Fiscales federales presentan cargos contra la cúpula de la mara en El Salvador por delitos contra la seguridad nacional

° EEUU sigue catalogando las pandillas como organización criminal, no como grupo terrorista, pero en el último año ha pasado a considerar terroristas a algunos de sus jefes

° El Departamento de Justicia estima probada la conexión entre las decisiones tomadas por la cúpula de la MS-13 desde cárceles salvadoreñas y crímenes cometidos en EEUU

° En los últimos cinco años los tribunales estadounidenses han condenado a 504 pandilleros, de los cuales 73 recibieron penas de cadena perpetua

► Reclusos de las maras en prisiones salvadoreñas, en abril de 2020 [Gob. de El Salvador]

INFORME SRA 2021 /  Xabier Ramos Garzón  [versión en PDF]

MAYO 2021—Las autoridades de Estados Unidos han dado en el último año un significativo salto en su reacción a la violencia de la principal banda callejera latina, la mara Salvatrucha o MS-13. Por primera vez fiscales federales presentaron cargos por terrorismo contra jefes de la pandilla, abriendo la puerta a una revisión de la catalogación de la MS-13, considerada desde 2012 en Estados Unidos como organización criminal internacional y que podría ser designada grupo terrorista, como ya sucede en El Salvador.

La focalización del Departamento de Justicia en la violencia de conexión centroamericana, sin embargo, pudo obedecer durante la Administración Trump a una priorización de la lucha contra la inmigración ilegal. Se desconoce de momento si la Administración Biden, que tiene menos interés en criminalizar el hecho migratorio, insistirá en la categoría de terrorismo. No obstante, la presión policial y judicial sobre los pandilleros responsables de crímenes en suelo estadounidense no parece que de momento vaya a decrecer.

Ofensiva fiscal

En julio de 2020 el Departamento de Justicia norteamericano hizo públicos cargos por terrorismo contra Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue de gánster, sellados desde el previo mes de mayo en la Corte del Distrito Este de Virginia. Los cargos incluían conspiración para suministrar apoyo material a terroristas, cometer actos de terrorismo transfronterizos, financiar acciones terroristas y llevar a cabo operaciones de narcoterrorismo. Melgar había vivido en Virginia, con algunas ausencias, entre 2003 y 2016, año en que fue deportado. En noviembre de 2018 fue detenido y encarcelado en El Salvador. La Fiscalía considera que desde ese país dirigía la acción delictiva de la MS-13 en la Costa Este: aparentemente ordenaba y aprobaba asesinatos, supervisaba negocios de narcotráfico y recolectaba dinero para las clicas u organizaciones locales.

Abierta esa vía de cargos por terrorismo, que suponen penas mayores, contra dirigentes que supuestamente ordenaban la comisión de crímenes desde El Salvador, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York procedió pocos meses después a la acusación formal más amplia y de mayor alcance dirigida contra la MS-13 y su estructura de mando y control en la historia de Estados Unidos, alegando delitos “contra la seguridad nacional”. Así, en enero de 2021 esa Fiscalía federal hizo público un indictment, formalizado secretamente en el mes anterior, con acusaciones contra catorce jefes de la MS-13, todos ellos integrantes de la Ranfla Nacional o dirección de la mara, la cual estaba encabezada, según el Ministerio Público, por Borromeo Enrique Henríquez, alias Diablito de Hollywood. Once de ellos se encuentran en cárceles salvadoreñas y tres son fugitivos. Los cargos eran similares a los presentados contra Melgar, sin que igualmente la acusación aporte detalles sobre acciones específicas. Se les atribuyen los crímenes de distintas clicas de la MS-19 ya que, al formar parte de su cúpula directiva, serían los responsables últimos de las órdenes de comisión de muchos de los delitos. Según indicó el fiscal al anunciar el caso, “la MS-13 es responsable de una ola de muerte y violencia que ha aterrorizado a las comunidades, dejando los vecindarios inundados de derramamiento de sangre”. EEUU procedió a preparar las respectivas peticiones de extradición.

Además de estas dos causas, que se insertarían en un marco conceptual que parece querer perseguir la figura de jefatura de grupo terrorista (a pesar de que la consideración de terrorista no ha sido aplicada por Estados Unidos a ninguna pandilla, ni hay consenso sobre una estrecha centralización en la toma de decisiones criminales), en 2020 se pusieron en marcha varios procesos judiciales contra miembros de la MS-13 por delitos estrictamente de asesinato, secuestro, narcotráfico, tenencia de armas y otras actividades de crimen organizado. El mismo día de julio de 2020 en que se anunció la acusación contra Melgar, la Corte del Distrito Este de Nueva York presentó una causa contra ocho integrantes de la organización, y la del Distrito de Nevada contra otros trece; en agosto, el Distrito Este de Virginia procedió a la detención de once personas más relacionadas con la pandilla.

Esas actuaciones mostraban un empeño en hacer efectivas las investigaciones que recientemente se habían intensificado, al término de un mandato presidencial que había hecho de la lucha contra las maras una de las prioridades del Departamento de Justicia. Precisamente a finales de 2020, este departamento publicó un informe haciendo balance de los “esfuerzos” llevados a cabo en este terreno entre 2016 y 2020, titulado “Respuesta a gran escala”. El informe, que calcula que en Estados Unidos hay unos 10.000 miembros de diferentes pandillas, contabiliza que en ese periodo se presentaron en los tribunales estadounidenses cargos contra 749 pandilleros; de ellos, el 74% estaban en el país de manera ilegal, el 8% eran ciudadanos estadounidenses y el 3% residía de forma legal. Esos procesos llevaron a la condena de al menos 504 personas, de las cuales 37 recibieron penas de cadena perpetua.

El fiscal general, además, abrió el procedimiento para solicitar la pena de muerte de dos acusados, implicados en crímenes que tuvieron una especial resonancia social. Se trata de Alexi Sáenz, a quien se le atribuyen siete asesinatos, casi todos usando un machete o un bate de béisbol, y de Elmer Zelaya, acusado de coordinar el apuñalamiento de dos jóvenes; la mayoría de las víctimas eran adolescentes. Esta extrema violencia fue resaltada por Donald Trump en varios momentos de su mandato y a ella se refirió el pasado mes de julio cuando se anunciaron los mencionados casos por terrorismo. Calificó a los pandilleros de “monstruos que asesinan niños”, e indicó que las autoridades estadounidenses no descansarían hasta que “todos los miembros de la MS-13” comparezcan ante la Justicia.

Por su parte, el FBI ha conformado con fuerzas de seguridad de varios países centroamericanos las Unidades Trasnacionales Anti-Gang (TAG), que desde 2016 han sido responsables de cientos de detenciones y han asistido a la extradición a EEUU de 68 acusados, 35 desde Guatemala, 20 desde Honduras y 13 desde El Salvador.

Trayectoria

Las disposiciones de Barack Obama en 2011 facultando la consideración de las pandillas como organizaciones criminales internacionales, en el marco de una nueva Estrategia Nacional para Combatir el Crimen Organizado Trasnacional, fueron utilizadas por el Departamento del Tesoro en 2012 para aplicar esa consideración a la MS-13. El Departamento de Justicia recurrió en 2017 a la misma catalogación como base para la “war on gangs” lanzada por Trump. En el propio Congreso ya se puso de relieve en 2018 la peligrosidad e incidencia de las maras, en actuaciones decididas desde El Salvador.

En 2019 el fiscal general William Barr viajó a El Salvador, donde recabó información de las autoridades del país, cuya Corte Suprema ya había designado grupo terrorista a las maras en 2015. Supuestas evidencias de la cadena de mando, que conecta las órdenes de asesinatos y otros crímenes dadas desde las cárceles salvadoreñas y su ejecución en Estados Unidos, habrían sustentado la decisión de 2020 de abrir las causas por terrorismo contra pandilleros en los tribunales federales estadounidenses.

Este cambio en el tipo de delito puede ser clave en el futuro de la lucha contra las maras al ofrecer una serie de ventajas, ya que no existe un estatuto de limitaciones sobre los cargos de terrorismo y estos tienen asociadas penas más severas. Las leyes internacionales también contemplan un mayor arco y margen de maniobra a los países que luchan contra el terrorismo, por lo que la cooperación entre países podría verse aumentada notablemente; de hecho, el que los cargos sean homologables en Estados Unidos y El Salvador podrían agilizar las peticiones de extradición.

Sin embargo, el paso no está exento de controversia. De la misma manera que no ha servido de mucho aplicar cargos de narcotráfico internacional contra los pandilleros, pues no constituyen propiamente un cartel de drogas trasnacional, está por ver la eficacia de invocar cargos por terrorismo en este caso, dado que las maras, al menos en Estados Unidos, no reúnen la variedad de rasgos propios de una organización terrorista: no existe desde luego el elemento de querer ser un actor político. En cualquier caso, como ha dicho Steven Dudley, codirector de Insight Crime y autor de libro MS-13: la creación de la pandilla más notoria de Estados Unidos, la decisión del gobierno estadounidense de acusar de terrorismo a los líderes visibles de la MS-13 en El Salvador “puede ser una señal de lo mal que entienden a esta pandilla o de lo bien que entienden su sistema judicial”

La comparecencia del jefe del USSOUTHCOM en el Capitolio eleva cada año el grado de alerta ante la influencia china y el retroceso estadounidense

° En su última aparición, el almirante Craig Faller advirtió que EEUU “está perdiendo su ventaja posicional’ y reclamó “acción inmediata para revertir esta tendencia”

° En los últimos años el discurso del Comando Sur ante el Congreso ha destacado la penetración de China, Rusia e Irán, de la mano de Cuba, Venezuela y Nicaragua

° El análisis de las intervenciones del jefe del Pentágono para la región muestra la creciente involucración del régimen de Maduro en actividades delictivas

► Visita del jefe del Comando Sur estadounidense a Montevideo, en abril de 2021 [SouthCom]

INFORME SRA 2021 /  Diego Diamanti  [versión en PDF]

MAYO 2021—El Comando Sur de Estados Unidos –la estructura militar, dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que tiene encomendada la atención a Latinoamérica y el Caribe– ha ido elevando progresivamente la voz de alerta sobre la creciente influencia de Rusia y sobre todo de China en el Hemisferio Occidental, en detrimento de la posición de EEUU. Esto, combinado con la amenaza que proviene de las organizaciones de crimen organizado, especialmente implicadas en el narcotráfico, llevaron al jefe del USSOUTHCOM, el almirante Craig Faller, a confesar en marzo sentir “un increíble sentido de urgencia”: “el hemisferio en el que vivimos está bajo ataque”, dijo en su anual comparecencia ante el Congreso estadounidense, dedicada a analizar las amenazas y las oportunidades que presenta la región en términos de seguridad.

En su tercer “posture statement” ante el Congreso desde que dirige el Comando Sur, Faller advirtió que Estados Unidos está perdiendo su “posición de ventaja” en el hemisferio y planteó que “se necesita una acción inmediata para revertir la tendencia”. Analizando sus intervenciones de 2019 y 2020, así como la de 2018 de su predecesor, el almirante Kurt Tidd, se aprecia un agravamiento en la percepción de la rivalidad con China. Cada vez la referencia a la amenaza china es más explícita y ocupa más espacio. Lo que primero se vio como una influencia económica, por el incremento del comercio y la adjudicación de créditos, ahora se presenta como algo más global y estratégicamente más peligroso. Según Faller, China está buscando “establecer una logística global y una infraestructura de base en nuestro hemisferio para proyectar y sostener el poder militar a mayores distancias”.

El cambio de Administración no ha supuesto ninguna variación en ese agravamiento de la percepción sobre los riesgos que se están generando en Latinoamérica. Si bien la presidencia de Joe Biden ha supuesto un giro en el tono mantenido por su predecesor, se mantiene la hostilidad hacia Pekín y el deseo de marcar de cerca otros regímenes autoritarios como Rusia o Venezuela. De ahí que el “posture statement” presentado este año por el jefe del Comando Sur sea consistente con los anteriores en apuntar a la creciente actividad de Rusia y China en la región (y de Irán, en coordinación con Hezbolá), así como su colaboración con Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que Faller llamó “actores estatales regionales malignos”.

El uso de Cuba

Una de las amenazas constantes que se repiten y que se ve cómo aumenta de manera gradual es la estrategia de diplomacia económica que implementa China en varios países de la región: cómo a través de préstamos e inversiones Pekín incorpora a esos países a su red de comercio internacional, en ocasiones integrándolos en la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. La declaración de 2018 no mencionaba el número de naciones latinoamericanas que participaban en la iniciativa; la de 2019 contabilizaba 16, y la de 2020 hablaba de 19, indicando una clara tendencia de que poco a poco China está aumentando sus actividades y su influencia en el hemisferio. La estrategia de 2020 decía además que 25 de los 31 países de la región tienen proyectos chinos de infraestructura, los cuales, como expresamente destaca el jefe del Comando Sur, podrían ser utilizados en un futuro como apoyo para intereses militares chinos. A todo esto se suma la crisis del COVID-19, que China ha aprovechado para aumentar su influencia regional gracias a potencial de material sanitario y vacunas.

Venezuela ocupa un lugar destacado en las últimas cuatro declaraciones. A lo largo de los años se aprecia cómo la situación empeora progresivamente y se endurece la postura del Comando Sur hacia el régimen de Maduro: pasa de no llamarlo ilegítimo a sí hacerlo, y luego lo acusa abiertamente de estar involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico. Subraya su estrecha colaboración militar con Rusia y con los grupos narcoterroristas colombianos –el ELN y las disidencias de las FARC–, a los que acoge en su territorio.

Otro aspecto que se reitera es el énfasis en el papel desestabilizador de Cuba: cómo La Habana interfiere en asuntos internos en Venezuela y Nicaragua, aleccionando a esos regímenes opresores sobre cómo reprimir movimientos y manifestaciones de opositores, en ocasiones enviando a sus propios agentes para cumplir esa función represiva. Además en la estrategia se plantea el hecho de como Rusia utiliza a Cuba como base para sus operaciones de inteligencia hacia los Estados Unidos y para proyectar su poder en la región.

