ENSAYO / Jairo Císcar Ruiz [Versión en inglés]

En los últimos meses las abiertas hostilidades comerciales entre los Estados Unidos de América y la República Popular China han copado las principales cabeceras generalistas y publicaciones económicas especializadas del mundo entero. La denominada “guerra comercial” entre estas dos superpotencias no es sino la sucesiva escalada de imposición de aranceles y gravámenes especiales a productos y manufactura originales de los países enfrentados. Esto, en cifras económicas, supone que EEUU impuso en 2018 aranceles especiales sobre US$250.000 millones de productos chinos importados (de un total de US$539.000 millones), mientras que China por su parte impuso aranceles sobre 110 de los US$120.000 millones de productos de importación norteamericana [1]. Estos aranceles supusieron para el consumidor y empresas americanas un aumento de US$3.000 millones en impuestos adicionales. Este análisis quiere, por tanto, explicar y mostrar la posición y futuro de la Unión Europea en esta guerra comercial de una manera general.

Mediante este pequeño recordatorio de cifras, se ilustra la magnitud del desafío para la economía mundial que supone este choque entre las dos locomotoras económicas del mundo. No es China quién está pagando los aranceles, como dijo literalmente Trump el 9 de mayo durante un encuentro con periodistas [2], sino que la realidad es mucho más compleja, y, evidentemente, como en el caso de la inclusión de Huawei en la blacklist comercial (y por tanto la prohibición de adquirir cualquier elemento en suelo norteamericano, ya sea hardware o software, sin un acuerdo previo con la Administración), que puede afectar a más de 1.200 empresas norteamericanas y centenares de millones de clientes a nivel global según la BBC [3], la guerra económica pronto puede empezar a suponer un gran lastre para la economía a nivel global. El día 2 de junio Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos vaticinó que de seguir el enfrentamiento tanto China como EEUU podrían llegar a perder entre 5 y 6 décimas del PIB, subrayando de manera especial que "el proteccionismo es la principal amenaza para el crecimiento mundial” [4].

Como se infiere por las palabras de Moscovici, la guerra comercial no preocupa solamente a los países directamente implicados en ella, sino que es seguida muy de cerca por otros actores de la política internacional, especialmente la Unión Europea.
La Unión Europea es el mayor Mercado Único en el mundo, siendo esta una de las premisas y pilares fundamentales de la propia existencia de la UE. Pero no ya está centrada en el comercio interno, sino que es una de las mayores potencias comerciales de exportación e importación, siendo una de las principales voces que abogan por sanas relaciones comerciales que sean de mutuo beneficio para los diferentes actores económicos a nivel global y regional. Esta apertura a los negocios hace que el 30% del PIB de la UE provenga del comercio exterior y le convierte en el principal actor a la hora de hacer negocios de importación y exportación. Por ilustrar brevemente, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea [5] en el último año (mayo 2018-abril 2019), la UE realizó importaciones por valor de €2.022.000 millones (un crecimiento del 7%) y exportó un 4% más, con un total de €1.987.000 millones. La balanza comercial queda, por tanto, en un saldo negativo de €35.000 millones, lo cual, debido al gran volumen de importaciones y exportaciones y el PIB nominal de la UE (tomando como dato 18'8 billones de euros) supone tan sólo el 0,18% del PIB total de la UE. EEUU fue el principal lugar de exportación desde la UE, mientras que China fue el primer lugar de importación. Estos datos son reveladores e interesantes: parte importante de la economía de la UE depende del negocio con estos dos países y una mala marcha de su economía podría lastrar la propia de los países miembros de la UE.

Otro dato que ilustra la importancia de la UE en materia comercial es el de Inversión Extranjera Directa (IED). En el 2018, el 52% de la IED mundial provino de países dentro de la Unión Europea y esta recibió un 38,5% de la inversión total a nivel mundial, siendo líder en los dos indicadores. Por tanto, cabe afirmar que la actual guerra comercial puede suponer un grave problema para la futura economía europea, pero, como veremos más adelante, la Unión puede salir reforzada e incluso beneficiada de esta situación si consigue medrar bien entre las dificultades, negocios y estrategias de los dos países. Pero veamos, primero, las relaciones de la UE tanto con EEUU como con China.

La relación EEUU-UE ha sido tradicionalmente (aunque con altibajos) la más firme de la esfera internacional. Estados Unidos es el principal aliado en defensa, política, economía y diplomacia de la Unión Europea y viceversa. Se comparten el modelo económico, político, cultural; así como la principal organización de defensa colectiva a nivel mundial, la OTAN. Sin embargo, en la denominada relación transatlántica, siempre han habido choques, acentuados en los últimos tiempos de la Administración Obama y habituales con Trump. Con la Administración actual no sólo han surgido reproches a la UE en el seno de la OTAN (respecto al fallo de países miembros en invertir el presupuesto exigido; compartida la crítica con Reino Unido), sino que se ha iniciado un conato de guerra arancelaria en toda regla.

En apenas dos años se ha pasado de las negociaciones del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), la anunciada base del comercio del siglo XXI que finalmente fracasó en los últimos compases de Obama en la Casa Blanca, a la actual situación de proteccionismo extremo de EEUU y respuesta de la UE. Especialmente ilustrativa es la sucesión de eventos que han tenido lugar en el último año: a golpe de Twitter, en marzo de 2018 EEUU impuso unilateralmente aranceles globales al acero (25%) y aluminio (10%) para proteger la industria americana [6]. Estos aranceles no sólo afectaban a China, también infringían gran daño a empresas de países europeos como Alemania. También estaba en el aire aplicar aranceles del 25% a vehículos de procedencia europea. Tras un duro clima de reproches mutuos, el 25 de julio, Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, anunció junto a Trump un acuerdo para bajar aranceles a productos agrarios y a servicios, y comprometiéndose EEUU a revisar la imposición de los aranceles metalúrgicos a la UE, así como a apoyar en el seno de la Organización Mundial del Comercio las proclamas europeas para una reforma de las leyes de Propiedad Intelectual, las cuales China no respeta [7]. Sin embargo, tras la reiteración de la amistad transatlántica y del anuncio de Trump de “vamos hacia los aranceles cero” [8], pronto han vuelto a sonar las cajas destempladas. En abril de este año actual, el día 9 de abril, Trump anunció en Twitter la imposición de aranceles a la UE por valor de US$11.000 millones por el apoyo de la UE a Airbus (competencia de las norteamericanas Boeing, Lockheed Martin...), volando por los aires el principio de acuerdo de julio del año pasado. La UE por su parte amenazó con imponer aranceles de €19.000 millones por el apoyo estatal norteamericano a Boeing. Como se ve, la UE, a pesar de su tradicional papel conciliador y muchas veces subyugada a EEUU, ha decido contraatacar y no permitir mas salidas de tono por parte americana. La última amenaza, de mediados de julio, va contra el vino francés (y debido al mecanismo europeo, contra todos los caldos de procedencia europea, incluidos los españoles). Esta amenaza ha sido calificada como “ridícula” [9], ya que EEUU consume más vino del que produce (es el mayor consumidor mundial) y por tanto, la oferta disponible se podría ver bastante mermada.

Todavía es pronto para ver el impacto real que está teniendo en EEUU la guerra comercial, más allá del descenso del 7,4% de las exportaciones de EEUU a China [10] y el daño que están sufriendo los consumidores, pero el Nobel de Economía Robert Schiller, en una entrevista para la CNBC [11] y el presidente de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevedo, para la BBC; ya han expresado sus temores respecto a que si la situación y las políticas proteccionistas siguen así, podríamos estar frente a la mayor crisis económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es difícil dilucidar como será la relación en el futuro entre Europa y su principal socio exportador, EEUU. Todo indica que van a seguir los roces y la elevación del tono si la Administración americana no decide rebajar su retórica y actos contra el libre comercio con Europa. Por último, tiene que quedar claro (y con ánimo de rebajar el tono a veces excesivamente alarmista de las noticias) que entre las amenazas (ya sea por Twitter o portavoces) de ambos lados y la imposición efectiva de aranceles (en EEUU tras el anuncio pertinente de la Oficina del Representante de Comercio de EEUU; en la UE mediante la aprobación de los 28) dista un largo camino, y no hay que confundir actos en potencia y hechos. Es evidente que a pesar de la dureza del tono, los equipos negociadores de ambos lados del atlántico siguen en contacto e intentan evitar en la medida de lo posible acciones perjudiciales para ambos.

Por otra parte, la relación entre China y Europa es francamente diferente a la que se mantiene con EEUU. La Belt and Road Initiative (BRI) (a la que se ha adherido formalmente Italia) supone la confirmación de la apuesta de China por ser el próximo líder de la economía mundial. Mediante esta iniciativa, el presidente Xi Jinping pretende redistribuir y agilizar los flujos de comercio desde y hacia China por la vía terrestre y marítima. Para ello resulta vital la estabilidad de países del Sur de Asia como Pakistán y Afganistán, así como poder controlar puntos vitales de tráfico marítimo como el Estrecho de Malaca o el Mar del Sur de China. El “dragón” asiático cuenta con una situación interna que favorece su crecimiento (un 6,6% de su PIB en 2018 que, siendo el peor dato desde hace 30 años, sigue siendo una cifra abrumadora), ya que la relativa eficiencia de su sistema autoritario y, especialmente, el gran apoyo del Estado a empresas impulsan su crecimiento, así como también poseen las mayores reservas de divisas extranjeras, especialmente dólares y euros, que permiten una gran estabilidad de la economía del país. La moneda china, el Renminbi, ha sido declarada por el FMI moneda de reserva mundial, lo cual es otro indicador de la buena salud que se le augura en el futuro a la economía china.

Para la UE, China es un competidor, pero también un socio estratégico y un socio negociador [12]. China es para la UE su principal socio importador, totalizando el 20,2% de las importaciones (€395.000 millones), y el 10,5% de las exportaciones (€210.000 millones). El volumen de importaciones es tal que, a pesar de que la inmensa mayoría llegan al continente europeo por vía marítima, existe una conexión por vía férrea que, amparada en la BRI, une todo el continente euroasiático, desde la capital manufacturera de China, Yiwu, y la última parada en el extremo sur de Europa, Madrid. A pesar de que parte de lo importado siguen siendo bienes denominados “low-end”, es decir, productos de manufactura básica y precio unitario barato, desde la entrada de China en la OMC, en diciembre de 2001, el concepto de material producido en China a cambiado radicalmente: la gran abundancia de tierras raras en territorio chino, junto con el avance en su industrialización e inversión en nuevas tecnologías (en lo que China es líder) han hecho que ya no se piense en China sólo como productora de bazares en masa; al contrario, la mayoría de las importaciones en la EU desde China fueron maquinaria y productos “high-end”, de alta tecnología (especialmente equipamiento de telecomunicaciones y de procesamiento de datos).

En el citado comunicado de prensa de la Comisión Europea, se advierte a China de que hagan frente a los compromisos adquiridos en los Protocolos de Kyoto y Acuerdos de París respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero; e insta al país asiático a respetar los dictados de la OMC, especialmente en materia de transferencia tecnológica, subvenciones estatales y prácticas ilícitas como el dumping.

