Washington alerta del incremento de las pandillas violentas trasnacionales y estima que la MS-13 llega a los 10.000 miembros

La Administración Trump ha llamado la atención sobre un incremento de las pandillas violentas trasnacionales en Estados Unidos, singularmente la Mara Salvatrucha o MS-13, que mantiene relación con los pandilleros del Triángulo Norte centroamericano. Aunque Trump ha invocado este asunto de manera demagógica, criminalizando la inmigración y olvidando que las maras centroamericanas nacieron en Los Ángeles, el FBI constata que esas organizaciones están reclutando más jóvenes que nunca y exigiendo a sus miembros una mayor violencia. Las autoridades estadounidenses estiman que esas pandillas son regidas en cierta medida desde El Salvador, pero esa jerarquía no está tan clara.

▲ Pintada de la Mara Salvatrucha [Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Lisa Cubías [Versión en inglés]

Nunca antes probablemente palabra “animal” había causado tanta controversia en Estados Unidos como cuando la pronunció el presidente Donald Trump en alusión a los miembros de la Marasalvatrucha o MS 13, el pasado 16 de mayo. Inicialmente pareció que se refería a todos los inmigrantes indocumentados, lo que provocó un amplio rechazo; luego precisó que la etiqueta la había querido aplicar a los pandilleros que llegan ilegalmente a Estados Unidos para cometer actos de violencia. Trump situó su war on gangs (guerra a las pandillas) en el marco de su política migratoria de tolerancia cero y de refuerzo de agencias nacionales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con el fin de reducir los flujos migratorios que van de Latinoamérica a Estados Unidos.

La descripción del fenómeno de las bandas de jóvenes latinos como un problema migratorio ya había surgido en el discurso del Estado de la Unión que Trump pronunció el 28 de enero. Ante el Congreso estadounidense, Trump contó la historia de dos adolescentes, Kayla Cuevas y Nisa Mickens, que habían sido brutalmente asesinadas por seis miembros de la MS-13 cuando regresaban a casa. Aseguró que los criminales habían aprovechado agujeros en la legislación migratoria para vivir en Estados Unidos y reiteró que el Congreso debía actuar para cerrarlos y prevenir que los miembros de pandillas puedan utilizarlos para entrar en el país.

A pesar de la simplificación demagógica de Trump, la verdad es que las bandas latinas son un producto de Estados Unidos. Son, como ha dicho The Washington Post, “tan hechas en Estados Unidos como Google”. Nacieron en Los Ángeles, primero a partir de hijos de la inmigración mexicana y luego alimentadas por la llegada de emigrantes y refugiados que huían de los conflictos armados de América Central. Así, El Salvador vio el surgimiento de una guerra civil de doce años entre el Gobierno y la guerrilla de izquierdas durante la década de 1980. La duración y brutalidad del conflicto, junto con la inestabilidad política y económica que estaba padeciendo el país, impulsaron el éxodo de salvadoreños hacia Estados Unidos. El flujo de jóvenes de El Salvador, y también de Honduras y Guatemala, propició el surgimiento de las maras Salvatrucha y Barrio 18, ambas relacionadas con la preexistente Mafia Mexicana (La M).

Cuando la paz llegó a Centroamérica en la década de 1990 muchos de esos jóvenes regresaron a sus países, siguiendo a sus familias o expulsados por las autoridades estadounidenses debido a sus actividades delictivas. De esta forma, las maras comenzaron a actuar en el Triángulo Norte, donde constituyen un grave problema social.

Trasnacionalidad

Según el Departamento de Justicia, en Estados Unidos existen unas 33.000 bandas callejeras violentas, con un total de 1,4 millones de miembros. La MS-13, con alrededor de 10.000 jóvenes enrolados, supone solo el 1% de ese total y en 2017 solo fueron procesados 17 de sus miembros, y sin embargo merece toda la atención de la Casa Blanca. Al margen de posibles intereses políticos de la Administración Trump, lo cierto es que las autoridades estadounidenses han venido destacando su incremento y su peligrosidad, además de advertir que ciertas órdenes se imparten desde El Salvador. Esa trasnacionalidad es vista con preocupación.

Estados Unidos no reconoce a la MS-13 como una organización terrorista, y por tanto no la ha incluido en su Estrategia Nacional contra el Terrorismo publicada en octubre de 2018. Es catalogada, en cambio, de organización criminal transnacional, como la describe un documento del Departamento de Justicia de abril de 2017. Según recoge este, varios de los líderes pandilleros están encarcelados en El Salvador y están enviando representantes para cruzar ilegalmente a Estados Unidos con el fin de unificar a las pandillas que operan en territorio estadounidense, mientras obligan a la organización de la MS-13 de Estados Unidos a enviar sus ganancias ilegales a los líderes del grupo en El Salvador y a ejercer más control y violencia sobre sus territorios.

El FBI asegura que la MS-13 y Barrio 18 “continúan extendiendo su influencia en Estados Unidos”. Esas pandillas trasnacionales “están presentes en casi todos los estados y continúan creciendo en número de miembros, apuntando ahora a reclutas más jóvenes que nunca”. Como indica la nota del Departamento de Justicia mencionada, el Fiscal General advirtió que «solo en los últimos cinco años” el número de pandilleros “ha subido significativamente”. “Organizaciones criminales trasnacionales como la MS-13 presentan una de las amenazas más graves a la seguridad de Estados Unidos”, apuntó.

Stephen Richardson, director adjunto de la división de investigación criminal del FBI, declaró al Congreso en enero de 2018 que los arrestos masivos y el encarcelamiento de miembros y líderes de nivel medio de la MS-13 durante el año pasado en Estados Unidos han causado frustración a los líderes de la MS-13 en El Salvador. “Están muy interesados en enviar a delincuentes más jóvenes y más violentos a través de sus canales a este país para ser matones de la pandilla”, dijo al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

El carácter transnacional de la MS-13 es cuestionado por el experto Roberto Valencia, autor de artículos y libros sobre las maras. Trabaja como periodista en El Faro, uno de los principales medios de comunicación de medios digitales de El Salvador; su último libro, titulado Carta desde Zacatraz, se publicó hace unos meses.

“Al principio, las pandillas de Los Ángeles sirvieron como guías morales sobre aquellos que emigraron a El Salvador durante los años 90. Algunos de los líderes veteranos que viven ahora en El Salvador crecieron en Los Ángeles y han mantenido vínculos personales y emocionales con las estructuras de las pandillas a las que pertenecían”, dice Valencia a Global Affairs. “No obstante”, añade, “eso no implica una conexión internacional: todos, sin importar dónde vivan, creen que son la esencia de la pandilla y no están subordinados a la organización de otro país”. “Algunos dirigentes en El Salvador comparten una relación muy personal con la organización en la que se iniciaron en Estados Unidos, y eso no se disuelve tan fácilmente, pero el vínculo como organización única se rompió hace tiempo”, comenta.

Valencia rechaza firmemente cualquier injerencia de la MS-13 de Estados Unidos en la de El Salvador. Admite, en cambio, que puede haber algún tipo de influencia al revés, ya que pandilleros salvadoreños en Estados Unidos “pueden ser deportados a El Salvador y acabar en las cárceles salvadoreñas, donde pueden ser castigos por las mafias carcelarias”.

Migrantes: ¿causa o consecuencia?

Roberto Valencia también se pronuncia sobre las referencias de Donald Trump a las pandillas: “Trump habla de la MS-13 para ganar votos bajo la premisa de una política de migración que termina criminalizando a todos los inmigrantes. Es indignante que Trump los presente como la causa, cuando las pandillas comenzaron en los Estados Unidos. De hecho, la gran mayoría de los emigrantes del Triángulo del Norte llegan a Estados Unidos escapando de las pandillas”.

En América Central, el control que las pandillas ejercen sobre una sociedad que es pobre va desde reclamar la “renta” (extorsión) a empresas y gente que tiene pequeños negocios hasta obligar a mujeres mayores a que cuiden de los bebés que han tenido miembros de la banda, y “pedir” a niñas jóvenes sean novias del líder principal de la banda si no quieren ser asesinadas ellas y sus familias. La solicitud de niñas jóvenes es una causa extremadamente común de migración, lo que también denota la cultura misógina en las zonas rurales de los países latinoamericanos.

En la mayoría de sus comentarios, Trump ha descrito a la MS-13 como una amenaza para la seguridad pública y la estabilidad de las comunidades estadounidenses. Sin embargo, el Centro de Estudios de Inmigración, una importante organización de investigación independiente y sin fines de lucro, realizó una investigación sobre el impacto de la MS-13 en Estados Unidos y abordó las medidas migratorias que la Administración debiera tomar para controlar su presencia. Consideró que la MS-13 y otras pandillas son ciertamente una amenaza para la seguridad pública, compartiendo así el punto de vista de Trump, pero discrepó de este al no vincular inmigración con el impacto de las pandillas.