Las declaraciones del Comando Sur están en consonancia con las preocupaciones expresadas en el documento Marco Estratégico para el Hemisferio Occidental, elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional en 2020. Aunque la Administración Trump deberá formular su propio plan estratégico para la región, no cabe esperar sustanciales cambios, dado que existe el mismo interés en recuperar la democracia para Nicaragua, Venezuela y Cuba; en la promover la transparencia y luchar contra la corrupción; en combatir actividades ilícitas, como en el caso del narcotráfico y el tráfico de personas, y en hacer frente la creciente presencia china en la región.

Con una producción petrolera bajo mínimos, el régimen de Maduro ha echado mano del metal precioso para pagar los servicios de Teherán

° Sin más créditos de China o Rusia, Caracas consolidó en 2020 la renacida relación con los iraníes, encargados de intentar reactivar las paralizadas refinerías del país

° En el último año, cargueros despachados por Irán han llevado a la nación caribeña más de 5 millones de barriles de gasolina, así como productos para su supermercado Megasis

° La implicación de entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria, declarada grupo terrorista por Washington, dificulta cualquier gesto hacia la Administración Biden

► La vicepresidenta venezolana y el viceministro de Industria iraní inauguran el supermercado Megasis en Caracas, en julio de 2020 [Gob. de Venezuela]

INFORME SRA 2021 /  María Victoria Andarcia  [versión en PDF]

MAYO 2021—La relación de Venezuela con potencias extrahemisféricas ha estado caracterizada en el último año y medio por la reanudación de la estrecha vinculación con Irán ya vista durante las presidencias de Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad. Agotadas las posibilidades de financiación facilitadas por China (no concede créditos a Caracas desde 2016) y por Rusia (su interés petrolero en Venezuela, a través de Rosneft, se vio especialmente constreñido en 2019 por las sanciones de la Administración Trump a los negocios de Pdvsa), el régimen de Nicolás Maduro llamó de nuevo a la puerta de Irán.

Y Teherán, otra vez cercado por las sanciones de Estados Unidos, como ocurriera durante la era de Ahmadineyad, ha vuelto a ver en la alianza con Venezuela la ocasión de plantar cara a Washington, al tiempo que saca algún rendimiento económico en tiempos de gran necesidad: cargamentos de oro, por valor al menos de 500 millones de dólares, según Bloomberg, habrían salido de Venezuela en 2020 como pago de los servicios prestados por Irán. Si los créditos de China o Rusia eran a cambio de petróleo, ahora el régimen chavista debía además echar mano del oro, pues la producción de la estatal Pdvsa estaba bajo mínimos históricos, con 362.000 barriles diarios en el tercer trimestre del año (Chávez tomó la compañía con una producción de 3,2 millones de barriles diarios).

El cambio de pareja se simbolizó en febrero de 2020 con la llegada de técnicos iraníes para poner en marcha la refinería de Armuy, abandonada el mes anterior por los expertos rusos. La falta de inversión había llevado al descuido del mantenimiento de las refinerías del país, lo que estaba provocando una gran escasez de gasolina y largas filas en las estaciones de servicio. La asistencia iraní apenas lograría mejorar la situación refinadora, y Teherán tuvo que suplir esa ineficiencia con el envío de cargueros de gasolina. Asimismo, la escasez de alimentos ofreció otra vía de auxilio para Teherán, que también despachó barcos con comestibles.

Gasolina y alimentos

La relación venezolano-iraní, que sin eliminarse del todo se había reducido durante la presidencia de Hasán Rohaní, al focalizarse esta en la negociación internacional del acuerdo nuclear que se alcanzaría en 2015 (conocido como JCPOA por sus siglas en inglés), se reanudó a lo largo de 2019. En abril de ese año la controvertida aerolínea iraní Mahan Air recibió permisos de operaciones en Venezuela para cubrir la ruta Teherán-Caracas. Aunque la aerolínea no ha comercializado la ruta aérea, sí ha fletado varios vuelos a Venezuela a pesar del cierre del espacio aéreo territorial ordenado por Maduro debido a la pandemia de Covid-19. Las operaciones de Mahan Air sirvieron para transportar a los técnicos iraníes que iban a emplearse en los esfuerzos de reiniciar la producción de gasolina en las refinerías del complejo de Paraguaná, así como material necesario para esas tareas.

Esas y otras gestiones habrían estado preparadas por la embajada de Irán en Venezuela, que desde diciembre de 2019 está dirigida por Hojatolá Soltani, alguien conocido por “mezclar la política exterior de Irán con las actividades” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), según el investigador Joseph Humire. Este considera que Mahan Air habría realizado unos cuarenta vuelos en la primera mitad de 2020.

De la misma manera, Irán estuvo enviando múltiples buques de combustible a Venezuela para hacer frente a la escasez de gasolina. El primer envío llegó en una flotilla de tanqueros que, desafiando las sanciones de Estados Unidos, entraron en aguas venezolanas entre el 24 y el 31 de mayo, transportando en conjunto 1,5 millones de barriles de gasolina. En junio llegó otro buque con unos estimados 300.000 barriles, y otros tres aportaron 820.000 barriles entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021 otra flotilla habría transportado 2,3 millones de barriles. A ese total de al menos 5 millones de barriles de gasolina habría que sumar la llegada 2,1 millones de barriles de condensado para aplicarse como diluyente del petróleo extrapesado venezolano.

Además de combustible, Irán también ha enviado en este tiempo suministros médicos y alimentos para ayudar a combatir emergencia humanitaria que sufre el país. Así, resulta importante destacar la apertura del supermercado Megasis, a la que se vincula con la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar iraní que la Administración Trump incluyó en el catálogo de grupos terroristas. El establecimiento comercial vende productos de marcas propiedad del ejercito iraní, como Delnoosh y Varamin, que son dos de las subsidiarias de la compañía Ekta, supuestamente creada como un fideicomiso de seguridad social para veteranos militares iraníes. La cadena de supermercados Ekta se encuentra subordinada al Ministerio de Defensa iraní y a las Fuerzas Armadas de Logística, entidad sancionada por Estados Unidos por su papel en el desarrollo de misiles balísticos.

El oro y Saab

Esta actividad preocupa a Estados Unidos. Un reporte del Atlantic Council detalla cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen de Maduro. El ministro de petróleo venezolano, Tareck El Aissami ha sido identificado como el actor clave de la red ilícita. Éste presuntamente acordó con Teherán la importación de combustible iraní a cambio de oro venezolano. De acuerdo con la información de Bloomberg antes citada, el Gobierno de Venezuela había entregado a Irán, hasta abril de 2020, alrededor de nueve toneladas de oro con un valor de aproximadamente 500 millones de dólares, a cambio de su asistencia en la reactivación de las refinerías. El oro fue aparentemente trasladado en los vuelos de Mahan Air hacia Teherán.

En las negociaciones pudo haber intervenido el empresario de origen colombiano Alex Saab, que ya centralizó buena parte de las importaciones de alimentos realizadas por el régimen chavista bajo el programa Clap y se estaba implicando en los suministros iraníes de gasolina. Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde cuando su avión particular repostaba en un aparente vuelo a Teherán. Solicitado a Interpol por Estados Unidos como principal testaferro de Maduro, el proceso de extradición sigue abierto.

Las entidades participantes en buena parte de estos intercambios están sancionadas por Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense por su conexión a la IRGC. La capacidad de la IRGC de operar en Venezuela se debe al alcance de la red de soporte de Hezbolá, organización señalada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Hezbolá ha logrado infiltrar las comunidades expatriadas libanesas de Venezuela, dando paso a Irán para crecer su influencia en la región. Esos vínculos dificultan cualquier gesto que Caracas pueda intentar para propiciar cualquier desescalada por parte de la nueva Administración Biden de las sanciones aplicadas por Washington.

Pekín ya no es solo socio comercial y otorgador de créditos para infraestructuras: se pone a la par de Occidente en excelencia farmacéutica y proveedor sanitario

° Solo Perú, Chile y Argentina han contratado más dosis chinas y rusas; en Brasil y México predominan las de EEUU y Europa, como en el resto de los países de la región

° Huawei logra entrar en el concurso del 5G brasileño a cambio de vacunas; Pekín las ofrece a Paraguay si abandona su reconocimiento a Taiwán

° Además de los ensayos clínicos que hubo en varias naciones en la segunda mitad de 2020, Argentina y México van a producir o envasar Sputnik V a partir del mes de junio

► Llegada de un cargamento de vacunas Sputnik V a Venezuela, en febrero de 2021 [Palacio de Miraflores]

INFORME SRA 2021 /  Emili J. Blasco  [versión en PDF]

MAYO 2021—La vacunación en Latinoamérica se está haciendo sustancialmente con preparados desarrollados en Estados Unidos y Europa, aunque la atención mediática haya privilegiado las dosis procedentes de China y Rusia. La particular diplomacia de las vacunas ejecutada a lo largo de los últimos meses por Pekín y Moscú –que con fondos públicos han promovido la exportación de inyecciones, por delante de las necesidades de sus propios habitantes– ha sido ciertamente activa y ha logrado dar la impresión de una influencia mayor de la real, con la promesa muchas veces de volúmenes de suministros que raras veces se han cumplido en sus plazos.

Cuando, a partir de junio, inmunizada ya gran parte de los estadounidenses, la Administración Biden se vuelque en hacer su aportación de vacunas a la región, el desequilibrio a favor de fórmulas de los laboratorios “occidentales” –también utilizadas básicamente en los acopios del sistema Covax de Naciones Unidas– será aún mayor. No obstante, el desarrollo de la crisis sanitaria en el último año habrá servido para consolidar el pie puesto por China y Rusia en América Latina.

Hasta la fecha, solo Perú, Chile y Argentina han contratado más vacunas de China (CanSino, Sinopharm y Sinovac) y Rusia (Sputnik V) que de Estados Unidos y Europa (AstraZeneca, J&J, Moderna y Pfizer). En el caso de Perú, de los 116 millones de dosis comprometidas, 51 corresponden a laboratorios europeos y/o estadounidenses, 45 millones a los chinos y 20 millones al ruso. En el caso de Chile, de los 79,8 millones de dosis, 18 millones son vacunas del primer grupo, mientras que 61,8 millones son chinas. Por lo que afecta a Argentina, de los 62,4 millones de dosis reservadas, 22,4 millones son “occidentales”, 10 millones rusas y 30 millones chinas. Son datos de AS/COA, que sigue un detallado cómputo de diversos aspectos de la evolución de la crisis sanitaria en Latinoamérica.

En cuanto a los dos mayores países de la región, la preferencia por las fórmulas de EEUU y Europa es notoria. De los 661,4 millones de dosis apalabradas por Brasil, 481,4 tienen esa procedencia, frente a 100 millones de dosis chinas y 80 millones de Sputnik V (además, no está claro que estas últimas acaben llegando, dada el reciente rechazado a su autorización por parte de los reguladores brasileños). De los 310,8 millones contratados por México, 219,8 millones son de vacunas “occidentales”, 67 millones de vacunas chinas y 24 millones de Sputnik V.

Tablas: reproducción de AS/COA, base de datos online, información a 31 de marzo de 2021

Ensayos y producción

Las vacunas de China y Rusia no eran desconocidas en la opinión pública latinoamericana, pues en la segunda mitad de 2020 fueron noticia con frecuencia a raíz de los ensayos clínicos que se llevaron a cabo en algunos países. Sudamérica presentaba un especial interés para los principales laboratorios del mundo, ya que acogía una alta incidencia de la epidemia junto con cierto desarrollo médico que permitía un serio seguimiento de la eficacia de los preparados, compatible con un nivel de necesidad económica que facilitaba contar con miles de voluntarios para las pruebas. Eso hizo que la región centrara el campo de ensayos clínicos mundiales de las principales vacunas anti Covid-19, siendo Brasil el epicentro de la carrera en la experimentación. Además de las pruebas llevadas a cabo por Johnson & Johnson en seis países, y de Pfizer y Moderna en dos, Sputnik V se experimentó en tres (Brasil, México y Venezuela) y en dos lo hicieron Sinovac (Brasil y Chile) y Sinopharm (Argentina y Perú).

La experimentación, no obstante, se debía a acuerdos particulares entre laboratorios, que apenas exigía implicación de las autoridades sanitarias o políticas del país en cuestión. El compromiso de determinados gobiernos con las vacunas de China y Rusia vino con las negociaciones de compra y luego con su consiguiente autorización de uso, último paso que no siempre se ha producido. Una ulterior alianza en el caso de Sputnik V ha sido el proyecto de Argentina de producir en su territorio el preparado ruso a partir del próximo mes de junio, para vacunación propia y reparto a países vecinos, así como el de México para el envasado de las dosis, también a partir de junio. Argentina fue el primer país en registrar y aprobar Sputnik V, utilizando una información que luego ha compartido con otros países de la región. El movimiento de México ha sido interpretado como un modo de presionar a Estados Unidos para que liberalice cuanto antes la exportación de sus vacunas.

También China ha ejercido presiones sobre algunos países sudamericanos. Ha aprovechado la extrema necesidad de vacunas de Brasil para forzar que el Gobierno de Jair Bolsonaro tenga que admitir que Huawei opte al concurso para la red de 5G brasileña, a pesar de haber vetado inicialmente a la empresa china. Igualmente, Pekín parece haber prometido vacunas a Paraguay a cambio de que este país deje de reconocer a Taiwán. Por lo demás, el Gobierno chino promedió el año pasado un crédito de mil millones de dólares para la adquisición de material sanitario, como ha advertido el jefe del Comando Sur estadounidense, llamando la atención sobre el uso de la crisis que está haciendo China para lograr más penetración en el hemisferio.

