En los mayores países de la región, los guardias privados son cuatro veces más que los policías y disponen de diez veces más de armas que en Europa

Los elevados índices de violencia en Latinoamérica y la deficiente presencia de la autoridad de los respectivos Estados en partes del territorio han llevado a la proliferación de empresas privadas de seguridad en toda la región. Su número supera ya las 16.000 compañías, en una industria que involucra a más de 2,4 millones de personas. El sector afronta importantes retos, como legalidad imprecisa en muchos casos, déficit de experiencia, formas incompatibles con los derechos civiles y humanos en ciertos lugares y riesgo de escalada de arsenales.

ARTÍCULO / Martín Biera Muriel

La proliferación de las empresas de seguridad privada en América Latina va ligada a las estadísticas de criminalidad y violencia en la región. Se estima que 19 de cada 20 crímenes violentos que ocurren en el mundo tienen lugar en Latinoamérica, donde se encuentran 17 de las 20 ciudades más violentas del mundo y 4 de los 5 países con mayor violencia.

La situación ha dado lugar a un “crecimiento explosivo” de la privatización de la seguridad en América Latina, como lo califica el informe “Seguridad a la venta” de Diálogo Interamericano. El aumento del número de Empresas de Defensa y Seguridad Privada (EMSP) se ha dado no solo en países con acusados conflictos, como Colombia, donde en los últimos diez años se ha registrado un incremento del 126%, sino también en países de mayor paz social e institucionalidad como Chile, que en cinco años ha visto un incremento del 50%. El total de empresas dedicadas a esta función en Latinoamérica llegaba a 16.174 en 2017, como precisaba entonces el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra (DCAF).

El sector de las EMSP

El término EMSP incluye tanto las empresas se seguridad al uso en países desarrollados, dedicadas normalmente a labores de custodia de establecimientos o personas físicas, como también empresas de defensa que pueden llegar a sustituir funciones habitualmente reservadas al Estado. Estas últimas se desarrollaron tras el fin de la Guerra Fría y han llegado a ser un actor importante en las relaciones internacionales, con participación en conflictos de baja e incluso alta intensidad.

Esas empresas de defensa actúan en un marco de complicada legalidad, cuya regulación intentó estandarizarse en 2008 con el Documento de Montreaux, una compilación de obligaciones legales y buenas prácticas destinada a garantizar la soberanía de los Estados y a proteger los Derechos Humanos. Si bien el texto se aplica más directamente a situaciones de conflicto armado, también aporta un marco regulatorio para las empresas de seguridad en general, dada la tenue frontera entre un tipo de empresas y otras, especialmente en Latinoamérica, donde la autoridad del Estado no alcanza muchas veces a todo el territorio nacional, algunos conflictos civiles son especialmente virulentos y ciertos usan a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia criminal y el mantenimiento del orden público.

Más guardias que policías

Las más de 16.000 EMSP de América Latina emplean en torno a 2,4 millones de personas. Si bien los guardias de seguridad superan en número a los miembros de la policía en todo el mundo, en muchos países latinoamericanos se produce un especial desequilibrio entre el número de componentes de las fuerzas policiales y el de los agentes privados: en Colombia, Brasil y México la relación es de un policía por cuatro miembros de EMSP; en países de extrema violencia como Honduras y Guatemala la relación incluso llega a ser de uno a siete. También se da el caso de que muchos miembros de la policía recurren al pluriempleo, ejerciendo de policías durante el día y convirtiéndose en agentes de seguridad por la noche en algún vecindario, empresa o edificio.

Las mayores empresas son las que se dedican a la vigilancia y a la escolta de clientes VIP. Las más grandes son de origen europeo y estadounidense y están especializadas en una parte del sector, especialmente en la protección de la propiedad privada. En su mayoría actúan en ciudades o bien en centros de extracción de recursos naturales aislados de las zonas urbanas. En relación a las frecuentes críticas que reciben estas empresas, por supuesta suplantación de funciones propias de la autoridad legalmente constituida, es necesario destacar que el marco jurídico en el que las grandes empresas operan es estricto y se encuentra supervisado.

Carrera de armamento

Se puede argumentar que la competencia entre los operadores ha generado una especie de carrera armamentística en la que cada empresa desea ofrecer servicios más eficaces. A su vez, al haber mayor número de agentes y además con armas más modernas, los criminales tienden igualmente a aumentar su potencia de fuego y sus capacidades para cumplir con sus objetivos, lo que consecuentemente lleva a las empresas a incrementar también el calibre de su armamento, en una espiral difícil de controlar. Las estadísticas muestran que Latinoamérica tiene la relación más alta de armas de fuego por guardia de seguridad del mundo fuera de aquellas áreas afectadas por conflictos. Esa relación es diez veces superior a la que existe sobre armas cortas en Europa.

Esto ha motivado que en el escenario latinoamericano en alguna ocasión se haya criticado a ciertas EMSP por haber contribuido, directa o indirectamente, al tráfico ilegal de armas y al aumento de las bandas armadas generando un círculo vicioso. Por ejemplo, en 2015 noventa personas fueron detenidas en San Francisco (algunas de ellas vinculadas a EMSP) por pertenecer a una red de tráfico de armas vinculada a la Mara Salvatrucha (MS-13). También se ha dado el caso de robo y extravío de armas importadas desde la región, tanto por parte de contratistas individuales de seguridad privada como por los propios militares; estas armas luego ingresan en el mercado negro. Así, más del 40% de las armas ilegales en El Salvador están vinculadas a unas 460 empresas privadas de seguridad, a pesar de la obligación de tener un registro oficial para su identificación.

Retos

La reducción de los altos niveles de inseguridad es uno de los principales retos de muchos países latinoamericanos. Las razones que explican la persistente violencia en sus sociedades son múltiples; entre ellas están la corrupción política y la desigualdad económica. Las clases más ricas pueden considerarse blanco de intentos de robo o secuestro, pero también las clases populares padecen las altas cifras de criminalidad, en su caso sin posibilidad de recurrir a la seguridad privada.

La seguridad privada en América Latina afronta dos importantes retos. Uno es ilegalidad de parte del sector: las empresas de corte ilegal crecen de forma más rápida que en el sector legal; en Brasil, por ejemplo, el número de guardias empleados informalmente supero a los formales. El otro es la falta de entrenamiento o experiencia de cierto volumen de los guardias privados. Atender a la necesidad de mayor regulación legal, y de una regulación más ajustada a las especificidades nacionales, y a la conveniencia de mayor formación ayudará a reducir la zona gris en la que en muchos casos se opera y  las violaciones de Derechos Humanos.

El deterioro de los últimos años parece hacerse corregido en varios indicadores sobre salud democrática y entorno económico

Costa Rica ha constituido tradicionalmente un modelo de funcionamiento democrático en una región con serios déficits institucionales, lo que le ha valido un papel de mediador en diferentes conflictos. El aumento de los problemas internos –huelgas, protestas ciudadanas, crisis del bipartidismo...– han parecido laminar los últimos años el prestigio internacional costarricense. ¿Sufre Costa Rica un deterioro democrático e institucional?

▲ Fachada del Teatro Nacional de Costa Rica, en San José [Pixabay]

ARTÍCULO / Ramón Barba

La inquietud política de los últimos años en Costa Rica, en un contexto regional de “voto del enojo” y del consiguiente “fenómeno outsider”, ha dado la impresión de un retroceso en las virtudes institucionales del país. El objetivo de este artículo es determinar, atendiendo a distintos indicadores sobre salud democrática y satisfacción económica y política, si existen datos objetivos que ratifiquen esa percepción.

Para este propósito se analizarán primero un conjunto de indicadores, elaborados por el Banco Mundial, la Fundación Konrad Adenauer y la revista The Economist, y luego se tendrán también en cuenta algunos resultados de la encuesta Latinobarómetro. Compararemos los valores registrados en 2010, 2013, 2016 y, cuando sea posible, 2018.

Indicadores

En cuanto al Democracy Index elaborado por The Economist, aunque Costa Rica mantiene su segundo puesto entre las democracias latinoamericanas, por detrás de Uruguay y por delante de Chile (son los tres países que suelen obtener mejor nota en los diferentes parámetros institucionales de la región), en el último decenio se observa un declive democrático costarricense, aparentemente superado en el más reciente informe. De una puntuación de 8,04 lograda en el Democracy Index de 2010, Costa Rica bajó a 8,03 en 2013 y 7,88 en 2016, para recuperar terreno en 2018 con un 8,07. El país sigue siendo la mejor democracia de Centroamérica, seguida a distancia de una estable Panamá.

El deterioro de los últimos años también ha sido recogido por el Índice de Desarrollo de las Democracias en Latinoamérica (IDD-LAT), de la Fundación Konrad Adenauer, que aún no ha publicado datos referidos a 2018, por lo que este índice no puede avalar si ha habido una reciente recuperación. En 2010, Costa Rica contaba con una puntuación media de 9,252; apenas varió en 2013, con un cifra de 9,277, pero bajó claramente en 2016, con 8,539 puntos. Los componentes del índice que más se resintieron fueron el de creación de políticas de bienestar y el de eficiencia económica, donde bajó del 1º y 5º puesto, respectivamente, al 8º y 12º. El hecho de que Costa Rica se mantuviera esos años entre el puesto 1º y 3º en derechos civiles y políticos y en eficiencia institucional y política muestra que la inquietud social de esos años estuvo más en la esfera económica que en la institucional.

Los indicadores de Buen Gobierno del Banco Mundial registran también un pequeño retroceso en el caso de Costa Rica entre los años 2013 y 2016 (datos más recientes aún no han sido publicados). En cuanto a los baremos de Estado de Derecho y Efectividad del Gobierno la puntuación bajó de 0,6 y 0,5, respectivamente, a 0,5 y 0,4. En el baremo de Control de Corrupción apenas ha habido cambios.

Valoración ciudadana

Los anteriores indicadores están elaborados por expertos, que al aplicar criterios estandarizados procurar ofrecer una estimación objetiva. Pero también hemos querido tener en cuenta la opinión de los mismos ciudadanos, manifestada en la encuesta Latinobarómetro. Estas pueden ser útiles para indicar la percepción que existe entre la población en torno a la salud institucional del país: la satisfacción que existe sobre el sistema de gobierno y sobre el sistema económico.

El valor de la democracia se mantiene en altos porcentajes en Costa Rica, a pesar de una tendencia negativa en el conjunto de la región. Atendiendo a cuatro valores que el Latinobarómetro ha incluido en sus encuestas correspondientes a los años aquí elegidos para nuestra comparación, vemos que efectivamente en 2016 la percepción ciudadana era la de un empeoramiento de la situación, pero en 2018 se observa una mejora, alcanzando niveles incluso más positivos que en 2013. En cuanto a la valoración de la democracia, su consideración como mejor sistema de gobierno bajó del 77% al 72% y luego ha subido de nuevo al 77%, mientras que su catalogación como sistema preferible ha ido en aumento: 53%, 60% y 63%.

La percepción del entorno económico, por su parte, tuvo un bache en 2013, pero hoy se sitúa en mejores condiciones. La afirmación de “se está progresando” bajó del 15% al 12%, pero en 2018 llegó al 22%, mientras que la satisfacción con las perspectivas económicas personales futuras descendió del 45% al 20% para estar en 2018 en el 52%.

