La dependencia comercial entre los dos países –mayor en el caso de Brasil, pero los chinos también necesitan ciertos productos brasileños, como la soja– asegura el entendimiento

La relación entre Brasil y China se ha demostrado especialmente pragmática: ni Jair Bolsonaro ha revisado la vinculación con el país asiático como prometió antes de llegar a la presidencia (en su primer año de mandato no solo ha mantenido a Brasil en los BRICS sino que incluso hizo un muy publicitado viaje oficial a Pekín), ni Xi Jinping ha castigado a socio por haberle acusado de gestionar mal la pandemia de coronavirus, como sí ha ocurrido con otros países. Se ha impuesto la conveniencia de las relaciones comerciales mutuas, revalorizadas por la guerra comercial entre China y EEUU y por la presente crisis mundial.

▲ Jair Bolsonaro y Xi Jinping en Pekín, en octubre de 2019 [Palacio de Planalto]

ARTÍCULO / Túlio Dias de Assis

Después de años criticando el “perverso gobierno comunista de Pekín”, Jair Bolsonaro sorprendió a finales de octubre pasado con una visita de estado a la Ciudad Prohibida, que él mismo publicitó especialmente en las redes sociales. En ese viaje regaló a Xi Jinping la camiseta del Club de Regatas do Flamengo (equipo de fútbol que en ese momento representaba a Brasil en la Copa Libertadores, la cual terminaría ganando) y expresó su total convicción de encontrarse en un país capitalista. En noviembre fue el anfitrión en Brasilia de una cumbre de los BRICS.

La política de Bolsonaro hacia China ya había comenzado a cambiar desde poco después de acceder a la presidencia en enero de 2019, en contraste con sus mensajes contrarios a la potencia asiática durante la campaña electoral.

De hecho, las relaciones diplomáticas entre los dos países datan de la época de la Junta Militar de la que Bolsonaro se muestra tan orgulloso. En 1974 Brasil reconoció a la República Popular China como la única China, permitiendo así, pese a desconocerlo en su momento, la creación de un enorme vínculo comercial entre las dos naciones de proporciones continentales. Desde entonces, conforme avanzaba el aperturismo chino, las relaciones entre China y Brasil se fueron incrementando, de forma que desde hace casi una década China es el principal socio comercial brasileño. La dependencia china respecto a Brasil es también destacable en relación a algún producto, como la soja, si bien para los chinos Brasil en el vigésimo socio comercial, pues lógicamente se trata de economías de tamaño muy dispar.

Cuando en 1978 Deng Xiaoping decidió abrir la economía china al resto del mundo, el PIB chino se aproximaba a los 150.000 millones de dólares, un 75% del de Brasil, que superaba ya los 200.000 millones. Cuatro décadas después, en 2018, el PIB brasileño era de 1.8 billones de dólares y el chino de 13,6 billones.

Soja y porcino

El mayor acercamiento comercial e incluso político de Brasil hacia China se dio durante la presidencia de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, durante la cual se formaron los BRICS, club que ayudó a crear un mayor nivel de proximidad económica y diplomática entre los países miembros. Esta aproximación hizo que China terminara convirtiéndose en el primer socio comercial de Brasil en exportaciones y en importaciones. Las ventas de Brasil a China llegan a casi duplicar las exportaciones destinadas a EEUU.

Aunque el comercio con Brasil representa menos del 4% del valor total de bienes que importa China anualmente, el país sudamericano sigue siendo un socio comercial importante para la República Popular, debido a que el principal producto que importa desde Brasil es la soja, una de las bases de la dieta habitual de gran parte de la población china. Más de la mitad de soja importada por China proviene de Brasil y la tendencia es que aumente, principalmente debido a la guerra comercial con EEUU –el segundo principal exportador de soja a China–, convirtiendo así a Brasil prácticamente en el granero del Reino del Medio. China es el destino de más del 70% de la producción de soja brasileña.

La dependencia de China, desde la perspectiva del consumidor brasileño, se acentuó a finales de 2019 debido a una subida exorbitante del precio de la carne. La media entre los diferentes estados brasileños rondaba entre el 30% y el 40% con respecto a los meses anteriores. Los productores pudieron aumentar sustancialmente sus beneficios a corto plazo, pero que las clases populares protestaron abiertamente por el descontrolado precio de un producto muy presente en la dieta habitual del brasileño medio. El alza de los precios se debió a una suma de factores, entre ellos un brote de peste porcina que devastó gran parte de la producción china. Ante la escasez de oferta en su mercado interno, China se vio obligada a diversificar sus proveedores, y estando en medio de una guerra comercial con EEUU, a China no le quedó más remedio que acudir al potencial agropecuario brasileño, de los pocos capaces de cubrir la gran demanda china de carne. Durante ese periodo –breve, ya que paulatinamente se fue retornando a la situación anterior–, Brasil llegó a obtener cierto poder coercitivo sobre el gigante asiático.

Huawei y créditos

Brasil se halla en una situación de extrema dependencia de China en materia tecnológica: más del 40% de las compras que Brasil hace a China son maquinaria, aparatos electrónicos o piezas de los mismos. Ya en la última década, al llegar la revolución del smartphone y de la fibra óptica a Latinoamérica, Brasil decidió hacer una mayor apuesta por la tecnología de origen chino, convirtiéndose así en uno de los principales mercados internacionales para la hoy polémica marca Huawei, que ha llegado a dominar un 35% del mercado de telefonía móvil brasileño. Mientras que EEUU y Europa desconfiaban de Huawei y desde un principio le ponían límites en sus mercados, Brasil veía la tecnología china como una forma más barata de desarrollarse y jamás se dejó llevar por sospechas de injerencias del gobierno chino en materia de privacidad. Incluso varios diputados del PSL (antiguo partido al que pertenecía Bolsonaro) visitaron China a principios de 2020 a fin de evaluar la posibilidad de adquirir equipos chinos de reconocimiento facial para ayudar a las fuerzas de seguridad del Estado en el combate al crimen organizado, propuesta que al final fue rechazada por el Parlamento.

Con el auge de la polémica sobre los riesgos de espionaje que puede plantear el uso de tecnología de la multinacional china, algunas voces han alertado de la amenaza que puede suponer la contratación de Huawei para no pocas agencias y oficinas gubernamentales: un par de embajadas y consulados, parte de la infraestructura de la Cámara de los Diputados, e incluso las sedes de la Fiscalía y de la Justicia Federal en algunos estados federales. Aunque dada la falta de evidencia acusatoria contra Huawei, poco se ha hecho desde el gobierno sobre ello; solo se ha dado la cancelación de algunas adquisiciones de aparatos de la marca.

Brasil es el segundo país que más créditos públicos ha recibido de China en Latinoamérica: 28.900 millones de dólares (Venezuela es el primero con 62.200 millones), repartidos en once préstamos entre 2007 y 2017, de los cuales nueve provienen del Banco de Desarrollo Chino y otros dos del Banco de Exportación e Importación de China. Pese a ser un valor elevado, representa un porcentaje muy reducido de la deuda pública brasileña, que sobrepasa ya el billón de dólares. La mayor parte de los créditos otorgados por Pekín han sido destinados a la construcción de infraestructuras para la extracción de recursos. Adicionalmente, empresas chinas han invertido en la construcción de dos puertos en Brasil, uno en São Luís (Estado de Maranhão) y otro en Paranaguá (Estado de Paraná).

La retórica del coronavirus

Bolsonaro se dio pronto cuenta de la dependencia de China y optó por una política de acomodo respecto a Pekín, lejos de sus mensajes de la campaña electoral. Una vez más, pues, Brasil apostaba por el pragmatismo y la moderación, frente a la ideología y el radicalismo, en cuanto a la política del Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores). Asimismo, frente a la inestabilidad causada por la guerra comercial EEUU-China y la débil posición actual de Trump, Bolsonaro demostraba pragmatismo al no cerrarse por su ideología a socios comerciales de gran potencial, tal como pudo ver el pasado mes de noviembre en la cumbre de los BRICS en Brasilia.

Pero en ocasiones aflora una retórica que entronca con el pensamiento original. A raíz de la pandemia de coronavirus, Bolsonaro ha calcado en algunos mensajes la narrativa anti China de Trump. Un buen ejemplo es el intercambio de tuits tenido lugar entre Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo mayor del presidente, y el embajador chino, Yang Wanming. El primero comparó el coronavirus con el accidente de Chernóbil, insinuando total irresponsabilidad, negligencia, además de información ocultada, por parte del Partido Comunista Chino. El embajador respondió que el hijo del presidente “en su último viaje a EEUU no contrajo el coronavirus, sino un virus mental”, refiriéndose a su proximidad ideológica con Trump.

No obstante, todo esta situación parece haberse calmado tras una llamada realizada entre los mandatarios de ambos países, en la que ambos reafirmaron sus compromisos, especialmente los de carácter comercial y financiero. Asimismo, una vez más Bolsonaro parece seguir la tradicional línea de neutralidad del Itamaraty, pese a la constante insistencia de sus bases en culpabilizar a China por la actual tragedia. Se ve claramente que la dependencia económica de China sigue siendo mucho más fuerte que los principios ideológicos de la base política de Bolsonaro, por muy Trumpista que esta pueda llegar a ser.

▲ Programa VCR 8x8 [Marco Romero/MDE]

COMENTARIO / Salvador Sánchez Tapia

Tras un vacío de ocho años desde la publicación de la última en 2012, el pasado día 11 de junio, el presidente del Gobierno firmó una nueva Directiva de Defensa Nacional (DDN), marcando con ello el inicio de un nuevo ciclo de Planeamiento de la Defensa que, de acuerdo con lo establecido por la Orden de Defensa 60/2015, debe tener una vigencia de seis años.

La redacción de la DDN 20 constituye un loable esfuerzo de puesta al día para adaptar la Defensa Nacional a los retos de un complejo entorno estratégico en continua transformación. Su redacción ofrece, además, una oportunidad excelente para construir por el camino una comunidad intelectual sobre tan relevante cuestión, que resultará fundamental a lo largo de todo el ciclo.

Este artículo aborda un análisis preliminar de la DDN 20 centrado en sus aspectos más relevantes. En una primera aproximación, el documento oficial sigue la línea, ya consagrada por otras Directivas, de subsumir el concepto de Defensa, esencialmente militar, dentro del más amplio de Seguridad, que afecta a todas las capacidades del Estado. En este sentido, la primera dificultad que ha tenido que sortear la DDN 20 es, precisamente, la falta de un documento estatutario similar a la DDN, redactado al nivel de la Seguridad Nacional, que lo ilumine y oriente. A decir verdad, el vacío no ha sido total, pues tal como manifiesta la DDN 20 en su introducción se dispone de una Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) que, aunque publicada en 2017, ha servido de referencia en su elaboración, a pesar de la evidente falta de consistencia que se aprecia entre los escenarios estratégicos descritos en ambos documentos.