Consolidación

Sea cual sea el mapa final de la aplicación de cada preparado en el proceso de vacunación, lo cierto es que sobre todo Pekín, pero de algún modo también Moscú, han logrado una importante victoria, por más que sus vacunas puedan quedar muy por detrás en el número total de dosis inyectadas en Latinoamérica. En una región acostumbrada a identificar a Estados Unidos y Europa con la capacidad científica y el alto desarrollo médico y farmacéutico, por primera vez se ve a China no ya como origen de productos baratos y de confección poco sofisticada, sino a la par en investigación y eficacia sanitaria. Más allá de la exitosa gestión que ha hecho Pekín de la pandemia, que puede relativizarse considerando el carácter autoritario de su sistema político, China surge como un país puntero, capaz de alcanzar una vacuna tan rápidamente como Occidente y, en cierta forma, homologable a este. La imagen de Rusia queda algo por debajo, pero Sputnik V permite consolidar el “regreso” ruso a una posición de referencia que había perdido absolutamente en recientes décadas.

A raíz de la emergencia por Covid-19, en el imaginario colectivo latinoamericano China ya no constituye solo un factor de comercio, de construcción de infraestructuras y de otorgador de créditos para el desarrollo de estas, sino que asienta su penetración como una potencia con dimensiones plenas, también en lo referente a un elemento central en la vida de los individuos como es la superación de la pandemia.

Y es que los países latinoamericanos han sufrido la crisis sanitaria y económica del coronavirus como ninguna otra región del mundo. Con el 8,2% de la población mundial, para octubre de 2020 acogía el 28% de los casos positivos globales por Covid-19 y el 34% de las muertes. El agravamiento de la situación luego en países como India pudo modificar algo esos porcentajes, pero la región ha mantenido importantes focos de infección, como Brasil, seguido de México y Perú. Para hacer frente a esta situación, Latinoamérica recibe dos tercios de la ayuda mundial del FMI por la pandemia: la región cuenta con 17 millones más de pobres y no recuperará la anterior renta per cápita hasta 2025, más tarde que el resto del mundo.

El aumento de las flotas de pesqueros de China provoca quejas sobre presunta invasión de zonas económicas exclusivas y actividad ilegal

° La presencia de más de 500 embarcaciones crea inquietud por continua evasión de radares, uso de sistemas de extracción no permitidos y desobediencia a los guardacostas

° Los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú emitieron un comunicado llamando a la supervisión de una actividad que Pekín rechaza someter a inspección internacional

° La intimidación recuerda al uso de pescadores chinos como “fuerza de choque” en el Mar de China Meridional; aquí el objetivo no es ganar espacio de soberanía, sino de pesca

► El buque chino Hong Pu 16, seguido por el patrullero argentino ARA Bouchard, en mayo de 2020 [Armada argentina]

INFORME SRA 2021 /  Paola Rosenberg  [versión en PDF]

MAYO 2021—Diversos países latinoamericanos se han quejado a lo largo del último año de depredación económica china, por la presencia masiva de barcos de pesca chinos en las inmediaciones de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la presenta penetración furtiva en ella. También han denunciado el uso por parte de pesqueros chinos de técnicas de captura no permitidas que esquilman los principales caladeros y erosionan la sostenibilidad marina.

La llegada desde China de embarcaciones pesqueras de lo que normalmente se categoriza como Flota en Aguas Distantes (DWF por sus siglas en inglés) comenzó a producirse en el contorno marítimo latinoamericano en 2001 con una veintena de barcos; desde entonces su número ha ido en rápido aumento y las cifras más recientes hablan de unas 500 naves. El malestar de los países más afectados no es nuevo, pero en 2020 las quejas fueron más altas y formales. Además, en la abierta era de confrontación con Pekín, Washington salió en defensa de los intereses de sus vecinos hemisféricos.

China cuenta con la flota pesquera de altura más grande del mundo, que se halla en expansión cuando las flotas de otros países pesqueros están disminuyendo. No está claro su volumen, pues muchas veces opera mediante pequeñas empresas pantalla que difuminan su origen nacional, pero se ha llegado a estimar un total de 17.000 embarcaciones. En esa actividad lejos de la propia China la flota captura dos millones de toneladas de pescado, lo que supone el 40% del total mundial en aguas distantes. Parte de las capturas que lleva a cabo son resultado de pesca ilegal; China es el país con peor notal del mundo en cuanto a prácticas pesqueras no permitida, según la valoración de Global Initiative.

Mapa tomado de China Dialogue y Global Fishing Watch

Las estratégicas Galápagos

La pesca es uno de los recursos más importantes para varios países latinoamericanos, de ahí que la masiva presencia china en la cercanía de sus aguas de explotación, si es que además no ha habido penetración en ellas, ha generado inquietud. En el último año abundaron las noticias de pesca china a la altura de Ecuador, Perú, Chile y Argentina, sobre todo vinculada con la captura del calamar, pero también de otras especies como el jurel, la caballa, el atún y la merluza austral. Esos países creen que se está dando una sobrepesca y la captura de especies en peligro de extinción, como el calamar gigante, con la consiguiente amenaza para la preservación de la riqueza pesquera y la biodiversidad; además, estiman que también se da la posesión de licencias falsas y la violación de la soberanía de los estados ribereños al presumiblemente entrar ilegalmente en su ZEE. Los pescadores de esos países ribereños reportan cada vez más la presencia de barcos chinos en actitud intimidatoria, realizando actos que amenazan no solo sus recursos naturales sino también su seguridad.

Las principales acusaciones se produjeron a partir de julio en Ecuador. A principios de ese mes, la armada ecuatoriana alertó sobre la presencia de una flota pesquera china de unos 260 barcos faenando justo en el límite de la ZEE de las Islas Galápagos, de soberanía ecuatoriana. A finales del mes, la flota había incrementado a más de 342 naves. El archipiélago de las Galápagos fue declarado por la Unesco como reserva de la biósfera, debido a que alberga cientos de especies de flora y fauna única en el mundo. Por esta razón, la explotación en esta zona implica pérdidas muy grandes en cuanto a la biodiversidad marina.

Además, la mitad de la flota china tuvo un comportamiento sospechoso, al apagar el sistema de rastreo y de identificación. Fue una evasión de radares marinos que se llegó a prolongar durante casi tres semanas, como denunció el ministro de Defensa ecuatoriano, Oswaldo Jarrín. El ministro dio a entender que esa actitud buscaba esconder pesca ilegal y tal vez también incursión en aguas tuteladas por Ecuador para faenar en ellas. De todos modos, precisó que la armada ecuatoriana solo pudo hallar un par de embarcaciones dentro de la ZEE de las Galápagos, que alegaron estar haciendo uso de “paso inocente”.

El presidente del país, Lenín Moreno, elevó formalmente las quejas a las autoridades de Pekín, comunicándoles que Ecuador haría valer con fortaleza los derechos marítimos sobre su ZEE, y anunció una posición coordinada con otros gobiernos latinoamericanos. De hecho, enseguida otros países de la región vieron llegar la flota china a la proximidad de sus aguas. Los barcos salieron del pasillo de aguas internacionales que existe entre la ZEE de las Galápagos y la que corresponde a la costa de Ecuador, en el que estuvieron cierto tiempo para capturar la pesa que migra de un lado a otro, para desplazarse luego hacia el sur, primero en las inmediaciones de las aguas de Perú y de Chile y después, pasando del Pacífico al Atlántico, de Argentina.

Esos países contaron con el respaldo de Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado aseguró en agosto que la masiva presencia de pesqueros chinos y su práctica de desactivar los sistemas de rastreo, cambiar el nombre de los barcos y eliminar desechos marinos era algo “muy preocupante”. El presidente Donald Trump también se pronunció negativamente con ocasión de su discurso de septiembre ante Naciones Unidas. Washington lleva tiempo atento a la creciente presencia china en el continente, no solo comercial, sino también en la gestión de infraestructuras estratégicas como terminales portuarias. Las Galápagos, específicamente, tienen un especial valor estratégico por su situación en rutas de acceso al Canal de Panamá.

Petición de inspecciones

Después de Ecuador, debido a la amenaza frente a sus aguas, Perú y Chile activaron la Vigilancia Pesquera Global y movilizaron patrullas aéreas y navales para seguir de cerca el avance de la flota pesquera china. Cuando esta pasó al Atlántico, en diciembre de 2020, la fuerza naval argentina también desplegó unidades navales y aéreas para garantizar el control sobre sus espacios marítimos.

En noviembre, los gobiernos de Ecuador, Chile, Perú y Colombia (la ZEE de este último país limita con el pasillo entre las dos áreas marítimas ecuatorianas) emitieron una declaración conjunta, en la que expresaron su preocupación por la presencia “de una gran flota de embarcaciones de pabellón extranjero que ha desarrollado actividades pesqueras durante los últimos meses en aguas internacionales, cercanas a nuestras aguas jurisdiccionales”. La nota prefirió no mencionar expresamente a China (además, diversos barcos de la flota tenían un pabellón diferente, aunque eran chinos a todos los efectos), pero quedaba claro en qué dirección dirigían su denuncia de “actividades pesqueras no sometidas a control o reporte”.

Los países latinoamericanos reclaman que China acepte la realización de inspecciones, en presencia de personal chino si es necesario, de aquellos barcos que levanten sospechas, aunque su navegación se haya mantenido en aguas internacionales. Pekín responde que ya ha establecido moratorias en determinados momentos del año para la pesca del calamar en la región. No obstante, la falta de cooperación evidenciada hasta ahora y la creciente demanda del mercado chino hace suponer que este tipo de actividades seguirán aumentando.

Como ha hecho en el Pacífico, para hacer frente a las incursiones chinas Estados Unidos ha enviado navíos de la Guardia Costera al Atlántico Sur, en este caso en ejercicios conjuntos con Brasil y con Uruguay. Precisamente, con este último país Washington está intentando concretar algún tipo de colaboración que permita una mayor inspección del área marítima, al considerar que Argentina puede prestarse en exceso a los requerimientos chinos.

► Imagen del mapa mundial que elabora el John Hopkins Coronavirus Resource Center

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INFORME SRA 2021

Mayo 2021

PRESENTACIÓN

Covid-19, un factor inesperado

MAYO 2021—La pandemia causada por el virus Covid-19 ha tenido un gran impacto en el todo el mundo y muy especialmente en las naciones americanas: tres de los cuatro países con más muertos –Estados Unidos, Brasil y México, que suman más de un millón de fallecidos– se encuentran en el Hemisferio Occidental. Latinoamérica ha sido el área del planeta con mayor afectación por la enfermedad, en proporción a su población, y con peores consecuencias económicas. Esta situación ha supuesto, en el orden de la seguridad, una especial vulnerabilidad regional frente a potencias externas y mafias internas.

Si hace dos años poníamos en marcha este informe de Seguridad Regional Americana (SRA) afirmando que la geopolítica había regresado al continente, por el creciente interés de China y Rusia en el área de tradicional influencia estadounidense, ahora puede decirse que esas dos potencias extrahemisféricas han aprovechado la emergencia sanitaria para desplegar una “diplomacia de las vacunas” y consolidar su influencia, mientras Estados Unidos prepara su propio flujo de ayuda vecinal, a punto ya de concluir la inoculación de su población.

En este contexto, a lo largo de 2020 se produjeron episodios significativos. Las exigencias de seguridad alimentaria de China han reforzado la presencia de flotas de pesqueros chinos en las inmediaciones de las aguas de varios países sudamericanos, que ven amenazados sus caladeros con prácticas de pesca ilegal y presunta invasión de sus zonas económicas exclusivas. Eso ha llevado a un cierto movimiento de seguridad colectiva y una mayor interlocución con el Comando Sur estadounidense.

Por otro lado, el crimen organizado ha aprovechado también la situación pandémica, confiando en la distracción de las autoridades en otro tipo de esfuerzos. En el último año, Paraguay ha surgido como gran ‘hub’ en la salida de la cocaína del interior del continente, al tiempo que se afianza como principal productor de marihuana de Sudamérica, cuando ese cultivo se perfila como oportunidad de negocio legal en nuevos países. Por su parte, Guatemala y Honduras consolidan sus ‘ensayos’ en el cultivo de la coca, dando un salto –apenas cuantitativo, pero sí cualitativo– en el universo del narcotráfico. La noticia positiva en que el proceso de paz y los confinamientos de la pandemia han reducido los homicidios en Colombia a mínimos históricos.

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

El Covid hace más vulnerable a Latinoamérica frente a potencias externas y mafias internas

SEGURIDAD MARÍTIMA

La pesca incontrolada china alerta a los gobiernos con los principales caladeros amenazados

Paola Rosenberg

PRESENCIA EXTRAHEMISFÉRICA

Diplomacia de las vacunas: más dosis ‘occidentales’, pero China y Rusia consolidan su penetración

Emili J. Blasco

PRESENCIA EXTRAHEMISFÉRICA

Irán toma oro de una Venezuela que ya no tiene petróleo con qué pagar los favores

María Victoria Andarcia

REACCIÓN DE ESTADOS UNIDOS

El Comando Sur de EEUU extrema su advertencia sobre el avance de China en la región

Diego Diamanti

MARAS

Estados Unidos comienza a perseguir como terroristas a miembros de la MS-13

Xabier Ramos Garzón

SEGURIDAD CIUDADANA

El proceso de paz y el Covid reducen los homicidios en Colombia a mínimos históricos

Isabella Izquierdo

NARCOTRÁFICO

Aumentan los ‘ensayos’ de cultivo de coca en Honduras y Guatemala, antes solo países de paso

Eduardo Villa Corta

NARCOTRÁFICO

Paraguay se mantiene como principal productor de marihuana de Sudamérica

Eduardo Uranga

May 3, 2021

ESSAY /  María Rodríguez Reyero

One of the main questions that arise after a conflict comes to an end is what the reconstruction process should be focused on. Is it more important to forget the past and heal the wounds of a community or to ensure that the perpetrators of violence are fairly punished? Is the concept of peacebuilding in post-conflict societies compatible with justice and the punishment for crimes? Which one should prevail? And most importantly, which one ensures a better and more sustainable future for the already harshly punished inhabitants?