Inquietud política

Costa Rica es un país que conserva unas instituciones fuertes, aunque el panorama político se encuentra más dividido. Prueba de ello es el fin del bipartidismo (1953-2014), propiciado por el menor apoyo al Partido de Liberación Nacional (PLN) y al Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) y el surgimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC), al que pertenece el actual presidente del país, Carlos Alvarado.

Asuntos de corrupción como el “caso cimentazo”, la elevada deuda pública que ha obligado a recortes en un país con ciertas prestaciones sociales muy consolidadas y un ambiente tanto regional como internacional proclive a soluciones populistas pueden estar detrás del desasosiego político observado en Costa Rica los últimos años.

Esto ocurre en un contexto del “voto del enojo” en Latinoamérica, que surge como consecuencia de las actuaciones políticas de los últimos veinte años en la región y de un fortalecimiento de las clases medias. La insatisfacción ciudadana ha propiciado el surgimiento de políticos outsider: gente con relativa popularidad, corta carrera política, sin estrategia determinada y con un discurso “anti-político”. Se trata de un patrón que, aunque está en el surgimiento del PAC, en cualquier caso no se corresponde plenamente con la personalidad del presidente Alvarado, quien en realidad parece haber contribuido a reconducir la inquietud costarricense.

Conclusiones

Así, del análisis de los datos aquí observados, cabe concluir que efectivamente hubo un ligero deterioro tanto de las circunstancias institucionales como especialmente de las condiciones o expectativas económicas entre 2013 y 2016, pero los distintos baremos han vuelto en 2018 a valores previos, incluso mejorando en algún caso cotas de hace diez años. Esto es algo que se observa tanto en los indicadores a cargo de expertos que siguen procedimientos objetivos estandarizados como en las encuestas de percepción subjetiva ciudadana.

La muestra utilizada y las catas temporales realizadas no han sido exhaustivas, por lo que no es posible especificar si las variaciones aquí constatadas son vaivenes circunstanciales o son parte de una tendencia que apunte en una determinada dirección.

La próxima autosuficiencia gasista de sus dos grandes vecinos compradores obliga al Gobierno boliviano a buscar mercados alternativos

▲ Planta de gas de Yacimientos Pretrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) [Corporación YPFB]

ANÁLISIS / Ignacio Urbasos Arbeloa

Bolivia, bajo el mandato de Evo Morales, es la única historia de éxito económico de todos los países latinoamericanos que abrazaron el populismo de izquierdas al comienzo del presente siglo. El país altiplánico ha logrado junto a Panamá y República Dominicana el mayor crecimiento de PIB de la región en el último lustro, y todo esto en un difícil contexto de decrecimiento por parte de sus principales socios comerciales: Argentina y Brasil[1]. La estabilidad política aportada por Evo Morales desde 2006, sumada a políticas macroeconómicas prudentes de carácter contracíclicas y una nueva gestión de los hidrocarburos son parte de la fórmula de este éxito. A pesar de todo, existen enormes riesgos para Bolivia de carácter económico y político. Por un lado, el gas natural supone un 30% de las exportaciones y su destino es exclusivamente Brasil y Argentina, países que se hallan cerca de la autosuficiencia gasística. Encontrar vías alternativas no es una tarea sencilla para un Estado sin salida al mar, con un conflicto diplomático con Chile y separado por la Cordillera de los Andes del Perú. Además, la apuesta del gobierno boliviano por explotar el litio por medio de empresas nacionales que integren su procesamiento para favorecer la industrialización es una estrategia arriesgada que puede dejar al país fuera del creciente mercado del litio mundial. Por último, Evo Morales y el MAS han seguido una creciente tendencia autoritaria, permitiendo la reelección del presidente, atentando contra la separación de poderes y la reciente constitución de 2009. La nueva Bolivia enfrenta en la próxima década el desafío de reorientar sus exportaciones de gas natural, diversificar su economía y consolidar una democracia real que permita un crecimiento sostenido de su economía y su papel como actor regional.

Gas Natural: en el centro del debate político del s.XXI

Durante las fracasadas exploraciones petrolíferas en el Chaco de los años 1960, acontece el descubrimiento de abundantes reservas de gas natural de gran potencial económico. Si bien se trataba de un recurso de menor valor que el del crudo, pronto se desarrolla una incipiente industria gasista de la mano de compañías extranjeras, principalmente norteamericanas como la Standard Oil. En 1972 se produce una primera nacionalización, con el surgimiento de YPFB como la empresa estatal encargada de la exploración, producción, transporte y refino de los recursos energéticos bolivianos en colaboración con empresas extranjeras. Ese mismo año, se construirá el primer gasoducto exportador, con dirección a Argentina. Para 1999, Bolivia exportará gas natural a Brasil por medio del gasoducto Santa Cruz-Sao Paulo, cuyo proyecto supuso más de 8 años de negociaciones y obras e introdujo a Petrobras como un importante actor en el sector. De este modo, Bolivia entra al siglo XXI con una creciente industria gasista, mayoritariamente privatizada por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y aupada por un modelo fiscal muy favorable para las compañías extranjeras[2].

El año 2001 marca el inicio de una convulsa etapa política en Bolivia con la denominada Guerra del Agua. Una oleada de protestas surgida de la privatización de los servicios municipales de aguas en el marco de negociaciones financieras entre el FMI y el Gobierno de Hugo Banzer. En el centro neurálgico de dichas protestas en Cochabamba surgió la figura de Evo Morales, líder cocalero que irá incrementando su popularidad de forma imparable. El gas se convertirá en protagonista en 2003, con una nueva oleada de protestas en contra de la construcción de un gasoducto de gas natural desde Tarija a Mejillones (Chile) para consumo de la industria minera de este país y exportación a México y EEUU en forma de GNL. La oposición al proyecto argumentaba la incoherencia histórica de aportar recursos bolivianos a la explotación de la región minera perdida frente a Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883) y que privó a Bolivia de una salida al mar. Además, se proponía un gasoducto alternativo, más costoso, que atravesase Perú, pero que supuestamente beneficiaría la región norte de Bolivia y no supondría una humillación nacional. Las protestas tomaron un cariz nacionalista e indigenista convirtiéndose en una auténtica revolución que bloqueó La Paz, el aeropuerto internacional y sumió el país entero en la violencia y el desabastecimiento. El presidente Lozada terminó renunciando y la mayoría de su gobierno huyendo al extranjero, mientras el proyecto quedaba cancelado y enterrado para siempre.

El nuevo presidente Mesa llega al poder con la promesa de llamar a un referéndum vinculante sobre el gas, al establecimiento de una Asamblea Constituyente y a una reforma de la Ley de Hidrocarburos, que incluyera la revisión de los procesos de privatización. El referéndum termina por dar la victoria a las propuestas de Carlos Mesa, si bien con una baja participación y una confusa redacción de las preguntas. El presidente Mesa, incapaz de capitalizar la legitimidad que le otorgaba el plebiscito renuncia al cargo y convoca elecciones presidenciales anticipadas en 2005, que llevan al poder al primer presidente indígena de la historia de Bolivia, Evo Morales, por mayoría absoluta. De esta forma el gas natural se convierte en el principal catalizador del cambio político en Bolivia.

La reforma de los hidrocarburos

La llegada de Evo Morales supuso un profundo cambio en el marco legal de los hidrocarburos. En 2006 se promulga la nueva ley de hidrocarburos “Héroes del Chaco”, que nacionaliza los recursos energéticos de Bolivia, expropia el 51% de las acciones de empresas involucradas en el sector y establece un impuesto directo sobre los hidrocarburos del 50% sujeto a una regalía extra del 32% a YPFB en aquellos yacimientos de más de 100 mcf de producción anual[3].  Esta legislación, en palabras de Evo Morales “daba la vuelta a la tortilla, pasando de 18% a 82% en los ingresos del Estado sobre los hidrocarburos”[4]. La legislación, aunque adornada con una retórica radical revolucionaria, ha demostrado ser moderada y viable en el medio plazo, ya que permite en la práctica fórmulas fiscales mucho menos gravosas para las multinacionales energéticas y no implicó grandes expropiaciones de activos. Tal y como se puede ver en la gráfica inferior, los ingresos fiscales derivados del gas natural crecieron enormemente desde 2005, año de la reforma, sin afectar dramáticamente a la producción de gas natural. Además, esta reforma vino acompañada de máximos históricos en el precio de las materias primas en 2006, 2007 y 2008, amortiguando la reducción porcentual en los ingresos de las compañías extranjeras. En el año 2009 Bolivia incluye en el artículo 362 la primacía de contratos de servicios petroleros, una fórmula en la que las multinacionales no obtienen ningún derecho sobre los hidrocarburos extraídos, pero son remuneradas por los servicios prestados. 

Desde la reforma, las exportaciones han sido relativamente estables, aupadas por una creciente demanda tanto en Brasil como Argentina. El caso más polémico se dio en el invierno de 2016, especialmente frío, en el que Bolivia paralizó sus exportaciones debido a tareas de mantenimiento en el campo Margarita. Este hecho desenmascaró una tozuda realidad sobre las reservas demostradas de gas natural en Bolivia y la necesidad de aumentar las labores de exploración y perforación en el país. Las reservas actuales de Bolivia ascienden a 283 bcm (10 tcf), suficientes para solamente 10 años de actividad exportadora al ritmo actual. Conocedora de esta situación límite, la corporación YPFB ha lanzado para 2019 una campaña de inversión que asciende a los 1.450 millones de dólares, de los cuales 450 irán dedicados a labores de exploración[5]. Buena parte de la inversión en el sector durante los últimos años ha ido dirigida a industrializar la producción de gas natural en lugar de labores de exploración, construyendo plantas de refino como la planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo[6]. Actualmente trabajan en labores de exploración y producción Total, Shell, Repsol y Petrobras[7]. Este esfuerzo pretende contestar el informe del FMI que consideraba demasiado escasas las reservas de gas natural en Bolivia para convertir al país en un centro energético regional, máxima aspiración de Evo Morales[8]. Para YPFB, existen unas reservas probables de 850 bcm (35 tfc) que garantizarían una larga vida para el sector gasista, pero que debería repensar su política fiscal para volver a atraer empresas extranjeras, que a día de hoy solo suponen el 20% de la inversión total[9].

El futuro del gas natural boliviano

De acuerdo con los contratos firmados con Brasil (1999) y Argentina (2005) los precios de exportación están indexados a una canasta de hidrocarburos, que en general ha garantizado a Bolivia un precio muy favorable, superior al de Henry Hub, pero que hace al país igualmente dependiente de las fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas. Sin embargo, la revolución de tecnología no convencional y nuevas formas de transporte ahora más económicas como el GNL están transformando la realidad del mercado del gas natural en el Cono Sur. Esta nueva coyuntura, ligada a la finalización de los contratos con Brasil en 2019 y Argentina en 2026, pone en jaque el futuro del principal activo de la economía boliviana.

Tal y como se muestra en el gráfico, la balanza comercial boliviana y su estabilidad fiscal dependen de los volúmenes exportados de gas natural y su precio internacional. La supervivencia del modelo económico actual boliviano y la presidencia de Evo Morales dependen en gran medida de los ingresos derivados de este hidrocarburo, siendo un factor fundamental para el futuro de la República Plurinacional de Bolivia.