A este respecto, precisamente, cabe señalar la poca concreción con que la nueva DDN define el escenario estratégico, en comparación con la algo mayor con que lo hace la ESN. La DDN 20 dibuja un escenario vago, casi genérico, aplicable casi sin cambios a cualquier nación del mundo, sin referencias a zonas geográficas concretas; una acumulación de amenazas y riesgos para la seguridad con impacto en la Defensa, ninguna de las cuales aparece como más probable, o más peligrosa, y a las que se une el reconocimiento de cambios en el orden internacional que acercan de nuevo la posibilidad de conflictos armados de envergadura.

Un planteamiento como este hace difícil la posterior definición de objetivos de la Defensa y de directrices de actuación y, quizás por ello, se observan ciertas incoherencias entre las tres partes del documento. Sí llama la atención que, pese a que el documento levanta acta, un tanto apresurada, de la emergencia del COVID-19, la posibilidad de que se desencadene una pandemia no aparezca considerada en la descripción del escenario estratégico, algo que, por otra parte, sí recoge la ESN 17.

Junto a la descripción de este escenario, la DDN 20 aparece entreverada con un conjunto de consideraciones de naturaleza programática, en sí positivas y relevantes, pero que poco tienen que ver con lo que cabe esperar en un documento de esta naturaleza, pensado para orientar el planeamiento de la Defensa Nacional. En unos casos, como el del fomento de la perspectiva de género, o el de la mejora de la calidad de vida del personal en sus dimensiones de mejora de instalaciones de vida, conciliación de la vida profesional con la familiar, y reinserción en la vida civil una vez finalizado el vínculo con las Fuerzas Armadas, las consideraciones son más propias de la Política de Personal del Departamento que de una DDN. En otros, como el de la obligación de respetar las culturas locales en las operaciones militares, parecen más materia propia de las Reales Ordenanzas o de otro tipo de código deontológico.

Sin duda motivada por la emergencia del COVID-19, y a la vista del papel que las Fuerzas Armadas han asumido durante la misma, la DDN enfatiza la importancia de las misiones de colaboración con las autoridades civiles y de apoyo a las mismas, algo, por lo demás, consustancial a las Fuerzas Armadas, y establece el objetivo concreto de adquirir capacidades que permitan la colaboración y apoyo a dichas autoridades en situaciones de crisis y emergencia.

La gestión de la pandemia habrá podido poner de relieve lagunas en las capacidades de respuesta, carencias en los instrumentos de coordinación, etc., abriendo con ello una ventana de oportunidad para avanzar en este terreno y producir una respuesta más eficaz en el futuro. Conviene, no obstante, precaverse contra la posibilidad, abierta en esta DDN, de perder de vista los cometidos centrales de las Fuerzas Armadas, para evitar que un excesivo foco en las misiones de apoyo a la población civil termine por desnaturalizar su organización, dotación y adiestramiento, mellando con ello la capacidad de disuasión de los Ejércitos y su operatividad en combate.

La DDN contiene también la habitual referencia, obligada por necesaria, a la promoción entre los españoles de una verdadera Cultura de Defensa. La mención está justificada por el papel que el Ministerio de Defensa debe jugar en este esfuerzo. Sin embargo, no es al ámbito de la Defensa al que hay que recordar la importancia de esta cuestión. El impacto de cualquier esfuerzo de promoción de la Cultura de Defensa estará limitado si no es asumido como propio por otros departamentos ministeriales, además de por todas las administraciones del Estado, siendo conscientes además de que no es posible generar una Cultura de Defensa sin un consenso previo de ámbito nacional sobre cuestiones tan esenciales como los objetivos o valores compartidos por todos. Es, tal vez, en este aspecto en el que hay que poner el acento.

Quizás el punto más controvertido de la DDN 20 sea el de la financiación. La consecución de los objetivos establecidos en el documento requiere de una inversión financiera sostenida en el tiempo que rompa el techo actual de gasto en defensa. Mantener a las Fuerzas Armadas en la élite tecnológica, mejorar sustancialmente la calidad de vida del personal profesional –lo que empieza por dotarle del equipo que mejor garantice su supervivencia y superioridad en el campo de batalla–, reforzar la capacidad de apoyar a las autoridades civiles en situaciones de emergencia, robustecer las capacidades de inteligencia y actuación en el ciberespacio, o hacer frente con garantías a las obligaciones operativas derivadas de nuestra participación activa en organizaciones internacionales sobre las que, además, se suscribe el compromiso de reforzarlas hasta el 50% por espacio de un año, es tan necesario como costoso.

La DDN 20 así lo reconoce en su párrafo final cuando dice que el desarrollo de las directrices del documento precisará de la financiación que resulte necesaria. Esta afirmación, sin embargo, es poco más que el reconocimiento de lo obvio, y no va acompañada de ningún compromiso ni garantía de financiación. Teniendo en cuenta los importantes compromisos que ya tiene suscritos el Ministerio con los Programas Especiales de Armamento pendientes, y a la vista del panorama económico-financiero que se dibuja en el horizonte por los efectos del COVID-19, que ha llevado al JEME a anunciar al Ejército de Tierra la llegada de un período de austeridad, y que merecería figurar entre las principales amenazas a la seguridad nacional, parece difícil que los objetivos de la DDN 20 puedan ser cubiertos en los términos que esta plantea. Este es el verdadero Talón de Aquiles del documento, que puede convertirlo en poco más que papel mojado.

En conclusión, hay que congratularse por la emisión de una nueva DDN por lo que tiene de esfuerzo de puesta al día de la política de Defensa Nacional, incluso a falta de un instrumento similar que articule periódicamente el nivel de la Política de Seguridad en el que la de Defensa debe quedar subsumida.

La emergencia del COVID-19 parece haber sobrepasado al documento, haciéndole perder parte de su vigencia y poniendo en tela de juicio, no ya la voluntad, sino la capacidad real de alcanzar los ambiciosos objetivos que propone. Al menos, cabe la posibilidad de que el documento actúe, siquiera de forma limitada, como una suerte de escudo que proteja al sector de la Defensa contra el escenario de escasez de recursos que, sin duda, España va a vivir en los próximos años.

[John West, Asian Century on A Knife Edge: A 360 Degree Analysis of Asia’s Recent Economic Development. Palgrave Macmillan. Singapore, 2018. 329 p.]

RESEÑA / Gabriela Pajuelo

El título de esta obra parece contribuir al coro generalizado de que el siglo XXI es el siglo de Asia. En realidad, la tesis del libro es la contraria, o al menos pone esa afirmación “en el filo de la navaja”: Asia es un continente de gran complejidad económica y de intereses geopolíticos contrapuestos, lo que plantea una serie de retos cuya resolución determinará en las próximas décadas el lugar de la región en el mundo. De momento, según defiende John West, profesor universitario en Tokio, no hay nada asegurado.

El libro arranca con un preámbulo sobre la historia reciente de Asia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Ya al comienzo de ese periodo se estableció el liberalismo económico como la doctrina estándar en gran parte del mundo, también en la mayor parte de los países asiáticos, en un proceso impulsado por la puesta en marcha de instituciones internacionales.

A ese sistema, sin renunciar a sus doctrinas internas, se sumó China al ingresar en 2001 en la Organización Mundial del Comercio. Desde entonces se han producido algunos shocks como la crisis financiera de 2007-2008, que afectó gravemente a la economía estadounidense y tuvo repercusiones en el resto del mundo, o las recientes tensiones arancelarias entre Washington y Pekín, además de la presente crisis mundial por la pandemia de coronavirus.

Los principios de proteccionismo y nacionalismo desplegados por Donald Trump y un mayor recurso estadounidense al hard power en la región, así como una política más asertiva de la China de Xi Jinping en su entorno geográfico, igualmente recurriendo a posiciones de fuerza, como en el Mar del Sur de China, han perjudicado el multilateralismo que se había ido construyendo en esa parte del mundo.

El autor proporciona algunas ideas que invitan a la reflexión sobre los desafíos que enfrentará Asia, dado que los factores clave que favorecieron su desarrollo ahora se han deteriorado (principalmente debido a la estabilidad proporcionada por la interdependencia económica internacional).

West examina siete desafíos. El primero es obtener una mejor posición en las cadenas de valor mundiales, ya que desde la década de 1980 la fabricación de componentes y la elaboración de productos finales se realiza en diferentes partes del mundo. Asia interviene en gran medida en esas cadenas de suministros, en campos como la producción de tecnología o de indumentaria, pero está sujeta a decisiones comerciales de multinacionales cuyas prácticas en ocasiones no son socialmente responsables y permiten el abuso de los derechos laborales, que son importantes para el desarrollo de clases medias.

El segundo desafío es aprovechar al máximo el potencial de la urbanización, que ha pasado del 27% de la población en 1980 al 48% en 2015. La región es conocida por las megaciudades, densamente pobladas. Ello acarrea algunas dificultades: la población que emigra a los centros industriales generalmente pasa de trabajos de baja productividad a otros de alta productividad, y se pone a prueba la capacidad de atención sanitaria. Pero también es una oportunidad para mejorar las prácticas medioambientales o fomentar la innovación mediante las tecnologías verdes, por más que hoy gran parte de Asia se enfrenta aún a elevados niveles de contaminación.

Otro de los desafíos es dar a todos los asiáticos iguales oportunidades en sus respectivas sociedades, desde las personas LGBT a mujeres y comunidades indígenas, así como a minorías étnicas y religiosas. La región igualmente afronta un importante reto demográfico, pues muchas poblaciones envejecen (como la china, a pesar de la corrección que supone la “política de dos hijos”) o bien siguen expandiéndose con presumibles problemas futuros de abastecimiento (como es el caso de India).

West hace referencia, asimismo, a las barreras que para la democratización existen en la región, con el destacado inmovilismo de China, y a la extensión del crimen económico y la corrupción (falsificación, piratería, narcotráfico, trata de personas, cibercrimen o lavado de dinero).

Finalmente, el autor habla del reto de que los países asiáticos puedan vivir juntos, en paz y armonía, al tiempo que China se consolida como líder regional: si existe una apuesta china por el ​soft power, mediante la iniciativa Belt and Road, también hay una actitud de mayor confrontación por parte de Pekín respecto a Taiwán, Hong Kong y el Mar del Sur de China; mientras que actores como India, Japón y Corea del Norte quieren mayor protagonismo.

En general, el libro ofrece un análisis exhaustivo del desarrollo económico y social de Asia, y de los retos que tiene por delante. Además, el autor ofrece algunas ideas que invitan a la reflexión, argumentando que “un siglo asiático”, así proclamado, es poco probable debido al retraso del desarrollo económico de la región, ya que la mayoría de los países no han alcanzado a contrapartes occidentales en términos de PIB per cápita y sofisticación tecnológica. No obstante, deja abierto el futuro: si se resuelven con éxitos los desafíos planteados, efectivamente puede llegar el momento de una centuria asiática.

