La mayoría del cultivo se realiza en el entorno de Pedro Juan Caballero, junto a la frontera con Brasil, que es el centro delictivo del país

° Las plantaciones de marihuana alcanzan unas 8.000 hectáreas, con una producción que llega a las 30.000 toneladas, de las cuales el 77% van a Brasil y el 20% a Argentina

° Lugar de paso de la cocaína de Perú y Bolivia, Paraguay ha dado un salto en el volumen de los envíos a Europa: a comienzos de 2021 hubo un cargamento récord de 23 toneladas

° El Congreso paraguayo ha aprobado el uso medicinal de la marihuana; de momento no sigue los pasos de México, primer productor en América, que debate su plena legalización

► El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, y la entonces ministra de Seguridad argentina, erradicando plantas de marihuana en PJC [Gob. de Paraguay]

INFORME SRA 2021 /  Eduardo Uranga  [versión en PDF]

Paraguay se encuentra en un momento ascendente en el mapa del narcotráfico, como mayor productor de marihuana en Sudamérica y como distribuidor de la cocaína procedente de Perú y Bolivia. Con una extensión de cultivo de cannabis estimada en casi 8.000 hectáreas y una producción anual que puede acercarse a las 30.000 toneladas, Paraguay exporta este estupefaciente a Brasil y Argentina. La cocaína que pasa por el país se destina a esos dos grandes vecinos y sobre todo a Europa: en febrero de 2021 las autoridades alemanas interceptaron un alijo de 16 toneladas de cocaína, el mayor remitido nunca desde Paraguay, un hallazgo que se elevó a 23 toneladas contando un envío localizado dos días antes en Amberes. En ese mismo puerto, a comienzos de abril fueron halladas otras 11 toneladas.

Si bien, en el caso paraguayo, lo más sorprendente en el último año ha sido ese salto en la capacidad de generar grandes cargamentos de cocaína, la rápida evolución del contexto internacional con relación a la marihuana –por ejemplo, la ONU la reclasificó en diciembre de 2020, señalando su potencial terapéutico– pone de especial actualidad este otro lucrativo comercio de ilícitos.

La creciente legalización de la hoja de cáñamo que comienza a darse en algunos países, generando producciones propias (a diferencia de la coca, que por sus condiciones específicas casi solo se cultiva en Colombia, Perú y Bolivia, la marihuana puede crecer en lugares diversos, también en invernadero) ofrece perspectivas de negocio a los agricultores que hoy en Paraguay se ocupan de su cultivo ilegal (no tanto a la estructura de las mafias, de origen brasileño, pues para competir en Uruguay, el único país próximo que ha legalizado la producción nacional para uso abierto, la marihuana paraguaya debiera venderse más barata que la uruguaya). México, que es el mayor productor en América, se encuentra en proceso de despenalizar su uso recreativo; Paraguay no ha llegado de momento ahí, pero la ley aprobada en agosto de 2020 para permitir el uso medicinal, admite el cultivo individual si hay justificante médico.

Producción y erradicación

La producción de marihuana está vinculada al crimen organizado que opera muy especialmente en las zonas fronterizas con Brasil. Según las cifras que ofrece la Secretaría Nacional Antidroga (SENAD), las mayores operaciones contra el cultivo de ese narcótico se desarrollan en el departamento de Amambay, cuya capital, Juan Pedro Caballero, constituye el centro delictivo del país. Esa ciudad está adosada a la frontera con Brasil y comparte masa urbana con la localidad brasileña de Punta Porá. También el adyacente departamento de Canindeyú, igualmente fronterizo con Brasil, acoge extensas plantaciones.

En la década 2009-2019, el SENAD destruyó 9.838 hectáreas de cultivo de plantas de marihuana en Amambay y 2.432 en Canindeyú, representando conjuntamente alrededor del 90% de las 15.045 hectáreas erradicadas en todo el país. En 2019, último daño referenciado por el SENAD, las autoridades erradicaron 1.468,5 hectáreas, la mayor cifra de la década, lo que no solo indica un incremento del esfuerzo antinarcóticos, sino que también sugiere un aumento en las extensiones cultivadas.

Se calcula que Paraguay existen entre 6.000 y 8.000 hectáreas con plantas de marihuana. Una semilla mejorada introducida hace unos pocos años ha permitido ampliar las dos cosechas anuales habituales a tres o incluso cuatro cosechas, elevando así la productividad a dos y tres toneladas de hierba de marihuana por hectárea, con lo que la producción total podría llegar a las 20.000 toneladas por año. Estas cifras podrían haberse quedado pequeñas, pues la SENAD ha llegado a calcular que hasta 30.000 toneladas de hierba han podido a salir del país en el último año.

El World Drug Report de la Oficina para la Droga y el Crimen Naciones Unidas (UNODC) de 2020 sitúa a Paraguay como el país con mayor incautación de marihuana, por encima de las 1.000 toneladas al año. El informe también indica que la producción de resina del cáñamo es mínima (1,1 toneladas en 2016) y que el 77% de la marihuana generada en Paraguay se destina al mercado brasileño y el 20% al argentino.

En América, la producción de Paraguay solo es superada por México, que cuenta con unas estimadas 12.000 hectáreas de plantaciones, de acuerdo con el International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) del gobierno de Estados Unidos de 2021. También es mayor el área cultivada erradicada por las autoridades mexicanas, aunque ese esfuerzo ha caído en los últimos años (5.478 hectáreas en 2016, 4.193 en 2017 y 2.263 en 2018), como indica el informe de la UNODC, que al mismo tiempo apunta que en México se incautaron en 2018 unas 200 toneladas de marihuana, frente a las 400 de 2017.

Corrupción

Paraguay es un campo abonado para el establecimiento de redes criminales. Su posición estratégica es un factor determinante y una condición fundamental para ser elegido por el crimen organizado como punto neurálgico de su actuación criminal. Situado entre los centros de producción de coca de Perú-Bolivia y los crecientes mercados de Argentina y sobre todo Brasil, que son también destino de la marihuana paraguaya, el país es lugar de operaciones de las mafias, especialmente brasileñas. También las condiciones de la Triple Frontera –la conurbación que forman Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Iguaçú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina)– fomentan el contrabando, la falsificación de productos y el lavado de dinero, así como la financiación de grupos terroristas (tal es el caso de Hezbolá). 

​También influyen los factores económicos. La marginalidad económica y social es un elemento al que recurren estas bandas del crimen organizado para reclutar “empleados”. No obstante, este factor puede explicar solo en parte el particular desarrollo de estas redes. Su dimensión depende fundamentalmente del nivel de aceptación y de tolerancia de la corrupción. Paraguay consta, en este sentido, con las condiciones idóneas para el desarrollo de estas redes. Esto se debe a sus altos niveles de corrupción estatal, señalados en el Indice de Percepción de Corrupción.

Recalcando el obstáculo que la corrupción en Paraguay supone ante la lucha contra el narcotráfico, en enero de 2020 tuvo lugar una fuga masiva de un penal de Pedro Juan Caballero de 75 presos, en su mayoría miembros de una banda criminal brasileña Primer Comando Capital (CCP). La fuga estuvo facilitada por la connivencia de funcionarios y puso de relieve la impunidad con que muchos de los narcotraficantes actúan.

Los dos están consolidando sus inicios como países productores, lo que supone un salto cualitativo importante a pesar de que la producción es aún muy limitada

° Las primeras plantaciones fueron descubiertas en 2017 en Honduras y en 2018 en Guatemala; desde entonces se han localizado más de cien hectáreas de arbusto de coca

° A lo largo de 2020, Honduras erradicó 40 hectáreas de cultivo y Guatemala 19; además se destruyeron casi una veintena de laboratorios de elaboración de cocaína

° La extensión de la producción de coca a Centroamérica es obra de carteles mexicanos, que emplean a colombianos expertos en localizar las mejoras zonas para el cultivo

► Acción antinarcóticos hondureña en una plantación de coca, en octubre de 2020 [Gob. de Honduras]

INFORME SRA 2021 /  Eduardo Villa Corta  [versión en PDF]

La producción de cocaína ha comenzado a extenderse a países de Centroamérica, que hasta hace poco solo eran lugares de paso de la cocaína procedente sobre todo de Colombia, que es el mayor productor del mundo, junto con Perú y Bolivia.

El hallazgo de laboratorios para la elaboración de la droga en Honduras en 2009 ya sugirió el comienzo de un cambio, confirmado con la localización de los propios cultivos de arbusto de coca en 2017 en ese mismo país y en 2018 en Guatemala. Desde entonces, se han localizado en ambos países más de cien hectáreas: esos dos primeros años se contabilizaron conjuntamente unas 50 hectáreas, cifra que se vio duplicada en 2020 en lo que parece una aceleración del proceso.

De todos modos, se trata de extensiones muy reducidas, comparadas con las estimadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen en su informe de 2020 para Colombia (cerca de 180.000 hectáreas), Perú (casi 50.000) y Bolivia (alrededor de 25.000). Además, de momento Estados Unidos asegura no tener constancia de la entrada en su territorio de cocaína generada en el Triángulo Norte centroamericano.

Todo indica que por ahora nos encontramos en un estadio de experimentación o ensayo por parte de carteles mexicanos, que estarían probando la aptitud de terreno y clima de diferentes áreas y la calidad del producto, con la ayuda de expertos colombianos. Los cambios en la cadena del narcotráfico desde que la mayor parte de las FARC abandonó el negocio ilícito en Colombia y el deseo de reducir la compleja logística en transporte de la droga hacia Estados Unidos explican estas tentativas en el Triángulo Norte.

Honduras 

En Honduras la localización de cultivos ha aumentado en los dos últimos años. El último Informe de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR), de marzo de 2021, elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, recoge información oficial hondureña contabilizando la erradicación en los diez primeros meses de 2020 de 40 hectáreas de arbustos de coca. Esto supone un incremento en la contabilización de áreas de cultivo respecto a años anteriores, que estimaba la acumulación de 50 hectáreas a lo largo de 2017 y 2018 en Honduras y Guatemala conjuntamente.

La primera evidencia en Honduras de que el narcotráfico no solo usaba su territorio como lugar de tránsito fue el hallazgo en 2009 en la provincia de Cortés de un laboratorio para la transformación de hojas de coca en clorhidrato de cocaína. En diez años se descubrieron doce laboratorios y solo en 2020 las autoridades procedieron a destruir al menos otros once localizados, como indica el INCSR. Aunque alguno tenía capacidad para producir hasta 3,6 toneladas de cocaína al año, sus instalaciones eran más bien “rudimentarias”, según las agencias policiales hondureñas.

