La isla afronta la crisis económica más grave de los últimos veinte años: el colapso de Venezuela y la presión de Trump ponen en evidencia el inmovilismo de La Habana

El fin de la URSS, gran subvencionadora del régimen castrista, no llevó a La Habana a la apertura económica y política que se dio en la mayor parte del antiguo bloque comunista. Tras un tiempo de grave penuria en la década de 1990, conocido como “periodo especial en tiempos de paz”, Cuba logró otro salvador en Venezuela, evitando así las necesarias reformas. Hoy el colapso venezolano y la presión que está ejerciendo Washington vuelven a poner en evidencia la escasa voluntad de cambio de La Habana, que se enfrenta a otro “periodo especial”, menos intenso, pero igualmente doloroso para el pueblo cubano.

▲ Calle del centro histórico de La Habana [Pixabay]

ARTÍCULO / Patricia Urdánoz

La economía de Cuba podría haber cerrado 2019 con un crecimiento de apenas un 0,5% del PIB y podría repetir ese mismo pobre comportamiento en 2020, de acuerdo con las estimaciones de la Cepal, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU. Se trata de cifras que ponen a la isla al borde de la recesión, dado que cabría que se registrara algún trimestre negativo. Aunque el Gobierno cubano sitúa su objetivo económico para este año en el 1%, su apuesta del 1,5% para 2019 puede haber quedado desmentida hasta en un punto porcentual (las organizaciones internacionales, en cualquier caso, no pueden auditar las cuentas de Cuba); además, los elementos que contribuyen a la marcha económica han empeorado.

Las crecientes dificultades económicas han generado miedo en los cubanos sobre un regreso al “periodo especial”, como se conoce la década de 1990 cuando la disolución de la URSS dejó a la isla sin la masiva ayuda que le prestaba Moscú. Ese momento de especiales penurias quedó superado con la ayuda que a partir de 2002 comenzó a llegar desde la Venezuela de Hugo Chávez. El colapso venezolano fue lo que incentivó a Raúl Castro a buscar una salvación mediante el acercamiento a la Administración Obama, pero las nuevas medidas restrictivas de la Administración Trump han dejado a La Habana sin perspectivas.

Los cubanos han comenzado a padecer el desabastecimiento de productos básicos como medicinas y alimentos, y largas e interminables colas vuelven a aparecer en la capital cubana. La economía se encuentra estancada desde 2014: aunque al año siguiente hubo un claro repunte, en 2016 se produjo una contracción, que el Gobierno fijó en un 0,9% del PIB, lo que suponía haber caído en recesión por primera vez desde el “periodo especial”, veinte años atrás.

Aunque es improbable que Cuba vaya a alcanzar las dramáticas cifras de buena parte de la década de 1990, cuando la economía isleña se contrajo aproximadamente en un 35%, algunas estimaciones, recogidas por el Wall Street Journal, consideran que si Venezuela cancelara completamente su ayuda podría darse una contracción del 8% o del 10%.

Antes del “periodo especial” la isla dependía de la Unión Soviética en un 82%. La dependencia de Venezuela es comparativamente menor y además se está reduciendo debido a la grave crisis que padece ese país. La ayuda venezolana, básicamente mediante el envío de petróleo a cambio de la asistencia de médicos, entrenadores deportivos y otro personal, por la que Caracas además paga, suponía el 22% del PIB de Cuba en 2013; en 2017 había caído al 8,5%.

Las perspectivas económicas, en cualquier caso, no son buenas y para este 2020 cabe esperar un empeoramiento en varias áreas, lo que cuando menos prolongará el estancamiento.

Petróleo venezolano, ahora en manos rusas

Si bien la ayuda venezolana ha ido decreciendo, las aportaciones de Caracas continúan siendo importantes, por eso cualquier nueva erosión de esas ayudas tendría su efecto en la economía cubana. Los 100.000 barriles diarios de petróleo que Venezuela estuvo enviando a Cuba durante muchos años se vieron reducidos últimamente a unos 60.000. No es de esperar una mayor reducción, pero el control de la producción de PDVSA que está adquiriendo Rusia le deja al régimen de Nicolás Maduro menos margen de control político sobre el petróleo.

Menos médicos en el exterior

La descontrolada inflación que padece Venezuela podría obligar a reducir el pago que este país aporta por los servicios que en suelo venezolano presta personal cubano. Carmelo Mesa-Lago, economista especializado en Cuba, apunta que Venezuela, que adquiere el 75% de ese servicio profesional cubano en el exterior (una importante vía de acceso a moneda fuerte), ya ha reducido sus compras en un 23% entre 2014 y 2017 y podría verse obligada a un mayor recorte. La Habana, por otra parte, dejó de hacer caja en 2019 con los médicos que tenía destinados en Brasil y lo mismo ocurrirá en 2020 con los que había en Bolivia, después de que cambios políticos en esos países obligara a su regreso a la isla.

Por debajo de la meta de 5 millones de turistas

Las expectativas abiertas en materia de turismo con el incremento de viajes desde EEUU debido a las facilidades que estuvo dando el presidente Obama se han visto frustradas por las restricciones nuevamente impuestas por su sucesor. En 2018 se produjo un descenso del número de turistas, que fue de 4,7 millones, y cifra que en 2019 bajó un 10%, hasta los 4,3 millones. Aunque el Gobierno dice esperar un incremento en 2020, ha dejado de ponerse como meta alcanzar los 5 millones de turistas. A la limitación ya impuesta por Trump en 2018 al viaje de cruceros con base en EEUU, sigue la anunciada recientemente sobre vuelos directos, lo que podría afectar a los ingresos que deje el turismo (quien llega en avión suele gastar más durante su estancia).

Exportaciones moderadas

Los ingresos por exportaciones podrían mejorar, pero ni producción ni precio parece que vayan a experimentar un significativo aumento. La producción de níquel ha estado más bien estancada y la de azúcar se está recuperando de su momento más bajo de la historia registrado en 2017-2018.

Las remesas seguirán fluyendo

Las medidas restrictivas impuestas por la Administración Trump sobre las remesas que llegan a Cuba desde EEUU, que son la mayoría, no parece que vayan a afectar a su monto, pues el límite establecido queda por encima de la cuantía la mayor parte de los envíos. Como indica un estudio de The Havana Consulting Group, el promedio de envío actual está entre los 180 y 220 dólares por transacción, y como el 95% de los cubanos que envían remesas a sus familiares en la isla lo hace una vez al mes no se le llega al tope de 1.000 dólares trimestrales impuesto por Washington y que entró en vigor el pasado mes de octubre. Además, el estudio precisa que el 45% de las remesas a Cuba llegan por vías informales. En 2018, Cuba recibió 3.691 millones de dólares, cifra que prácticamente se dobla si se tienen en cuenta las remesas no dinerarias.

Inversión extranjera insuficiente

Las remesas debieran jugar un importante papel en la potenciación de la economía nacional, y de hecho desde la apertura económica de 2010 funcionaron como una fuente de ingresos similar a la inversión extranjera, pues estuvieron detrás de la puesta en marcha de muchos negocios “cuentapropistas”. Esos negocios por cuenta propia alcanzaron en 2016 los 535.000 trabajadores, según las estadísticas oficiales, pero el estancamiento en el crecimiento del turismo está poniendo en dificultades esa actividad privada. El estudio de The Havana Consulting Group concluye que “a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, el gobierno cubano no aprovecha el potencial de las remesas como una vía para atraer capital de inversión al país”. La inversión extranjera directa, en cualquier caso, ha ido aumentando, pero la lentitud en hacer atractiva la zona especial del puerto de Mariel y las dificultades añadidas desde EEUU con la puesta en vigor en 2019 del título cuarto de la Ley Helms-Burton, que anima la presentación de demandas por los bienes expropiados durante la revolución cubana, amortigua el atractivo inversor de la isla.

DESCENTRALIZACIÓN, PERO APERTURA TÍMIDA

El problema de la ineficiencia de la economía cubana viene provocado en gran medida por su modelo de centralización, que crea escasez para los consumidores y gran incertidumbre para los negocios. Junto con otros lastres que acarrea el país desde sus inicios como corrupción, ilegalidades, poco nivel de ahorro, endeudamiento y los insuficientes ingresos por exportación. La deuda externa de Cuba entre los años 1958 y 2017 se multiplicó por 190. Y existe una difícil coyuntura para la emergencia del sector privado.

La isla necesita nuevas reformas económicas estructurales por parte del gobierno, también sería interesante seguir las estrategias económicas de países como Vietnam y China, que han sabido cómo abrirse al mercado internacional partiendo de un gobierno comunista. Por su parte, por sus propios intereses geopolíticos, Washington debería cuidar de que sus medidas de presión no lancen a la isla en brazos de China y Rusia.

El sucesor de Raúl Castro como presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro designado por este, Manuel Marrero, han anunciado para este año el comienzo de un proceso de descentralización económica que dará mayor autonomía a las empresas estatales. Está por ver que realmente se avance en esa línea y que eso aumente la eficiencia de la economía cubana, pues las reformas prometidas por Castro han supuesto una apertura muy tímida, no especialmente transformadora.

El Congreso brasileño aprueba ratificar el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas firmado por Trump y Bolsonaro

Con la reactivación de su centro de lanzamientos de Alcántara, el mejor ubicado del mundo debido a su proximidad al Ecuador, la industria espacial brasileña espera alcanzar un volumen de negocios de 10.000 millones de dólares anuales a partir de 2040, con el control al menos del 1% del sector mundial, especialmente en el área de lanzamientos espaciales. El gobierno de Jair Bolsonaro ha aceptado garantizar a EEUU la confidencialidad tecnológica, llegando a un acuerdo que Washington ya había intentado sin éxito antes de la llegada del Partido de los Trabajadores al poder.        

▲ Área de lanzamiento espacial del centro espacial brasileño de Alcántara [AEB]

ARTÍCULO / Alejandro J. Alfonso [Versión en inglés]

Brasil quiere contar en la nueva era espacial, en la que la iniciativa privada, especialmente la estadounidense, va a tener un gran protagonismo, junto al ya tradicional de las agencias nacionales de las principales potencias. Con el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas, firmado el pasado mes de marzo por los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro, en la estratégica base de Alcántara podrán lanzarse cohetes, naves espaciales y satélites dotados de tecnología estadounidense.