▲ Flood rescue in the Afghan village of Jalalabad, in 2010 [NATO]

June 16, 2020

ESSAY / Alejandro J. Alfonso

In December of 2019, Madrid hosted the United Nations Climate Change Conference, COP25, in an effort to raise awareness and induce action to combat the effects of climate change and global warming. COP25 is another conference in a long line of efforts to combat climate change, including the Kyoto Protocol of 2005 and the Paris Agreement in 2016. However, what the International Community has failed to do in these conferences and agreements is address the issue of those displaced by the adverse effects of Climate Change, what some call “Climate Refugees”.

Introduction

In 1951, six years after the conclusion of the Second World War and three years after the creation of the State of Israel, a young organization called the United Nations held an international convention on the status of refugees. According to Article 1 section A of this convention, the status of refugee would be given to those already recognized as refugees by earlier conventions, dating back to the League of Nations, and those who were affected “as a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion…”. However, as this is such a narrow definition of a refugee, the UN reconvened in 1967 to remove the geographical and time restrictions found in the 1951 convention[1], thus creating the 1967 Protocol.

Since then, the United Nations General Assembly and the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) have worked together to promote the rights of refugees and to continue the fight against the root causes of refugee movements.[2] In 2016, the General Assembly made the New York Declaration for Refugees and Migrants, followed by the Global Compact on Refugees in 2018, in which was established four objectives: “(i) ease pressures on host countries; (ii) enhance refugee self-reliance; (iii) expand access to third country solutions; and (iv) support conditions in countries of origin for return in safety and dignity”.[3] Defined as ‘interlinked and interdependent objectives’, the Global Compact aims to unite the political will of the International Community and other major stakeholders in order to have ‘equitalized, sustained and predictable contributions’ towards refugee relief efforts. Taking a holistic approach, the Compact recognizes that various factors may affect refugee movements, and that several interlinked solutions are needed to combat these root causes.

While the UN and its supporting bodies have made an effort to expand international protection of refugees, the definition on the status of refugees remains largely untouched since its initial applications in 1951 and 1967. “While not in themselves causes of refugee movements, climate, environmental degradation and natural disasters increasingly interact with the drivers of refugee movements”.3 The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has found that the increase of the average temperature of the planet, commonly known as Global Warming, can lead to an increase in the intensity and occurrence of natural disasters[4]. Furthermore, this is reinforced by the Internal Displacement Monitoring Centre, which has found that the number of those displaced by natural disasters is higher than the number of those displaced by violence or conflict on a yearly basis[5], as shown in Table 1. In an era in which there is great preoccupation and worry concerning the adverse effects of climate change and global warming, the UN has not expanded its definition of refugee to encapsulate those who are displaced due to natural disasters caused by, allegedly, climate change.

Table 1 / Global Internal Displacement Database, from IDMC

Methodology

This present paper will be focused on the study of Central America and Southeast Asia as my study subjects. The first reason for which these two regions have been selected is that both are the first and second most disaster prone areas in the world[6], respectively. Secondly, the countries found within these areas can be considered as developing states, with infrastructural, economic, and political issues that can be aggravating factors. Finally, both have been selected due to the hegemonic powers within those hemispheres: the United States of America and the People’s Republic of China. Both of these powers have an interest in how a ‘refugee’ is defined due to concerns over these two regions, and worries over becoming receiving countries to refugee flows.

Central America

As aforementioned, the intensity and frequency of natural disasters are expected to increase due to irregularities brought upon by an increase in the average temperature of the ocean. Figure 1 shows that climate driven disasters in Latin America and the Caribbean have slowly been increasing since the 1970s, along with the world average, and are expected to increase further in the years to come. In a study by Omar D. Bello, the rate of climate related disasters in Central America increased by 326% from the year 1970 to 1999, while from 2000 to 2009 the total number of climate disasters were 143 and 148 in Central America and the Caribbean respectively[7].  On the other hand, while research conducted by Holland and Bruyère has not concluded an increase in the number of hurricanes in the North Atlantic, there has been an upward trend in the proportion of Category 4-5 hurricanes in the area[8] .

This increase in natural disasters, and their intensity, can have a hard effect on those countries which have a reliance on agriculture. Agriculture as a percentage of GDP has been declining within the region in recent years due to policies of diversification of economies. However, in the countries of Honduras and Nicaragua the percentage share of agriculture is still slightly higher than 10%, while in Guatemala and Belize agriculture is slightly below 10% of GDP share[9]. Therefore, we can expect high levels of emigration from the agricultural sectors of these countries, heading toward higher elevations, such as the Central Plateau of Mexico, and the highlands of Guatemala. Furthermore, we can expect mass migration movements from Belize, which is projected to be partially submerged by 2100 due to rising sea levels[10].

Figure 2 / Climate Risk Index 2020, from German Watch

Southeast Asia

The second region of concern is Southeast Asia, the region most affected by natural disasters, according to the research by Bello, mentioned previously. The countries of Southeast Asia are ranked in the top ten countries projected to be at most risk due to climate change, shown in Figure 2 above[11]. Southeast Asia is home to over 650 million people, about 8% of total world population, with 50% living in urban areas[12]. Recently, the OECD concluded that while the share in GDP of agriculture and fisheries has declined in recent years, there is still a heavy reliance on these sectors to push economy in the future[13]. In 2014, the Asian Development Bank carried out a study analyzing the possible cost of climate change on several countries in the region. It concluded that a possible loss of 1.8% in the GDP of six countries could occur by 2050[14]. These six countries had a high reliance on agriculture as part of the GDP, for example Bangladesh with around 20% of GDP and 48% of the workforce being dedicated to agricultural goods. Therefore, those countries with a high reliance on agricultural goods or fisheries as a proportion of GDP can be expected to be the sources of large climate migration in the future, more so than in the countries of Central America.

One possible factor is the vast river system within the area, which is susceptible to yearly flooding. With an increase in average water levels, we can expect this flooding to worsen gradually throughout the years. In the case of Bangladesh, 28% of the population lives on a coastline which sits below sea level[15]. With trends of submerged areas, Bangladesh is expected to lose 11% of its territory due to rising sea levels by 2050, affecting approximately 15 million inhabitants[16][17]. Scientists have reason to believe that warmer ocean temperatures will not only lead to rising sea levels, but also an intensification and increase of frequency in typhoons and monsoons[18], such as is the case with hurricanes in the North Atlantic.

Expected Destinations

Taking into account the analysis provided above, there are two possible migration movements: internal or external. In respect to internal migration, climate migrants will begin to move towards higher elevations and temperate climates to avoid the extreme weather that forced their exodus. The World Bank report, cited above, marked two locations within Central America that fulfil these criteria: the Central Plateau of Mexico, and the highlands of Guatemala. Meanwhile, in Southeast Asia, climate migrants will move inwards in an attempt to flee the rising waters, floods, and storms.

However, it is within reason to believe that there will be significant climate migration flows towards the USA and the Popular Republic of China (PRC). Both the United States and China are global powers, and as such have a political stability and economic prowess that already attracts normal migration flows. For those fleeing the effects of climate change, this stability will become even more so attractive as a future home. For those in Southeast Asia, China becomes a very desired destination. With the second largest land area of any country, and with a large central zone far from coastal waters, China provides a territorial sound destination. As the hegemon in Asia, China could easily acclimate these climate migrants, sending them to regions that could use a larger agricultural workforce, if such a place exists within China.

In the case of Central America, the United States is already a sought-after destination for migrant movements, being the first migrant destination for all Central American countries save Nicaragua, whose citizens migrate in greater number to Costa Rica[19]. With the world’s largest economy, and with the oldest democracy in the Western hemisphere, the United States is a stable destination for any refugee. In regard to relocation plans for areas affected by natural disasters, the United States also has shown it is capable of effectively moving at-risk populations, such as the Isle de Jean Charles resettlement program in the state of Louisiana[20].

Problems

While some would opine that ‘climate migrants’ and ‘climate refugees’ are interchangeable terms, they are unfortunately not. Under international law, there does not exist ‘climate refugees’. The problem with ‘climate refugees’ is that there is currently no political will to change the definition of refugee to include this new category among them. In the case of the United States, section 101(42) of the Immigration and Nationality Act (INA), the definition of a refugee follows that of the aforementioned 1951 Geneva convention[21], once again leaving out the supposed ‘climate refugees’. The Trump administration has an interest in maintaining this status quo, especially in regard to its hard stance in stopping the flow of illegal immigrants coming from Central America. If a resolution should pass the United Nations Security Council, the Trump administration would have no choice but to change section 101(42) of the INA, thus risking an increased number of asylum applicants to the US. Therefore, it can confidently be projected that the current administration, and possibly future administrations, would utilize the veto power, given to permanent members of the United Nations Security Council, on such a resolution.

China, the strongest regional actor in Asia, does not have to worry about displeasing the voter. Rather, they would not allow a redefinition of refugee to pass the UN Security Council for reasons concerning the stability and homogeneity of the country. While China does accept refugees, according to the UNHCR, the number of refugees is fairly low, especially those from the Middle East. This is mostly likely due to the animosity that the Chinese government has for the Muslim population. In fact, the Chinese government has a tense relationship with organized religion in and of itself, but mostly with Islam and Buddhism. Therefore, it is very easy to believe that China would veto a redefinition of refugee to include ‘climate refugees’, in that that would open its borders to a larger number of asylum seekers from its neighboring countries. This is especially unlikely when said neighbors have a high concentration of Muslims and Buddhists: Bangladesh is 90% Muslim, and Burma (Myanmar) is 87% Buddhist[22]. Furthermore, both countries have known religious extremist groups that cause instability in civil society, a problem the Chinese government neither needs nor wants.

On the other hand, there is also the theory that the causes of climate migration simply cannot be measured. Natural disasters have always been a part of human history and have been a cause of migration since time immemorial. Therefore, how can we know if migrations are taking place due to climate factors, or due to other aggravating factors, such as political or economic instability? According to a report by the French think tank ‘Population and Societies’, when a natural disaster occurs, the consequences remain localized, and the people will migrate only temporarily, if they leave the affected zone at all[23]. This is due to the fact that usually that society will bind together, working with familial relations to surpass the event. The report also brings to light an important issue touched upon in the studies mentioned above: there are other factors that play in a migration due to a natural disaster. Véron and Golaz in their report cite that the migration caused by the Ethiopian drought of 1984 was also due in part to bad policies by the Ethiopian government, such as tax measures or non-farming policies.

The lack of diversification of the economies of these countries, and the reliance on agriculture could be such an aggravating factor. Agriculture is very susceptible to changes in climate patterns and are affected when these climate patterns become irregular. This can relate to a change of expected rainfall, whether it be delayed, not the quantity needed, or no rainfall at all. Concerning the rising sea levels and an increase in floods, the soil of agricultural areas can be contaminated with excess salt levels, which would remain even after the flooding recedes. For example, the Sula Valley in Honduras generates 62% of GDP, and about 68% of the exports, but with its rivers and proximity to the ocean, also suffers from occasional flooding. Likewise, Bangladesh's heavy reliance on agriculture, being below sea level, could see salt contamination in its soil in the near future, damaging agricultural property.

