DOC. DE TRABAJO / Iñigo González Inchaurraga

RESUMEN

El principal, aunque no el único, elemento de contención entre Estados Unidos y China es Taiwán. Mientras que Washington mantiene una política de una sola China, Pekín defiende el principio de “una sola China”, proclamando que solo hay una China en el mundo y que tanto la isla de Taiwán como la zona continental son la misma República Popular China. Las autoridades chinas también sostienen que la soberanía y el territorio chino no pueden dividirse. A los ojos de Pekín, Taiwán es una provincia renegada surgida de la guerra civil china, por lo que la reunificación es la única opción de futuro para la isla. Esta reunificación, preferiblemente, debería producirse de manera pacífica, pero el uso de la fuerza tampoco puede descartarse si Taiwán pretendiese una independencia de jure. Por su parte, el Gobierno de Taipéi reclama su estatus como Estado soberano. El caso es que estando a finales de la década de 2010, resulta complicado seguir pidiendo a China que cumpla con el Derecho Internacional en relación, por ejemplo, a la resolución del Tribunal Permanente de Arbitraje y las disputas territoriales en el Mar de la China Meridional, mientras que Taiwán sigue siendo una anomalía que atenta contra ese mismo Derecho Internacional que Pekín debe cumplir ateniéndose a las normas de la ONU sobre el Derecho del Mar.

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Las relaciones entre Estados Unidos y China no satisfacen a ninguno de los dos países; probablemente nunca lo harán. Deben intentar conllevarlas, pacíficamente

▲Reunión entre Xi Jinping y Donald Trump [White House video screebshot]

ANÁLISIS / María Granados

La Estrategia de Seguridad Nacional presentada en diciembre por Donald Trump etiqueta formalmente a China y a Rusia como “rivales” de Estados Unidos. Presenta a esos dos países como actores que “desafían el poder, la influencia y los intereses” de Washington e “intentan erosionar la seguridad y prosperidad” de los estadounidenses. Aunque el documento también considera una amenaza a estados “renegados” como Irán y Corea del Norte, y a organizaciones transnacionales, tanto yihadistas como de crimen organizado, los argumentos de la nueva Administración estadounidense se concentran especialmente sobre China. La nación asiática aparece como el gran obstáculo para la realización del “América Primero” prometido por Trump, a causa de sus prácticas comerciales y monetarias desleales.

Así, el primer documento de Estrategia de Seguridad Nacional de la era Trump corrobora el discurso que este había mantenido como candidato. Durante la campaña electoral Trump habló de China como una “manipuladora de la moneda” y la acusó de mantener el yuan bajo de forma artificial. También amenazó a Pekín con comenzar una guerra comercial, quejándose de las consecuencias económicas que para EEUU supone el excesivo superávit comercial que tiene China en las relaciones bilaterales, así como de la reducción de empleos en la industria manufacturera estadounidense. Poco después de ser elegido, antes de la inauguración de su mandato, Trump provocó un roce diplomático con China al conversar telefónicamente con la presidenta de Taiwán.

No obstante, desde su llegada a la Casa Blanca, Trump se preocupó de limar esas asperezas con China. Se comprometió con el mantenimiento de la Política de la China Única, se retractó de sus críticas, y se reunió en Florida con el presidente Xi Jinping, acordando respetar la esfera de influencia de cada cual y no intervenir en los asuntos internos del contrario. Esto, junto con una incipiente colaboración en las sanciones contra Corea del Norte, parecía estar alumbrando un acercamiento que no ha acabado de materializarse. De hecho, el tratamiento de “rival” que la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense da oficialmente a China rompe en cierto modo con una larga etapa de mutua aceptación que comenzó en la década de 1970.

La apertura de Nixon

Estados Unidos y China partían de antecedentes graves: la guerra de Corea (1950-1953), que enfrentó a China y la URSS en el Norte contra el Sur apoyado por los estadounidenses, de la cual la guerra de Vietnam (1955-1975) fue una consecuencia colateral; y el peligro nuclear iniciado en 1949, año en que la URSS realizó el primer ensayo efectivo. Para Washington, desde el punto de vista ideológico y militar China era un actor internacional que convenía controlar. Para Pekín, en alianza con la Unión Soviética, urgía propagar el discurso del comunismo acerca del “enemigo imperialista”, que repitió con intensidad a lo largo de los primeros años de la Guerra Fría.

En 1969, el nuevo presidente estadounidense, Richard Nixon, incluyó en su discurso de inauguración de mandato una referencia en contra del aislacionismo (1). Desde el otro lado del mundo también hubo nuevos mensajes: el distanciamiento que Mao comenzó a establecer en relación a la URSS debido a su conflictos fronterizos. Esto trastocó el triángulo de las relaciones internacionales existente en esos años de la Guerra Fría (China, URSS, EEUU), y empezó a crear un lazo entre Pekín y Washington.

De esta forma, comenzaron a darse las primeras muestras de aproximación. En 1971 Estados Unidos votó a favor de que el asiento de Taiwán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pasara a ser ocupado por la República Popular China. En 1972 se redactó el Comunicado de Shanghai, que establecía las bases para el acercamiento chino-estadounidense y que quedó plasmado en cinco principios:

1. La Política de la China Única: establecer relaciones diplomáticas con China significaba no poder establecerlas con Taiwán, y viceversa, puesto que ambos afirman ser la verdadera y única China.

2. No apoyar la independencia de Taiwán.

3. No apoyar la posible invasión de Japón.

4. La resolución pacífica del conflicto con Taiwán, reduciendo las instalaciones militares en la isla.

5. El compromiso a continuar siendo aliados pacíficos en búsqueda de una cooperación duradera.

Desde el acercamiento de la década de 1970, las relaciones entre los dos países han estado muy influidas por la actitud de Washington y Pekín hacia Taiwán y las dos Coreas, en una suerte de relaciones chino-americanas indirectas.

La cuestión de Taiwán

La auto-denominada República de China había sido el principal obstáculo para la completa normalización de relaciones, como se ha visto con el Comunicado de Shanghai. La reunificación efectiva por parte de China (continental) era impedida por las tropas estadounidenses.

Después de 1973 encontramos dos documentos importantes: la llamada Taiwan Relations Act, por la cual EEUU reconocía a la isla los mismos privilegios que antes, pero no que fuera una nación soberana, y el Comunicado Conjunto (conocido a veces como “Segundo Comunicado de Shanghai”), por el que se recortaba drásticamente la venta de armas a Taiwán. En 1979, Washington y Pekín intercambiaron embajadores y los estadounidenses cesaron sus relaciones diplomáticas formales con Taiwán.

Alrededor de 1980, la política defendida por el gobierno de China continental era “un país, dos sistemas”, ofreciendo a Formosa la excepcionalidad de un sistema político diferente y económicamente independiente, pero formando parte de la única China. No obstante, esa fórmula no cumplía con los deseos de independencia de la vigésimo tercera provincia. Hacia 1985, el gobierno de la isla se encaminada con paso firme hacia una democracia (2).

Avanzados los 90, Pekín amenazó a Taiwán con ejercicios militares en aguas circundantes, en los que se desplegaron misiles, lo que motivó una respuesta contundente de Estados Unidos: el envío de dos grupos de batalla de portaaviones a la región; con ello Washington mostraba una clara decisión de proteger al antiguo aliado por su importancia estratégica.

La situación actual sigue siendo compleja. Entre China y su provincia rebelde no se han establecido lazos directos a través de mensajería o telecomunicaciones; tampoco se remiten envíos postales o de paquetería, ni existe conexión directa de vuelos. Las reuniones cara a cara entre delegados han sido infrecuentes y no muy productivas.

El problema de Corea del Norte

La República Popular Democrática de Corea, por su parte, constituye un punto especialmente crítico en las relaciones chino-americanas, que además afecta a Corea del Sur y Japón, a su vez aliados de EEUU Pyongyang ha realizado ya seis pruebas nucleares subterráneas y sigue con sus lanzamientos de misiles sobre el Mar de Japón.

China es el único aliado de Corea del Norte: es su mayor socio comercial y su principal fuente de alimentos y energía. Pekín se ha opuesto históricamente a sanciones internacionales duras contra su vecino. La voluntad de pervivencia del comunismo es esencial a la hora de comprender la relación estrecha que mantienen la sui generis dictadura coreana y China. Es fácil adivinar porqué: si cae el régimen de Kim Jong-Un, el de Xi Jinping puede verse desestabilizado. Una crisis de refugiados, con miles de norcoreanos cruzando la frontera de 1400 kilómetros que limita ambos países, tendría graves efectos en el gigante asiático. Aunque continúen estando fuertemente ligados a Pyongyang, los chinos han presionado para que se retomara el Diálogo de los Seis y han aceptado la aplicación de ciertas sanciones internacionales.