La garantía de confidencialidad tecnológica –el acceso a ciertos lugares de la base solo estará autorizado a personal de EEUU, si bien la jurisdicción seguirá siendo de la Fuerza Aérea de Brasil– permitirá que Alcántara no deba negociar contratos solo con el 20% del mercado mundial, como hasta ahora, algo que lastraba la viabilidad económica de la base. No obstante, el acuerdo también tiene un aspecto limitador, pues solo autoriza a Brasil a lanzar aquellos cohetes y aeronaves nacionales o extranjeras que tangan partes tecnológicas desarrolladas por EEUU.

El nuevo contexto político de Brasil hizo que el acuerdo fuera ratificado sin problemas el 22 de octubre por la Cámara de Diputados y el 12 de noviembre por el Senado, una situación bien diferente a la vivida en 2000, cuando el Congreso bloqueó un acuerdo similar que impulsaba el presidente Fernando Henrique Cardoso. La llegada después del Partido de los Trabajadores al poder, con las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, enfrió las relaciones entre los dos países y Washington dejó momentáneamente de lado su interés por Alcántara.

Las aspiraciones espaciales de Brasil vienen de lejos; su industria aeroespacial es la mayor de Latinoamérica. En la década de 1960 desarrolló una primera base de lanzamientos, Barrera del Infierno, cerca de Natal. En 1994 la matriz militar de la investigación se transformó en la civil Agencia Espacial Brasileña (AEB). Además del desarrollo de satélites, en 2004 la AEB lanzó su primer cohete. En 2006 un astronauta brasileño se incorporó a la Estación Espacial Internacional, de la que Brasil es socio.

El centro de lanzamiento de Alcántara está situado en Maranhão, un estado en el noreste de Brasil. Alcántara es una pequeña ciudad colonial que se encuentra a 100 kilómetros São Luís la capital del estado. La localidad cuenta con 22.000 habitantes y tiene acceso al mar. El centro de lanzamiento fue construido durante la década de 1980 y tiene un recinto de 620 kilómetros cuadrados. Además, la base de lanzamiento se encuentra a 2,3 grados al sur del Ecuador, lo que lo convierte en un lugar ideal para lanzar satélites en órbita geoestacionaria. Las condiciones geográficas únicas del sitio de lanzamiento atraen a las empresas interesadas en lanzar satélites pequeños o medianos, generalmente utilizados para satélites de comunicaciones o vigilancia. Desafortunadamente, la institución sufrió una mala reputación cuando las operaciones se detuvieron brevemente debido a un lanzamiento fallido en 2003, lo que resultó en la muerte de 21 técnicos y la destrucción de algunas de las instalaciones. En 2002 la Agencia

Estados Unidos está interesado en Alcántara debido a su ubicación estratégica. Como se mencionó anteriormente, el sitio de lanzamiento se encuentra a 2,3 grados al sur del Ecuador, lo que permite a los cohetes estadounidenses ahorrar hasta un 30% en el consumo de combustible en comparación con los lanzamientos desde Cabo Cañaveral, Florida. Asimismo, debido a su proximidad al Ecuador, la resistencia para alcanzar la órbita es menor que Cabo Cañaveral, lo que significa que las empresas pueden aumentar el peso del cohete o de la carga que transporta sin agregar combustible adicional. Por lo tanto, esta ubicación ofrece a las compañías estadounidenses las mismas ventajas que disfrutan sus contrapartes europeas que utilizan un sitio de lanzamiento en la Guayana Francesa, ubicada cerca, al norte del Ecuador. El Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas firmado entre los presidentes Bolsonaro y Trump en marzo tiene por objeto atraer a estas empresas estadounidenses al garantizarles que las empresas estadounidenses que si utilizan las instalaciones de Alcántara tendrán la protección y las salvaguardas necesarias para que su tecnología no sea robada o copiada por operarios o ingenieros brasileños.

El gobierno brasileño está claramente interesado en que los estadounidenses utilicen el centro de Alcántara. La industria espacial mundial tiene un valor aproximado de 300.000 millones de dólares, y Brasil, que todavía tiene una agencia espacial en desarrollo, podría utilizar los fondos obtenidos del arrendamiento del sitio de lanzamiento para desarrollar aún más sus capacidades espaciales. La Agencia Espacial Brasileña ha estado infrafinanciada durante muchos años, por lo que ingresos adicionales le resultan especialmente convenientes. Además, los funcionarios brasileños han especulado que la inversión en el sitio de lanzamiento traerá consigo más inversiones en la región de Alcántara en general, mejorando la calidad de vida del área. Por ejemplo, la base de Kourou, en la Guayana Francesa, genera el 15% del PIB de ese territorio ultramarino francés, dando empleo directo o indirecto a 9.000 personas. En conclusión, el gobierno de Bolsonaro espera que con este acuerdo se profundice la relación con EEUU, y que además aporte medios monetarios para invertir en el sitio de lanzamiento y sus alrededores, e invertir en la Agencia Espacial Brasileña.

Sin embargo, este acuerdo también ha recibido críticas. En 2000, el gobierno del presidente Cardoso intentó firmar un acuerdo similar con la administración de George W. Bush que finalmente fue bloqueado por el congreso brasileño por temor a que Brasil cediera su soberanía a EEUU. Estos mismos miedos todavía están presentes hoy. El ex ministro de Asuntos Exteriores de Brasil Samuel Pinheiro Guimarães Nieto declaró que EEUU está buscando establecer una base militar en Brasil, lesionando así la soberanía del pueblo brasileño. Las críticas también se dirigen a la redacción del acuerdo en sí, que señala que el dinero que el gobierno brasileño gane del uso estadounidense del centro de lanzamiento no puede invertirse en cohetes de desarrollo exclusivamente brasileño, sino bien puede invertirse en otras áreas relacionadas con la Agencia Espacial Brasileña.

Además de los argumentos sobre la integridad de la soberanía brasileña, también se defiende a los quilombolas, descendientes de esclavos brasileños que escaparon de sus amos, que fueron desplazados de sus tierras costeras cuando se construyó la base. Actualmente, el gobierno propone aumentar el tamaño del sitio de lanzamiento de Alcántara en 12.000 hectáreas, y las comunidades de Quilombo temen que una vez más se vean obligadas a mudarse, causándoles un mayor empobrecimiento. Esto ha sido objeto de debate tanto en el Congreso brasileño como en el Congreso estadounidense, con representantes de la Cámara demócrata que presentaron una resolución pidiendo al gobierno de Bolsonaro que respete los derechos de los quilombolas.

El Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas es un acuerdo principalmente comercial con el fin de atraer a más empresas estadounidenses a Brasil para el centro de Alcántara, lo que les ahorraría dinero a estas empresas debido a la ubicación ideal del lugar de lanzamiento, al tiempo que tendrían oportunidad de invertir en el programa espacial brasileño. Sin embargo, debido a las controversias mencionadas anteriormente, algunos pueden considerar esto como un acuerdo unilateral donde solo prevalecen los intereses estadounidenses, mientras que el gobierno y el pueblo brasileños pierden la soberanía sobre un lugar estratégico. No obstante, debe advertirse que Brasil ha desarrollado tradicionalmente una importante industria aeronáutica (Embraer, recientemente comprada por Boeing, es un excelente ejemplo) y la base de Alcántara brinda la oportunidad a Brasil de saltar a la nueva era espacial.

Durante décadas, EEUU cerró sus puertas al aguacate mexicano; hoy lo necesita para cubrir su creciente demanda

En 2019 se registrará un récord de las importaciones de aguacate mexicano en Estados Unidos: casi el 90% del millón de toneladas de aguacates consumidos por los estadounidenses procederá del vecino país, que lidera la producción mundial. Luego de estar prohibido durante décadas en EEUU –alegando cuestiones fitosanitarias, sobre todo invocadas por los productores de California–, la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte abrió las puertas del mercado estadounidense a este producto mexicano, primero con reservas y desde 2007 sin restricciones. La llegada de Trump a la presidencia marcó un descenso de las importaciones, pero luego no han dejado de subir.

▲ El interés por la comida saludable ha hecho aumentar el consumo de aguacate en el mundo

ARTÍCULO / Silvia Goya

Tendencias sociales como el veganismo o el “real fooding” han hecho aumentar la producción mundial de aguacate, una fruta valorada por su grasa saludable y su aportación vitamínica, que ameniza bien multitud de platos. En Estados Unidos, además, la tradición alimentaria de millones de hispanos –el aguacate nace de un árbol propio de América Central y del Sur (Persea americana)– ha fomentado el consumo de un producto que, como pocos, marca las relaciones entre Estados Unidos y México.

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) prevé que para atender el creciente consumo nacional de aguacate (que se ha multiplicado por 5,4 desde 2000, pasando de 226.000 toneladas a 1,2 millones en 2018), en 2019 el país tendrá que aumentar sus importaciones notablemente, de forma que pasen a constituir del 87% al 93% de la disponibilidad de producto. Eso supondrá un incremento de las importaciones desde México, que en 2018 aportó ya el 87% del aguacate procedente del extranjero. Esta necesidad de importación se debe en parte a problemas en la producción registrados en California, el estado de mayor producción en EEUU (alrededor del 80%), muy por delante del segundo, Florida, y gran litigador en el pasado para impedir la competencia del aguacate mexicano.

El primer año de Donald Trump en la Casa Blanca supuso un ligero descenso en la importación de aguacate mexicano, que en 2017 bajó a 774.626 toneladas. Sin embargo, en 2018 se alcanzó un nuevo récord, con 904.205 toneladas, con un incremento del 17%, en un contexto de no materialización de las amenazas comerciales lanzadas por la Administración Trump, que finalmente se avino a la renovación del tratado de libre comercio con México y Canadá. El último año, las importaciones de México supusieron el 87% del total de compras de aguacate en el exterior; el resto hasta 1,04 millones de toneladas, correspondieron a las procedentes de Perú (8%), Chile (2,5%) y República Dominicana (2,5%).

Historia de un veto

La notable alza de las ventas de aguacate en EEUU ha atraído la atención de los carteles de droga, que se han enfrentado para controlar el negocio en algunos estados mexicanos como Michoacán –el gran productor de aguacates, sobre todo de la variedad Hass, que es la de mayor comercialización–, dando lugar a un “nuevo narcotráfico”. No obstante, el historial de controversia entre los dos países en torno a esta baya viene de lejos. Fue en 1914 cuando el entonces secretario de Agricultura de EEUU firmó el un aviso de cuarentena mediante el cual declaraba la necesidad de prohibir la importación de semillas de aguacate de México debido a un gorgojo que la semilla portaba. En 1919 se promulgó la “Cuarentena de viveros, plantas y semillas”. Ese marco normativo fue vigente durante décadas.