Reliance on agriculture alone does not answer why natural disasters could cause large emigration in the region. Bello and Professor Patricia Weiss Fagen[24] find that issues concerning the funding of local relief projects, corruption in local institutions, and general mismanagement of crisis response is another aggravating factor. Usually, forced migration flows finish with a return to the country or area of origin, once the crisis has been resolved. However, when the crisis has continuing effects, such as what happened in Chernobyl, for example, or when the crisis has not been correctly dealt with, this return flow does not occur. For example, in the countries composing the Northern Triangle, there are problems of organized crime which is already a factor for migration flows from the area[25]. Likewise, the failure of Bangladesh and Myanmar to deal with extremist Buddhist movements, or the specific case of the Rohinga Muslims, could inhibit return flows and even encourage leaving the region entirely.

Recommendations and Conclusions

The definition of refugee will not be changed or modified in order to protect climate migrants. That is a political decision by countries who sit at a privileged position of not having to worry about such a crisis occurring in their own countries, nor want to be burdened by those countries who will be affected. Facing this simple reality should help to find a better alternative solution, which is the continuing efforts of the development of nations, in order that they may be self-sufficient, for their sake and the population’s sake. This fight does not have to be taken alone, but can be fought together through regional organizations who have a better understanding and grasp of the gravity of the situation, and can create holistic approaches to resolve and prevent these crises.

We should not expect the United Nations to resolve the problem of displacement due to natural disasters. The United Nations focuses on generalized and universal issues, such as that of global warming and climate change, but in my opinion is weak in resolving localized problems. Regional organizations are the correct forum to resolve this grave problem. For Central America, the Organization of American States (OAS) provides a stable forum where these countries may express their concerns with states of North and Latin America. With the re-election of Secretary General Luis Almagro, a strong and outspoken authority on issues concerning the protection of Human Rights, the OAS is the perfect forum to protect those displaced by natural disasters in the region. Furthermore, the OAS could work closely with the Inter-American Development Bank, which has the financial support of international actors who are not part of the OAS, such as Japan, Israel, Spain, and China, to establish the necessary political and structural reforms to better implement crisis management responses. This does not exclude the collusion with other international organizations, such as the UN. Interestingly, the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) has a project in the aforementioned Sula Valley to improve infrastructure to deal with the yearly floods[26]. 

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is another example of an apt regional organization to deal with the localized issues. Mostly dealing with economic issues, this forum of ten countries could carry out mutual programs in order to protect agricultural territory, or further integrate to allow a diversification of their economies to ease this reliance on agricultural goods. ASEAN could also call forth the ASEAN +3 mechanism, which incorporates China, Japan, and South Korea, to help with the management of these projects, or for financial aid. China should be interested in the latter option, seeing as it can increase its good image in the region, as well as protecting its interest of preventing possible migration flows to its territory. The Asian Development Bank, on the other hand, offers a good alternative financial source if the ASEAN countries so choose, in order to not have heavy reliance on one country or the other.

▲ Terrazas de campos de arroz en Vietnam [Pixabay]

COMENTARIO / Eduardo Arbizu

La combinación de una economía de mercado y un régimen autoritario dominado por el Partido Comunista de Vietnam (PCV) ha llevado a Vietnam, un país con más de 90 millones de habitantes, a convertirse en una pieza esencial para el futuro del Sudeste Asiático

El Vietnam actual es la consecuencia de un proceso de cambio confuso y contradictorio que ha transformado no solo la economía del país, sino que ha tenido también un profundo impacto en la vida social, la configuración urbana, el medio ambiente, las políticas internas y exteriores y cuyos efectos finales se verán en el largo plazo.

Un impresionante cambio económico

La transformación del modelo económico en Vietnam deriva formalmente de la decisión adoptada en el sexto congreso del PCV en diciembre de 1986 de abrir el país a la economía de mercado, pero sus raíces las encontramos antes, en la crisis económica que siguió a la guerra, en el colapso de la producción agrícola que la radical implantación de un modelo comunista provocó en 1979. Esta debacle obligó a permitir el comercio privado de cualquier excedente de producción que superara los objetivos establecidos por el Estado para las empresas o tierras públicas. Esta especie de capitalismo de Estado abonó el terreno para la liberalización que siguió al fallecimiento del líder estalinista, Le Duan, en 1986. La aprobación de la política de do-moi o renovación supuso el abandono de la planificación y la opción por el libre mercado. No fue una decisión ideológica sino instrumental. Si el PC quería mantener el control del país necesitaba generar un millón de puestos de trabajo al año, garantizar el alimento para 90 millones de habitantes y reducir la pobreza.

Ha sido un éxito económico y social: la renta per cápita se ha incrementado radicalmente y la población bajo el umbral de la pobreza se ha reducido del 60 al 20 %. El embargo de Estados Unidos acabó en 1993 y en 1997 ambos países firmaron un nuevo acuerdo de comercio. En 2007 Vietnam fue admitido en la OMC. En ese contexto de apertura, más de 150.000 nuevas empresas se crearon bajo la nueva ley de empresas y grandes compañías internacionales como Clarks, Canon, Samsung e Intel instalaron centros de producción en Vietnam.

Los logros del proceso, sin embargo, no deben ocultar sus debilidades: una economía controlada por el Estado a través de joint ventures y empresas estatales, un frágil Estado de Derecho, corrupción masiva, un entramado de familias leales al PCV que acumulan riqueza y poseen la mayoría de los negocios privados, una desigualdad creciente y un profundo deterioro ecológico.

La agricultura ha evolucionado desde la súbita caída de producción que siguió a la colectivización comunista a la situación actual en la que Vietnam es el segundo mayor exportador de arroz en el mundo, cultivo que representa el 20% de sus exportaciones. La industrialización de la economía ha hecho que la agricultura, que era el 40% del PIB, sea hoy solo el 20%. La vida sigue dependiendo del cultivo del arroz, todavía la principal fuente de ingresos en los hogares rurales, donde vive la mitad de la población. Las exportaciones de arroz se gestionan por una combinación del libre mercado y un funcionariado corrupto, con las negativas consecuencias vividas en la crisis especulativa del 2008. Se ha experimentado una intensa migración del campo a las grandes ciudades donde los salarios son cinco veces superiores. La presión en busca de la riqueza está convirtiendo la tierra agrícola en parcelas residenciales o industriales. Cada año se recalifican 10.000 nuevas hectáreas. La transformación del mundo rural está apartando las antiguas estructuras que proporcionaban seguridad, sentido y propósito y está por ver como afecta a la estabilidad futura.

Un cambio social y medioambiental

La construcción de ciudades proletarias tras la guerra, bajo el programa comunista de vivienda, no ha impedido la superpoblación ni la continuidad de una vida comunal. Los emigrantes continúan llegando en búsqueda de trabajo, dinero y protección. Toneladas de desechos industriales siguen sin tratarse; los ríos alrededor de la ciudad de Ho Chi Min están biológicamente muertos y la polución en Hanói se sitúa muy por encima de los niveles internacionalmente aceptados. Problemas como la prostitución, con más del 1 % de las mujeres trabajando en tráfico sexual ilícito, o los niños abandonados en las calles son una realidad. Sin embargo, mientras doblaba o triplicaba su población urbana, Vietnam ha gestionado mejor estos problemas que sus países vecinos, evitando en mayor medida las ciudades fantasmas y sus problemas de criminalidad, pobreza extrema y drogadicción tan comunes en el resto de Asia.

El dinamismo comercial y urbano se refleja en miles de negocios ilegales de venta de alimentos en la calle y pequeñas empresas, pioneras del capitalismo a menor escala, que hoy constituyen un símbolo turístico de Vietnam. En ciudades llenas de jóvenes que identifican la libertad con una motocicleta contaminante, la juventud se rebela contra años de austeridad comunista pero no contra las tradiciones familiares.

Vietnam es un país donde una maravilla natural como la Bahía de Ha Long, una de las imágenes icónicas del país, es simultáneamente una atracción turística y un desastre medioambiental. Es también una de las zonas más expuestas a los efectos del cambio climático, debido a su poca altura y su dependencia en la producción agrícola en el Delta de Mekong y al turismo. El respeto por la vida silvestre y el medioambiente son cuestiones de una prioridad baja para las autoridades.

El PCV sigue al mando

Hay cuestiones que no han cambiado con la misma intensidad. Vietnam vive todavía bajo un “sistema natural de control”, el profundo sistema de vigilancia puesto en marcha por el régimen comunista para controlar los valores y el comportamiento de su pueblo. Un sistema en el que uno de cada seis vietnamitas acabo trabajando en las fuerzas de seguridad y que desembocó en un control de las “familias cultivadas”, aquellas que se comportan de acuerdo con los valores establecidos por el partido. Aunque ha probado su eficacia en crisis como la gripe aviar y en parte ahora en la del Covid-19, el sistema resulta hoy controvertido por la difusión de Internet y las redes sociales y de cambios sociales radicales que plantean la exigencia de más libertad. A pesar de este control, la corrupción está extendida y perjudica el futuro del país.

El PCV sigue teniendo el poder. Manteniendo sus raíces leninistas, es ahora una organización elitista e inteligente en búsqueda de su propia supervivencia. Un nuevo mandarinato que ha evolucionado de un poder centralizado presente en todos los aspectos de la vida pública y social a un control frágil y parcial; de un “insignificante sistema legal”, donde las decisiones se adoptaban directamente por el PCV y su adecuación a la ley era irrelevante, a un “Estado basado en la Ley”, donde las normas son la herramienta para supervisar a emprendedores e inversores, permitiéndoles crear riqueza y empleo pero simultáneamente cumplir con las expectativas del PCV. De manera similar el partido controla el poder legislativo, los tribunales e indirectamente la prensa, los medios y la cobertura de las noticias, lo que impide considerar a Vietnam como un país realmente libre.

La vida ha sido difícil y solitaria para aquellos pocos que intentaron oponerse al régimen y promover una democracia real. El nombre del sacerdote católico padre Ly y el de sus seguidores, brutalmente reprimidos, juzgados y condenados en marzo de 2007, una vez el país fue admitido en la OMC, ensombrece la esperanza de una transición hacia una libertad política efectiva.

Política exterior y futuro

La política exterior vietnamita trata de encontrar un equilibrio en sus relaciones con dos actores principales: Estados Unidos y China, con el contrapeso de un conjunto de alianzas con terceros países. Superar las heridas de guerra y establecer una cooperación confiada en materia de seguridad es el objetivo de la política de aproximación con Estados Unidos, que ya es un inversor significativo en el país. La relación especial con China, el mayor importador de productos vietnamitas, un gigante industrial y el mayor ejército de Asia, es el otro eje de su política a pesar de los viejos conflictos territoriales.