Brasil

Desde 1999 Brasil se convierte en el principal destino de las exportaciones de gas natural, siendo en el periodo 2001-2005 el único cliente de Bolivia. Esta posición permitió la entrada de Petrobras como principal inversor en el sector hasta el año de la nacionalización, suponiendo una importante fricción diplomática entre ambos países. Fue la complicidad entre Morales y Lula, así como la importancia de mantener la armonía entre los gobiernos de izquierdas en la región, lo que permitió evitar una confrontación mayor entre ambos países. A pesar de las palabras del presidente de Petrobras en 2006, Sergio Gabrielli, anunciando el fin para siempre de la compañía en Bolivia, esta ha continuado siendo un importante inversor debido a la rentabilidad de sus actividades y la importancia estratégica del gas boliviano para Brasil.

Parece evidente que el gas natural va a jugar un papel importante en el futuro de Brasil, ya que la principal fuente de electricidad en el país, la hidroeléctrica, requiere de otras fuentes que la sustituyan cuando haya escasez de lluvias, tal y como ocurrió entre 2012 y 2014. Este contexto favoreció la entrada de gas natural en el mix eléctrico, que pasó de un 5% en 2011 a un 25% para 2015[10]. Sin embargo, Brasil comenzó hace una década con las revolucionarias explotaciones de hidrocarburos presal, que han permitido al país aumentar su producción de crudo de 1,8 mbd en 2008 a 2,6 mbd en 2018. Se espera que la producción de gas natural asociado a estos campos entre al mercado brasileño conforme se vaya construyendo la infraestructura necesaria que conecte los yacimientos off-shore con la todavía insuficiente red de gasoductos, algo que se prevé mejorar con la entrada de actores privados al sector tras la reforma energética de 2016. Igualmente, Brasil ya cuenta con 3 plantas para importar GNL, lo que le permite diversificar sus importaciones, tal como hizo durante 2018 cuando Bolivia no pudo suministrar los 26 millones de metros cúbicos al día acordados en 1999. Todo esto pone en una posición privilegiada para la negociación a Petrobras y Bolsonaro, situado en las antípodas ideológicas de Morales, y que podría apostar por aumentar las importaciones del cada vez más barato GNL norteamericano y reducir el volumen de gas boliviano. En cualquier caso, debido a ciertos incumplimientos en el suministro de gas desde Bolivia, el contrato se extenderá durante al menos dos años más hasta que se alcancen los volúmenes pendientes de entregar y que Brasil ya ha pagado.

Argentina

El otro mercado de gas natural para Bolivia también está inmerso en profundas transformaciones, en este caso derivado de las técnicas no convencionales de shale y tight oil. El yacimiento de Vaca Muerta, considerado uno de los mayores depósitos de shale del mundo, ha comenzado a producir los primeros retornos tras años de inversiones por parte de YPF y otras multinacionales. A pesar de la inestabilidad económica argentina y las reformas fiscales exigidas por el FMI que retrasarán el desarrollo total de este yacimiento gigante[11], se prevé que para 2022 su producción cubra aproximadamente el 80% de las importaciones bolivianas, volviendo a la senda de la autosuficiencia alcanzada en buena parte de la década de los 90 y el 2000[12]. Por el momento Argentina ya ha logrado renegociar los volúmenes de gas natural importados en verano y en invierno de forma más favorable a la demanda interna[13].  Además, Argentina autorizó exportar gas natural a Chile tras 12 años de interrupción[14] y realizó su primera exportación de GNL en mayo de 2019[15], lo que constituyen primeros síntomas de una creciente producción doméstica.

Parece evidente que el mercado argentino no tendrá un largo recorrido para el gas natural boliviano y que probablemente ponga fin a sus importaciones cuando termine el contrato en 2026. Otras opciones pasan por emplear la completa red de gasoductos argentinos como tránsito a otros destinos vía GNL o a vecinos como Uruguay, Paraguay o incluso Chile.

Perú

Desde hace unos meses, Bolivia ha articulado una campaña de diplomacia pública para lograr extender un gasoducto exportador a Puno, ciudad peruana situada en el Lago Titikaka. Si bien Perú tiene una importante  producción de gas natural en Camisea que le permite exportar grandes cantidades de GNL, el país lanzó un programa conocido como Siete Regiones para universalizar el acceso al gas natural. El sur de Perú puede abastecerse de forma más económica por medio de importaciones bolivianas debido a la proximidad del gasoducto de La Paz, pero existen reticencias, especialmente en la oposición fujimorista, a importar un bien excedentario en el país. Esta fórmula sería integrada en un plan para exportar desde Bolivia gas licuado de petróleo a esta misma zona, mientras que Perú construiría un gasoducto para importar petróleo y derivados desde el puerto de Ilo, en el Pacífico, a La Paz. Para Bolivia, el mercado peruano puede ser una solución temporal mientras se siguen diversificando las exportaciones, pero tendrá una fecha de caducidad temprana dadas las reservas de gas natural peruanas, el doble que las bolivianas, y la tendencia lógica a una mayor producción doméstica que cubra la demanda de todo el país. Igualmente, parece sensato pensar que la costa de Perú será en el futuro uno de los puntos por donde Bolivia podría exportar su gas natural en forma de GNL si el mercado regional está saturado.

Chile

Desde un punto de vista económico, Chile es el país más atractivo para las exportaciones bolivianas. Carece de reservas de gas natural y su zona minera, de alta demanda energética, se sitúa en una zona relativamente próxima a la red de gasoductos y yacimientos de Bolivia. Sin embargo, la ya centenaria disputa por los territorios originariamente de Bolivia anexionados por Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883) han sido un obstáculo insalvable en el presente siglo. Cabe mencionar que durante los años 50 y 60 Bolivia exportó petróleo a Chile y a EEUU por medio del oleoducto Sica Sica-Arica; es decir, la negativa a exportar gas natural a Chile ha sido una bandera empleada por Evo Morales y no una tradición histórica en la relación de estos países.

Tras las enormes movilizaciones producidas por la Guerra del Gas, Evo Morales supo catalizar el fervor popular y utilizar la disputa territorial para incrementar su popularidad. De hecho, buena parte de sus esfuerzos en la anterior legislatura se centraron en lograr la ansiada salida al mar por medio de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En 2018 este tribunal falló de forma favorable para Chile, dictaminando que este país no tiene el deber de negociar con Bolivia un arreglo territorial. La negativa de Morales a exportar gas natural a Chile parece que continuará mientras dure su presidencia.

Sin embargo, el tratado de Paz y Amistad de 1904 firmado por ambos estados otorga a Bolivia plena autonomía aduanera en los puertos chilenos de Arica y Antofagasta y el derecho a mantener mercancía en tránsito por 12 meses, con almacenamiento sin costo para sus importaciones, y 60 días de almacenamiento gratuito para sus exportaciones. Estas condiciones parecen las ideales para la construcción de una planta de GNL en Arica o Antofagasta que permita exportar gas natural por vía marítima mientras se abastece el norte chileno, necesitado de gas natural barato que permita desplazar al carbón. Las difíciles relaciones políticas entre ambos países complican la viabilidad de este proyecto, que no debe ser descartado cuando Morales abandone la presidencia y exista una mayor sintonía, tal y como ocurrió con Pinochet y Banzer en el poder.

Consumo doméstico

El consumo doméstico de gas natural en Bolivia ha crecido a un ritmo del 4,5% anual en el periodo 2008-2018 impulsado por unos precios subsidiados para consumo y la puesta en marcha de proyectos estatales que pretenden dotar de valor añadido a la extracción de gas natural como la planta de urea de Bulo Bulo o la industria siderúrgica de Mutún. Se espera que la renta per cápita en Bolivia y el consumo eléctrico sigan aumentando en la próxima década. Si el volumen de subsidios al gas natural crece de forma similar mientras que los ingresos por exportaciones disminuyen, el delicado equilibrio fiscal boliviano podría tomar una senda similar al de Argentina. El proceso de industrialización nacional por medio del gas natural tampoco parece descabellado, siempre y cuando se asiente sobre las reglas de mercado y no a costa de las finanzas públicas. El país ya ha alcanzado la autosuficiencia en fertilizantes y ya suponen un creciente rubro exportador, ejemplo de la diversificación económica que el gobierno de Morales persigue.

La pregunta: ¿Hay mercado para todos?

Tras revisar el contexto regional, puede parecer que el mercado de gas natural en Sudamérica va a estar saturado por un exceso de oferta futura. Tal y como se puede observar en el gráfico, la demanda de gas natural en el vecindario boliviano va a aumentar de 107 bcm a 140 bcm anuales para 2030. Probablemente Perú, Argentina y Brasil aumenten su producción, pudiendo alcanzar la autosuficiencia a lo largo de la década de 2020. Esto complica la comercialización del gas boliviano, pero no la hace imposible. En primer lugar, la realidad geográfica de Sudamérica hace que ciertos proyectos transfronterizos sean más económicos que otros internos, como en el caso del Sur de Perú. Igualmente, los cada vez menores costes de exportar gas por vía marítima permiten encontrar mercado a los excedentes de la producción regional, como es el caso de Perú que concentra sus exportaciones de gas a España. En un contexto de cada mayor interconexión energética, Bolivia podrá seguir exportando gas natural, ahora bien, con una posición menos privilegiada y teniendo que invertir en infraestructura exportadora. Los grandes retos se concentran en aumentar las actividades de exploración atrayendo más inversión extranjera y privada, así como la búsqueda de nuevos mercados, siendo la cuestión chilena un elemento central en este debate.

La detención de Barakat, un importante operador financiero del grupo, fue posible gracias a la colaboración de Argentina, Paraguay y Brasil

• En enero de 2018 la Administración Trump reconstituyó una unidad de investigación sobre Hezbolá y en octubre etiquetó al grupo de organización criminal transnacional

• La llegada a la presidencia de Abdo Benítez en Asunción y Jair Bolsonaro en Brasilia ha activado la acción contra el narcotráfico, lavado de dinero y contrabando en el área

• Assad Ahmad Barakat y una quincena de miembros de su clan fueron detenidos a lo largo de 2018, en un “hito significativo” de la acción contra Hezbolá en Latinoamérica

▲ Puente de la Amistad, que une la población paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú [BienvenidoaParaguay.com]

Informe SRA 2019 / Lisa Cubías [Versión en PDF]

Las acciones de presión sobre Hezbolá han aumentado significativamente en el Hemisferio Occidental en el último año. Tanto Estados Unidos como los países de la Triple Frontera –espacio limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay, que cobija una densa red de financiación de la organización­– han tomado algunas medidas que, con diferente grado de compromiso gubernamental, han llevado a la detención de diversas personas y al desbaratamiento de sus estructuras de blanqueo de capitales.

En el caso de EEUU, el relevo en la Administración supuso un cambio de política. Algunos testimonios de funcionarios de la era Obama han sugerido que la anterior presidencia tuvo un trato blando respecto a las actividades en el continente por parte de Hezbolá, organización chií libanesa con una doble faceta política y militar. El propósito de esto habría sido evitar inconvenientes en la negociación de desnuclearización con Irán, uno de los pilares de apoyo más notorios de la organización. Así, la Administración Obama habría dificultado los esfuerzos para implementar el “Proyecto Casandra”, desarrollado por la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, para descubrir las fuentes del financiamiento que Hezbolá obtiene en América Latina para sus actividades ilícitas.