Estos aspectos son vitales para las relaciones económicas con China. En un momento donde la mayoría de los países del mundo firmaron o son parte de los Acuerdos de París para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, mientras la UE está haciendo esfuerzos para reducir su contaminación (cerrando plantas y minas de carbón; poniendo impuestos especiales a la energía obtenida de fuentes no renovables...), China, que totaliza el 30% de las emisiones globales, aumentó en el 2018 un 3% sus emisiones. Esto, más allá de los nocivos efectos para el clima, tiene beneficios industriales y económicos: mientras que en Europa las industrias están estrechando sus márgenes e beneficio por el encarecimiento de la energía; China, que se alimenta de carbón, provee de energía más barata a sus empresas, que, sin restricciones activas, pueden producir más. Un ejemplo de como afecta el clima en las relaciones económicas con China es el reciente anuncio [13] de AcerlorMittal de reducir en 3 millones de toneladas la producción total su acero en Europa (sobre 44 millones de producción habitual) debido a los altos costes de la electricidad y al aumento de la importación de países de fuera de la UE (especialmente China) que con excesos de producción están bajando los precios a nivel mundial. Esta práctica, que es especialmente utilizada en China, consiste en inundar el mercado con una sobreproducción de determinado producto (está sobreproducción es pagada con subsidios gubernamentales) para abaratar los precios. Hasta diciembre de 2018, en los últimos 3 años, la UE ha tenido que imponer más de 116 sanciones y medidas antidumping contra productos chinos [14]. Lo cual muestra que, pese a los intentos de la UE para negociar en términos satisfactorios para ambos, China no cumple lo estipulado en los acuerdos con la UE y la OMC. Especialmente espinoso es el problema con las empresas controladas por el gobierno (se está estudiando la prohibición de redes 5G en Europa, controladas por proveedores chinos, por motivos de seguridad), que tienen prácticamente el monopolio en el interior del país; y sobretodo, la tergiversada lectura de la legalidad por parte de las autoridades chinas, que intentan emplear todos los mecanismos posibles a su favor, dificultando o poniendo trabas a la inversión directa de capital extranjero en su país, así como imponiendo requisitos (necesidad de contar con socios chinos, etc.) que dificultan la expansión internacional de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo,

La mayor fricción con la UE, sin embargo, es la transferencia forzosa de tecnología al gobierno, especialmente por parte de empresas de productos estratégicos como las de hidrocarburos, farmacéuticas y de la industria automotriz [15], impuesta por leyes y conditio sine qua non las empresas no pueden aterrizar en el país. Esto crea un clima de competencia desleal y ataque directo a las leyes internacionales de comercio. La inversión directa de capital chino en industrias y productoras críticas en la UE ha provocado que se alcen voces pidiendo mayor control e incluso vetos sobre estas inversiones en determinadas áreas por cuestiones de Defensa y Seguridad. La falta de protección de derechos intelectuales o patentes también son importantes puntos de quejas por parte de la UE, que pretende poder crear mediante la diplomacia y las organizaciones internacionales un clima favorable para el impulso de las relaciones comerciales igualitarias entre ambos países, tal cómo está plasmado en las diversas directrices y planes europeos referentes al tema.

Tal como hemos visto, la guerra comercial no se limita sólo a EEUU y China, sino que terceras partes la están sufriendo e incluso participando activamente en ella. Aquí surge la pregunta. ¿Puede la UE salir beneficiada de algún modo y evitar una nueva crisis? Pese al ambiente pesimista, la UE puede obtener múltiples beneficios de esta guerra comercial si consigue maniobrar adecuadamente y evitar en la medida de lo posible más imposiciones arancelarias contra sus productos y mantiene el mercado abierto. De continuar la guerra comercial y endurecerse las posiciones de EEUU y China, la UE al ser socio principal de ambos podría recibir beneficios gracias a una redistribución del flujo de comercio. Así pues, para evitar la pérdida debido a los aranceles, tanto China como EEUU podrían vender productos con fuertes gravámenes al mercado europeo, pero, especialmente, importar productos desde Europa. Si se llega a un acuerdo con EEUU para levantar o minimizar aranceles, la UE se encontraría ante un inmenso nicho de mercado dejado por los productos chinos vetados o gravados en EEUU. Lo mismo en China, especialmente en el sector automotriz, del cual se podría beneficiar la UE vendiendo al mercado chino. Alicia García-Herrero, del think tank belga Bruegel, afirma que el beneficio para Europa sólo será posible si no se inclina hacia ninguno de los contendientes y se mantiene neutral en el plano económico [16]. También resalta, como la Comisión Europea, que China debe adoptar medidas para garantizar su reciprocidad y acceso al mercado, ya que la Unión Europea sigue teniendo mayor volumen de negocio e inversiones con EEUU, por lo que la oferta china debería ser altamente atractiva para los productores europeos como para plantearse dirigir productos a China en vez de a EEUU. La propia ONU cifra en US$70.000 millones los beneficios que podría absorber la UE gracias a la guerra comercial [17]. Definitivamente, si se toman las medidas adecuadas y los 28 trazan una hoja de ruta adecuada, la UE se podría beneficiar de esta guerra, sin olvidar que, como aboga la propia UE, las medidas coercitivas no son la solución al problema comercial, y espera que, debido a su inefectividad y daño producido tanto a los consumidores como a los productores, la guerra arancelaria llegue a su fin y, si persisten las diferencias, se diluciden en el Órgano de Apelación de la OMC, o en la Corte Permanente de Arbitraje de las Naciones Unidas.

Esta guerra comercial es un tema altamente complejo y con muchos matices; este análisis ha querido intentar abordar gran parte de los aspectos, datos y problemas a los que se enfrenta la Unión Europea en esta guerra comercial. Se ha analizado generalmente en que consiste la guerra comercial, así como las relaciones entre la UE, China y EEUU. Nos encontramos ante un futuro gris, con la posibilidad de que ocurran múltiples y rápidos giros (especialmente por parte de EEUU, tal como se ha visto tras la cumbre del G20 en Osaka, tras la cual ha permitido la venta de componentes a Huawei, pero no ha sacado a la compañía de su blacklist) y del cual, si se dan los requisitos y las condiciones expuestas más arriba, la UE saldrá definitivamente beneficiada, no sólo en el plano económico, sino que si se mantiene unida y haciendo frente común, será un ejemplo de negociación y libertad económica para el mundo entero.

REFERENCIAS

1. Thomas, D. (14-5-2019) ¿Quién pierde en la guerra comercial entre China y EEUU?. BBC. Recuperado de

2. Blake, A. (9-5-2019) Trump's rambling, deceptive Q&A with reporters, annotated. The Washington Post.
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3. Huawei: US blacklist will harm billions of consumers (29-5-2019) BBC. Recuperado de

4. La UE alerta a China y EEUU: una guerra comercial les restaría 0,6 puntos del PIB. (3-6-2019) El Confidencial.
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5. European Union Trade Statistics. (18-6-2019) European Comission.
Recuperado de: http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/statistics/

6. Pozzi, S. (2-3-2018) Trump se reafirma en el proteccionismo elevando los aranceles de acero y aluminio importados. El País (corresponsal en New York)
Recuperado de

7. Inchaurraga, I. G. (2013). China y el GATT (1986-1994): Causas y consecuencias del fracaso de una negociación. Cizur Menor, Navarra: Aranzadi. pp. 204-230.

8. Tejero, M. (25-7-2018) Acuerdo UE-EEUU: “cero aranceles” en bienes industriales; más soja y gas licuado. El Confidencial.
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9. Pardo,P. & Villaécija, R. (17-6-2019) Trump amenaza a vino español. El Mundo.
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10. A quick guide to US-China Trade War (14-5-2019) BBC. Recuperado de

11. Rosenfeld, E. & Soong, M. (25-3-2018) Nobel-winner Robert Shiller warns of an ‘economic crisis’ from trade war threats. CNBC.
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12. La UE revisa las relaciones con China y propone 10 acciones. (12-3-2019) Comisión Europea- Comunicado de Prensa.

13. Asturias se lleva el 23% del nuevo recorte de producción de Arcelor en la UE. (6-5-2019) 5 Días Recuperado de

14. Morales, R. (26-12-2018) EU incrementó 28,3% sus medidas antidumping en 3 años: OMC. El Economista México.
 Recuperado de

15. Alertan sobre la transferencia forzosa de tecnología al gobierno chino.(20-5-2019) Infobae. Recuperado de

16. García-Herrero, A.; Guardans, I. & Hamilton, C. (28-6-2018) Trade War Trinity: analysis of global consequences. Bruegel (conferencia).
 Recuperada de

17. La Unión Europea, la gran beneficiada de la guerra comercial entre China y EEUU. (4-2-2019) Noticias ONU
. Recuperado de

[Bruno Maçães, Belt and Road. A Chinese World Order. Penguin. Gurgaon (India), 2019. 227p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

Cubierto el momento de literatura consagrada a presentar la novedad del proyecto chino de Nueva Ruta de la Seda, Bruno Maçães deja de lado muchas de las concreciones específicas de la iniciativa china para a ocuparse de sus aspectos más geopolíticos. Por eso a lo largo de libro Maçães utiliza todo el rato el nombre de Belt and Road (Faja y Ruta), en lugar de sus acrónimos –OBOR (One Belt, One Road) o el últimamente más utilizado BRI (Belt and Road Initiative)–, pues no se está refiriendo tanto al trazado mismo de las conexiones de transportes como al nuevo orden mundial que Pekín quiere modelar.

A través de esa integración económica, según Maçães, China podría proyectar poder sobre dos tercios del mundo, incluida Europa central y oriental, en un proceso de cohesión geográfica de Eurasia al que ya este político e investigador portugués dedicó su obra anterior.

Comparado con otros ensayos sobre la Nueva Ruta de la Seda, este dirige mucho la mirada a India (es así en su contenido general, pero además en esta reseña se ha utilizado una edición especial destinada a ese país, con una introducción particular).

Maçães concede a India el papel de clave de bóveda en el proyecto integrador de Eurasia. Si India decide no participar en absoluto y, en cambio, apostar por la alternativa que promueve Estados Unidos, junto con Japón y Australia, entonces el diseño chino no alcanzará la dimensión ansiada por Pekín. “Si India decide que la vida en el orden occidental será mejor que bajo arreglos alternativos, el Belt and Road tendrá dificultades para lograr su ambición original”, dice el autor.

No obstante, Maçães cree que Occidente no es del todo tan atractivo para el subcontinente. En ese orden occidental, India no puede aspirar más que a un papel secundario, mientras que el ascenso de China “le ofrece la excitante posibilidad de un mundo genuinamente multipolar, antes que meramente multilateral, en el que India puede esperar legítimamente a convertirse en centro autónomo de poder geopolítico”, al mismo nivel al menos que una declinante Rusia.

A pesar de esas aparentes ventajas, India no se decantará del todo hacia ninguno de los dos lados, vaticina Maçães. “Nunca se unirá al Belt and Road porque solo podría consentir unirse a China en un proyecto que fuera nuevo. Y nunca se unirá a una iniciativa estadounidense para rivalizar el Belt and Road a menos que EEUU la haga menos confrontacional”. Así, que “India dejará a todo el mundo esperando , pero nunca tomará una decisión sobre el Belt and Road”.

Sin la participación de Delhi, o incluso más, con resistencia de los dirigentes indios, ni la visión de EEUU ni la de China puede llevarse completamente a la práctica, sigue argumentando Maçães. Sin India, Washington puede ser capaz de preservar su actual modelo de alianzas en Asia, pero su capacidad de competir a la escala en que lo hace el Belt and Road colapsaría; por su parte, Pekín se está dando cuenta de que sola no puede proveer los recursos financieros necesarios para el ambicioso proyecto.

Maçães advierte que China ha “ignorado y desdeñado” las posiciones y los intereses de India, lo cual puede acabar siendo “un gran error de cálculo”. Estima que la impaciencia de China por comenzar a levantar infraestructuras, por la necesidad de demostrar que su iniciativa es un éxito, “puede convertirse en el peor enemigo”.