Durante el periodo de los años 70 la discusión sobre la entrada de los aguacates mexicanos en el mercado estadounidense se mantuvo en el primer plano político debido a la insistencia de los funcionarios del Servicio de Sanidad Vegetal de México. Las investigaciones en diversos estados mexicanos productores de aguacate, sin embargo, hallaron gorgojos en algunas de las semillas, lo que no permitió que se cambiase la política reguladora del Servicio de Inspección Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de EEUU. Por ello, en 1976 el USDA, en una carta dirigida a su contraparte mexicana, afirmó que se debía continuar “como en el pasado, en contra de la emisión de permisos para la importación del aguacate de México”.

Tras estos acontecimientos la política estadounidense respecto a los aguacates procedentes de su país vecino continuó siendo restrictiva hasta que la liberalización del comercio y la armonización de medidas sanitarias y fitosanitarias comenzaron a modificar el contexto en el que los gobiernos examinaban los problemas de salud vegetal e importaciones. Durante la mayor parte del siglo XX la política de protección había consistido en negar el acceso a los productos que podían albergar plagas; en la última década, sin embargo, las reglas comenzaron a cambiar.

La creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y de la Organización Mundial del Comercio en 1995 abrieron camino para las nuevas solicitudes mexicanas de acceso al mercado de aguacate de EEUU. Aunque el objetivo principal del TLCAN era la eliminación de los aranceles para 2004, también preveía la armonización de las medidas sanitarias y fitosanitarias entre los socios comerciales. No obstante, este tratado de libre comercio reconoce explícitamente que cada país puede establecer regulaciones para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, por lo que cuando el riesgo de infestación de plagas es alto, el país tiene legitimidad para poner restricciones al comercio.

Con la implementación del TLCAN en 1994 el gobierno de EEUU se vio sometido a una mayor presión para facilitar la importación de productos agrícolas de México, entre ellos el aguacate. Esto llevó a un cambio en la política fitosanitaria del USDA hacia una nueva política de “mitigación o soluciones tecnológicas”. El APHIS es la rama del gobierno encargada de implementar las disposiciones fitosanitarias del TLCAN en el caso de EEUU. Este órgano consideraba que las moscas de la fruta –presentes en una amplia variedad de especies– se podían encontrar también en los aguacates mexicanos, por lo que los funcionarios del Servicio de Sanidad Vegetal de México tenían la difícil tarea de demostrar que dicho insecto no estaba presente en sus aguacates y que aquellos de la variedad Hass no eran susceptibles al ataque de la mosca mexicana de la fruta. Entre 1992 y 1994 México presentó dos planes de trabajo con sus respectivas investigaciones. El primero fue rechazado mientras que el segundo, pese a la presión de la Comisión de Aguacates de California (CAC), fue aceptado.

Este segundo plan solicitaba el acceso del aguacate mexicano a 19 de los 50 estados estadounidenses durante los meses de octubre a febrero. A finales de junio de 1995 el USDA emitió una propuesta de norma que describía las condiciones bajo las cuales el aguacate Hass cultivado en plantaciones aprobadas en Michoacán podría ingresar en EEUU. Fue a finales de 1997 cuando el USDA publicó una norma final autorizando la importación de dichos aguacates a EEUU. Esta fue la primera vez que el USDA usó el llamado “enfoque de sistemas” para gestionar los riesgos planteados por las plagas cuarentenarias.

Al concluir la segunda temporada de envíos, en febrero de 1999, México solicitó la ampliación del programa para aumentar el número de estados de EEUU a los que podía exportar y permitir que la temporada de envíos comenzase un mes antes (septiembre) y acabase un mes después (marzo). En 2001, el USDA se reunió con el Servicio de Salud Vegetal mexicano y aceptó considerar la ampliación de los estados importadores a 31 y las fechas de importación desde el 15 de octubre hasta el 15 de abril. La buena relación establecida entre los presidentes George W. Bush y Vicente  Fox tuvo una clara influencia en este movimiento expansivo.

Importaciones en toneladas. En 2018, importaciones de 1,04 millones de toneladas (el 87% de México) [Fuente: USDA]

Liberalización

Durante cinco años se habían enviado aguacates mexicanos a EEUU sin detectar una sola plaga. Pese a que la expansión de la importación de aguacate mexicano parecía inevitable, desde California la CAC presentó una demanda contra el USDA, alegando que los aguacates mexicanos sí tenían plagas. Ante esto el USDA llevó a cabo una investigación y publicó en 2003 un borrador de “Evaluación de riesgo de plagas” en el que se confirmaba que los aguacates mexicanos no portaban la mosca de la fruta.

El USDA había tornado su posición anterior de protección interna hacia una nueva posición que beneficiaba la importación. Así pues, en 2004 el USDA emitió una nueva norma para expandir el programa de importación a los 50 estados durante los 12 meses del año. Esta norma preveía que en California, Florida y Hawái se retrasase la importación de aguacates hasta un año con el fin de comprobar la eficacia de las regulaciones propuestas. Por lo tanto, hasta enero de 2007 no se permitió a México exportar aguacates a California y Florida; desde entonces se le permite exportar a todos los estados durante todo el año, convirtiéndose así rápidamente EEUU en el mayor importador mundial de aguacate mexicano.

Hasta 2017 la importación de aguacates mexicanos se mantuvo estable; sin embargo, como se ha indicado previamente, con la llegada de Trump a la Casa Blanca las relaciones entre EEUU y México volvieron a tambalearse en torno a diversos temas, uno de ellos la exportación de alimentos de México a EEUU, con el aguacate como caso emblemático. El nuevo presidente estadounidense amenazó con una tarifa de un 20% sobre los aguacates mexicanos para financiar el muro que pretendía construir en la frontera.

En junio de 2018 Trump amenazó de nuevo con poner un arancel al aguacate del 25% y posteriormente en mayo de 2019 amenazó con imponer un arancel del 5% a todos los bienes provenientes de México.

En marzo de 2019, al darse la ola migratoria, el presidente de EEUU amenazó con cerrar la frontera con México y consecutivamente retiró su decisión, no obstante, el simple hecho de que Trump amenazase con cerrar la frontera ya hizo escalar el precio del aguacate un 34%.

Las relaciones de EEUU y México respecto al aguacate prosiguen inestables. Pese a que se ha avanzado mucho desde la implantación del TLCAN, siguen estando en juego diversos intereses que podrían llevar a EEUU a reducir la importación de aguacates mexicanos. Difícilmente el aguacate puede escapar de la incerteza propia del vínculo entre EEUU y México.

Con su proyecto de megaciudad y zona tecnológica los saudís buscan consolidar una vía económica alternativa al petróleo

NEOM, acrónimo de Nuevo Futuro, es el nombre de la nueva ciudad y área económico-tecnológica, con una superficie tres veces la de Chipre, que Arabia Saudí está promoviendo en el noroeste el país, frente a la Península del Sinaí. Además de buscar alternativas al petróleo, con NEOM los saudís pretenden rivalizar las innovaciones urbanísticas de Dubái, Abu Dhabi y Doha. El proyecto también supone trasladar el interés saudí del Golfo Pérsico al Mar Rojo y estrechar la vecindad con Egipto, Jordania e Israel.

▲ Aspecto de la futura megaciudad de NEOM, de acuerdo con la visión de sus promotores [NEOM Project]

ARTÍCULO / Sebastián Bruzzone Martínez

Los Estados de Oriente Medio están tratando de diversificar sus ingresos y evitar posibles colapsos de sus economías, en aras de contrarrestar la crisis del fin del petróleo previsto para mediados del siglo XXI. Los sectores preferidos por los árabes son las energías renovables, el turismo de lujo, las infraestructuras modernas y la tecnología. Los gobiernos de la región han encontrado la manera de unificar estos cuatro sectores, y Arabia Saudí, junto a los Emiratos Árabes Unidos, parece querer colocarse como el primero de la carrera tecnológica árabe.

Mientras el mundo mira hacia Sillicon Valley en California, Shenzhen en China o Bangalore en India, el gobierno saudí ha comenzado a preparar la creación de su primera zona económica y tecnológica independiente: NEOM (abreviatura del término árabe Neo-Mustaqbal, Nuevo Futuro). Al frente del proyecto estuvo hasta hace poco Klaus Kleinfeld, ex presidente de Siemens AG, quien al ser nombrado consejero de la Corona saudí ha sido sustituido por Nadhmi Al Nasr como CEO de NEOM.

El pasado 24 de octubre de 2017, en la conferencia de la Iniciativa Inversión Futura celebrada en Riad, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman hizo público este proyecto de 500.000 millones de dólares, enmarcado en el programa político Saudi Vision 2030. El territorio en el que se situará NEOM está en la zona fronteriza entre Arabia Saudí, Egipto y Jordania, a orillas del Mar Rojo, por donde fluye casi un diez por ciento del comercio mundial, existe una temperatura 10º C inferior a la media del resto de países del Consejo de Cooperación del Golfo, y se localiza a menos de ocho horas de vuelo del 70% de la población del planeta, por lo que podría convertirse en un gran centro de transporte de pasajeros.

Según ha anunciado el gobierno saudí, NEOM será una ciudad económica especial, con sus propias leyes civiles y tributarias, y costumbres sociales occidentales, de 26.500 kilómetros cuadrados (el tamaño de Chipre multiplicado por tres). Los objetivos principales son atraer la inversión extranjera de empresas multinacionales, diversificar la economía saudita dependiente del petróleo, crear un espacio de libre mercado y hogar de millonarios, “una tierra para gente libre y sin estrés; una start-up del tamaño de un país: una hoja en blanco en la que escribir la nueva era del progreso humano", dice un vídeo promocional del proyecto. Todo ello bajo el eslogan: “The world’s most ambitious project: an entire new land, purpose-built for a new way of living”. Según la página web y cuentas oficiales del proyecto, los 16 sectores de energía, movilidad, agua, biotecnología, comida, manufactura, comunicación, entretenimiento y moda, tecnología, turismo, deporte, servicios, salud y bienestar, educación, y habitabilidad generarán 100.000 millones de dólares al año.