One of the main reasons in defence of the promotion of justice and accountability in post-conflict communities is its significance when it comes to retributive reasons: those who committed such atrocious crimes deserve to get the consequences. The accountability also discourages future degradations, and some mechanisms such as truth commissions and reparations to the victims allow them to have a voice, as potentially cathartic or healing. They may also argue that accountability processes are essential for longer-term peacemaking and peacebuilding. Another reason for pursuing justice and accountability is how the impunity of past crimes could affect the legitimacy of new governments, as impunity for certain key perpetrators will undermine people’s belief in reconstruction and the possibilities for building a culture of respect for rule of law.[1]

On the other hand, peacebuilding, which attempts to address the underlying causes of a conflict and to help people to resolve their disputes rather than aiming for accountability, remains a quite controversial term, as it varies depending on its historical and geographical context. In general terms, peacebuilding encompasses activities designed to solidify peace and avoid a relapse into conflict[2]. According to Brahimi, those are undertaken to reassemble the foundations of peace and provide tools for building up those foundations, more than just focusing on the absence of war[3]. Some of the employed tools to achieve said aims typically include rule of law promotion and with the tools designed to promote security and stability: disarmament, demobilization, and reintegration of ex-combatants (DDR), and security sector reform (SSR) and others such as taking custody of and destroying weapons, repatriating refugees, offering advisory and training support for security personnel, monitoring elections, advancing efforts to protect human rights, reforming or strengthening government institutions and promotion of the formal and informal process of political participation.[4]

Those conflict resolution and peacebuilding activities can be disrupted by accountability processes.[5] The concern is that accountability initiatives might even block possible peace agreements and lengthen the dispute as they remove the foundations of the conflict, making flourish bad feelings and resentment amongst the society. The main reason behind this fear is that those likely to be targeted by accountability mechanisms may therefore resist peace deals. This explains why on many occasions and aiming for peace, amnesties have been given to secure peace agreements Likewise, there is a prevailing concern that transitional justice tools may reduce the impact in the short term the durability of a peace settlement as well as the effectiveness of further peace-building actions.

Despite the arguments in favour and against both mechanisms, the reality is that in practice post-conflict societies tend to strike a balance between peacebuilding and transitional justice. Both are multifaceted processes that do not rely on one system to accomplish their ends, that frequently converge. However, their activities on occasions collide and are not complimentary. This essay examines one of the dilemmas in building a just and durable peace: the challenging and complex relationship between transitional justice and peacebuilding in countries emerging from conflict.

To do so, this essay takes into consideration Rwanda, a clear example of the triumph of transitional justice, after a tragic genocide in 1994. From April to July 1994, between 800,000 and one million ethnic Tutsis were brutally killed during a 100-day killing spree perpetrated by Hutus[6]. After the genocide, Rwanda was on the edge of total collapse. Entire villages were destroyed, and social cohesion was in utter deterioration. In 2002, Rwanda boarded on the most arduous practice in transitional justice ever endeavoured: mass justice for mass atrocity, to judge and restart a stable society after the bloody genocide. To do so, Rwanda decided to put most of the nation on trial, instead of choosing, as other post-conflict states did (such as Mozambique, Uganda, East Timor, or Sierra Leone), amnesties, truth commissions, selective criminal prosecutions.[7]

On the other hand, Sierra Leone is a clear example of the success of peacebuilding activities, after a civil war that led to the deaths of over 50,000 people and a poverty-stricken country. The conflict faced the Revolutionary United Front (RUF[8]) against the official government, due to a context of bad governance and extensive injustice. It came to an end with the Abuja Protocols in 2001 and elections in 2002. The armed factions endeavoured to avoid any consequences by requesting an amnesty as well as reintegration assistance to ease possible societal ostracism. It was agreed only because the people of Sierra Leone so severely needed the violence to end. However, the UN representative to the peace negotiations stated that the amnesty did not apply to international crimes, President Kabbah asked for the UN’s assistance[9] and it resulted in the birth of Sierra Leone’s Truth and Reconciliation Commission (TRC) and the Special Court for Sierra Leone (SCSL or Special Court).[10]

Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) and transitional justice

Promoting short and longer-term security and stability in conflict-prone and post-conflict countries in many cases requires the reduction and structural transformation of groups with the capacity to engage in the use of force, including armies, militias, and rebel groups. In such situations, two processes are of remarkable benefit in lessening the risk of violence: DDR (disarmament, demobilization, and reintegration) of ex-combatants; and SSR (security sector reform).

DDR entails a range of policies and programs, supporting the return of ex-combatants to civilian life, either in their former communities or in different ones. Even if not all ex-combatants are turned to civilian life, DDR programs may lead to the transfer and training, of former members of armed groups to new military and security forces. The essence of DDR programming and the guarantees it seeks to provide is of utmost importance to ensuring peacebuilding and the possibility of efficient and legitimate governance.

It is undeniable that soldiers are unquestionably opposing to responsibility processes enshrined in peace agreements: they are less likely to cede arms if they dread arrest, whether it is by an international or domestic court. This intensifies their general security fears after the disarming process. In many instances, ex-combatants are integrated into state security forces, which makes the promotion of the rule of law, difficult, as the groups charged with enforcing new laws may have the most to lose through the implicated reforms. It is also likely to lessen citizen reliance on the security forces. The incorporation of former fighters not only in the new military but also in new civilian security structures is common: for example, in Rwanda, the victorious RPF dominated the post-genocide security forces.

While the spectre of prosecutions most obviously may impede DDR processes, there is a lesser possibility that it might provide incentives for DDR, as might happens where amnesty or reduced sentences are offered as inducements for combatants to take part in DDR processes. For them to be effective, the reliability of both the threat of prosecution and the durability of amnesty or other forms of protection are essentials whether it is in national or international courts. Even if this is not related to the promotion of transitional justice processes, it is another example of how it can have a long-term effect on the respect of human rights and the prevention of future breaches.

As previously stated, some DDR and transitional justice processes may share alike ends and even employ similar mechanisms. A variety of traditional processes of accountability and conflict resolution often also seek to promote reconciliation. DDR programs increasingly include measures that try to encourage return, reintegration, and if possible, reconciliation within communities. This willingness of victims to forgive and forget could in theory be promoted through a range of reconciliation processes like the ones promoted by transitional justice with the assistance of tools like truth commissions, which facilitate a dialogue that allows inhabitants to move forward while accepting the arrival of former perpetrators.  

The triumph of the Rwandan Patriotic Front (RPF) in 1994 finally put an end to the genocide in the country. The new government focused on criminal accountability for the 1994 genocide and as a result of this prioritization, the needs of survivors have not been met completely Rwanda is the paradigm and perfect example of prosecution of perpetrators of mass atrocity by the employment of transitional justice mechanisms, that were kept separated from DDR programs in order not to interfere with the attribution of responsibilities.[11] The Rwandan one is a case where DDR largely worked notwithstanding firmly opposing amnesty. Proof of this outstanding DDR success is how Rwanda has managed to successfully reintegrate around 54,000 combatants since 1995 thanks to the work of the Rwandan Demobilization and Reintegration Commission (RDRC). Another clear evidence of the effectiveness of DDR methods in Rwanda is the reintegration of child soldiers. Released child soldiers were installed in a special school (Kadogo School), which started with 2,922 children. By 1998 when it closed, the RDRC reported that 73% of its students had reunited with one or both parents successfully.[12]

On the other hand, Sierra Leone’s case on DDR was quite different from Rwanda’s success, as Sierra Leone's conflict involved the prevalence of children associated with armed forces and groups (CAAFG). By the time the civil war concluded in 2002, data from UNICEF estimates that roughly 6,845 children have been demobilized,[13] although the actual number could be way higher. Consequently, the DDR program in Sierra Leone is essentially focused on the reintegration of young soldiers, an initiative led by UNICEF with the backing of some local organizations, as the National Committee on DDR (NCDDR)of Sierra Leone. Nonetheless, in practice, Sierra Leone's military did not endure these local guidelines, and as a result the participation of children in the process often had to be arranged by UNICEF peacekeepers in most cases. In addition to that initial local reluctance, some major quandaries aroused when it came to the reintegration of children in the new peace era in Sierra Leone, mainly due to the tests and requirements for children to have access to DDR programs, such as to present a weapon and demonstrate familiarity with it.[14] As a result, many CAAFG were excluded from the DDR process, primarily girls who were predominantly charged with non-directly military activities such as “to carry loads, do domestic work, and other support tasks.”[15]

Thus, the participation of girls in Sierra Leone’s DDR was particularly low and many never even received support. While it is not clear how many girls were abducted during the war, data from UNICEF calculates that out of the 6,845 overall children demobilized, 92% were boys and only 8% were girls. The Women's Commission for Refugee Women and Children has pointed out that as many as 80 per cent of rebel soldiers were between the ages of 7 and 14, and escapees from the rebel camps reported that the majority of camp members were young captive girls.[16] Research also reported that 46% of the girls who were excluded from the program confirmed that not having a weapon was the reason for exclusion. In other cases, girls were not permitted by their husbands to go through the DDR,2 whilst others chose to opt-out themselves due to worry of stigmatization back in their neighbourhoods.[17]  It is worth noting that many of those who succeeded to go through the demobilization phase “reported sexual harassment at the ICCs, either by male residents or visiting adult combatants”, while others experienced verbal abuse, beatings, and exclusion in their communities.[18]

Another problem that underlines the importance of local leadership in DDR processes is that the UN-driven DDR program lets children decide to receive skill training rather than attending school if they were above 15 years. However, the program provided little assistance with finding jobs upon completion of the apprenticeship. Besides, little market examination was done to learn the demands of the local economy where children were trying to reintegrate into, so they are far more than the Sierra Leonean economy could absorb, which resulted in a lack of long-term employment for demobilized child soldiers. Studies by the Coalition to Stop the Use of Child Soldiers[19] and Human Rights Watch[20] revealed that adolescents who had beforehand been part of armed organizations during the war in Sierra Leone were re-recruited in Liberia or Congo because of the frustration and the lack of economic options for them back in Sierra Leone.

Promotion of the rule of law and its contributions to peacebuilding

Amongst many others, the promotion of the rule of law in post-conflict countries is a fundamental factor in peacebuilding procedures. It contributes to eradicating many of the causes of emerging conflicts, such as corruption, disruption of law... Even if it may seem contradictory, peacebuilding activities in support of the rule of law may become contradictory to transitional justice. Sometimes processes of transitional justice may displace resources, both capital, and human, that might otherwise be given to strengthening the rule of law. For instance, in Rwanda, it has been claimed that the resources invested in the development and assistance to national courts should have been equal to those committed to the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), and the extent to which trials at the ICTR have had an impact domestically remains to be seen.

However, transitional justice also presents other challenges to the reconstruction of the rule of law. Transitional justice processes might also destabilize critically imperfect justice sectors, making it more difficult to improve longer-term rule of law. They can stimulate responses from perpetrators which could destabilize the flimsy harmony of nascent governments, as they might question its legitimacy or actively attempt to undermine the authority of public institutions. Judging former perpetrators is an arduous task that is also faced with corruption and lack of personal and resources on many occasions. Additionally, the effort by national courts to prosecute criminals is an undue burden on the judicial system, which is severely damaged after a conflict and in many cases not ready to confront such atrocious crimes and the long processes they entail. Processes to try those accused of genocide in Rwanda, where the national judicial system was devasted after the genocide, have put great pressure on the judicial system, and the lack of capacity has resulted that many arrested remained in custody for years without having been convicted or even having had their cases heard, in the majority of the cases in appalling prison conditions. Such supposed accountability initiatives may have a counterproductive effect, contributing to a sense of impunity and distrust in justice processes.

Despite the outlined tensions, transitional justice and rule of law promotion are also capable to work towards the same ends. A key goal of transitional justice is to contribute to the rebuilding of a society based on the rule of law and respect for human rights, essential for durable peace. The improvement of a judiciary based on transparency and equality is strictly linked to the ability of a nation to approach prior human rights infringements after a conflict.[21] Both are potentially mutually reinforcing in practice if complementarities can be exploited. Consequently, rule of law advancement and transitional justice mechanisms however combine in some techniques.

To start with, the birth of processes to address past transgressions perpetrated during the conflict, both international and domestic processes, can help to restore confidence in the justice sector, especially when it comes to new arising democratic institutions. The use of domestic courts for accountability processes helps to place the judiciary at the centre of the promotion and protection of human rights of the local population, which contributes to the intensification of trust not only in the judicial system but also in public institutions and the government in general. Government initiation of an accountability process may indicate an engagement to justice and the rule of law beforehand. Domestically-rooted judicial processes, as well as other transitional justice tools, such as commissions of inquiry, may also support the development of mechanisms and rules for democratic and fair institutions by establishing regularized procedures and rules and promoting discussions rather than violence as a means of resolving differences and a reassuring population that their demands will be met in independent, fair and unbiased fora, be this a regular court or an ad hoc judicial or non-judicial mechanism. This is not to assume that internationally driven transitional justice mechanisms do not have a role to play in the development of the rule of law in the countries for which they have been established, as the hybrid tribunal of Sierra Leone demonstrates.[22]

In general terms, the refusal of impunity for perpetrators and the reformation of public institutions are considered the basic tools for the success of transitional justice. Transcending the strengthening of the judiciary, different reform processes can strengthen rule of law and accountability: institutions that counteract the influence of certain groups (including the government) like human rights commissions or anti-corruption commissions, may contribute to the establishment of a strong institutional and social structure more capable of confronting social tensions and hence evade the recurrence to conflict.[23]

Achieving an effective transitional justice strategy in Rwanda is an incredible challenge taking into consideration the massive scale as well as the harshness of the genocide, but also because of the economic and geographical limitations that make perpetrators and survivors live together in the aftermath. To facilitate things, other post-conflict states with similarly devastatingly high numbers of perpetrators have opted for amnesties or selective prosecutions, but the Rwandan government is engaged in holding those guilty for genocide responsible, thus strongly advocating for the employment of transitional justice. This is being accomplished through truth commissions, Gacaca traditional courts, national courts, and the international criminal tribunal for Rwanda combined. This underlines the dilemma of whether national or international courts are more efficient in implementing transitional justice.