La rotunda afirmación de Trump de que “si China no va a resolver el problema de Corea del Norte, nosotros lo haremos” en realidad no despeja las dudas sobre qué puede ocurrir si Pyongyang traspasa el umbral de la capacidad nuclear. Ciertamente a medida que el régimen Kim Jong-Un se ha ido acercando a ese umbral, Pekín ha aumentado sus presiones diplomáticas, financieras y comerciales sobre su vecino (3). Pero la posibilidad de que Corea del Norte esté ya a punto de alcanzar su objetivo estratégico deja a Estados Unidos ante la disyuntiva de una acción militar, que difícilmente puede ser a la vez efectiva y limitada, o tener que conformarse con una política de contención.

A lo largo de los años, Washington ha tratado de alentar a Corea del Norte para que olvide irreversiblemente su programa nuclear, proponiendo a cambio una recompensa consistente en ayuda, ventajas diplomáticas y la normalización de relaciones. Al mismo tiempo, Corea del Sur acoge a 29.000 efectivos militares estadounidenses. En marzo de 2017, órdenes ejecutivas del Presidente y del Congreso de EEUU fueron más allá de las sanciones: se programó un sistema de defensa conocido como THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) (4) como medida preventiva ante un posible ataque del Norte y con el objetivo de asegurar la estabilidad de la región.

La batería THAAD es especialmente interesante de analizar, por la doble perspectiva que presenta. Por su rango y capacidad limitados no deberían preocupar a China, pues los interceptores no podrían alcanzar en ningún punto de la trayectoria, desde casi ninguna de las localizaciones de lanzamiento posibles, a los misiles balísticos intercontinentales chinos. Por ello, ni Washington ni Seúl deberían presentar el sistema como una forma de represalia contra Pekín por sus fallidas sanciones a Corea del Norte. Desgraciadamente, oficiales estadounidenses y surcoreanos sugieren que el propósito de la instalación del sistema THADD es mandar un mensaje a China de advertencia. Se trata de algo contraproducente, ya que solo ofrece razones para justificar la nuclearización del hegemón asiático, ante la aparente degradación de su tecnología de medio alcance, la de segundo grado de respuesta nuclear (second-strike capability).

Insatisfacciones mutuas

Si los asuntos relativos a Taiwán y Corea del Norte han ocupado buena parte de la agenda bilateral, la cuestión de la transformación económica de China, desde su impulso por Deng Xiaoping, ha sido central en la relación directa entre China y Estados Unidos.

La Gǎigé kāifàng (reforma y apertura) puso énfasis en la modernización y en la reforma económica y política. Esto conllevó unas relaciones diplomáticas normalizadas y el desarrollo del comercio y de la inversión bilaterales. La cooperación en materia política, económica y de seguridad con los antiguos “imperialistas americanos” se basó en la prevención del terrorismo y de la proliferación de armas nucleares, y en el mantenimiento de la paz en la península coreana.

Sin embargo, sigue habiendo problemas sin resolver. La insatisfacción estadounidense se debe a la política de China frente a los derechos humanos y a sus movimientos financieros de devaluación de divisa como medida de control de la inflación. Esos movimientos monetarios ponen en duda el control del mercado por parte del hegemón americano, el cual cuenta en la actualidad con mayor peso y primacía, entre otras cosas, por ser el dólar la moneda internacional de cambio (podría de esta manera “exportar su inflación” a Pekín). También preocupa en Washington la dependencia que tiene Estados Unidos de las importaciones procedentes de China, que genera un gran déficit comercial bilateral para los estadounidenses. Otro potencial problema es la venta de misiles y de tecnología nuclear a terceros Estados de Oriente Medio y Asia.

Desde la perspectiva china, su insatisfacción se debe a la venta de armas que EEUU hace a la provincia rebelde (Taiwán), al sistema de defensa establecido en Corea del Sur (tanto el sistema THAAD como la ayuda militar), y una política internacional estadounidense que Pekín tacha de amenazante, imperialista y dominante.

Vías de cooperación

La consideración de “rival” que EEUU hace de China, como recoge el primer documento de Estrategia de Defensa Nacional de la Administración Trump, parte de la constatación de que el régimen chino no camina hacia la democracia como muchos en el resto del mundo esperaban. “Durante décadas, la política de Estados Unidos estuvo basada en la creencia de que el apoyo al ascenso de China y su integración en el orden internacional de post-guerra liberalizaría ese país”, dice el documento, constatando que Pekín no está deslizándose hacia un régimen de libertades políticas y de respeto de los derechos humanos, por lo que Washington ya no puede ser tan condescendiente con Pekín como antes.

Probablemente, sin la asunción por parte de China de los valores y principios que dan sentido a Estados Unidos, es imposible un acercamiento real y confiado entre las dos superpotencias. Aun así, por la supervivencia de ambas, una amplia cooperación entre ellas es necesaria.

A pesar de no ser imposible una guerra entre Estados Unidos y China, esta es improbable por diversos motivos, como exponen Steinberg y O'Hanlon en Strategic Reassurance and Resolve (2015):

–Los objetivos de prosperidad económica comunes, el intercambio comercial, la interdependencia tanto a nivel bursátil o financiero como empresarial hacen muy perjudicial para ambos países una confrontación bélica. Además, China ha adoptado progresivamente medidas contra el fraude y la desestabilización por manipulación informática, a instancias de Estados Unidos; la cuestión del ciberespionaje, aunque sigue provocando desencuentros mutuos, es abordada de modo regular por ambos países en sus encuentros bilaterales, conscientes de que probablemente cobre mayor importancia con los años.

–El Mar del Sur de China es una ruta comercial que no ha sido nunca cerrada, si bien es un motivo de disputas a tener en cuenta, puesto que siguen sin resolverse aun a pesar e haber sido llevadas ante la Corte que trata el Derecho del Mar (siguiendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el mismo). Estados Unidos posee en la región intereses estratégicos y comerciales que le vinculan a sus aliados (Japón y Corea del Sur), por lo que podría ser motivo de tensiones. En cualquier caso, actualmente no parece que China desee provocar una escalada militar en la zona, aunque haya establecido bases en islas artificiales y trasladado tropas.

–El código de conducta de la ASEAN para el Mar del Sur de China, que impide el uso de la fuerza, puede lograr que Pekín se replantee aumentar su agresividad en la región. Ese impulso de la ASEAN para que China deje de reclamar soberanía marítima que le ha sido rechazada por la comunidad internacional son puntos en contra de la guerra.

–Existen diversas operaciones conjuntas de lucha contra el terrorismo (ISIS) y en prevención de la piratería, en las que participan las dos superpotencias.

–China ha incrementado su ayuda humanitaria y su labor de apoyo a las misiones de paz de la ONU.

Ante un escenario de no entendimiento entre Pekín y Washington, pero al mismo tiempo de no confrontación armada, cabe sugerir las siguientes actuaciones:

–Una negociación que incluyera una menor venta de armas a Taiwán por parte de EEUU a cambio de una mayor seguridad en las costas, y una reducción proporcional de China de las amenazas a la isla.

–Una mayor cooperación y transparencia a la hora de realizar movimientos de armamento y de tropas militarización, de reestructuraciones de las fuerzas armadas y de ejercicios militares en el Pacífico.

–Creación de organizaciones conjuntas de lucha contra el crimen organizado y el ciberataque, en especial contra las amenazas dirigidas a las infraestructuras civiles.

-Apoyo y coherencia en la prevención de la escalada nuclear. Negociación a la hora de llegar a una conclusión firme sobre cómo debilitar el régimen de Pyongyang. Crítica seria y coherente, conociendo la imposibilidad (además de perjuicio) de su derrocamiento de forma directa.

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(1) “We seek an open world--open to ideas, open to the exchange of goods and people--a world in which no people, great or small, will live in angry isolation.
We cannot expect to make everyone our friend, but we can try to make no one our enemy”. Inaugural Adress (January 20, 1969)

(2) Fue la primera vez que el Partido Progresista Demócrata logró presionar en las elecciones a la Asamblea Nacional y al Yuan Legislativo y formar una coalición unificada contra el Kuomintang. En 1992 tuvieron lugar las primeras elecciones legislativas libres en Taiwán.

(3) “China will be most likely to put diplomatic and financial pressure on North Korea if it believes that failing to do so will lead the United States to destabilize the regime,” write Joshua Stanton, Sung- Yoon Lee, and Bruce Klingner in Foreign Affairs.