La existencia de esos laboratorios permitió concluir que al menos desde 2012 se podría estar cultivando alguna cantidad de hoja de coca en el país, pero no fue hasta 2017 que se halló una zona cultivada, en la provincia de Orlando, con unas 10.000 plantas. En 2018 se ubicaron otras tres explotaciones, una de ellas de 20 hectáreas. La actividad de cultivo y laboratorio no está concentrada en una zona específica, si bien la mitad de los hallazgos han sido realizados en las mencionadas provincias de Orlando y Colón.

La última localización especialmente reseñada, en un proceso de ubicación de siembras cada vez más visibles, fue la realizada por la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en marzo del 2020, que correspondía a un campo de unas 4,2 hectáreas de cultivo y narco-laboratorio en la comunidad Nueva Santa Bárbara. En 2020 se decomisaron al menos 15 campos de coca, con un total de 346.500 plantas.

La DLCN estima que carteles mexicanos, como los de Sinaloa y Jalisco, son los que están detrás de esa penetración, aunque no operan directamente, con un despliegue de individuos armados, sino en diversas ocasiones a través de cultivadores de origen colombiano, conocedores de los cuidados que necesita la planta de coca.

Recientes condenas en Estados Unidos, como la del hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, han dado detalles sobre el corredor de narcotráfico que supone Honduras, pero también la incipiente producción propia. Como se expuso en su juicio, Tony Hernández, condenado a cadena perpetua en marzo de 2021, tuvo relación directa con un laboratorio de cocaína local.

Guatemala

En el caso de Guatemala, el primer descubrimiento de cultivo de hojas de coca se realizó en 2018. Aunque se trataba de solo una hectárea de extensión, con 75.000 plantas, significó también el salto a incipiente país productor. Además de haber sido, como Honduras, un canal de paso para la cocaína procedente de Colombia, Guatemala ya se había distinguido por una producción moderada de marihuana y por haber comenzado a cultivar amapola, por extensión de la actividad de carteles mexicanos implicados en el mercado de la heroína, de la cual México es líder productor en el continente americano. Ahora Guatemala, donde igualmente han aparecido narco-laboratorios, incluía la coca entre sus cultivos ilícitos de narcóticos.

En 2019 las autoridades guatemaltecas hicieron un esfuerzo para combatir esa actividad. El 4 de septiembre de ese año declararon un estado de sitio por 30 días en 22 municipios del norte del país. Las operaciones policiales supusieron diversos decomisos especialmente en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Zacapa. Unas 23 áreas de cultivo fueron localizadas, ocho de ellas en Izabal.

A raíz de esos hallazgos, el ministro del Interior, Enrique Degenhart, admitió que Guatemala pasaba a ser una nación productora de cocaína.

En los diez primeros meses de 2020 fueron erradicadas 19 hectáreas de cultivo de coca y se destruyeron siete laboratorios, como indica el último INCSR, precisando, en cualquier caso, que la producción cocalera tiene en Guatemala una “escala limitada” (como en Honduras, pero incluso por debajo del vecino país), a distancia de la registrada los mayores productores sudamericanos.

Mayor papel para las maras

Las autoridades de Honduras y Guatemala temen, debido al aumento de actividad de producción de droga, que algunas zonas de sus países se conviertan en los nuevos “Medellín de Pablo Escobar”. La existencia de áreas de difícil acceso y la falta de medios para la supervisión y combate del crimen organizado complica la actuación antinarcóticos.

Existe el riesgo también de que las pandillas o maras ganen todavía más poder, con un enquistamiento o incluso agravamiento del problema que suponen. Debido a su dominio del espacio, hasta ahora han cobrado peaje por el paso de la droga a lo largo del territorio, pero con la producción en el propio Triángulo Norte además podrían pasar a controlar el origen mismo de la droga, dándoles las prerrogativas de los carteles.

Al mismo tiempo se complica la coordinación internacional contra el narcotráfico, al hacerse más difícil la localización de centros de producción y la determinación de los actores implicados en esa actividad.

El elevado número de dirigentes sociales asesinados sigue consternando al país: 904 asesinatos desde el Acuerdo de Paz de 2016

° En 2020 hubo en Colombia 24,3 homicidios por 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1975, en que hubo una tasa similar, y por debajo de la de otros países de la región

° El número de homicidios fue en 2020 de 12.018, siguiendo el progresivo descenso que se registra desde 2002, solo abiertamente roto en 2012, cuando los asesinados fueron 16.033

° Los estudios concluyen que existe una relación entre la desmovilización de las FARC y el consistente descenso del nivel de violencia que está experimentando el país

Ceremonia religiosa en Dabeiba en febrero de 2020, tras recuperar los restos de un desaparecido en 2002 [JEP]g

INFORME SRA 2021 /  Isabella Izquierdo [versión en PDF]

Colombia está reduciendo paulatinamente sus niveles de violencia, al menos en cuanto a tasa de homicidios se refiere, que en 2020 descendió a 24,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1975. Aunque el drama del asesinato de líderes sociales ha sobrecogido a la sociedad colombiana en la gestión del posconflicto, la objetividad de las cifras totales habla de una reducción de las muertes violentas. Ese descenso ha estado auspiciado en los últimos años por el abandono de la lucha armada por parte de las FARC y presumiblemente se ha visto favorecido en 2020 por los prolongados confinamientos establecidos para hacer frente a la propagación de pandemia de Covid-19.

El país cerró 2020 con 12.018 homicidios, la cifra más baja en décadas, constituyendo menos de la mitad de los que se producían a comienzos de los años 90, en el periodo más duro del conflicto armado. En aquella época el número de homicidios superaba los 28.000 anuales, lo que constituía alrededor de 80 homicidios por 100.000 habitantes. Desde entonces, con leves repuntes en 2002 y en 2012, Colombia ha ido reduciendo sus niveles de violencia y hoy su tasa de homicidios está lejos de los récords que están marcando otros países de la región: a pesar de que en algunos casos la emergencia sanitaria también ha ayudado a rebajar las cifras, en 2020 las mayores tasas fueron las de Jamaica (46,5 homicidios por 100.000 habitantes), Venezuela (45,6), Honduras (37,6), Trinidad y Tobago (28,2) y México (27).

[En el caso de Colombia, las autoridades hablaron al término de 2020 de una tasa de 23,79, aunque cifras ulteriores de homicidios de la Policía Nacional y datos de población dan como resultado del cálculo el 24,3 por el que aquí se ha optado).

Conflicto y posconflicto

Si bien la guerrilla del ELN se mantiene activa y varias disidencias de las FARC siguen en actividades criminales, alrededor de 8.000 excombatientes se incorporaron a la vida civil a raíz del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, comenzado a negociar en 2012 y firmado en 2016.

Los años anteriores al comienzo de los contactos registraron un aumento de la violencia, para luego decrecer de modo sostenido desde entonces, no solo la relativa al conflicto político sino también la relativa a la criminalidad en general. Al investigar las tasas de homicidio en los años de los diálogos de paz con las FARC, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en Colombia evidenciaron una estrecha relación: cuando la confrontación armada crecía o disminuía, en función de los intereses de los negociadores, en igual medida lo hacía la cifra total de homicidios. La buena marcha de la negociación marcó una dinámica de desescalada del conflicto armado, con una reducción del 8,57% en la tasa de homicidios entre 2012 y 2015.

En 2017, firmado ya el Acuerdo de Paz, la violencia en Colombia alcanzó sus números más bajos en 30 años, con 12.079 homicidios y una tasa de 25,02 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2018 la tendencia varió ligeramente (12.130 homicidios), algo que se pronunció en 2019 (12.667), lo que alertó sobre la necesidad de implementar con rapidez las condiciones de reinserción de los excombatientes, mejorar la seguridad en las zonas desmilitarizadas y aumentar la presencia estatal en el territorio.

El Instituto de Medicina Legal concluyo que las cifras de homicidios de 2018 parecían evidenciar una reactivación del conflicto armado colombiano. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó en 2019 un informe evaluando la situación de derechos humanos en Colombia, con énfasis en la implementación de los contenidos en el Acuerdo de Paz: la mayores cifras de homicidios se daban en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde los enfrentamientos por el control de las economías ilícitas eran más violentos.

Efecto del Covid

Las medidas adoptadas en relación con el posconflicto y la llegada de la pandemia, con sus restricciones de movimiento, volvieron a conducir en 2020 a un descenso de los homicidios. En el período del 20 de marzo al 17 de agosto de 2020, cuando se dieron los confinamientos más estrictos, los homicidios diarios por municipio cayeron, en promedio, un 16% respecto de la tendencia que exhibían antes de las medidas de distanciamiento social. En las semanas de cuarentena total, el número diario de homicidios cayó incluso alrededor de un 40% respecto de la tendencia previa a la cuarentena. A partir de junio de 2020, el número de homicidios retornó a las tendencias anteriores a la emergencia sanitaria. La criminalidad bajó los primeros meses por el miedo al contagio, pero rápidamente volvió a las cifras acostumbradas, especialmente en cuanto a robos y hurtos, cuando empeoró la situación económica y aumentó la necesidad de alimentación entre la población de escasos recursos. Sin embargo, por lo ocurrido el primer semestre del año, Colombia cerró 2020 con la tasa de homicidios más baja en los últimos 46 años.

Un dato claramente negativo de 2020, no obstante, fue la continuación de la violencia dirigida contra líderes sociales y excombatientes. El año pasado 297 dirigentes locales fueron asesinados, lo que eleva a 904 los agentes sociales muertos desde 2016 hasta febrero de 2021. En ese mismo periodo, 276 antiguos guerrilleros resultaron asesinados, la mayor parte de ellos implicados en comparecencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Fiscales federales presentan cargos contra la cúpula de la mara en El Salvador por delitos contra la seguridad nacional

° EEUU sigue catalogando las pandillas como organización criminal, no como grupo terrorista, pero en el último año ha pasado a considerar terroristas a algunos de sus jefes

° El Departamento de Justicia estima probada la conexión entre las decisiones tomadas por la cúpula de la MS-13 desde cárceles salvadoreñas y crímenes cometidos en EEUU

° En los últimos cinco años los tribunales estadounidenses han condenado a 504 pandilleros, de los cuales 73 recibieron penas de cadena perpetua

► Reclusos de las maras en prisiones salvadoreñas, en abril de 2020 [Gob. de El Salvador]

INFORME SRA 2021 /  Xabier Ramos Garzón  [versión en PDF]

Las autoridades de Estados Unidos han dado en el último año un significativo salto en su reacción a la violencia de la principal banda callejera latina, la mara Salvatrucha o MS-13. Por primera vez fiscales federales presentaron cargos por terrorismo contra jefes de la pandilla, abriendo la puerta a una revisión de la catalogación de la MS-13, considerada desde 2012 en Estados Unidos como organización criminal internacional y que podría ser designada grupo terrorista, como ya sucede en El Salvador.