Gacaca focuses on groups rather than individuals, seeks compromise and community harmony, and emphasizes restitution over forms of punishment. Moreover, it is characterized by accessibility, economy, and public participation. It encourages transparency of proceedings with the participation of the public as witnesses, who gain the truth about the circumstances surrounding the atrocities suffered during the genocide. Also, it provides an economic benefit, as Gacaca courts can try cases at a greater speed than international courts, thus reducing considerably the monetary cost as the number of incarcerated persons waiting for a trial is significantly reduced.

Alongside the strengths of the Gacaca system come flaws that seem to be inherent in the system. Many have come to see the Gacaca as an opportunity to require revenge on enemies or to frighten others with the threat of accusation, instead of injecting a sense of truth and reconciliation: the Gacaca trials have aroused concern and intimidation amongst many sectors of the population. Additionally, the community service prescribed to convicted perpetrators frequently is not done within the community where the crime was committed but rather done in the form of public service projects, which enforces the impression that officials may be using the system to benefit the government instead of helping the ones harmed by the genocide. Another proof of the control of Gacaca trials for benefit of the government is manifested by the prosecutions against critics of the post-genocide regime.

On the other hand, Sierra Leone’s situation is very different from the one in Rwanda. To help restore the rule of law, the Special court settled in Sierra Leone must be seen as a role model for the administration of justice, and to promote deterrence it must be deemed credible, which is one of its main problems.[24] There is little confidence in the international tribunals amongst the local population, as the Court’s nature makes it non-subordinated to the Sierra Leonean court system, and thus being an international tribunal independent from national control.[25] Nevertheless, it is considered as a “hybrid” tribunal since its jurisdiction extends over both domestic and international crimes and it relies on national authorities to enforce its orders. Still, in practice, there is no genuine cooperation between the government and the international community, as there is a limited extent of government participation in the Special Court’s process and the lack of consultation with the Sierra Leonean population before the Court’s endowment. This absence of national participation, despite causing scepticism over citizens, has the benefit that it remains more impartial when it comes to the proceedings against CDF leaders.

Another major particularity of the case of Sierra Leone and its process of implementation of transitional justice is once again the high degree of implication of children in the conflict, not only as victims but also as perpetrators of crimes. The responsibility of child soldiers for acts committed during armed conflict is a quite controversial issue. In general, under international law, the prosecution of children is not forbidden. However, there is no agreement on the minimum age at which children can be held criminally responsible for their acts. The Rome Statute, instituting the International Criminal Court (ICC), only provides the Court jurisdiction over people over eighteen years. Although not necessarily directly addressed to the prosecution of child soldiers, Article 40 of the Convention on the Rights of the Child foresees the trials of children (under eighteen), ordering that the process should consider their particular needs and vulnerabilities due to their shortage.

The TRC for Sierra Leone was the first one to focus on children's accountability, directly asserting jurisdiction over any person who committed a crime between the ages of fifteen and eighteen. Concerning child soldiers, the commission treated all children equally, as victims of war, but also studied the double role of children as both victims and perpetrators. It emphasized that it was not endeavouring to guilt but to comprehend how children came to carry out crimes, what motivated them, and how such offences might be prevented. Acknowledging that child soldiers are essentially victims of serious abuses of human rights and prioritizing the prosecution of those who illegally recruited them is of utmost importance. Meticulous attention was needed to guarantee that children’s engagement did not put them at risk or expose them to further harm. Proper safeguard and child-friendly procedures were ensured, such as special hearings, closed sessions, a safe and comfortable environment for interviews, preserving the identity of child witnesses, and psychological care, amongst others.

However, shall children that have committed war crimes be prosecuted in the first place? If not, is there a risk that tyrants may assign further slaughter to be performed by child soldiers due to the absence of responsibility they might possess? The lack of prosecution could immortalize impunity and pose a risk of alike violations reoccurring eventually, as attested by the re-recruitment of some child soldiers from Sierra Leone in other armed conflicts in the area, such as in Liberia. Considering the special conditions of child soldiers, it becomes clear that the RUF adult leaders primarily are the ones with the highest responsibility, and hence must be prosecuted.[26]

It is known that both the Sierra Leonean government and the RUF were involved in the recruitment of child soldiers as young as ten years old, which is considered a violation of both domestic and international humanitarian law. Under domestic law, in Sierra Leone, the minimum age for voluntary recruitment is eighteen years. International humanitarian law, (Additional Protocol II) fifteen is established as the minimum age qualification for recruitment (both voluntary or compulsory) or participation in hostilities (includes direct participation in combat and active participation linked to combat such as spying, acting as couriers, and sabotage.). Additionally, the African Charter on the Rights and Welfare of the Child[27] to which Sierra Leone is a signatory, requires “state parties . . . to take all necessary measures to ensure that no child below age eighteen shall take direct part in hostilities” and “to refrain in particular from recruiting any child.”

Nevertheless, victims who have been hurt by children also have the right to justice and reparations, and it also comes to ask whether exempting children of accountability for their crimes is in their best interest. When the child was in control of their actions (not coerced, drugged, or forced) acknowledgement might be an important part of personal healing that also adds to their acceptance back in their communities. The prosecution, however, should not be the first stage to hold child soldiers accountable, as TRC in Sierra Leone also performs alternatives, so the possibility of using those should first be inquired, as these alternatives put safeguards to ensure the best interest of the child and the main aim is restorative justice and not criminal prosecution.

Conclusions

Finally, after parsing where peacebuilding and justice clash and when do they have shared methods, we can assert that establishing an equitable and durable peace requires pursuing both peacebuilding and transitional justice activities, taking into consideration how they interact and the concrete needs of each community, especially when it comes to the needs of former child soldiers and the controversial debate around the need for their accountability and reinsertion in communities, as despite the pioneer case of Sierra Leone, the unusual condition of a child combatant, which is both victim and perpetrator still presents dilemmas concerning their accountability in international criminal law.[28]

Additionally, it becomes of utmost importance in assessing post-conflict societies, whether it is to implement peacebuilding measures such as DDR or to apply justice and search for accountability, that international led initiatives include in their program’s local organizations. Critics of international criminal justice often assume that criminal accountability for genocide, crimes against humanity, and war crimes are better handled at the national level. While this may well hold for liberal democracies, it is far more problematic for post-conflict successor regimes, where the benefits of the proximity to the affected population must be seriously weighed against the challenges facing courts placed in conflict-ridden societies with weak and corrupt judiciaries. 

Local systems however have more legitimacy and capacity than devastated formal systems, and they promise local ownership, access, and efficiency, which seems to be the most appropriate way to ensure peace and endurability of peace. Additionally, restorative justice methods put into place thanks to local initiatives emphasize face-to-face intervention, where offenders have the chance to ask for forgiveness from the victims. In many cases restitution replace incarceration, which facilitates the reintegration of offenders into society as well as the satisfaction of the victims.

To conclude, it has become clear that improving the interaction between peacebuilding and transitional justice processes requires coordination as well as a deep knowledge and understanding of said community. It is therefore not a question of deciding whether peacebuilding initiatives or transitional justice must be implemented, but rather to coordinate their efforts to achieve a sense of sustainable and most-needed peace in post-conflict countries. Taken together, and despite their contradictions, these processes are more likely to succeed in their seek to foster fair and enduring peace.

[1] Sooka, Y., 2006. Dealing with the past and transitional justice: building peace through accountability. [online] International Review of the Red Cross. https://www.corteidh.or.cr/tablas/a21925.pdf [Accessed 5 April 2021].

2Boutros-Ghali, B. (1992). An Agenda for Peace:Preventive Diplomacy, Peacemaking and peace-keeping.Report of the Secretary-General UN: https://digitallibrary.un.org/record/145749 [Accessed 5 April 2021].

[3]Brahimi. (s.f.). Report of the Panel on United Nations Peace Operations. 55th Session: Brahimi Report | United Nations Peacekeeping  [Accessed 5 April 2021].

[4] United Nations Secretary General (1992). "An Agenda for Peace, Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping UN Doc. A/47/277 - S/24111, 17 June.", title VI, paragraph 55.<A_47_277.pdf (un.org)>. [Accessed 5 April 2021].

[5] Sooka, Y., 2006. Dealing with the past and transitional justice: building peace through accountability. [online] International Review of the Red Cross. Available at: < https://www.corteidh.or.cr/tablas/a21925.pdf > [Accessed 5 March 2021].

[6] Roser, M. and Nagdy, M., 2021. Genocides. [online] Our World in Data. Available at: < Genocides - Our World in Data > [Accessed 5 March 2021].

[7] Waldorf, L., 2006. Mass Justice For Mass Atrocity: Rethinking Local Justice As Transitional Justice. [online] Temple Law Review. Available at: < https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/temple79&div=7 > [Accessed 5 March 2021].

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[23] Herman, J., Martin-Ortega, O. and Sriram, C., 2012. Beyond justice versus peace: transitional justice and peacebuilding strategies. 1st ed. Routledge. <Beyond justice versus peace: transitional justice and peacebuilding strategies | Taylor & Francis Group> [Accessed 5 March 2021]

[24] Stensrud, E., 2009. New Dilemmas in Transitional Justice: Lessons from the Mixed Courts in Sierra Leone and Cambodia. [online] Journal of peace research. Available at: <New Dilemmas in Transitional Justice: Lessons from the Mixed Courts in Sierra Leone and Cambodia on JSTOR> [Accessed 5 March 2021].

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[Carlos Lopes, Africa in Transformation: Economic Development in the Age of Doubt (London: Palgrave, 2018), 175 pp]

May 3, 2021

REVIEW /  Emilija Žebrauskaitė

The emergence of a new discourse about ‘Africa rising’ is not at all surprising. After all, the continent is home to many fastest-growing economies of the world and the African sub-regions experienced economic growth way above the world average for more than a decade. New opportunities are opening up in the continent and Africa is becoming to be viewed as an attractive opportunity for investments and entrepreneurship. 

However, Carlos Lopes views the discourse about ‘Africa rising’ as a narrative that was created by foreigners interested in the continent and the economic opportunities it offers, without the consideration to the Africans themselves. In his book Africa in Transformation: Economic Development in the Age of Doubt Lopes presents an alternative view of the continent, it’s challenges and achievements: an alternative view that is centered on Africans and their needs as opposed to the interests of the foreign investors.

The book describes a wide scope of topics from political to economic to intellectual transformation, all of them focusing on the rethinking of the traditional development models and providing a new, innovative approach to building the continent and its future.

One of the main points Lopes highlights is the importance of the agricultural transformation in Africa as a starting point for industrialization and development. The agricultural sector provides nearly 65% of Africa’s population with employment. It is, therefore, one of the most important sectors for the continent. Drawing on historical evidence of other countries successfully climbing out of poverty relying on the transformation of the local agriculture, he comments that while some African countries have managed to increase their agricultural production, comparing to the rest of the world, the progress so far is pretty modest.

Lopes also points out that countries with low agricultural production are less industrialised as well. The solution he offers for Africa’s industrialisation starts with agricultural transformation. He argues that the first step is the need for agricultural transformation that would lead to increased labour productivity, which would, in turn, lead to greater access to food per unit of labour, reducing the price of food relative to the income of the worker of the agricultural sector, allowing for the budget surplus to appear and become an impetus for the demand of goods and services beyond the agricultural sector.

While Lopes argues that the increase of Africa’s labour productivity is as best “modest” compared to other developing regions of the world, at first glance this statement might seem contradictory to the fact that many African countries are among the fastest-growing economies of the world. However, the critique of Lopes highlights that despite the economic growth of the continent, it did not generate sufficient jobs, nor it was equally distributed across the continent. Furthermore, the growth did not protect African economies from the rocky nature of the commodity exports on which the continent relies, making the growth unstable.

According to Lopes, not only the diversification of the production structures is required, there is a need for the creation of ten million new jobs in order to absorb the immense youth number entering the markets. As the trade liberalisation forced unequal competition upon local African industries, Lopes suggests using smart protectionist measures that are not directly trade-related and therefore outside of the influence of WTO. In the end, the African economy must be internally driven and less dependent, and the policies should focus to protect it.

This leads us to another focus of the book, namely the lack of policy space for African countries. The economic and political theories reflected upon Africa by the developed countries, specifically the US, do not leave enough space for African countries to develop their own policies based on local circumstances and necessities. In cases where the ideas imposed from abroad fail to function in African circumstances, the continent is left without much space for adjustment. Lopes discusses the failure of the Bretton Woods institutions to remain impartial in their policymaking, and the disastrous effect the neo-liberal policies, enforced on the whole world until the crisis of 2008.

While Lopes agrees that the lack of the capability of enforcing the IMF and World Bank policies by the implementing countries contributed to their ineffectiveness, the lack of flexibility from the part of the international organizations to adapt the policies to the regional circumstances and the arrogant denial to admit their inefficiency were the major factors contributing to the negative social impact, namely inequality, that neo-liberalism enhanced in Africa. According to Lopes, now that the trustworthiness of the international financial institutions has decreased, more space is left for Africa to reformulate and enforce its own policies, adapting them to the existing circumstances and needs.

In the end, the book approaches the problems faced by modern-day Africa from a multidisciplinary point of view, discussing topics ranging from ideology and ecology to economy and politics. Carlos Lopes is a loud and confident voice when it comes to the contribution of the ‘Africa rising’ narrative. While he does not deny the accomplishment of the continent, he is cautious about the narrative that portrays Africa as an economic unit, interesting due to and only because of new economic possibilities that are opening for foreign interests. His alternative is the idea of ‘Africa in transformation’ – the view that focuses on the growth of the possibilities for the people of Africa and transformation of a continent from an object of someone’s exploitation, to a place with its own opportunities and opinions, offering the world new ideas on the most important topic of contemporary international debates.