Gracias a un informe publicado por el diario The Wall Street Journal y elaborado por las consultoras Oliver Wyman, Boston Consulting Group y McKinsey & Co., que, según aseguran, tuvieron acceso a más de 2.300 documentos confidenciales de planificación, han salido a la luz algunas de las ambiciones y lujos con los que contará la urbe futurista. Entre ellos se encuentran coches voladores, hologramas, un parque temático de dinosaurios robot y edición genética al estilo Jurassic Park, tecnologías e infraestructuras nunca vistas, hoteles, resorts y restaurantes de lujo, mecanismos que creen nubes para causar precipitaciones en zonas áridas, playas con arena que brilla en la oscuridad, e incluso una luna artificial.

Otro fin que busca el proyecto es hacer de NEOM la ciudad más segura del planeta, mediante sistemas de vigilancia de última generación que incluyen drones, cámaras automatizadas, máquinas de reconocimiento facial y biométrico y una IA capaz de notificar delitos sin necesidad de que los ciudadanos tengan que denunciarlos. Del mismo modo, los propios dirigentes de la iniciativa urbanística auguran que la ciudad será un centro ecológico de gran proyección, basando su sistema de alimentación únicamente en energía solar y eólica obtenida con placas y molinos, pues tienen todo un desierto para instalarlos.

Por el momento, NEOM no es más que un proyecto que está en fase de iniciación. El territorio en el que se situará la gran ciudad es un terreno de desierto, montañas de hasta 2.500 metros de altura y 468 kilómetros de costas vírgenes de agua azul turquesa, con un palacio y un pequeño aeropuerto. NEOM está siendo construida desde la nada, con un desembolso inicial de 9.000 millones de dólares del fondo soberano saudita Saudi Arabia Monetary Authority (SAMA). Aparte de inversión empresarial extranjera, el gobierno saudí está buscando trabajadores de todos los sectores profesionales para que ayuden en sus respectivos campos: juristas que elaboren un código civil, penal y tributario; ingenieros y arquitectos que diseñen un plan de infraestructuras y energías moderno, eficiente y tecnológico; diplomáticos que colaboren en su promoción y convivencia cultural; científicos y médicos que incentiven la investigación clínica y biotecnológica y el bienestar; académicos que potencien la educación; economistas que rentabilicen los ingresos y gastos; personalidades especializadas en turismo, moda y telecomunicaciones… Pero, sobre todo, personas y familias que habiten y den vida a la ciudad.

Según ha informado el periódico árabe Rai Al Youm, Mohammed bin Salman ha aprobado una propuesta elaborada por un comité legal saudí conjunto con Reino Unido que consiste en aportar un documento VIP que ofrecerá visas especiales, derechos de residencia a inversores, altos funcionarios y trabajadores de la futura ciudad. Ya se han adjudicado contratos a la empresa de ingeniería estadounidense Aecom y de construcción a la inglesa Arup Group, a la canadiense WSP, y a la holandesa Fugro NV.

Sin embargo, no todo es tan ideal y sencillo como parece. A pesar del gran interés de 400 empresas extranjeras en el proyecto, según asegura el gobierno local, existe incertidumbre sobre su rentabilidad. Los problemas y escándalos relacionados con la corona saudí, como el encarcelamiento de familiares y disidentes, la corrupción, la desigualdad de derechos, la intervención militar en Yemen, el caso del asesinato del periodista Khashoggi y la posible crisis política tras la futura muerte del rey Salman bin Abdulaziz, padre de Mohammed, han hecho que los inversores anden con pies de plomo. Además, en la región sobre la que se pretende construir la ciudad existen pueblos de lugareños que serían reubicados, y “compensados y apoyados por programas sociales”, según asegura el gobierno saudí, lo que será objeto de reproche por grupos de defensores de derechos humanos.

En conclusión, NEOM es un proyecto único y a la altura de los propios jeques árabes, los cuales han adoptado una visión económica previsora. Se espera que en 2030 ya sea posible vivir en la ciudad, a pesar de que las construcciones sigan su curso y no estén completamente finalizadas. Según los mercados, el proyecto, aún lejos de su culminación, parece estar encauzado. Ya cuenta con un compromiso de financiación de estructura con BlackStone de 20.000 millones de euros, y de tecnología con SoftBank de 45.000 millones de euros. Debido a que nunca se ha visto un proyecto así y por tanto no existen referencias, es difícil determinar si el visionario plan se consolidará con éxito o se quedará en simple humo y pérdidas enormes de dinero.

ENSAYO / Jairo Císcar Ruiz [Versión en inglés]

En los últimos meses las abiertas hostilidades comerciales entre los Estados Unidos de América y la República Popular China han copado las principales cabeceras generalistas y publicaciones económicas especializadas del mundo entero. La denominada “guerra comercial” entre estas dos superpotencias no es sino la sucesiva escalada de imposición de aranceles y gravámenes especiales a productos y manufactura originales de los países enfrentados. Esto, en cifras económicas, supone que EEUU impuso en 2018 aranceles especiales sobre US$250.000 millones de productos chinos importados (de un total de US$539.000 millones), mientras que China por su parte impuso aranceles sobre 110 de los US$120.000 millones de productos de importación norteamericana [1]. Estos aranceles supusieron para el consumidor y empresas americanas un aumento de US$3.000 millones en impuestos adicionales. Este análisis quiere, por tanto, explicar y mostrar la posición y futuro de la Unión Europea en esta guerra comercial de una manera general.

Mediante este pequeño recordatorio de cifras, se ilustra la magnitud del desafío para la economía mundial que supone este choque entre las dos locomotoras económicas del mundo. No es China quién está pagando los aranceles, como dijo literalmente Trump el 9 de mayo durante un encuentro con periodistas [2], sino que la realidad es mucho más compleja, y, evidentemente, como en el caso de la inclusión de Huawei en la blacklist comercial (y por tanto la prohibición de adquirir cualquier elemento en suelo norteamericano, ya sea hardware o software, sin un acuerdo previo con la Administración), que puede afectar a más de 1.200 empresas norteamericanas y centenares de millones de clientes a nivel global según la BBC [3], la guerra económica pronto puede empezar a suponer un gran lastre para la economía a nivel global. El día 2 de junio Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos vaticinó que de seguir el enfrentamiento tanto China como EEUU podrían llegar a perder entre 5 y 6 décimas del PIB, subrayando de manera especial que "el proteccionismo es la principal amenaza para el crecimiento mundial” [4].

Como se infiere por las palabras de Moscovici, la guerra comercial no preocupa solamente a los países directamente implicados en ella, sino que es seguida muy de cerca por otros actores de la política internacional, especialmente la Unión Europea.
La Unión Europea es el mayor Mercado Único en el mundo, siendo esta una de las premisas y pilares fundamentales de la propia existencia de la UE. Pero no ya está centrada en el comercio interno, sino que es una de las mayores potencias comerciales de exportación e importación, siendo una de las principales voces que abogan por sanas relaciones comerciales que sean de mutuo beneficio para los diferentes actores económicos a nivel global y regional. Esta apertura a los negocios hace que el 30% del PIB de la UE provenga del comercio exterior y le convierte en el principal actor a la hora de hacer negocios de importación y exportación. Por ilustrar brevemente, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea [5] en el último año (mayo 2018-abril 2019), la UE realizó importaciones por valor de €2.022.000 millones (un crecimiento del 7%) y exportó un 4% más, con un total de €1.987.000 millones. La balanza comercial queda, por tanto, en un saldo negativo de €35.000 millones, lo cual, debido al gran volumen de importaciones y exportaciones y el PIB nominal de la UE (tomando como dato 18'8 billones de euros) supone tan sólo el 0,18% del PIB total de la UE. EEUU fue el principal lugar de exportación desde la UE, mientras que China fue el primer lugar de importación. Estos datos son reveladores e interesantes: parte importante de la economía de la UE depende del negocio con estos dos países y una mala marcha de su economía podría lastrar la propia de los países miembros de la UE.

Otro dato que ilustra la importancia de la UE en materia comercial es el de Inversión Extranjera Directa (IED). En el 2018, el 52% de la IED mundial provino de países dentro de la Unión Europea y esta recibió un 38,5% de la inversión total a nivel mundial, siendo líder en los dos indicadores. Por tanto, cabe afirmar que la actual guerra comercial puede suponer un grave problema para la futura economía europea, pero, como veremos más adelante, la Unión puede salir reforzada e incluso beneficiada de esta situación si consigue medrar bien entre las dificultades, negocios y estrategias de los dos países. Pero veamos, primero, las relaciones de la UE tanto con EEUU como con China.

La relación EEUU-UE ha sido tradicionalmente (aunque con altibajos) la más firme de la esfera internacional. Estados Unidos es el principal aliado en defensa, política, economía y diplomacia de la Unión Europea y viceversa. Se comparten el modelo económico, político, cultural; así como la principal organización de defensa colectiva a nivel mundial, la OTAN. Sin embargo, en la denominada relación transatlántica, siempre han habido choques, acentuados en los últimos tiempos de la Administración Obama y habituales con Trump. Con la Administración actual no sólo han surgido reproches a la UE en el seno de la OTAN (respecto al fallo de países miembros en invertir el presupuesto exigido; compartida la crítica con Reino Unido), sino que se ha iniciado un conato de guerra arancelaria en toda regla.

En apenas dos años se ha pasado de las negociaciones del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), la anunciada base del comercio del siglo XXI que finalmente fracasó en los últimos compases de Obama en la Casa Blanca, a la actual situación de proteccionismo extremo de EEUU y respuesta de la UE. Especialmente ilustrativa es la sucesión de eventos que han tenido lugar en el último año: a golpe de Twitter, en marzo de 2018 EEUU impuso unilateralmente aranceles globales al acero (25%) y aluminio (10%) para proteger la industria americana [6]. Estos aranceles no sólo afectaban a China, también infringían gran daño a empresas de países europeos como Alemania. También estaba en el aire aplicar aranceles del 25% a vehículos de procedencia europea. Tras un duro clima de reproches mutuos, el 25 de julio, Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, anunció junto a Trump un acuerdo para bajar aranceles a productos agrarios y a servicios, y comprometiéndose EEUU a revisar la imposición de los aranceles metalúrgicos a la UE, así como a apoyar en el seno de la Organización Mundial del Comercio las proclamas europeas para una reforma de las leyes de Propiedad Intelectual, las cuales China no respeta [7]. Sin embargo, tras la reiteración de la amistad transatlántica y del anuncio de Trump de “vamos hacia los aranceles cero” [8], pronto han vuelto a sonar las cajas destempladas. En abril de este año actual, el día 9 de abril, Trump anunció en Twitter la imposición de aranceles a la UE por valor de US$11.000 millones por el apoyo de la UE a Airbus (competencia de las norteamericanas Boeing, Lockheed Martin...), volando por los aires el principio de acuerdo de julio del año pasado. La UE por su parte amenazó con imponer aranceles de €19.000 millones por el apoyo estatal norteamericano a Boeing. Como se ve, la UE, a pesar de su tradicional papel conciliador y muchas veces subyugada a EEUU, ha decido contraatacar y no permitir mas salidas de tono por parte americana. La última amenaza, de mediados de julio, va contra el vino francés (y debido al mecanismo europeo, contra todos los caldos de procedencia europea, incluidos los españoles). Esta amenaza ha sido calificada como “ridícula” [9], ya que EEUU consume más vino del que produce (es el mayor consumidor mundial) y por tanto, la oferta disponible se podría ver bastante mermada.