Aventura que los chinos pueden corregir el tiro. “Es probable –quizás incluso inevitable- que el Belt and Road crezca cada vez más descentralizado, menos chino-céntrico”, dice, y comenta que al fin y al cabo ese nuevo orden chino no sería tan diferente de la estructura del existente orden mundial dirigido por Washington, donde “EEUU insiste en ser reconocido como el Estado en el vértice de la jerarquía del poder internacional” y deja cierta autonomía a cada potencia regional.

Si Maçães pone a India en una situación de no alineamiento pleno, sí prevé una inequívoca colaboración de ese país con Japón. A su juicio se trata de una relación “simbiótica”, en la que India ve a Japón como su primera fuente de tecnología, al tiempo que Japón ve a la armada india “un socio indispensable en sus esfuerzos por contener la expansión china y salvaguardar la libertad de navegación” en el mares de la región.

En cuanto a Europa, Maçães la ve en la difícil posición “de no ser capaz de oponer un proyecto internacional de integración económica, al tiempo que es igualmente incapaz de sumarse como mero participante” a la iniciativa china, además del germen de división que ya ha introducido el proyecto en la Unión Europea.

De Bangladesh a Pakistán y Yibuti

A pesar de las diferencias antes indicadas, Maçães cree que la relación entre China e India puede desarrollarse positivamente, aunque exista algún elemento de conflicto latente, alentado por cierta desconfianza mutua. La vinculación comercial de dos mercados y centros de producción tan inmensos generará unos lazos económicos “llamados dominar” la economía mundial hacia la mitad de este siglo.

Ese trasiego de productos entre los dos países hará de Bangladesh y Myanmar el centro de un corredor comercial de gran importancia.

Por su parte, Pakistán, además de ser corredor para la salida al Índico desde China occidental, se integrará cada vez más en la cadena de producción china. En concreto, puede alimentar con materias primas y manufacturas básicas la industria textil que China está desarrollando en Xinjiang, su puerta de exportación hacia Europa para mercancías que pueden optimizar el transporte ferroviario. La capital de esa provincia, Urumqi, se convertirá la próxima década en la capital de la moda de Asia central, de acuerdo con la previsión de Maçães.

Otra observación interesante es que el achicamiento de Eurasia y el desarrollo de vías de transporte internas entre los dos extremos del supercontinente, pueden hacer que en el comercio entre Europa y China pierdan peso los puertos de contenedores del Mar del Norte (Ámsterdam, Rotterdam, Hamburgo)­ a costa de un mayor tránsito de los del Mediterráneo (El Pireo, especialmente).

El autor también aventura que obras de infraestructura chinas en Camerún y Nigeria pueden ayudar a facilitar las conexiones entre esos países y Doralé, el puerto que China gestiona en Yibuti, que de esa forma, mediante esas vías trans-africanas, podría constituirse “en un serio rival” del canal de Suez.

Si en Yibuti China tiene su primera, y de momento única, base militar fuera de su territorio, hay que tener presente que Pekín puede darle un posible uso militar a otros puertos cuya gestión haya asumido. Como recuerda Maçães, China aprobó en 2016 un marco legal que obliga a las empresas civiles a apoyar las operaciones logísticas militares solicitadas por la Armada china.

Todo estos son aspectos de un libro sugerente que no se deja llevar por el determinismo del ascenso chino, ni por una visión antagónica que niegue la posibilidad de un nuevo orden mundial. Obra de un europeo que, aunque sirvió en el Ministerio de Exteriores portugués como director general para Europa, es realista sobre el peso de la UE en el diseño del orbe.

▲ The Forbidden City, in Beijing [MaoNo]

ESSAY / Jakub Hodek

To fully grasp the complexities and peculiarities of Chinese domestic and foreign affairs, it is indispensable to dive into the underlying philosophical ideas that shaped how China behaves and understands the world. Perhaps the most important value to the Chinese is stability. Particularly when one considers the share of unpleasant incidents they have fared.

Climatic disasters have resulted in sub-optimal harvest and could also entail the loss of important infrastructure costing thousands of lives. For instance, the unexpected 2008 Sichuan earthquake resulted in approximately 80.000 casualties. Nevertheless, the Chinese have shown resilience and have been able to continue their day-to-day with relative ease.[1] Still, nature was not the only enemy. Various nomadic tribes such as the Xiong Nu presented a constant threat to the early Han Empire, who were forced to reinvent themselves to protect their own. [2]  These struggles only amplified their desire for stability.

All philosophical ideologies rooted in China highlight the benefits of stability over the evil of chaos.[3] In fact, Legalism, Daoism and Confucianism still shape current social and political norms. This is unsurprising as the Chinese interpret stability as harmony and the best mean to achieve development. This affirmation is cultivated from birth and strengthened on all societal levels.

Legalism affirms that “punishment” trumps “rights”. Thus, the interest of few must be sacrificed for the good of the many.[4] This translates to phenomenons present in modern China such as censorship of media outlets, autocratic teachers, and rigorous laws to protect “state secrets”. Daoism attests to the existence of a cosmological order that determines events.[5] Manifestations of this can be seen in fields of Chinese traditional medicine that deals with feng shui or the flows of energy. Confucianism puts stability as an antecedent of a forward momentum and regulates the relationship between the individual and society.[6] From the Confucianism stems a norm of submission to parental expectations, and the subjugation and blind faith to the Communist Party.

It follows that non-Sino readers of Chinese affairs must consider these philosophical roots when analysing current Chinese events. Seen through that lens, actions such as Xi Jinping declaring stability as an “absolute principle that needs to be dealt with using strong hands[7],” initiatives harshly targeting corrupt Party members, increased censorship on media outlets and the widespread reinforcement of nationalism should not come as a surprise. One needs power to maintain stability.

Interestingly, it seems that this level of scrutiny over the daily lives of average Chinese people has not incited negative feelings towards the Communist Party. One of the explanations behind these occurrences might be attributed to the collectivist vision of society that the Chinese individuals possess.  They strongly prefer social harmony over their own individual rights. Therefore, they are willing to trade their privacy to obtain heightened security and homogeneity.  

Of course, this way of living contrasts starkly with developed Western societies who increasingly value their individual rights. Nonetheless, the Chinese in no way fell their values to be inferior to the Western ones. They are prideful and portray a sense of exceptionalism when presenting their socioeconomic developments and societal order to the rest of the world. This is not to say that, on occasion, the Chinese have been known to replicate certain foreign practices in an effort to boost their geopolitical presence and economic results. 

In relation to this subtle sense of superiority shared by the Chinese, it is important to analyse the political conditionality of engaging with the People’s Republic of China (PRC) through economic or diplomatic relations. Although the Chinese government representatives have stated numerous times that, when they establish ties with foreign countries, they do not wish to influence socio-political realities of their recent partner, there are numerous examples that point to the contrary. One only has to look at their One China policy which has led many Latin American countries to sever diplomatic ties with Taiwan. In a way, this is understandable as most countries zealously protect their vision of the world. As such, the Chinese Communist Party (CCP) strategically establishes economic ties with countries harbouring resources they need or that are in need of infrastructure that they can provide. The One Belt One Road initiative represents the economic arm of this vision while their recent increased diplomatic activity, especially in Africa and Latin America, the political one. In short, the People’s Republic of China wants to be at the forefront of geopolitics in a multipolar world lacking clear leadership and certainty, at least in the opinion various experts.

One explanation behind this desire for being at the centre stage of international politics hides in the etymology of their own country’s name. The term “Middle Kingdom” refers to the Chinese “Zhongguó”, where the first character “zhong” means “centre” or “middle” and “guó” means “country”, “nation” or “kingdom”.[8] The first record of this term, “Zhongguó,” can be found in the Book of Documents (“Shujing”), which is one of the Five Classics of ancient Chinese literature. It is a piece which describes ancient Chinese figures and, in some measure, serves as a basis of the Chinese political philosophy, especially Confucianism. Although the Book of Documents dates back to 4th Century A.D., it wasn’t until the beginning of the 20th Century when the term “Zhongguó” became the official name of China.[9] While it is true that the Chinese are not the only country that believes they have a higher calling to lead others, China is the only nation whose name uses such a concept.

Such deep-rooted concepts as “Zhongguó”, strongly resonates within the social fabric of Chinese modern society and implies a vision of the world order where China is at the centre and leading countries both to the East and West. This vision is embodied in Xi Jinping, the designated “core” leader of the Chinese Communist Party (CCP), who is decisively dictating the tempo of China’s effort to direct the country on the path of national rejuvenation. In fact, at the 19th National Congress of the Communist Party of China in October 2017, Xi Jinping’s speech was centered around the need for national rejuvenation. An objective and a date were set out: “By 2049, China’s comprehensive national power and international influence will be at the forefront.”[10] In other words, China aims to restore its status as the Middle Kingdom by the year 2049 and become a leading world power.

The full-fleshed grand strategy can be found in “Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in a New Era,” a document that is now part of China’s constitution and it’s as important of a doctrine as Mao Zedong’s political theories or anything the CCP’s has previously put forth. The Chinese are approaching these objectives promptly and efficiently and, as they have proven in the past, they are capable of great achievements when resources are available. Sure enough, the world is already experiencing Xi Jinping’s policies. Recently, Beijing has opted to invest in increased international presence to exert their influence and vision. Starting with continued emphasis on the Belt and Road Initiative (BRI), massive modernization of the People’s Liberation Army (PLA) and aggressive foreign policy.

The migration and political crisis in Europe and Trump’s isolationism have given China sufficient space to jump on the international stage and set in motion a new global order, albeit without the will to dynamite the existing one. Xi Jinping managed to renew a large part of the members of CCP’s executive bodies and left the 19th National Congress of the Communist Party of China notably reinforced. He did everything possible to have political capital to push the economic and diplomatic reforms to drive China to the promised land.

Another issue that is given China an opportunity to steal the spotlight is climate change. Especially, after the United States pulled out from the Paris Agreement in June 2017. Last January, Xi Jinping chose the Davos World Economic Forum to show that his country is a solid and reliable partner. Leaning on an economy with clear signs of stability and growth of around 6.7%, many who had predicted its spiralling fall had to listen as the President presented himself as a champion of free trade and the fight against global warming. After expressing its full support for the agreements reached against the emissions of gases at the climate summit held in Paris in 2016, Xi announced the will of “the Middle Kingdom” to guide the new economic globalization.

President Xi plans to achieve his vision with a two-pronged approach. First, a wide-ranging promotion abroad of “Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in a New Era.” This is an unknown strategy to the Chinese as there is no precedent of the CCP’s ideas being promoted abroad. However, Xi views Western liberal democracy as an impediment to China’s rise and wants to offer an alternative in the form of Chinese socialism, which he perceives as practically and theoretically superior. The Chinese model of governing provides a way to catch up with the developed nations and avoid the regression to modern age colonialism.[11] This could turn out to be an attractive proposal to developing nations who might just be lured by China’s “benevolent” governance and “generosity” in the form of low-interest loans. Second, Xi wants to further develop and modernize the PLA so that it is capable to ensure national security and maintain Chinese positions in areas where their foreign policy has become more assertive (not to say aggressive) such as in the South China Sea.[12] Confirming that both strong military and economic sustainability are essential to achieve the strategic goal of becoming the centre of their proposed global order by 2049.