(4) El sistema tiene típicamente entre 48 y 62 misiles interceptares con rangos de hasta 200 kilómetros, apoyados por un radar con rango de hasta unos 1.000 kilómetros

[Enrique Serrano, ¿Por qué fracasa Colombia? Delirios de una nación que se desconoce a sí misma, Planeta, Bogotá 2016, 273 páginas]

REVIEW / Maria Oliveros [Spanish version]

Colombian history has often been classified as one of the most violent. The long chapter of FARC terrorism along with the confrontation of the drug cartels have always been present. But, earlier in history, events such as the Commoners Revolt, the War of One Thousand Days and the Banana Massacre, have been part of Colombia. This succession of events has induced the majority of Colombians to believe that violence has characterized the history of the country and that probably its people can do little to avoid it.  

This belief is defied by the Colombian communicator, philosopher and writer Enrique Serrano in ¿Por qué fracasa Colombia? Delirios de una nación que se desconoce a sí misma [Why does Colombia fail? Deliriums of a nation that is unknown to itself]. The purpose of the book is to analyze why Colombia has not prospered more as a country. To answer this question, Serrano analyzes in short chapters Colombian mentality from the beginning of the nation; there he finds reasons to explain why Colombia is a country in which it has been difficult to go forward, grow in progress and be able to develop to its maximum.

Why does Colombia fail? is a risky book, which defies thoughts that have remained in Colombian's minds for a long period of time. Opposite to this central belief based on the fact that violence has characterized the history of the country, Serrano warns, already from the first pages: "Also it is presumed that this is a nation infected by the most cunning violence, since its beginnings until the present day. Nevertheless, it has been more pacific than violent, at least during most part of its slow formation. And that in spite of the fact that it is not possible to deny the importance of violence; violence is something episodic and recent, similar to the one of other transitioning-nations.”

Serrano tries to expose the history of a country that did not begin in 1810 with the shout of independence, but that its origins go behind the moment when the Spaniards came to America and established themselves in Colombia. All of these, to show the reader that during the three hundred years after the arrival of the first conquerors, Colombia was a pacific and restrained nation.

The principal premise of Serrano is that those who came to Colombia were mostly new Christians, descendants from Arabs and Jews, from the south of Spain. They were looking for a provisional place to accommodate and be able to avoid the religious conflicts taking place in Spain during that time. The newcomers established in small urbanizations, each one far from the other, not only because this was what the geography of the country permitted, but because the last thing that they wanted was to enter into conflict with other settlers, including both Europeans and indigenous people, as Serrano explains.  

Actually, it is questionable that among the new settlers there was a predominating religiously-private approach or that the search of a refuge to their consciences motivated, in most of the cases, their march to America. It gives the feeling that the author accommodates the starting point with the mind in those posterior aspects that he wants to explain.

The author also defends the thesis that in Colombia there was a racial miscegenation, rather than a cultural miscegenation, due to the fact that the indigenous culture was very weak, which contributed to the assumption of the religion brought by the Spaniards. In the culture that they transmitted to the new generations, ideas like eventuality or even the fact to getting used to failure were present: "In addition they had to react in a pacific way, and not in a violent one whenever the events were unfavorable and could not fulfill their desires. Therefore, a relative tolerance and conscience that frustration from the pursue of desires is something probable, is present in the old guidelines of upbringing in the Colombian nation.”

Serrano suggests that this mentality which originated centuries ago is still present in Colombia: the idea of not straining to the maximum, of not risking too much for fear to failure and of mediocrely performing tasks. Probably this mentality that built throughout the years is the one that explains why the projects of urbanization in the country do not advance correctly, why the project for the subway in Colombia´s capital is not concrete yet, or why it has been difficult for the country to explode resources to the maximum.

Although in the book there are other themes like language, corporal hygiene and social classes, history is undoubtedly the fundamental component. Referring to historical facts of Colombian past, Serrano proposes a national history´s vision far from the habitual one. As it has been told, his account does not begin with the shout of independence in 1810, but rather explaining the Spaniard society during the 15th and 16th century. All of these, to understand the mentality of the first men, women, and families that arrived to America. It is all about an optimistic vision trying to share the idea that suffering has not been everything in Colombian history.

It is a fact that the history of the country neither lives and is not even remembered with enthusiasm by Colombians. To remember the past is for many people, a way to remember violence, wars and the national polarization that began with the formation of the 2 major political parties: Liberals and Conservatives, in the mid 19th century. To know well the past, in any case, is primordial for progress; actually, this is what the new law promulgated on January 1, 2018, which forces to all the colleges of the country to give class of Colombian History, tries do to.

The book concludes with a series of suggestions about the present and the future. The last chapter titled “Where does a nation like that can go?” is all about transmitting a feeling of hope. According to the author, knowing the past and not fleeing from it, but accepting it in order to improve mentalities and habits, is what will give the base to the country not to fail.

[Enrique Serrano, ¿Por qué fracasa Colombia? Delirios de una nación que se desconoce a sí misma, Planeta, Bogotá 2016, 273 páginas]

RESEÑA / María Oliveros [Versión en inglés]

La historia de Colombia ha sido clasificada muchas veces como una de las más violentas. El largo capítulo del terrorismo de las FARC o el enfrentamiento de los carteles de droga están bien presentes, pero ya antes hubo en Colombia hechos tan violentos como la Revuelta de los Comuneros, la Guerra de los Mil Días o la Masacre de las Bananeras. Una sucesión de acontecimientos que ha inducido a la mayoría de los colombianos a creer que la violencia ha caracterizado la historia del país y que quizás pueden hacer poco para evitarla.

Esa creencia es desafiada por el comunicador, filósofo y escritor colombiano Enrique Serrano en ¿Por qué fracasa Colombia? Delirios de una nación que se desconoce a sí misma. El propósito del libro es analizar por qué Colombia no ha prosperado más como país. Para responder a esa pregunta, Serrano revisa en cortos capítulos la mentalidad colombiana desde los inicios de la nación; ahí encuentra razones por las que Colombia es un país al que le ha costado salir adelante, crecer en progreso y poder desarrollarse al máximo.

¿Por qué fracasa Colombia? es un libro arriesgado, que combate pensamientos que han permanecido mucho tiempo en la mente de los colombianos. Frente a esa creencia central de que la violencia ha caracterizado la historia del país, Serrano advierte ya desde las primeras páginas: “También se presume de que esta es una nación plagada por la violencia más artera, desde sus inicios hasta el día presente. Sin embargo, ha sido más pacífica que violenta, al menos durante la mayor parte de su lenta formación y que a pesar de que no se puede negar la importancia de la violencia, se trata de algo episódico, reciente, similar a la de otros pueblos en transición”.

Serrano trata de exponer la historia de un país que no comienza en 1810 con la independencia, sino que sus orígenes van mucho más atrás, al momento cuando los españoles llegaron a América y se instalaron en Colombia. Todo esto para poder demostrarle al lector que durante los trescientos años que siguieron a la llegada de los primeros conquistadores, Colombia fue una nación pacífica y mesurada.

La premisa principal de Serrano es que quienes llegaron a Colombia eran sobre todo cristianos nuevos, descendientes de árabes y judíos, provenientes del sur de España, que buscaban un lugar provisional para acomodarse y poder evitar los conflictos religiosos que ocurrían en España por aquella época. Los recién llegados se establecieron en pequeñas urbanizaciones, unos lejos de otros, no solo porque eso era lo que la geografía del país permitía, sino porque lo último que querían era entrar en conflicto con otros pobladores, tanto europeos como indígenas, según explica Serrano.

En realidad es cuestionable que entre los nuevos pobladores predominara un planteamiento religioso privado refractario o que la búsqueda de refugio para sus conciencias motivara en la mayoría de los casos su marcha a América. Da la sensación de que el autor acomoda el punto de partida pensando en aquellos aspectos posteriores a los que quiere dar explicación.

El autor también defiende la tesis de que en Colombia hubo un mestizaje racial, pero no un mestizaje cultural, debido a que la cultura indígena era muy débil, lo que contribuyó a la asunción de la religión traída por los españoles. En la cultura que estos transmitieron a las nuevas generaciones se encontraban ideas como la provisionalidad o incluso acostumbrarse al fracaso: “Además debían reaccionar de un modo pacífico, y no violento, cuando los acontecimientos les eran desfavorables y no podían cumplir sus deseos. Por tanto, una relativa tolerancia y conciencia de que la frustración del alcance de los deseos es algo probable, está en las viejas pautas de crianza de la nación colombiana”.