Todavía es pronto para ver el impacto real que está teniendo en EEUU la guerra comercial, más allá del descenso del 7,4% de las exportaciones de EEUU a China [10] y el daño que están sufriendo los consumidores, pero el Nobel de Economía Robert Schiller, en una entrevista para la CNBC [11] y el presidente de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevedo, para la BBC; ya han expresado sus temores respecto a que si la situación y las políticas proteccionistas siguen así, podríamos estar frente a la mayor crisis económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es difícil dilucidar como será la relación en el futuro entre Europa y su principal socio exportador, EEUU. Todo indica que van a seguir los roces y la elevación del tono si la Administración americana no decide rebajar su retórica y actos contra el libre comercio con Europa. Por último, tiene que quedar claro (y con ánimo de rebajar el tono a veces excesivamente alarmista de las noticias) que entre las amenazas (ya sea por Twitter o portavoces) de ambos lados y la imposición efectiva de aranceles (en EEUU tras el anuncio pertinente de la Oficina del Representante de Comercio de EEUU; en la UE mediante la aprobación de los 28) dista un largo camino, y no hay que confundir actos en potencia y hechos. Es evidente que a pesar de la dureza del tono, los equipos negociadores de ambos lados del atlántico siguen en contacto e intentan evitar en la medida de lo posible acciones perjudiciales para ambos.

Por otra parte, la relación entre China y Europa es francamente diferente a la que se mantiene con EEUU. La Belt and Road Initiative (BRI) (a la que se ha adherido formalmente Italia) supone la confirmación de la apuesta de China por ser el próximo líder de la economía mundial. Mediante esta iniciativa, el presidente Xi Jinping pretende redistribuir y agilizar los flujos de comercio desde y hacia China por la vía terrestre y marítima. Para ello resulta vital la estabilidad de países del Sur de Asia como Pakistán y Afganistán, así como poder controlar puntos vitales de tráfico marítimo como el Estrecho de Malaca o el Mar del Sur de China. El “dragón” asiático cuenta con una situación interna que favorece su crecimiento (un 6,6% de su PIB en 2018 que, siendo el peor dato desde hace 30 años, sigue siendo una cifra abrumadora), ya que la relativa eficiencia de su sistema autoritario y, especialmente, el gran apoyo del Estado a empresas impulsan su crecimiento, así como también poseen las mayores reservas de divisas extranjeras, especialmente dólares y euros, que permiten una gran estabilidad de la economía del país. La moneda china, el Renminbi, ha sido declarada por el FMI moneda de reserva mundial, lo cual es otro indicador de la buena salud que se le augura en el futuro a la economía china.

Para la UE, China es un competidor, pero también un socio estratégico y un socio negociador [12]. China es para la UE su principal socio importador, totalizando el 20,2% de las importaciones (€395.000 millones), y el 10,5% de las exportaciones (€210.000 millones). El volumen de importaciones es tal que, a pesar de que la inmensa mayoría llegan al continente europeo por vía marítima, existe una conexión por vía férrea que, amparada en la BRI, une todo el continente euroasiático, desde la capital manufacturera de China, Yiwu, y la última parada en el extremo sur de Europa, Madrid. A pesar de que parte de lo importado siguen siendo bienes denominados “low-end”, es decir, productos de manufactura básica y precio unitario barato, desde la entrada de China en la OMC, en diciembre de 2001, el concepto de material producido en China a cambiado radicalmente: la gran abundancia de tierras raras en territorio chino, junto con el avance en su industrialización e inversión en nuevas tecnologías (en lo que China es líder) han hecho que ya no se piense en China sólo como productora de bazares en masa; al contrario, la mayoría de las importaciones en la EU desde China fueron maquinaria y productos “high-end”, de alta tecnología (especialmente equipamiento de telecomunicaciones y de procesamiento de datos).

En el citado comunicado de prensa de la Comisión Europea, se advierte a China de que hagan frente a los compromisos adquiridos en los Protocolos de Kyoto y Acuerdos de París respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero; e insta al país asiático a respetar los dictados de la OMC, especialmente en materia de transferencia tecnológica, subvenciones estatales y prácticas ilícitas como el dumping.

Estos aspectos son vitales para las relaciones económicas con China. En un momento donde la mayoría de los países del mundo firmaron o son parte de los Acuerdos de París para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, mientras la UE está haciendo esfuerzos para reducir su contaminación (cerrando plantas y minas de carbón; poniendo impuestos especiales a la energía obtenida de fuentes no renovables...), China, que totaliza el 30% de las emisiones globales, aumentó en el 2018 un 3% sus emisiones. Esto, más allá de los nocivos efectos para el clima, tiene beneficios industriales y económicos: mientras que en Europa las industrias están estrechando sus márgenes e beneficio por el encarecimiento de la energía; China, que se alimenta de carbón, provee de energía más barata a sus empresas, que, sin restricciones activas, pueden producir más. Un ejemplo de como afecta el clima en las relaciones económicas con China es el reciente anuncio [13] de AcerlorMittal de reducir en 3 millones de toneladas la producción total su acero en Europa (sobre 44 millones de producción habitual) debido a los altos costes de la electricidad y al aumento de la importación de países de fuera de la UE (especialmente China) que con excesos de producción están bajando los precios a nivel mundial. Esta práctica, que es especialmente utilizada en China, consiste en inundar el mercado con una sobreproducción de determinado producto (está sobreproducción es pagada con subsidios gubernamentales) para abaratar los precios. Hasta diciembre de 2018, en los últimos 3 años, la UE ha tenido que imponer más de 116 sanciones y medidas antidumping contra productos chinos [14]. Lo cual muestra que, pese a los intentos de la UE para negociar en términos satisfactorios para ambos, China no cumple lo estipulado en los acuerdos con la UE y la OMC. Especialmente espinoso es el problema con las empresas controladas por el gobierno (se está estudiando la prohibición de redes 5G en Europa, controladas por proveedores chinos, por motivos de seguridad), que tienen prácticamente el monopolio en el interior del país; y sobretodo, la tergiversada lectura de la legalidad por parte de las autoridades chinas, que intentan emplear todos los mecanismos posibles a su favor, dificultando o poniendo trabas a la inversión directa de capital extranjero en su país, así como imponiendo requisitos (necesidad de contar con socios chinos, etc.) que dificultan la expansión internacional de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo,

La mayor fricción con la UE, sin embargo, es la transferencia forzosa de tecnología al gobierno, especialmente por parte de empresas de productos estratégicos como las de hidrocarburos, farmacéuticas y de la industria automotriz [15], impuesta por leyes y conditio sine qua non las empresas no pueden aterrizar en el país. Esto crea un clima de competencia desleal y ataque directo a las leyes internacionales de comercio. La inversión directa de capital chino en industrias y productoras críticas en la UE ha provocado que se alcen voces pidiendo mayor control e incluso vetos sobre estas inversiones en determinadas áreas por cuestiones de Defensa y Seguridad. La falta de protección de derechos intelectuales o patentes también son importantes puntos de quejas por parte de la UE, que pretende poder crear mediante la diplomacia y las organizaciones internacionales un clima favorable para el impulso de las relaciones comerciales igualitarias entre ambos países, tal cómo está plasmado en las diversas directrices y planes europeos referentes al tema.

Tal como hemos visto, la guerra comercial no se limita sólo a EEUU y China, sino que terceras partes la están sufriendo e incluso participando activamente en ella. Aquí surge la pregunta. ¿Puede la UE salir beneficiada de algún modo y evitar una nueva crisis? Pese al ambiente pesimista, la UE puede obtener múltiples beneficios de esta guerra comercial si consigue maniobrar adecuadamente y evitar en la medida de lo posible más imposiciones arancelarias contra sus productos y mantiene el mercado abierto. De continuar la guerra comercial y endurecerse las posiciones de EEUU y China, la UE al ser socio principal de ambos podría recibir beneficios gracias a una redistribución del flujo de comercio. Así pues, para evitar la pérdida debido a los aranceles, tanto China como EEUU podrían vender productos con fuertes gravámenes al mercado europeo, pero, especialmente, importar productos desde Europa. Si se llega a un acuerdo con EEUU para levantar o minimizar aranceles, la UE se encontraría ante un inmenso nicho de mercado dejado por los productos chinos vetados o gravados en EEUU. Lo mismo en China, especialmente en el sector automotriz, del cual se podría beneficiar la UE vendiendo al mercado chino. Alicia García-Herrero, del think tank belga Bruegel, afirma que el beneficio para Europa sólo será posible si no se inclina hacia ninguno de los contendientes y se mantiene neutral en el plano económico [16]. También resalta, como la Comisión Europea, que China debe adoptar medidas para garantizar su reciprocidad y acceso al mercado, ya que la Unión Europea sigue teniendo mayor volumen de negocio e inversiones con EEUU, por lo que la oferta china debería ser altamente atractiva para los productores europeos como para plantearse dirigir productos a China en vez de a EEUU. La propia ONU cifra en US$70.000 millones los beneficios que podría absorber la UE gracias a la guerra comercial [17]. Definitivamente, si se toman las medidas adecuadas y los 28 trazan una hoja de ruta adecuada, la UE se podría beneficiar de esta guerra, sin olvidar que, como aboga la propia UE, las medidas coercitivas no son la solución al problema comercial, y espera que, debido a su inefectividad y daño producido tanto a los consumidores como a los productores, la guerra arancelaria llegue a su fin y, si persisten las diferencias, se diluciden en el Órgano de Apelación de la OMC, o en la Corte Permanente de Arbitraje de las Naciones Unidas.