La sobrexplotación del entorno, la desigualdad, el atrincheramiento de las élites y, sobre todo, la incertidumbre sobre la evolución del Partido Comunista de Vietnam y del sistema político son aspectos que lastran las perspectivas. Sin embargo, una población joven y bien educada, así como el flujo de inversión extranjera, constituyen razones para el optimismo sobre una mayor liberalización del país, también política.

▲ Cruce de calles en Minneapolis donde George Floyd fue detenido por la policía local [Fibonacci Blue]

COMENTARIO / Salvador Sánchez Tapia [Gral. de Brigada (Res.)]

En una controvertida declaración pública hecha el pasado 2 de junio, el presidente norteamericano Donald Trump amagó con desplegar unidades de las Fuerzas Armadas para contener las revueltas desatadas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de la policía en Minnesota, y para mantener el orden público si estas llegaran a escalar en el nivel de violencia.

Con independencia de la gravedad del hecho, y más allá de que el incidente haya sido politizado y esté siendo empleado como una plataforma de expresión de rechazo a la presidencia de Trump, la posibilidad apuntada por el presidente plantea un reto casi inédito a las relaciones entre civiles y militares en Estados Unidos.

Por razones enraizadas en su pasado anterior a la independencia, Estados Unidos mantiene una cierta prevención contra la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan ser empleadas domésticamente contra los ciudadanos por quien ostente el poder. Por tal razón, cuando los Padres Fundadores redactaron la Constitución, a la vez que autorizaron al Congreso a organizar y mantener Ejércitos, limitaron explícitamente su financiación a un máximo de dos años.

Con este trasfondo, y con el de la tensión entre la Federación y los estados, la legislación norteamericana ha tratado de acotar el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas domésticas. Así, desde 1878, la Ley de Posse Comitatus limita la posibilidad de emplearlas en el cumplimiento de misiones de mantenimiento del orden público que corresponde ejecutar a los estados con sus medios, entre los que se cuenta la Guardia Nacional.

Una de las excepciones a esta regla la constituye la Ley de Insurrección de 1807, invocada, precisamente, por el presidente Trump como argumento en favor de la legalidad de una eventual decisión de empleo. Ello, pese a que dicha ley tiene un espíritu restrictivo, pues exige en su aplicación el concurso de los estados, y porque está pensada para casos extremos en los que estos no sean capaces, o no quieran, mantener el orden, circunstancias que no parecen aplicables al caso que nos ocupa.

De lo polémico del anuncio da fe el hecho de que voces tan autorizadas y tan poco proclives a romper públicamente su neutralidad como la del teniente general (ret.) James Mattis, secretario de Defensa de la Administración Trump hasta su prematuro relevo en diciembre de 2018, o la del teniente general (ret.) Martin Dempsey, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor entre 2011 y 2015, se hayan alzado en contra de este empleo, uniéndose con ello a las manifestaciones hechas por expresidentes tan dispares como George W. Bush o Barak Obama, o a las del propio secretario de Defensa, Mark Esper, cuya posición en contra de la posibilidad de uso de las Fuerzas Armadas en esta situación ha quedado clara recientemente.

El anuncio presidencial ha abierto una crisis en las habitualmente estables relaciones cívico-militares (CMR) norteamericanas. Trascendiendo el ámbito de Estados Unidos, la cuestión, de hondo calado, y que afecta a la entraña de las CMR en un estado democrático, no es otra que la de la conveniencia o no de emplear las Fuerzas Armadas en cometidos de orden público o, en un sentido más amplio, domésticos, y la de los riesgos asociados a tal decisión.

En la década de los noventa del pasado siglo, Michael C. Desch, una de las principales autoridades en el campo de las CMR, identificó la correlación existente entre las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas por un estado y la calidad de sus relaciones cívico-militares, concluyendo que las misiones militares orientadas al exterior son las que más facilitan unas CMR saludables, mientras que las misiones internas no puramente militares son susceptibles de generar diversas patologías en dichas relaciones.

De forma general, la existencia de las Fuerzas Armadas en cualquier estado obedece primordialmente a la necesidad de proteger al mismo contra cualquier amenaza que proceda del exterior. Para llevar a cabo con garantías tan alto cometido, los Ejércitos están equipados y adiestrados para el empleo letal de la fuerza, a diferencia de lo que sucede con los cuerpos policiales, que lo están para un uso mínimo y gradual de la misma, que solo llega a ser letal en los casos, excepcionales, más extremos. En el primer caso, se trata de confrontar un enemigo armado que intenta destruir las fuerzas propias. En el segundo, con la fuerza se hace frente a ciudadanos que pueden, en algunos casos, emplear la violencia, pero que siguen siendo, al fin y al cabo, compatriotas.

Cuando se emplean fuerzas militares en cometidos de esta naturaleza, se incurre siempre en el riesgo de que produzcan una respuesta conforme a su adiestramiento, que puede resultar excesiva en un escenario de orden público. Las consecuencias, en tal caso, pueden ser muy negativas. En el peor de los casos, y por encima de cualquier otra consideración, el empleo puede derivar en una, quizás, evitable pérdida de vidas humanas. Además, desde el punto de vista de las CMR, los soldados que la nación entrega para su defensa exterior podrían convertirse, a ojos de la ciudadanía, en los enemigos de aquellos a los que deben defender.

El daño que esto puede producir para las relaciones cívico-militares, para la defensa nacional y para la calidad de la democracia de un estado es difícilmente mensurable, pero puede intuirse si se considera que, en un sistema democrático, las Fuerzas Armadas no pueden vivir sin el apoyo de sus conciudadanos, que las ven como una fuerza benéfica para la nación y a cuyos miembros extienden su reconocimiento como sus leales y desinteresados servidores.

El abuso en el empleo de las Fuerzas Armadas en cometidos domésticos puede, además, deteriorar su preparación, de por sí compleja, debilitándolas para la ejecución de las misiones para las que fueron concebidas. Puede, también, terminar condicionando su organización y equipamiento en detrimento, de nuevo, de sus tareas esenciales.

Por otra parte, y aunque hoy en día nos veamos muy lejos y a salvo de un escenario así, este empleo puede derivar, paulatinamente, hacia una progresiva expansión de los cometidos de las Fuerzas Armadas, que extenderían su control sobre actividades netamente civiles, y que verían ampliada cada vez más su paleta de cometidos, desplazando en su ejecución a otras agencias, que podrían, indeseablemente, atrofiarse.

En tal escenario, la institución militar podría dejar de ser percibida como un actor desinteresado para pasar a ser considerada como un competidor más con intereses particulares, y con una capacidad de control que podría utilizar en su propio beneficio, incluso si éste estuviera contrapuesto al interés de la nación. Tal situación, con el tiempo, llevaría de la mano a la politización de las Fuerzas Armadas, de donde se seguiría otro daño a las CMR difícilmente cuantificable.

Decisiones como la apuntada por el presidente Trump pueden, finalmente, poner a los miembros de las Fuerzas Armadas frente al grave dilema moral de emplear la fuerza contra sus conciudadanos, o desobedecer las órdenes del presidente. Por su gravedad, por tanto, la decisión de comprometer las Fuerzas Armadas en estos cometidos debe ser tomada de forma excepcional y tras haberla ponderado cuidadosamente.

Es difícil determinar si el anuncio hecho por el presidente Trump fue tan solo un producto de su temperamento o si, por el contrario, encerraba una intención real de emplear a las Fuerzas Armadas en los disturbios que salpican el país, en una decisión que no se ha producido desde 1992. En cualquier caso, el presidente, y quienes le asesoren, deben valorar el daño que de ella puede inferirse para las relaciones cívico-militares y, por ende, para el sistema democrático norteamericano. Ello sin olvidar, además, la responsabilidad que recae sobre los hombros de Norteamérica ante la realidad de que una parte de la humanidad mira al país como una referencia y modelo a imitar.

Bolivia se ha consolidado en el papel de distribuir la cocaína peruana y la propia para consumo en Sudamérica y exportación a Europa

• En 2019 el gobierno de Martín Vizcarra erradicó 25.526 hectáreas de cultivo de coca, la mitad de la extensión total estimada de plantaciones

• Perú tuvo en 2018 una producción potencial de cocaína récord de 509 toneladas; la de Bolivia fue de 254, una de las históricamente más altas, según EEUU

• EEUU acusó a Morales hacia el término de su mandato de haber “faltado manifiestamente” a sus obligaciones internacionales con su plan antinarcóticos 2016-2020

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▲ Operación de erradicación de cultivo de coca en el Alto Huallaga, Perú [Proyecto CORAH]

INFORME SRA 2020 / Eduardo Villa Corta [versión PDF]

MAYO 2020—Desde que en Perú los planes nacionales contra el cultivo de coca comenzaron en la década de 1980, las campañas de erradicación de las plantaciones nunca habían llegado a lo que se conoce como VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), una zona de difícil acceso en el centro de la mitad sur del país. En esa zona opera el crimen organizado, especialmente los residuos de la vieja guerrilla de Sendero Luminoso, dedicada ahora al narcotráfico y otros negocios ilícitos. El área es origen del 64% de la producción potencial de cocaína del país. Perú es el segundo productor del mundo, después de Colombia.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra llevó a cabo en 2019 una decidida política de supresión de cultivos ilícitos. El plan de erradicación (Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga o CORAH) se aplicó el año pasado a 25.526 hectáreas de cultivos de coca (la mitad de las existentes), de las cuales 750 habrían correspondido al VRAEM (las operaciones se desarrollaron en las zonas de Satipo, río Tambo y Alto Anapati, en la región de Junín).

Estas acciones debieran traducirse, cuando se presenten las cifras referidas a 2019, en una reducción del cultivo total de coca y de la potencial producción de cocaína, rompiendo así el incremento que se venía experimentando en los últimos años. Según el último Informe Internacional de Estrategia de Control de Narcóticos (INCSR), del Departamento de Estado norteamericano, que sigue de cerca esta actividad ilícita en los países de la región, en 2018 había en Perú 52.100 hectáreas de coca (frente a las 44.000 de 2016 y las 49.800 de 2017), cuya extensión y calidad de cultivo podría generar una producción récord de 509 toneladas de cocaína (frente a las 409 de 2016 y 486 de 2017). Aunque en 2013 llegó a haber una mayor área cultivado (59.500 hectáreas), entonces el potencial de cocaína se quedó en 359 toneladas.

De Perú a Bolivia

Ese incremento de los últimos años en la generación de cocaína en Perú ha consolidado el papel de Bolivia en el tráfico de esa droga, pues además de ser el tercer país productor del mundo (en 2018 había cultivadas 32.900 hectáreas, con una producción potencial de 254 toneladas de sustancia estupefaciente, según EEUU), es zona de tránsito de la cocaína de origen peruano.