El abogado estadounidense Greg Hunter, que es miembro del panel para la Ley de Justicia Penal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Este de Virginia desde 2001 y ha trabajado en asuntos relacionados con pandillas, afirma que los casos de robos de tiendas y de inmigración ilegal son mucho más frecuentes que aquellos que pueden catalogarse como amenazas a la seguridad pública o a la “comunidad estadounidense”, como el narcotráfico y los asesinatos. También alude al hecho de que estas organizaciones no están centralizadas y, aunque operan bajo la misma identidad, no siguen las mismas órdenes. Asegura que las bandas han hecho esfuerzos para centralizar las operaciones, pero han resultado ineficaces.

Es crucial tener en cuenta las estadísticas sobre la afluencia de inmigrantes a la hora de valorar las recientes caravanas de inmigrantes partidas del Triángulo del Norte y que Trump ha querido relacionar con las pandillas. El presidente estadounidense dijo que esos migrantes eran “criminales fríos como la piedra”.

Sin embargo, el registro de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no sugiere esto. En su Informe de Seguridad de 2017 contabiliza un total de 526.901 inmigrantes ilegales a quienes se les negó la entrada, de los cuales 310.531 fueron detenidos y 31.039 arrestados; de estos últimos solo 228 pertenecían a la MS-13 y otros tantos eran miembros de otras maras (61 de ellos de Barrio-18).

Competencia de las dos potencias para disponer de bases en el Índico y tener actividad en países vecinos estratégicos

Los rumores sobre posible uso militar futuro por parte de China del área de Gwadar (Pakistán), donde Pekín ya gestiona un puerto, han añadido en el último año gran atención a la rivalidad que China e India sostienen para asegurarse el acceso a puntos que, repartidos por la región, les permitan el control del Índico. India estima este océano como propio, mientras que para China es vital para garantizar la seguridad de sus suministros energéticos desde Oriente Medio.

▲ Trabajos de China para transformar en isla el arrecife de Subi, en las islas Spratly, en 2015 [US Navy]

ARTÍCULO / Jimena Puga

Las dos principales potencias de Asia-Pacífico, China e India, están compitiendo por la supremacía regional en el océano Índico mediante el establecimiento de bases militares y acuerdos económicos con países fronterizos como Pakistán. El océano Índico, que bordea África, Oriente Medio, Asia y Australia, es la cuna de uno de los puntos más cruciales y estratégicos para el comercio internacional. Casi un 40% del petróleo extraído del mar se produce en el Índico, el cual tiene también depósitos de ricos minerales y de pesca.

Hace cinco años China inició su gran reclamación de territorio en el Mar Meridional de China, y el país ha establecido un status quo territorial a su favor sin recibir ningún impedimento internacional, con el fin de contrarrestar la presencia militar estadounidense en la región, establecida durante la Guerra Fría, y que controla el Mar Meridional de China y todas las mercancías que provienen de África, Oriente Medio y el estrecho de Malaca. Esta expansión territorial del Imperio del Centro empezó en diciembre de 2013; desde entonces China ha construido más de media docena de islas artificiales más, situadas en un lugar estratégico por donde pasa un tercio del comercio marítimo global, y ha desplegado activos militares en ellas.

Sin embargo, la creación de estas islas ha supuesto grandes daños para el ecosistema marítimo de la región. Los arrecifes de coral que China ha destruido para utilizarlos como base para el establecimiento de sus islas, constituían alimento y refugio para numerosas especies marítimas, así como abastecimiento para las empresas de pesca más importantes de Asia. No obstante, gracias a esta expansión territorial China está en una mejor posición no solo para el control marítimo y aéreo de la zona sino también para continuar con el avance de su estrategia de proyección de poder en el Océano Índico y parte del Pacífico para satisfacer sus planes de poder y supremacía en la región.

La neocolonización

A principios de 2018 algunas informaciones apuntaron a que China planea habilitar una base naval junto al puerto que desarrolla en Gwadar, en Pakistán, si bien autoridades de este país niegan que Pekín haya solicitado dar ese uso a las instalaciones. En cualquier caso, el atraque de buques militares en el área de Gwadar pondría en conexión ese punto con la reciente base militar y naval del país construida en Yibuti –la primera que China tiene en el exterior– como parte de una creciente red propia de bases aéreas y navales a lo largo del Océano Índico.

India, la mayor potencia de entre los países regionales, está respondiendo a la expansión china con una inesperada fuerza. Delhi aspira a controlar los puntos más estratégicos del comercio marítimo en el Índico incluyendo los estrechos de Malaca y de Ormuz y el canal de Mozambique. Además, India está ganando acceso a las bases de sus aliados extranjeros en la región. En 2017 firmó un acuerdo de logística con EEUU que supondría el libre acceso a las instalaciones militares estadounidenses a lo largo de la región (acuerdo que quizá tenga algo que ver con el deseo de EEUU de crear una alternativa a la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda y frenar el rápido crecimiento de la superpotencia asiática).

En enero de 2018, India también anunció el acuerdo logístico de intercambio con Francia que implica el libre acceso a las instalaciones militares franceses en Yibuti, concretamente en el Mar Rojo y en la isla de Reunión, al sur del océano Índico (quizá para contrarrestar los acuerdos chino-europeos). Por último, India también esta construyendo relaciones estratégicas e infraestructuras cerca del Golfo Pérsico. Y tras años de negociaciones, Delhi ha conseguido formalizar un acuerdo con Irán para modernizar y ampliar el puerto de Chabahar, cerca del estrecho de Ormuz. Aunque es cierto que la gran mayoría de acuerdos son de carácter comercial, tienen el suficiente potencial como para aumentar el acceso y la influencia de India en Asia central.

En respuesta a la base militar de Pekín en Yibuti, Nueva Delhi ha comenzado la búsqueda de acceso a nuevas instalaciones en Seychelles, Omán y Singapur. Desde Tanzania a Sri Lanka las dos potencias asiáticas están intentando aumentar su presencia militar y económica en países a lo largo del Índico en su misión por la supremacía regional. Por último, es posible que la petición de drones a EEUU en 2017 por parte de India tuviese como objetivo la monitorización de la actividad china en el océano.

“Mis compañeros chinos me han dicho de manera explícita que si EEUU continúa sobrevolando y navegando en lo que ellos autodenominan ‘sus aguas’, China derribará al correspondiente intruso”, dijo Matthew Kroenig, analista de la CIA y del Pentágono. “Tal vez sea solo un farol, pero si China derribase un avión americano, sería el escenario perfecto para el incremento de la presencia militar estadounidense. Es duro ver al presidente Trump o a cualquier otro dirigente americano darle la espalda a este asunto”.

La globalización

Los movimientos de ambas potencias derivan del miedo a que el resto de países se unan en coalición con su oponente en el futuro, pero tampoco quieren abandonar por completo la expansión de las relaciones económicas el uno con el otro alterando el orden regional de forma demasiado drástica.

Este poder de los débiles tiene limitaciones, pero ha funcionado hasta ahora de forma beneficiosa tanto para India como para China. Debido a la globalización, concretamente en el ámbito económico, los Estados más débiles han adoptado estrategias asimétricas para extraer recursos de sus superpotencias vecinas que aspiran a ser líderes en el panorama internacional. A menudo, estos países fronterizos debían elegir una superpotencia para obtener recursos, tal y como ocurrió durante la Guerra Fría. La diferencia en esta era de globalización es que estos Estados pueden extraer concesiones y recursos de ambos, Pekín y Delhi, sin alinearse formalmente con uno de ellos, como es el caso, por ejemplo, de Vietnam. La ausencia de una rivalidad entre dos bloques, como sucedió durante la Guerra Fría, y los altos niveles de interdependencia económica entre India y China facilitan a muchos de los pequeños Estados evitar firmar una alianza son uno de estos líderes.

La sutil estrategia de India implica desarrollar ententes con Japón y los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como con Estados Unidos. Concretamente, las negociaciones cuadrilaterales iniciadas entre India, Japón, EEUU y Australia son otro mecanismo estabilizador frente a China.

Sin embargo, las estrategias de los Estados menores al sur de Asia tienen limitaciones. Aunque China está ofreciendo mayor asistencia económica, es poco probable que esos países, excepto Pakistán, formen alianzas militares con China porque si lo hacen, provocaría una contestación negativa por parte de la India, poder dominante en la región, y de Estados Unidos, la superpotencia internacional que todavía tiene una fuerte presencia naval en el océano Índico. Estamos presenciando una nueva dinámica de relaciones diplomáticas en la región de Asia-Pacífico.

Esta nueva tendencia de acercamiento a los países menores se traduce en una inclinación a utilizar el atractivo económico para persuadir a los vecinos antes que utilizar la coerción militar. Está todavía por ver cuánto tiempo continuará esta tendencia. Las nuevas estrategias de India con otras potencias internacionales pueden ser la llave para complicar la libertad de acción y decisión que China está teniendo en el ámbito militar, especialmente en esta época de paz. Lo que está claro es que la aspiración de supremacía de China es visible por todos los países que forman parte de la región de Asia-Pacífico y no será tan fácil de instaurar como el Imperio del Centro pensaba.

The US will pull out of the treaty if Russia doesn't ‘return to full compliance’. Putin has taken the dispute to the UN

With all the conflicts and issues threatening worldwide security, the last thing the world needs is a new arms race, or what many are calling a new Cold War. European countries in particular are worried that US President Donald Trump pulling out of the INF Treaty might lead to exactly that. United States, supported by NATO, accuses Moscow of cheating on the missile treaty. At the beginning of December, the Trump administration gave 60 days to Russia to “return to full and veritable compliance”. President Vladimir Putin has taken the issue to the United Nations.