Esta guerra comercial es un tema altamente complejo y con muchos matices; este análisis ha querido intentar abordar gran parte de los aspectos, datos y problemas a los que se enfrenta la Unión Europea en esta guerra comercial. Se ha analizado generalmente en que consiste la guerra comercial, así como las relaciones entre la UE, China y EEUU. Nos encontramos ante un futuro gris, con la posibilidad de que ocurran múltiples y rápidos giros (especialmente por parte de EEUU, tal como se ha visto tras la cumbre del G20 en Osaka, tras la cual ha permitido la venta de componentes a Huawei, pero no ha sacado a la compañía de su blacklist) y del cual, si se dan los requisitos y las condiciones expuestas más arriba, la UE saldrá definitivamente beneficiada, no sólo en el plano económico, sino que si se mantiene unida y haciendo frente común, será un ejemplo de negociación y libertad económica para el mundo entero.

REFERENCIAS

1. Thomas, D. (14-5-2019) ¿Quién pierde en la guerra comercial entre China y EEUU?. BBC. Recuperado de

2. Blake, A. (9-5-2019) Trump's rambling, deceptive Q&A with reporters, annotated. The Washington Post.
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3. Huawei: US blacklist will harm billions of consumers (29-5-2019) BBC. Recuperado de

4. La UE alerta a China y EEUU: una guerra comercial les restaría 0,6 puntos del PIB. (3-6-2019) El Confidencial.
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5. European Union Trade Statistics. (18-6-2019) European Comission.
Recuperado de: http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/statistics/

6. Pozzi, S. (2-3-2018) Trump se reafirma en el proteccionismo elevando los aranceles de acero y aluminio importados. El País (corresponsal en New York)
Recuperado de

7. Inchaurraga, I. G. (2013). China y el GATT (1986-1994): Causas y consecuencias del fracaso de una negociación. Cizur Menor, Navarra: Aranzadi. pp. 204-230.

8. Tejero, M. (25-7-2018) Acuerdo UE-EEUU: “cero aranceles” en bienes industriales; más soja y gas licuado. El Confidencial.
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9. Pardo,P. & Villaécija, R. (17-6-2019) Trump amenaza a vino español. El Mundo.
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10. A quick guide to US-China Trade War (14-5-2019) BBC. Recuperado de

11. Rosenfeld, E. & Soong, M. (25-3-2018) Nobel-winner Robert Shiller warns of an ‘economic crisis’ from trade war threats. CNBC.
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12. La UE revisa las relaciones con China y propone 10 acciones. (12-3-2019) Comisión Europea- Comunicado de Prensa.

13. Asturias se lleva el 23% del nuevo recorte de producción de Arcelor en la UE. (6-5-2019) 5 Días Recuperado de

14. Morales, R. (26-12-2018) EU incrementó 28,3% sus medidas antidumping en 3 años: OMC. El Economista México.
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15. Alertan sobre la transferencia forzosa de tecnología al gobierno chino.(20-5-2019) Infobae. Recuperado de

16. García-Herrero, A.; Guardans, I. & Hamilton, C. (28-6-2018) Trade War Trinity: analysis of global consequences. Bruegel (conferencia).
 Recuperada de

17. La Unión Europea, la gran beneficiada de la guerra comercial entre China y EEUU. (4-2-2019) Noticias ONU
. Recuperado de

Iran Country Risk Report (June 2019)

After some months of implementation, the re-imposed US sanctions against Iran are seriously affecting Iranian economy and forcing disputed political and even military reactions. The present report attempts to provide an analysis of Iran by addressing: the consequences of sanctions, the current and future state of its energy sector, the internal situation of the country, and the future prospect of the Iran-US relations.

C. Asiáin, M. Morrás, I. Urbasos

Report [pdf. 14,1MB]

EXECUTIVE SUMMARY

The US unilateral withdrawal from the JCPOA on May 8, 2018, reshaped the Iranian domestic and international reality. On the one hand, the JCPOA enabled Iran to increase its GDP above 7% in the period of 2016-2018, more than double its oil exports and maintained President Rouhani in office after the 2017 elections. On the other hand, the US reimposition of the previously lifted sanctions demonstrated the deep vulnerabilities of the Iranian economy and its huge diplomatic isolation.

US sanctions will affect the whole of Iran’s foreign relations due to its extraterritorial nature. The EU will try to avoid its effect through legal protection of its companies and citizens with mechanisms such as the SPV, whose scope and effectivity is yet to be proved. China, as it is less exposed to the US financial and political influence, will be able to better circumvent sanctions but still far from being totally unaffected. Other countries such as India, Turkey or Russia will find difficulties to handle secondary sanctions, but will be able to maintain a certain degree of trade with the Islamic Republic. Japan or South Korea will have to follow US demands because of its strategic alliance in the Asia-Pacific region and resume energy imports and investments.

The Iranian economy is expected to enter into recession during 2019, GDP growth is expected to be -4.5% and unemployment rate will increase to the 15.4%. This economic hardship will concentrate the political debate in the 2020 legislative and 2021 presidential elections, whose result will determine if a moderate or hardliner political faction seizes power. Social unrest from ethnic minorities and opposition is expected to rise if the economic conditions do not improve, challenging the current political equilibrium of the country.

The energy sector will be deeply affected by US sanctions as it banned all countries from investing and purchasing Iran’s energy products. Sanctions are expected to reduce Iran oil exports to 1million barrels a day from the 2017 levels of 2.4 mbdp, decreasing governmental revenues drastically and freezing most foreign investments. The lack of FDI and technology will aggravate the problems of the Iranian energy sector with possible irreversible effects depending on the sanctions duration.

US-Iran relations are expected to worsen at least until the US 2020 Presidential elections, when a more dialoguing candidate could substitute the hawkish Trump administration. The United States is expected to maintain its current strategic alliances with Saudi Arabia and Israel, whose common goal of pressuring Iran can have unexpected consequences for the Middle East. Domestic politics in Iran, US, Israel and Saudi Arabia will play a major role in the evolution of the events.

ESSAY / Albert Vidal

What once achieved great successes oftentimes seems to lose its momentum and, sometimes, it even can become obsolete forever. When this occurs, there are usually two options: one can either try to reform it and save it, or adapt to the changes and play resiliently. But taking that decision involves sacrifices, and there will always be victims, no matter what one chooses. We can see this happening today with the World Trade Organization (WTO), particularly in regards to its function as a forum for the multilateral liberalization of trade.

In this essay, I argue that the WTO has lost its function as a forum for the multilateral liberalization of trade; rather, its only function is now to settle disputes through the Dispute Settlement Mechanism (DSM).

I have developed three main arguments to support my opinion. First, the failure of the Doha Round has marked an inflection point. With tariffs in its lowest point ever, states decided to abandon the WTO structure due to its slowness and resort to other mechanisms such as Free Trade Agreements (FTAs) and Regional Trade Agreements (RTAs) to liberalize the remaining barriers. The WTO has been deprived of one of its core functions, which could be toxic for smaller economies. Second, the uniqueness and effectiveness of the WTO’s DSM has conquered many hearts in the international arena and most states rely on it to solve its disputes. It has functioned so well, that it is now dealing with some disputes that had previously been part of trade liberalization negotiations. Third, the WTO does not have a clear mandate to decide on today’s most significant trade barriers: behind-the-border barriers. Most FTAs and RTAs deal with them in a more effective way than the WTO. Let’s now develop these reasons.

Toward a system of elites

The first argument that supports my thesis has to do with the failure of the Doha Round and its consequences. If we look back to the average tariff rates of the past decades, we see how they went down from 22% in 1947, to 15% in 1965 and to less than 5% after the Uruguay Round[1]. In 2004, the average tariff rate was less than 3.8%, and global tariffs remained highest in the least developed regions of the planet. The Doha Round, which began in 2001, was thought to address the remaining agricultural subsidies and other minor tariffs that still were in place. But in 2008, talks collapsed due to a lack of commitment by many parties[2]: lobbies in Western countries pushed hard to maintain the agricultural subsidies, while developing economies demanded more protection for farmers.

Suddenly, some countries (in particular the biggest economies) realized that engaging in negotiations within the WTO framework wasn’t worth it, since reaching consensus for such sensitive issues would be an almost impossible task. Besides, very few tariffs actually remained in place. Thus, they decided to resort to other channels, such as Free Trade Agreements (FTAs) and Regional Trade Agreements (RTAs). What were the consequences of such drift?

Since 2001, more than 900 FTAs[3] and 291 RTAs[4] have been signed: there has been a true explosion. They are attractive, because they deal with areas where the WTO has failed[5] (e.g., non-tariff barriers and investment). FTAs and RTAs are technically allowed by the WTO, but they are problematic, because the members of such trade agreements end up forming their own blocs to trade freely, which excludes other minor countries. Consequently, FTAs and RTAs are now undermining the multilateral trading system[6], because them being preferential provokes trade diversion and increased costs. Besides, they reduce the value of a potential outcome from the Doha Round and, by abandoning the WTO framework, it is easier for bigger economies to use their bargaining power.

In short, powerful and rich members have removed the function of freeing trade from the WTO by engaging in FTAs and RTAs. They once came together to give this organization a role in liberalizing trade; now, following the functionalist theory, they have come together again to remove such function. One might ask, what will then happen with the WTO? Actually, not everything is lost.

What remains of the WTO: the most effective international tribunal

A second reason is that the WTO’s DSM has functioned so well, that it has even absorbed some of the issues that were previously dealt with in negotiations. The DSM was created with the aim of resolving trade disputes among members, being one of the two initial functions of the WTO. Since 1995[7], members have filled more than 570 disputes and over 350 rulings have been issued, most of which have been complied with (compared to less than 80 rulings of the International Court of Justice in a longer span of time). Almost 100 cases have been settled by a mutually agreed solution before advancing to litigation. Such figures make it the most widely used and effective international tribunal in existence.

One might wonder how this is possible. The secret rests in its five features: first, its procedure is extremely quick (it should take just one year to settle a dispute without appeal); second, it allows for Alternative Dispute Resolution mechanisms and encourages diplomacy before going for the judicial option; third, it allows for appeal; fourth, its panel is made by experts; fifth, it allows for retaliation.

Some may object by pointing out to the paralysis that the DSM is suffering due to Trump’s blockage of nominations to seats on the appellate body, which could leave the system inoperable[8]. My answer to that is that Trump is the exception to the rule, and everything should be going back to normal with the coming administration.

The increasing number of active disputes (Appendix B) does not necessarily mean that law is being broken more often; rather, it is a reflection of the growing faith countries have in the DSM. In fact, the lack of progress in the Doha Round has pushed some countries toward the WTO’s DSM to solve disputes that should have been part of trade liberalization negotiations[9] (e.g., agricultural subsidies).