La focalización del Departamento de Justicia en la violencia de conexión centroamericana, sin embargo, pudo obedecer durante la Administración Trump a una priorización de la lucha contra la inmigración ilegal. Se desconoce de momento si la Administración Biden, que tiene menos interés en criminalizar el hecho migratorio, insistirá en la categoría de terrorismo. No obstante, la presión policial y judicial sobre los pandilleros responsables de crímenes en suelo estadounidense no parece que de momento vaya a decrecer.

Ofensiva fiscal

En julio de 2020 el Departamento de Justicia norteamericano hizo públicos cargos por terrorismo contra Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue de gánster, sellados desde el previo mes de mayo en la Corte del Distrito Este de Virginia. Los cargos incluían conspiración para suministrar apoyo material a terroristas, cometer actos de terrorismo transfronterizos, financiar acciones terroristas y llevar a cabo operaciones de narcoterrorismo. Melgar había vivido en Virginia, con algunas ausencias, entre 2003 y 2016, año en que fue deportado. En noviembre de 2018 fue detenido y encarcelado en El Salvador. La Fiscalía considera que desde ese país dirigía la acción delictiva de la MS-13 en la Costa Este: aparentemente ordenaba y aprobaba asesinatos, supervisaba negocios de narcotráfico y recolectaba dinero para las clicas u organizaciones locales.

Abierta esa vía de cargos por terrorismo, que suponen penas mayores, contra dirigentes que supuestamente ordenaban la comisión de crímenes desde El Salvador, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York procedió pocos meses después a la acusación formal más amplia y de mayor alcance dirigida contra la MS-13 y su estructura de mando y control en la historia de Estados Unidos, alegando delitos “contra la seguridad nacional”. Así, en enero de 2021 esa Fiscalía federal hizo público un indictment, formalizado secretamente en el mes anterior, con acusaciones contra catorce jefes de la MS-13, todos ellos integrantes de la Ranfla Nacional o dirección de la mara, la cual estaba encabezada, según el Ministerio Público, por Borromeo Enrique Henríquez, alias Diablito de Hollywood. Once de ellos se encuentran en cárceles salvadoreñas y tres son fugitivos. Los cargos eran similares a los presentados contra Melgar, sin que igualmente la acusación aporte detalles sobre acciones específicas. Se les atribuyen los crímenes de distintas clicas de la MS-19 ya que, al formar parte de su cúpula directiva, serían los responsables últimos de las órdenes de comisión de muchos de los delitos. Según indicó el fiscal al anunciar el caso, “la MS-13 es responsable de una ola de muerte y violencia que ha aterrorizado a las comunidades, dejando los vecindarios inundados de derramamiento de sangre”. EEUU procedió a preparar las respectivas peticiones de extradición.

Además de estas dos causas, que se insertarían en un marco conceptual que parece querer perseguir la figura de jefatura de grupo terrorista (a pesar de que la consideración de terrorista no ha sido aplicada por Estados Unidos a ninguna pandilla, ni hay consenso sobre una estrecha centralización en la toma de decisiones criminales), en 2020 se pusieron en marcha varios procesos judiciales contra miembros de la MS-13 por delitos estrictamente de asesinato, secuestro, narcotráfico, tenencia de armas y otras actividades de crimen organizado. El mismo día de julio de 2020 en que se anunció la acusación contra Melgar, la Corte del Distrito Este de Nueva York presentó una causa contra ocho integrantes de la organización, y la del Distrito de Nevada contra otros trece; en agosto, el Distrito Este de Virginia procedió a la detención de once personas más relacionadas con la pandilla.

Esas actuaciones mostraban un empeño en hacer efectivas las investigaciones que recientemente se habían intensificado, al término de un mandato presidencial que había hecho de la lucha contra las maras una de las prioridades del Departamento de Justicia. Precisamente a finales de 2020, este departamento publicó un informe haciendo balance de los “esfuerzos” llevados a cabo en este terreno entre 2016 y 2020, titulado “Respuesta a gran escala”. El informe, que calcula que en Estados Unidos hay unos 10.000 miembros de diferentes pandillas, contabiliza que en ese periodo se presentaron en los tribunales estadounidenses cargos contra 749 pandilleros; de ellos, el 74% estaban en el país de manera ilegal, el 8% eran ciudadanos estadounidenses y el 3% residía de forma legal. Esos procesos llevaron a la condena de al menos 504 personas, de las cuales 37 recibieron penas de cadena perpetua.

El fiscal general, además, abrió el procedimiento para solicitar la pena de muerte de dos acusados, implicados en crímenes que tuvieron una especial resonancia social. Se trata de Alexi Sáenz, a quien se le atribuyen siete asesinatos, casi todos usando un machete o un bate de béisbol, y de Elmer Zelaya, acusado de coordinar el apuñalamiento de dos jóvenes; la mayoría de las víctimas eran adolescentes. Esta extrema violencia fue resaltada por Donald Trump en varios momentos de su mandato y a ella se refirió el pasado mes de julio cuando se anunciaron los mencionados casos por terrorismo. Calificó a los pandilleros de “monstruos que asesinan niños”, e indicó que las autoridades estadounidenses no descansarían hasta que “todos los miembros de la MS-13” comparezcan ante la Justicia.

Por su parte, el FBI ha conformado con fuerzas de seguridad de varios países centroamericanos las Unidades Trasnacionales Anti-Gang (TAG), que desde 2016 han sido responsables de cientos de detenciones y han asistido a la extradición a EEUU de 68 acusados, 35 desde Guatemala, 20 desde Honduras y 13 desde El Salvador.

Trayectoria

Las disposiciones de Barack Obama en 2011 facultando la consideración de las pandillas como organizaciones criminales internacionales, en el marco de una nueva Estrategia Nacional para Combatir el Crimen Organizado Trasnacional, fueron utilizadas por el Departamento del Tesoro en 2012 para aplicar esa consideración a la MS-13. El Departamento de Justicia recurrió en 2017 a la misma catalogación como base para la “war on gangs” lanzada por Trump. En el propio Congreso ya se puso de relieve en 2018 la peligrosidad e incidencia de las maras, en actuaciones decididas desde El Salvador.

En 2019 el fiscal general William Barr viajó a El Salvador, donde recabó información de las autoridades del país, cuya Corte Suprema ya había designado grupo terrorista a las maras en 2015. Supuestas evidencias de la cadena de mando, que conecta las órdenes de asesinatos y otros crímenes dadas desde las cárceles salvadoreñas y su ejecución en Estados Unidos, habrían sustentado la decisión de 2020 de abrir las causas por terrorismo contra pandilleros en los tribunales federales estadounidenses.

Este cambio en el tipo de delito puede ser clave en el futuro de la lucha contra las maras al ofrecer una serie de ventajas, ya que no existe un estatuto de limitaciones sobre los cargos de terrorismo y estos tienen asociadas penas más severas. Las leyes internacionales también contemplan un mayor arco y margen de maniobra a los países que luchan contra el terrorismo, por lo que la cooperación entre países podría verse aumentada notablemente; de hecho, el que los cargos sean homologables en Estados Unidos y El Salvador podrían agilizar las peticiones de extradición.

Sin embargo, el paso no está exento de controversia. De la misma manera que no ha servido de mucho aplicar cargos de narcotráfico internacional contra los pandilleros, pues no constituyen propiamente un cartel de drogas trasnacional, está por ver la eficacia de invocar cargos por terrorismo en este caso, dado que las maras, al menos en Estados Unidos, no reúnen la variedad de rasgos propios de una organización terrorista: no existe desde luego el elemento de querer ser un actor político. En cualquier caso, como ha dicho Steven Dudley, codirector de Insight Crime y autor de libro MS-13: la creación de la pandilla más notoria de Estados Unidos, la decisión del gobierno estadounidense de acusar de terrorismo a los líderes visibles de la MS-13 en El Salvador “puede ser una señal de lo mal que entienden a esta pandilla o de lo bien que entienden su sistema judicial”

La comparecencia del jefe del USSOUTHCOM en el Capitolio eleva cada año el grado de alerta ante la influencia china y el retroceso estadounidense

° En su última aparición, el almirante Craig Faller advirtió que EEUU “está perdiendo su ventaja posicional’ y reclamó “acción inmediata para revertir esta tendencia”

° En los últimos años el discurso del Comando Sur ante el Congreso ha destacado la penetración de China, Rusia e Irán, de la mano de Cuba, Venezuela y Nicaragua

° El análisis de las intervenciones del jefe del Pentágono para la región muestra la creciente involucración del régimen de Maduro en actividades delictivas

► Visita del jefe del Comando Sur estadounidense a Montevideo, en abril de 2021 [SouthCom]

INFORME SRA 2021 /  Diego Diamanti  [versión en PDF]

El Comando Sur de Estados Unidos –la estructura militar, dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que tiene encomendada la atención a Latinoamérica y el Caribe– ha ido elevando progresivamente la voz de alerta sobre la creciente influencia de Rusia y sobre todo de China en el Hemisferio Occidental, en detrimento de la posición de EEUU. Esto, combinado con la amenaza que proviene de las organizaciones de crimen organizado, especialmente implicadas en el narcotráfico, llevaron al jefe del USSOUTHCOM, el almirante Craig Faller, a confesar en marzo sentir “un increíble sentido de urgencia”: “el hemisferio en el que vivimos está bajo ataque”, dijo en su anual comparecencia ante el Congreso estadounidense, dedicada a analizar las amenazas y las oportunidades que presenta la región en términos de seguridad.