▲ Mikhail Gorbachev and Ronald Reagan at the signing of the INF Treaty, in 1987 [Reagan Presidential Library]

ARTICLE / Nicole Davalos

To understand what the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty is about and why the possible US withdrawal concerns most of the international community, we have first to understand why it was created and what its purpose is. The INF Treaty was signed in 1987 following the deployment by the Soviet Union of missile SS-20 in Europe, which was retaliated by American cruise missiles and their Pershing II missiles. The issue with intermediate-range missiles back then was that their flying time was as little as 10 minutes, which was seen as a possible trigger to nuclear war. Soviet leader Mikhail Gorbachev and US President Ronald Reagan signed the deal, prohibiting land-based cruise or ballistic missiles with ranges between 311 and 620 miles (500-1,000 kilometers, short-range) and between 620 and 3,420 miles (1,000-5,500 kilometers, intermediate-range).

It is important to note, however, that the treaty does not cover air or sea-launched weapons even though they can potentially fly the same distances. Russia’s 3M-54 Kalibr, a sea-launched missile, is an example. The following charts retrieved from the official website of the US Department of State outline the affected missiles specified under the elimination protocol of the treaty:

The INF Treaty has helped not only to solve the problems of its time towards the end of the Cold War but also serves still to this day as an umbrella of protection for US’s allies in Europe. The INF provides a measure of strategic stability on the European continent.

According to the Stockholm National Peace Institute, by 1991, 2,692 missiles had been eliminated thanks to the treaty; 846 owned by the US and 1,846 owned by the USSR. The treaty also allows both parties to inspect each other’s progress in eliminating the missiles to maintain transparency. So, if so much progress has been made as a result of the INF, then why is it that President Trump now insists on a US withdrawal?

President Trump has accused Russia of repeatedly violating the treaty. In fact, former President Obama first accused Russia of violations in 2014 during the Ukraine crisis, when Moscow allegedly deployed a prohibited missile. “I don’t know why President Obama didn’t negotiate or pull out” were the words of the current president, “…we’re not going to let them violate a nuclear agreement and go out and do weapons and we’re not allowed to… so we’re going to terminate the agreement. We’re going to pull out.” Recently, the NATO confirmed Russia’s violations. Jens Stoltenberg, NATO’s Secretary General, urged Russia to address these concerns in a “substantial and transparent manner.”

These accusations have truly created tensions between both parties of the treaty. Kremlin spokesman Dimitri Peskov has repeatedly denied the violations. He even went as far as claiming that it was, in fact, the US who first violated the treaty, with “armed US drones” that “fly within the ranges prohibited by the treaty”. As for the president, Vladimir Putin, he has replied with questionable threats such as “revenge is inevitable and they will be destroyed. And we, as victims of aggression, will go straight to heaven as martyrs while they will just croak.” In general, the Kremlin sees a US withdrawal as a confirmation of how “unreliable” a partner the United States is when it comes to other countries’ interests since it would be acting completely unilaterally and pulling out implies security concerns for many other countries, especially European countries.

Europe shows the most concern for the possible dissolution of the INF Treaty since it is believed that Russia’s intermediate range missiles would pose the biggest threat to them. Many analysts agree that this is a particularly bad time for the US to make a decision that would further raise tensions within Europe since security-related tensions such that of immigration exist in the region already. EU spokeswoman for foreign affairs and security policy Maja Kocijancic stated that the United States and Russia should definitely engage in dialogue and try to preserve the treaty, since “the world doesn’t need a new arms race.”

The most unexpected and interesting role in all of this, however, is China’s. It is no secret to anyone that what displeases President Trump the most about the INF Treaty is that China is not a signatory. If Russia is violating the treaty, and China, on the other hand, is not part of such an agreement that restricts its missile force, then the US seems to be at a disadvantage. “If Russia’s doing it and if China’s doing it and we’re adhering to the agreement, that’s unacceptable,” stated President Trump last October. In fact, according to Admiral Harry Harris, head of the US Pacific Command, if China were part of the INF Treaty right now, around 95% of its missile force would be violating it. When it comes to China’s reaction to the White House’s desire to withdraw, to “think twice” is what Beijing wishes Washington would do. Hua Chunying, a foreign ministry spokeswoman, said US withdrawal would lead to a “multitude of negative effects.”

What’s now left to be seen is whether President Trump will, in fact, pull out from the treaty. Presidents Putin and Trump both met in Paris in November, but although many different issues were discussed, a potential meeting to formally discuss the future of the INF Treaty was not part of the conversation. But if the US does withdraw, will that really mean a new Cold War? According to many analysts, an arms race like the one the world was experiencing back when the treaty was originally signed, might definitely become a reality. The Kremlin has also hinted several times at the possibility of a new arms race; the Russians would be “forced to develop weapons” to “restore balance in the sphere” if the US were to pull out.

For now, Secretary of State Mike Pompeo announced on December 4 that the US “will suspend its obligations as a remedy effective in 60 days unless Russia returns to full and veritable compliance”. Ten days later, Russia submitted a draft of resolution to the UN General Assembly in support of the INF Treaty calling on all sides to fulfill their obligations. It seems to be a move towards a bilateral negotiation, but 2019 will begin with uncertainty in a matter so critical as this.

[Robert Kagan, The Jungle Grows Back. America and Our Imperiled World. Alfred A. Knoff. New York, 2018. 179 pag.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

A estas alturas del siglo queda ya claro que la consagración del sistema liberal en el mundo, tras descomponerse el bloque comunista al acabar la Guerra Fría, no es algo que vaya a ocurrir de manera inexorable, como se pensó. Ni siquiera es algo probable. Los modelos divergentes de China y de Rusia están ganando Estados adeptos. La democracia está en retroceso, también en las propias sociedades occidentales.

Es la jungla que vuelve a crecer allí donde se había conseguido extender un jardín. Esta es la imagen que utiliza Robert Kagan en su nuevo libro para alertar sobre la conveniencia de que Estados Unidos no decline su responsabilidad en capitanear el esfuerzo por preservar el orden mundial liberal. Para Kagan, el sistema liberal “nunca fue un fenómeno natural”, sino una “gran aberración histórica”. “Ha sido una anomalía en la historia de la existencia humana. El orden mundial liberal es frágil y no permanente. Como un jardín, se ve siempre asediado por las fuerzas naturales de la historia, la jungla, cuyas enredaderas y malas hierbas constantemente amenazan con cubrirlo”, afirma. Se trata de una “creación artificial sujeta a las fuerzas de la inercia geopolítica”, de forma que la cuestión “no es qué derrumbará el orden liberal, sino qué puede sostenerlo”.

A Kagan le sobrevive en los medios la etiqueta de neoconservador, por más que sus posiciones se sitúan en la corriente central del republicanismo estadounidense (mayoritaria durante décadas, hasta el surgimiento de Donald Trump; de hecho, en la campaña de 2016 Kagan apoyó a Hillary Clinton) y sus trabajos se desarrollan en la más bien demócrata Brookings Institution. Sí defiende un liderazgo claro de Estados Unidos en el mundo, pero no por autoafirmación, sino como único modo de que el orden liberal internacional sea preservado. No es que, al haberlo patrocinado, Estados Unidos haya actuado de forma desinteresada, pues como decía uno de sus constructores, el secretario de Estado Dean Acheson, para proteger el “experimento de vida americano” hacía falta crear “un entorno de libertad” en el mundo. Pero los demás países occidentales, y otros donde igualmente se extendió el régimen de libertades de las sociedades democráticas, también se han visto beneficiados.

La tesis central de Kagan es que, aunque hubo interés propio de Estados Unidos en crear la arquitectura internacional que ordenó el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, esta benefició a muchos otros países y garantizó la victoria de las sociedades libres sobre el comunismo. Crucial para ello, según Kagan, es que si bien Washington en ocasiones actuó contra los valores que predicaba, en general se atuvo a ciertas reglas.

Así, Estados Unidos “no explotó el sistema que dominaba para ganar ventajas económicas duraderas a expensas de las otras potencias del orden. Dicho simplemente: no podía usar su dominio militar para ganar la competición económica contra otros miembros del orden, ni podía tratar la competición como suma cero e insistir en ganar siempre” (esto último es lo que pretende Trump). Es verdad que Estados Unidos se benefició de ser el jugador principal tanto económica como militarmente, “pero un elemento clave para mantener unido el orden internacional fue la percepción de las otras potencias de que tenían razonables oportunidades para tener éxito económicamente e incluso en ocasiones sobrepasar a Estados Unidos, como Japón, Alemania y otras naciones hicieron en varios momentos”.

Kagan admite que la disposición de Washington a grandes dosis de fairplay en el plano económico “no se extendió a todas las áreas, singularmente no se aplicó a los asuntos estratégicos”. En estos, “el orden no se basó siempre en las reglas, pues cuando Estados Unidos lo consideró necesario, correcta o erróneamente, violó las reglas, incluidas las que aseguraba defender, bien llevando a cabo intervenciones militares sin autorización de la ONU, como hizo en numerosas ocasiones durante la Guerra Fría, o implicándose en actividades encubiertas que no tenían respaldo internacional”.