Non-tariff barriers are better dealt with outside the WTO

A third reason to justify why the WTO no longer functions as a forum for multilateral trade liberalization is that the unclarity of the extent to which the WTO can decide on non-tariff barriers makes states uneasy when it comes to negotiating such issues within the WTO framework. I may also remind that most of the barriers still in place today are non-tariff ones, and the WTO has not yet developed universally recognized rules on them.

Again, solving issues like the harmonization of standards through the required-consensus of the WTO’s rounds is incredibly complex. This means that states prefer either to simply bring them to the WTO’s DSM or to deal with those challenges bilaterally and through regional deals.

That is why, in my opinion, the WTO needs to undertake certain reforms to regain its lost function: it should promote non-litigious dialogue outside the official frameworks[10]. Simultaneously, it should develop relationships with the existing FTAs and clarify the extent to which it will decide on behind-the-border measures.

Final reflection

To put it briefly, the WTO has lost one of its two core functions due to three main factors. The most important one is that many countries are tired of the rigid WTO structure for trade negotiations, and have decided to work toward the same direction but with different methods. At the same time, the DSM has earned a tremendous reputation during almost two and a half decades and, although it is now going through difficult situation, it has a bright future ahead. Lastly, the bulk of barriers to trade that remain standing are so complex, that the WTO cannot effectively address them.

I would like to end by referring to the reflection with which I began this essay. It seems to me that we can still save the WTO as a forum to liberalize trade multilaterally, but we cannot pretend for it to be as it was in the past. It will never again be the central and unique leader of the process. Instead, it will have to develop relationships with existing FTAs, RTAs, and other functioning partnerships and agreements. But at least, we can try to reform it and soften the damaging consequences that are affecting countries outside these elite clubs.

Iran Country Risk Report (May 2019)

The sanctions that the United States is implementing against the Islamic Republic of Iran since November 2018 are the toughest sanctions ever imposed on Iran. They threaten to cut off foreign countries and companies dealing with Iran from the US financial system in order to deter business with Iran so to curtail the impact of proxy groups on the Middle East’s security and stability. The aim of this country report is to provide the most recent analysis of the Iran's economic and political situation, and estimate its evolution in the short and medium term. It presents an overlook of specific clues about matters related to political risk, as well as the effect that sanctions may have on the Iranian economy, and the prospects for political stability all over the region.

Alona Sainetska

Report [pdf. 13,5MB]

EXECUTIVE SUMMARY

Effects of sanctions

The re-imposition of US sanctions will maintain the Iranian economy in recession during the remaining months of 2019. Notwithstanding the foregoing, the economic meltdown will be very unlikely to happen, as the volume of oil exports is still significant, crude prices are going to continue to rise and other major powers´ opinion will still differ from the US´s. The multinational companies dependent on US financial system will continue leaving the Iranian market, partially leading to declining of the foreign investment, but SMEs will be almost unaffected and new forms of trading are likely to emerge soon.

Iran is likely to build stronger economic and political ties with India, China and Russia, thus giving them more power and openness to new trading opportunities, basically due to lack of any other possible partner on the horizon in the mid-term.

The prices are likely to keep growing up in the following months reaching the average inflation of 31.2% in 2019-20; still the risk of hyperinflation is discarded due to the fact that Iran is able to meet a significant share of local demand through local production. 

Backed by support from the EU, Iran is promised to obtain in the mid-term a special mechanism of payments  (Special Purpose Vehicle) for its oil and other exports (possibly through a barter system) in order to conduct trading outside of the competence of the US sanctions. This is likely to create some tensions between Europe and the US but they will not be powerful enough to split the long-lasting alliance between the two.

Oil and gas

The Iran´s production of oil will probably continue to decrease affecting the world´s oil price.

Five from the eight initial major buyers (Italy, Greece and Taiwan have already stopped their purchases from Iran) are and will be buying Iranian oil now that the waivers have been extended for the following 90 days. Thereby, the Iranian oil will still remain in demand during the following years, and Iran´s government is likely to find solutions for its selling and exportation, even though illegally, in the mid and long-term. Thus, the United States is unlikely to meet its earlier target of driving Iranian oil exports to zero.

Iraq will continue to buy natural gas from Iran in order to use it in the production of electricity, becoming the second largest customer. Taking into account the fact that there is a sort of competence between US and Iran for the influence over Iraq, it can fuel a further deterioration of their relations. It is also plausible that more buyers will emerge if some new forms of trading, which do not rely on dollar, appear soon.

Even though the modest production growth is likely to continue, Iran won´t be able to unilaterally monetize its natural gas resources due to lack of financial partners and the investment, especially from the West. However, it will be able to fulfil its domestic demand and sustain trade with Turkey.

Iran’s ability to increase production and exports of natural gas will be almost improbable, unless the relations with the United States are improved or support from international partners in defiance of sanctions is reinforced. Nevertheless, if Iran manages to accomplish current development projects, its export pipeline capacity will increase from 46.4 bcm/year in 2018, to 119.7 bcm/year to the regional and global markets in a long run. China, India and Pakistan will play a significant role in Iran´s natural gas sector.

The domestic scene

Iran will continue demonstrating considerable resilience in coping with US sanctions, and is likely to continue to fully implement the commitments of JCPOA as long as China, Russia, or countries which are non-members of the deal, such as India, continue to trade with it, and if EU continues maintaining its constructive attitude. In this case, even a greater international support and United Nations diplomatic intervention is expected in the mid-term. However, on a longer run, the JCPOA future will depend upon the economic situation and complex political battles between moderates and hardliners in Tehran.

The current deterioration of the economic conditions in Iran, the rial devaluation and growing inflation, together with already-high unemployment will provoke a further popular discontent which is likely to maintain the protests but without any considerable probability to threaten the Iranian political stability or lead to leadership´s rupture during the upcoming years.

The sanctions are likely to produce some adverse effects on the political local scene over the longer term, as Iranian hardliners may take advantage of them and the popular frustration and obtain the victory in the coming 2020 parliamentary elections and the 2021 presidential poll. As a result, any possibility for future cooperation with US will equal zero.

Las consecuencias positivas del acuerdo de libre comercio se derivarán más del fin de la incertidumbre que de las nuevas disposiciones introducidas

Tras un año y medio de negociaciones, el nuevo Tratado de Estados Unidos, Canadá y México (este país lo ha bautizado como T-MEC, los otros dos hablan de USMCA) está aún pendiente de aprobación por las cámaras legislativas de cada país. En Washington el debate político debiera comenzar en breve; en él tendrá importancia qué efectos se prevé para la economía de EEUU y la de sus dos vecinos. Los primeros estudios discrepan en algunos aspectos, si bien coinciden en que los cambios introducidos en la renegociación del acuerdo que existía desde 1994 no van a tener especial impacto.

▲ Firma del tratado de libre comercio entre EEUU, México y Canadá, en el marco del G-20, en noviembre de 2018 [Shealah Craighead-Casa Blanca]

ARTÍCULO / Ramón Barba

La renegociación del antes llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN, o NAFTA por su siglas en inglés) y ahora bautizado como Tratado de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC o, en su versión anglosajona, USMCA), ha sido uno de los principales puntos en la agenda de la Administración Trump. Aprobado por las tres partes negociadoras a finales de 2018, ahora el tratado está pendiente de ser ratificado por las cámaras legislativas de cada país.

Puesto en marcha en 1994, el acuerdo había sido calificado por Trump como “el peor tratado comercial de la historia”. Desde el comienzo de su presidencia, Trump se propuso modificar algunos aspectos del acuerdo para reducir el gran déficit comercial con México (unos 80.000 millones de dólares, el doble del déficit que EEUU tiene con Canadá), y al tiempo devolver actividad y empleos al Rust Belt estadounidense, donde el eco de sus promesas había sido decisivo para su victoria electoral.

¿Qué ha ganado y qué ha perdido cada país en la renegociación del tratado? Y, sobre todo, ¿qué efectos va a tener en la economía de cada país? ¿mejorará Estados Unidos su balanza comercial? ¿se verán afectados negativamente México o Canadá por algunas modificaciones introducidas? Primero examinaremos cómo quedaron las pretensiones de cada uno de los socios al término de las negociaciones, y luego veremos el posible efecto económico de la nueva versión del tratado a la luz de dos recientes estudios, uno de un órgano independiente de la Administración estadounidense y otro elaborado por el FMI.

Tira y afloja

En las negociaciones, que se alargaron durante casi año y medio, México y Canadá lograron “mantener el status quo en muchas áreas importantes”, pero si bien los cambios reales fueron modestos, según se analizó desde Brookings Institution, estos “fueron casi uniformemente en la dirección de lo que quería Estados Unidos”. “El enfoque agresivo y amenazador de Trump”, que desafió con romper definitivamente el tratado, “logró obtener concesiones modestas de sus socios”.

En el punto clave de la industria automotriz, EEUU consiguió aumentar del 62,5% al 75% la proporción de la producción de un automóvil que debe hacerse dentro del área de libre comercio, obligar a que el 30% del trabajo necesario para fabricar un coche tenga un salario de 16 dólares/hora (el 40% a partir de 2023) –una medida dirigida a apaciguar a los sindicatos estadounidenses, pues en México el sueldo medio de un trabajador de la automoción es hoy de 4 dólares/hora–, y fijar un arancel del 25% para los coches llegados de fuera.

México y Canadá vieron atendida su demanda de que no introducir una cláusula de terminación autonómica a los cinco años si no había consenso previo para la renovación del acuerdo, puesta sobre la mesa por Washington. Finalmente, el T-MEC tendrá una duración de 16 años, renovable, con una revisión al sexto año.

El Gobierno de Justin Trudeau tuvo que hacer algunas cesiones ante el sector lácteo estadounidense, pero preservó lo que desde el comienzo había sido su principal línea roja: la vigencia del capítulo 19, referente a la solución de controversias mediante un arbitraje binacional independiente.

México, por su parte, ganó la tranquilidad que supone la pervivencia del tratado, evitando incertidumbre futura y garantizando la estrecha relación comercial con el gran mercado estadounidense. No obstante, las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos puede funcionar como un arma de doble filo para la economía azteca, pues por un lado puede favorecer una mejora del nivel de vida e incentivar el consumo, pero por otro puede afectar a la localización de empresas debido a unos salarios menos competitivos.