If one desires to understand China today, one must look carefully at its origin. What started off as an isolated nation turned out to be a dormant giant that was only waiting to get its home affairs in order before it went for the rest of the world. If there is any lesson behind recent Chinese actions across the political and socioeconomical spectrum is that they want to live up to their name and be at the forefront of the world. This is not to say that they wish an implosion of the current world order although it is clear they are willing to use force if need be. It merely implies that they believe their philosophical ideologies to be at least as good as those shared in Western societies while not forgoing what they find useful from them: free trade, service-based economy, developed financial markets, among other things. As things stand, China is sure to make some friends along the way. Especially in developing regions that might be tempted by their tremendous economic success in the last decades and offers of help “with no strings attached.” These realities imply that we live in a multipolar which is increasingly heterogenous in connection to values and references that rule it. Therefore, understanding Chinese mentality will prove essential to understand the future of geopolitics.  

Tras cuatro años de junta militar, las próximas elecciones abren la posibilidad de retornar a una legitimidad demasiado interrumpida por golpes de Estado

Tailandia ha conocido diversos golpes de Estado e intentos de vuelta a la democracia en su historia más reciente. La Junta militar que se hizo con el poder en 2014 ha convocado elecciones para el 24 de marzo. El deseo, sin éxito, de la hermana del rey Maha Vajiralongkorn de concurrir a las elecciones para acceder al puesto de primera ministra ha llamado la atención mundial sobre un sistema político que no logra atender las aspiraciones políticas de los tailandeses. 

▲ Escena de una calle de Bangkok [Pixabay]

ARTÍCULO / María Martín Andrade

Tailandia es uno de los países integrantes de ASEAN que más rápido se está desarrollando en términos económicos. No obstante, estos avances se encuentran con un difícil obstáculo: la inestabilidad política que el país arrastra desde principios del siglo XX y que abre un nuevo capítulo ahora, en 2019, con las elecciones que tendrán lugar el 24 de marzo. Estas elecciones suponen un antes y un después en la política tailandesa reciente, después de que en 2014, el general Prayut Chan-Ocha diese un golpe de Estado y se convirtiera en primer ministro de Tailandia encabezando el NCPO (Consejo Nacional para la Paz y el Orden), la junta de gobierno constituida para dirigir el país.

Sin embargo, no son pocos los que se muestran escépticos ante esta nueva entrada de la democracia. Para empezar, las elecciones se fijaron inicialmente para el 24 de febrero, pero poco tiempo después el Gobierno anunció un cambio de fecha y las convocó para un mes más tarde. Algunos han expresado sospechas acerca de una estrategia para que las elecciones no tengan lugar, ya que, según la ley, no pueden celebrarse una vez transcurridos ciento cincuenta días a partir de la publicación de las diez últimas leyes orgánicas. Otros temen que el NCPO se haya dado más tiempo para comprar votos, al tiempo que comentan su inquietud por la posibilidad de que la Comisión Electoral, que es una administración independiente, sea manipulada para lograr un éxito que a la junta militar le va a resultar difícil asegurar.

Centrando este análisis en lo que el futuro depara a la política tailandesa, es necesario remontarse a su trayectoria en el último siglo para darse cuenta de que sigue una estela circular.

Los golpes de Estado no son algo nuevo en el país (1). Ha habido doce desde que en 1932 se firmó la primera Constitución. Todo responde a una interminable pugna entre el “ala castrense”, que ve el constitucionalismo como una importación occidental que no termina de encajar con las estructuras tailandesas (también defiende el nacionalismo y venera la imagen del rey como símbolo de la nación, la religión budista y la vida ceremonial), y la “órbita izquierdista”, originariamente compuesta por emigrantes chinos y vietnamitas, que percibe la institucionalidad del país como similar a la de la “China pre-revolucionaria” y que a lo largo de todo el siglo XX se expresó por medio de guerrillas. A esta última ideología hay que añadir el movimiento estudiantil, que desde los comienzos de la década de 1960 critica la “americanización”, la pobreza, el orden tradicional de la sociedad y el régimen militar.

Con el boom urbano iniciado en la década de 1970, el producto interior bruto se quintuplicó y el sector industrial pasó a ser el de mayor crecimiento, gracias a la producción de bienes tecnológicos y a las inversiones que las empresas japonesas empezaron a hacer en el país. Durante esta época se produjeron golpes de Estado, como el de 1976, y numerosas manifestaciones estudiantiles y acciones guerrilleras. Tras el golpe de 1991 y nuevas elecciones se abrió un debate sobre cómo crear un sistema político eficiente y una sociedad adaptada a la globalización.

Estos esfuerzos se truncaron cuando llegó la crisis económica de 1997, que generó divisiones y despertó rechazo hacia la globalización, por considerarla la fuerza maligna que había llevado el país a la miseria. Es en este punto cuando entró en escena alguien que desde entonces ha sido clave en la política tailandesa y que sin duda marcará las elecciones de marzo: Thaksin Shinawatra.

Shinawatra, un importante empresario, creó el partido Thai Rak Thai (Thai ama Thai) como reacción nacionalista a la crisis. En 2001 ganó las elecciones y apostó por el crecimiento económico y la creación de grandes empresas, pero a la vez ejerció un intenso control sobre los medios de comunicación, atacando a aquellos que se atrevían a criticarle y permitiendo únicamente la publicación de noticias positivas. En 2006 se produjo un golpe de Estado para derrocar a Shinawatra, acusado de graves delitos de corrupción. No obstante,  Shinawatra volvió a ganar los comicios en 2007, esta vez con el Partido del Poder Popular.

En 2008 se produjo una nueva asonada, pero la marca Shinawatra, representada por la hermana del exprimer ministro, ganó las elecciones en 2011, esta vez con el partido Pheu Thai. Yingluck Shinawatra se convirtió así en la primera mujer en presidir el Gobierno de Tailandia. En 2014 otro golpe la apartó a ella e instauró una junta que ha gobernado hasta ahora, con un discurso basado en la lucha contra la corrupción, la protección de la monarquía, y el rechazo a las políticas electorales, consideradas como la epidemia nacional.

En este contexto, todo el esfuerzo de la junta, que se presenta en marzo bajo el nombre del partido Palang Pracharat, se ha centrado en debilitar a Pheu Thai y así eliminar del mapa todo rastro que quede de Shinawatra. Para conseguir esto, la junta ha procedido a reformar el sistema electoral (en 2016 una nueva Constitución sustituyó a la de 1997), de forma que el Senado ya no es elegido por los ciudadanos.

A pesar de todos los esfuerzos manifestados en la compra de votos, la posible manipulación de la Comisión Electoral y la reforma del sistema electoral, se intuye que la sociedad tailandesa puede hacer oír su voz de cansancio del gobierno militar, que además pierde apoyo en Bangkok y en el sur. A esto se añade el convencimiento colectivo de que, más que perseguir el crecimiento económico, la Junta se ha centrado en conseguir la estabilidad haciendo más desigual la economía de Tailandia, según datos de Credit Suisse. Por ello mismo, el resto de los partidos que se presentan a estas elecciones, Prachorath, Pheu Thai, y Bhumjaithai, coinciden en que Tailandia se tiene que volver a integrar en la competencia global y que el mercado capitalista tiene que crecer.

A principios de febrero el contexto se complicó aún más, cuando la princesa Ulboratana, la hermana del actual rey, Maha Vajiralongkorn, comunicó la presentación de su candidatura en las elecciones como representante del partido Thai Raksa Chart, aliado de Thaksin Shinawatra. Esta noticia supuso una gran anomalía, no únicamente por el hecho de que un miembro de la monarquía mostrase su intención de participar activamente en política, algo que no ocurría desde que en 1932 se pusiera fin a la monarquía absoluta, sino porque además todos los golpes de estado que se han dado en el país han contado con el respaldo de la familia real. El último, de 2014, contó con la bendición del entonces rey Bhumibol. Asimismo, la familia real siempre ha contado con el apoyo de la Junta militar.

En aras de evitar un enfrentamiento que dañaba a la monarquía, el rey reaccionó con rapidez y mostró públicamente su rechazo a la candidatura de su hermana; finalmente la Comisión Electoral decidió retirarla del proceso de elecciones.

Gobierno deficiente

Durante los últimos años la Junta militar ha sido responsable de mala gobernanza, de la débil institucionalidad del país y de una economía amenazada por las sanciones internacionales que buscan castigar la falta de democracia interna.

Para empezar, siguiendo el artículo 44 de la Constitución proclamada en 2016, el NCPO tiene legitimidad para intervenir en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo con el pretexto de proteger a Tailandia de amenazas contra el orden público, la monarquía o la economía. Esto no solo impide toda posibilidad de interacción y resolución efectiva de conflictos con otros actores, sino que es un rasgo inequívoco de un sistema autoritario.

Han sido precisamente sus características de régimen autoritario, que es como se puede calificar a su sistema gubernamental, las que han hecho a la comunidad internacional reaccionar desde el golpe de 2014, imponiendo diversas sanciones que pueden afectar a Tailandia seriamente. Estados Unidos suspendió 4,7 millones de dólares de asistencia financiera, mientras que Europa ha puesto objeciones en la negociación de un acuerdo de libre comercio, pues como ha indicado Pirkka Tappiola, representante de la UE ante Tailandia, solo será posible establecer un acuerdo de ese tipo con un gobierno democráticamente elegido. Además, Japón, principal inversor en el país, ha empezado a buscar vías alternativas, implantando fábricas en otros lugares de la región como Myanmar o Laos.

Ante el cuestionamiento de su gestión, la Junta reaccionó dedicando 2.700 millones de dólares a programas destinados a los sectores más pobres de la población más pobres, especialmente los campesinos, e invirtiendo cerca de 30.000 millones en la construcción de infraestructuras en zonas aún no explotadas.

Dado que las exportaciones en Tailandia son el 70% de su PIB, el Gobierno no se puede permitir el lujo de tener a la comunidad internacional enfrentada. Eso explica que la Junta creara un comité para gestionar problemas referentes a los derechos humanos, denunciados desde el exterior, si bien el objetivo de la iniciativa parece haber sido más bien publicitario.

De cara a una nueva etapa democrática, la Junta tiene una estrategia. Habiendo puesto la mayor parte de sus esfuerzos en la creación de nuevas infraestructuras, espera abrir un corredor económico, el Eastern Economic Corridor (EEC), con el que convertir las tres principales provincias costeras (Chonburi, Rayong, y Chachoengsao) en zonas económicas especiales donde se potencien industrias como las del automóvil o la aviación, y que sean atractivas para la inversión extranjera una vez despejada la legitimación democrática.

Es difícil prever qué ocurrirá en Tailandia en las elecciones del 24 de marzo. Aunque casi todo habla de una nueva vuelta a la democracia, está por ver el resultado del partido creado por los militares (Pralang Pracharat) y su firmeza en el compromiso con un juego institucional realmente honesto. Si Tailandia quiere seguir creciendo económicamente y atraer de nuevo a inversores extranjeros, los militares debieran dar pronto paso a un proceso completamente civil. Posiblemente no será un camino sin contratiempos, pues la democracia es un vestido que hasta ahora le ha venido un tanto ajustado al país.

(1) Baker, C. , Phongpaichit, P. (2005). A History of Thailand. Cambridge, Univeristy Press, New York.

Del auxilio soviético a la carrera con EEUU para aprovechar la riqueza mineral de asteroides

La llegada de un artefacto chino al lado oculto de la Luna ha llevado a la opinión pública mundial a fijarse en el programa espacial chino, más desarrollado de lo que muchos imaginaban. Auxiliados por los soviéticos en sus inicios, los chinos han acabado cogiendo en algunos programas la delantera (probablementes más aparente que real, dados ciertos contratiempos sufridos), como el desarrollo de una estación espacial permanente propia, y compiten con Estados Unidos en el deseo de aprovechar la riqueza mineral de asteroides.