En su tercer “posture statement” ante el Congreso desde que dirige el Comando Sur, Faller advirtió que Estados Unidos está perdiendo su “posición de ventaja” en el hemisferio y planteó que “se necesita una acción inmediata para revertir la tendencia”. Analizando sus intervenciones de 2019 y 2020, así como la de 2018 de su predecesor, el almirante Kurt Tidd, se aprecia un agravamiento en la percepción de la rivalidad con China. Cada vez la referencia a la amenaza china es más explícita y ocupa más espacio. Lo que primero se vio como una influencia económica, por el incremento del comercio y la adjudicación de créditos, ahora se presenta como algo más global y estratégicamente más peligroso. Según Faller, China está buscando “establecer una logística global y una infraestructura de base en nuestro hemisferio para proyectar y sostener el poder militar a mayores distancias”.

El cambio de Administración no ha supuesto ninguna variación en ese agravamiento de la percepción sobre los riesgos que se están generando en Latinoamérica. Si bien la presidencia de Joe Biden ha supuesto un giro en el tono mantenido por su predecesor, se mantiene la hostilidad hacia Pekín y el deseo de marcar de cerca otros regímenes autoritarios como Rusia o Venezuela. De ahí que el “posture statement” presentado este año por el jefe del Comando Sur sea consistente con los anteriores en apuntar a la creciente actividad de Rusia y China en la región (y de Irán, en coordinación con Hezbolá), así como su colaboración con Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que Faller llamó “actores estatales regionales malignos”.

El uso de Cuba

Una de las amenazas constantes que se repiten y que se ve cómo aumenta de manera gradual es la estrategia de diplomacia económica que implementa China en varios países de la región: cómo a través de préstamos e inversiones Pekín incorpora a esos países a su red de comercio internacional, en ocasiones integrándolos en la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. La declaración de 2018 no mencionaba el número de naciones latinoamericanas que participaban en la iniciativa; la de 2019 contabilizaba 16, y la de 2020 hablaba de 19, indicando una clara tendencia de que poco a poco China está aumentando sus actividades y su influencia en el hemisferio. La estrategia de 2020 decía además que 25 de los 31 países de la región tienen proyectos chinos de infraestructura, los cuales, como expresamente destaca el jefe del Comando Sur, podrían ser utilizados en un futuro como apoyo para intereses militares chinos. A todo esto se suma la crisis del COVID-19, que China ha aprovechado para aumentar su influencia regional gracias a potencial de material sanitario y vacunas.

Venezuela ocupa un lugar destacado en las últimas cuatro declaraciones. A lo largo de los años se aprecia cómo la situación empeora progresivamente y se endurece la postura del Comando Sur hacia el régimen de Maduro: pasa de no llamarlo ilegítimo a sí hacerlo, y luego lo acusa abiertamente de estar involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico. Subraya su estrecha colaboración militar con Rusia y con los grupos narcoterroristas colombianos –el ELN y las disidencias de las FARC–, a los que acoge en su territorio.

Otro aspecto que se reitera es el énfasis en el papel desestabilizador de Cuba: cómo La Habana interfiere en asuntos internos en Venezuela y Nicaragua, aleccionando a esos regímenes opresores sobre cómo reprimir movimientos y manifestaciones de opositores, en ocasiones enviando a sus propios agentes para cumplir esa función represiva. Además en la estrategia se plantea el hecho de como Rusia utiliza a Cuba como base para sus operaciones de inteligencia hacia los Estados Unidos y para proyectar su poder en la región.

Las declaraciones del Comando Sur están en consonancia con las preocupaciones expresadas en el documento Marco Estratégico para el Hemisferio Occidental, elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional en 2020. Aunque la Administración Trump deberá formular su propio plan estratégico para la región, no cabe esperar sustanciales cambios, dado que existe el mismo interés en recuperar la democracia para Nicaragua, Venezuela y Cuba; en la promover la transparencia y luchar contra la corrupción; en combatir actividades ilícitas, como en el caso del narcotráfico y el tráfico de personas, y en hacer frente la creciente presencia china en la región.

Con una producción petrolera bajo mínimos, el régimen de Maduro ha echado mano del metal precioso para pagar los servicios de Teherán

° Sin más créditos de China o Rusia, Caracas consolidó en 2020 la renacida relación con los iraníes, encargados de intentar reactivar las paralizadas refinerías del país

° En el último año, cargueros despachados por Irán han llevado a la nación caribeña más de 5 millones de barriles de gasolina, así como productos para su supermercado Megasis

° La implicación de entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria, declarada grupo terrorista por Washington, dificulta cualquier gesto hacia la Administración Biden

► La vicepresidenta venezolana y el viceministro de Industria iraní inauguran el supermercado Megasis en Caracas, en julio de 2020 [Gob. de Venezuela]

INFORME SRA 2021 /  María Victoria Andarcia  [versión en PDF]

La relación de Venezuela con potencias extrahemisféricas ha estado caracterizada en el último año y medio por la reanudación de la estrecha vinculación con Irán ya vista durante las presidencias de Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad. Agotadas las posibilidades de financiación facilitadas por China (no concede créditos a Caracas desde 2016) y por Rusia (su interés petrolero en Venezuela, a través de Rosneft, se vio especialmente constreñido en 2019 por las sanciones de la Administración Trump a los negocios de Pdvsa), el régimen de Nicolás Maduro llamó de nuevo a la puerta de Irán.

Y Teherán, otra vez cercado por las sanciones de Estados Unidos, como ocurriera durante la era de Ahmadineyad, ha vuelto a ver en la alianza con Venezuela la ocasión de plantar cara a Washington, al tiempo que saca algún rendimiento económico en tiempos de gran necesidad: cargamentos de oro, por valor al menos de 500 millones de dólares, según Bloomberg, habrían salido de Venezuela en 2020 como pago de los servicios prestados por Irán. Si los créditos de China o Rusia eran a cambio de petróleo, ahora el régimen chavista debía además echar mano del oro, pues la producción de la estatal Pdvsa estaba bajo mínimos históricos, con 362.000 barriles diarios en el tercer trimestre del año (Chávez tomó la compañía con una producción de 3,2 millones de barriles diarios).

El cambio de pareja se simbolizó en febrero de 2020 con la llegada de técnicos iraníes para poner en marcha la refinería de Armuy, abandonada el mes anterior por los expertos rusos. La falta de inversión había llevado al descuido del mantenimiento de las refinerías del país, lo que estaba provocando una gran escasez de gasolina y largas filas en las estaciones de servicio. La asistencia iraní apenas lograría mejorar la situación refinadora, y Teherán tuvo que suplir esa ineficiencia con el envío de cargueros de gasolina. Asimismo, la escasez de alimentos ofreció otra vía de auxilio para Teherán, que también despachó barcos con comestibles.

Gasolina y alimentos

La relación venezolano-iraní, que sin eliminarse del todo se había reducido durante la presidencia de Hasán Rohaní, al focalizarse esta en la negociación internacional del acuerdo nuclear que se alcanzaría en 2015 (conocido como JCPOA por sus siglas en inglés), se reanudó a lo largo de 2019. En abril de ese año la controvertida aerolínea iraní Mahan Air recibió permisos de operaciones en Venezuela para cubrir la ruta Teherán-Caracas. Aunque la aerolínea no ha comercializado la ruta aérea, sí ha fletado varios vuelos a Venezuela a pesar del cierre del espacio aéreo territorial ordenado por Maduro debido a la pandemia de Covid-19. Las operaciones de Mahan Air sirvieron para transportar a los técnicos iraníes que iban a emplearse en los esfuerzos de reiniciar la producción de gasolina en las refinerías del complejo de Paraguaná, así como material necesario para esas tareas.

Esas y otras gestiones habrían estado preparadas por la embajada de Irán en Venezuela, que desde diciembre de 2019 está dirigida por Hojatolá Soltani, alguien conocido por “mezclar la política exterior de Irán con las actividades” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), según el investigador Joseph Humire. Este considera que Mahan Air habría realizado unos cuarenta vuelos en la primera mitad de 2020.

De la misma manera, Irán estuvo enviando múltiples buques de combustible a Venezuela para hacer frente a la escasez de gasolina. El primer envío llegó en una flotilla de tanqueros que, desafiando las sanciones de Estados Unidos, entraron en aguas venezolanas entre el 24 y el 31 de mayo, transportando en conjunto 1,5 millones de barriles de gasolina. En junio llegó otro buque con unos estimados 300.000 barriles, y otros tres aportaron 820.000 barriles entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021 otra flotilla habría transportado 2,3 millones de barriles. A ese total de al menos 5 millones de barriles de gasolina habría que sumar la llegada 2,1 millones de barriles de condensado para aplicarse como diluyente del petróleo extrapesado venezolano.

Además de combustible, Irán también ha enviado en este tiempo suministros médicos y alimentos para ayudar a combatir emergencia humanitaria que sufre el país. Así, resulta importante destacar la apertura del supermercado Megasis, a la que se vincula con la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar iraní que la Administración Trump incluyó en el catálogo de grupos terroristas. El establecimiento comercial vende productos de marcas propiedad del ejercito iraní, como Delnoosh y Varamin, que son dos de las subsidiarias de la compañía Ekta, supuestamente creada como un fideicomiso de seguridad social para veteranos militares iraníes. La cadena de supermercados Ekta se encuentra subordinada al Ministerio de Defensa iraní y a las Fuerzas Armadas de Logística, entidad sancionada por Estados Unidos por su papel en el desarrollo de misiles balísticos.

El oro y Saab

Esta actividad preocupa a Estados Unidos. Un reporte del Atlantic Council detalla cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen de Maduro. El ministro de petróleo venezolano, Tareck El Aissami ha sido identificado como el actor clave de la red ilícita. Éste presuntamente acordó con Teherán la importación de combustible iraní a cambio de oro venezolano. De acuerdo con la información de Bloomberg antes citada, el Gobierno de Venezuela había entregado a Irán, hasta abril de 2020, alrededor de nueve toneladas de oro con un valor de aproximadamente 500 millones de dólares, a cambio de su asistencia en la reactivación de las refinerías. El oro fue aparentemente trasladado en los vuelos de Mahan Air hacia Teherán.

En las negociaciones pudo haber intervenido el empresario de origen colombiano Alex Saab, que ya centralizó buena parte de las importaciones de alimentos realizadas por el régimen chavista bajo el programa Clap y se estaba implicando en los suministros iraníes de gasolina. Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde cuando su avión particular repostaba en un aparente vuelo a Teherán. Solicitado a Interpol por Estados Unidos como principal testaferro de Maduro, el proceso de extradición sigue abierto.