Al margen de estos cambios en una u otra dirección, la actualización del tratado era necesaria tras 25 años de un acuerdo que se firmó antes de la revolución de internet y de la economía digital que esta ha traído. Por otra pare, el cambio de denominación del tratado fue una “triquiñuela” ideada por Trump para vender a su electorado la renovación de un acuerdo cuyo nombre anterior iba asociado a críticas vertidas en las dos últimas décadas.

El debate sobre el texto se desarrollará en otoño en el Congreso estadounidense, donde los demócratas insistirán en reforzar las garantías de que México aplicará las medidas laborales comprometidas. Antes del voto EEUU deberá aplicar un exención a Canadá y México de los aranceles sobre el acero y el aluminio que la Administración Trump ha impuesto internacionalmente.

Efecto económico

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), órgano independiente que tiene el estatus próximo al de una agencia gubernamental, considera que el T-MEC tendrá un impacto limitado, pero positivo para la economía estadounidense. Así, en un informe publicado en abril, estima que la entrada en vigor del reformulado acuerdo hará aumentar la producción de EEUU en un 0,35%, con un incremento del empleo del 0,12%, cifras algo menores de las previstas cuando el TLCAN entró en vigor en 1994, momento en que EEUU esperaba un aumento del 0,5% de su economía y una subida del 1% del empleo.

En cualquier caso, ese tímido impacto no sería tanto por el contenido del texto acordado, sino por su mera existencia, ya que elimina incertidumbres sobre las relaciones comerciales de EEUU con sus dos vecinos.

El informe cree que el T-MEC supondrá un incremento de la producción de accesorios de automóvil en EEUU, arrastrando hacia arriba el empleo en ese país, pero provocando un encarecimiento de los productos y, por tanto, afectando negativamente la exportación. El informe prevé también que el mantenimiento del actual el sistema de arbitraje, como exigían México y Canadá, desanimará inversiones estadounidenses en el mercado mexicano y las potenciará en EEUU.

Esas conclusiones no coinciden con la apreciación del Fondo Monetario Internacional, si bien ambas instancias están de acuerdo en descartar efectos mayores del acuerdo. Así, un estudio del FMI publicado en marzo cree difícil afirma que, en el nivel agregado, los efectos del nuevo redactado “son relativamente pequeños”. Las nuevas provisiones “podrían llevar a una menor integración económica de Norteamérica, reduciendo el comercio entre los tres socios norteamericanos en más de 4.000 millones de dólares (0,4%), al tiempo que otorgando a sus miembros unas ganancias conjuntas de 538 millones de dólares”. Añade que los efectos en el PIB real del área de libre comercio son “insignificantes”, y matiza que muchos de los beneficios “vendrían de las medidas de facilitación comercial que modernizan e integran procedimientos aduaneros para reducir aún más los costes de comercio y las ineficiencias fronterizas”.

El resultado del estudio muestra que las más exigentes normas de origen en el sector de la automoción y los requerimientos de contenido de valor laboral, asuntos que atañen especialmente a la relación EEUU-México, “no conseguirían sus deseadas consecuencias”. Según el FMI, “las nuevas reglas llevan a un declive en la producción de vehículos y partes en los tres países norteamericanos, con giros hacia mayor abastecimiento de vehículos y partes de fuera de la región. Los consumidores encontrarán precios de vehículos más altos y responderán con una demanda de menor cantidad”.

En cuanto al mercado lácteo de Canadá, cuestión de especial relevancia en la relación comercial entre ese país y EEUU, los efectos de un mayor acceso estadounidense “serían muy pequeños y macroeconómicamente insignificantes”.

Esta disparidad de previsiones entre la USITC y el FMI obedece a que diversas variables están indeterminadas, como el futuro del acuerdo transpacífico, en el que están Canadá y México, o las discusiones comerciales en curso entre EEUU y China. Una muestra en que el terreno es especialmente movedizo es el dato de que en enero y febrero de 2019 México pasó a ser el primer socio comercial de EEUU (un intercambio de 97.400 millones de dólares), por delante de Canadá (92.400 millones) y China (90.400 millones). Eso elevó en 3.000 millones de dólares el déficit comercial de EEUU con México, justo en la dirección opuesta de las pretensiones de la Administración Trump.

Pekín acelera su cambio de estrategia económica mientras Alemania intenta reinventarse como potencia manufacturera con su 'Industry 4.0'

De ser la gran fábrica de los productos más bajos en la cadena mundial de precios a convertirse en una potencia manufacturera apreciada por el valor añadido que China pueda aportar a su producción. El plan 'Made in China 2025' está en marcha con el propósito de operar el cambio en unas pocas décadas. El empuje chino pretende ser contrarrestado por Alemania con su 'Industry 4.0', para preservar el reconocimiento internacional a lo producido por la industria germana.

▲ Stand de Huawei en el Mobile World Congress 2017 [Huawei]

ARTÍCULO / Jimena Puga

“Made in China 2025” es un plan político-económico presentado por el primer ministro chino Li Keqiang en mayo de 2015. El principal objetivo de esta iniciativa es el crecimiento de la industria China, y a su vez fomentar el desarrollo industrial en las áreas más pobres de China situadas en el interior del país, como las provincias de Qinghai, Sinkiang o Tíbet. Una de las metas es aumentar el contenido nacional de los materiales básicos hasta un 40% para 2020 y un 70% para 2025.

Pero, ¿qué quiere conseguir la República Popular con esta iniciativa? Tal y como anunciaba Mu Rongping, director general del Centro de Innovación y Desarrollo de la Academia China de Ciencia, “no creo que el plan Made in China 2025 y otros planes relacionados con la industria supongan una amenaza para la economía mundial y la innovación. Estas políticas industriales dimanan de la cultura tradicional china. En China siempre que establecemos una nueva medida política o económica tenemos las expectativas altas. Así, si conseguimos solo la mitad, estaremos satisfechos. Este punto de vista ha llevado a China al cambio y hasta cierto punto, a la innovación”.

Evolución económica china

En 1978 Deng Xiaoping llegó al poder y cambió todas las estructuras maoístas. Así, desde una perspectiva económica, el Derecho se ha convertido en un elemento decisivo para resolver conflictos y mantener el orden social en China. Deng trató de instaurar un sistema socialista, pero con “características chinas”. De esta forma se justificó una economía de libre mercado y, en consecuencia, la obligación de desarrollar nuevas normas y estructuras. Además, el presidente introdujo el concepto de democracia como un instrumento necesario para la nueva China socialista. La reforma legal más importante fue la posibilidad de crear negocios privados. En 1992 se adoptó la expresión de una “economía de mercado socialista”, una etiqueta para esconder un capitalismo real (1).

El actual presidente de la República Popular, Xi Jinping, se ha manifestado contrario al proteccionismo económico y a favor de equilibrar la globalización para “hacerla más incluyente y equitativa”. También añadió un aumento en el estudio del capitalismo actual y el desarrollo del socialismo con características chinas propio del país, ya que si el partido abandonase el marxismo perdería “su alma y dirección”, además de calificarlo como “irreemplazable para comprender y transformar el mundo”.

El plan Made in China 2025 y el Industry 4.0

Durante esta última década, China ha emergido como uno de los milagros manufactureros más relevantes de la historia desde que empezase la Revolución Industrial en Gran Bretaña en el siglo XVIII. A finales de 2012, China se convirtió en un líder global en operaciones de manufacturas y en la segunda potencia económica del mundo por encima de Alemania. El paradigma Made in China ha sido evidenciado por productos hechos en China, desde productos de alta tecnología como ordenadores o teléfonos móviles hasta bienes de consumo como aires acondicionados. El objetivo del Imperio del Centro es extender este plan a tres fases. En la primera, del año 2015 al año 2025, China pretende figurar en la lista de potencias manufactureras globales. En la segunda, de 2026 a 2035, China prevé posicionarse en un nivel medio en cuanto a poder manufacturero mundial. Y por último, en la tercera fase, de 2036 a 2049, año en que la República Popular celebrará su centenario, China desea convertirse en el país manufacturero líder del mundo.

En 2013, Alemania, un país mundialmente líder en cuanto a industrialización, publicó su plan estratégico Industry 4.0. Conocido por sus marcas prestigiosas como Volkswagen o BMW, las industrias líderes del país han enfatizado su fuerza innovadora que les permite reinventarse una y otra vez. El plan Industry 4.0 es otro ejemplo de la estrategia manufacturera del país germano para competir en una nueva revolución industrial basada en la integración industrial, en la integración de la información industrial, Internet y la inteligencia artificial. Alemania es mundialmente conocida por el diseño y calidad de sus productos. El plan Industry 4.0, presentado en 2013 por el Gobierno alemán, se centra en la smart factory, es decir, que las fábricas del futuro sean más sostenibles e inteligentes; en sistemas ciberfísicos, que integran tecnologías avanzadas como la automoción, el intercambio de datos en la tecnología de manufacturación y la impresión 3D, y en las mercancías y las personas.

Ambos planes, Industry 4.0 y Made in China 2025 se centran en la nueva revolución industrial y emplean elementos de digitalización manufacturera. El núcleo del plan alemán es el sistema ciberfísico, es decir un mecanismo controlado o monitorizado por algoritmos estrechamente ligados a Internet y a sus usuarios, y la integración en mecanismos de creación de valor dinámico. El plan chino, además del plan de acción “Internet Plus Industry”, tiene un objetivo fijado especialmente en la consolidación de las industrias existentes, en el fomento de la diversidad y la ampliación del margen de actuación de numerosas industrias, realzando la cooperación regional mediante el uso de Internet para una manufacturación sin fronteras, la innovación de nuevos productos y la mejora en la calidad de los mismos.

En 2020 Estados Unidos será el país más competitivo en cuanto a manufacturación del mundo, seguido por China, Alemania, Japón, India, Corea del Sur, México, Taiwán, Canadá y Singapur. De estos diez países, seis son países asiáticos, uno europeo y los tres restantes miembros del NAFTA (North American Free Trade Agreement).

Este nuevo giro en la estrategia industrial se traduce en una anticipación del mundo a una cuarta revolución industrial propiciada por los avances tecnológicos. China será sin duda uno de los líderes internacionales de esta revolución gracias a los planes Made in China 2025 y One Belt One Road, sin embargo, las nuevas economías emergentes como Sudáfrica, Vietnam o Hungría que han contribuido a la economía mundial en los últimos años requerirán más atención.

(1) Vid. ARANZADI, Iñigo González Inchaurraga, Derecho Chino, 2015, p. 197 y ss.