▲ Centro de lanzamiento de satélites Jiuquan [CNSA]

ARTÍCULO / Sebastián Bruzzone [Versión en inglés]

El origen del programa espacial chino1 se encuentra en los inicios de la Guerra Fría, en plena tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el control de la política internacional. Desde 1955, el presidente Mao Zedong buscaba el respeto de las potencias mundiales y decidió seguir los pasos del país vecino, la URSS. En marzo del año siguiente, la Quinta Academia del Ministerio de Defensa Nacional comenzó el desarrollo de un primer misil balístico (Plan Aeroespacial Chino de Doce Años). Tras el lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión Soviética en 1957, Mao se volcó en el desarrollo de un satélite artificial chino que sería activo en el espacio dos años después (Proyecto 581), en un esfuerzo material y económicamente apoyado por la Unión Soviética. Sin embargo, a principios de la década de 1960, la URSS retiró toda su asistencia económica y tecnológica tras la acusación de Pekín de que el primer secretario del Comité Central del PCUS, Nikita Kruschev, era revisionista y quería restaurar el capitalismo.

La Administración Espacial Nacional China (CNSA) es la responsable de los programas espaciales. El primer vuelo espacial tripulado chino tuvo lugar en 2003, con Yang Liwei, a bordo de la nave Shenzhou 5, que se acopló a la estación espacial Tiangong-1. De este modo, China se convertía en la tercera nación en mandar hombres fuera de la Tierra. El principal objetivo de las misiones Shenzhou es el establecimiento de una estación espacial permanente. Hasta hoy, nueve hombres y siete mujeres chinos han viajado al espacio. 


Desde 2007, China ha mostrado un especial interés por Luna. El programa chino de exploración lunar consta de cuatro fases. En la primera (Chang’e 1 y 2), llevada a cabo con CZ-3A, se lanzaron dos sondas orbitales lunares no tripuladas. En la segunda (Chang’e 3 y 4), en 2013, con CZ-5/E, tuvo lugar el primer alunizaje de dos rovers. La tercera (Chang’e 5 y 6) se ejecutó en 2017 con CZ-5/E, consistiendo en alunizaje y regreso de muestras. La cuarta, con CZ-7, está prevista para 2024; consistirá en una misión tripulada y la implantación de bases permanentes en la superficie lunar.

La misión Chang’e 4 fue lanzada el 8 de diciembre de 2018 y se posó sobre la superficie lunar el 3 de enero de 2019, en el cráter Von Kárman (186 kilómetros de diámetro), en el hemisferio sur de la cara oculta del satélite. Las imágenes transmitidas por el rover Yutu-2 mostraron que esta superficie lunar nunca antes explorada está densamente perforada por cráteres de impacto y que su corteza es más gruesa que el lado visible. Como parte de un ensayo biológico, pudo hacerse brotar una semilla de algodón, pero los altos niveles de radiación, la gravedad menor que la terrestre y los bruscos cambios de temperatura hicieron sucumbir la planta de algodón pocos días después. Los astrónomos consideran que el lado oculto está protegido de las interferencias que proceden de la Tierra, por lo que desde ese lugar sería posible estudiar mejor la evolución de estrellas y galaxias.

A mediados de 2017, se hicieron públicas las intenciones chinas de buscar minerales escasos en la Tierra en la superficie de asteroides, y a ser posible en su interior. Dentro del programa espacial de China, este tema concreto ocupa un importante lugar. De acuerdo con Ye Peijan, máximo responsable del programa de exploración lunar, su país está estudiando en los últimos años la posibilidad de ejecutar una misión que capture un asteroide para situarlo en la órbita de la Luna, y así poder explotarlo mineralmente, o incluso utilizarlo como una estación espacial permanente, según South China Morning Post. El mismo responsable ha destacado que en el Sistema Solar y cerca de nuestro planeta existen asteroides y astros con una gran cantidad de metales preciosos y otros materiales. Dicho plan se pondrá en marcha a partir del año 2020. Para ello, la CNSA utilizará las naves de carga Tianzhou, a diferencia de las Shenzhou tripuladas de exploración cuyo objetivo principal es el establecimiento de una estación espacial permanente, o las Chang’e de misiones lunares.

El coste de este plan futurista sería elevadísimo, pues supondría la organización de misiones complejas y de alto riesgo, pero el interés no decaerá, ya que podría ser muy rentable a largo plazo y daría beneficios billonarios. Según Noah Poponak, analista de Goldman Sachs, un solo asteroide podría tener más de 50.000 millones de dólares en platino, así otros metales preciosos y agua.

La captura de un asteroide exige, primero, que una nave aterrice en su superficie, para anclarse. La nave deberá tener motores extremadamente potentes, para que, al estar anclado, pueda ser capaz de arrastrar el asteroide entero a la órbita de la Luna. Estos propulsores, con la potencia suficiente como para poder mover una roca de miles de toneladas, todavía no existen. Ye Peijan ha advertido que esta tecnología necesaria para tal experiencia espacial podría tardar 40 años aproximadamente en desarrollarse. Por el momento, en marzo de 2017 China comunicó en la prensa oficial que tenía intención de enviar sondas al cosmos para estudiar trayectorias y características de algunos asteroides. Con ello, entra en directa competencia con la NASA, que también está desarrollando un programa dirigido a un asteroide.

Tiangong-1 fue el primer laboratorio espacial que China puso en órbita, en 2011, con una longitud de 10,5 metros, un diámetro de 3,4 metros y un peso de 8,5 toneladas. Su objetivo era realizar experimentos dentro del programa espacial chino y poner en marcha la estación permanente que la CNSA busca tener en órbita para el año 2023. Contra todo pronóstico, en 2016 se perdió el control digital de la nave que acabó destruido en pedazos sobre el océano Pacífico, al noroeste de Nueva Zelanda. Ese mismo año de 2016 se lanzó un segundo módulo, Tiangong-2, con los mismos objetivos. Por otro lado, China está progresando en el plan de establecer una estación espacial permanente. Según Yang Liwei, la cápsula central se lanzará en 2020 y los dos módulos experimentales en los dos años posteriores, con misiones tripuladas y naves espaciales de carga.

[Bruno Maçães, The Dawn of Eurasia. On the Trail of the New World Order. Allen Lane. Milton Keynes, 2018. 281 págs]

RESEÑA / Emili J. Blasco

El debate sobre el surgimiento de Eurasia como una realidad cada vez más compacta, no ya como mera descripción geográfica que conceptualmente era una quimera, debe mucho a la contribución de Bruno Maçães; singularmente a su libro The Dawn of Eurasia, pero también a su continuo proselitismo ante públicos diferentes. Este diplomático portugués con actividad investigadora en Europa constata la consolidación de la masa euroasiática como un único continente (o supercontinente) a todos los efectos.

“Una de las razones por las que tenemos que comenzar a pensar sobre Eurasia es porque así es como China mira cada vez más el mundo (...) China está ya viviendo una edad eurosiática”, dice Maçães. Lo nuevo de esta, afirma, “no es que existan tales conexiones entre los continentes, sino que, por primera vez, funcionan en ambos sentidos. Solo cuando la influencia fluye en ambos sentidos podemos hablar de un espacio integrado”. La Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda, sobre todo su trazado terrestre, muestra que China ya no solo mira al Pacífico, sino que a su espalda contempla nuevas vías para llegar a Europa.

Maçães apremia a Europa a que adopte una perspectiva euroasiática, por tres razones: porque Rusia y China tienen una; porque la mayoría de las grandes cuestiones de política exterior de nuestro tiempo tienen que ve con el modo en que Europa y Asia están conectadas (Ucrania, crisis de refugiados, energía y comercio), y porque todas las amenazas de seguridad de las próximas décadas se desarrollarán en un contexto euroasiático. Maçães añade una razón final por la cual Europa debería implicarse de modo más activo en el proyecto de integración euroasiática: es el modo de combatir las fuerzas de desintegración que existen en el interior mismo de Europa.

De las diversas consideraciones incluidas en el libro, podrían destacarse algunas ideas sugerentes. Una es que los históricos problemas de identidad de Rusia, a caballo entre Europa y Asia –verse diferente de los europeos y a la vez sentir atracción por la modernidad de Occidente–, resultan replicados ahora en el Oriente, donde China está en camino de crear un segundo polo de crecimiento económico y de integración en el supercontinente. Si Europa es uno de los polos y Asia (China y los demás exitosos países del Extremo Oriente) el otro, ¿Rusia entonces qué es, si no responde plenatemente a la identidad europea ni a la asiática?

La Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda otorga importancia geopolítica a Asia central, como repasa Maçães. Así, China necesita un claro dominio de Xinjiang, su provincia más occidental y la puerta a las repúblicas centroasiáticas. La ruta terrestre hacia Europa no puede existir sin el segmento de Xinjinag, pero al mismo tiempo la exposición de este territorio de mayoría uigur al comercio y la modernización podría acentuar sus aspiraciones separatistas. Justo al noroeste de Xinjiang está la república exsoviética de Kazajstán, un extenso país de gran valor agrícola, donde los intentos chinos de comprar tierras están siendo vistos con elevada suspicacia desde su capital, Astaná. Maçães estima que si Rusia intentara reintegrar Kazajstán en su esfera de influencia, con la misma vehemencia que ha hecho con Ucrania, “China no se quedaría a un lado”.

No es solo que la costa Este (península europea) y la costa Oeste (litoral del Pacífico) se aproximan, sino que además las conexiones entre ambas mejoran las condiciones logísticas del interior del supercontinente. Ese es precisamente uno de los objetivos de Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda: a medida que las compañías chinas se han ido alejando de los hubs empresariales de la costa para abaratar los costes de mano de obra, más lejos están quedando de los puertos, por lo que necesitan mejores conexiones terrestres, contribuyendo así al encogimiento de Eurasia.

Pekín acelera su cambio de estrategia económica mientras Alemania intenta reinventarse como potencia manufacturera con su 'Industry 4.0'

De ser la gran fábrica de los productos más bajos en la cadena mundial de precios a convertirse en una potencia manufacturera apreciada por el valor añadido que China pueda aportar a su producción. El plan 'Made in China 2025' está en marcha con el propósito de operar el cambio en unas pocas décadas. El empuje chino pretende ser contrarrestado por Alemania con su 'Industry 4.0', para preservar el reconocimiento internacional a lo producido por la industria germana.

▲ Stand de Huawei en el Mobile World Congress 2017 [Huawei]

ARTÍCULO / Jimena Puga

“Made in China 2025” es un plan político-económico presentado por el primer ministro chino Li Keqiang en mayo de 2015. El principal objetivo de esta iniciativa es el crecimiento de la industria China, y a su vez fomentar el desarrollo industrial en las áreas más pobres de China situadas en el interior del país, como las provincias de Qinghai, Sinkiang o Tíbet. Una de las metas es aumentar el contenido nacional de los materiales básicos hasta un 40% para 2020 y un 70% para 2025.

Pero, ¿qué quiere conseguir la República Popular con esta iniciativa? Tal y como anunciaba Mu Rongping, director general del Centro de Innovación y Desarrollo de la Academia China de Ciencia, “no creo que el plan Made in China 2025 y otros planes relacionados con la industria supongan una amenaza para la economía mundial y la innovación. Estas políticas industriales dimanan de la cultura tradicional china. En China siempre que establecemos una nueva medida política o económica tenemos las expectativas altas. Así, si conseguimos solo la mitad, estaremos satisfechos. Este punto de vista ha llevado a China al cambio y hasta cierto punto, a la innovación”.