El “Proyecto Casandra”, ampliamente expuesto por la publicación Politico a finales de 2017, dio cierto fruto a pesar de esa supuesta interferencia, negada por otros funcionarios de la Administración Obama. En marzo 2017 se capturó a Kassim Tajideen, un importante financista de la organización terrorista, quien se declaró culpable en diciembre de 2018. En junio de 2017, el paraguayo Ali Issa Chamas, fue extraditado a EEUU para enfrentar cargos por conspiración para traficar drogas.

El cambio en la Casa Blanca, en cualquier caso, llevó a que tras el desmantelamiento de algunos equipos de investigación que se había producido la Administración Trump reinstaurara el esfuerzo contra Hezbolá. De esta forma, en enero de 2018 el Departamento de Justicia anunció la creación de una unidad de investigación específica denominada Equipo de Financiación y Narcoterrorismo de Hezbolá, y más delante, en octubre, designó a Hezbolá como organización criminal transnacional, al considerar sus actividades de narcotráfico y lavado de activos, más allá de la etiqueta de organización terrorista que EEUU ya le otorgaba.

Por su parte, a lo largo de 2018 el Departamento del Tesoro procedió a la inclusión de 31 individuos y entidades relacionados con Hezbolá en su lista de sanciones, entre ellos el financiero libanés Adham Tabaja, mientras que el Departamento de Estado designó en noviembre como terrorista a Jawad Nasralá, hijo de líder de Hezbolá, Hassan Nasralá, e impuso sanciones a varios miembros iraquíes de la organización.

Esas acciones han afectado básicamente a operativos residentes en Oriente Medio, pero apenas han incidido en la estructura de Hezbolá en la Triple Frontera o en Venezuela, lugares señalados por la Administración como sitios de implantación de esa organización. Así, el subsecretario del Tesoro para la Financiación Terrorista, Marshall Billingslea, habló a finales de octubre de una “profunda y sustancial huella” de Hezbolá en el Hemisferio Occidental, con una “muy robusta presencia” en la Triple Frontera, mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha subrayado varias veces la relación entre el régimen de Nicolás Maduro y Hezbolá, afirmando en febrero de 2019 que en Venezuela existen “células activas” de ese grupo.

Acción en la triple Frontera

No obstante, los esfuerzos tanto de la Administración Trump como de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, en diferente medida, llevaron a una importante operación en 2018 en el Triple Frontera, la más significativa en mucho tiempo: la detención de Assad Ahmad Barakat, considerado como uno de los principales operativos de Hezbolá en la zona, quien ya había sido sancionado por el Tesoro estadounidense en 2004. Para el experto Joseph Humire, esa constituyó “un hito significativo en el esfuerzo regional contra el terrorismo y los crímenes transnacionales practicados por Hezbolá en América Latina”.

Según los también expertos Emanuelle Ottolenghi y José Luis Stein, tres factores han llevado a este nuevo énfasis sobre el riesgo que supone Hezbolá. En primer lugar, las pistas de que los fondos que el grupo obtiene de sus redes de financiación en Latinoamérica han crecido notablemente, tanto porque sus necesidades han aumentado como porque las sanciones de EEUU sobre Irán pueden estar restringiendo el apoyo económico prestado por el régimen iraní. En segundo lugar, Washington está actuando ante el mayor utilización de su sistema financiero por parte de los montos generados para Hezbolá en Latinoamérica. Y en tercer lugar, la mayor reacción de Brasilia, Asunción y Paraguay obedece a los cambios de gobierno operados: abril de 2018 Abdo Benítez fue elegido presidente de Paraguay y en octubre Jair Bolsonaro ganó las elecciones de Brasil (ya previamente Mauricio Macri había sustituido a Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada).

Los inicios de Hezbolá en América Latina están directamente relacionados con la guerra civil en el Líbano, la cual suscitó en la década de 1980 una ola de migración hacia el continente americano, particularmente Sudamérica y sobre todo en áreas de fácil comercio, como es la Triple Frontera, donde se encuentra una de las mayores zonas francas del continente. Las conexiones familiares y de procedencia sirvieron al grupo, mediante elementos infiltrados, para desarrollar actividades de reclutamiento, obtención de fondos y lavado de dinero.

No fue hasta 1994, sin embargo, que la presencia de Hezbolá en América Latina se volvió notoria. Ese año se produjo el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. Aunque inicialmente fue reivindicado por un grupo islámico desconocido, pronto las investigaciones llevaron a la Triple Frontera y apuntaron a Hezbolá. También entonces se sospechó que esa organización pudo haber estado detrás del ataque dos años antes contra la embajada de Israel en la capital argentina, donde murieron 22 personas. Todo indica que en ambos casos la Triple Frontera fue aprovechada para la logística de los ataques y refugio de los perpetradores.

De ahí que las últimas operaciones de seguridad realizadas en esa zona tengan especial importancia. A requerimiento de EEUU, la policía de Paraguay detuvo en mayo de 2018 a Nader Mohamad Fahrat y un mes después a Mahmoud Ali Barakat, ambos por narcotráfico y lavado de dinero, en lo que sería un año especialmente concentrado en el clan liderado por Assad Ahmad Barakat. En julio, la Unidad de Información Financiera de Argentina congeló los activos de 14 libaneses (once con residencia en Brasil y tres en Paraguay), todos ellos pertenecientes al clan. Esa red habría lavado dinero y evadido divisas por valor de 10 millones de dólares en un casino de la ciudad fronteriza argentina de Puerto Iguazú. En agosto la Fiscalía de Paraguay dictó una orden de captura del jefe del clan, alegando el uso de un pasaporte paraguayo falso. Assad Ahmad Barakat, fue detenido en septiembre por la policía brasileña. En Paraguay y Argentina miembros del clan fueron arrestados, jugados y condenados por crímenes de lavado de dinero, contrabando, evasión de productos y narcotráfico.

Las autoridades panameñas registraron en 2018 el tránsito de 2.100 personas “de interés” para Washington

• De los 8.445 migrantes ilegales localizados en Darién (un aumento del 20% en dos años), el 91% procedía de Asia y África, con el objetivo en su mayoría de alcanzar EEUU

• El Comando Sur estadounidense desplazó helicópteros en enero y febrero de 2019 para mejorar las capacidades de vigilancia de la densa zona selvática

• La constatación de la presencia de SIA en las caravanas centroamericanas de migrantes del pasado otoño lleva a Washington a poner especial interés en el Tapón de Darién

Informe SRA 2019 / Alex Puigrefagut [Versión en PDF]

Uno de los iconos más conocidos en el continente americano es la Ruta Panamericana: una red de carreteras que va de Argentina a Estados Unidos e incluso permite llegar hasta Alaska. Entre un extremo y otro solo hay un punto en el que hay que apearse del automóvil: 130 kilómetros de espesa vegetación entre Panamá y Colombia, realmente infranqueable, incluso difícil de atravesar a pie. Es la selva de Darién, que por esas características es conocida como el Tapón de Darién.

Justamente por bloquear el tránsito por tierra entre Sudamérica y América Central, tradicionalmente ha sido una área de escasa vigilancia a efectos de flujos migratorios. Esa falta de monitoreo, sin embargo, ha supuesto los últimos años un efecto llamada de una inmigración ilegal llegada fundamentalmente de Asia y África que preocupa a Estados Unidos. Muchos de esos inmigrantes son catalogados por Washington como Extranjeros de Interés Especial (SIA por su siglas en inglés), por proceder de países que, según EEUU, muestran una tendencia a promover, producir o proteger organizaciones criminales, mayormente terroristas. Si emergen en Panamá, fácilmente pueden utilizar las rutas migratorias centroamericanas hasta EEUU, como ha quedado denunciado en la reciente crisis de las caravanas que partieron de Honduras.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá registró el paso por Darién de 8.445 inmigrantes ilegales en 2018 (a falta de computar el mes de diciembre), de los cuales 5.400 procedían de Asia y 2.287 de África, que conjuntamente suponían el 91% de todo el contingente. Se trata de un incremento del 20% en dos años. De ellos, 2.123 eran nacionales de países que EEUU ve como posible amenaza terrorista: la mayoría eran de Bangladesh (1.440), pero también de Eritrea (418), Pakistán (151), Yemen (34), Somalia (32), Afganistán (10), Irak (10), Mauritania (10), Siria (7) y Egipto (2). A finales de 2017 el Servicio Nacional de Fronteras panameño detuvo a 26 ciudadanos de Yemen con presunta vinculación a grupos terroristas.

Ese flujo migratorio de personas etiquetadas como SIA por Washington ya fue alertado en 2016 por el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, que envió un memorándum a las autoridades fronterizas estadounidenses para que estuvieran vigilantes.

Con la atención puesta en Darién, en junio de 2018 EEUU y Panamá acordaron establecer una Fuerza de Tarea Conjunta sobre Migración (JMTF por su siglas en inglés), con el objetivo de asegurar una coordinación más efectiva y completa para abordar la inmigración ilegal y no controlada en la región. Las autoridades de seguridad de ambas administraciones priorizaron actuar contra el narcotráfico y otras clases de delincuencia organizada que pudieran suponer una amenaza para la seguridad tanto de Panamá y EEUU como para la región en su totalidad. En enero y febrero de 2019 el Comando Sur de Estados Unidos utilizó helicópteros para realizar unos transportes destinados a mejorar las instalaciones de vigilancia de Darién.

EEUU y Colombia

El propósito principal de la JMTF creada entre ambos Estados es que pueda haber intercambio de información y recursos para establecer puntos estratégicos fronterizos y de esta forma combatir todo tipo de delincuencia organizada en la frontera sur de Panamá, como por ejemplo el tráfico de drogas, de armas, de personas y sobre todo para la supervisión exhausta de la posible penetración de migrantes ilegales considerados SIA que puedan estar efectivamente relacionados con organizaciones del terrorismo internacional. Además, para el correcto funcionamiento de la JMTF los dos gobiernos acordaron reunirse bilateralmente dos veces al año para supervisar y coordinar de forma efectiva los grupos de seguridad fronterizos.

Ya en 2016 los gobiernos de Panamá y Colombia implementaron añadir en la llamada Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza (COMBIFRON) más medidas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y combatir el crimen organizado, así como la migración ilegal. Dentro de esas medidas se crearon dos puntos de vigilancia compartidos entre las dos armadas y así poder controlar los flujos migratorios en la frontera de ambos países, especialmente en la región de Darién. El área había sido históricamente lugar de influencia de carteles colombianos y retaguardia para fuerzas guerrilleras, de forma que el proceso de paz abierto con las FARC suponía una oportunidad para procurar un mayor control estatal.

El principal problema en el desafío del Darién en las últimas décadas, según algunos observadores, fue la pasividad mostrada por Colombia, que fue disminuyendo el patrullaje y el control terrestre de su parte de la frontera, dejando a Panamá con recursos limitados ante los grupos criminales, ocasionándose con ello un aumento considerable del tráfico ilegal de drogas, armas y personas en la frontera. Esa pasividad colombiana se debió fundamentalmente a que el tránsito de migrantes ilegales no creaba presión migratoria sobre Colombia, ya que los flujos eran hacia el norte continental. Aunque hoy los dos países prestan atención a Darién, el control de la zona sigue siendo deficiente, en parte porque se prioriza la seguridad marítima sobre la terrestre, especialmente en el caso de Colombia.

