks it suffered the previous years from Lebanon (Hezbollah) and Gaza (Hamas). The Israel Defense Force claims that the system has shown an 85% – 90% success rate. However, it offers mixed results when other considerations are taken into account. Its temporary mitigation of the menaces of the rocket attacks could distract Israelis in seeking out a comprehensive political regional solution; possibly a solution that could make systems like the “Iron Dome” unnecessary. 

How “Iron Dome” works; explanation on an image produced by Rafael Advanced Defense Systems

▲ How “Iron Dome” works; explanation on an image produced by Rafael Advanced Defense Systems

ARTICLEAnn M. Callahan

The “Iron Dome” is a mobile defense system developed by Rafael Advanced Defense Systems and Israel Aerospace Industries developed, produced and fielded in 2011 to respond to the security threat posed by the bombings of rockets and projectiles shot into Israel, many of which landed in heavily populated areas.

Bombings into Israel intensified during the 2006 Second Lebanon War when Hezbollah​ fired approximately 4,000 rockets from bases in the south of Lebanon. From Gaza to the South, an estimated 8,000 projectiles were launched between 2000 and 2008, mostly by Hamas​​. To counter these threats, the Defense Ministry, in February 2007, decided on the development of the “Dome” to function as a mobile air defense system for Israel. After its period of development and testing, the system was declared operational and fielded in March 2011.

The system is the pivotal lower tier of a triad of systems in Israel’s air defense system.

The “David’s Sling” system covers the middle layer, while the “Arrow” missile system protects Israel from long-range projectiles.

The Iron Dome functions by detecting, analyzing and intercepting varieties of targets such as mortars, rockets, and artillery. It has all-weather capabilities and is able to function night or day and in all conditions, including fog, rain, dust storms and low clouds. It is able to launch a variety of interceptor missiles. 

Israel is protected by 10 “Iron Dome” batteries, functioning to protect the country’s infrastructure and citizens. Each battery is able to defend up to 60 square miles. They are strategically placed around Israel’s cities in order to intercept projectiles headed towards these populated areas. Implementing artificial intelligence technology, the “Dome” system is able to discriminate whether the incoming threats will land in a populated or in an uninhabited area, ignoring them in the latter case, consequently reducing the cost of operation and keeping unnecessary defensive launches to a minimum. However, if the “Dome” determines that the rocket is projected to land in an inhabited area, the interceptor is fired towards the rocket.

A radar steers the missile until the target is acquired with an infrared sensor. The interceptor must be quickly maneuverable because it must intercept rudimentary rockets that are little more than a pipe with fins welded onto it, which makes them liable to follow unpredictable courses. It can be assumed that the launchers of the rockets know as little as the Israelis as to where the rockets would end up landing.

Effectiveness

The IDF (Israel Defense Force) claims an 85% - 90% success rate for the “Iron Dome” in intercepting incoming projectiles. Operational in March 2011, to date the “Iron Dome” has successfully destroyed approximately 1,500 rockets. The destruction of these incoming rockets has saved Israeli lives offering physical protection and shielding property and other assets. In addition, for the Israelis it serves as a psychological safeguard and comfort for the Israeli people. 

Regarding the “Dome” as an asset for Israel’s National Security Strategy, while standing as an undeniable asset, has had mixed results regarding its four major pillars of Deterrence, Early, Active Defense and Decisive Victory as well as some unintended challenges. 

For instance, regarding the perspective of its psychological protection for the Israeli people, it is thought to also effect Israeli public in a negative manner. Regardless of the fact that it currently offers effective protection to the existing threats it could, in fact, help cause a long-term security issue for Israel. Its temporary mitigation of the menaces of the rocket attacks could distract Israelis in seeking out a comprehensive political regional solution; possibly a solution that could make systems like the “Iron Dome” unnecessary. 

In addition, while the “Dome” suffices for now, it cannot be expected to continue this way forever. Despite the system’s effectiveness, it is just a matter of time before the militants develop tactics or acquire the technology to overcome it. The time needed in order to accomplish this can be predicted to be significantly reduced taking into account the strong support from the militant’s allies and the considerable funding they receive.  

Still a comprehensive diplomatic solution is needed

Today, the world’s militaries of both state and non-state actors are engaged in a technological arms race. As is clearly known, Israel’s technological dominance is indisputable. Nevertheless, it, by no means, stands as a guarantee as destructive technology becomes more accessible and less expensive. As new technologies become more available they are subject to replication, imitation and increased affordability. As technologies develop and are implemented in operations, counter techniques can shift and new tactics can be developed, which is what the militias are only bound to do. Moreover, with the heavy funding available to the militias from their wealthy allies, acquiring more advanced technologies becomes more probable. This is a significant disadvantage for Israel. In order to preserve their upper hand, constant innovation and adaptation is a necessity. 