Ha sido un orden que, para funcionar, “tenía que gozar de cierto grado de aceptación voluntaria por parte de sus miembros, no ser no una competición de todos contra todos, sino una comunidad de naciones que piensan parecido actuando juntas para preservar un sistema del cual todos podían beneficiarse”. “El orden se mantuvo en pie porque los otros miembros miraban la hegemonía estadounidense como relativamente benigno y superior a otras alternativas”. Prueba de ello es que los países de Europa Occidental se fiaron de Washington a pesar de su abrumadora superioridad militar. “Al final, incluso si no siempre lo hizo por motivos idealistas, Estados Unidos acabaría creando un mundo inusualmente propiciador de la extensión de la democracia”.

Kagan está en desacuerdo con considerar que tras la disolución de la URSS el planeta entró en un “nuevo orden mundial”. En su opinión, lo que se llamó “momento unipolar” en realidad no cambiaba los supuestos del orden establecido al término de la Segunda Guerra Mundial. Por eso no tenía sentido que, al caer el Muro de Berlín, se pensara que el mundo entraba en una nueva era de paz y prosperidad irrefrenable, y que esto hacía innecesario el papel de jardinero de Estados Unidos. La retirada del mundo llevada a cabo por Trump e iniciada por Obama (Kagan ya en 2012 publicó The World America Made, en defensa de la implicación estadounidense en el mundo), estaría permitiendo el regreso de la caótica vegetación de la jungla.

The Jungle Grows Back tiene formato de libro pequeño, propio de un ensayo comedido que aspira a transmitir algunas ideas fundamentales sin querer llegar a abrumar al lector. A pesar de señalar los peligros del orden liberal, y de constatar que Estados Unidos mantiene una actitud de retirada, el libro ofrece un mensaje optimista: “Esta es una visión pesimista de la existencia humana, pero no es una visión fatalista. Nada está determinado, ni el triunfo del liberalismo ni su derrota”.

El texto intenta evitar el estancamiento, pero no abre la puerta a una decisiva transformación

Los cubanos votarán en referéndum el próximo 24 de febrero el proyecto de nueva Constitución aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre tras un periodo de consulta popular. En el preámbulo del proyecto se introdujo a última hora la referencia a la meta comunista que ya existía en la Constitución de 1976, pero que no había sido incorporada inicialmente en el borrador, de forma que el texto final resulta incluso aún menos novedoso.

▲ Edificio del Comité Central del Partido Comunista de Cuba [Marco Zanferrari]

ARTÍCULO / Alex Puigrefagut

Seis décadas después de la Revolución, Cuba deja atrás el apellido Castro, con la llegada en abril de 2018 de Miguel Díaz-Canel a la jefatura del Estado, y se dispone a aprobar una nueva Constitución, que reemplazará a la promulgada en 1976, para simbolizar ese nuevo tiempo. Esta nueva Carta Magna, cuyo texto inicial fue aprobado por la Asamblea Nacional en julio de 2018, luego sometido a tres meses de consulta popular para la presentación de enmiendas y finalmente aprobado como por los diputados el 22 de diciembre, tiene como objetivo principal procurar la modernización del Estado cubano y el desarrollo sostenible del mismo, sin perder la esencia y los ideales principales de la ideología socialista del Estado.

Llegados al fin de la era Castro al frente de Cuba, el Estado ha visto necesario recoger en la nueva redacción las transformaciones socioeconómicas realizadas en el país desde la entrada en vigor de la Constitución anterior, así como modificar parcialmente la estructura estatal para hacerla más funcional. También cabe destacar la voluntad de reconocer más derechos para los ciudadanos, aunque con limitaciones.

A la hora de examinar el proyecto constitucional, hay cuatro aspectos especialmente reseñables: la especificación de la ideología del Estado, las figuras y estructuras del Estado y del gobierno, la cuestión de la propiedad privada y finalmente la redefinición de los derechos de los ciudadanos.

Mantenimiento del socialismo

El texto aprobado inicialmente por Asamblea Nacional no incluyó la referencia al objetivo de alcanzar una sociedad comunista, un punto fundamental que estaba presente en la anterior Constitución. El artículo 5 de la Carta Magna de 1976 establecía que la sociedad “organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.

La omisión de este punto en realidad solo obedecía a un cambio de lenguaje, pues en ningún momento se abandonaba la idea del socialismo, es más, se ratificaba el carácter socialista del Estado cubano. En palabras de Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, esta nueva Constitución “no quiere decir que renunciemos a nuestras ideas, sino que en nuestra visión pensamos en un país socialista, soberano, independiente, próspero y sostenible”. Con todo, por si había dudas, tras el periodo de deliberación popular la Asamblea introdujo como enmienda la mención expresa al comunismo en el preámbulo del texto final, dada la presunta presión de los sectores más inmovilistas.

La nueva Constitución reafirma el carácter socialista del régimen cubano, tanto en el ámbito económico como social, dando un papel principal al Partido Comunista de Cuba (PCC) como poder máximo de la sociedad. La índole socialista del Estado cubano queda remarcada por el mantenimiento del sistema de partido único.

Límites presidenciales

La nueva Constitución recoge algunos cambios en la estructura estatal. La característica más destacable es que el país de las Antillas tendrá un presidente de la república como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno, en contraste con la situación actual de un mismo cargo para las dos funciones: presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Todo indica que esa distinción se traducirá más en una distribución de trabajo que en una división de poderes entre los dos cargos, por lo que este cambio no será trascendente, dado el control que se seguirá ejerciendo desde el PCC.

Otra transformación en el sistema político es la eliminación de las asambleas provinciales por la creación de gubernaturas provinciales, con el objetivo de dar una mayor descentralización al poder administrativo y una mayor dependencia del mando legislativo al ejecutivo.

En cuanto al período presidencial, la nueva Constitución lo limita a cinco años, con la opción de una reelección única por el mismo tiempo. Este cambio es importante ya que debería llevar a una rotación de miembros, y se supone que con ello habría también una renovación de ideas tanto dentro del Partido y como del Ejecutivo. El propósito aducido es evitar el estancamiento de una generación histórica sin ideas nuevas.

Finalmente el presidente será elegido directamente por los diputados de la Asamblea Nacional; es decir, que Cuba no da entrada a la elección directa de sus mandatarios, sino que mantiene el sistema de elección indirecta.

Propiedad privada

El documento recoge varias formas de propiedad, entre ellas la propiedad socialista, la propiedad mixta y la propiedad privada. La mención a esta última no supone su reconocimiento formal, sino la constatación de una práctica cuya extensión la nueva Constitución avala. Ello supone, pues, el reconocimiento del mercado, una participación más profunda de la propiedad privada y la bienvenida a más inversión extranjera para avivar la economía del país.

Esta necesidad de recoger en la Constitución la mayor participación de la propiedad privada se ha dado porque, en muchos casos, la contribución de la propiedad y las inversiones extranjeras han superado en la práctica lo que estaba establecido en el marco constitucional previo. Pero ese paso también llevará a un mayor control en este ámbito.

Estos cambios en el ámbito económico tienen como objetivo apoyar los ajustes iniciados por Raúl Castro hace una década para impulsar el crecimiento económico y contrarrestar el embargo establecido por los Estados Unidos desde hace más de cincuenta años; además de fijar cierta fuerza laboral del país en el sector privado como cuentapropistas, sobre todo en microempresas y pequeñas empresas.

Derechos ciudadanos

Por último, en cuanto a la redefinición de los derechos de los ciudadanos, el proyecto constitucional establece un nuevo funcionamiento en la interacción del Estado con la población a través de la flexibilización de los derechos económicos, jurídicos y civiles. A partir de la aprobación del nuevo texto, el Estado cubano debe garantizar a los ciudadanos la ampliación de los Derechos Humanos, aunque solamente conforme con los tratados internacionales que hayan sido ratificados por el país caribeño.

Esto, que a pesar de esa limitación podría verse como una oportunidad para los ciudadanos, en realidad tiene poco de apertura, pues si bien Cuba ha firmado acuerdos de las Naciones Unidas sobre derechos políticos, culturales, civiles y económicos, en realidad no los ha ratificado. Así pues, en un principio Cuba no tendría que verse obligada al reconocimiento de estos derechos.

Otro punto destacado de la flexibilización introducido es el artículo 40, el cual penaliza la discriminación “por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana”. En el texto inicial que pasó a deliberación de las bases se introducía el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero el rechazo ciudadano llevó a que una enmienda finalmente retirara ese amparo expreso al matrimonio homosexual.

Analizadas las principales novedades del proyecto constitucional, se puede determinar que el régimen cubano percibe una cierta necesidad de cambio y de renovación. La nueva Constitución camina algo en esa dirección, pero si bien intenta rehuir el estancamiento tampoco abre la puerta a una decisiva transformación: ni completa continuidad –aunque hay más de esto– ni de revolución dentro del sistema. Está claro que la nueva generación de dirigentes, con Miguel Díaz-Canel al frente, puede verse como una continuidad del régimen castrista, por el simple hecho de que los Castro determinaron directamente al sucesor, además de que muchos de sus ideales son los mismos que los de la generación que hizo la revolución. Pero por el otro lado, Cuba se ve ciertamente obligada a modificar ligeramente el rumbo para estar más presente en el sistema internacional y procurar un Estado y un gobierno más funcional.