El hecho de que solo alrededor del 6% de la cocaína que alcanza Estados Unidos proceda de Perú (el resto llega de Colombia), indica que la mayor parte de la producción peruana va hacia el creciente mercado de Brasil y Argentina y hacia Europa, y por tanto su lugar natural de salida es por Bolivia. De esta forma, Bolivia es considerada como un gran “distribuidor”.

Parte de la droga llega en pasta y es refinada en laboratorios bolivianos. Las mercancías se introducen en Bolivia utilizando avionetas, que en ocasiones vuelan a menos de 15 metros de altura y sueltan los paquetes de cocaína en áreas rurales no habitadas; luego son recogidos por elementos de la organización. El traslado también se realiza por carretera, con la droga camuflada en caminos de carga, y en menor medida utilizando el lago Titicaca y otras vías fluviales que conectan ambos países.

Una vez pasada la frontera, la droga de Perú, junto con la producida en Bolivia, viaja a Argentina y Chile, especialmente a través de la ciudad boliviana de Santa Cruz y el paso fronterizo chileno de Colchane, o se interna en Brasil –directamente o a través de Paraguay, usando por ejemplo el paso entre la población paraguaya de Pedro Juan Caballero y la brasileña Ponta Pora– para consumo propio del mayor país de Sudamérica, cuyo volumen ha escalado al segundo puesto mundial, o para llegar a puertos internacionales como el de Santos. Este puerto, que es la salida al mar de Sao Paulo, se ha convertido en el nuevo 'hub' del comercio mundial de narcóticos, del cual sale casi el 80% de las drogas de Latinoamérica con destino a Europa (en ocasiones a través de África).

La producción en Bolivia volvió a crecer a partir de mediados de la década recién terminada, si bien en el caso boliviano existe una notoria diferencia entre las a menudo divergentes cifras ofrecidas por Estados Unidos y por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Ambas estimaciones concuerdan en que previamente hubo un descenso, atribuido por el gobierno de La Paz a la llamada “racionalización de la producción de la coca”, que redujo la producción en un 35% y ajustó las áreas de cultivo a las permitidas por la ley, en un país donde están permitidos usos tradicionales de la coca.

Sin embargo, la Ley de la Coca promovida en 2017 por el presidente Evo Morales (su carrera política se originó en los sindicatos cocaleros, cuyos intereses luego siguió defendiendo) amparó una extensión de la producción, elevando las hectáreas permitidas de 12.000 a 22.000. La nueva ley venía a cubrir un incremento que ya se estaba produciendo e incentivó mayores excesos que han sobrepasado con creces el volumen requerido por los usos tradicionales, que estudios de la Unión Europea sitúan en menos de 14.700 hectáreas. De hecho, la UNODC estimó en su informe de 2019 que entre el 27% y el 42% de la hoja de coca cultivada en 2018 no fue vendida en los dos únicos mercados locales autorizados para ello, lo que indica que al menos el resto fue destinada a la producción de cocaína.

Para 2018, la UNODC determinó una producción de 23.100 hectáreas, en cualquier caso por encima de lo permitido por la ley. Los datos de EEUU hablan de 32.900 hectáreas, lo que suponía un incremento del 6% respecto al año anterior, y una producción potencial de cocaína de 254 toneladas (un 2% más).

El 65% de la producción boliviana se realiza en la zona de los Yungas, próxima a La Paz, y el 35% restante en Chapare, cerca de Cochabamba. En esta última zona los cultivos se están expandiendo, invadiendo el parque-reserva natural de Tipnis. El parque, que se adentra en la Amazonia, sufrió en 2019 importantes incendios: intencionados o no, la vegetación tropical aniquilada podría paso a plantaciones clandestinas de coca.

Después de Morales

El informe del Departamento de Estado norteamericano de 2020 destaca el mayor compromiso antidroga de las autoridades bolivianas que en noviembre de 2019 sucedieron al gobierno de Morales, el cual había mantenido “controles inadecuados” sobre el cultivo de coca. EEUU considera que el plan antidroga de Morales para 2016-2020 “priorizaba” acciones contra organizaciones criminales en lugar de combatir la producción de los cocaleros que excediera el volumen permitido. Poco antes de dejar el poder, en el mes de septiembre, Morales fue señalado desde EEUU por haber “fallado manifiestamente” a las obligaciones internacionales en materia de control de drogas.

Según EEUU, el gobierno de transición “ha dado importantes pasos en la interceptación de droga y en la extradición de narcotraficantes”. Este mayor control de las nuevas autoridades bolivianas, junto con la decidida actuación del gobierno de Vizcarra en Perú debiera conducir a una reducción del cultivo de coca y de producción de cocaína en ambos países, y por tanto de su exportación.

Uruguay contribuye con el 45,5% de los efectivos latinoamericanos y El Salvador es el segundo, con el 12%; ambos por delante de las potencias regionales

• Del total de 82.480 efectivos de las catorce misiones de paz de la ONU a comienzos de 2020, 2.473 procedían de países latinoamericanos, la mayoría militares y policías

• Casi todo el contingente procedente de la región sirve en misiones en África; el 45,4% lo hace en el plan de estabilización de la República Democrática del Congo

• Tras Uruguay y después El Salvador, siguen Argentina, Brasil, Perú y Guatemala; en cambio México es de los que menos aporta (solo 13 expertos y empleados, no tropa)

▲ Soldado boliviano en unos ejercicios de entrenamientos para misiones de paz de la ONU, en 2002 [Wikipedia]

INFORME SRA 2020 / Jaime Azpiri [versión en PDF]

MAYO 2020—La aportación de Latinoamérica a las misiones internacionales de mantenimiento de la paz auspiciadas por Naciones Unidas queda por debajo del peso de su población y economía en el mundo (alrededor del 8% y del 7%, respectivamente). Del total de 82.480 personas que participaban en las distintas misiones de la ONU a 31 de enero de 2020, solo 2.473 procedían de países latinoamericanos, lo que supone el 2,9% del total. Similar porcentaje (3%) se registraba al considerar únicamente el personal militar o policial de las misiones (cerca de 2.150 uniformados, de un total de 70.738; el resto correspondía a empleados y expertos).

Se trata de una presencia exterior menor de la que cabría esperar, dada además la insistencia de muchos países de la región en el multilateralismo y la conveniencia de instituciones internacionales fuertes que limiten impulsos expansivos de las grandes potencias. Especial excepción constituye Uruguay, justamente la nación más coherente en su defensa del arbitraje internacional, que a pesar de su reducida población es la que, con diferencia, aporta más personal a las misiones de paz. Sus 1.125 enviados constituyen el 45,5% del contingente total latinoamericano.

Si la decidida contribución de Uruguay no extraña, sí sorprende que como segundo país con mayor participación sea El Salvador, con 293 personas (el 12% de la aportación latinoamericana). Siguen luego dos países de gran peso, Argentina y Brasil, (272 y 252 enviados, respectivamente); después Perú (231) y Guatemala (176). En cambio, México, a pesar de todo su potencial económico y humano, está especialmente ausente de estas misiones internacionales (solo 13 personas, además en concepto de empleados o expertos, no de tropa), tanto por restricciones constitucionales como por doctrina política. En el caso de Colombia (únicamente 2 expertos) puede deberse a la necesidad de destinar su fuerza militar íntegramente a la pacificación del propio país, si bien cabría esperar mayor capacidad y disponibilidad de un socio global de la OTAN, designación única en Latinoamérica que alcanzó en 2018.

El encargo internacional más atendido, que congrega al 45,4% del contingente total de la región, es la de misión de la ONU para la estabilización de la República Democrática del Congo, de cuyo nombre en francés deviene el acrónimo MONUSCO. En ella participan 1.123 latinoamericanos, cuya mayoría se ve constituida por el grueso de enviados uruguayos (934), con la mayor participación también de los guatemaltecos que están en misiones militares en el exterior (153).

Misiones anteriores destacadas

Si bien los países de América Latina en general participan poco en misiones militares en el extranjero, el envío de tropas al exterior no es ajeno a la propia historia de las repúblicas americanas tras su independencia. Una primera intervención fue la llamada “ABC”, coalición formada por Argentina, Brasil y Chile en el contexto de la Revolución Mexicana, a principios del siglo pasado, para evitar la guerra civil en el país norteamericano. Otro conflicto que requirió de intermediación fue la Guerra del Chaco en la década de 1930. En esta confrontación entre Paraguay y Bolivia, fueron cruciales las intervenciones de Chile y Argentina para definir posteriormente la reafirmación de la nacionalidad de la región del Chaco.

A finales del siglo XX la misión más importante fue la destinada a pacificar las repúblicas exyugoslavas, denominada por la ONU como UNPROFOR. Argentina fue el país latinoamericano con mayor presencia de efectivos en ese escenario. Poco después, en la misma década de 1990, se implementaron dos misiones internacionales, esta vez en el propio Hemisferio Occidental, para asegurar los acuerdos que ponían fin a las guerras civiles de El Salvador (ONUSAL) y Guatemala (MINUGUA). Al final de esa década se articuló la MOMEP para imponer un armisticio entre Perú y Ecuador, enfrentados en la Guerra del Cenepa.

También en Colombia algunos dirigentes barajaron en algún momento la posibilidad de solicitar la presencia de cascos azules con el fin de controlar y a largo plazo acabar con la insurrección de las FARC. El después presidente colombiano Álvaro Uribe propuso en 1998 la presencia de tropas internacionales ante la incapacidad del gobierno del momento de controlar la situación, pero la iniciativa no fue llevada a cabo. Tras el acuerdo de paz en 2016 las partes firmantes solicitaron a la ONU una misión de vigilancia del cumplimiento de los términos pactados, conocida como UNVMC, en la que opera un máximo de 120 personas (algunos civiles y un centenar de militares y policías), de las cuales, en enero de 2020, 94 procedían de países latinoamericanos.

La contraposición de Uruguay y México

Hoy los países de la región se encuentran presentes en 14 misiones de paz diferentes (del total de 21 que impulsa la ONU), especialmente en África pero también en otras partes del mundo. En MINUSCA, convocada para la pacificación de la República Centroamericana, participan 9 naciones latinoamericanas, el mismo número que lo hace en UNVMC, la misión de verificación de los acuerdos de paz en Colombia. En UNMISS, misión de asistencia en Sudán del Sur, participan 8 países y en MONUSCO, implementada en la República Democrática del Congo, lo hacen 7.

Como ya se ha dicho, Uruguay es el que aporta un mayor contingente a las misiones en curso (1.126 personas, a fecha de 31 de enero). Ese personal está destinado básicamente a MONUSCO (934) y en menor medida a UNDOF (170), que vela por la seguridad en los Altos del Golán como fuerza de separación entre sirios e israelíes; en total los cascos azules uruguayos están presente en 6 misiones distintas. Ese servicio ha sido especialmente reconocido por Naciones Unidas, que valora la larga trayectoria de Uruguay en esta materia: por ejemplo, destacó su asistencia en la misión llevada a cabo en Haití tras el desastre del huracán Dean, a la que entre 2007 y 2014 destinó 13.000 efectivos. La aportación de Uruguay, un país de apenas 3,5 millones de habitantes, es superior a la que en estos momentos realizan España (648), Francia (732) o Italia (1084).