Caravanas centroamericanas

El paso ilegal por Darién de personas que Washington considera “de interés” por provenir de países que pueden fomentar el terrorismo forma parte de rutas internacionales que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos. La amplia evidencia muestra que el Tapón de Darién se ha vuelto un punto estratégico para la seguridad regional y la de EEUU.

La presencia de personas catalogadas como SIA estuvo en el centro del debate sobre las diversas caravanas de migrantes que en otoño de 2018 partieron de Centroamérica –surgieron en Honduras y aumentaron su tamaño a su paso por El Salvador y Guatemala– y se dirigieron a la frontera de México con EEUU. Según constató el think-tank estadounidense Center for a Secure and Free Society (SFS), en esas caravanas participaron individuos de fuera de Centroamérica, procedentes de Oriente Medio, Asia y África, algunos de los cuales entraban dentro de la etiqueta de SIA. De acuerdo con SFS, esas personas tuvieron un trato de privilegio en el desarrollo de lo convoyes, lo que incluso podría indicar una connivencia entre redes de SIA y ciertos canales de la migración centroamericana. Ese mismo centro constató que funcionarios de Guatemala detectaron esos días no menos de 157 migrantes irregulares de otros continentes, de los cuales al menos 17 eran de “especial interés” para EEUU por proceder de países como Paquistán, Bangladesh y Eritrea.

Es complicado establecer cuántas personas con perfil SIA realmente transitan por Centroamérica con destino a EEUU, pues sus identidades son falseadas para pasar desapercibidas durante su travesía. Por otra parte, el presidente estadounidense exageró el estado de alarma por las grandes caravanas centroamericanas, pues aunque hubiera motivos para la alerta, no hay que olvidar que la gran mayoría de Extranjeros de Interés Especial que entran en EEUU y que son altamente peligrosos por sus conexiones directas con el terrorismo llegan por aire y no por tierra. Según un comunicado aclaratorio del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos cada día se llegan a detener una media de diez personas que están catalogadas en la “lista de observación terrorista” (3.700 en el último año fiscal), aunque pocas de ellas entran por la frontera de EE.UU con México.

El agravamiento de la crisis venezolana reduce la vigilancia en el mar, aumenta la corrupción oficial y empuja a pueblos costeros a buscar modos de subsistencia

• En abril de 2018 se registró el ataque con mayor número de muertos de los últimos años: 15 pescadores guyaneses fallecieron en aguas de Surinam

• El incremento de los ataques llevó a las autoridades de Trinidad y Tobago a crear una unidad aérea de élite para luchar contra la piratería

• Alerta en todo el litoral al conocerse en 2018 que el año anterior los incidentes habían pasado de 27 a 71, con un incremento del 167%

▲ Costa de Guyana, cuyos pescadores se han visto afectados por el incremento de la piratería

Informe SRA 2019 / Manuel Lamela [Versión en PDF]

El significativo aumento de la piratería en las aguas del Atlántico entre Colombia y Surinam, con Venezuela en el centro de esa actividad criminal, ha alimentado titulares en los medios acerca de “los nuevos piratas del Caribe”.

Aunque lejos de la envergadura de la piratería registrada en el Golfo de Adén y sus inmediaciones entre 2008 y 2012, y luego en el Golfo de Guinea, el número de ataques en estas otras aguas se incrementó notablemente en 2017, y en 2018 se registró el ataque con mayor número de víctimas.

El deterioro de la seguridad marítima, que sobre todo perjudica a pescadores locales y algunos barcos de recreo, a los que los piratas roban gasolina, motores, pescado y cuantos objetos de valor encuentren abordo, ha ido parejo al agravamiento de la situación venezolana y afecta también a países vecinos.

Surinam y Guyana

El ataque a cuatro embarcaciones en las que faenaban veinte pescadores de Guyana, ocurrido entre el 27 y 28 de abril de 2018, resultó ser el incidente de piratería con mayor número de muertos de los últimos años. Las autoridades de Surinam recobraron cinco cadáveres y dieron por desaparecidos a diez pescadores, cuyos cuerpos posiblemente quedaron en el fondo del mar, ya que los autores del ataque forzaron a los miembros de las tripulaciones a arrojarse al agua con el ancla u otros pesos ligados a los pies, de acuerdo con el reporte oficial. Solo cinco ocupantes de los botes pesqueros pudieron salvarse, liberándose al menos uno de ellos del lastre al que fue atado, según su propio testimonio. Posteriormente, un grupo de treinta hombres fue detenido por esos hechos.

Pese a que la situación no es desconocida para Guyana o Surinam el incremento tanto en número como en violencia de este tipo de incidentes en el último año es remarcable. A comienzos de 2018, un informe publicado por la ONG One Earth Future, dentro de su programa Oceans Beyond Piracy, indicó que el número de ataques registrado en las aguas de América Latina pasó en 2017 de los 27 del año anterior a 71, lo que supone un aumento del 167%. La mayor parte de ellos (64) ocurrió en aguas territoriales, sin afectar a rutas internacionales como ocurría con los piratas somalíes o sucede en el Golfo de Guinea. Si en estas rutas los principales objetivos eran buques mercantes o grandes armadores pesqueros, produciéndose incluso secuestros de naves y tripulaciones, en el caso de lo que ocurre sobre todo en las aguas de Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam afecta a pequeños propietarios de embarcaciones.

Golfo de Paria, Trinidad y Tobago

Especialmente espinosa es la situación del Golfo de Paria, ubicado entre las costas del estado venezolano de Sucre y de la isla Trinidad, separadas solamente por unas 10 millas marinas en su punto más próximo. La peculiaridad geográfica de la zona supone un escenario perfecto para actividades ilícitas. El área ya era conocida por la existencia de diversas bandas dedicadas al contrabando y al tráfico de productos de primera necesidad, como los pañales y otros artículos altamente demandados entre la población venezolana. Dado el desabastecimiento que sufre Venezuela, esto supone un alivio para la demanda de ciertos productos e inyecta dólares a la ya amplia economía sumergida. A la ineficacia y la pasividad de los gobiernos de ambos países a la hora de combatir la piratería, como se reflejó en su fracasadas negociaciones bilaterales de 2017, se une una más que presumible relación de cooperación entre funcionarios y bandas criminales, como ha apuntado la ONG venezolana Asociación civil de Gente de Mar.

Otras zonas de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago, además de las del Golfo de Paria, se ven afectadas por la piratería, a la que contribuyen bandas locales alimentadas con la llegada de venezolanos que tienen difícil encontrar un empleo. En los últimos pocos años unos 40.000 venezolanos han emigrado al vecino país, desestabilizando las ya precarias condiciones laborales de la sociedad trinitense. Con una población de apenas 1,3 millones de habitantes, el archipiélago tiene una tasa de criminalidad relativamente elevada, que en 2018 se manifestó en la comisión de cerca de 500 asesinatos. Estas cifras están empezando a perjudicar el turismo, que es uno de los principales activos económicos. Trinidad y Tobago corre el riesgo de que se la perciba como sucesora de la infame isla Tortuga, refugio de los piratas del Caribe del siglo XVII.

Ante esta situación, las autoridades isleñas anunciaron a final de enero de 2019 la creación de una unidad de élite aérea en el seno de la Policía para actuar frente a migración ilegal, la piratería, el secuestro y el contrabando de armas y de drogas. El anuncio ocurría inmediatamente después de que seis pescadores de Trinidad fueran secuestrados y llevados a Venezuela por sus raptores, quienes reclamaron un rescate de 200.000 dólares.

Venezuela: Sucre y Anzoátegui

La crisis tanto económica como social que sufre Venezuela es una de las principales causas del aumento de la piratería. Esta se lleva a cabo especialmente desde el estado de Sucre, que ya se ha mencionado, y desde el también estado costero de Anzoátegui.

Los criminales que operan en la zona pueden dividirse en dos tipos. Por un lado, hay atacantes bien entrenados, con buen armamento, encuadrados dentro de una organización criminal y relacionados con el narcotráfico que controla la península de Paria (el extremo oriental de Sucre). Concretamente, existen dos bandas criminales diferentes que se enfrentan por el control de la zona. Estos grupos de narcotraficantes están asentados en las localidades de San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, en el municipio de Arismendi. Mediante la violencia y la extorsión se han conseguido adueñar de las rutas marítimas de mayor importancia, ahuyentando a todos los pescadores que pudieran ser testigos de sus actos. Su actividad se centra mayoritariamente en el tráfico de drogas y de armas. Respecto de las primeras, la mercancía se obtiene de Colombia y tras atravesar Venezuela se embarca hacia las costas de Trinidad y Tobago para en última instancia ser transportada hacia el mercado europeo, en ocasiones con escala en África Occidental. En cuanto a las armas, los cargamentos se obtienen en la misma Venezuela, procedentes de robos y contrabando (la corrupción y falta de seguridad afecta también a las fábricas nacionales que producen armamento; en 2019 está prevista la entrada en funcionamiento de una factoría con capacidad para producir 25.000 fusiles AK 103 al año).

Por otro lado, la actividad de piratería la desarrollan también simples maleantes, de un perfil criminal menor y con peor equipamiento y recursos. Pese a esto, son los que crean mayor alarma, dada su proliferación entre una población sin apenas fuentes de ingresos y unas coordenadas de actuación que son menos específicas que las del crimen organizado, lo que hace más imprevisibles sus ataques.

La mala administración chavista en la industria pesquera es otro de los principales factores que han generado este incremento de criminales procedentes de la población local, dedicada en su mayoría a la pesca. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 se llevó a cabo un gran proceso de nacionalización de este sector, con la expropiación de astilleros, barcos, puertos… Tras este proceso de reformas y reforzando más su relación con Cuba, en 2008 se creó una empresa pública binacional denominada Empresa Socialista Conjunta de Pesca Industrial de la Alianza Bolivariana (PESCALBA) con el objetivo de hacer más accesible el producto a los estratos sociales con menor poder adquisitivo. Todo ello contribuyó a que entre el ascenso de Chávez a la presidencia y 2017 la captura descendiera en un 60%, con una fuga de barcos a otros países, como Panamá o Ecuador, la cesación de actividad de procesadoras, el amarraje de barcos por falta de mantenimiento y el aumento del desempleo. En consecuencia, el estado de Sucre ha resultado con una sociedad quebrantada, sin medios de subsistencia, que encuentra en la delincuencia su única manera de sobrevivir.