Las entidades participantes en buena parte de estos intercambios están sancionadas por Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense por su conexión a la IRGC. La capacidad de la IRGC de operar en Venezuela se debe al alcance de la red de soporte de Hezbolá, organización señalada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Hezbolá ha logrado infiltrar las comunidades expatriadas libanesas de Venezuela, dando paso a Irán para crecer su influencia en la región. Esos vínculos dificultan cualquier gesto que Caracas pueda intentar para propiciar cualquier desescalada por parte de la nueva Administración Biden de las sanciones aplicadas por Washington.

Pekín ya no es solo socio comercial y otorgador de créditos para infraestructuras: se pone a la par de Occidente en excelencia farmacéutica y proveedor sanitario

° Solo Perú, Chile y Argentina han contratado más dosis chinas y rusas; en Brasil y México predominan las de EEUU y Europa, como en el resto de los países de la región

° Huawei logra entrar en el concurso del 5G brasileño a cambio de vacunas; Pekín las ofrece a Paraguay si abandona su reconocimiento a Taiwán

° Además de los ensayos clínicos que hubo en varias naciones en la segunda mitad de 2020, Argentina y México van a producir o envasar Sputnik V a partir del mes de junio

► Llegada de un cargamento de vacunas Sputnik V a Venezuela, en febrero de 2021 [Palacio de Miraflores]

INFORME SRA 2021 /  Emili J. Blasco  [versión en PDF]

La vacunación en Latinoamérica se está haciendo sustancialmente con preparados desarrollados en Estados Unidos y Europa, aunque la atención mediática haya privilegiado las dosis procedentes de China y Rusia. La particular diplomacia de las vacunas ejecutada a lo largo de los últimos meses por Pekín y Moscú –que con fondos públicos han promovido la exportación de inyecciones, por delante de las necesidades de sus propios habitantes– ha sido ciertamente activa y ha logrado dar la impresión de una influencia mayor de la real, con la promesa muchas veces de volúmenes de suministros que raras veces se han cumplido en sus plazos.

Cuando, a partir de junio, inmunizada ya gran parte de los estadounidenses, la Administración Biden se vuelque en hacer su aportación de vacunas a la región, el desequilibrio a favor de fórmulas de los laboratorios “occidentales” –también utilizadas básicamente en los acopios del sistema Covax de Naciones Unidas– será aún mayor. No obstante, el desarrollo de la crisis sanitaria en el último año habrá servido para consolidar el pie puesto por China y Rusia en América Latina.

Hasta la fecha, solo Perú, Chile y Argentina han contratado más vacunas de China (CanSino, Sinopharm y Sinovac) y Rusia (Sputnik V) que de Estados Unidos y Europa (AstraZeneca, J&J, Moderna y Pfizer). En el caso de Perú, de los 116 millones de dosis comprometidas, 51 corresponden a laboratorios europeos y/o estadounidenses, 45 millones a los chinos y 20 millones al ruso. En el caso de Chile, de los 79,8 millones de dosis, 18 millones son vacunas del primer grupo, mientras que 61,8 millones son chinas. Por lo que afecta a Argentina, de los 62,4 millones de dosis reservadas, 22,4 millones son “occidentales”, 10 millones rusas y 30 millones chinas. Son datos de AS/COA, que sigue un detallado cómputo de diversos aspectos de la evolución de la crisis sanitaria en Latinoamérica.

En cuanto a los dos mayores países de la región, la preferencia por las fórmulas de EEUU y Europa es notoria. De los 661,4 millones de dosis apalabradas por Brasil, 481,4 tienen esa procedencia, frente a 100 millones de dosis chinas y 80 millones de Sputnik V (además, no está claro que estas últimas acaben llegando, dada el reciente rechazado a su autorización por parte de los reguladores brasileños). De los 310,8 millones contratados por México, 219,8 millones son de vacunas “occidentales”, 67 millones de vacunas chinas y 24 millones de Sputnik V.

Tablas: reproducción de AS/COA, base de datos online, información a 31 de marzo de 2021

Ensayos y producción

Las vacunas de China y Rusia no eran desconocidas en la opinión pública latinoamericana, pues en la segunda mitad de 2020 fueron noticia con frecuencia a raíz de los ensayos clínicos que se llevaron a cabo en algunos países. Sudamérica presentaba un especial interés para los principales laboratorios del mundo, ya que acogía una alta incidencia de la epidemia junto con cierto desarrollo médico que permitía un serio seguimiento de la eficacia de los preparados, compatible con un nivel de necesidad económica que facilitaba contar con miles de voluntarios para las pruebas. Eso hizo que la región centrara el campo de ensayos clínicos mundiales de las principales vacunas anti Covid-19, siendo Brasil el epicentro de la carrera en la experimentación. Además de las pruebas llevadas a cabo por Johnson & Johnson en seis países, y de Pfizer y Moderna en dos, Sputnik V se experimentó en tres (Brasil, México y Venezuela) y en dos lo hicieron Sinovac (Brasil y Chile) y Sinopharm (Argentina y Perú).

La experimentación, no obstante, se debía a acuerdos particulares entre laboratorios, que apenas exigía implicación de las autoridades sanitarias o políticas del país en cuestión. El compromiso de determinados gobiernos con las vacunas de China y Rusia vino con las negociaciones de compra y luego con su consiguiente autorización de uso, último paso que no siempre se ha producido. Una ulterior alianza en el caso de Sputnik V ha sido el proyecto de Argentina de producir en su territorio el preparado ruso a partir del próximo mes de junio, para vacunación propia y reparto a países vecinos, así como el de México para el envasado de las dosis, también a partir de junio. Argentina fue el primer país en registrar y aprobar Sputnik V, utilizando una información que luego ha compartido con otros países de la región. El movimiento de México ha sido interpretado como un modo de presionar a Estados Unidos para que liberalice cuanto antes la exportación de sus vacunas.

También China ha ejercido presiones sobre algunos países sudamericanos. Ha aprovechado la extrema necesidad de vacunas de Brasil para forzar que el Gobierno de Jair Bolsonaro tenga que admitir que Huawei opte al concurso para la red de 5G brasileña, a pesar de haber vetado inicialmente a la empresa china. Igualmente, Pekín parece haber prometido vacunas a Paraguay a cambio de que este país deje de reconocer a Taiwán. Por lo demás, el Gobierno chino promedió el año pasado un crédito de mil millones de dólares para la adquisición de material sanitario, como ha advertido el jefe del Comando Sur estadounidense, llamando la atención sobre el uso de la crisis que está haciendo China para lograr más penetración en el hemisferio.

Consolidación

Sea cual sea el mapa final de la aplicación de cada preparado en el proceso de vacunación, lo cierto es que sobre todo Pekín, pero de algún modo también Moscú, han logrado una importante victoria, por más que sus vacunas puedan quedar muy por detrás en el número total de dosis inyectadas en Latinoamérica. En una región acostumbrada a identificar a Estados Unidos y Europa con la capacidad científica y el alto desarrollo médico y farmacéutico, por primera vez se ve a China no ya como origen de productos baratos y de confección poco sofisticada, sino a la par en investigación y eficacia sanitaria. Más allá de la exitosa gestión que ha hecho Pekín de la pandemia, que puede relativizarse considerando el carácter autoritario de su sistema político, China surge como un país puntero, capaz de alcanzar una vacuna tan rápidamente como Occidente y, en cierta forma, homologable a este. La imagen de Rusia queda algo por debajo, pero Sputnik V permite consolidar el “regreso” ruso a una posición de referencia que había perdido absolutamente en recientes décadas.

A raíz de la emergencia por Covid-19, en el imaginario colectivo latinoamericano China ya no constituye solo un factor de comercio, de construcción de infraestructuras y de otorgador de créditos para el desarrollo de estas, sino que asienta su penetración como una potencia con dimensiones plenas, también en lo referente a un elemento central en la vida de los individuos como es la superación de la pandemia.

Y es que los países latinoamericanos han sufrido la crisis sanitaria y económica del coronavirus como ninguna otra región del mundo. Con el 8,2% de la población mundial, para octubre de 2020 acogía el 28% de los casos positivos globales por Covid-19 y el 34% de las muertes. El agravamiento de la situación luego en países como India pudo modificar algo esos porcentajes, pero la región ha mantenido importantes focos de infección, como Brasil, seguido de México y Perú. Para hacer frente a esta situación, Latinoamérica recibe dos tercios de la ayuda mundial del FMI por la pandemia: la región cuenta con 17 millones más de pobres y no recuperará la anterior renta per cápita hasta 2025, más tarde que el resto del mundo.

El aumento de las flotas de pesqueros de China provoca quejas sobre presunta invasión de zonas económicas exclusivas y actividad ilegal

° La presencia de más de 500 embarcaciones crea inquietud por continua evasión de radares, uso de sistemas de extracción no permitidos y desobediencia a los guardacostas

° Los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú emitieron un comunicado llamando a la supervisión de una actividad que Pekín rechaza someter a inspección internacional

° La intimidación recuerda al uso de pescadores chinos como “fuerza de choque” en el Mar de China Meridional; aquí el objetivo no es ganar espacio de soberanía, sino de pesca

► El buque chino Hong Pu 16, seguido por el patrullero argentino ARA Bouchard, en mayo de 2020 [Armada argentina]

INFORME SRA 2021 /  Paola Rosenberg  [versión en PDF]

Diversos países latinoamericanos se han quejado a lo largo del último año de depredación económica china, por la presencia masiva de barcos de pesca chinos en las inmediaciones de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la presenta penetración furtiva en ella. También han denunciado el uso por parte de pesqueros chinos de técnicas de captura no permitidas que esquilman los principales caladeros y erosionan la sostenibilidad marina.

La llegada desde China de embarcaciones pesqueras de lo que normalmente se categoriza como Flota en Aguas Distantes (DWF por sus siglas en inglés) comenzó a producirse en el contorno marítimo latinoamericano en 2001 con una veintena de barcos; desde entonces su número ha ido en rápido aumento y las cifras más recientes hablan de unas 500 naves. El malestar de los países más afectados no es nuevo, pero en 2020 las quejas fueron más altas y formales. Además, en la abierta era de confrontación con Pekín, Washington salió en defensa de los intereses de sus vecinos hemisféricos.