The confusion between the short-term military advantage the technology of the “Dome” offers and the long-term necessity for a comprehensive and original political, diplomatic solution is seen as a risk for Israel. Indeed, Amir Peretz, a minister in Israel’s cabinet, told the Washington​ Post in 2014 that the “Iron Dome” stands as nothing more than a “stopgap measure” and that “in the end, the only thing that will bring true quite is a diplomatic solution.”

Despite these drawbacks, however, in all the positive aspects that the system offers clearly outweighs the negative. The “Iron Dome” stands undeniably as a critical and outstanding military asset to Israel's National Security, even while Israel works to address and mitigate some of the unforeseen challenges related to the system.

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Qasem Soleimani recibe una condecoración de manos del Líder Supremo iraní, Ali Khamenei, a comienzos de 2019 [Oficina de Khamenei]

▲ Qasem Soleimani recibe una condecoración de manos del Líder Supremo iraní, Ali Khamenei, a comienzos de 2019 [Oficina de Khamenei]

COMENTARIO*Salvador Sánchez Tapia

La muerte en Irak del general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza iraní Quds, a manos de un dron norteamericano es un eslabón más en el proceso de creciente deterioro de las, ya de por sí malas, relaciones entre Estados Unidos e Irán, cuyo último capítulo se vive desde 2018, año en que el presidente Trump decide romper el denominado “acuerdo nuclear” (JCPOA) suscrito con Irán en 2015 por la administración Obama y los demás miembros del G 5+1.

El ataque sobre Soleimani, ejecutado como represalia por la muerte de un contratista norteamericano en un ataque lanzado, al parecer, por la milicia irakí chiíta Kataib Hezbollah sobre la base K1 de los Estados Unidos en Kirkuk el pasado 27 de diciembre, ha supuesto un cambio cualitativo en el tipo de respuesta que Estados Unidos acostumbran a dar a incidentes de este tipo pues, por primera vez, el objetivo ha sido un alto responsable militar de la República Islámica de Irán.

Inmediatamente después del asesinato, durante las exequias por el general fallecido, Ali Khamenei, líder supremo de Irán, anunció en términos un tanto apocalípticos que el ataque no quedaría sin respuesta, y que esta vendría directamente de manos iraníes, no a través de proxies. Ésta llegó, en efecto, la noche del pasado 8 de enero en forma de un ataque masivo con misiles sobre dos bases militares estadounidenses situadas al oeste de Irak y en el Kurdistán iraquí. Contradiciendo declaraciones iraníes que hablaban de que los bombardeos habrían producido unos ochenta muertos norteamericanos, la administración estadounidense se apresuró a asegurar que no se había registrado ninguna baja por los ataques.

Tras este nuevo ataque, el mundo contuvo la respiración esperando una escalada por parte de Washington. Sin embargo, las declaraciones del presidente Trump del propio 8 de enero parecieron rebajar la tensión con el argumento de que la ausencia de bajas norteamericanas era indicativa de un intento iraní de desescalar. Estados Unidos no responderá militarmente, aunque anunció la intención de endurecer el régimen de sanciones económicas hasta que el país cambie de actitud. Con ello, el riesgo de una guerra abierta en la región parece conjurado, al menos momentáneamente.

¿Nos afecta la tensión entre Estados Unidos e Irán?

Evidentemente, sí, y de varias formas. En primer lugar, no podemos obviar que varios países de Europa, entre los que se encuentra España, mantienen importantes contingentes militares desplegados en la región, operando en los marcos de la OTAN, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea en misiones como “Inherent Resolve” en Irak, “Resolute Support” en Afganistán, UNIFIL en Líbano, “Active Fence” en Turquía, o “Atalanta” en la zona del Cuerno de África.

En los casos de Irak y Afganistán en particular, las tropas españolas desplegadas en las misiones antes mencionadas trabajan en estrecha colaboración con otros aliados de la OTAN, entre los que se encuentra Estados Unidos. Aunque en principio los soldados españoles –o, para el caso, los de las otras naciones OTAN– no están en el punto de mira de las respuestas iraníes, dirigidas específicamente contra Norteamérica y sus intereses, no cabe duda de que cualquier ataque de Irán sobre unidades estadounidenses podría afectar de forma colateral a los contingentes de otras naciones operando con ellas, aunque sólo sea por una cuestión de mera proximidad geográfica.