Serrano sugiere que esta mentalidad originada siglos atrás sigue presente en Colombia: la idea de no esforzarse al máximo, de no arriesgarse mucho por miedo a fracasar, de hacer las cosas a medias para no perder mucho por si salen mal. Probablemente esa mentalidad que se fue creando con los años explica por qué los proyectos de urbanización en el país no avanzan correctamente, por qué el proyecto del metro en la capital colombiana no ha podido concretarse, o por qué le ha costado tanto al país explotar sus recursos al máximo.

Aunque en el libro se tocan otros aspectos como el lenguaje, la higiene corporal y las clases sociales, es sin duda la historia el componente fundamental. Refiriéndose a hechos históricos del pasado colombiano, Serrano propone una visión de la historia nacional alejada de la habitual. Así, como se ha dicho, su relato no comienza con el grito de independencia de 1810, sino explicando la sociedad española del siglo XV y XVI, para de esta forma entender la mentalidad de los primeros hombres, mujeres y familias que llegaron a América. Se trata de una visión optimista que procura compartir la idea de que no todo ha sido sufrimiento en la historia colombiana. 

Es un hecho que la historia del país no se vive ni se recuerda con mucho ánimo por los colombianos. Recordar el pasado es para muchos una forma de recordar la violencia, las guerras y la polarización nacional que comenzó con la formación de los dos grandes partidos, Liberales y Conservadores, a mediados del siglo XIX. Conocer bien el pasado, en cualquier caso, es primordial para el progreso; eso es lo que busca la nueva ley decretada el 1 de enero de 2018, que obliga a todos los colegios del país a impartir clase de Historia Colombiana. 

El libro concluye con una serie de sugerencias sobre el presente y el futuro. Ese último capítulo, titulado ¿Hacia donde puede ir una nación así?, trata de transmitir un sentimiento de esperanza, a la vez que supone un llamado a la alta responsabilidad. Según el autor, conocer el pasado y no huir de él, sino aceptarlo para así poder mejorar mentalidades y hábitos, es lo que le dará la base al país para no fracasar. 

Avanza la iniciativa de Washington para la diversificación energética de las Antillas

Ante el éxito de la diplomacia petrolera de Venezuela en los países del Caribe (las islas suman 13 de los 35 votos de la OEA), Estados Unidos lanzó en 2014 su propia inciativa para que esos pequeños estados tengan una mayor diversidad energética y no dependan del crudo venezolano. Las dificultades financieras del régimen de Maduro han restado influencia chavista en el Caribe, pero también Trump está aplicando recortes a las ayudas estadounidenses. La diversificación de fuentes de energía, no obstante, avanza porque es una necesidad real de las islas.

▲El boom turístico eleva el consumo eléctrico de las islas caribeñas, donde apenas hay fuentes propias de energía

ARTÍCULO / María F. Zambrano

En las islas del Caribe, la seguridad energética está en el centro de la preocupación  estratégica nacional, debido a su alta dependencia de combustibles fósiles, en su mayoría de importación. La seguridad energética es el foco donde convergen los intereses geopolíticos, diplomáticos y económicos de esos pequeños estados, y no solo de ellos: la gran vulnerabilidad por falta de fuentes de energía propias fue tenida en cuenta por Venezuela para impulsar en 2005 el acuerdo de cooperación de Petrocaribe, que le otorgó gran influencia en las Antillas; desde 2014, Estados Unidos intenta contrarrestar ese programa con la Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe (CESI en sus siglas en inglés), puesta en marcha por la Administración Obama.

La rivalidad entre las dos iniciativas de diplomacia energética no se dirimirá en realidad por un pulso político entre Caracas y Washington, sino por la necesidad real que tienen las islas del Caribe de diversificar sus fuentes de energía. Eso restará influencia venezolana en la región, y abrirá paso a la oferta estadounidense, centrada precisamente en fomentar fuentes alternativas.

El principal riesgo para la seguridad nacional en las Antillas se encuentra en los altos costos de la electricidad caribeña. Por un lado, las islas han suplantado economías históricamente agrícolas por otras regidas por el turismo, lo que les obliga no solo a satisfacer las necesidades de sus ciudadanos sino a contar con el costo fijo de una industria con altos niveles de consumo eléctrico. Por otro, la producción no cuenta con estructuras de generación diversificadas. Exceptuando Trinidad y Tobago, Suriname y Belize, las islas se abastencen de petróleo como única capacidad de producción instalada; además, el 87% de las energías primarias (básicamente crudo) son importadas. Estamos ante un problema de alto consumo y otro de dependencia petrolera.

Ante esta situación, y dadas las exigencias que plantea la seguridad energética, entendida como la protección física de las infraestructuras y también el esfuerzo por garantizar la continuidad del suministro, Petrocaribe se convirtió en una clara opción para los intereses antillanos. Los generosos créditos de financiamiento –desde un 5% hasta un 70% por un periodo de 25 años– contribuyeron a la extensión del programa. Durante los primeros 10 años de existencia de Petrocaribe, de acuerdo con datos del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Venezuela cubrió en promedio el 32% de la demanda energética de los Estados participantes; República Dominicana, Jamaica, Nicaragua y Haití recibieron el 87% de los suministros. El acuerdo también supuso inversiones en las refinerías de las islas, que elevaron su capacidad de procesamiento: hasta 135.000 barriles diarios de crudo entre la cubana Camilo Cienfuegos (65.000), la refinería próxima a la capital de Jamaica (36.000) y la refinería Dominicana de Petróleo (34.000).

La alianza alivió para esos países el alza del precio del crudo, pero la región quedaba en manos de la volatilidad de los precios del mercado y en las del principal abastecedor. Un informe del FMI de noviembre de 2017 estima que los movimientos del precio real del crudo afectan en un 7% al crecimiento del PIB en el Caribe, con amplias variaciones según los países: un 15% en Dominica, un 9% en Jamaica y menos de un 1% en Guyana. A su vez, la continua caída productiva de Venezuela, que comenzó a destinar menos barriles a Petrocaribe, dejó a la zona predispuesta a nuevos planteamientos que redujeran su exposición a los choques del mercado.

Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe

Esta expectativa fue abordada en un nuevo marco de seguridad energética que buscaba incrementar la independencia y reducir la vulnerabilidad por medio de la diversificación. Aprovechando la abrupta caída de los precios del crudo de 2014, lo que relajaba los costes energéticos para las islas y les daba mayor margen de maniobra, Washington lanzó la Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe (CESI). El programa se ha concentrado en apoyar a los países en la diversificación de la generación eléctrica, atendiendo a su importante potencial de energías renovables. Así, a través de CESI se han destinado 2 millones de dólares en apoyo técnico a C-SERMS (Caribbean Sustainable Energy Roadmap and Strategy), una hoja de ruta desarrollada por la división de política energética de CARICOM. En esta se habían armonizado ya las metas de los 15 Estados miembro en materia de eficiencia energética, así como de implementación de energías renovables: dos estrategias que buscaban solventar los problemas expuestos previamente.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que para la aplicación de la hoja de ruta C-SERMS el sector energético caribeño requeriría de una inversión del 7% del PIB regional entre 2018 y 2023. Los países con sectores financieros más sólidos tendrían capacidad de financiar los proyectos sin alterar la sostenibilidad de la deuda, siendo estos proyectos autofinanciados durante un periodo de 20 años.

En el marco de la iniciativa estadounidense, la eficiencia energética fue materializada en el programa CHEER (Caribbean Hotel Energy Efficiency and Renewables program) que ha brindado asistencia técnica a la industria hotelera, principal fuente de consumo. Pero en este campo el FMI apremia a que se implementen políticas públicas más amplias, para una mayor reducción de la importación de crudo y un incremento del PIB a largo plazo.

En la implementación de energías renovables, la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) de Estados Unidos ha promovido infraestructuras con financiación público-privada. Entre otros proyectos, financió la construcción de una planta de energía eólica de 36 MW y una de energía solar 20 MW, ambas inauguradas en 2016 en Jamaica. Estos proyectos también tienen influencias macroeconómicas en la reducción de la dependencia del crudo; en el caso de Jamaica, no obstante, la dependencia ha sido disminuida principalmente por la ampliación de la capacidad de recepción de gas natural, lo que ha permitido a ese país una reducción del 97% al 80% de dependencia de petróleo importado (de hecho, ya no importa crudo venezolano). Desde 2016, la empresa New Fortress Energy ha estado trabajando en la entrega de gas natural licuado a la planta Bogue de Jamaica.