China cuenta con la flota pesquera de altura más grande del mundo, que se halla en expansión cuando las flotas de otros países pesqueros están disminuyendo. No está claro su volumen, pues muchas veces opera mediante pequeñas empresas pantalla que difuminan su origen nacional, pero se ha llegado a estimar un total de 17.000 embarcaciones. En esa actividad lejos de la propia China la flota captura dos millones de toneladas de pescado, lo que supone el 40% del total mundial en aguas distantes. Parte de las capturas que lleva a cabo son resultado de pesca ilegal; China es el país con peor notal del mundo en cuanto a prácticas pesqueras no permitida, según la valoración de Global Initiative.

Mapa tomado de China Dialogue y Global Fishing Watch

Las estratégicas Galápagos

La pesca es uno de los recursos más importantes para varios países latinoamericanos, de ahí que la masiva presencia china en la cercanía de sus aguas de explotación, si es que además no ha habido penetración en ellas, ha generado inquietud. En el último año abundaron las noticias de pesca china a la altura de Ecuador, Perú, Chile y Argentina, sobre todo vinculada con la captura del calamar, pero también de otras especies como el jurel, la caballa, el atún y la merluza austral. Esos países creen que se está dando una sobrepesca y la captura de especies en peligro de extinción, como el calamar gigante, con la consiguiente amenaza para la preservación de la riqueza pesquera y la biodiversidad; además, estiman que también se da la posesión de licencias falsas y la violación de la soberanía de los estados ribereños al presumiblemente entrar ilegalmente en su ZEE. Los pescadores de esos países ribereños reportan cada vez más la presencia de barcos chinos en actitud intimidatoria, realizando actos que amenazan no solo sus recursos naturales sino también su seguridad.

Las principales acusaciones se produjeron a partir de julio en Ecuador. A principios de ese mes, la armada ecuatoriana alertó sobre la presencia de una flota pesquera china de unos 260 barcos faenando justo en el límite de la ZEE de las Islas Galápagos, de soberanía ecuatoriana. A finales del mes, la flota había incrementado a más de 342 naves. El archipiélago de las Galápagos fue declarado por la Unesco como reserva de la biósfera, debido a que alberga cientos de especies de flora y fauna única en el mundo. Por esta razón, la explotación en esta zona implica pérdidas muy grandes en cuanto a la biodiversidad marina.

Además, la mitad de la flota china tuvo un comportamiento sospechoso, al apagar el sistema de rastreo y de identificación. Fue una evasión de radares marinos que se llegó a prolongar durante casi tres semanas, como denunció el ministro de Defensa ecuatoriano, Oswaldo Jarrín. El ministro dio a entender que esa actitud buscaba esconder pesca ilegal y tal vez también incursión en aguas tuteladas por Ecuador para faenar en ellas. De todos modos, precisó que la armada ecuatoriana solo pudo hallar un par de embarcaciones dentro de la ZEE de las Galápagos, que alegaron estar haciendo uso de “paso inocente”.

El presidente del país, Lenín Moreno, elevó formalmente las quejas a las autoridades de Pekín, comunicándoles que Ecuador haría valer con fortaleza los derechos marítimos sobre su ZEE, y anunció una posición coordinada con otros gobiernos latinoamericanos. De hecho, enseguida otros países de la región vieron llegar la flota china a la proximidad de sus aguas. Los barcos salieron del pasillo de aguas internacionales que existe entre la ZEE de las Galápagos y la que corresponde a la costa de Ecuador, en el que estuvieron cierto tiempo para capturar la pesa que migra de un lado a otro, para desplazarse luego hacia el sur, primero en las inmediaciones de las aguas de Perú y de Chile y después, pasando del Pacífico al Atlántico, de Argentina.

Esos países contaron con el respaldo de Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado aseguró en agosto que la masiva presencia de pesqueros chinos y su práctica de desactivar los sistemas de rastreo, cambiar el nombre de los barcos y eliminar desechos marinos era algo “muy preocupante”. El presidente Donald Trump también se pronunció negativamente con ocasión de su discurso de septiembre ante Naciones Unidas. Washington lleva tiempo atento a la creciente presencia china en el continente, no solo comercial, sino también en la gestión de infraestructuras estratégicas como terminales portuarias. Las Galápagos, específicamente, tienen un especial valor estratégico por su situación en rutas de acceso al Canal de Panamá.

Petición de inspecciones

Después de Ecuador, debido a la amenaza frente a sus aguas, Perú y Chile activaron la Vigilancia Pesquera Global y movilizaron patrullas aéreas y navales para seguir de cerca el avance de la flota pesquera china. Cuando esta pasó al Atlántico, en diciembre de 2020, la fuerza naval argentina también desplegó unidades navales y aéreas para garantizar el control sobre sus espacios marítimos.

En noviembre, los gobiernos de Ecuador, Chile, Perú y Colombia (la ZEE de este último país limita con el pasillo entre las dos áreas marítimas ecuatorianas) emitieron una declaración conjunta, en la que expresaron su preocupación por la presencia “de una gran flota de embarcaciones de pabellón extranjero que ha desarrollado actividades pesqueras durante los últimos meses en aguas internacionales, cercanas a nuestras aguas jurisdiccionales”. La nota prefirió no mencionar expresamente a China (además, diversos barcos de la flota tenían un pabellón diferente, aunque eran chinos a todos los efectos), pero quedaba claro en qué dirección dirigían su denuncia de “actividades pesqueras no sometidas a control o reporte”.

Los países latinoamericanos reclaman que China acepte la realización de inspecciones, en presencia de personal chino si es necesario, de aquellos barcos que levanten sospechas, aunque su navegación se haya mantenido en aguas internacionales. Pekín responde que ya ha establecido moratorias en determinados momentos del año para la pesca del calamar en la región. No obstante, la falta de cooperación evidenciada hasta ahora y la creciente demanda del mercado chino hace suponer que este tipo de actividades seguirán aumentando.

Como ha hecho en el Pacífico, para hacer frente a las incursiones chinas Estados Unidos ha enviado navíos de la Guardia Costera al Atlántico Sur, en este caso en ejercicios conjuntos con Brasil y con Uruguay. Precisamente, con este último país Washington está intentando concretar algún tipo de colaboración que permita una mayor inspección del área marítima, al considerar que Argentina puede prestarse en exceso a los requerimientos chinos.

► Imagen del mapa mundial que elabora el John Hopkins Coronavirus Resource Center

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INFORME SRA 2021 /  Presentación

La pandemia causada por el virus Covid-19 ha tenido un gran impacto en el todo el mundo y muy especialmente en las naciones americanas: tres de los cuatro países con más muertos –Estados Unidos, Brasil y México, que suman más de un millón de fallecidos– se encuentran en el Hemisferio Occidental. Latinoamérica ha sido el área del planeta con mayor afectación por la enfermedad, en proporción a su población, y con peores consecuencias económicas. Esta situación ha supuesto, en el orden de la seguridad, una especial vulnerabilidad regional frente a potencias externas y mafias internas.

Si hace dos años poníamos en marcha este informe de Seguridad Regional Americana (SRA) afirmando que la geopolítica había regresado al continente, por el creciente interés de China y Rusia en el área de tradicional influencia estadounidense, ahora puede decirse que esas dos potencias extrahemisféricas han aprovechado la emergencia sanitaria para desplegar una “diplomacia de las vacunas” y consolidar su influencia, mientras Estados Unidos prepara su propio flujo de ayuda vecinal, a punto ya de concluir la inoculación de su población.

En este contexto, a lo largo de 2020 se produjeron episodios significativos. Las exigencias de seguridad alimentaria de China han reforzado la presencia de flotas de pesqueros chinos en las inmediaciones de las aguas de varios países sudamericanos, que ven amenazados sus caladeros con prácticas de pesca ilegal y presunta invasión de sus zonas económicas exclusivas. Eso ha llevado a un cierto movimiento de seguridad colectiva y una mayor interlocución con el Comando Sur estadounidense.

Por otro lado, el crimen organizado ha aprovechado también la situación pandémica, confiando en la distracción de las autoridades en otro tipo de esfuerzos. En el último año, Paraguay ha surgido como gran ‘hub’ en la salida de la cocaína del interior del continente, al tiempo que se afianza como principal productor de marihuana de Sudamérica, cuando ese cultivo se perfila como oportunidad de negocio legal en nuevos países. Por su parte, Guatemala y Honduras consolidan sus ‘ensayos’ en el cultivo de la coca, dando un salto –apenas cuantitativo, pero sí cualitativo– en el universo del narcotráfico. La noticia positiva en que el proceso de paz y los confinamientos de la pandemia han reducido los homicidios en Colombia a mínimos históricos.

CONTENIDO

Resumen ejecutivo

El Covid hace más vulnerable a Latinoamérica frente a potencias externas y mafias internas

Seguridad marítima

La pesca incontrolada china alerta a los gobiernos con los principales caladeros amenazados

Presencia extrahemisférica

Diplomacia de las vacunas: más dosis ‘occidentales’, pero China y Rusia consolidan su penetración

Presencia extrahemisférica

Irán toma oro de una Venezuela que ya no tiene petróleo con qué pagar los favores

Reacción de EEUU

El Comando Sur de EEUU extrema su advertencia sobre el avance de China en la región

Maras

Estados Unidos comienza a perseguir como terroristas a miembros de la MS-13

Seguridad ciudadana

El proceso de paz y el Covid reducen los homicidios en Colombia a mínimos históricos

Narcotráfico

Aumentan los ‘ensayos’ de cultivo de coca en Honduras y Guatemala, antes solo países de paso

Narcotráfico

Paraguay se mantiene como principal productor de marihuana de Sudamérica

ESSAY /  María Rodríguez Reyero

One of the main questions that arise after a conflict comes to an end is what the reconstruction process should be focused on. Is it more important to forget the past and heal the wounds of a community or to ensure that the perpetrators of violence are fairly punished? Is the concept of peacebuilding in post-conflict societies compatible with justice and the punishment for crimes? Which one should prevail? And most importantly, which one ensures a better and more sustainable future for the already harshly punished inhabitants?