Menos probable es que Irán intentara una respuesta contra algún contingente no norteamericano a través de alguno de sus proxies en la región. Este sería el caso, por ejemplo, de Hezbollá en Líbano, país en el que España mantiene un importante contingente cuya seguridad podría verse afectada si este grupo, bien por iniciativa propia, o a instancias de Irán, intentara atacar a alguna unidad o instalación de UNIFIL. Esta opción, como decimos, es considerada como poco probable por el impacto negativo que tendría sobre la comunidad internacional en general, y por la proximidad a Israel del despliegue de UNIFIL.

La escalada ha producido un incremento del nivel de alerta y un refuerzo de las tropas que Estados Unidos mantiene en la región. Si el incremento de la tensión continuara, no sería descartable que Washington llegara a articular algún tipo de respuesta militar directa sobre Irán para la que podría apelar al apoyo de sus socios y aliados, sea con tropas o con recursos. Es difícil determinar en qué momento y condiciones se podría producir tal solicitud, con qué objeto y, muy importante, qué respuesta daría Europa a la misma, teniendo en cuenta la preocupación con que el Viejo Continente observa una escalada en la que no está interesada, y el estado de relativa frialdad que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y Europa.

Como consecuencia del asesinato, Irán ha hecho pública su intención de desvincularse totalmente de las cláusulas del acuerdo nuclear que aún observaba. En otras palabras, manifiesta sentirse libre para continuar con su programa nuclear. Indudablemente, este último clavo en el ataúd del JCPOA puede desembocar en una abierta carrera nuclear en la región con consecuencias negativas para la seguridad regional, pero también para la europea. El aumento del número de potencias nucleares es, por sí mismo y desde nuestro punto de vista, una mala noticia.

Por último, y como efecto secundario de la escalada, el precio del barril de petróleo comienza a mostrar una inquietante tendencia alcista. Si no hay medidas correctoras por la vía del incremento de producción de otros países, la tendencia podría mantenerse. No es necesario abundar en lo que el aumento del precio del petróleo significa para la economía europea y, desde luego, para la nacional.

Rusia y China en la crisis

Rusia está haciendo esfuerzos para reemplazar a Estados Unidos como la principal potencia en la región y para presentar a Norteamérica como un socio poco fiable, que abandona a sus aliados en dificultades. La escalada de la crisis puede tener un impacto negativo en ese esfuerzo, retardándolo o, en el peor de los casos, terminando con él si, finalmente, Estados Unidos llegara a revertir su política de paulatino abandono de Oriente Medio por mor de un aumento de la tensión con Irán. La retórica rusa será contraria a Washington. A la postre, sin embargo, no hará nada para que la tensión entre Estados Unidos e Irán aumente y sí, probablemente, para que se mantenga dentro de un nivel tolerable o disminuya.

Rusia no es tanto un aliado incondicional de Irán, como uno de conveniencia. Irán es un competidor de Rusia por influencia en la región –en particular, en Siria–, y puede intentar influir negativamente sobre el islamismo de la Federación Rusa. Por otro lado, Rusia no está entusiasmada con la idea de que Irán se dote de armas nucleares.

La postura de China está condicionada por su gran dependencia del flujo estable de petróleo de Oriente Medio. Por este motivo, no tiene ningún interés en la inestabilidad que acarrea este incremento de la tensión. Previsiblemente actuará como un elemento moderador, tratando de utilizar la crisis como una oportunidad para incrementar su influencia en la región. China no está interesada per se en convertirse en árbitro de la seguridad en la región, pero sí está interesada en una región estable, amigable para el comercio.

El proyecto “One Belt, One Road” es otra de las razones por las que China tratará de mantener la crisis dentro de unos límites asumibles. Oriente Medio es un elemento clave en el proyecto chino de recreación de una suerte de nueva Ruta de la Seda. Una guerra abierta entre USA e Irán podría afectar negativamente a este proyecto.

En resumen, ni Rusia ni China están interesados en una escalada entre Estados Unidos e Irán que pueda desembocar en una guerra abierta entre ambas naciones que ponga en peligro el suministro de petróleo, en el caso de China, y el asentamiento como principal potencia internacional en la región, en el caso de Rusia. Ambos tratarán de atemperar la respuesta iraní, incluso si, a nivel de declaraciones, se manifiestan en contra del asesinato de Soleimani.

 

* Este texto alarga un comentario previo realizado por el autor a El Confidencial Digital.

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