El encaje de Panamá en la Ruta de la Seda y la ruptura con Taiwán de nuevos países del área sitúan los intereses chinos a las puertas de EEUU

• Alerta estadounidense por la gestión china de terminales a los dos lados del Canal de Panamá, de un posible puerto en El Salvador y de la estación espacial abierta en la Patagonia

• Pekín mantiene el apoyo a Maduro con un nuevo crédito de 5.000 millones de dólares, la implementación del Carnet de la Patria para el control social y el envío de un buque hospital

• La ayuda financiera china a Latinoamérica supera los 140.000 millones de dólares desde 2005; se han firmado unos 150 proyectos de infraestructuras, la mitad están en marcha en 2018

▲ Proyecto chino de terminal portuaria en una de las bocas del Canal de Panamá

Informe SRA 2019 / Jimena Villacorta [Versión en PDF]

La República Popular de China estrechó en 2018 su relación con América Latina, especialmente con Centroamérica. Si bien su nivel de préstamos oficiales se redujo en los dos últimos años, Pekín desarrolló otras actuaciones en la región y sobre todo mejoró su posición estratégica en América Central, para preocupación de Estados Unidos.

A lo largo de 2018 dos nuevos países cesaron su reconocimiento diplomático de Taiwán para pasar a establecer plenas relaciones con China. En mayo lo hizo la República Dominicana, país integrado en algunos de los acuerdos centroamericanos, y en agosto lo hizo El Salvador. Panamá dio el paso el año anterior, en junio de 2017 (y Costa Rica en 2007). Aunque esto deja a Taiwán aún con cuatro socios en Centroamérica (de los 18 países que siguen reconociendo a Taiwán en el mundo, cuatro están en el istmo americano: Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice; y otros cuatro se encuentran en el Caribe: Haití y tres microestados), China cuenta ya con suficiente espacio para sus operaciones logísticas.

Panamá se ha convertido en un interesante objetivo para Pekín. A comienzos de 2018 Panamá recibió la designación de nación más favorecida por parte de China, y en diciembre Xi Jinping realizó la primera visita de un presidente chino al país. En el marco de esa visita, Pekín anunció que existen 20 compañías chinas realizando operaciones en territorio panameño, como la construcción de terminales marítimas a ambos lados del canal interoceánico, del cual China es el segundo cliente mundial (el 30,7% de todo el tráfico), después de Estados Unidos. Además existen otras 70 empresas instaladas en la Zona Libre de Colón, de la que China es el principal proveedor. Panamá es pieza fundamental para el propósito sugerido por las autoridades chinas de extender a Latinoamérica el trazado marítimo de la Nueva Ruta de la Seda, para lo cual ambos países firmaron un memorándum, el primero con esa finalidad en la región.

Alerta de EEUU

La influencia de Pekín en Panamá ha generado suspicacias en Washington. En febrero de 2018, el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur estadounidense, ya indicó en su comparecencia ante el Senado la preocupación por el posicionamiento chino en el entorno del Canal. En septiembre EEUU llamó a consultas a la encargada de negocios de su embajada panameña para analizar esa actividad, y en octubre el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, expresó su inquietud en una visita al país. En febrero de 2019, el almirante Craig Faller, nuevo jefe del Comando Sur, insistió ante el Senado en lo “particularmente preocupante” que constituye “el esfuerzo de China para ejercer control sobre infraestructuras clave asociadas con el Canal de Panamá”. Faller también alertó sobre la construcción por parte de China de puertos en el litoral latinoamericano. “En el futuro”, dijo el almirante, “China podría usar su control de puertos de aguas profundas en el Hemisferio Occidental para aumentar su posición operacional global”.

Precisamente uno de los puertos que China podría tomar control fue objeto de debate político en El Salvador, donde el Gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) promovió en julio de 2018 una ley para designar zona económica especial el entorno del puerto de La Unión, en el golfo de Fonseca. La embajadora de EEUU en El Salvador acogió la iniciativa advirtiendo que el interés mostrado por China hacia La Unión, reconocido por las autoridades salvadoreñas, podría derivar en el uso de las instalaciones como base militar china.

El aumento de la actividad de China en Latinoamérica en 2018 fue correspondido, como se ve, con un incremento paralelo de las alertas desde EEUU. Otro de esos señalamientos fue el relativo a la estación de seguimiento y observación espacial construida y gestionada por China en la Patagonia argentina, a la que en febrero se refirió el jefe del Comando Sur en el marco de su visita al Capitolio. El temor es que, al ser dirigida por una empresa dependiente del Ejército chino, la estación pueda tener uso militar, aunque el Gobierno argentino ha requerido el compromiso de Pekín de que eso no ocurra.

Créditos y Venezuela

En el capítulo financiero, China otorgó en 2018 a la región un total de 7.700 millones de dólares en créditos, lo que supuso un ligero incremento respecto a 2017, tras dos años de descensos, aunque lejos de la cuantía de los ejercicios con mayor volumen, de acuerdo con la base de datos financiera China-Latinoamérica de Diálogo Interamericano. Desde 2005, la inversión directa china ha sido de 141.000 millones de dólares, la mayor parte procedentes del Banco de Desarrollo de China (CDB) y casi la mitad destinados a Venezuela (67.200 millones de dólares). De los 7.700 millones concedidos en 2018, 5.000 correspondieron a Venezuela, que así obtenía una asistencia que desde que comenzó 2007 solo le faltó en 2008 y 2017.

Si inicialmente la inversión estuvo más destinada a la industria extractiva, con el tiempo China ha ido entrando también en el sector de las infraestructuras. Desde 2002 se han firmado unos 150 proyectos de infraestructura de transportes, de los cuales en 2018 casi la mitad se habían iniciado.

La vinculación financiera especial con Caracas, básicamente a cambio de petróleo a futuro, ha llevado a Pekín a actuar en defensa del Gobierno de Nicolás Maduro. Además de negar el reconocimiento de la designación de Juan Guaidó como presidente encargado del país, China negó en marzo de 2019 el visado al representante nombrado por Guaidó en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que por primera vez iba a celebrar en territorio chino su reunión anual. Esto fue visto como la primera intervención de China en la política regional americana, valiéndose del creciente peso de sus créditos e inversiones en diversos países.

El auxilio a Maduro lo ha expresado China de diversas maneras. En 2018 se conocieron detalles de la ayuda tecnológica prestada por el gigante chino de telecomunicaciones ZTE para desarrollar el Carnet de la Patria impulsado por el Gobierno venezolano, en una implementación que busca el control social.

También hubo apoyo al régimen chavista con el envío de un buque hospital a Venezuela, en septiembre de 2018. El Arca de la Paz estuvo una semana en aguas venezolanas, un mes después de que el Pentágono anunciara que estaba programando el envío del Comfort, un buque con diversos quirófanos y otras instalaciones médicas, a Colombia para allí atender a los venezolanos que habían huido de la crisis humanitaria del vecino país.

El grupo llega a los 2.000 integrantes, incluyendo a elementos desmovilizados que vuelven a las armas y nuevos reclutas

• Detectada la coordinación entre el residuo de las FARC y el ELN, con participación de miembros “desmovilizados” de la vieja cúpula guerrillera como Iván Márquez

• El Gobierno de Iván Duque reacciona a las presiones de Estados Unidos con la erradicación comprometida de 70.000 hectáreas de cultivo de coca

• La mayor concentración de producción de coca en la frontera con Ecuador vierte la violencia sobre este país, donde a lo largo de 2018 actuó “el Guacho”, exFARC

▲ Walter Patricio Arizala, alias “el Guacho”, antes de caer en una operación del Ejército colombiano

Informe SRA 2019 / María Gabriela Fajardo [Versión en PDF]

La duda que existía cuando en diciembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz colombiano, acerca de si la disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sería algo residual o más bien alcanzaría cierta entidad, suponiendo un claro problema de seguridad, ha quedado despejada. Los disidentes han ido creciendo en número progresivamente y a lo largo de 2018 se han consolidado en su actividad delictiva.

En la primera mitad de 2017 quedaron desmovilizados unos 6.800 guerrilleros de las FARC tras la entrega de casi 9.000 armas. El Gobierno estimó que del total de efectivos de las FARC, unos 400 combatientes (un residual 5%) probablemente se negarían a seguir las instrucciones de la cúpula guerrillera. En noviembre de 2017, en el primer aniversario de la firma del acuerdo de La Habana, la Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe estimando que la disidencia había alcanzado alrededor de 700 integrantes. En febrero de 2018 la Fundación Ideas para la Paz elevó la cifra a entre 1.000 y 1.500. A finales de 2018 dos informes de inteligencia, ambos difundidos por medios colombianos que aseguraron haber tenido acceso a su contenido, situaron el grueso disidente entre 1.750 y 3.000 efectivos.

La cifra máxima de esta horquilla fue establecida por un informe dado a conocer en octubre, del que apenas se dieron detalles, mientras que la menor fue aportada por un supuesto documento del Departamento de Defensa remitido al Congreso y revelado en diciembre. Este último fijaba el número de integrantes de todos los grupos ilegales del país en 7.260, de los que 2.206 pertenecían al ELN (Ejército de Liberal Nacional, la última guerrilla como tal aún activa en Colombia), 1.749 a la disidencia de las FARC y 1.600 al Clan del Golfo, un grupo de crimen organizado. De provenir ambas estimaciones sobre el tamaño de la disidencia realmente de agencias gubernamentales estaríamos ante una falta de información contrastada por parte del Estado, aunque todo puede deberse a que los informes se elaboraran en momentos distintos, además sin corresponderse con el tiempo de su difusión en los medios.

A la vista de la evolución del fenómeno, probablemente no sería equivocado pensar que a comienzos de 2019 el número de disidentes de las FARC puede rondar los 2.000. Este volumen incluye tanto personas que nunca se desmovilizaron, como excombatientes que volvieron a tomar las armas ante las dificultades encontradas en el paso a la vida civil y también nuevos reclutamientos.

Reorganización

Traspasado el estandarte político a la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria de los Comunes (que mantiene así las siglas FARC), los disidentes ya no cuentan con el relato de lucha social que antes acompañaba a las actividades que siguen desarrollando: narcotráfico, contrabando, extorsión y otros negocios ilícitos­. Así que han derivado en un ejemplo más de delincuencia organizada, articulada en diferentes grupos que, aunque están convergiendo, no tienen la estructura jerarquizada de la vieja cúpula guerrillera.

La dirección podría robustecerse si alguno de los dirigentes que han expresado disconformidad con la implementación del proceso de paz y han desaparecido durante algún tiempo, como Iván Márquez, vuelvan a la guerrilla. De momento, en cualquier caso, lo que se está observando es más bien una confluencia organizativa con el ELN. Así, varios medios publicaron en diciembre de 2018 acerca de esa coordinación, dirigida especialmente a sacar cargamentos de cocaína a través de Venezuela, país donde el ELN ha aumentado su actividad. Mandos del Ejército han confirmado esa cooperación. En un encuentro de alto nivel habrían participado, además de Iván Márquez, otros dirigentes de las FARC que supuestamente habían dejado las armas, como El Paisa y Romaña.

Esos contactos sucedían después de que las conversaciones entre el Gobierno y el ELN, abiertas en suelo ecuatoriano para explorar un acuerdo de paz, quedaran suspendidas en septiembre por decisión del presidente Iván Duque al no registrarse avances y entender que, en realidad, los elenos se estaban fortaleciendo, ocupando territorios antiguamente controlados por las FARC. El diálogo quedó roto a raíz del atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander, en Bogotá, perpetrado el 17 de enero de 2019, que dejó 21 muertos y 80 heridos.

Por otro lado, la desmovilización de las FARC, aunque como vemos incompleta, ha dado pie a la presencia en Colombia de carteles mexicanos, que de esta forma intentan extender su dominio también a los lugares de producción de la cocaína, algo que ha sido destacado por el fiscal general de la nación.