Desde su lanzamiento, la OPIC ha financiado hasta 120 millones de dólares en acuerdos energéticos. A eso se añaden los promovidos por el fondo CEFF-CCA, también del Gobierno de Estados Unidos, que proporcionó 20 millones de dólares no reembolsables para proyectos en fases iniciales; en 2015 comenzó el proyecto “Energía Limpia en el Caribe”, de una duración de cinco años y con especial incidencia en Jamaica.

Recortes de Venezuela... y de Trump

La iniciativa estadounidense para la diversificación energética del Caribe tuvo su respuesta por parte de Venezuela. En 2015, Petrocaribe celebró una cumbre especial donde cuadruplicó el fondo ALBA Caribe, elevándolo de 50 millones de dólares a 200 millones, destinados a financiar proyectos principalmente sociales, en la línea de lo que Javier Corrales y Michael Penfold han denominado “social power diplomacy”. No obstante, la grave crisis económica de Venezuela y las reducidas finanzas de su petrolera nacional, PDVSA, han obligado al Gobierno de Nicolás Maduro a recortar la diplomacia petrolera venezolana.

Por su parte, la llegada de la Administración Trump ha supuesto una disminución significativa de la inversión destinada a CESI. En el marco de un recorte generalizado a programas de ayuda en el extranjero, Washington redujo a 4,3 millones de dólares el monto destinado a potenciar nuevas fuentes de energía en el Caribe.

Estados Unidos, en cualquier caso, no es el único en tratar de ocupar el espacio energético que antes llenaba Venezuela. En 2015 se inauguró en Barbados el Centro de Energías Renovables y Energías Eficientes, promovido por UNID (United Nations Industrial Development Organization) con el respaldo de fondos austriacos y alemanes. Además Rusia realizó el año pasado envíos de combustible a Cuba, supliendo suministros que Venezuela no había podido cubrir.

Moscú continúa la militarización de la península para impedir el acceso de otras fuerzas a la región

Desde comienzos de siglo, Rusia había ido perdiendo influencia económica, política y militar en varios países ribereños del Mar Negro; la toma de Crimea intentó corregir la situación. El Kremlin acaba de desplegar un nuevo grupo de misiles en la península, en el marco de un programa de rearme a largo plazo que busca garantizar que operacionalmente el Mar Negro es un 'lago' ruso.

▲Putin en Sebastopol durante la celebración en 2014 de la victoria en la Segunda Guerra Mundial [Kremlin]

ARTÍCULO / Vitaliy Stepanyuk

“El oso no pedirá permiso a nadie”. Esta fue la alegoría utilizada por el presidente ruso Vladímir Putin, en una reunión del Valdai Discussion Club en octubre de 2014, para reflejar que Rusia no buscará el permiso de nadie a la hora de perseguir sus intereses nacionales y los de su pueblo.

Esas palabras eran pronunciadas pocos meses después de la anexión rusa de la península de Crimea. El proceso de cambio de gobierno había sido iniciado y las tropas habían sido movilizadas al nuevo territorio incorporado, imposibilitando cualquier tipo de intervención ucraniana para recuperar su terreno. Aproximadamente cuatro años más tarde, la militarización de la península continúa su curso por parte de la Federación Rusa.

Así, se acaba de conocer el despliegue de un nuevo sistema de defensa en Crimea, una acción justificada por Moscú como medida para proteger el espacio aéreo sobre la frontera entre Rusia y Ucrania, y también para hacer frente a la continua actividad amenazadora en la frontera, surgida sobre todo por la presencia de la OTAN.

Desde la ocupación de Crimea, el Kremlin ha iniciado un programa de rearme a largo plazo para conseguir una zona (A2/AD) que impida el acceso de otras fuerzas a la región. Esta zona limitaría la libertad de maniobra tanto aérea como por tierra a posibles invasores. Junto con otros sistemas de misiles en Armenia, Krasnodar y otros lugares, se establece así una zona anti-acceso realmente amplia. El establecimiento de sistemas de defensa avanzados, la actualización de los radares, la modernización de la Flota del Mar Negro y el despliegue de aviones de combate son algunas de las iniciativas llevadas a cabo para crear esa zona de bloqueo frente a cualquier avance exterior. En los próximos años se planea añadir a esa Flota seis nuevos submarinos de ataque y seis nuevos buques de superficie, que podrían operar más allá del Mar Negro, apoyando incluso las operaciones militares en Siria.

Alejamiento de los antiguos satélites

El aumento de las tropas de la OTAN y de su presencia en los países fronterizos con Rusia es visto por esta como una amenaza a su seguridad. Países como Polonia, donde la OTAN movilizó en enero de 2017 cerca de 3.500 soldados, y otros como Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria y Hungría ven necesario el despliegue ante la situación ocurrida en Ucrania y ante los ejercicios militares rusos cerca de sus fronteras: un claro ejemplo es el Zapad 2017, un conjunto de ejercicios estratégicos y militares llevados a cabo conjuntamente por las tropas rusas y bielorrusas, en Bielorrusia, en la Óblast de Kaliningrado y a lo largo de toda la franja norte limítrofe con los países de la OTAN.

Echando un vistazo a la historia reciente de los últimos 20 años, podemos observar cómo Rusia ha ido perdiendo influencia económica, política y militar desde inicios de siglo sobre los territorios que limitan con el Mar Negro. Así, en Georgia (2004) y en Ucrania (2005), presidentes más afines a Rusia fueron sustituidos por otros más pro-occidentales. Además, Bulgaria y Rumanía habían pasado a ser miembros de la OTAN, mientras Georgia y Ucrania trabajaban en ello.

Actuación en la zona del Mar Negro

Viéndose amenazada por esta situación, Rusia decidió realizar todo lo posible por impedir que Georgia y Ucrania se convirtiesen en miembros de la OTAN, al tiempo que desarrollaba estrategias para alejar a los estados restantes de la influencia de esa organización.

Con la invasión de Georgia en 2008, el Kremlin mostraba su determinación de contener a la OTAN, manteniendo a día de hoy una notable influencia militar en diversas regiones de ese país. Lo mismo ocurrió en Ucrania tras la huida del expresidente Víctor Yanukovich, cuando Rusia invadió Crimea en marzo de 2014. De esta forma, aseguraba el control sobre la base naval de su Flota del Mar Negro situada en Sebastopol (Crimea). También apoya militarmente a los separatistas pro-rusos en la guerra del Este de Ucrania, desestabilizando el país.

En otros países limítrofes con el Mar Negro, Rusia ha actuado de manera distinta. En el caso de Bulgaria y Rumanía, los únicos países ribereños del Mar Negro que son miembros de la Unión Europea, la influencia rusa prevalece en el apoyo a los partidos políticos pro-rusos y en el establecimiento de fuertes vínculos en materia de negocios. Sin embargo, Rumanía es otra de las regiones que constituyen un desafío a la política exterior rusa, debido a su ímpetu en la defensa de la presencia de la OTAN en el Mar Negro.

En el caso de Turquía, que a diferencia de varios de los países mencionados no fue parte de la URSS ni del bloque soviético, el Kremlin ha apoyado el autoritarismo llevado a cabo por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, buscando principalmente dos objetivos básicos: desvincular a Turquía de la OTAN, a la que pertenece casi desde sus inicios (1952), y asegurar su amistad con el país que ejerce control sobre los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, los cuales permiten el acceso al Mar Mediterráneo. Si Turquía cerrase los estrechos, la flota rusa quedaría aislada sin poder ejercer su influencia más allá del Mar Negro. Ello podría ocurrir en el supuesto de que Turquía y Rusia se encontrasen enfrentadas una a la otra en un conflicto. En tal caso, constituyendo la segunda potencia militar más fuerte de la región, Turquía podría ser una clara amenaza para las tropas rusas aisladas. Por otra parte, la relación con Turquía presenta numerosos desafíos para Moscú: un ejemplo es el desacuerdo que existe sobre el conflicto de Siria, donde Turquía se opone al régimen de Assad, mientras que Rusia le apoya. 

Importancia del Mar Negro

En definitiva, Rusia trata de afianzar su influencia y su dominio sobre el Mar Negro. Esto es debido principalmente a unas características esenciales: en primer lugar, este mar es un importante punto estratégico, ya que permitiría el acceso a los diversos territorios colindantes; en segundo lugar, el control sobre los puertos y las rutas comerciales darían el poder de obstruir el comercio y los suministros energéticos (se trata de un territorio atravesado por multitud de tuberías de transporte de energía); por último, Rusia podría influir enormemente en unas regiones que comparten una historia común con Rusia, vulnerando su relación con la OTAN.