Primer encuentro de alto nivel EEUU-China de la era Biden, celebrado en Alaska el 18 de marzo de 2021 [Dpto. de Estado]

ENSAYO /  Ramón Barba

El presidente Joe Biden está construyendo con cautela su política para el Indo-Pacífico, buscando construir una alianza con India sobre la que construir un orden que contrarreste el auge chino. Tras su entrada en la Casa Blanca, Biden ha mantenido el foco de atención en esta región, aunque con un enfoque diferente al de la Administración Trump. Si bien es cierto que el objetivo principal sigue siendo contener a China y defender el libre comercio, Washington está optando por un acercamiento multilateral que otorga mayor protagonismo al QUAD[1] y cuida especialmente la relación con India. Como abanderada del mundo libre y de la democracia, la Administración Biden pretende renovar el liderazgo estadounidense en el mundo y particularmente en esta decisiva región. No obstante, aunque la relación con India se encuentra en un buen momento, especialmente teniendo en cuenta la firma del acuerdo BECA[2] alcanzado al final de la Administración Trump, la interacción entre ambos países está lejos de consolidar una alianza.

La nueva presidencia de Estados Unidos se encuentra con un puzle muy complicado de resolver en Indo-Pacífico, cuyos principales actores son China y la India. Por lo general, nos encontramos con que, de las tres potencias, solo Pekín ha sabido gestionar con éxito la situación post-pandemia[3], mientras que Delhi y Washington siguen enfrentando una crisis tanto sanitaria como económica. Todo ello puede afectar a la relación entre India y Estados Unidos, en especial en lo comercial[4], no obstante, y a pesar de que Biden aún no ha demostrado cuál va a ser su estrategia en la región, todo parece que la relación entre ambas potencias va a ir a más[5]. Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos quiere llevar a cabo una política de alianzas multilateral y profundizar en su relación con la India, la Administración Biden deberá tener en cuenta diversas dificultades antes de poder hablar de una alianza como tal.

Biden comenzó a actuar en esta dirección desde el primer momento. En primer lugar estuvo en febrero la reunión del QUAD[6], que algunos consideran una mini OTAN[7] para Asia, en la que se discutieron cuestiones relativas a la distribución de la vacuna en Asia (pretendiendo distribuir un billón de dosis en 2022), la libertad de navegación en los mares de la región, la desnuclearización de Corea del Norte y la democracia en Myanmar. Además, el Reino Unido parece estar mostrando un interés mayor en la región y en este grupo de diálogo. Por otro lado, a mediados de marzo hubo una reunión en Alaska[8] entre las diplomacias de China y de Estados Unidos (encabezadas, respectivamente, por Yang Jiechi, director de la Comisión Central de Asuntos Exteriores, y Antony Blinken, secretario de Estado), en la cual ambos países se reprocharon duramente sus políticas. Washington se mantiene firme en sus intereses, aunque abierto a cierta colaboración con Pekín, mientras que China insiste en rechazar cualquier injerencia en lo que considera sus asuntos internos. Por último, cabe mencionar que Biden parece estar dispuesto a organizar una cumbre de democracias[9] en su primer año de mandato.

Tras los contactos que también hubo en Alaska entre los titulares de Defensa de China y de Estados Unidos, Austin Lloyd[10], jefe del Pentágono, visitó la India para remarcar la importancia de la cooperación indo-estadounidense. Además, a comienzos de abril se produjo la participación de Francia en las maniobras navales La Pérouse[11] en la Bahía de Bengala, dando lugar a la posibilidad de un QUAD-plus en el que, además de las cuatro potencias originales, se integren también otros países.

El Indo-Pacífico recordemos, se asienta como el presente y el futuro de las relaciones internacionales debido a su importancia económica (sus principales actores, India, China y EEUU representan el 45% del PIB mundial), demográfica (albergando un 65% de la población de todo el Globo) y, como veremos a lo largo del presente artículo, geopolítica[12].

Las relaciones entre EEUU, China e India

La Administración Biden parece ser continuista con la línea seguida por Trump, puesto que los objetivos no han variado. Lo que sí que cambia es el acercamiento hacia el objeto de la cuestión, que en este caso no es otro que la contención de China y la libertad de navegación en la región, ahora bien, en base a una gran apuesta por el multilateralismo. Como bien dijo el nuevo sucesor de George Washington en su toma de posesión[13], Estados Unidos quiere retomar su liderazgo, pero de una manera diferente a la de la Administración anterior; esto es, mediante una fuerte política de alianzas, un liderazgo moral y una fuerte defensa de valores como la dignidad, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

La nueva presidencia concibe a China como un rival para tener en cuenta[14], al igual que la Administración Trump, pero no ve esto como un juego de suma cero, puesto que, aunque declara abiertamente estar en contra de la actuación de Xi, abre la puerta al diálogo[15] en materias como el cambio climático o la sanidad. Por lo general, en línea con lo visto en Nuevas tensiones en Asia Pacífico[16], Estados Unidos apuesta por un multilateralismo que busca rebajar la tensión. Recordemos que Estados Unidos propugna la defensa de la libre navegación y el Estado de Derecho, así como de la democracia en una región en la que está viendo mermada su influencia por el creciente peso de China.

Para entender bien el estado de las relaciones entre Estados Unidos, China e India cabe que remontarse a 2005[17], cuando todo parecía ir bien. En lo relativo a la relación sino-india, ambas naciones habían resuelto sus disputas motivo de los ensayos nucleares de 1998; además, su presencia en foros regionales era creciente y parecía que la cuestión relativa a las disputas transfronterizas comenzaba a arreglarse. Por su parte, Estados Unidos gozaba de buenas relaciones comerciales con ambos países. Sin embargo, el cambio de patrones en la economía mundial, motivado por el auge de China; la crisis financiera de 2008, surgida en Estados Unidos, y la inhabilidad de India para mantener la tasa de crecimiento rompieron este equilibrio. A ello contribuyó la actitud tirante de Donald Trump. No obstante, hay quien argumenta que la rotura del orden posterior a la Guerra Fría en Asia Pacífico comenzó con el “pivote hacia Asia”[18] de la Administración Obama. A ello hay que añadir los pequeños roces que China ha tenido con ambas naciones.

Brevemente, cabe mencionar que entre India y China existen problemas fronterizos[19] que a partir de 2013 se han ido reavivando. A su vez, India es contraria a la hegemonía china; no quiere verse subyugada por Pekín y apuesta claramente por el multilateralismo. Finalmente, existen problemas en lo relativo al dominio marítimo debido a que el Estrecho de Malaca está al límite de su capacidad. Además, Delhi reclama como suyas las islas Adaman y Nicobar, en la ruta de acceso a Malaca. Es más, como India ahora se encuentra muy por debajo del poder militar y económico de China[20] –roto el equilibrio que había entre las dos potencias en 1980–, intenta poner trabas a Pekín para así contenerle.

Estados Unidos mantiene roces de tipo ideológico con China, debido al carácter autoritario del régimen de Xi Jinping[21], y comercial, en una pugna[22] que Pekín pretende aprovechar para aminorar la influencia estadounidense en la zona. En medio de este conflicto está India, que apoya a Estados Unidos puesto que, aunque no parece querer estar del todo en contra de China[23], rechaza una hegemonía regional china[24].

Según el último informe del CEBR[25], China superará a Estados Unidos como potencia mundial en 2028, antes de lo previsto en proyecciones anteriores, en parte gracias a cómo ha gestionado la emergencia del coronavirus: ha sido el único gran país que tras la primera oleada ha evitado una crisis. Por otro lado, Estados Unidos ha perdido la batalla contra la pandemia; se espera que se crecimiento económico entre 2022-2024 sea del 1.9% del PIB y se reduzca al 1.6% en los siguientes ejercicios[26], mientras que China, según el informe estará entre 2021-2025 creciendo al 5.7%[27].

Para China la pandemia ha sido una forma de indicar su lugar en el mundo[28], una manera de avisar a Estados Unidos de que está lista para tomar el testigo como líder de la comunidad internacional. A ello cabe aunarle la actitud beligerante de China en la región de Asia Pacífico, así como su crecimiento hegemónico en la zona y proyectos comerciales con África y Europa. Todo ello ha llevado a desequilibrios en la región que implican los movimientos de Washington en lo relativo al QUAD. Recordemos que, a pesar de su rol menguante como potencia, a Estados Unidos le interesa la libertad de navegación por razones tanto comerciales como militares[29].

Así pues, el auge económico chino ha dado lugar a un empeoramiento de la relación entre Washington y Pekín[30]. Además, aunque Biden apuesta por la cooperación en lo relativo a la pandemia y al cambio climático, desde algunos sectores de la política americana se habla de una competición inevitable entre ambos países[31].

El grado de alianza entre EEUU e India

En línea con lo expuesto anteriormente podemos observar que nos movemos en tesituras delicadas, tras el cambio en la Casa Blanca. Enero y febrero han sido meses de pequeños movimientos por parte de Estados Unidos e India, que no han dejado indiferente a China. Aunque la relación chino-estadounidense ha beneficiado a ambas partes desde su inicio (1979)[32], creciendo el comercio entre ambos países en un 252% desde entonces, la realidad es que ahora los niveles de confianza están por los suelos, habiendo suspendido más de 100 mecanismos de diálogo entre ellos. Por lo tanto, aunque no se prevé un conflicto, sí que se pronostica un aumento de la tensión ya que, lejos de poder cooperar en amplios campos, por el momento solo parecen viables cooperaciones leves y limitadas. A su vez, recordemos que China se ve muy afectada por el Dilema de Malaca[33], por lo que busca otros accesos al Océano Índico, dando lugar a disputas territoriales con la India, con quien ya tiene el problema territorial de Ladakh[34]. En medio de esta Trampa de Tucídides[35], en la que China parece amenazar con superar a Estados Unidos, Washington se ha ido acercando a Nueva Delhi.

Por consiguiente, ambos países han ido desarrollando una colaboración estratégica[36], basada esencialmente en seguridad y defensa, pero que Estados Unidos busca ampliar a otras áreas. Bien es cierto que los problemas de Delhi están en el Índico y los de Washington en el Pacífico; sin embargo, ambos tienen a China[37] como denominador común. Su relación, además, se ve muy marcada por la ya expuesta “crisis tripartita”[38] (sanitaria, económica y geopolítica).

A pesar de la intensa cooperación entre Washington y Nueva Delhi, encontramos dos puntos de vista diferentes en lo relativo a este “partnership”. Mientras que desde Estados Unidos se afirma que India es un aliado muy importante, con el que comparte mismo sistema político y una intensa relación comercial[39], India prefiere una alianza menos estricta. Tradicionalmente, desde Delhi se ha transmitido una política de no alineamiento[40] en materias internacionales. De hecho, aunque India no quiere una supremacía China en el Indo-Pacífico, tampoco desea alinearse directamente contra Pekín, con quien comparte más de 3.000 km de frontera. No obstante, desde Delhi se ve muy necesaria la cooperación con Washington en materia de seguridad y defensa. De hecho, hay quien afirma que hoy la India necesita a EEUU más que nunca.

Si bien el pasado febrero, desde Washington se comenzó a revisar la Estrategia de Posición Global de Estados Unidos, todo apunta a que la Administración Biden continuará la línea de Trump en lo relativo a la colaboración con India como forma de contener a China. Sin embargo, aunque Washington habla de India como su aliado, por parte de Delhi hay ciertas reticencias, hablando pues de un alineamiento[41] más que de una alianza. Aunque la realidad que vivimos dista de la de la Guerra Fría[42], este nuevo containment[43] en el que se busca a Delhi como base, apoyo y estandarte, se ve materializado en lo siguiente:

i) Una intensa cooperación en materia de Seguridad y Defensa

Aquí existen distintos foros y acuerdos. En primer lugar, el ya mencionado QUAD[44]. Esta nueva alianza de cooperación multilateral que comenzó a gestarse en 2006[45] acordó en su reunión de marzo el desarrollo de su diplomacia de vacunas, con India como eje para así contrarrestar la exitosa campaña internacional llevada por Pekín en este campo. De hecho, hubo el compromiso de emplear 600 millones para repartir 1.000 millones de vacunas[46] en 2022. La idea es que Japón y EEUU financien la operación[47], mientras que Australia se encarga de la logística. No obstante, India apuesta por un mayor multilateralismo en el Indo-Pacífico, dando entrada a países como Inglaterra o Francia[48], que ya participaron en los últimos Diálogos de Raisina junto con el QUAD. A lo largo de la reunión también se trataron otros temas como la desnuclearización de Corea, la restauración democrática de Myanmar y el cambio climático[49].

India busca contener a China, pero sin provocar un enfrentamiento directo con China[50]. De hecho, Pekín ha dado a entender que de ir las cosas más allá, no solo India sabe jugar a la Realpolitk. Recordemos que Nueva Delhi va a presidir este año la reunión con los BRICS. Además, la Shanghai Cooperation Organization va a acoger ejercicios militares conjuntos de China y Pakistán, país de compleja relación con India.

Por otro lado, en su viaje de marzo a India, el jefe del Pentágono[51] trató con su homólogo Rajnath Singh sobre el incremento de la cooperación militar, así como de asuntos relacionados con la logística, el intercambio de información, posibles oportunidades de asistencia mutua y la defensa de la libre navegación. Lloyd afirmó no ver con malos ojos que Australia y Corea participen como miembros permanentes en los ejercicios Malabar. Desde 2008 el comercio en materia militar entre Delhi y Washington suma 21 billones de dólares[52]. Además, recientemente, se han gastado 3000 de dólares en drones y otro material aéreo para misiones de reconocimiento y vigilancia.

Una semana después esta reunión, dos barcos indios y uno estadounidense realizaron un ejercicio marítimo de tipo PASSEX[53] como forma de consolidar las sinergias e interoperabilidad alcanzadas en el ejercicio de Malabar del pasado noviembre.