Evolución económica china

En 1978 Deng Xiaoping llegó al poder y cambió todas las estructuras maoístas. Así, desde una perspectiva económica, el Derecho se ha convertido en un elemento decisivo para resolver conflictos y mantener el orden social en China. Deng trató de instaurar un sistema socialista, pero con “características chinas”. De esta forma se justificó una economía de libre mercado y, en consecuencia, la obligación de desarrollar nuevas normas y estructuras. Además, el presidente introdujo el concepto de democracia como un instrumento necesario para la nueva China socialista. La reforma legal más importante fue la posibilidad de crear negocios privados. En 1992 se adoptó la expresión de una “economía de mercado socialista”, una etiqueta para esconder un capitalismo real (1).

El actual presidente de la República Popular, Xi Jinping, se ha manifestado contrario al proteccionismo económico y a favor de equilibrar la globalización para “hacerla más incluyente y equitativa”. También añadió un aumento en el estudio del capitalismo actual y el desarrollo del socialismo con características chinas propio del país, ya que si el partido abandonase el marxismo perdería “su alma y dirección”, además de calificarlo como “irreemplazable para comprender y transformar el mundo”.

El plan Made in China 2025 y el Industry 4.0

Durante esta última década, China ha emergido como uno de los milagros manufactureros más relevantes de la historia desde que empezase la Revolución Industrial en Gran Bretaña en el siglo XVIII. A finales de 2012, China se convirtió en un líder global en operaciones de manufacturas y en la segunda potencia económica del mundo por encima de Alemania. El paradigma Made in China ha sido evidenciado por productos hechos en China, desde productos de alta tecnología como ordenadores o teléfonos móviles hasta bienes de consumo como aires acondicionados. El objetivo del Imperio del Centro es extender este plan a tres fases. En la primera, del año 2015 al año 2025, China pretende figurar en la lista de potencias manufactureras globales. En la segunda, de 2026 a 2035, China prevé posicionarse en un nivel medio en cuanto a poder manufacturero mundial. Y por último, en la tercera fase, de 2036 a 2049, año en que la República Popular celebrará su centenario, China desea convertirse en el país manufacturero líder del mundo.

En 2013, Alemania, un país mundialmente líder en cuanto a industrialización, publicó su plan estratégico Industry 4.0. Conocido por sus marcas prestigiosas como Volkswagen o BMW, las industrias líderes del país han enfatizado su fuerza innovadora que les permite reinventarse una y otra vez. El plan Industry 4.0 es otro ejemplo de la estrategia manufacturera del país germano para competir en una nueva revolución industrial basada en la integración industrial, en la integración de la información industrial, Internet y la inteligencia artificial. Alemania es mundialmente conocida por el diseño y calidad de sus productos. El plan Industry 4.0, presentado en 2013 por el Gobierno alemán, se centra en la smart factory, es decir, que las fábricas del futuro sean más sostenibles e inteligentes; en sistemas ciberfísicos, que integran tecnologías avanzadas como la automoción, el intercambio de datos en la tecnología de manufacturación y la impresión 3D, y en las mercancías y las personas.

Ambos planes, Industry 4.0 y Made in China 2025 se centran en la nueva revolución industrial y emplean elementos de digitalización manufacturera. El núcleo del plan alemán es el sistema ciberfísico, es decir un mecanismo controlado o monitorizado por algoritmos estrechamente ligados a Internet y a sus usuarios, y la integración en mecanismos de creación de valor dinámico. El plan chino, además del plan de acción “Internet Plus Industry”, tiene un objetivo fijado especialmente en la consolidación de las industrias existentes, en el fomento de la diversidad y la ampliación del margen de actuación de numerosas industrias, realzando la cooperación regional mediante el uso de Internet para una manufacturación sin fronteras, la innovación de nuevos productos y la mejora en la calidad de los mismos.

En 2020 Estados Unidos será el país más competitivo en cuanto a manufacturación del mundo, seguido por China, Alemania, Japón, India, Corea del Sur, México, Taiwán, Canadá y Singapur. De estos diez países, seis son países asiáticos, uno europeo y los tres restantes miembros del NAFTA (North American Free Trade Agreement).

Este nuevo giro en la estrategia industrial se traduce en una anticipación del mundo a una cuarta revolución industrial propiciada por los avances tecnológicos. China será sin duda uno de los líderes internacionales de esta revolución gracias a los planes Made in China 2025 y One Belt One Road, sin embargo, las nuevas economías emergentes como Sudáfrica, Vietnam o Hungría que han contribuido a la economía mundial en los últimos años requerirán más atención.

(1) Vid. ARANZADI, Iñigo González Inchaurraga, Derecho Chino, 2015, p. 197 y ss.

▲ Escultura budista 'Manos desde el infierno', del Templo Blanco de Watrongkhun, en Tailandia [Pixabay]

COMENTARIO / María Martín Andrade

El tráfico humano es un fenómeno global que afecta a todo el planeta. Sin embargo, con 11,7 millones de víctimas, Asia-Pacífico es actualmente el principal núcleo de operaciones de los grupos de delincuencia organizada que comercian con personas. Gracias a unas condiciones propicias –asiduas catástrofes naturales y crisis de inmigrantes y refugiados, que tienen como resultado un gran número de desplazamientos por la geografía del sur de Asia–, los grupos criminales se encuentran en la mejor situación para operar.

A pesar de los esfuerzos de la ASEAN de fomentar la cooperación internacional entre sus países integrantes para una lucha efectiva, las diferencias regionales y la corrupción frecuentemente prevalecen sobre otros factores. En otras ocasiones, son los propios gobiernos los que se benefician de las corrientes migratorias, propiciando situaciones de trabajos forzados, contribuyendo con ello a que el sudeste asiático siga contando con las cifras más altas de víctimas de explotación sexual y laboral. La mayor parte de la migración en los países de la ASEAN es intrarregional, siendo Indonesia, Malasia y Tailandia los destinos principales de los inmigrantes.

Foco en Tailandia

En Tailandia, en 2010 el 72% de la inmigración era ilegal, y en estos momentos se estima que supera el millón de personas, siendo la mayoría de Myanmar y de otros países vecinos como Camboya, Vietnam y Laos. La explicación por la que Tailandia se ha convertido en destino principal de emigrantes y, por consiguiente, en una importante tabla de juego para las organizaciones dedicadas al tráfico humano, se encuentra en la combinación de un lento crecimiento demográfico, en comparación con otros países de la región, y un alto desarrollo económico que se empieza a experimentar a partir de los años 90. Según el ASEAN Post, Tailandia posee uno de los mercados que más rápido están creciendo entre los miembros de la ASEAN, lo que ha impulsado al gobierno a seguir trabajando en el desarrollo de su infraestructura, para lo que la inmigración es fundamental.

Al comienzo del boom, Tailandia reclutaba inmigrantes sin tener una legislación que se ocupara del fenómeno, lo que dio lugar a que sus promotores aprovecharan la situación para explotar a aquellos que llegaban sin conocimientos de la lengua y las leyes tailandesas. Hasta la llegada del Gobierno del empresario Thaksin Shinowatra no se empiezó a implantar un sistema de registro que otorgaba permisos temporales. No obstante, caducada su vigencia, muchos de esos permisos no eran renovados, dejando de este modo expuestos a miles de trabajadores a la ilegalidad y, de este modo, a la explotación sexual y otra clase de trabajos forzosos en sectores como la agricultura, la pesca, los servicios domésticos o la industria.

Por otro lado, la falta de regulación legal de las agencias de contratación, a las que el Gobierno tailandés no ha prestado especial atención, ha permitido que esas agencias hayan podido disponer de los inmigrantes a su antojo sin sufrir ninguna represalia por ello. La débil legislación junto con unas condiciones mínimas de seguridad para las víctimas, castigándose únicamente penalmente los abusos físicos extremos, configura una situación de desamparo prácticamente total para los explotados, que también se sienten incapaces de acudir a las autoridades por temor a ser deportados.

Tráfico humano: retos y cooperación internacional

No se puede hacer frente a la delincuencia organizada en el sudeste asiático sin enfrentarse antes a la corrupción en los propios países, ya que son muchos los funcionarios que se benefician de facilitar el traspaso de sus fronteras de dichas organizaciones y los inmigrantes ilegales. Además, la falta de información y análisis de inteligencia por parte de los propios cuerpos de seguridad, junto con las dificultades que ofrece una complicada orografía con amplias zonas boscosas y selváticas de muy difícil control, obstaculizan las investigaciones y hace que las autoridades operen a ciegas.

Con la intención de establecer una base legal común, diversos países de la región han firmado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Naciones Unidas, con el objetivo de eliminar diferencias legislativas y ofrecer medios para combatir el crimen organizado. No obstante, aunque Tailandia sí que la ha firmado, junto con Singapur y Brunei, aún no la ha ratificado. Otras soluciones se han propuesto también desde la ASEAN, con la creación de Heads of Specialist Strategic Units, cuya intención es fomentar la colaboración y cooperación de los países, intercambiando información. Por otro lado, se ha constituido la Regional Support Office con el fin de establecer pautas para la prevención, detención y protección de las víctimas.

A pesar del aparente interés de la esfera internacional, los países de Asia-Pacífico prefieren regirse por relaciones bilaterales que les permitan ser selectivos con las normas que les conviene aplicar, y una cooperación no es posible si lo que prima es ante todo el interés de cada Estado. Dichos Estados van a seguir estando dispuestos a firmar acuerdos siempre y cuando estos no les vinculen estrictamente porque, como en el caso de Tailandia, la preocupación proveniente del exterior es mayor que la que se percibe a nivel interno.

La lucha contra el tráfico humano en Asia-Pacífico tiene un largo camino por recorrer. Las medidas que se adopten no pueden ser efectivas si por parte de los países involucrados no existe una intención firme de acabar con este problema. El tráfico humano es la rentabilidad de un daño, un negocio del que determinados sectores dominantes se benefician, por lo que para llegar a una cooperación internacional fructífera los Estados del sur de Asia tendrían que percibirlo como la lacra que es para su sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

Kranrattanasuit, N. (2014). ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand and Vietnam. International Studies in Human Rights, Volume:109, 4-104.

Henry, N. (2018). Asylum, Work, and Precarity: Bordering the Asia-Pacific. University of Warwick.

Sansó-Rubert, D. (2011). Criminalidad Organizada Transnacional en Asia-Pacífico: Repercusiones para la Seguridad Regional e Internacional. Universidad de Santiago de Compostela-CESEDEN, 159-189.

Origen étnico disputado, agravios de la era colonial británica y miedo a una minoría 'quintacolumnista'

La crisis humanitaria sufrida en Myanmar por minoría musulmana de los rohingyas nos habla también de cuestiones estratégicas. Rodeado el país por poblaciones islámicas, ciertos grupos dirigentes, especialmente los elementos budistas, temen que los rohingyas, que son declarados extranjeros a pesar de llevar generaciones en su territorio, actúen de quintacolumnistas. El miedo a la contaminación yihadista también es invocada por un Gobierno que no ha respetado los derechos humanos de esta minoría.

▲ Refugiados rohingyas [Tasnim News Agency/CC]

ARTÍCULO / Alexia Cosmello Guisande

En agosto de 2017 se daba en Myanmar el que fue conocido como “el gran éxodo de los rohingyas”; un año después, en 2018, reapareció en las primeras páginas de los periódicos internacionales la catástrofe humanitaria que estaba teniendo lugar en ese país. La comunidad internacional, automáticamente, se mostró a favor del grupo minoritario rohingya. Los medios de comunicación hablaron sobre el problema, y siguen haciéndolo, utilizando un lenguaje populista, tratando de buscar la emoción del público.