Desafío inmediato

Para concluir, resulta interesante comprender que el desafío principal al que debe hacer frente Rusia es el de mantener el status quo, según afirma Yuval Weber, profesor de la Universidad de Harvard.  Para ello, Rusia tiene que ser capaz de mantener el grupo separatista en la guerra de Ucrania, hasta que el gobierno de Kiev caiga y pueda entonces entablar conversación con un posible gobierno títere que acepte una solución en términos rusos. Sin embargo, mantener ese estado de las cosas implica tener que hacer frente de manera simultánea a la intervención internacional y a la débil situación económica interna de la propia Rusia, donde existe una creciente insatisfacción social en relación con los salarios, el recorte de los servicios, la pobreza en algunas regiones, entre otros problemas.

Tanto la situación interna y externa de Rusia, como la de sus territorios de influencia, quedan supeditadas a los resultados de las próximas elecciones presidenciales rusas, que se celebrarán el 18 de marzo de 2018. El mundial de fútbol no es lo único que está en juego.

[Mai’a K. Davis Cross, The Politics of Crisis in Europe. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 2017. 248 pages]

REVIEW / M. Teresa La Porte [Spanish version]

The main thesis of the extensive research that this work represents is condensed in its final conclusions: ‘Indeed, what the crisis over Iraq, the constitution, and the Eurozone have revealed is that even in the face of extreme adversity, and even when the easy route of freezing or rolling back integration is on the table before them, Europeans routinely choose more Europe, not less’ (p. 235).  The author justifies this affirmation arguing that the perception of the existential crisis that periodically attacks the European Union is a social construct, initiated and orchestrated by the communication media and public opinion shapers that control the development of the narratives and determine the public perception of the events.  The media coverage amplifies a problem which, though it is undeniable, does not question the existence of the European Union.  This negative vision causes in the citizenry what Cross calls ‘integrational panic’, generating a sentiment of catastrophe that is multiplied through political discourse.  The absence of the “real crisis” is demonstrated by the fact that, behind these apparent catastrophes, an evident advance in European integration and a renewed desire to find consensus are produced.

The book presents an analysis of the three recent “crises” through which the European Union has passed: the dispute relating to the participation of the war in Iraq (2003), the debate about the European Constitution (2005) and the economic crisis of the Eurozone (2010-12).  Each of these cases are comprised of a qualitative and quantitative study of the leading international media, an examination of the reaction of public opinion and a monitoring of the political decisions that were made.  In spite of the differences among the cases of the study, the author finds a common pattern in all of them that allows for a comparative study and that develops in the following way: emergence of a conflict that provokes a debate, negative reaction of social instigators producing alarming narratives, perception of existential crisis on the part of the citizenry, state of catharsis in which the tensions are relaxed and a calm reflection over the events is produced, and, finally, the phase of resolution in which political measures are adopted that reinforce European integration (European Security Strategy, 2003; Lisbon Treaty, 2009; Fiscal Compact, 2012).

The European Union is understood as ‘a work in progress, a project that is perennially in the middle of its evolution, with no clearly defined end goal’ (p.2).  The disagreements among the member states, in relation to foreign policy or the degree of integration, are typical of an ambitious initiative, which is in full process of maturation and which goes forward always counting on the judgement of each and every one of its members.  Nevertheless, the study does not underestimate the real difficulties that the communal institution is going through and they are present throughout the research.

What is especially interesting is the thorough tracking of the social dynamics that are generated by the ‘crisis of existence’ of the European Union.  The processes of the development of the narratives by the media, the multiplying effect through the discourses of political actors and experts, and the reaction of European and global public opinion provide knowledge about the political impact of social behaviour that should be taken more into consideration in the discipline of international relations.  The study gives special attention to the resolution of the crisis and the phenomenon of ‘catharsis’ which is produced as a consequence of political reflection.  This stage would begin when the options are broadened and different solutions begin to be valued, the political elites recover their power of decision-making and the consideration of potential opportunities to generate consensus and advance in integration is begun.  As the author emphasizes, catharsis does not eliminate tensions, but it allows for an open debate that concludes with a positive proposal. 

Another positive contribution is the scientific revision of the concept of ‘crisis’ in the principal intellectual perspectives of the material: the systematic vision, the behavioural and the sociological vision.  Based on the previous production, the author provides a new concept, ‘integrational panic’, that is defined as ‘a social overreaction to a perceived problem’.

The criticism coming from the academic sphere, although it highlights the interest of the focus of the work, considers the political analysis of each of the conflicts analysed to be insufficient and affirms that the book does not reflect very well the complexity of the problems that confront Europe.  Specifically, it is questioned whether the crisis of Brexit and the emergence of Eurosceptic parties does not dismantle the argumentation presented in these pages.  The author includes a brief commentary about both questions (the British referendum coincides with the publication of the book) arguing that both problems respond to a conflict of national, and not European, politics, but the criticism considers it incomplete. 

In any case the relevance of the work is justified for various reasons.  In the first place, its novelty: although the crises through which the European Union has passed have been studied previously, there are very few studies which have done it in a comparative way and concluding on common behaviours.  Secondly, and although it may be a debatable thesis, the analysis of the effect of the media and of the leaders of public opinion in the existential crises of the EU contributes a political assessment of the phenomenon that is more accurate and realistic.  Finally, the research favours a better management of these periods of turbulence, allowing for a reduction of the wearing effects of a constant debate over the survival of the institution within and outside of Europe. 

[Mai’a K. Davis Cross, The Politics of Crisis in Europe. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 2017. 248 páginas]

RESEÑA / Mª Teresa La Porte [Versión en inglés]

La principal tesis de la extensa investigación que presenta esta obra se condensa en una de sus últimas conclusiones: ‘Indeed, what the crisis over Iraq, the constitution, and the Eurozone have revealed is that even in the face of extreme adversity, and even when the easy route of freezing or rolling back integration is on the table before them, Europeans routinely choose more Europe, not less’ (p. 235). La autora justifica esta afirmación arguyendo que la percepción de crisis existencial (existential crisis) que periódicamente azota a la Unión Europea es un constructo social (social construct), iniciado y orquestado por los medios de comunicación y los líderes de opinión pública (public opinión shapers) que controlan la elaboración de las narrativas y determinan la percepción pública de los hechos. La cobertura mediática amplifica un problema, que si bien es innegable, no cuestiona la existencia de la Unión Europea. Esa visión negativa provoca en la ciudadanía lo que Cross denomina ‘integrational panic’, generando un sentimiento de catástrofe que se multiplica a través de los discursos políticos. La ausencia de ‘crisis real’ vendría demostrada por el hecho de que, tras estas aparentes catástrofes, se produce un avance constatable en integración europea y un renovado deseo de encontrar un consenso.

El libro presenta el análisis de tres ‘crisis’ recientes por las que ha atravesado la Unión Europea: la disputa en relación con la participación en la guerra de Irak (2003), el debate en torno a la Constitución Europea (2005) y la crisis económica de la euro zona (2010-12). Cada uno de los casos comprende un estudio cualitativo y cuantitativo del contenido de medios líderes internacionales, un examen de la reacción de la opinión pública y un seguimiento de la toma de decisiones políticas. A pesar de la diferencia entre los casos de estudio, la autora encuentra un patrón común a todos ellos que permite el estudio comparativo y que se desarrolla de la siguiente manera: surgimiento del conflicto que provoca el debate, reacción negativa de los instigadores sociales elaborando narrativas alarmantes, percepción de crisis existencial por parte de la ciudadanía, estado de ‘catarsis’ (catharsis) en la que se relajan las tensiones y se produce una reflexión serena sobre los acontecimientos, y, por último, la fase de resolución en la que se adoptan medidas políticas que refuerzan la integración europea (Estrategia de Seguridad Europea, 2003 (European Security Strategy); Tratado de Lisboa, 2009 (Lisbon Treaty); Pacto Fiscal Europeo, 2012 (Fiscal Compact)).

La Unión Europea se entiende como un proyecto en vías de desarrollo: ‘a work in progress, a project that is perennially in the middle of its evolution, with no clearly defined end goal’ (p.2). Las desavenencias entre los estados miembros, en relación con la política exterior o con el grado de integración, son propias de una iniciativa ambiciosa, que está en plena proceso de maduración y que avanza contando siempre con el parecer de todos y cada uno de sus miembros. Sin embargo, el estudio no minusvalora las dificultades reales por las que atraviesa la institución comunitaria y están presentes a lo largo de toda la investigación.