(Actualizado el 3 de enero de 2019)

The United States remains attentive to the innovation of methods that can also serve to introduce terrorist cells or even weapons of mass destruction

In the last ten years, the proliferation of submersible and semi-submersible, with difficult detection, has monopolized a third of the drug transport from South America to the United States. The incorporation of GPS systems by the cartels also makes the global fight against narcotics difficult. A possible use of these new methods for terrorist purposes keeps the United States on high alert.

▲ A narco-submarine found in the jungle of Ecuador in 2010 [DEA]

ARTICLE / Marcelina Kropiwnicka [Spanish version]

Drug trafficking to large consumer markets, especially the United States and Europe, is especially innovative: the magnitude of the business leads to attempts in overcoming any barriers placed by the States to prevent their penetration and distribution. In the case of the United States, where the illicit arrival of narcotics dates back to the 19th century–from opium to marijuana and cocaine–, authorities have continuously managed to intercept many shipments of drugs, but traffickers find new ways and methods to introduce significant volumes of narcotics.

The most disturbing method in the last ten years has been the use of boat submersibles and semi-submersibles, which have commonly been given the name of narco-submarines. They allow several tons of substances to be transported–five times more than a fishing boat can transport–dodging the US Coast Guard's surveillance [1]. Satellite technology has also led traffickers to drop drug loads into the sea, then be collected by recreational boats without raising suspicion. Those methods are referenced in recent reports from the Drug Enforcement Administration (DEA), the US anti-narcotics agency.

Through the waters of Central America

For many years, the conventional way of transporting drugs that leave South America to the United States has been through fishing boats, speedboats and light aircraft. Advances in airborne detection and tracking techniques have pushed drug traffickers to look for new ways to take their loads to the North. Hence the development of narco-submarines, whose number, from a first interception in 2006 by the US authorities, has seen a rapid progression.

This means of transport is one of the reasons that since 2013 there has been a 10% increase in trafficking of drugs that travel from Colombia (the country that produces 93% of the cocaine consumed in the US) to Central America and Mexico, the location where the shipments are introduced to the US. According to the DEA, this corridor today represents an estimated 93% of the movement of cocaine from South America to North America, compared to 7% of the route that passes through the Caribbean islands (mainly the Dominican Republic) to reach Florida or other places on the East American coast.

For a while, among US Coast Guard service members spread a rumor that the drug cartels were using narco-submarines. Without having seen one up to that moment, the agents gave it the name of 'Bigfoot' (like the supposed ape-like animal that would inhabit Pacific forests in the US).

The first sighting occurred in November 2006, when a patrolman from the US Coast Guard detected a blurred shape in the ocean, about a hundred miles off the coast of Costa Rica. As the agents approached the blur, they discovered three tubes of plastic that emerged from the water, which came from a submersible ship that was two meters below the surface. Inside the submersible they found three tons of cocaine and four men armed with an AK-47 rifle. The coastguard named the discovery as 'Bigfoot I'.

Two years later there would be detection of a 'Bigfoot II'. In September 2008, a frigate of the US Navy working with the Coast Guard seized a similar apparatus 350 miles from the border between Mexico and Guatemala. The crew consisted of four men and the cargo reached 6.4 tons of cocaine.

By then, the US authorities calculated that more than one hundred submersibles or semi-submersibles had been crafted. In 2009 they estimated that they were only able to stop 14% of shipments, and that this method of transport provided at least one third of the total cocaine shipment reaching the US market. The Colombian, Mexican and Guatemalan armies have also confiscated some of these narco-submarines. In addition to being located in the Pacific, they have also been detected in the Caribbean and the Atlantic. Crafted in the jungle, perhaps the most striking discovery was in the interior of Ecuador, in the waters of a river.

Its technical innovation has often surprised counter-narcotics officials. Many of these self-propelled narco-submarines measure fifteen meters, are made of synthetic materials and fiberglass and have been designed to reduce their detection by radar or infrared. There have also been models with systems of GPS navigation to refuel and receive food at agreed points along their established route.

GPS tracking

The development and generalization of the GPS system has also served drug traffickers to introduce greater innovations. One procedure, for example, has been to fill a vessel shaped like a torpedo with drugs–like a submersible, but without a crew–, and attached to a buoy and a signal emitter. The container can hold up to seven tons of cocaine and be fastened to the bottom of a ship by a cable. If the boat is intercepted, the container can simply be dropped deeper into the water, and can later be recovered by another boat thanks to satellite locators. This makes it extremely difficult for authorities to seize the drugs and stop the traffickers.

The GPS navigation system is also used to deposit drug cargos at points in the territorial waters of the United States, where they can be collected by recreational craft or by a small group of people without raising suspicion. The package containing the cocaine is coated with several layers of material and then waterproofed with a type of foam. The package is placed inside of a canvas bag that is then deposited into the bottom of the sea to be recovered by others later on.

As indicated by the DEA in its 2017 report, “this demonstrates how trafficking organizations have evolved their methods for conducting cocaine transactions through technology Organizations transport kilograms of cocaine in waterproof packaging to a predetermined location, anchor it to the ocean floor for retrieval by other DTO [Drug Trafficking Organization] members who have the contraband GPS location. This allows members of trafficking organizations to compartmentalize, as it separates maritime transporters from land-based cocaine distributors.”

Terrorist risk

The possibility that these difficult detection methods are being used to introduce weapons or for terrorist operations worries the United States authorities. Retired Vice Admiral James Stravidis, former commander of US Southern Command, has warned of the potential use, especially of the submersibles, “to transport more than just narcotics: the movement of cash, weapons, violent extremists, or, at the dark end of the spectrum, weapons of mass destruction.”

This risk was also referred to by Rear Admiral Joseph Nimmich when, as commander of the Joint Interagency Task Force South, he faced the emergence of submersibles. “If you can carry 10 tons of cocaine, you can carry 10 tons of anything,” he told The New York Times.

According to this newspaper, the furtive elaboration of homemade submarines was developed first in Sri Lanka, where the rebel group of the Tamil Tigers used them in confrontation with government forces. “Tamil will go down in history as the first terrorist organization to develop underwater weapons,” said the Ministry of Defense of Sri Lanka. In 2006, as the NYT states, “a Pakistani and a Sri Lankan provided plans to the Colombians for building semisubs quickly, stealthily and out of cheap, commonly available materials.”

Despite its origin, related to the Tamil rebels, and the terrorist potential presented by the submersibles used by the drug cartels, the fact is that Washington has not yet reported evidence that these new methods of drug transport developed by organized crime groups are being used by other extremist actors. Nevertheless, the US maintains on high alert due to an increased rate of shipments arriving to their destination without detection.

[1] REICH, S., & Dombrowski, P (2017). The End of Grand Strategy. US Maritime Pperations in the 21st Century. Cornell Univesity Press. Ithaca, NY. Pag. 143-145

Estados Unidos sigue atento la innovación de métodos que también podrían servir para introducir células terroristas o incluso armas de destrucción masiva

En los últimos diez años, la proliferación de embarcaciones sumergibles y semisumergibles, de difícil detección, ha acaparado un tercio del transporte de droga desde Sudamérica a Estados Unidos. La incorporación de sistemas GPS por parte de los carteles dificulta también la lucha global antinarcóticos. Un posible uso de esos nuevos métodos para fines terroristas mantiene alerta a Estados Unidos.

▲ Narcosubmarino encontrado en la selva de Ecuador en 2010 [DEA]

ARTÍCULO / Marcelina Kropiwnicka [Versión en inglés]

El tráfico de droga hacia los grandes mercados de consumo, sobre todo Estados Unidos y Europa, es especialmente innovador: la magnitud del negocio lleva a intentar superar cualquier barrera que pongan los Estados para impedir su penetración y distribución. En el caso de Estados Unidos, donde la llegada ilícita de narcóticos se remonta al siglo XIX –desde el opio hasta la marihuana y la cocaína–, los continuados esfuerzos de las autoridades han logrado interceptar muchos envíos de droga, pero los traficantes encuentran nuevas vías y métodos para introducir en el país un volumen importante de estupefacientes.

El método más inquietante en los últimos diez años ha sido el uso de embarcaciones sumergibles y semisumergibles, a las que comúnmente se les ha dado el nombre de narcosubmarinos, que permiten transportar varias toneladas de sustancias –cinco veces más de lo que lo hacía un barco pesquero– esquivando la vigilancia de los guardacostas [1]. La tecnología satelital también ha llevado a los traficantes a dejar cargas de droga en el mar, luego recogidas por embarcaciones de recreo sin levantar sospecha. A esos métodos hacen referencia recientes informes de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antinarcóticos estadounidense.