Por el contrario, el caso de México es el más llamativo por su muy escasa participación en misiones de paz, teniendo en cuenta que es una de las potencias de la región. El país norteamericano es la segunda nación latinoamericana que más recursos emplea para el desarrollo de sus Fuerzas Armadas, con un total de 7 millones de dólares, situándose, con mucha diferencia, por detrás del primer puesto que le corresponde a Brasil, con un total de casi 29,5 millones de dólares. Históricamente, México ha llegado a participar en más de 80 misiones de paz, cediendo efectivos de la Policía Federal y del Ejército, generalmente en bajo número. El anterior presidente, Enrique Peña Nieto, anunció en 2014 que unidades mexicanas volverían a participar decididamente en operaciones armadas en apoyo a la ONU, sin embargo hoy su aportación se reduce a 13 personas (9 expertos y 4 empleados), que suponen solo el 1% de la participación latinoamericana. La razón más relevante para explicar el fenómeno mexicano es la larga tradición en favor de la doctrina Estrada de no intervención en los asuntos internos de otros países. Además, la Constitución mexicana restringe la actuación de tropas en el extranjero a menos que México haya declarado la guerra a un enemigo.

▲ The British Raj in 1909 showing Muslim majority areas in green

ESSAY / Victoria Paternina and Claudia Plasencia

Pakistan’s partition from India in 1947 marked the beginning of a long road of various territorial disputes, causing different effects in the region. The geopolitics of Pakistan with India are often linked when considering their shared history; and in fact, it makes sense if we take the perspective of Kashmir as the prominent issue that Islamabad has to deal with. However, neither the history nor the present of Pakistan can be reduced to New Delhi and their common regional conflict over the Line of Control that divides Kashmir.

The turbulent and mistrustful relations between India and Pakistan go beyond Kashmir, with the region of Punjab divided in two sides and no common ground between New Delhi and Islamabad. In the same way, the bitter ties between Islamabad and a third country are not exclusively with India. Once part of Pakistan, Bangladesh has a deeply rooted hatred relationship with Islamabad since their split in 1971. Looking beyond Kashmir, Punjab and Bangladesh show a distinct aspect of the territorial disputes of the past and present-day Pakistan. Islamabad has a say in these issues that seem to go unnoticed due to the fact that they stand in the shadow of Kashmir.

This essay tries to shed light on other events that have a solid weight on Pakistan’s geopolitics as well as to make clear that the country is worthy of attention not only from New Delhi’s perspective but also from their own Pakistani view. In that way, this paper is divided in two different topics that we believe are important in order to understand Pakistan and its role in the region. Punjab and Bangladesh: the two shoved under the rug by Kashmir.

Punjab

The tale of territorial disputes is rooted deeply in Pakistan and Indian relations; the common mistake is to believe that New Delhi and Islamabad only fight over Kashmir. If the longstanding dispute over Kashmir has raised the independence claims of its citizens, Punjab is not far from that. On the edge of the partition, Punjab was another region in which territorial lines were difficult to apply. They finally decided to divide the territory in two sides; the western for Pakistan and the eastern for India. However, this issue automatically brought problems since the majority of Punjabis were neither Hindus nor Muslims but rather Sikhs. Currently, the division of Punjab is still in force. Despite the situation in Pakistan Punjab remains calm due to the lack of Sikhs as most of them left the territory or died in the partition. The context in India Punjab is completely different as riots and violence are common in the eastern side due to the wide majority of Sikhs that find no common ground with Hindus and believe that India has occupied its territory. Independence claims have been strengthened throughout the years in many occasions, supported by the Pakistani ISI in order to destabilize India. Furthermore, the rise of the nationalist Indian movement is worsening the situation for Punjabis who are realizing how their rights are getting marginalized in the eyes of Modi’s government.

Nonetheless, the question of Punjabi independence is only a matter of the Indian side. The Pakistan-held Punjab is a crucial province of the country in which the wide majority are Muslims. The separation of Punjab from Islamabad would not be conceived since it would be devastating. For Pakistan, it would mean the loss of 72 million inhabitants; damaging the union and stability of the country. All of this taking into account that Punjab represents a strong pillar for the national economy since it is the place where the Indus river – one of the most important ones – flows. It can be said that there is no room for independence of the Pakistani side, nor for a rapprochement between both parts of the former Punjab region. They have lost their main community ties. Besides, the disagreements are between New Delhi and Eastern Punjab, so Islamabad has nothing to do here. According to that, the only likely long-term possibility would be the independence of the Indian side of the Punjab due to the growth of the hatred against New Delhi. Additionally, there are many Sikhs living abroad in UK or Canada who support the independence of Punjab into a new country “Khalistan” strengthening the movement into an international concern. Nevertheless, the achievement of this point would probably increase the violence in Punjab, and in case they would become independent it would be at the expense of many deaths.

There is a last point that must be taken into account when referring to India-Pakistan turbulent territorial relations. This is the case of the longstanding conflict over water resources in which both countries have been increasing tensions periodically. Considering that there is a scarcity of water resources and a high demand of that public good, it is easy to realize that two enemies that share those resources are going to fight for them. Furthermore, if they both are mainly agrarian countries, the interest of the water would be even harder as it is the case of Pakistan and India. However, for more than five decades both Islamabad and New Delhi have maintained the Indus Waters Treaty that regulates the consumption of the common waters. It divides the six rivers that flow over Pakistan and India in two sides. The three western ones for Pakistan, and the other three of the eastern part for India. Nevertheless, it does not mean that India could not make any use of the Pakistani ones or vice versa; they are allowed to use them in non-consumptive terms such as irrigation, but not for storage or building infrastructures[1]. This is where the problem is. India is seemed to have violated those terms by constructing a dam in the area of the Pakistani Indus river in order to use the water as a diplomatic weapon against Islamabad.

This term has been used as an Indian strategy to condemn the violence of Pakistan-based groups against India undermining in that way the economy of Pakistan which is highly dependent on water resources. Nevertheless, it is hard to think that New Delhi would violate one of the milestones treaties in its bilateral relations with Pakistan. Firstly, because it could escalate their already existent tensions with Pakistan that would transform into an increase of the violence against India. Islamabad’s reaction would not be friendly, and although terrorist activities follow political causes, any excuse is valid to lead to an attack. Secondly, because it would bring a bad international image for PM Modi as the UN and other countries would condemn New Delhi of having breached a treaty as well as leaving thousands of people without access to water. Thirdly, they should consider that rivers are originated in the Tibet, China, and a bad movement would mean a reaction from Beijing diverting the water towards Pakistan[2]. Finally, India does not have enough infrastructure to use the additional water available. It is better for both New Delhi and Islamabad to maintain the issue over water resources under a formal treaty considering their mutual mistrust and common clashes. Nevertheless, it would be better for them to renew the Indus Waters Treaty in order to include new aspects that were not foreseen when it was drafted as well as to preserve the economic security of both countries.

Bangladesh

Punjab is a territory obligated to be divided in two between India and Pakistan, yet Bangladesh separated itself completely from Pakistan and finds itself in the middle of India. Bangladesh, once part of Pakistan, after a tumultuous war, separated into its own country.  While India did not explicitly intervene with Bangladesh and Pakistan’s split, it did promote the hatred between the two for its own agenda and to increase in power. The scarring aspect of the split of Bangladesh from Pakistan is the bloody war and genocide that took place, something that the Bengali people still have not overcome to this day. The people of Bangladesh are seeking an apology from Pakistan, something that does not look like it is going to come anytime soon.

Pakistan and Bangladesh share a bitter past with one another as prior to 1971, they were one country which separated into two as a result of a bloody war and emerging political differences. Since 1971 up to today, India and the Awami league have worked to maintain this hatred between Bangladesh and Pakistan through propagandist programs and different techniques. For example, they set up a war museum, documentaries and films in order to boast more the self-proclamation of superiority on behalf of India against Bangladesh and Pakistan. India and the Awami League ignore the fact that they have committed atrocities against the Bengali people and that in large part they are responsible for the breakup between Pakistan and Bangladesh. The Bangladesh Nationalist Party (BNP) worked to improve relations with Pakistan under the governments of Ziaur Rahman, Begum Khaldia Zia, and Hossain Mohammad Ershad in Bangladesh, who had maintained distance from India. Five Pakistani heads of government have visited Bangladesh since 1980, along with signing trade and cultural agreements to improve relations between the two nations.[3] While an alliance between Pakistan and Bangladesh against India is not a realistic scenario, what is important for Pakistan and Bangladesh for the next decade to come is attempt to put their past behind them in order to steer clear of India and develop mutually beneficial relations to help improve their economies. For example, a possible scenario for improving Pakistan and Bangladesh relations could be to join the CPEC to better take advantage of the trade opportunities offered within South Asia, West Asia, Central Asia, and China and Russia.[4]

Despite decades of improving trade and military links, especially as a defense against Indian supremacy in the region, the two countries continue to be divided by the question of genocide. Bangladesh wants Pakistan to recognize the genocide and its atrocities and teach them as a part of its history. However, Pakistan has refused to do so and has even referred to militant leader executed for war crimes as being killed for his loyalty to Pakistan.[5]

Even though India supported Bangladesh in its independence from Pakistan, Bangladesh thinks that India is self-serving and that they change ideas depending on their own convenience.[6] An alliance of Pakistan and Bangladesh, even though it is against a common enemy, India, is not realistic given the information recently provided. India is a country that yes, even though they helped Bangladesh against Pakistan, they are always going to look out for themselves, especially in search to be the central power in the region. India sees still a lot of potential for their power in the coming decades. Indian PM Narendra Modi is very keen on making strategic choices for the country to transform an increase its global leadership position.[7]

The hostile relations between Pakistan and India find their peak in its longstanding conflict over Kashmir, but Punjab and Bangladesh must not be put in the shadow. The further directions of both PM Imran Khan and PM Modi could have consequences that would alter the interests of Punjab and Bangladesh as different actors in the international order. In the case of Punjab their mutual feelings of mistrust could challenge the instability of a region far from being calm. It is true that independence claims is not an issue for Pakistan itself since both Islamabad and Pakistan-held Punjab would lose in that scenario, and they both know it. Nonetheless, Indian Punjabis’ reality is different. They have crucial problems within New Delhi, again as a historical matter of identity and ethnicity that is still present nowadays. Sikhs have not found common ground with Hindus yet and it does not seem that it will happen in a near future. In fact, tensions are increasing, posing a threat for two nations with their views on Kashmir rather than on Punjab. In the case of Bangladesh, its relations with Pakistan did not have a great start. Bangladesh gained freedom with help from India and remained under its influence. Both Pakistan and Bangladesh took a long time to adjust to the shock of separation and their new reality, with India in between them.