Resulta especialmente interesante el detenido seguimiento de las dinámicas sociales que genera la interpretación de las ‘crisis de existencia’ de la Unión Europea. Los procesos de elaboración de las narrativas por los medios de comunicación, el efecto multiplicador a través de los discursos de actores políticos y expertos, y la reacción de la opinión pública europea y global aportan un conocimiento sobre el impacto político del comportamiento social que debe tener mayor consideración en la disciplina de relaciones internacionales. El estudio destina una especial atención a la resolución de la crisis y al fenómeno de ‘catarsis’ que se produce como consecuencia de la reflexión política. Esta etapa comenzaría cuando se amplían las opciones y se empiezan a valorar diferentes soluciones, las élites políticas recuperan su poder de decisión y se inicia la consideración de potenciales oportunidades de generar consenso y avanzar en la integración. Como la autora remarca, la catarsis no elimina las tensiones, pero permite un debate abierto que concluye con una propuesta positiva.

Es también una contribución positiva la revisión científica del concepto de ‘crisis’ en las principales perspectivas intelectuales de la materia: la visión sistémica, la conductual o del comportamiento y la visión sociológica. Basándose en la producción anterior, la autora aporta un nuevo concepto ‘integrational panic’ que define como ‘a social overreaction to a perceived problem’.

La crítica procedente del ámbito académico, aunque no deja de subrayar el interés del enfoque del trabajo, considera insuficiente el análisis político de cada uno de los conflictos analizados y afirma que el libro no refleja bien la complejidad de los problemas a los que se enfrenta Europa. En concreto, se cuestiona si la crisis del Brexit y el surgimiento de los partidos euroescépticos no desmantelan la argumentación expuesta en estas páginas. La autora incluye un breve comentario sobre ambas cuestiones (el referéndum británico coincide con la publicación del libro) arguyendo que ambos problemas responden a un conflicto de política nacional y no europeo, pero la crítica lo considera incompleto.

En cualquier caso, la relevancia del trabajo está justificada por varios motivos. En primer lugar, su novedad: aunque las crisis por las que ha atravesado la Unión Europea han sido estudiadas con anterioridad, son muy pocos los trabajos que lo han hecho de forma comparada y concluyendo comportamientos comunes. En segundo lugar, y aunque sea una tesis discutible, el análisis del efecto de los medios de comunicación y de los líderes de opinión pública en la crisis existenciales de la UE contribuye a una valoración política del fenómeno más certera y realista. Por último, la investigación favorece una mejor gestión de estos periodos de turbulencia, permitiendo reducir los efectos desgastantes de un constante debate sobre la pervivencia de la institución dentro y fuera de Europa.

ESSAY / Andrea Pavón-Guinea [Spanish version]

1. Introduction

The recent terrorist attacks in European soil, together with the rise of the Daesh, the civil war in Syria and the refugee crisis have underlined the critical importance for European intercultural dialogues with the Islamic world, placing the interdependence of the European Union (EU) and its Southern neighborhood on the spotlight. The European Union is focusing their resources on civil society initiatives that based on soft power may contribute to radicalization prevention. Through the creation of the Anna Lindh Foundation for the Dialogue between Cultures, where all the Euro-Mediterranean partners are represented, the European Union has an unparalleled instrument for bringing peoples from both shores of the Mediterranean together and for contributing to the improvement of Euro-Mediterranean relations through people-to-people engagement.

2. Intercultural dialogue in the Euro-Mediterranean relations

The abovementioned interdependence between the European Union and the South Mediterranean basin began[1] to be regulated by the so-called Barcelona Process in 1995[2].

The Barcelona Declaration formally initiated the Euro-Mediterranean Partnership (EMP), which is a multilateral framework of relations ‘based on a spirit of partnership’ that aims at turning the Mediterranean basin into an ‘area of dialogue, exchange and cooperation guaranteeing peace, stability and prosperity’. The Barcelona Process recalled one of the founding principles of the European Union: common objectives need to be addressed in a spirit of co-responsibility (Suzan, 2002). The Declaration’s goals are threefold (also known as the EMP’s three ‘baskets’): the creation of a common area of peace and stability through the reinforcement of security and political dialogues (political & security basket); the construction of a zone of shared prosperity through and economic and financial partnership (economic & financial basket); and the promotion of understanding between cultures through the exchange of civil societies – the so-called inter-cultural dialogue – (Social, cultural and human affairs basket).

More than twenty years after the Declaration, the recent events of today’s politics in the European Southern Neighborhood have further underlined the critical importance for European security of dialogues with the Islamic world in a variety of issues. If European officials had rejected Huntington’s ‘clash of civilizations’ thesis when it was first articulated, they started considering it as a plausible scenario after September 11: a scenario, however, that could be partly averted by making efforts through the third basket of the Euro-Mediterranean Partnership in the form of enhanced dialogue and cultural cooperation (Gillespie, 2004).

3. Counter-radicalization through intercultural dialogue: The Anna Lindh Foundation

Emphasizing that dialogue among cultures, civilizations and religions throughout the Mediterranean Region is more necessary than ever before in order to promote understanding among them, the Euro-Mediterranean partners agreed during the 5th Euro-Mediterranean Conference of Foreign Ministers in Valencia (2002) to establish a foundation that distinctly deals with inter-cultural dialogue. This way, the Anna Lindh Foundation for the Dialogue between Cultures (ALF), based on Alexandria (Egypt), became operational in 2005. Being the first properly Euro-Mediterranean institution, it coordinates a region-wide network of over 4,000 civil society organizations belonging to the 42 UfM[3] partners.

Despite being created in 2005, the last few years have seen a dramatic growth of interest in intercultural dialogue as a means of radicalization prevention. For instance, the Mediterranean Forum of the Anna Lindh Foundation, hosted in Malta in October 2016, acknowledged the importance of intercultural dialogue in counteracting extremism. Furthermore, the outcomes of the Forum found that intercultural dialogue is already embedded in the policy discourse, evidenced by references to the Anna Lindh Foundation and its intercultural dialogue mandate in the new European Neighborhood Policy (18.11.2015) and HR Mogherini’s Strategy for International Cultural Relations.

However, it has been the recent terrorist attacks in Europe the ones that have highlighted the urgent need to tackle the phenomenon of radicalization[4] that may lead to violent extremism and terrorism. In this regard, the prevention of radicalization[5] is a key part of the fight against terrorism, as was highlighted in the European Agenda on Security[6] in 2015. It is worth mentioning that the majority of the terrorist suspects implicated in those attacks were European citizens, born and raised in EU Member States, who were radicalized to commit acts of political violence. It evidences the ‘transnational dimension of Islamist terrorism’ (Kaunert and Léonard, 2011: 287) and the changing nature of the threat, whose drivers are different from, and more complex than, previous radicalization phenomena: ‘Radicalization today has different root causes, operates on the basis of different recruitment and communication techniques; it is marked by globalized and moving targets inside and outside Europe and grows in various urban contexts’[7]. The following map shows the number of Jihadi arrests in European soil in 2016.

Consequently, against the background of the rising prominence of the ‘clash of civilizations’ discourse in the aftermath of the 9/11, the Anna Lindh Foundation could be understood as an alternative and non-confrontational response to the US-led war on terror (Malmvig, 2007). It aims at creating ‘a space of prosperity, coexistence and peace’ through ‘restoring trust in dialogue and bridging gaps in mutual perceptions’. It thus represents the idea that encouraging understanding between cultures and exchanges between civil societies is a crucial element of any political and strategic program aimed at neighboring Mediterranean countries (Rosenthal, 2007). In other words, the creation of an area of dialogue, cooperation and exchange in the South Mediterranean is a key external relations priority for the European Union. Not only that but with the launching of the Anna Lindh Foundation, the EU recognizes that for the Euro-Mediterranean Partnership to work, dialogue between people – not just political elites – becomes essential.

This focus on civil society engagement is crucial in tackling radicalization processes, that precede the phase of violent extremism and future terrorist practices. For instance, the United Nations’ Counter-Terrorism Implementation Task Force[8] has argued that the state alone does not have all the resources necessary to counter radicalization and therefore need partners to carry out this task. Involving civil society and local communities enhances trust and social cohesion and can be a means to reach segments of society that governments may have difficulty to engage with. The European Union has also highlighted the importance of local actors, who are usually best placed to prevent and detect radicalization both in the short-term and the long-term[9].