Por las aguas de Centroamérica

Durante muchos años, la forma habitual de transportar la droga que sale de Sudamérica hacia Estados Unidos ha sido mediante barcos pesqueros, lanchas rápidas y avionetas. Los avances en las técnicas de detección y rastreo desde el aire han empujado a los narcotraficantes a buscar nuevas maneras de llevar sus cargas hacia el Norte. De ahí el desarrollo de los narcosubmarinos, cuyo número, desde una primera interceptación en 2006 por las autoridades estadounidenses, ha conocido una rápida progresión.

Ese medio de transporte es una de las razones de que desde 2013 haya aumentado en un 10% el tráfico de la ruta de droga que va de Colombia (país que produce el 93% de la cocaína consumida en EEUU) a Centroamérica y México, desde donde los cargamentos son introducidos en EEUU. Según la DEA, este corredor representa hoy un estimado 93% del movimiento de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica, frente al 7% de la ruta que busca las islas del Caribe (principalmente la República Dominicana) para llegar a Florida u otros lugares del litoral estadounidense.

Durante un tiempo, entre el servicio de guardacostas de EEUU se extendió el rumor de que los carteles de droga estaban usando narcosubmarinos. Sin haber visto de momento ninguno, los agentes le dieron el nombre de 'Bigfoot' (como se conoce un supuesto animal con forma de simio que habitaría en bosques del Pacífico estadounidense).

El primer avistamiento se produjo en noviembre de 2006, cuando un patrullero de la Guardia Costera de EEUU detectó una forma desdibujada en el océano, a unas cien millas del litoral de Costa Rica. Cuando los agentes se acercaron descubrieron tres tubos de plástico que emergían del agua, que provenían de una nave sumergible que se abría paso a dos metros bajo la superficie. Dentro encontraron tres toneladas de cocaína y cuatro hombres armados con un fusil AK-47. Los guardacostas lo bautizaron como 'Bigfoot I'.

Dos años después habría un 'Bigfoot II'. En septiembre de 2008, una fragata de la Armada estadounidenses en labores de guardacostas apresó un aparato semejante a 350 millas de la frontera entre México y Guatemala. La tripulación se componía de cuatro hombres y la carga era de 6,4 toneladas de cocaína.

Para entonces, las autoridades de EEUU calcularon que ya se habían fabricado más de cien sumergibles o semisumergibles. En 2009 estimaron que solo estaban pudiendo detener un 14% de los envíos y que este medio de transporte suministraba al menos un tercio de la cocaína que llegaba al mercado estadounidense. Las armadas de Colombia, México y Guatemala también han decomisado algunos de estos narcosubmarinos, que además de haber sido localizados en el Pacífico igualmente han sido detectados en el Caribe y el Atlántico. Fabricados de forma artesanal en la selva, quizás el episodio más llamativo fue el de haber encontrado uno de ellos en el interior de Ecuador, en las aguas de un río. 

Su innovación técnica ha sorprendido con frecuencia a los funcionarios antinarcóticos.  Muchos de estos autopropulsados narcosubmarinos llegan a medir quince metros, están hechos de materiales sintéticos y fibra de vidrio y han sido diseñados para reducir la detección por radar o infrarrojos. Ha habido modelos también con sistemas de navegación GPS para poder repostar carburante y recibir comida en citas convenidas a lo largo del trayecto.

Localización por GPS

El desarrollo y generalización del GPS también ha servido a los narcotraficantes para introducir mayores innovaciones. Un procedimiento, por ejemplo, ha sido rellenar con droga un recipiente en forma de torpedo –como un sumergible, pero esta vez sin tripulación–, unido a una boya y un emisor de señal. El contenedor puede albergar hasta siete toneladas de cocaína y se sujeta al fondo de un barco mediante un cable. Si el barco es interceptado, simplemente puede dejar caer el contenedor a más profundidad, para luego ser recuperado por otra embarcación gracias al localizador satelital. Esto hace extremadamente difícil a las autoridades capturar la droga y detener a los traficantes.

El sistema de navegación GPS también se usa para depositar cargas de droga en puntos de las aguas territoriales de Estados Unidos, donde pueden ser recogidos por embarcaciones de recreo o por un reducido grupo de personas sin levantar sospechas. El paquete conteniendo la cocaína es recubierto con varias capas de material y luego todo ello es impermeabilizado con un tipo de espuma. El paquete se coloca dentro de una bolsa de lona que se deposita en el fondo del mar para luego ser recuperado por otras personas.

Como indica la DEA en su informe de 2017, “esto demuestra cómo las organizaciones narcotraficantes han evolucionado sus métodos para llevar a cabo las transacciones de cocaína utilizando tecnología”. Y cita el ejemplo de organizaciones que “transportan kilos de cocaína en paquetes impermeables hasta una predeterminada localización y la fijan al lecho del océano para que sea luego retirada por otros miembros de la organización que tienen la localización GPS”, lo que “permite a los miembros de organizaciones de narcotráfico compartimentar su trabajo, separando a quienes hacen el transporte marítimo de los distribuidores en tierra firme”.

Riesgo terrorista

La posibilidad de que estos métodos de muy difícil detección sean utilizados para introducir armas o puedan formar parte de operativos terroristas preocupa a las autoridades estadounidenses. El vicealmirante retirado James Stravidis, exjefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha alertado del potencial uso especialmente de los sumergibles “para transportar más que solo narcóticos: el movimiento de dinero en metálico, armas, extremistas violentos o, en el peor extremo del espectro, armas de destrucción masiva”.

A este riesgo se refirió también el contralmirante Joseph Nimmich cuando, como comandante del Grupo Sur de Trabajo Conjunto Interagencias, se enfrentó al surgimiento de los sumergibles. “Si puedes transportar diez toneladas de cocaína, puedes transportar diez toneladas de cualquier cosa”, declaró a The New York Times.

Según este periódico, la elaboración furtiva de submarinos caseros se desarrolló primero en Sri Lanka, donde el grupo rebelde de los Tigres Tamiles los utilizó en su enfrentamiento con las fuerzas gubernamentales. “Los tamiles pasarán a la historia como la primera organización terrorista en desarrollar armas submarinas”, aseguró el Ministerio de Defensa de Sri Lanka. En 2006, como afirma el NYT, “un paquistaní y un esrinlanqués facilitaron planos a los colombianos para construir semisumergibles que fueran rápidos, silenciosos y de materiales baratos y comúnmente al alcance”.

A pesar de ese origen, en última instancia relacionado con los rebeldes Tamil, y de la potencialidad terrorista que presentan los sumergibles utilizados por los carteles de droga, lo cierto es que Washington no ha reportado evidencias de que los nuevos métodos de transporte de droga desarrollados por los grupos de crimen organizado estén siendo usados por actores extremistas de otro cariz. No obstante, EEUU mantiene alta la guardia dado el elevado índice de envíos de cargamentos que llegan a su destino sin detección.

[1] REICH, S., & Dombrowski, P (2017). The End of Grand Strategy. US Maritime Pperations in the 21st Century. Cornell Univesity Press. Ithaca, NY. Pág. 143-145

[Pedro Baños, El dominio mundial. Elementos del poder y claves geopolíticas. Ariel. Barcelona, 2018. 366 pág.]

RESEÑA / Manuel Lamela

Si su anterior entrega, Las claves de dominio mundial, nos servía como manual para introducirnos en el vasto mundo de la geopolítica y las relaciones internacionales, en su nueva obra, el coronel Pedro Baños Bajo, nos desvela y nos muestra los elementos e instrumentos claves para el dominio mundial y cómo estos son utilizados por los diversos actores en su pugna constante por el poder a escala global. Nos encontramos a las puertas de un cambio de paradigma en la escena internacional, y este proceso, como explica el autor, será liderado por la demografía y la tecnología.

En su empresa por democratizar la geopolítica, Pedro Baños utiliza un lenguaje claro y preciso para facilitar la comprensión de la obra. Serán numerosas las ilustraciones presentes en el libro que irán acompañados de breves explicaciones para conseguir una visión más amplia del tema a tratar.

Los elementos del poder mundial es el nombre que recibe la primera mitad del libro, esta se encuentra dividida en nueve partes diferentes que según el autor son claves a la hora de comprender el juego de poder mundial. En esta primera mitad se tratarán cuestiones de rigurosa actualidad y tremendamente importantes en la escena internacional. Desde la amenaza híbrida, que supone una nueva forma de hacer la guerra, hasta el rol de los servicios de inteligencia en la actualidad pasando por la trascendental importancia de los recursos naturales y la demografía. Sin duda es un análisis bastante completo para aquellos que busquen una breve explicación acerca de los mayores retos y desafíos que amenazan con desestabilizar nuestro actual orden social. Es cierto que algunas de las explicaciones se pueden definir como sencillas, pero esto no se tiene por qué entender como una característica peyorativa. La capacidad de síntesis del autor en cuestiones sumamente complejas, puede incentivar la curiosidad del lector y que este dé el salto a otras grandes obras donde profundizar en temas más concretos.