In conclusion, Punjab and Bangladesh tend to be the less important territorial issues, and not a priority neither for Islamabad nor for New Delhi that are more engaged in Kashmir. However, considering the magnitude of both disputes, we should appreciate how the Sikhs in the Indian-held territory of Punjab as well as the Bengali people deserve the same rights as the Kashmiris to be heard and to have these territorial disputes settled once and for all.

BIBLIOGRAPHY

Ayres, Alyssa. “India: a ‘Major Power’ Still below Its Potential.” Lowy Institute, July 24, 2018.

Iftikhar, Momin. “Pakistan-Bangladesh Relations.” The Nation. The Nation, December 15, 2018.

"Indus Water Treaty: Everything You Need to Know". ClearIAS.

Muhammad Hanif, Col. “Keeping India out of Pakistan-Bangladesh Relations.” Daily Times, March 6, 2018.

Sami, Shafi. “Pakistan Bangladesh Relations In the Changing International Environment.” JSTOR. Pakistan Institute of International Affairs, 2017.

Shakoor, Farzana. “Pakistan Bangladesh Relations Survey.” JSTOR. Pakistan Institute of International Affairs, 2017.

Del éxito del superministro Sérgio Moro al fracaso de ‘abrazos, no balazos’: dos signos distintos en el primer año de los presidentes populistas de Brasil y México

• AMLO prometió terminar con la continua alza anual de los homicidios registrada en los mandatos de sus dos predecesores, pero a lo largo de 2019 la acentuó

• La mejora de las cifras en Brasil se ve empañada por el aumento de las muertes accidentales en operaciones policiales y del número de presos provisionales en las cárceles

• En los primeros meses de 2020 tanto en México como en Brasil los homicidios han aumentado, pero el confinamiento por el Covid-19 podría afectar a la estadística anual

▲ El presidente mexicano en la puesta de largo de la Guardia Nacional, en junio de 2019 [Gob. de México]

INFORME SRA 2020 / Túlio Dias de Assis y Marcelina Kropiwnicka [versión en PDF]

MAYO 2020—Uno de los conflictos más conocidos de Latinoamérica es su alto índice de violencia, a menudo como consecuencia de la gran presencia del crimen organizado. Dentro de este paradigma regional, no todos los mandatarios afrontan el problema de la criminalidad de igual manera. Mientras que unos optan por una política más pasiva, otros prefieren apostar por la mano dura, pese a los riesgos que esta puede suponer. 2019 fue el primer año de mandato de Andrés Manuel López Obrador y el de Jair Bolsonaro, líderes populistas de ideologías contrarias, que llegaron al poder con apenas un mes de diferencia. En Brasil los homicidios bajaron, en México subieron.

México

A lo largo de 2019 hubo en México un total de 35.588 víctimas de homicidio intencional. Esto significa que, al llegar a su fin el año 2019, se dejó atrás un máximo histórico de homicidios a nivel nacional. Con ello, el presidente López Obrador, conocido por la abreviatura AMLO, incumplía su promesa electoral de reducir la violencia. Aunque mantuvo su índice de aprobación en un 72% a finales de 2019, su aceptación se ha visto dañada después por su gestión de la crisis sanitaria del coronavirus.

Tres gobiernos anteriores habían favorecido el combate militar contra los cárteles de narcotráfico, pero López Obrador estableció al llegar una estrategia de seguridad divergente, centrándose más en el enfoque autodescrito de “abrazos, no balazos”. Este enfoque condujo a la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que el gobierno argumentó por el deseo de evitar una escalada de violencia de los cárteles. Además, AMLO creó la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad que ha estado desplegando decenas de miles de efectivos, anteriormente pertenecientes al Ejército y a la Policía Federal, para hacer frente a la delincuencia organizada en zonas clave de todo el país. Si bien la nueva estrategia tiene por objeto reforzar la seguridad y hacer frente a la violencia en las ciudades, hasta el momento no se ha frenado la barbarie. El presidente incluso se ha desdicho de otra promesa y ha anunciado que de momento el Ejército seguirá en las calles compartiendo la función de seguridad ciudadana.

El número de homicidios dolosos en 2019 fue de 34.582, un 2,5% más que los 33.743 del año anterior; los feminicidios llegaron a 1.006, con incremento del 10,3% respecto a los 912 de 2018, según el Sistema Nacional de Seguridad Público (SNSP). Aunque en años precedentes, durante el mandato de los presidentes Enrique Peña Nieto, hubo mayores aumentos —los anteriores incrementos fueron de un 15,7% (de 2017 a 2018), un 26,5% (de 2016 a 2017) y un 25,1% (de 2015 a 2016)—, los homicidios de 2019 representan la cifra global más alta registrada en los dos últimos decenios. Las cifras del mandato de Felipe Calderón (PAN), el primero en sacar a la calle el Ejército para combatir el narco, fueron superadas en el mandato de Peña Nieto (PRI) y ahora ha vuelto a haber un incremento en el primer año de López Obrador (Morena). Los tres criticaron la gestión en seguridad de sus antecesores y los tres fallaron en su propósito (AMLO al menos de momento).

En promedio, en 2019 se cometieron 2.881 asesinatos por mes; el número más alto registrado fue de 2.993 asesinatos en junio y el número más bajo el de 2.731 en abril. El estado con más homicidios fue Guanajuato, seguido del estado de México y Baja California. En cuanto a la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, Colima ocupó el primer lugar, con 98,3, seguido de Baja California (80,6) y Chihuahua (68,7).

Gran parte de la violencia que se ha producido en todo el país está directamente relacionada con las formaciones de bandas y los narcotraficantes, y la lucha por el dominio de los mercados locales. Por lo tanto, no es de extrañar que Colima, donde se encuentra el estratégico puerto de Manzanillo, foco de actividades ilícitas, sea el estado que encabece la lista negra. Además, existe colaboración entre los grupos delictivos de ambos lados de la frontera de Estados Unidos y México para el abastecimiento mutuo de drogas y armas. El 70% de los homicidios son cometidos con armas de fuego, muchas de las cuales han sido introducidas de contrabando a través de la frontera. La situación no solo socava la seguridad en México sino también en Estados Unidos. 

Donald Trump ha instado a México a que “haga la guerra” contra los cárteles. En noviembre anunció que iba a catalogar oficialmente a estos como organizaciones terroristas. “Estados Unidos están listos, dispuestos y capacitados para involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y eficaz”, tuiteó entonces Trump. Sin embargo, acabó aplazando esa proclamación a petición del presidente mexicano.

En el primer trimestre de 2020 los homicidios han mantenido su tendencia al alza, con 269 homicidios más que en el mismo trimestre del año anterior. Si bien las medidas de distanciamientos social adoptadas durante la crisis del Covid-19 pueden bariar la tendencia en el segundo semestre, la menor inversión en seguridad para dirigir el gasto público hacia el sector sanitario y el económico puede empujar al alza el número de asesinatos.

Brasil

Al contrario de México, Brasil ha logrado una serie de resultados más positivos, siguiendo una tendencia a la baja ya experimentada en el último año de la presidencia de Michel Temer. Ello se debe sobre todo a las medidas tomadas por el hasta hace poco ministro de Justicia y Seguridad Pública Sérgio Moro, exjuez federal al mando de la Operación Autolavado. La elección de Moro como ministro por parte de Bolsonaro no fue aleatoria, puesto que Moro es considerado por buena parte de la población como un héroe de la lucha contra la corrupción, debido a los varios procesos que dirigió contra miembros de Odebrecht y de la clase política, incluyendo el que llevaría a la prisión del expresidente Lula da Silva. Habiendo prometido en campaña mano dura contra el crimen y la corrupción, Bolsonaro decidió fusionar los ministerios de Justicia y de Seguridad Pública y ofrecer a Moro su dirección.

La decisión fue certera y una de las que mejor sostuvo la popularidad del presidente brasileño en su primer año de mandato. Prueba de ello fue la significativa bajada del número de crímenes violentos, entre los que destaca un descenso del 19% del número de homicidios. Se trata de uno de los indicadores más preocupantes en Brasil, puesto que es el país con mayor número bruto de homicidios anuales del mundo. En 2018 los homicidios fueron 51.558, mientras que en 2019 se redujeron a 41.635, lo que supuso un descenso del 19,2%. Excluidos de estas cifras los latrocinios, el descenso fue de 49.120 a 29.750.

Además, los robos de cargas en un 35% y aumentó en un 81% la aprehensión de droga. En Río de Janeiro, uno de los estados más problemáticos en lo que seguridad se refiere, los latrocinios (robo seguido de muerte) se vieron reducidos en un 34% y las aprehensiones de armas ilegales se incrementaron un 32%.

Una de las medidas que más contribuyeron a este descenso fue la integración de las diferentes instituciones de fuerzas de seguridad del estado en todos los niveles: federal, estadual y municipal. Esto ha permitido un mayor nivel de coordinación, especialmente significativo en el ámbito del servicio de inteligencia, cuya información fluye ahora más fácilmente entre instituciones. Además, en esta misma área, cabe destacar las inversiones realizadas en Big Data y sistemas de inteligencia. Principal atención se ha puesto en sistemas de reconocimiento facial y videovigilancia.

Otra política de gran relevancia ha sido la transferencia de jefes de bandas a presidios de mayor nivel de aislamiento, impidiendo así su posible comunicación y coordinación con los miembros de bandas que se hallan en el exterior.

Finalmente habría que mencionar el llamado “pack anticrimen”: una serie de leyes y reformas del código penal que aumentan el poder de actuación de las fuerzas de seguridad, además de establecer penas más duras para delitos de crímenes violentos, crimen organizado y corrupción. El proyecto aprobado finalmente por el Parlamento Brasileño dista bastante de la propuesta original de Moro, pero ha contribuido, si bien en menor medida, al descenso de la criminalidad.

Como contrapartida, las positivas cifras mencionadas fueron acompañadas de un preocupante incremento de muertes accidentales en operaciones policiales, habiéndose viralizado varios casos de niños fallecidos por balas perdidas en tiroteos entre bandas de narcos y las fuerzas de seguridad. Adicionalmente, el número de presos provisionales en las cárceles brasileñas se vio incrementado en un 4,3% respecto al año anterior. Todo esto ha alentado las críticas de la mayor parte de la oposición y diversas ONG de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

En los dos primeros meses de 2020, se registraron 548 muertes más que en el mismo período del año anterior. Este repunte se dio en 20 de los 27 estados federales de Brasil, de lo cual se puede inferir que se trata de una tendencia más bien general, antes que un episodio esporádico. No obstante, debido a la ordenanza de cuarentena obligatoria en varios estados y municipios, los homicidios volvieron a bajar, haciendo difícil cualquier extrapolación para el conjunto del presente año. Otro factor a tener en cuenta para 2020 es la reciente dimisión del ministro Moro; sin él, la posibilidad de que sigan las reformas iniciadas en el primer año se ve muy reducida.