One of the main reasons in defence of the promotion of justice and accountability in post-conflict communities is its significance when it comes to retributive reasons: those who committed such atrocious crimes deserve to get the consequences. The accountability also discourages future degradations, and some mechanisms such as truth commissions and reparations to the victims allow them to have a voice, as potentially cathartic or healing. They may also argue that accountability processes are essential for longer-term peacemaking and peacebuilding. Another reason for pursuing justice and accountability is how the impunity of past crimes could affect the legitimacy of new governments, as impunity for certain key perpetrators will undermine people’s belief in reconstruction and the possibilities for building a culture of respect for rule of law.[1]

On the other hand, peacebuilding, which attempts to address the underlying causes of a conflict and to help people to resolve their disputes rather than aiming for accountability, remains a quite controversial term, as it varies depending on its historical and geographical context. In general terms, peacebuilding encompasses activities designed to solidify peace and avoid a relapse into conflict[2]. According to Brahimi, those are undertaken to reassemble the foundations of peace and provide tools for building up those foundations, more than just focusing on the absence of war[3]. Some of the employed tools to achieve said aims typically include rule of law promotion and with the tools designed to promote security and stability: disarmament, demobilization, and reintegration of ex-combatants (DDR), and security sector reform (SSR) and others such as taking custody of and destroying weapons, repatriating refugees, offering advisory and training support for security personnel, monitoring elections, advancing efforts to protect human rights, reforming or strengthening government institutions and promotion of the formal and informal process of political participation.[4]

Those conflict resolution and peacebuilding activities can be disrupted by accountability processes.[5] The concern is that accountability initiatives might even block possible peace agreements and lengthen the dispute as they remove the foundations of the conflict, making flourish bad feelings and resentment amongst the society. The main reason behind this fear is that those likely to be targeted by accountability mechanisms may therefore resist peace deals. This explains why on many occasions and aiming for peace, amnesties have been given to secure peace agreements Likewise, there is a prevailing concern that transitional justice tools may reduce the impact in the short term the durability of a peace settlement as well as the effectiveness of further peace-building actions.

Despite the arguments in favour and against both mechanisms, the reality is that in practice post-conflict societies tend to strike a balance between peacebuilding and transitional justice. Both are multifaceted processes that do not rely on one system to accomplish their ends, that frequently converge. However, their activities on occasions collide and are not complimentary. This essay examines one of the dilemmas in building a just and durable peace: the challenging and complex relationship between transitional justice and peacebuilding in countries emerging from conflict.

To do so, this essay takes into consideration Rwanda, a clear example of the triumph of transitional justice, after a tragic genocide in 1994. From April to July 1994, between 800,000 and one million ethnic Tutsis were brutally killed during a 100-day killing spree perpetrated by Hutus[6]. After the genocide, Rwanda was on the edge of total collapse. Entire villages were destroyed, and social cohesion was in utter deterioration. In 2002, Rwanda boarded on the most arduous practice in transitional justice ever endeavoured: mass justice for mass atrocity, to judge and restart a stable society after the bloody genocide. To do so, Rwanda decided to put most of the nation on trial, instead of choosing, as other post-conflict states did (such as Mozambique, Uganda, East Timor, or Sierra Leone), amnesties, truth commissions, selective criminal prosecutions.[7]

On the other hand, Sierra Leone is a clear example of the success of peacebuilding activities, after a civil war that led to the deaths of over 50,000 people and a poverty-stricken country. The conflict faced the Revolutionary United Front (RUF[8]) against the official government, due to a context of bad governance and extensive injustice. It came to an end with the Abuja Protocols in 2001 and elections in 2002. The armed factions endeavoured to avoid any consequences by requesting an amnesty as well as reintegration assistance to ease possible societal ostracism. It was agreed only because the people of Sierra Leone so severely needed the violence to end. However, the UN representative to the peace negotiations stated that the amnesty did not apply to international crimes, President Kabbah asked for the UN’s assistance[9] and it resulted in the birth of Sierra Leone’s Truth and Reconciliation Commission (TRC) and the Special Court for Sierra Leone (SCSL or Special Court).[10]

Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) and transitional justice

Promoting short and longer-term security and stability in conflict-prone and post-conflict countries in many cases requires the reduction and structural transformation of groups with the capacity to engage in the use of force, including armies, militias, and rebel groups. In such situations, two processes are of remarkable benefit in lessening the risk of violence: DDR (disarmament, demobilization, and reintegration) of ex-combatants; and SSR (security sector reform).

DDR entails a range of policies and programs, supporting the return of ex-combatants to civilian life, either in their former communities or in different ones. Even if not all ex-combatants are turned to civilian life, DDR programs may lead to the transfer and training, of former members of armed groups to new military and security forces. The essence of DDR programming and the guarantees it seeks to provide is of utmost importance to ensuring peacebuilding and the possibility of efficient and legitimate governance.

It is undeniable that soldiers are unquestionably opposing to responsibility processes enshrined in peace agreements: they are less likely to cede arms if they dread arrest, whether it is by an international or domestic court. This intensifies their general security fears after the disarming process. In many instances, ex-combatants are integrated into state security forces, which makes the promotion of the rule of law, difficult, as the groups charged with enforcing new laws may have the most to lose through the implicated reforms. It is also likely to lessen citizen reliance on the security forces. The incorporation of former fighters not only in the new military but also in new civilian security structures is common: for example, in Rwanda, the victorious RPF dominated the post-genocide security forces.

While the spectre of prosecutions most obviously may impede DDR processes, there is a lesser possibility that it might provide incentives for DDR, as might happens where amnesty or reduced sentences are offered as inducements for combatants to take part in DDR processes. For them to be effective, the reliability of both the threat of prosecution and the durability of amnesty or other forms of protection are essentials whether it is in national or international courts. Even if this is not related to the promotion of transitional justice processes, it is another example of how it can have a long-term effect on the respect of human rights and the prevention of future breaches.

As previously stated, some DDR and transitional justice processes may share alike ends and even employ similar mechanisms. A variety of traditional processes of accountability and conflict resolution often also seek to promote reconciliation. DDR programs increasingly include measures that try to encourage return, reintegration, and if possible, reconciliation within communities. This willingness of victims to forgive and forget could in theory be promoted through a range of reconciliation processes like the ones promoted by transitional justice with the assistance of tools like truth commissions, which facilitate a dialogue that allows inhabitants to move forward while accepting the arrival of former perpetrators.  

The triumph of the Rwandan Patriotic Front (RPF) in 1994 finally put an end to the genocide in the country. The new government focused on criminal accountability for the 1994 genocide and as a result of this prioritization, the needs of survivors have not been met completely Rwanda is the paradigm and perfect example of prosecution of perpetrators of mass atrocity by the employment of transitional justice mechanisms, that were kept separated from DDR programs in order not to interfere with the attribution of responsibilities.[11] The Rwandan one is a case where DDR largely worked notwithstanding firmly opposing amnesty. Proof of this outstanding DDR success is how Rwanda has managed to successfully reintegrate around 54,000 combatants since 1995 thanks to the work of the Rwandan Demobilization and Reintegration Commission (RDRC). Another clear evidence of the effectiveness of DDR methods in Rwanda is the reintegration of child soldiers. Released child soldiers were installed in a special school (Kadogo School), which started with 2,922 children. By 1998 when it closed, the RDRC reported that 73% of its students had reunited with one or both parents successfully.[12]

On the other hand, Sierra Leone’s case on DDR was quite different from Rwanda’s success, as Sierra Leone's conflict involved the prevalence of children associated with armed forces and groups (CAAFG). By the time the civil war concluded in 2002, data from UNICEF estimates that roughly 6,845 children have been demobilized,[13] although the actual number could be way higher. Consequently, the DDR program in Sierra Leone is essentially focused on the reintegration of young soldiers, an initiative led by UNICEF with the backing of some local organizations, as the National Committee on DDR (NCDDR)of Sierra Leone. Nonetheless, in practice, Sierra Leone's military did not endure these local guidelines, and as a result the participation of children in the process often had to be arranged by UNICEF peacekeepers in most cases. In addition to that initial local reluctance, some major quandaries aroused when it came to the reintegration of children in the new peace era in Sierra Leone, mainly due to the tests and requirements for children to have access to DDR programs, such as to present a weapon and demonstrate familiarity with it.[14] As a result, many CAAFG were excluded from the DDR process, primarily girls who were predominantly charged with non-directly military activities such as “to carry loads, do domestic work, and other support tasks.”[15]

Thus, the participation of girls in Sierra Leone’s DDR was particularly low and many never even received support. While it is not clear how many girls were abducted during the war, data from UNICEF calculates that out of the 6,845 overall children demobilized, 92% were boys and only 8% were girls. The Women's Commission for Refugee Women and Children has pointed out that as many as 80 per cent of rebel soldiers were between the ages of 7 and 14, and escapees from the rebel camps reported that the majority of camp members were young captive girls.[16] Research also reported that 46% of the girls who were excluded from the program confirmed that not having a weapon was the reason for exclusion. In other cases, girls were not permitted by their husbands to go through the DDR,2 whilst others chose to opt-out themselves due to worry of stigmatization back in their neighbourhoods.[17]  It is worth noting that many of those who succeeded to go through the demobilization phase “reported sexual harassment at the ICCs, either by male residents or visiting adult combatants”, while others experienced verbal abuse, beatings, and exclusion in their communities.[18]

Another problem that underlines the importance of local leadership in DDR processes is that the UN-driven DDR program lets children decide to receive skill training rather than attending school if they were above 15 years. However, the program provided little assistance with finding jobs upon completion of the apprenticeship. Besides, little market examination was done to learn the demands of the local economy where children were trying to reintegrate into, so they are far more than the Sierra Leonean economy could absorb, which resulted in a lack of long-term employment for demobilized child soldiers. Studies by the Coalition to Stop the Use of Child Soldiers[19] and Human Rights Watch[20] revealed that adolescents who had beforehand been part of armed organizations during the war in Sierra Leone were re-recruited in Liberia or Congo because of the frustration and the lack of economic options for them back in Sierra Leone.

Promotion of the rule of law and its contributions to peacebuilding

Amongst many others, the promotion of the rule of law in post-conflict countries is a fundamental factor in peacebuilding procedures. It contributes to eradicating many of the causes of emerging conflicts, such as corruption, disruption of law... Even if it may seem contradictory, peacebuilding activities in support of the rule of law may become contradictory to transitional justice. Sometimes processes of transitional justice may displace resources, both capital, and human, that might otherwise be given to strengthening the rule of law. For instance, in Rwanda, it has been claimed that the resources invested in the development and assistance to national courts should have been equal to those committed to the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), and the extent to which trials at the ICTR have had an impact domestically remains to be seen.