En la segunda parte de la obra nos encontramos con un análisis más concreto en el que el autor se centra en únicamente dos factores: la tecnología y la demografía. El desequilibrio poblacional, las grandes corrientes migratorias y los que algunos denominan la cuarta revolución industrial son algunas de las cuestiones que el coronel Baños remarca en su análisis. En opinión del autor las transformaciones a las que se verán expuestos estos dos elementos marcará el transcurso de la humanidad en los próximos años. En este estudio más incisivo el autor nos muestra lo vulnerable que se encuentra la sociedad humana ante los futuros cambios que están por venir y cómo esta presunta debilidad hará que los conflictos sean difícilmente evitables en un futuro cercano. Pedro Baños argumenta que pese a la creencia que tenemos de vivir en una sociedad perfectamente organizada y estructurada, la realidad dista mucho de esto último, ya que es un reducido grupo humano el encargado de dirigir y liderar el destino de toda la humanidad en su conjunto.

Pese a destilar cierto pesimismo a lo largo de la obra, Pedro Baños decide concluir su análisis con un mensaje de esperanza abogando por una humanidad unida, responsable y solidaria con su entorno.

El interés mundial por este grano de moda ha supuesto ingresos adicionales para las comunidades andinas

La localización de la producción de quinoa sobre todo en Perú y Bolivia (juntos acaparan casi el 80% de la exportación mundial) ha dado a estas naciones un inesperado valor estratégico. El alto componente proteínico de este pseudocereal lo hace atractivo para aquellos países que tienen la seguridad alimentaria como una prioridad.

▲ Campo de quinoa en los Andes de Bolivia [Michael Hermann-CC]

ARTÍCULO / Elisa Teomiro

La quinoa, a la que también se le da el nombre de quinua (en latín Chenopodium quinoa), es un grano ancestral de más de 5.000 años de antigüedad cultivado, en sus inicios, por las culturas precolombinas andinas. Tras la llegada de los españoles a América, fue en parte desplazado por los cereales que se llevaron desde la península. No pertenece a la familia de las gramíneas si no a la de las quenopodiáceas (espinacas, acelgas o remolachas); por tanto es más correcto considerarlo como un pseudocereal.

Constituye la base de la alimentación de la población andina de Sudamérica, especialmente de las zonas alto andinas de Bolivia y Perú (entre los dos países concentran aproximadamente el 76% del volumen total de quinoa que se exporta en el mundo, 46% Bolivia y 30% Perú). En la actualidad, por su adaptación a diferentes climas (sobrevive a las heladas, a las altas temperaturas, a la escasez de oxígeno en el aire, a la falta de agua y a la salinidad alta), su producción se ha diversificado y son más países los que la producen: Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, EEUU y Canadá, en el continente americano, así como Gran Bretaña, Dinamarca, Finlandia, Francia, Suecia, Holanda, España, Australia y la URSS, fuera de él.

La quinoa ha pasado de ser un perfecto desconocido, para la mayoría de la población no americana, a sufrir un alza espectacular en muy poco tiempo. Una de las razones que ha contribuido a ello fue la decisión  que tomó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) de declarar 2013 como el Año Internacional de la Quinoa. La FAO quería recompensar con ello el gran esfuerzo que estaban haciendo los pueblos andinos para conservar el grano en estado natural, como alimento para las generaciones actuales y venideras. Las actividades realizadas durante ese año permitieron dar a conocer al mundo la quinoa y sus propiedades nutritivas.

Aumento del precio

El interés despertado por este grano hizo triplicar su precio entre 2004 y 2013, lo que curiosamente generó un debate sobre un posible impacto negativo en las poblaciones productoras. Así, se alegó que la alta demanda de este cultivo por parte de los países desarrollados había convertido a la quinoa en un "artículo de lujo" en los países productores, donde costaba ya más que el pollo o el arroz. Se consideraba que esta situación podría causar malnutrición en la población andina, al no poder complementar su escasa dieta con la quinoa.

Un seguimiento de esta cuestión mostró posteriormente que en realidad el boom de la quinoa estaba ayudando a las comunidades en origen. Un estudio realizado por el Centro de Comercio Internacional, agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas con base en Ginebra, llevado a cabo a lo largo del periodo 2014-2015, apuntó que el consumo de quinoa por parte de los países desarrollados mejoraba las condiciones de vida de los pequeños productores; la mayor parte de ellos, mujeres.

De acuerdo con este estudio, la subida de precios entre 2004-2013 hizo que tanto productores como consumidores en las regiones productoras se beneficiaran financieramente del comercio. Así, hubo un incremento del 46% en su bienestar en este periodo, medido a través del valor de bienes y servicios consumidos por las familias. El informe destacaba también cómo, por el contrario, la caída en el precio del grano de quinoa de un 40%, sufrida hacia finales de 2015, causó un descenso en el bienestar de los hogares rurales (descendió el consumo de alimento en un 10% y los salarios en un 5%). El estudio llegaba a dos conclusiones claras: el descenso mantenido en Perú en el consumo de quinoa desde 2005 obedecía probablemente más al cambio en las preferencias del consumidor debidas a la globalización y la mayor oferta de productos, que a la variación en los precios del grano; el consumo mundial de quinoa en los países desarrollados contribuía, sin duda, al desarrollo de las comunidades en el altiplano con falta de recursos.

Producción y comercio

Las razones por las que este grano se ha hecho tan atractivo a los consumidores de Europa y EEUU –crecientemente también de China y Japón– son varias: su contenido en proteínas es muy alto, entre el 14% y el 18%, y además son proteínas de alto valor biológico que le permitirían ser un sustituto de la proteína animal (contiene los 10 aminoácidos esenciales para la dieta humana). Este factor, junto con su alto contenido en hierro lo hacen un pseudocereal ideal para los vegetarianos; no contiene gluten por lo que los celíacos también la pueden consumir; tiene un contenido glucémico bajo y esto permite su consumo por parte de los diabéticos; su contenido en fibra y en ácidos grasos insaturados (principalmente ácido linoléico) es alto, por lo que todos aquellos preocupados por su salud tienen una opción en la quinoa. Además es una fuente de  vitamina E y B2 (riboflavina) y tiene un alto contenido en calcio, fósforo, magnesio, potasio y hierro. Por todo ello, la FAO considera que por su alto valor nutricional ayuda a erradicar el hambre y la malnutrición.

El ranking de países productores de quinoa lo encabeza Bolivia (sus 118.913 hectáreas de cultivo suponían en 2016 el 60% de la superficie total de quínoa sembrada en el mundo), seguido de Perú (64.223 hectáreas, que representan el 30% de la superficie mundial sembrada) y Ecuador (2.214 hectáreas) [Tabla 1]. Desde 1990 hasta 2014, se pasó de 47.585 hectáreas de superficie sembrada con quinoa a 195.342 hectáreas. El valor global de las exportaciones pasó de 135,5 millones de dólares en 2012 a 321,5 millones de dólares en 2015.

En cuanto al volumen de exportación en toneladas, Bolivia fue el primer país durante el año 2012 (más de 25.000 toneladas), lo que representó junto a las exportaciones de 2013 unos ingresos para el país de 80 millones de dólares. En ese mismo año, las exportaciones de quinoa peruana superaron las 10.000T que supusieron un ingreso para el país de 38 millones de dólares. En 2014, Perú tomó el relevo y dominó el mercado también en 2015 y 2016 [Tabla 2].

EEUU es el principal importador de quinoa del mundo, con un 40%; le sigue la Unión Europea, con más de un 30% del total (Francia, Holanda, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Bélgica principalmente) y después Canadá. El precio medio del kilo de quínoa fue de 3,2 dólares en 2012 y de 6,2 dólares en 2014. En 2015 descendió a 5 dólares. El consumo per cápita lo encabezan lógicamente los dos principales productores: Bolivia consume 5,2 kilos y Perú 1,8 kilos, seguidos a distancia por Ecuador, con 332 gramos por persona.

En países no productores, la quinoa se introdujo primero en el sector orgánico, con consumidores preocupados por dietas más saludables, aunque actualmente ya no es solamente exclusivo de este mercado. El mayor consumidor de quinoa per cápita a nivel mundial es Canadá, con más de 180 gramos, seguido muy de cerca por Holanda; Francia y Australia consumen entre 120 y 140 gramos. En España el consumo es todavía pequeño, situándose alrededor de los 30 gramos. Las previsiones globales hasta 2025 son que se alcanzará un consumo per cápita de 200 gramos (logro que Canadá tiene ya en estos momentos al alcance de la mano) y que incluso países tradicionalmente de consumo de arroz, como Japón y Corea del Sur, abrazarán también la quinoa.

La producción de quinoa cuenta con problemas de futuro tanto de tipo medioambiental como de mercado. Antes de su boom en 2013, se cultivaban casi 60 variedades distintas del grano en el altiplano andino y prácticamente casi toda la quinoa era orgánica. En la actualidad el comercio desenfrenado y la producción a gran escala en grandes fincas, ha reducido la biodiversidad a menos de 20 tipos diferentes.

Las previsiones del estudio de mercado encargado por el Trade for Development Center en 2016 sobre los mercados actuales y futuros para la quinoa apuntan a que en diez años es muy probable que se duplique el mercado global, especialmente con la quinoa convencional producida no sólo en Perú, sino también en Australia, Estados Unidos y Canadá. La producción de quinoa orgánica, producida por los pequeños agricultores del altiplano permanecerá relativamente estable. La competencia de mercado seguirá siendo feroz por lo que los agricultores del altiplano deberán buscar medidas que les permitan seguir manteniendo un nicho de mercado con una quinoa orgánica certificada, cultivada a partir de métodos tradicionales y de comercio justo.