La historia rohingya es muy poco conocida por la opinión pública, que generalmente desconoce el origen del conflicto y las razones que mueven al Gobierno birmano. Actualmente, los rohingyas están considerados por la ONU como “una de las minorías más perseguidas del mundo”. Para entender bien el núcleo del actual problema es de gran importancia hacer un pequeño análisis sobre la historia de Myanmar, de los rohingyas y de las relaciones entre esa minoría y el país que la acoge.

Historia

El actual estado de Myanmar es un auténtico mosaico de etnias, lenguas, religiones y movimientos insurgentes. Están reconocidas 135 etnias distintas, pero el 90% de la población, aproximadamente, es de religión budista, por lo que las restantes confesiones quedan consideradas como minorías en el país [1]. Concretamente, los rohingyas son de religión musulmana y más de la mitad de la comunidad se encuentra concentrada en la región de Rakhine o Arakan, una de las más pobres del país. Aquí la población está aproximadamente dividida entre: 59,7% budistas, 35,6% musulmanes y el 4,7% restante otras religiones.

Los musulmanes de Rakhine se dividen en dos grupos, por un lado, los kaman que a pesar de ser de otra confesión comparten costumbres con la población budista y tienen reconocida y garantizada la ciudadanía en Myanmar por parte del Gobierno. Por otro lado, los rohingyas, que son una mezcla de diferentes etnias como la árabe, la mogol y la bengalí. A este segundo grupo no se le tiene reconocida la nacionalidad o ciudadanía en el Estado, ya que, a pesar de que sus integrantes llevan generaciones en el país, todavía son considerados inmigrantes ilegales de Bangladesh.

Fue entre 1974, año en que se publicó la Ley de Emergencia sobre Inmigración, y 1982, cuando se aprobó la Ley sobre Ciudadanía, durante el período dictatorial del general Ne Win, que los rohingyas fueron declarados por ley inmigrantes ilegales sin derecho a la ciudadanía en Myanmar. Esta ley, junto a la negativa por parte del Gobierno a una separación en identidades, es una de las razones por las cuales comenzó el conflicto entre las autoridades y los rohingyas. Al conflicto cabe añadirle la participación de los militares, que tienden a instigar la confrontación en la región entre distintos grupos  étnicos.

Por el hecho de ser apátridas, que es en sí una violación de los Derechos Humanos, carecen del reconocimiento de otros derechos básicos como el de acceso al trabajo, la educación o la sanidad, además del de libertad de movimiento dentro del propio país. El conflicto con esta comunidad minoritaria va más allá de la religión, pues también afecta a los aspectos político-económicos del grupo. Están siendo discriminados culturalmente, explotados económicamente y políticamente marginados.

Argumentos

Para entender los argumentos del gobierno de Myanmar para negarles la ciudadanía hay que comprender la historia de la comunidad. En sí, su origen es confuso, lo cual hace que su situación sea más compleja y controvertida. Ellos mismos dicen ser indígenas originarios de la región donde habitan ahora, Rakhine. La historia no lo contradice, pero tampoco lo confirma; de lo que sí hay evidencia histórica es de que llevan generaciones viviendo allí. Por un lado, una versión de su origen, recogida por la historiadora Jasmine Chia, fecha los primeros asentamientos musulmanes en Arakan (antiguo nombre de Rakhine) durante el siglo VII; esos pobladores continuaron viviendo en la región hasta el siglo IX, pero no es hasta el siglo XV cuando se asientan definitivamente y forman una comunidad. Versiones de historiadores locales contradicen la versión anterior y fechan los primeros asentamientos rohingyas en el siglo XIX cuando el lugar estaba bajo la colonización del Imperio Británico, junto a India y Bangladesh, por lo cual sostienen que en realidad estaban asentados en Chittagong y con el tránsito de personas y los éxodos internos migraron a Rakhine. Por último, el historiador francés Jacques P. Leider afirma que la primera vez que se utilizó el término “rohingya” fue por un médico británico en el siglo XVIII, así que, a pesar de que en esa época no estuvieran todavía asentados en la zona, la etnia ya existía.

Se considera la Segunda Guerra Mundial como el origen de la problemática actual. Japón quiso invadir Birmania, por lo que el Imperio Británico decidió armar a los rohingyas para que lucharan contra los nipones. Pero el grupo empleó las armas otorgadas por las autoridades, así como las técnicas aprendidas, para defender al país en su contra. Quemaron tierras y templos de otras étnicas, principalmente budistas. En 1944 hicieron retroceder a los japoneses, por lo cual los británicos, que seguían teniendo el control de la zona, los elogiaron [2].

En 1948 Birmania consiguió la independencia del Imperio Británico, lo que dio la oportunidad a varias minorías que representan el 40% del actual Myanmar de armarse y rebelarse contra el nuevo sistema político. Aun hoy en día partes del país siguen controladas por estos grupos. Antes de la independencia los musulmanes del país crearon la Muslim Liberation Organization (MLO), que tras 1948 pasó a denominarse Partido Mujahid. Este grupo está dentro de la lista de grupos terroristas redactada por el Terrorism Research and Analysis Consortium (TRAC). El Gobierno permitió la eliminación de la lista de terroristas del país de aquellos grupos que hubieran firmado el alto el fuego con el Estado. Esto implica que desde el Gobierno se permite su libre desarrollo y la inversión en estas zonas necesitadas tras años de aislamiento. Es decir, estos grupos ahora pueden moverse libremente por el país y participar en política. Este no es el caso de los rohingyas, que siguen siendo considerados un grupo de extranjeros y un vehículo para la expansión del jihad, de acuerdo con el punto de vista del Gobierno de Myanmar y los budistas. En el último período, el Estado Islámico ha estado expandiendo internacionalmente la narrativa de la religión islámica, por este motivo los monjes budistas (Ashin Wirathu) han calificado al Islam como una religión que amenaza directamente al Estado de Myanmar y advierten que es a través de la minoría musulmana cómo esas ideas violentas pueden impregnar el país más fácilmente debido al contacto de elementos de esa minoría con los grupos terroristas internacionales.

El Gobierno birmano justifica sus actuaciones contra los rohingyas alegando que el conflicto entre las dos religiones desde el período de colonización británica puede dar lugar a conflictos posteriores. De otro lado, existe miedo por parte del Gobierno, los budistas y las otras minorías hacia los roghingyas por sus organizaciones como la Arakan Rohingha National Organization o la Rohingya Solidarity Organization, las cuales tienen una conexión casi directa con líderes y/o miembros de grupos terroristas como Al-Qaeda o los talibanes.

Los budistas ven con preocupación el rápido crecimiento demográfico de los musulmanes, que llevará posiblemente en un futuro no muy lejano a que los musulmanes estén en condiciones de superar en número a la comunidad budista, dejando así de ser una minoría. Ligado a este miedo, está el hecho de que el país se encuentra rodeado por naciones de religión musulmana, y según los budistas, si se diera una invasión inesperada de Myanmar por parte de algunos de estos países, los rohingyas lucharían a favor de los invasores, ya que no se sienten parte del país [3].

Resentimiento

Aunque puede entenderse ese temor de los budistas y del Gobierno mismo, no son justificables las violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales han generado verdaderas crisis humanitarias. En realidad, detrás de la actitud contraria a los rohingyas, más allá de los argumentos invocados oficialmente ante la comunidad internacional, parece esconderse un resentimiento histórico hacia esa minoría por la quema de templos y tierras en la época colonial y un temor a una confrontación abierta.

Claramente, la historia de un país marca su presente y su futuro, y aquellos sucesos de décadas atrás explican parte de lo que hoy ocurre en Myanmar. Si bien no se pueden olvidar agravios pasados, arrastrar el deseo de venganza de generación en generación es la mejor receta para el fracaso como sociedad o incluso la tragedia. Los maltratados niños rohingyas están creciendo odiando al país donde residen, lo que es contraproducente para los objetivos del Gobierno y retroalimenta el miedo de unos a la reacción de los otros.

[1] FARZANA, Kazi Fahmida. Memories of Burmese Rohingya Refugees: Contested Identity and Belonging. “Introduction” (p. 1-40)

[2] ROGERS, Benedict. Burma: A Nation at the Crossroads. Rider Books, 2015

[3] FARZANA, K. F. op. cit. “The Refugee Problem from an Official Account” (p. 59-86)

ANÁLISIS / Nerea Álvarez

Las relaciones entre Japón y Corea no son fáciles. La anexión japonesa de la península en 1910 sigue muy presente en la memoria coreana. Por su parte, Japón posee un sentido de la historia distorsionado, fruto de haber asumido su culpabilidad en la guerra de modo obligado, forzado por el castigo sufrido en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación estadounidense, y no como consecuencia de un proceso propio de asunción voluntaria de responsabilidades. Todo ello ha llevado a que Japón se resista a revisar su historia, sobretodo la de su época imperialista.

Uno elemento clave que dificulta una reconciliación sincera entre Japón y los países vecinos que se vieron invadidos por los nipones en la primera mitad del siglo XX son las mujeres de consuelo o “mujeres confort”. Este grupo de mujeres, procedentes de China, Filipinas, Myanmar, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam y Corea del Sur (alrededor del 80% provenían de este último país), son una consecuencia de la expansión de Japón comenzada en 1910. Durante este periodo, los soldados japoneses se llevaron aproximadamente entre 70.000 y 200.000 mujeres a estaciones de confort donde estos abusaban sexualmente de ellas. Estas estaciones siguieron en marcha en Japón hasta finales de los años 40. Según los testimonios de las mujeres supervivientes, los soldados japoneses se las llevaban de diversas formas: secuestro, engaño y extorsión son solo algunos ejemplos.

Según el testimonio de Kim Bok-Dong, una de las mujeres supervivientes, los soldados nipones adujeron que debían llevársela para trabajar en una fábrica de uniformes porque no tenían suficiente personal. En aquel entonces ella tenía 14 años. Los soldados prometieron a su madre devolvérsela una vez fuese mayor para casarse, y amenazaron con el exilio a toda la familia si no los padres no permitían la marcha de la joven. Fue transportada en ferri desde Busan hasta Shimonoseki (prefectura de Yamaguchi, en Japón), junto con otras treinta mujeres. Después tomaron otro barco que las transportó a Taiwán y luego a la provincia de Guangdong. Allí fueron recibidas por oficiales, que las acompañaron hasta el interior de un edificio donde les esperaban médicos. Examinaron sus cuerpos y las acompañaron a sus habitaciones. Las mujeres fueron agredidas y violadas repetidamente. Tras varias semanas, muchas pensaban en el suicidio: “Estábamos mucho mejor muertas” (Kim Bok-Dong, 2018). Muchas murieron debido a las condiciones a las que se les sometía, a causa de enfermedades, asesinadas por los soldados japoneses en los últimos años de la guerra o, si tenían oportunidad, suicidándose. Se estima que sobrevivieron alrededor de un cuarto o un tercio de las mujeres.

Largo proceso

Tras la guerra y pese a conocerse los hechos, ese dramático pasado fue quedando relegado en la historia, sin que se le prestara la atención necesaria. Corea del Sur no estaba preparada para ayudar a estas mujeres (y Corea del Norte había entrado en un absoluto aislamiento). Durante los años 60, las relaciones entre la República de Corea y Japón empeoraron debido a las políticas antijaponesas de los líderes políticos surcoreanos. En 1965, Tokio y Seúl firmaron el Tratado de Normalización, pero quedó demostrado que los asuntos económicos eran lo prioritario. Se tendieron puentes de cooperación entre ambos países, pero el conflicto emocional impedía y sigue impidiendo mayor relación en campos alejados del económico. Japón sigue alegando que en el Tratado de Normalización se encuentran los argumentos para descartar que estas mujeres posean el derecho de legitimación ante tribunales internacionales, aunque en el texto no se las mencione.