However, transitional justice also presents other challenges to the reconstruction of the rule of law. Transitional justice processes might also destabilize critically imperfect justice sectors, making it more difficult to improve longer-term rule of law. They can stimulate responses from perpetrators which could destabilize the flimsy harmony of nascent governments, as they might question its legitimacy or actively attempt to undermine the authority of public institutions. Judging former perpetrators is an arduous task that is also faced with corruption and lack of personal and resources on many occasions. Additionally, the effort by national courts to prosecute criminals is an undue burden on the judicial system, which is severely damaged after a conflict and in many cases not ready to confront such atrocious crimes and the long processes they entail. Processes to try those accused of genocide in Rwanda, where the national judicial system was devasted after the genocide, have put great pressure on the judicial system, and the lack of capacity has resulted that many arrested remained in custody for years without having been convicted or even having had their cases heard, in the majority of the cases in appalling prison conditions. Such supposed accountability initiatives may have a counterproductive effect, contributing to a sense of impunity and distrust in justice processes.

Despite the outlined tensions, transitional justice and rule of law promotion are also capable to work towards the same ends. A key goal of transitional justice is to contribute to the rebuilding of a society based on the rule of law and respect for human rights, essential for durable peace. The improvement of a judiciary based on transparency and equality is strictly linked to the ability of a nation to approach prior human rights infringements after a conflict.[21] Both are potentially mutually reinforcing in practice if complementarities can be exploited. Consequently, rule of law advancement and transitional justice mechanisms however combine in some techniques.

To start with, the birth of processes to address past transgressions perpetrated during the conflict, both international and domestic processes, can help to restore confidence in the justice sector, especially when it comes to new arising democratic institutions. The use of domestic courts for accountability processes helps to place the judiciary at the centre of the promotion and protection of human rights of the local population, which contributes to the intensification of trust not only in the judicial system but also in public institutions and the government in general. Government initiation of an accountability process may indicate an engagement to justice and the rule of law beforehand. Domestically-rooted judicial processes, as well as other transitional justice tools, such as commissions of inquiry, may also support the development of mechanisms and rules for democratic and fair institutions by establishing regularized procedures and rules and promoting discussions rather than violence as a means of resolving differences and a reassuring population that their demands will be met in independent, fair and unbiased fora, be this a regular court or an ad hoc judicial or non-judicial mechanism. This is not to assume that internationally driven transitional justice mechanisms do not have a role to play in the development of the rule of law in the countries for which they have been established, as the hybrid tribunal of Sierra Leone demonstrates.[22]

In general terms, the refusal of impunity for perpetrators and the reformation of public institutions are considered the basic tools for the success of transitional justice. Transcending the strengthening of the judiciary, different reform processes can strengthen rule of law and accountability: institutions that counteract the influence of certain groups (including the government) like human rights commissions or anti-corruption commissions, may contribute to the establishment of a strong institutional and social structure more capable of confronting social tensions and hence evade the recurrence to conflict.[23]

Achieving an effective transitional justice strategy in Rwanda is an incredible challenge taking into consideration the massive scale as well as the harshness of the genocide, but also because of the economic and geographical limitations that make perpetrators and survivors live together in the aftermath. To facilitate things, other post-conflict states with similarly devastatingly high numbers of perpetrators have opted for amnesties or selective prosecutions, but the Rwandan government is engaged in holding those guilty for genocide responsible, thus strongly advocating for the employment of transitional justice. This is being accomplished through truth commissions, Gacaca traditional courts, national courts, and the international criminal tribunal for Rwanda combined. This underlines the dilemma of whether national or international courts are more efficient in implementing transitional justice.

Gacaca focuses on groups rather than individuals, seeks compromise and community harmony, and emphasizes restitution over forms of punishment. Moreover, it is characterized by accessibility, economy, and public participation. It encourages transparency of proceedings with the participation of the public as witnesses, who gain the truth about the circumstances surrounding the atrocities suffered during the genocide. Also, it provides an economic benefit, as Gacaca courts can try cases at a greater speed than international courts, thus reducing considerably the monetary cost as the number of incarcerated persons waiting for a trial is significantly reduced.

Alongside the strengths of the Gacaca system come flaws that seem to be inherent in the system. Many have come to see the Gacaca as an opportunity to require revenge on enemies or to frighten others with the threat of accusation, instead of injecting a sense of truth and reconciliation: the Gacaca trials have aroused concern and intimidation amongst many sectors of the population. Additionally, the community service prescribed to convicted perpetrators frequently is not done within the community where the crime was committed but rather done in the form of public service projects, which enforces the impression that officials may be using the system to benefit the government instead of helping the ones harmed by the genocide. Another proof of the control of Gacaca trials for benefit of the government is manifested by the prosecutions against critics of the post-genocide regime.

On the other hand, Sierra Leone’s situation is very different from the one in Rwanda. To help restore the rule of law, the Special court settled in Sierra Leone must be seen as a role model for the administration of justice, and to promote deterrence it must be deemed credible, which is one of its main problems.[24] There is little confidence in the international tribunals amongst the local population, as the Court’s nature makes it non-subordinated to the Sierra Leonean court system, and thus being an international tribunal independent from national control.[25] Nevertheless, it is considered as a “hybrid” tribunal since its jurisdiction extends over both domestic and international crimes and it relies on national authorities to enforce its orders. Still, in practice, there is no genuine cooperation between the government and the international community, as there is a limited extent of government participation in the Special Court’s process and the lack of consultation with the Sierra Leonean population before the Court’s endowment. This absence of national participation, despite causing scepticism over citizens, has the benefit that it remains more impartial when it comes to the proceedings against CDF leaders.

Another major particularity of the case of Sierra Leone and its process of implementation of transitional justice is once again the high degree of implication of children in the conflict, not only as victims but also as perpetrators of crimes. The responsibility of child soldiers for acts committed during armed conflict is a quite controversial issue. In general, under international law, the prosecution of children is not forbidden. However, there is no agreement on the minimum age at which children can be held criminally responsible for their acts. The Rome Statute, instituting the International Criminal Court (ICC), only provides the Court jurisdiction over people over eighteen years. Although not necessarily directly addressed to the prosecution of child soldiers, Article 40 of the Convention on the Rights of the Child foresees the trials of children (under eighteen), ordering that the process should consider their particular needs and vulnerabilities due to their shortage.

The TRC for Sierra Leone was the first one to focus on children's accountability, directly asserting jurisdiction over any person who committed a crime between the ages of fifteen and eighteen. Concerning child soldiers, the commission treated all children equally, as victims of war, but also studied the double role of children as both victims and perpetrators. It emphasized that it was not endeavouring to guilt but to comprehend how children came to carry out crimes, what motivated them, and how such offences might be prevented. Acknowledging that child soldiers are essentially victims of serious abuses of human rights and prioritizing the prosecution of those who illegally recruited them is of utmost importance. Meticulous attention was needed to guarantee that children’s engagement did not put them at risk or expose them to further harm. Proper safeguard and child-friendly procedures were ensured, such as special hearings, closed sessions, a safe and comfortable environment for interviews, preserving the identity of child witnesses, and psychological care, amongst others.

However, shall children that have committed war crimes be prosecuted in the first place? If not, is there a risk that tyrants may assign further slaughter to be performed by child soldiers due to the absence of responsibility they might possess? The lack of prosecution could immortalize impunity and pose a risk of alike violations reoccurring eventually, as attested by the re-recruitment of some child soldiers from Sierra Leone in other armed conflicts in the area, such as in Liberia. Considering the special conditions of child soldiers, it becomes clear that the RUF adult leaders primarily are the ones with the highest responsibility, and hence must be prosecuted.[26]

It is known that both the Sierra Leonean government and the RUF were involved in the recruitment of child soldiers as young as ten years old, which is considered a violation of both domestic and international humanitarian law. Under domestic law, in Sierra Leone, the minimum age for voluntary recruitment is eighteen years. International humanitarian law, (Additional Protocol II) fifteen is established as the minimum age qualification for recruitment (both voluntary or compulsory) or participation in hostilities (includes direct participation in combat and active participation linked to combat such as spying, acting as couriers, and sabotage.). Additionally, the African Charter on the Rights and Welfare of the Child[27] to which Sierra Leone is a signatory, requires “state parties . . . to take all necessary measures to ensure that no child below age eighteen shall take direct part in hostilities” and “to refrain in particular from recruiting any child.”

Nevertheless, victims who have been hurt by children also have the right to justice and reparations, and it also comes to ask whether exempting children of accountability for their crimes is in their best interest. When the child was in control of their actions (not coerced, drugged, or forced) acknowledgement might be an important part of personal healing that also adds to their acceptance back in their communities. The prosecution, however, should not be the first stage to hold child soldiers accountable, as TRC in Sierra Leone also performs alternatives, so the possibility of using those should first be inquired, as these alternatives put safeguards to ensure the best interest of the child and the main aim is restorative justice and not criminal prosecution.

Conclusions

Finally, after parsing where peacebuilding and justice clash and when do they have shared methods, we can assert that establishing an equitable and durable peace requires pursuing both peacebuilding and transitional justice activities, taking into consideration how they interact and the concrete needs of each community, especially when it comes to the needs of former child soldiers and the controversial debate around the need for their accountability and reinsertion in communities, as despite the pioneer case of Sierra Leone, the unusual condition of a child combatant, which is both victim and perpetrator still presents dilemmas concerning their accountability in international criminal law.[28]

Additionally, it becomes of utmost importance in assessing post-conflict societies, whether it is to implement peacebuilding measures such as DDR or to apply justice and search for accountability, that international led initiatives include in their program’s local organizations. Critics of international criminal justice often assume that criminal accountability for genocide, crimes against humanity, and war crimes are better handled at the national level. While this may well hold for liberal democracies, it is far more problematic for post-conflict successor regimes, where the benefits of the proximity to the affected population must be seriously weighed against the challenges facing courts placed in conflict-ridden societies with weak and corrupt judiciaries. 

Local systems however have more legitimacy and capacity than devastated formal systems, and they promise local ownership, access, and efficiency, which seems to be the most appropriate way to ensure peace and endurability of peace. Additionally, restorative justice methods put into place thanks to local initiatives emphasize face-to-face intervention, where offenders have the chance to ask for forgiveness from the victims. In many cases restitution replace incarceration, which facilitates the reintegration of offenders into society as well as the satisfaction of the victims.

To conclude, it has become clear that improving the interaction between peacebuilding and transitional justice processes requires coordination as well as a deep knowledge and understanding of said community. It is therefore not a question of deciding whether peacebuilding initiatives or transitional justice must be implemented, but rather to coordinate their efforts to achieve a sense of sustainable and most-needed peace in post-conflict countries. Taken together, and despite their contradictions, these processes are more likely to succeed in their seek to foster fair and enduring peace.

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