La cancelación del nuevo aeropuerto de CDMX, construido ya en más del 31%, siembra dudas sobre el éxito económico del nuevo sexenio

Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México enfrentado al mundo económico, al que ha planteado batalla con su anuncio de paralizar las obras del nuevo aeropuerto de la capital, a pesar de haberse realizado ya un tercio de las obras. El deseo de dejar claro al poder económico quién manda en el país y de sepultar lo que iba a ser un legado emblemático del PRI –cuya hegemonía histórica espera sustituir con su propio partido, Morena– puede estar detrás de la controvertida decisión.

▲ Imagen del proyectado NAICM creada por Fernando Romero Enterprise, Foster and Partners

ARTÍCULO / Antonio Navalón

El PRI mexicano volvió a la presidencia del país en 2012, de la mano de Enrique Peña Nieto, con la promesa de realizar una gran inversión en infraestructura pública que pusiera a México en el escaparate mundial. La obra estelar elegida fue la construcción de un nuevo aeropuerto, cuyo proyecto se encargó al arquitecto Norman Foster y que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) veía como la herencia que siempre se le atribuiría.

Este gran proyecto iba a eclipsar todo legado negativo del mandato de Peña Nieto, que ha estado especialmente marcado por los casos de corrupción y por el récord histórico en cifras de violencia. Aunque útil para el marketing político, aumentar la capacidad de tráfico aéreo de la Ciudad de México (CDMX), cuya área metropolitana tiene 23 millones de habitantes, es una necesidad para el impulso de la economía nacional.

El proyecto, de 13.300 millones de dólares, suponía una de las mayores inversiones en la historia del país. Bautizado con el nombre de Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM, luego simplificado como NAIM) y ubicado en el área de Texcoco, poco más lejos que las actuales instalaciones en uso, la nueva infraestructura iba a desarrollarse en dos fases. La primera fase consistía en la construcción de una gran terminal y tres pistas, que inicialmente se preveía que estuviesen listas para 2020, pero cuya entrada en servicio se había aplazado a 2022 debido a retrasos en las obras. La segunda fase contaría con la construcción de tres pistas adicionales, además de una segunda terminal, que estaría lista para funcionar a partir de 2035.

Los planes apuntaban a que NAICM tendría capacidad para transportar entre 70 y 135 millones de pasajeros anualmente, gracias a contar con un volumen de operación de entre 115 y 135 slots por hora. Esas cifras daban a largo plazo un posible beneficio de más de 32.000 millones de dólares, según las estimaciones del Gobierno.

El proyecto buscaba en primer lugar resolver el grave problema de saturación aérea que sufre el actual aeropuerto internacional Benito Juárez de Ciudad de México, provocada por la poca capacidad de desempeño de las dos pistas que funcionan simultáneamente. Además, la construcción de NAICM partía con la esperanza de convertir CDMX en un hub logístico mundial, pudiendo llegar a multiplicar por cuatro la capacidad de transporte de mercancías con la que cuenta el aeropuerto actual.

El nivel de transporte de mercancías en este macro proyecto iba a poder alcanzar los 2 millones de toneladas anuales, convirtiéndose así, como aseguraban sus promotores, en el principal centro de distribución de América Latina. La ambición de NAICM, por tanto, era convertirse en referente no solo en el continente americano sino a nivel mundial, tanto en el traslado de turistas como en el transporte de mercancías.

La construcción de NAICM comenzó en 2015 y hasta la actualidad se ha ejecutado el 31% de las obras. Aunque este grado de realización supone un ligero retraso respecto al calendario original, las labores de fundamentación y canalización ya están acabadas y en la superficie pueden verse altas estructuras destinadas a sujetar la amplia cubierta. Sin embargo, a pesar de ese progreso y de la inversión ya realizada, el nuevo presidente del país ha anunciado que entierra por completo el proyecto.

Elecciones y consulta

Las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio las ganó el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (con toma de posesión el 1 de diciembre). Antiguo dirigente del PRI, gracias al cual ejerció de alcalde de la capital, con el tiempo fue derivando hacia la izquierda: primero pasó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, tras perder dos elecciones a la presidencia del país, creó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En julio, Morena logró la mayoría en las dos cámaras del Congreso y también conquistó el gobierno de CDMX, lo que da a AMLO, como comúnmente se conoce al nuevo presidente, amplios poderes para llevar a cabo sus políticas. Si bien se quedó a 17 votos de una mayoría cualificada en el Senado que pueda cambiar la Constitución, podría obtener aliados para ese propósito.

Durante la campaña electoral, López Obrador defendió la cancelación del proyecto de nuevo aeropuerto alegando su alto coste, y planteó la posibilidad de que, como alternativa, se hagan algunas mejoras al aeropuerto actual y se acondicione también el de Santa Lucía, una base militar en el área de la capital mexicana que se podría habilitar para los vuelos internacionales. Pero el candidato de Morena aseguró que haría una consulta para conocer la opinión del pueblo mexicano y que acataría los resultados.

Sin esperar a tomar posesión como presidente, López Obrador hizo que Morena llevara a cabo esa consulta, que por tanto no fue organizada por el Gobierno sino por un partido político, y además no tuvo lugar en todo el país sino en 538 municipios de los 2.463 que hay en México. Las urnas, dispuestas entre el 25 y el 28 de octubre, se pronunciaron por el “no” a NAICM: con una participación de solo el 1% del cuerpo electoral nacional, el 69% votó por la alternativa de Santa Lucía y el 29% lo hizo por seguir las obras en Texcoco. López Obrador anunció que, en aplicación del resultado, paralizará las obras del nuevo aeropuerto, a pesar de la inversión ya realizada.

Algunos movimientos populares y también naturalistas que reclamaban la preservación del medio natural aplaudieron el anuncio, pero igualmente hubo marchas de protesta contra la decisión en las calles del centro de CDMX. El sector privado ha lamentado enormemente el propósito de cancelar el proyecto de NAICM. Destacados empresarios del país y organizaciones como la Confederación de Cámaras Industriales Mexicanas (CONCAMIN), que representa el 35% del PIB mexicano y el 40% de empleo en el país, salieron en defensa del proyecto original y pidieron a López Obrador que reconsiderara su decisión. Su argumento es que cualquier alternativa se quedará corta ante las demandas del creciente tráfico aéreo, lastrando el desarrollo del país. Además aducen que cualquier decisión que no pase por seguir con la construcción de NAICM va a resultar más cara que concluir el proyectado aeropuerto [1].

Impacto económico

Para CONCAMIN, “el aeropuerto actual carece de la infraestructura y cualquier mejora no arreglaría los problemas fundamentales que tiene”, y una apuesta por la base de Santa Lucía “sería una pérdida de tiempo y dinero, que más que solucionar problemas los va crear”, según el presidente de esta asociación empresarial, Francisco Cervantes.

José Navalón, de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de CONCAMIN, de cuya dirección forma parte, advierte que la decisión de López Obrador va a suponer un golpe muy fuerte para el sistema macroeconómico y financiero mexicano. Según sus palabras “aún es pronto para entrar a valorar posibles consecuencias, pero habrá que ver si México cuenta con la infraestructura aeroportuaria apropiada, en cuanto a competitividad y conectividad, para lo que es la segunda economía más grande de América Latina”. En cualquier caso, de momento “se ha dado un problema de falta de confianza en los mercados, que se ha visto reflejado inmediatamente en la caída del peso y de los mercados” [2].

Ciertamente, si bien López Obrador fue recibido en julio con un alza de los mercados, porque su contundente victoria parecía augurar estabilidad para México, su toma de posesión en diciembre está siendo acompañada de una “espantada” de inversores. El peso ha cerca de un 10% respecto al valor en agosto en su relación con el dólar, la bolsa ha bajado un 7,6% y solo en octubre los inversores vendieron 2.400 millones de dólares en bonos mexicanos.

“Las principales preguntas que hoy en día se hacen los inversores”, continúa Navalón,  “es si es seguro invertir en México y cada cuánto se van a tomar este tipo de decisiones que no siguen ningún tipo de legalidad”, pues importantes empresas se verán afectada por la cancelación de un proyecto en marcha. Advierte además que “la elección de Bolsonaro en Brasil, cuyo perfil constituye un imán de inversión extranjera, puede afecta de manera directa en la inversión en México”.

La gran cuestión es por qué López Obrador mantiene su decisión contra el nuevo aeropuerto, a pesar de la penalización económica que va a suponer para el Gobierno y del riesgo de huida de inversores. Hemos de entender que México siempre ha sido un país que ha estado liderado por el poder económico. Con su actitud sobre NAICM aspira marcar nítidamente la línea de separación entre poder político y poder económico, dejando claro que la era del mando del poder económico ha terminado. Un segundo motivo, es que NAICM iba a ser la herencia del PRI y López Obrador probablemente busca destruir cualquier tipo de asociación de este macro proyecto con el partido al cual pretende sepultar.

REFERENCIAS

[1] Documento CONCAMIN “Propuestas Aeropuertarias” 2018.

[2] Entrevistas personales con Francisco Cervantes y José Navalón