Conclusion

Intercultural dialogue may thus be seen as a desirable tool to address the phenomenon of radicalization in the region of the South Mediterranean, where the legacies of a colonial order demand that ‘more credible interlocutors need to be found among non-governmental agents’ (Riordan, 2005: 182). The European Union will ought to abandon its existing ’donor mentality’ and move towards real partnerships and people-to-people confidence building measures (Amirah and Behr, 2013: 5), holding the assumption that practices based on dialogue and mutuality may offer a promising framework for improving the European Union’s relations towards the South Mediterranean, and particularly, for countering radicalization processes occurring both in and outside Europe.

ENSAYO / Andrea Pavón-Guinea [Versión en inglés]

1. Introducción

La combinación de ataques terroristas en suelo europeo, el surgimiento del Estado Islámico, la guerra civil siria y la crisis de los refugiados han puesto de manifiesto la importancia del diálogo intercultural entre la Unión Europea y el mundo islámico. En este contexto de guerra asimétrica y retos no tradicionales de seguridad, la Unión Europea está centrando sus recursos en iniciativas de la sociedad civil basadas en poder blando que puedan contribuir a la prevención de la radicalización. Mediante la creación de la Fundación Anna Lindh para el desarrollo intercultural, la Unión Europea dispone de un instrumento sin igual para acercar a las sociedades civiles de ambas orillas del Mediterráneo y contribuir a la mejora de las relaciones Euro-Mediterráneas.  

2. Las relaciones Euro-Mediterráneas y el diálogo intercultural 

Las relaciones entre la Unión Europea y el Mediterráneo Sur empezaron[1] a ser reguladas formalmente con la creación del Proceso de Barcelona en 1995[2].

La Declaración de Barcelona daría lugar a la creación de la Asociación Euro-Mediterránea; un foro de relaciones multilaterales que, ‘basadas en un espíritu de asociación’, pretende convertir la cuenca mediterránea en un ‘área de diálogo, intercambio y cooperación que garantice la paz, la estabilidad y la prosperidad’. El Proceso de Barcelona traería así a colación uno de los principios fundadores de la Unión Europea, aquel que llama a alcanzar los objetivos comunes mediante un espíritu de corresponsabilidad (Suzan, 2002). La Declaración persigue tres objetivos fundamentales: en primer lugar, la creación de un área común de paz y estabilidad a través del refuerzo de la seguridad y del diálogo político (sería la llamada ‘cesta política’); en segundo lugar, la construcción de una zona de prosperidad compartida a través de la asociación económica y financiera (‘cesta económica y financiera’); y, en tercer lugar, la promoción del entendimiento entre las cultures a través de las redes de la sociedad civil: el llamado diálogo intercultural (cesta de ‘asuntos sociales, culturales y humanos’). 

Más de veinte años después de la Declaración, los reclamos de la política actual en el Mediterráneo Sur subrayan la importancia del desarrollo del diálogo intercultural para la seguridad europea. Aunque los políticos europeos rechazaran la tesis del choque de civilizaciones de Huntington cuando ésta fue articulada por primera vez, se convertiría, sin embargo, en un escenario a considerar después de los ataques del once de septiembre: un escenario, sin embargo, que podría evitarse mediante la cooperación en el ámbito de la ‘tercera cesta’ de la Asociación Euro-Mediterránea, es decir, a través del diálogo reforzado y la cooperación cultural (Gillespie, 2004).

3. Luchando contra la radicalización a través del diálogo intercultural: La Fundación Anna Lindh 

Así pues, haciendo hincapié en que el diálogo entre culturas, civilizaciones y religiones en toda la región Euro-Mediterránea es más necesario que nunca para promover el entendimiento mutuo, los socios Euro-Mediterráneos acordaron durante la quinta conferencia Euro-Mediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores, en Valencia en 2002, establecer una fundación cuyo objetivo fuese el desarrollo del diálogo intercultural. De esta manera nace la Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre Cultures que, con sede en Alejandría, comenzaría a funcionar en el año 2005.

Cabe destacar que Anna Lindh es única en su representación y configuración, pues reúne a todos los socios Euro-Mediterráneos en la promoción del diálogo intercultural, que es su único objetivo. Para ello, se basa en la coordinación de una red regional de más de 4.000 organizaciones de la sociedad civil, tanto europeas, como mediterráneas.

A pesar de que lleve en funcionamiento ya más de diez años, su trabajo se centra en la actualidad en el desarrollo del diálogo intercultural con el fin de prevenir la radicalización. Este énfasis ha sido continuamente puesto de manifiesto en los últimos años, por ejemplo, en el Foro Mediterráneo de la Fundación Anna Lindh, celebrado en Malta en octubre de 2016, su mandato en el diálogo intercultural contenido en la nueva Política Europea de Vecindad (18.11.2015) y en la estrategia de la Alta Representante Mogherini para la promoción de la cultura en las relaciones internacionales.

Sin embargo, han sido los recientes ataques terroristas en Europa los que han resaltado la necesidad urgente de abordar el fenómeno de la radicalización[3], que, en última instancia, puede llegar a conducir al extremismo violento y al terrorismo. En este sentido, la prevención de la radicalización[4] es una pieza clave en la lucha contra el terrorismo, tal y como ha sido puesto de manifiesto en la Agenda Europea de Seguridad en 2015[5]. Esto es así porque la mayoría de los terroristas sospechosos de haber atentado en suelo europeo son ciudadanos europeos, nacidos y creados en estados miembros de la Unión Europea, donde han experimentado procesos de radicalización que culminarían en actos de violencia terrorista. Este hecho evidencia ‘la dimensión transnacional del terrorismo islamista’ (Kaunert y Léonard, 2011: 287), así como la naturaleza cambiante de la amenaza, cuyos motores son diferentes y más complejos que previos procesos de radicalización: ‘La radicalización de hoy tiene diferentes fundamentos, opera sobre la base de diferentes técnicas de reclutamiento y comunicación y está marcada por objetivos globalizados y móviles dentro y fuera de Europa, creciendo en diversos contextos urbanos’[6]. El siguiente mapa muestra el número de arrestos por sospecha de terrorismo yihadista en Europa en 2016.

En consecuencia, la Fundación Anna Lindh puede entenderse como una respuesta alternativa y no conflictiva al discurso del choque de civilizaciones y la guerra contra el terrorismo liderada por Estados Unidos (Malmvig, 2007). Su objetivo principal que es el de crear ‘un espacio de prosperidad, convivencia y paz’ mediante ‘la restauración de la confianza en el diálogo y la reducción de los estereotipos’ se basa en la importancia otorgada por la Unión Europea al desarrollo del diálogo intercultural entre civilizaciones como elemento crucial de cualquier programa político y estratégico dirigido a los países mediterráneos vecinos (Rosenthal, 2007). Dicho de otro modo, la creación de un área de diálogo, cooperación e intercambio en el sur del Mediterráneo es una prioridad clave de la política exterior de la Unión Europea. Además, con la creación de la Fundación Anna Lindh, la Unión Europea está reconociendo que para que la Asociación Euro-Mediterránea funcione, el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, y no solo entre las elites políticas, es esencial.

Así pues, Anna Lindh, como organización basada en red de redes de la sociedad civil, se vuelve instrumento crucial para abordar la prevención de la radicalización. En esta línea, el grupo de trabajo de implementación de la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas[7] ha argumentado que el Estado por sí solo no cuenta con los recursos necesarios para luchar contra la radicalización terrorista, y, por lo tanto, necesita cooperar con socios de otra naturaleza para llevar a cabo esta tarea. La involucración de la sociedad civil y las comunidades locales serviría así para aumentar la confianza y la cohesión social, llegando incluso a ser un medio para llegar a ciertos segmentos de la sociedad con los que los gobiernos tendrían dificultades para interactuar. La naturaleza de los actores locales, tal y como ha resaltado la Unión Europea mediante la creación de la Fundación Anna Lindh, sería la más acertada para prevenir y detectar la radicalización tanto a corto como a largo plazo[8].

Conclusión

De esta forma, el diálogo intercultural constituye una herramienta para abordar el fenómeno de la radicalización en la región del Mediterráneo Sur, donde los legados de un pasado colonial exigen que ‘se encuentren interlocutores más creíbles entre las organizaciones no gubernamentales’ (Riordan, 2005: 182). Con el objetivo de prevenir la radicalización terrorista dentro y fuera de Europa, y asumiendo que prácticas basadas en el diálogo y la mutualidad pueden ofrecer un marco adecuado para el desarrollo y mejora de las relaciones Euro-Mediterráneas, la Unión Europea debería avanzar hacia asociaciones reales dirigidas hacia el fomento de la confianza entre las personas y rechazar cualquier programa de acción unilateral que suponga una reproducción del discurso del choque de civilizaciones (Amirah y Behr, 2013: 5).