En este contexto, cabe hacer una mención especial a la plataforma de diálogo 2+2 y al ya mencionado BECA (Acuerdo Básico de Intercambio y Cooperación para la cooperación en materia geoespacial). El primero, es un tipo de reunión en la que los titulares de Exteriores y Defensa de ambos países se reúnen cada dos años para tratar de temas que les sean de interés. La reunión más reciente tuvo lugar en octubre de 2020[54]. En ella no solo se acordó el BECA, sino que Estados Unidos se reafirmó en su apoyo a India en lo relativo a sus problemas territoriales con China. A su vez, también se firmaron otros memorándums de entendimiento sobre cuestiones de energía nuclear y climáticas.

El BECA, firmado en octubre de 2020 durante los últimos meses de la Administración Trump, facilita a India localizar mejor a enemigos, terroristas y otro tipo de amenazas que vengan desde tierra o desde mar. Con este acuerdo se pretende consolidar la amistad que hay entre ambos países, así como ayudar a India a superar tecnológicamente a China. En virtud de este acuerdo se concluye la “troika de pactos fundacionales” para una profunda cooperación en seguridad y defensa entre ambos países[55].

Antes de este acuerdo, en 2016 se firmó el LEMOA (Memorando de Acuerdo para el Intercambio de Logística), y en 2018 el COMCASA (Acuerdo de Compatibilidad y Seguridad de las Comunicaciones). El primero permite a ambos países acceso a las bases de cada uno para abastecimiento y reposición; el segundo permite a India recibir sistemas, información y comunicación encriptada para comunicarse con Estados Unidos. Ambos acuerdos afectan a los ejércitos de tierra, mar y aire[56].

ii) Unidos por la democracia

Desde Washington se pone especial énfasis en que ambas potencias son muy semejantes, puesto que comparten el mismo sistema político, y se destaca con cierta grandilocuencia que conforman la democracia más antigua y la más grande (por número de habitantes)[57]. Debido a que eso presupone compartir una serie de valores, Washington gusta hablar de “likeminded partners”[58].

Desde el think tank Brookings Institution, Tanvi Mandan defiende esta idea de ligazón ideológica. El mismo sistema de gobierno hace que ambos países se vean como aliados naturales, que piensan igual y que además creen en el valor del imperio de la ley. De hecho, en todo lo relativo a la extensión de la democracia por el globo, hay una fuerte cooperación entre ambas naciones: por ejemplo, apoyando la democracia en Afganistán o en Maldivas, lanzando la US-India Global Democracy Iniciative y dotando de asistencia legal y técnica en cuestiones democráticas a otros países. Finalmente cabe resaltar que la democracia y los valores que acarrea han facilitado el intercambio y flujo de personas de un país a otro. En cuanto a la relación económica entre ambos países se vuelve más viable, puesto que los dos son economías abiertas, comparten una lengua y su sistema jurídico tiene raigambre anglosajona.

iii) Creciente cooperación económica

Estados Unidos es el principal socio comercial de India, con quien tiene un importante superávit[59]. Los intercambios entre ambos han crecido un 10% anual a lo largo de la última década, y en 2019 fueron de 115.000 millones de dólares[60]. Alrededor de 2.000 empresas estadounidenses están instaladas en India, y unas 200 empresas indias se hallan en EEUU[61]. Entre ambos existe un Mini-Trade Deal, que se cree que será firmado en breve, y que tiene por objeto ahondar en esta relación económica. Con motivo de la pandemia, todo lo relativo al ámbito sanitario tiene un papel importante[62]. De hecho, a pesar de que ambos países han adoptado recientemente una actitud proteccionista, la idea es alcanzar 500.000 millones de dólares en comercio[63].

Divergencias, retos y oportunidades para India y EEUU en la región

Brevemente, entre los líderes de ambos países hay pequeños roces, oportunidades y retos a matizar para hacer de esta relación una fuerte alianza. Dentro de los puntos de conflicto, destacamos la compra desde India de misiles S-400 a Rusia, lo cual va en contra del CAATSA (Countering America’s Adversaries trhough Sanctions Act) [64], por lo que puede que India reciba una sanción, aunque en la reunión entre Sigh y Lloyd, este pareció pasar el tema por alto[65]. Sin embargo, cabe ver qué pasa una vez lleguen los misiles a Delhi. También existen pequeñas divergencias en lo relativo a libertad de expresión, seguridad y derechos civiles, y cómo relacionarse con países no democráticos[66]. Dentro de los retos que ambos países deben tener en cuenta, está la posible pérdida de apoyo en algunos sectores de la política estadounidense a la relación con India. Ello se debe a las actuaciones de India en Cachemira en agosto de 2019, la protección de la libertad religiosa y el trato a la disidencia. Por otro lado, en el caso contrario no ha faltado el debilitamiento de las normas democráticas, restricciones a la inmigración y violencia contra naturales de India[67].

En último lugar, recordemos que ambos se enfrentan a una profunda crisis sanitaria y por consiguiente económica, cuya resolución será determinante en relación con la competición con Pekín[68]. La crisis ha afectado a la relación bilateral puesto que, aunque el comercio en servicios se ha mantenido estable (alrededor de los 50.000 millones), el comercio de bienes decayó de 92.000 a 78.000 millones entre 2019 y 2020, aumentando el déficit comercial indio[69].

Para finalizar, cabe mencionar las oportunidades. En primer lugar, ambos países pueden desarrollar resiliencia democrática en el Indo-Pacífico así como en un orden internacional basado en normas[70]. En seguridad y defensa, también hay oportunidades como la entrada de Reino Unido y Francia como aliados en la zona, por ejemplo intentando que ambos países entren en el ejercicio de Malabar o que Francia presida el Indian Ocean Naval Simposium de 2022[71].  Aunque la tendencia a medio plazo es de cooperación entre Estados Unidos e India, la competencia con Rusia será una amenaza creciente[72], por lo que la cooperación entre Estados Unidos, India y Europa es muy importante.

También se abre la posibilidad de cooperación en mecanismos de MDA (Alerta del Entorno Marítimo) y ASW (Guerra Anti Submarina), en tanto que el Océano Índico reviste una importancia general para varios países debido al valor de sus rutas de transporte energético. Se abre la posibilidad de la cooperación mediante el uso de la Aeronave US P-8 “Poseidón”. A pesar de las disputas sobre el archipiélago de Chagos, India y Estados Unidos deberían aprovechar los acuerdos que tienen sobre islas como Andamán o Diego García para la realización de estas actividades[73]. Por lo tanto, India debería usar los organismos y grupos de trabajo regionales para cooperar con los países europeos y Estados Unidos[74].

Europa parece adquirir una creciente importancia debido a la posibilidad de entrar en el juego del Indo-Pacífico mediante el QUAD Plus. Los países europeos están muy a favor del multilateralismo, de la defensa de la libertad de navegación y del papel de las normas para regularla. Si bien es cierto que la UE ha firmado recientemente un tratado de comercio con China recientemente -el CAI-, incrementar la presencia europea en la región adquiere mayor importancia, puesto que el autoritarismo de Xi y sus actuaciones en Tíbet, Xinjiang, o el centro de China no son plato de buen gusto para los países europeos[75].

En último lugar, cabe recordar que hay algunas voces que hablan de un decaimiento o debilitamiento de la globalización[76], en especial tras la epidemia del coronavirus[77], por lo cual reavivar los intercambios multilaterales mediante la acción conjunta se convierte en un reto y en una oportunidad para ambos países. De hecho, se cree que a corto plazo las tendencias proteccionistas, al menos en el ámbito de la relación sino-india van a continuar, a pesar de la intensa cooperación económica[78].

Conclusión

El panorama geopolítico del Indo-Pacifico es cuanto menos complejo. El expansionismo chino choca con los intereses de la otra gran potencia regional, India, que si bien evita enfrentarse a Pekín ve con malos ojos la actuación de su vecino. En una apuesta por el multilateralismo, y con la mirada puesta en sus aguas regionales, amenazadas por el Dilema de Malaca, la India parece cooperar con Estados Unidos, pero aferrándose a los foros y grupos regionales para dejar clara su postura, mientras parece abrir la puerta a los países europeos, cuyo interés en la región va en aumento, a pesar del reciente tratado comercial firmado con China.

Por otro lado, también Estados Unidos se ve amenazado por el expansionismo chino y ve acercarse el momento del sorpasso económico de su rival, que la crisis del coronavirus pude haber adelantado incluso a 2028. En aras de evitar tal situación, la Administración Biden apuesta por el multilateralismo a nivel regional y ahonda en su relación con India, más allá de lo militar. Desde Washington parece haberse entendido que la hegemonía estadounidense en el Indo-Pacífico dista de ser real, al menos a medio plazo, por lo que solo cabe una actitud cooperativa e integradora. Por otro lado, en medio de este supuesto repliegue de la globalización, vemos cómo Washington junto con la India, y seguramente a medio plazo con Europa, hacen defensa de los valores occidentales que rigen en la esfera internacional, esto es, defensa de los derechos humanos, del estado de derecho y del valor de la democracia.

Estamos ante dos factores. Por un lado, India no quiere ver cómo se impone un orden de ningún tipo, ni americano ni chino, de ahí sus reticencias a enfrentarse directamente contra Pekín y su preferencia a expandir el QUAD. Por otro lado, Estados Unidos parece percibir encontrarse en un momento delicado, puesto que su competición con China va más allá de la mera sustitución de una potencia por otra. Washington no deja de ser una potencia tradicional que, para su presencia en el Indo-Pacífico, se ha servido sobre todo de poder militar, mientras que China ha basado la extensión de su influencia en el establecimiento de fuertes relaciones comerciales que van más allá de la lógica beligerante de la Guerra Fría. De ahí que Estados Unidos intente formar un frente con India y sus aliados europeos, que además vaya más allá de la cooperación militar.

REFERENCIAS 

[1] El QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), es un grupo de diálogo formado por los Estados Unidos, India, Japón y Australia. Sus miembros comparten una visión común sobre la seguridad de la región Indo-Pacífico contraria a la de China; abogan por el multilateralismo y la libertad de navegación en la región.

[2] BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement). Tratado firmado por la India y Estados Unidos en octubre de 2019 para mejorar la seguridad en la región del Indo-Pacífico. Su objetivo es el intercambio de sistemas de seguimiento, localización e inteligencia.

[3]Chilamkuri Raja Mohan, "Trilateral Perspective". Chinawatch. Conecting Thinkers.. http://www.chinawatch.cn/a/202102/05/WS60349146a310acc46eb43e2d.html, (accedido el 5 de febrero de 2021),

[4] Tanvi Madan,”India and the Biden Administration: Consolidating and Rebalancing Ties,” en Tanvi Madan, “India And The Biden Administration: Consolidating And Rebalancing Ties”,. German Marshal Found of the United States. https://www.gmfus.org/blog/2021/02/11/india-and-biden-administration-consolidating-and-rebalancing-ties, (accedido el 11 de febrero de 2021).

[5]Darshana Baruah, Frédéric Grére, y Nilanthi Samaranayake, "Agenda 2021: A Blueprint For U.S.-Europe-India Cooperation”, US-India cooperation on Indo-Pacific Security. GMF India Trilateral Forum. Pag:1. https://www.gmfus.org/blog/2021/02/16/us-india-cooperation-indo-pacific-security , (accedido el 16 de febrero de 2021).

[6] “’QUAD’ Leaders Pledge New Cooperation on China, COVID-19, Climate”. Aljazeera.com. https://www.aljazeera.com/news/2021/3/12/quad-leaders-pledge-new-cooperation-on-china-covid-19-climate (accedido en marzo 2021)

[7] Mereyem Hafidi, "Biden Renueva La Alianza De ‘QUAD’ A Pesar De Las Presiones De Pekín". Atalayar. https://atalayar.com/content/biden-renueva-la-alianza-de-%E2%80%98QUAD%E2%80%99-pesar-de-las-presiones-de-pek%C3%ADn. (accedido en febrero de 2021)

[8] “`Grandstanding`: US, China trade rebukes in testy talks". Aljazeera. https://www.aljazeera.com/news/2021/3/19/us-china-top-diplomats-trade-rebukes-in-testy-first-talks (accedido, marzo 2021)

[9] Joseph R. Biden, “Why America Must Lead Again”. Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again (accedido febrero, 2021).

[10] Maria Siow. "India Receives US Defence Secretary With China On Its Mind". South China Morning Post. https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3126091/india-receives-us-defence-secretary-lloyd-austin-china-its-mind. (accedido, 19 de marzo de 2021)

[11] Seeram Chaulia, “France and sailing toward the ‘QUAD-plus’”. The New Indian Express. https://www.newindianexpress.com/opinions/2021/apr/06/france-and-sailing-toward-the-QUAD-plus-2286408.html  (accedido, 4 de abril, 2021)

[12] Juan Luis López Aranguren. “Indo-Pacífico: El nuevo orden sin China en el centro”. El Indo-Pacífico como nuevo eje geopolítico mundial. Global Affairs Journal. Pág.:2. https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/indo-pacifico-el-nuevo-orden-sin-china-en-el-centro?_33_redirect=%2Fen%2Fweb%2Fglobal-affairs%2Fpublicaciones%2Finformes. (accedido, Abril 2021).

[13] Biden, "Remarks By President Biden On America's Place In The World | The White House"..

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/

[14] Íbid.

[15] Derek Grossman, "Biden's China Reset Is Already On The Ropes". Nikkei Asia. https://asia.nikkei.com/Opinion/Biden-s-China-reset-is-already-on-the-ropes. (accedido, 14 de marzo de 2021)

[16] Ramón Barba Castro, “Nuevas tensiones en Asia Pacífico en un escenario de cambio electoral”. Global Affairs and Strategic Studies. https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/nuevas-tensiones-en-asia-pacifico-en-un-escenario-de-cambio-electoral-en-eeuu. (accedido, abril 2021)

[17] Sankaran Kalyanaraman, "Changing Pattern Of The China-India-US Triangle”. Manohar Parrikar Institute For Defence Studies And Analyses. https://www.idsa.in/idsacomments/changing-pattern-china-india-us-triangle-skalyanaram (accedido, marzo 2021)

[18] Pang Zhongying, "Indo-Pacific Era Needs US-China Cooperation, Not Great Power Conflict". South China Morning Post. https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3125926/indo-pacific-needs-us-china-cooperation-not-conflict-QUAD (accedido el 19 de marzo de 2021)

[19] Sankaran Kalayanamaran, “Changing Pattern of the China-India-US Triangle”.