La coca y la disputa de dominios

Entre las prioridades del nuevo Gobierno de Iván Duque, que se hizo cargo de la presidencia del país en agosto de 2018, ha estado el intentar reducir la alta producción de hoja de coca y de cocaína, que en los últimos años ha conocido un fuerte incremento. Entre 2013 y 2017, el número de hectáreas con arbustos de coca pasó de 48.000 a 171.000 hectáreas, según La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Estados Unidos hace esos cálculos al alza para el mismo periodo: de 80.500 a 209.000 hectáreas (cifras estas últimas que habrían supuesto un salto de la producción potencial de cocaína de 235 a 921 toneladas).

El Gobierno saliente de Juan Manuel Santos se comprometió en marzo de 2018 a la erradicación manual de 70.000 hectáreas de arbusto de coca a lo largo del año (frente a las 52.000 que, según las autoridades colombianas, fueron erradicadas en 2017), en el marco de un plan quinquenal acordado con Estados Unidos, cuya Administración se había quejado del sustancial aumento de la producción de cocaína en el país en los últimos años. El Ministerio de Defensa de Colombia anunció que a junio de 2018 se habían reemplazado voluntariamente 42.000 hectáreas, según recoge el último informe de la Oficina contra la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas, la cual, por su parte, certificó que entre mayo de 2018 y enero de 2019 se habían erradicado casi 35.000 hectáreas. Estas cifras suponen el cumplimiento superior al 90% del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en diversos departamentos. No obstante, la urgencia por alcanzar los objetivos de reducción de espacio de producción podría estar llevando a una erradicación forzosa, no seguida de otras siembras, que a medio plazo podría suponer el retorno al cultivo de coca.

En 2018 siguieron aumentando los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, que ascendieron a un número récord de 164. Según la Defensoría del Pueblo, desde comienzos de 2016 hasta finales de 2018 fueron asesinados más de 420 activistas que desarrollaban un papel de liderazgo en distintas comunidades del país. Esta violencia está relacionada con la reorganización territorial de los grupos delictivos. Hubo especial incidencia en algunos departamentos de acceso al Pacífico, como Cauca y Nariño, donde una mayor concentración de la producción de cocaína y la desmovilización inicial de las FARC causaron tensiones entre organizaciones criminales para asegurarse el dominio del territorio. Estas fricciones causaron bajas entre dirigentes comunitarios que deseaban librarse del control que habían venido ejerciendo los carteles y grupos criminales. Por su parte, un total de 85 antiguos integrantes de las FARC fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz, como consta en el informe de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

El incremento de la actividad delictiva en la zona fronteriza con Ecuador, con centro de exportación de cocaína en el puerto de Tumaco, llevó a un vertido violencia sobre el otro lado de la frontera. A comienzos de 2018 diversos ataques a instalaciones de la Policía y del Ejército de Ecuador, así como varios secuestros, fueron atribuidos a disidentes de la FARC, dirigidos por “el Guacho”. Colombia y Ecuador procedieron a aumentar el despliegue de soldados a lo largo de la frontera para afrontar la situación. En diciembre de 2018 “el Guacho” fue abatido en Nariño por una unidad del Ejército colombiano.

El cambio de Gobierno y su visión más estricta han ralentizado la implementación del acuerdo, pero este avanza en su aplicación

La implementación del acuerdo de paz en Colombia se está llevando a cabo con más lentitud de la que preveían quienes lo firmaron hace dos años, pero no ha habido la parálisis o incluso la crisis que vaticinaban quienes se opusieron a la elección de Iván Duque como presidente del país. La última estimación habla de un cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de paz cercano al 70%, si bien ya se está produciendo un incumplimiento en el 30% restante.

▲ El presidente colombiano, Iván Duque, en una acto público [Efraín Herrera-Presidencia]

ARTÍCULO / María Gabriela Fajardo

Iván Duque llegó a la Casa de Nariño –la sede de la presidencia colombiana– con el lema “Paz con Legalidad”, título que sintetizaba su compromiso de aplicar el acuerdo de paz, firmado en noviembre de 2017, pero reduciendo los márgenes de impunidad que a su juicio y el de su partido, el Centro Democrático, existían para los antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cuando se cumple un año de su elección como presidente, cabe realizar un análisis de cómo está siendo la implementación del acuerdo de paz.

Cerca del 70% de las disposiciones del acuerdo se han cumplido ya, total o parcialmente, o lo harán en el tiempo fijado, de acuerdo con la estimación del Instituto Kroc, encargado de hacer la estimación oficial de la implementación del proceso de paz. Según su tercer informe, publicado en abril, el 23% de los compromisos se han cumplido completamente, el 35% han alcanzado niveles avanzados de implementación y se espera que el 12% se cumplan del todo en el momento estipulado. Con todo, existe casi un 31% del contenido del acuerdo que no se ha comenzado a ejecutar, cuando debía estar ya en marcha.

Las Naciones Unidas, a las que el acuerdo concede un papel supervisor, han subrayado los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno para activar las distintas instancias previstas en el texto. En su informe al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó a finales de 2018 la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

Como ha indicado Raúl Rosende, jefe de gabinete de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el informe de Guterres estimó positivamente que se hubiera “obtenido la aprobación de 20 proyectos colectivos y 29 proyectos individuales de excombatientes en proceso de reincorporación, valorados en 3,7 millones de dólares y que beneficiarán en total a 1.340 excombatientes, incluidas 366 mujeres”. Esos proyectos han contado con la participación de las gobernaciones de Antioquia, Chocó, Cauca, Meta, Santander, Sucre y Valle del Cauca, las cuales han facilitado mesas departamentales de reincorporación para coordinar esfuerzos locales y regionales, involucrando así en mayor medida a la sociedad civil colombiana.

La ONU también ha expresado algunas preocupaciones, compartidas por la sociedad civil colombiana. La principal tiene que ver con la seguridad en algunas de las zonas históricas del conflicto en las que un elevado número de líderes sociales han sido asesinados. Los asesinatos se han concentrado en Antioquia, Cauca, Caquetá, Nariño y Norte de Santander. De esta forma, a lo largo 2018 fueron asesinados al menos 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La Defensoría del Pueblo situó la cifra en 164.

Además, como ha recordado Rosende, en muchas de las comunidades indígenas han tenido lugar asesinatos, amenazas y desplazamiento forzoso. Esto se ha dado en territorios étnicos de los pueblos awá, embera chamí y nasa en Caldas, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Junto a los éxitos y las preocupaciones, la ONU también apunta una serie de retos que tiene por delante el posconflicto. Por un lado, está el de garantizar a los excombatientes una necesaria seguridad jurídica, generando confianza y produciendo reales avances en cuestión de reinserción social y política. Otro gran desafío es lograr el funcionamiento autónomo y efectivo de mecanismos clave como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición o Comisión de la Verdad. Además, está también el reto social de atender a las comunidades afectadas por el conflicto, las cuales reclaman seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables contra las economías ilegales.

Aspectos controvertidos

Los asuntos relacionados con la JEP han centrado las mayores controversias de la actuación de Duque. En marzo, el mandatario presentó objeciones formales a la ley que regula la JEP, de la que desea modificar seis puntos de sus 159 artículos. Dos de ellos se refieren a la extradición de excombatientes, algo que ahora no se contempla si colaboran con el sistema de justicia transicional, especialmente en el caso de delitos cometidos tras la firma del acuerdo. Duque también plantea una reforma constitucional que excluya de la JEP los crímenes sexuales contra menores, determine la pérdida de todos los beneficios si hay reincidencia en un delito y transfiera a la justicia ordinaria los casos de conductas ilegales comenzadas antes del acuerdo y que continuaron después. Las objeciones fueron rechazadas en el mes de abril por la Cámara de Representantes y también por el Senado, aunque la validez del resultado en este último quedó en cuestión, alargando así el debate.

Una nueva polémica puede suscitarse cuando en el mes de agosto deba darse fin a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En ellos o en sus alrededores todavía se encuentran alrededor de 5.000 excombatientes. El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, ha manifestado que para ese momento, con la ayuda de la FARC (el partido político que sucedió a la guerrilla) y el Gobierno, los excombatientes deben contar con trabajo, tener claro cuál va a ser su residencia y estar preparados para la reincorporación a la vida civil.

Dentro del proceso de reincorporación, es preocupante la falta de cumplimiento por parte de los cabecillas de las FARC de su compromiso, estipulado en el acuerdo de paz, de permanecer hasta el final en los ETCR con el fin de contribuir con su liderazgo a la buena marcha del proceso. Sin embargo, en los últimos meses, diversos jefes han abandonado esos territorios, entre ellos “el Paisa”, quien además no se ha presentado ante la JEP, por lo que esta ha reclamado su captura.

Tampoco el antiguo cabecilla Iván Márquez está colaborando con el sistema de justicia transicional, retrasando sucesivas veces su comparecencia ante la JEP alegando cuestiones de seguridad. Márquez ha mencionado el asesinato de 85 exguerrilleros desde la firma del acuerdo de paz, y ha acusado al Gobierno de serios incumplimientos.

Está además el caso de Jesús Santrich, quien como Márquez había adquirido un asiento en el Congreso gracias a la implementación del proceso de paz. Santrich se encuentra detenido desde abril de 2018 con base a una circular roja de la Interpol a petición de los Estados Unidos, que le acusa del envío de 10 toneladas de cocaína realizado después de la firma del acuerdo de paz.

Un tema bastante abordado desde el momento de las negociaciones tiene que ver con la erradicación forzada y aspersión de cultivos. El programa de sustitución de cultivos ilícitos empezó a dar resultados en 2018, dando lugar a que miles de familias campesinas acordaran con el Gobierno Nacional sustituir sus cultivos de coca por otros cultivos lícitos. Aunque en algunos departamentos como el Guaviare se dio de manera voluntaria la erradicación de cultivos, eso no fue suficiente para compensar el aumento de siembras en 2016 y 2017. En 2018, cerca de 100.000 familias —responsables de un poco más de 51.000 hectáreas de coca— firmaron acuerdos de sustitución y se espera que este número continúe aumentando a lo largo del 2019. Según el gobierno de Colombia, citando cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos, se han sembrado más de 209.000 hectáreas de hoja de coca, una muy cifra superior a la de la época de Pablo Escobar, según cifras presentadas por el presidente Iván Duque el mes pasado ante la Corte Costitucional.

Los beneficios de la paz son indiscutibles y queda mucho por hacer para consolidarla. Es una labor que no puede dejarse solamente en manos del Gobierno, sino que requiere del apoyo de los excombatientes, de sus antiguos cabecillas y de la sociedad civil. El gran reto es acelerar la implementación del acuerdo y disminuir la polarización política, todo en busca de lograr la reconciliación nacional.