Las cosas comenzaron a cambiar en los años 70, cuando se formó en Japón la Asociación de las Mujeres Asiáticas, la cual empezó a arrojar luz sobre este aspecto de la historia reciente. Al principio, incluso el Gobierno coreano ignoró el problema. La razón principal fue la falta de pruebas de que los hechos hubieran ocurrido, ya que el Gobierno de Japón había mandado destruir los documentos comprometedores en 1945. Además, Japón impidió que el Gobierno surcoreano reclamara reparaciones adicionales por daños incurridos durante el período colonial basándose en el tratado de 1965.

La cultura del sudeste asiático jugó un papel importante en la ocultación de los hechos acontecidos. El valor de mantener las apariencias en la cultura oriental primaba sobre la denuncia de situaciones como las vividas por estas mujeres, que debieron callar durante décadas para no ser repudiadas por su familia.

Cuando la República de Corea se democratizó en 1987, el Gobierno surcoreano comenzó a darle importancia a esta cuestión. En 1990, el presidente Roh Tae Woo, pidió al Gobierno de Japón una lista con los nombres de las mujeres, pero la respuesta desde Tokio fue que esa información no existía porque los documentos se habían destruido. El dirigente socialista Motooka Shoji, miembro de la Cámara Alta de la Dieta japonesa, reclamó que se investigara lo ocurrido, pero el Parlamento alegó que el problema ya se habría resuelto con el Tratado de Normalización de 1965. En 1991, Kim Hak-Sun, una de las mujeres que sobrevivieron a la explotación sexual, presentó la primera demanda judicial, siendo la primera víctima en hablar de su experiencia. Esto supuso el arranque de la lucha de un grupo de más de cincuenta mujeres coreanas que pedían el  reconocimiento de los hechos y una disculpa oficial del Gobierno japonés. A partir del 8 de enero de 1992, “todos los miércoles a las 12 del mediodía, las víctimas junto a miembros del Consejo Coreano y otros grupos sociales marchan frente a la Embajada de Japón en Seúl. La marcha consiste en levantar carteles exigiendo justicia y perdón y expresar en público sus reclamos”.

El Gobierno de Tokio negó toda implicación en el establecimiento, reclutamiento y  estructuración del sistema de las mujeres de confort desde el principio. No obstante, desde la Secretaría del Gabinete tuvo que emitirse en 1992 una disculpa, aunque fue vaga y demasiado genérica, dirigida a todas las mujeres por los actos cometidos durante la guerra. No fue hasta ese año que el Gobierno japonés reconoció su implicación en la administración y supervisión de estas estaciones. La UNHRC determinó entonces que las acciones del Gobierno nipón representaban un crimen contra la humanidad que violó los derechos humanos de las mujeres asiáticas.

En 1993, Japón admitió haber reclutado bajo coerción a las mujeres coreanas. La coerción era la palabra clave para desmentir las declaraciones previas, que indicaban que estas mujeres se dedicaban a la prostitución voluntariamente. El secretario del Gabinete, Yohei Kono, declaró que “el ejército japonés estuvo, directa o indirectamente, involucrado en el establecimiento y la gestión de las estaciones de confort, y en el traslado de mujeres de confort... que, en muchos casos, fueron reclutados en contra de su propia voluntad”. El Gobierno de Japón ofreció sus disculpas, arrepintiéndose de lo sucedido, pero no hubo compensación a las víctimas. En 1994, la Comisión Internacional de Juristas recomendó a Japón pagar la cantidad de $40.000 a cada superviviente. El Gobierno quiso estructurar un plan para pagar a las mujeres con fondos no gubernamentales, pero el Consejo Coreano para las mujeres raptadas por Japón como exclavas sexuales, fundado en 1990 e integrado por 37 instituciones no se lo permitió.

En 1995, el primer ministro Murayama Tomiichi sentó las bases del Asian Women’s Fund, que serviría para proteger los derechos de las mujeres en Japón y en el mundo.  A ojos internacionales, esta organización se vio como una excusa para escapar de las responsabilidades legales requeridas, ya que se recaudaba dinero público, lo que hacía que la participación del Gobierno fuese casi imperceptible. Además, comenzó a hacerse oír una creciente opinión minoritaria de ciudadanos afines a la derecha japonesa que calificaban a las mujeres confort de ‘prostitutas’, a las que no era necesario compensar de ningún modo.

No obstante, la compensación monetaria es una de las cuestiones que menos ha importado a este grupo de mujeres. Su prioridad ante todo es restaurar su dignidad. Que el Gobierno japonés no se haya implicado directamente y no acalle opiniones como las de la minoría derechista, es probablemente lo que más les afecte. Ante todo, estas mujeres luchan por que Tokio reconozca los hechos públicamente y ofrezca una disculpa oficial por lo ocurrido.

La ONU ha seguido tomando el papel de mediador a lo largo de los años. Encontramos en varios documentos pertenecientes a la UNHRC declaraciones que instan a Japón a resolver el problema. En un documento que revisa la primera demanda de la organización (2 de febrero de 1996) en el Consejo de los Derechos Humanos, figura la respuesta del primer ministro Ryutaro Hashimoto: “la cuestión acerca de las reparaciones se resolvió mediante tratados de paz y el Gobierno nunca pagará una indemnización a las víctimas”.

En el documento en cuestión, se clasifica de esclavitud militar a las estaciones de confort. Japón respondió negando cualquier tipo de responsabilidad legal, dada la incapacidad de aplicarse retroactivamente la ley internacional del momento, la imprecisión de la definición de estaciones de confort, la no vigencia de leyes contra la esclavitud durante la Segunda Guerra Mundial y la no prohibición en las leyes internacionales de cometer violaciones en situaciones de conflicto internacional. Además, adujo que las leyes existentes durante la guerra solo se podían aplicar a la conducta cometida por los militares japoneses contra ciudadanos de un Estado beligerante, pero no contra los ciudadanos de Corea, ya que esta fue anexionada y formaba parte del territorio japonés.

En 1998, la abogada estadounidense Gay J. McDougall presentó ante la UNHRC un documento que concluía que las acciones tomadas por las Fuerzas Armadas de Japón eran crímenes contra la humanidad. Más tarde, ese mismo año, la ONU adoptó el texto y cambió la definición previa a estaciones de violación.

Entendimiento que no llega

A lo largo de los años, el problema no ha hecho más que crecer y la política japonesa ha ido alejándose de un posible camino de mejora de las relaciones diplomáticas con sus vecinos. Este problema de revisión de la historia es la base de los movimientos políticos que observamos en Japón desde 1945. Las reformas impuestas por la ocupación estadounidense y los tribunales de Tokio jugaron un papel de gran importancia, así como el Tratado de San Francisco, firmado en 1948. Todo ello ha establecido en la población japonesa una aceptación pasiva de la historia pasada y de sus responsabilidades.

Al haber sido juzgados en los tribunales de 1948, la responsabilidad y culpabilidad que cargaban los nipones se creyó absuelta. Por otro lado, la ocupación de EEUU sobre el archipiélago, tomando el control militar, afectó al orgullo de los ciudadanos. La transformación de la economía, la política, la defensa y, sobretodo, la educación también tuvo sus repercusiones. Desde los comienzos democráticos de Japón, la política se ha centrado en una defensa pasiva, una educación antinacionalista y unas relaciones exteriores alineadas con los intereses de la potencia norteamericana.

Sin embargo, tras las elección como primer ministro en 2012 de Shinzo Abe, líder del Partido Liberal Democrático (LDP), se han introducido numerosos cambios en la política exterior e interior del país, con reformas en campos que van desde la economía hasta la educación y la defensa. Respecto a esta última, Abe se ha enfocado mayormente en reintroducir la fuerza militar en Japón a partir de una enmienda en el artículo 9 de la Constitución de 1945. Este giro se debe a la ideología propia del partido, que quiere dar a Japón un mayor peso en la política internacional. Uno de los puntos clave en su Gobierno es precisamente la postura frente al polémico tema de las mujeres confort.

En 2015, Shinzo Abe y la presidenta de la República de Corea, Park Geun-hye, firmaron un tratado en el que se establecían tres objetivos a cumplir: las disculpas oficiales de Japón, la donación de mil millones de yenes a una fundación surcoreana para el beneficio de estas mujeres y la retirada de la estatua en recuerdo de las mujeres confort levantada frente a la embajada de Japón en Seúl. Este tratado fue el mayor logro en el largo proceso del conflicto, y fue recibido como la solución a tantos años de disputa. Los dos primeros objetivos se cumplieron, pero la controvertida estatua no fue apartada de su emplazamiento. La llegada del presidente Moon Jae-in en 2017 complicó la completa implementación del acuerdo. Ese año, Moon criticó abiertamente el tratado, por considerar que deja de lado a las víctimas y al pueblo coreano en general. Su presidencia ha variado ciertos enfoques estratégicos de Corea del Sur y se desconoce exactamente qué quiere conseguir con Japón.

Acuerdo pendiente

Lo que sí puede concluirse es que retrasar la solución no es beneficioso para ninguna de las partes. Dejar el problema abierto está frustrando a todos los países involucrados, sobre todo a Japón. Un ejemplo de ello es la reciente ruptura de la hermandad entre las ciudades de San Francisco y Osaka en 2018 debido a una estatua en la población estadounidense que representa a las víctimas de este conflicto. En ella se encuentran tres niñas, una niña china, una coreana y una filipina, cogiéndose de las manos. El alcalde de Osaka, Hirofumi Yoshimura, y su predecesor, Toru Hashimoto, habían escrito cartas a su ciudad hermanada desde que se redactó la resolución para construir el memorial. Asimismo, dentro del propio LDP, Yoshitaka Sakurada, calificó de ‘prostitutas’ a este grupo de mujeres en 2016; poco después de haber establecido el tratado de 2015 sobre este tema. Eso ha provocado una respuesta negativa al tratado, ya que se cree que en realidad Japón no busca la reconciliación, sino olvidar el tema sin aceptar la responsabilidad que conlleva. 

El problema radica en cómo afrontan la controversia estos países. La República de Corea, con el presidente Moon, busca cerrar las heridas pasadas con nuevos acuerdos, pero Japón solo aspira a cerrar el asunto lo antes posible. La renegociación de un tratado no es la mejor opción para Japón: incluso buscando la mejor solución para ambas partes, saldría perdiendo. En caso de que el presidente Moon logre llegar a un nuevo acuerdo con el primer ministro Abe para solventar los problemas del anterior tratado, se demostraría que las negociaciones anteriores y las medidas adoptadas por Japón en 2015 han fracasado.

Por muchas disculpas que el Gobierno de Japón haya emitido a lo largo de los años, nunca se ha aceptado la responsabilidad legal sobre las acciones en relación a las mujeres confort. Mientras que esto no suceda, no se pueden proyectar futuros escenarios donde la discusión se solucione. El presidente Moon renegociará el tratado con Japón, pero las probabilidades de que resulte son escasas. Todo indica que Japón no tiene ninguna intención de renegociar el tratado ni de hacerse cargo legalmente. Si no alcanzan una solución, las relaciones entre los dos países se pueden llegar a deteriorar debido a la carga emocional que presenta el problema.

La raíz de las tensiones se sitúa en el pasado histórico y su aceptación. Tanto Moon Jae-in como Shinzo Abe deben reevaluar la situación con ojos críticos en relación a sus propios países. Japón debe comenzar a comprometerse con las acciones pasadas y la República de Corea debe mantenerse una posición constante y decidir cuáles son sus prioridades respecto a las mujeres confort. Solo ello puede permitirles avanzar en la búsqueda del mejor tratado para ambos.