[20] Chilamkuri Raja Mohan, “Trilateral Perspective”.

[21] Joseph R. Biden, “Remarks By President Biden On America’s Place In The World

[22]Chilamkuri Raja Mohan, “Trilateral Perspective”.

[23] Maria Siow, “India Receives US Defence Secretary With China On Its Mind”.

[24]Tanvi Madan, “India and the Biden Administration: Consolidating And Rebalancing Ties”.

[25] CEBR (Centre for Economics and Business Research), es una entidad dedicada al análisis y predicción económica de empresas y organizaciones. Enlace: https://cebr.com/about-cebr/ . Esta entidad elabora cada año un informe titulado World Economic League Table¸ en el que se analiza el posicionamiento en que tendrá cada país del Globo en lo relativo al estado de su economía. La última edición (World Economic League Table 2021), fue publicada el 26 de diciembre de 2020, este presenta una predicción del estado de la economía mundial en 2035, para así saber quienes serán las principales potencias económicas mundiales. (CEBR, “World Economic League Table 2021”. Centre for Economics and Business Research (12th edition), https://cebr.com/reports/world-economic-league-table-2021/ (accedido marzo 2021).

[26] Íbid., 231.

[27] Íbid., 71.

[28] Vijay Gokhale, “China Doesn’t Want a New World Order. It Wants This One”. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/06/04/opinion/china-america-united-nations.html. (accedido en abril de 2021)

[29] Mereyem Hafidi, “Biden renueva la Alianza de `QUAD` a pesar de las presiones de Pekín.

[30] Chilamkuri Raja Mohan, “Trilateral Perspective”.

[31] Íbid.

[32] Wang Huiyao, “More cooperation, less competition”. Chinawatch. Conecting Thinkers. http://www.chinawatch.cn/a/202102/05/WS6034913ba310acc46eb43e28.html. (accedido, marzo 2021).

[33] Chilamkuri Raja Mohan, “Trilateral Perspective”.

[34]Darshana Baruah, Frédéric Grére, y Nilanthi Samaranayake, “US-India cooperation on Indo-Pacific Security”. Page 5.

[35] Chilamkuri Raja Mohan, “Trilateral Perspective”.

[36] Ibid.

[37]Darshana Baruah, Frédéric Grére, y Nilanthi Samaranayake, “US-India cooperation on Indo-Pacific Security”. Page 5.

[38] Tanvi Madan, “India and the Biden Administration: Consolidating And Rebalancing Ties”

[39] Tanvi Madan, “Democracy and the US-India relationship”. Brookings. https://www.brookings.edu/articles/democracy-and-the-us-india-relationship/ . (accedido, marzo 2021)

[40] Maria Siow, “India Receives US Defence Secretary With China On Its Mind”.

[41] Bilal Kuchay, “India, US sign key military deal, symbolizing closer ties”. Aljazeera. https://www.aljazeera.com/news/2020/11/2/india-us-military-deal. (accedido, marzo 2021)

[42] Wang Huiyao, “More cooperation, less competition”

[43] Alex Lo, “India-the democratic economic giant that disappoints”. South China Morning Post. https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3126342/india-democratic-economic-giant-disappoints. (accedido, 21 de marzo de 2021)

[44] Simone McCarthy, “QUAD summit: US, India, Australia and Japan counter China’s ‘vaccine diplomacy’ with pledge to distribute a billion doses across Indo-Pacific”. South China Morning Post. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3125344/QUAD-summit-us-india-australia-and-japan-counter-chinas. (accedido, 13 de marzo de 2021)

[45]Mereyem Hafidi, “Biden renueva la Alianza de `QUAD` a pesar de las presiones de Pekín.

[46] Simone McCarthy, “QUAD summit: US, India, Australia and Japan counter China’s ‘vaccine diplomacy’ with pledge to distribute a billion doses across Indo-Pacific”.

[47] Aljazeera, “’QUAD’ leaders pledge new cooperation on China, COVID-19, climate”.

[48]Darshana Baruah, Frédéric Grére, y Nilanthi Samaranayake, “US-India cooperation on Indo-Pacific Security”. Page 2.

[49]Simone McCarthy, “QUAD summit: US, India, Australia and Japan counter China’s ‘vaccine diplomacy’ with pledge to distribute a billion doses across Indo-Pacific”.

[50] Maria Siow, “India Receives US Defence Secretary With China On Its Mind”.

[51] “US defense secretary Lloyd Austin says US considers India to be a great partner”. Hindustan Times. https://www.hindustantimes.com/india-news/us-defense-secretary-lloyd-austin-says-us-considers-india-to-be-a-great-partner-101616317189411.html. (accedido, 21 de marzo de 2021)

[52] Maria Siow, “India Receives US Defence Secretary With China On Its Mind”.

[53] El término PASSEX es una abreviatura propia de la jerga militar inglesa, viene de Passing Exercise. Este, consiste en aprovechar  que una unidad de marines pasa por una zona determinada para ahondar en la cooperación militar del ejército de esa zona por la que se está pasando. Como ejemplo encontramos la noticia citada en el presente artículo: “India, US begin two-day naval exercise in eastern Indian Ocean región”. The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-us-begin-two-day-naval-exercise-in-eastern-indian-ocean-region/articleshow/81735782.cms (accedido, 28 de marzo de 2021)

[54] Annath Krishnan, Dinakar Peri, Kallol Bhattacherjee; India-U.S. 2+2 dialogue: U.S. to support India’s defence of territory. The Hindu. https://www.thehindu.com/news/national/india-us-22-dialogue-rajnath-singh-raises-chinas-action-in-ladakh/article32955117.ece. (consultado, marzo 2021)

[55] Maria Siow, “India Receives US Defence Secretary With China On Its Mind”.

[56] Ibid.

[57] Tanvi Madan, “Democracy and the US-India relationship”

[58] Hindustan Times, “US defense secretary Lloyd Austin says US considers India to be a great partner”.

[59] “Committed to achieving goal of $500 bn in bilateral trade with US: Ambassador Sandhu”.The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/committed-to-achieving-goal-of-500-bn-in-bilateral-trade-with-us-ambassador-sandhu/articleshow/80878316.cms. (accedido, marzo 2021).

[60] Joe C. Mathew, “India-US mini trade deal: Low duty on medical devices; pact in final stages”. Business Today. https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/india-us-mini-trade-deal-low-duty-on-medical-devices-pact-in-final-stages/story/413669.html. (Accedido, marzo de 2021)

[61] Economic Times, “Commited to achieving goal of $500 bn in bilateral trade with US: Ambassador Sandhu”.

[62] Joe C. Mathew, “India-US mini trade deal: Low duty on medical devices; pact in final stages”.

[63] Economic Times, “Commited to achieving goal of $500 bn in bilateral trade with US: Ambassador Sandhu”.

[64] Darshana Baruah, Frédéric Grére, y Nilanthi Samaranayake, “US-India cooperation on Indo-Pacific Security”. Page 2.

[65] “Hindustan Times “US defense secretary Lloyd Austin says US considers India to be a great partner”.

[66]  Tanvi Madan, “Democracy and the US-India relationship”.

[67] Ibid.

[68] Tanvi Madan, “India and the Biden Administration: Consolidating and Rebalancing Ties”.

[69] Economic Times, “Commited to achieving goal of $500 bn in bilateral trade with US: Ambassador Sandhu”.

[70] Tanvi Madan, “Democracy and the US-India relationship”.

[71] Darshana Baruah, Frédéric Grére, y Nilanthi Samaranayake, “US-India cooperation on Indo-Pacific Security”. Page3.

[72] IBIDEM pag.3

[73] IBIDEM. Pag. 6

[74] IBIDEM. Pag. 7

[75] Seeram Chaulia, “France and sailing toward the ‘QUAD-plus’”. The New Indian Express

[76] Elisabeth Mearns, Gary Parkinson; “With a pandemic, populism and protectionism, have we passed peak globalization?”. China Global Television Network. https://newseu.cgtn.com/news/2020-05-28/With-a-pandemic-populism-and-protectionism-has-globalization-peaked--QOQMPg3ABO/index.html. (accedido, abril 2021).

[77] Abraham Newman, Henry Farrel; “The New Age of Protectionism”. Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2021-04-05/new-age-protectionism. (accedido el 5 de abril de 2021)

[78] Economic Times, “Commited to achieving goal of $500 bn in bilateral trade with US: Ambassador Sandhu”.

[Mondher Sfar, In search of the original Koran: the true history of the revealed text (New York: Prometheus Books, 2008) 152pp]

REVIEW /  Marina G. Reina

Not much has been done regarding research about the authenticity of the Quranic text. This is something that Mondher Sfar has in mind throughout the book, that makes use of the scriptural techniques of the Koran, the scarce research material available, and the Islamic tradition, to redraw the erased story of the transmission of the holy book of Muslims. The same tradition that imposes “a representation of the revelation and of its textual product-which (…) is totally alien to the spirit and to the content of the Quranic text.”

The work is a sequencing of questions that arise from the gaps that the Islamic tradition leaves regarding the earliest testimony about the Koran and the biography of Prophet Muhammad. The result is an imprecise or inconclusive answer because it is almost impossible to trace the line back to the very early centuries of the existence of Islam, and due to an “insurmountable barrier” that “has been established against any historical and relativized perception of the Koran (…) to consecrate definitively the new orthodox ideology as the only possible and true one.” 

As mentioned, Sfar’s main sources are those found in the tradition, by which we mean the records from notorious personalities in the early years of the religion. Their sayings prove “the existence in Muhammad’s time of two states of the revealed text: a first state and a reworked state that have been modified and corrected.” This fact “imperils the validity and identity of Revelation, even if its divine authenticity remains unquestioned.”

The synthesis that the author makes on the “kinds of division” (or alterations of the Revelation), reducing them to three from certain ayas in the Koran, is also of notorious interest. In short, these are “that of the modification of the text; that of satanic revelations; and finally, that of the ambiguous nature of the portion of the Revelation.” The first one exemplifies how the writing of the Revelation was changed along time; the second is grounded on a direct reference to this phenomenon in the Koran, when it says that “Satan threw some [false revelations] into his (Muhammad’s) recitation” (22:52), something that, by the way, is also mentioned in the Bible in Ezekiel 13:3, 6.

Another key point in the book is that of the components of the Koran (the surahs and the ayas) being either invented or disorganized later in time. The manuscripts of the “revealed text” vary in style and form, and the order of the verses was not definitively fixed until the Umayyad era. It is remarkable how something as basic as the titles of the surahs “does not figure in the first known Koranic manuscript”, nor was it reported by contemporaries to the Prophet to be ever mentioned by him. The same mystery arises upon the letters that can be read above at the beginning of the preambles in the surahs. According to the Tradition, they are part of the Revelation, whilst the author argues that they are linked to “the process of the formation of surahs”, as a way of numeration or as signatures from the scribes. As already mentioned, it is believed that the Koran version that we know today was made in two phases; in the second phase or correction phase surahs would have been added or divided. The writer remarks how a few surahs lack the common preambles and these characteristic letters, which leads to think that these elements were added in the proofreading part of the manuscript, so these organizational signals were omitted.

It may seem that at some points the author makes too many turns on the same topic (in fact, he even raises questions that remain unresolved throughout the book). Nonetheless, it is difficult to question those issues that have been downplayed from the Tradition and that, certainly, are weighty considerations that provide a completely different vision of what is known as the "spirit of the law.” This is precisely what he refers to by repeatedly naming the figure of the scribes of the Prophet, that “shaped” the divine word, “and it is this operation that later generations have tried to erase, in order to give a simplified and more-reassuring image of the Quranic message, that of a text composed by God in person,” instead of being “the product of a historical elaboration.”

What the author makes clear throughout the book is that the most significant and, therefore, most suspicious alterations of the Koran are those introduced by the first caliphs. Especially during the times of the third caliph, Uthman, the Koran was put on the agenda again, after years of being limited to a set of “sheets” that were not consulted. Uthman made copies of a certain “compilation” and “ordered the destruction of all the other existing copies.” Indeed, there is evidence of the existence of “other private collections” that belonged to dignitaries around the Prophet, of whose existence, Sfar notes that “around the fourth century of the Hijra, no trace was left.”

The author shows that the current conception of the Koran is rather simplistic and based on “several dogmas about, and mythical reconstructions of, the history.” Such is the case with the “myth of the literal ‘authenticity’,” which comes more “from apologetics than from the realm of historical truth.” This is tricky, especially when considering that the Koran is the result of a process of wahy (inspiration), not of a literal transcription, setting the differentiation between the Kitab (“the heavenly tablet”) and the Koran (“a liturgical lesson or a recitation”). Moreover, Sfar addresses the canonization of the Koran, which was made by Uthman, and which was criticized at its time for reducing the “several revelations without links between them, and that they were not designed to make up a book” into a single composition. This illustrates that “the principal star that dominated the period of prophetic revelation was to prove that the prophetic mission claimed by Muhammad was indeed authentic, and not to prove the literal authenticity of the divine message,” what is what the current Muslim schools of taught are inclined to support.

In general, although the main argument of the author suggests that the “Vulgate” version of the Koran might not be the original one, his other arguments lead the reader to deduce that this first manuscript does not vary a lot from the one we know today. Although it might seem so at first glance, the book is not a critique to the historicity of Islam or to the veracity of the Koran itself. It rather refers to the conservation and transmission thereof, which is one of the major claims in the Koran; of it being an honorable recitation in a well-guarded book (56:77-78). Perhaps, for those unfamiliar with the Muslim religion, this may seem insignificant. However, it is indeed a game-changer for the whole grounding of the faith. Muslims, the author says, remain ignorant of a lot of aspects of their religion because they do not go beyond the limits set by the scholars and religious authorities. It is the prevention from understanding the history that prevents from “better understanding the Koran” and, thus, the religion.