Moscú estrecha su relación con Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el ‘near abroad’ de Estados Unidos

• Exhibición militar de Putin en Caracas: envío de bombarderos (diciembre de 2018), de fuerzas especiales (enero de 2019) y de un centenar de militares (marzo 2019)

• El jefe del Comando Sur estadounidense denuncia propósitos “no benignos” de la Escuela de Policías abierta por Rusia en Managua para la formación agentes centroamericanos

• El acuerdo para instalar en Cuba una estación de Glonass reaviva las sospechas de que los rusos pueden volver a usar la isla para el espionaje sobre EEUU como en la Guerra Fría

▲ Recibimiento del ministro de Defensa venezolano a dos bombarderos rusos en el aeropuerto de Maiquetía, en diciembre de 2018 [Emisión de RT]

Informe SRA 2019 / Irene Isabel Maspons [Versión en PDF]

En los últimos años Latinoamérica se ha convertido en un escenario cada vez más estratégico para la Rusia de Vladimir Putin. Aunque no es la principal área de atención del Kremlin, sus calculados movimientos en la zona le permiten ganar influencia en el flanco sur de Estados Unidos. Desde 2006 Rusia ha aumentado sus intereses en la región, tomando como incentivo la menor atención de EEUU hacia el resto del continente por el cambio de prioridades que en 2001 supuso el 11-S y aprovechando la aparición desde entonces de gobiernos populistas de izquierda, en un ciclo político inaugurado con la llegada Hugo Chávez al poder.

La relación de Rusia ha sido especial con los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) –Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia–, singularmente con los tres primeros, pues eso le permite confrontar geopolíticamente a Estados Unidos en el Caribe, como en su día hizo la URSS. Siendo uno de los principales países productores de armamento, Rusia ha vendido también armas a otros países latinoamericanos, pero además de un trato comercial, en el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba se ha establecido una relación estratégica.

La vinculación se ha estrechado en el último año con esas tres naciones: la última gran crisis abierta en Venezuela ha hecho a este país aún más dependiente de Moscú; el cambio presidencial y constitucional operado en Cuba ha llevado a La Habana a asegurarse el patrocinio ruso en este tiempo de complicada transición, mientras que la actividad de Rusia en Nicaragua ha suscitado la alerta pública del Pentágono.

El hecho que desde otoño pasado Estados Unidos se refiera a Venezuela, Cuba y Nicaragua como “eje del mal” en el Hemisferio Occidental obedece precisamente a la percepción en Washington de una mayor actuación de Rusia en la región. Si el último decenio marcó el “regreso” de Rusia al Caribe, en 2018 se registró el “regreso” de Estados Unidos a una política de prioritaria atención a lo que ocurre en esa zona geográfica, precisamente por la mayor actividad de Rusia, y también de China. Moscú está demostrando a EEUU (y a sus aliados) que puede ser recíproco ante la presión que está recibiendo en su propio near abroad, como destaca un reciente informe del Instituto Elcano, y Washington ha comenzado a contestar esos movimientos.

Por otra parte, 2018 fue un año electoral en un buen número de países. La Casa Blanca alertó de la posibilidad de que Moscú quisiera interferir especialmente en México, para propiciar la elección de Andrés Manuel López Obrador, por considerarle incómodo para EEUU. Aunque en volúmenes poco considerables, México es el segundo socio comercial de Rusia en Latinoamérica, tras Brasil, y el segundo comprador de armas rusas, a mucha distancia de Venezuela (el tercer país es Perú). No obstante, no hubo pruebas de que en esas u otras elecciones latinoamericanas se produjera especial actividad rusa. Sí que hay evidencias, no obstante, de que las capacidades rusas para la diseminación de fake news en la globosfera hispanohablante han contado con la ayuda de redes venezolanas.

Venezuela

La influencia de Rusia en Venezuela en el último año ha sido visible en diversos aspectos. Por seguir un orden temporal, cabe mencionar la puesta en marcha de la criptomoneda Petro, presentada en febrero de 2018 como una forma de efectivo digital supuestamente vinculado al valor de las reservas petroleras de Venezuela. Una investigación realizada por la revista Time reveló que empresarios rusos habían actuado de asesores del Gobierno de Nicolás Maduro para el lanzamiento del Petro, si bien el Ministerio de Finanzas ruso negó que las autoridades de Moscú estuvieran involucradas en la iniciativa. Con la creación de esta moneda virtual, Maduro esperaba tener un mecanismo para evadir las sanciones decretadas por Estados Unidos contra los bonos venezolanos y PDVSA. De existir un interés ruso, este podría haber sido aprovechar el Petro para evadir alguna de las sanciones impuestas a Rusia por parte de EEUU y de la Unión Europea, aunque el Petro demostró pronto su poca utilidad como vehículo financiero.

Con el agravamiento de la situación en Venezuela –desde las elecciones presidenciales avanzadas al mes de mayo de 2018, cuyo resultado no fue reconocido por un gran número de países, a las consecuencias de la juramentación de Juan Guairó en enero de 2019 como presidente legítimo del país–, elementos militares rusos han protagonizado una exhibición de apoyo a Maduro. En diciembre dos bombarderos estratégicos Tupolev-160 aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, como parte de unas supuestas maniobras conjuntas entre ambos países. Al mes siguiente, Reuters reportó la presencia en Venezuela de contratistas militares privados llegados de Rusia, pertenecientes a la compañía privada Wagner, la cual ha prestado diversos servicios al Kremlin. En marzo de 2019 dos aviones de carga del Ministerio de Defensa ruso descargaron en Maiquetía un centenar de militares, con el general Vasily Tonkoshkurov, jefe de personal del Ejército, al frente y 35 toneladas de diverso material militar no especificado, que supuestamente pudo estar destinado a la implementación de la protección antiaérea del área de Caracas.

En 2018 Rusia prosiguió, con su política de créditos, la toma de posiciones en los sectores petrolero y minero venezolanos. Si bien los 17.000 millones de dólares que Rusia ha dado en crédito a Venezuela desde 2006 –la mayoría para la compra de armamento ruso– quedan muy por detrás de los 67,2 millones de dólares otorgados por China desde 2007 a cambio de petróleo a futuro, lo cierto es que el Kremlin se ha convertido en el último par de años en un sostén mayor del régimen de Maduro: en 2016 China bajó a 2.200 millones de dólares sus préstamos a Venezuela y no otorgó ninguno en 2017; solo a finales de 2018 volvió a volúmenes previos, con un crédito de 5.000 millones de dólares. En cambio Rusia ha estado auxiliando muy activamente el sector energético venezolano a través de Rosneft, que en 2016 se hizo como garantía de un préstamo con el 49% de las acciones de Citgo, la filial de PDVSA y uno de los grandes activos de la estatal venezolana. En 2017 Rusia aceptó refinanciar 3.150 millones de dólares de la deuda contraída por Venezuela, atrasando casi todos los pagos hasta 2023.

El último compromiso tuvo lugar en la reunión que Putin y Maduro mantuvieron en diciembre en Novo Ogaryovo, la residencia presidencial rusa a las afueras de Moscú. A su término, Maduro anunció que en el encuentro se había “garantizando” una inversión petrolera por superior a los 5.000 millones de dólares y contratos por más de 1.000 millones de dólares para la explotación de oro”, ampliando así también a ese metal precioso la cartera de intereses rusos en el país caribeño.

Por otra parte, en marzo de 2019 Maduro ordenó el traslado de la oficina de PDVSA para Europa desde Lisboa a Moscú, con el objetivo de evitar su confiscación ante el reconocimiento progresivamente obtenido por Juan Guaidó como presidente en los países europeos.

Nicaragua

Parte de la alerta de Estados Unidos expresada en el último año acerca de la creciente actividad de Rusia en la región corrió a cargo del Pentágono. En su comparecencia ante el Congreso de febrero de 2018, el entonces jefe del Comando Sur, el almirante Kurt W. Tidd, ya trasladó la preocupación estadounidense por la mayor presencia de Rusia y China en zonas de las Américas de interés estratégico para Washington. Esa denuncia adquirió una mayor concreción en la siguiente comparecencia anual en el Capitolio de su sucesor, el almirante Craig S. Faller, quien en su intervención de febrero de 2019 indicó que Rusia está usando la región “para diseminar información, recoger inteligencia sobre Estados Unidos y proyectar poder”. En una entrevista concedida entonces a la Voz de América, Faller se refirió, entre otros aspectos concretos, a varias iniciativas de Rusia en Nicaragua.

El jefe del Comando Sur puso especial énfasis en el Centro de Capacitación Profesional de la Policía que Rusia ha construido y dirige en Nicaragua, inaugurado en octubre de 2017 y destinado a la formación de policías centroamericanos en la lucha contra la droga y el crimen organizado. “No se qué otros propósitos podría tener ese centro, pero estoy seguro que no todos son ingenuos y benignos”, dijo Faller.

Ya en 2017 fue reportado que alrededor de doscientos militares rusos rotan su presencia en Nicaragua, acuartelados la mayor parte de ellos en las instalaciones militares de Puerto Sandino, en la costa pacífica, que a efectos prácticos funciona como una base rusa.

Las advertencias de Faller sobre recolección de inteligencia en la región por parte de Rusia tienen que ver en alguna medida con una estación satelital instalada por Rusia en Managua, a poca distancia de la Embajada de Estados Unidos. Desde 2013, Rusia ha emplazado en Latinoamérica cuatro estaciones de su sistema de posicionamiento Glonass: cuatro estaciones se encuentran en Brasil y en 2017 se instaló una Nicaragua. A diferencia de las estaciones en Brasil, las cuales son manejadas con transparencia y fácil acceso, la construida en Managua está rodeada de secretismo y esto ha generado dudas sobre su verdadero uso, pudiendo tratarse de una instalación destinada a escuchas.

En mayo de 2018, la corporación científica industrial Sistemas de Fabricación de Equipos de Alta Precisión (SPP, por sus siglas en ruso) comunicó haber firmado un contrato para emplazar en Cuba una estación de mediciones para el sistema de navegación Glonass.

Cuba

Ese último anuncio dio pie a nuevos rumores sobre la posibilidad de que Rusia reactivara en Cuba la base Lourdes, que durante la Guerra Fría contó con grandes medios como centro de inteligencia de señales para el espionaje de EEUU. Moscú ha negado hasta el momento que existan proyectos en ese sentido. En cambio, sí ha expresado el deseo de contar con una base militar en Cuba, Venezuela o Nicaragua, como en alguna ocasión ha sugerido el propio Ministerio de Defensa ruso, sin que después esos planes se hayan concretado oficialmente.

En 2018 las relaciones entre La Habana y Moscú se estrecharon institucionalmente, con la primera visita de un presidente cubano a Rusia en casi una década. La sustitución de Raúl Castro por Miguel Díaz-Canel llevó a ambos países a escenificar su mutuo compromiso frente las expectativas occidentales sobre cambios políticos en la isla. Unos meses antes de esa visita, ambos países firmaron diversos acuerdos para la colaboración en áreas como la industria del acero, el deporte y los servicios aduaneros, al tiempo que apostaron por fortalecer la colaboración bilateral, el comercio y las inversiones del país euroasiático en la isla.

A raíz de la grave crisis venezolana, en mayo de 2017 Rusia retomó la entrega de importantes cantidades de petróleo a Cuba, como había hecho décadas atrás, con el fin ahora de compensar la reducción de crudo enviado por Venezuela. En un primer acuerdo, Rosneft se comprometió a suministrar 250.000 toneladas de petróleo y productos refinados, aunque no consta por cuánto tiempo y posiblemente se trató de un auxilio temporal o intermitente.