Las aspiraciones georgianas de integración en la Unión Europea y en la OTAN se topan con el temor occidental de una reacción desmesurada de Rusia

▲ Vista de Tiblisi, la capital de Georgia, con el palacio presidencial al fondo [Pixabay]

ANÁLISIS / Irene Apesteguía

En tiempos griegos, Jasón y los Argonautas emprendieron un viaje en busca del Vellocino de Oro, con una dirección clara: las actuales tierras de Georgia. Más adelante, en época romana, estas tierras estuvieron divididas en dos reinos: Cólquida e Iberia. De ser un territorio cristiano, Georgia pasó a ser conquistada por los musulmanes y sometida posteriormente a los mongoles. En esta época, en el siglo XVI, la población se vio reducida debido a las continuas invasiones persas y otomanas.

En 1783, el reino georgiano y el imperio ruso acordaron el Tratado de Gueórguiyevsk, por el que ambos territorios se comprometían a brindarse mutuo apoyo militar. Este acuerdo no logró evitar que la capital georgiana fuera saqueada por los persas, algo que fue permitido por el zar ruso. Y fue este, el zar Pablo I de Rusia, quien en 1800 firmó la correspondiente incorporación de Georgia al imperio ruso, aprovechándose del momento de debilidad georgiano.

Tras la desaparición de la República Democrática Federal de Transcaucasia y gracias al colapso ruso iniciado en 1917, el primer estado moderno de Georgia fue creado: la República Democrática de Georgia, que entre 1918 y 1921 luchó con el apoyo de Alemania y las fuerzas británicas contra el imperio ruso. La resistencia no duró y la ocupación del Ejército Rojo ruso llevó en 1921 a la incorporación del territorio georgiano a la Unión de Repúblicas Soviéticas. En la Segunda Guerra Mundial, setecientos mil soldados georgianos tuvieron que luchar contra sus antiguos aliados alemanes.

En esos tiempos estalinistas, Osetia fue dividida en dos, constituyéndose la parte sur como región autónoma perteneciente a Georgia. Más tarde, se repitió el proceso con Abjasia, y así se formó la actual Georgia. Setenta años después, el 9 de abril de 1991 la República Socialista Soviética de Georgia declaró su independencia con el nombre de Georgia.

Cada tiempo tiene su “caída del Muro de Berlín”, y este se caracteriza por la desintegración de la antigua Rusia. No creó por tanto ninguna sorpresa el gran conflicto armado que se desenvolvería en 2008 como consecuencia de los conflictos paralizados entre Georgia y Osetia del Sur y Abjasia desde los inicios del pasado siglo.

Desde la desintegración de la URSS

Tras la desintegración de la URSS, la configuración territorial del país llevó a la tensión con Rusia. Con la independencia hubo disturbios civiles y una gran crisis política, ya que no se tuvo en cuenta el parecer de la población de los territorios autónomos y se violaron las leyes de la URSS al respecto. Como hermanas gemelas, Osetia del Sur deseaba unirse a Osetia del Norte, es decir, a una parte rusa, siguiendo Abjasia de nuevo sus pasos. Moscú reconoció a Georgia sin modificación de fronteras, quizás por miedo a una actuación similar al caso checheno, pero durante dos largas décadas actuó como padre protector de las dos regiones autónomas.

Con la independencia, Zviad Gamsajurdia se convirtió en el primer presidente. Tras un golpe de Estado y una breve guerra civil llegó al poder Eduard Shevardnadze, un político georgiano que en Moscú había colaborado estrechamente con Gorbachov en la articulación de la perestroika. Bajo la presidencia de Shevardnadze, entre 1995 y 2003, se produjeron guerras étnicas en Abjasia y Osetia del Sur. En torno a unas diez mil personas perdieron la vida y miles de familias abandonaron sus hogares.

En 2003 la Revolución de las Rosas contra el desgobierno, la pobreza, la corrupción y el fraude electoral facilitó la restauración de la integridad territorial, el retorno de los refugiados y la aceptación de las distintas etnias. Sin embargo, las reformas democráticas y económicas que se plantearon no dejaron de ser un anhelado sueño.

Uno de los líderes de la Revolución de las Rosas, el abogado Mijail Saakashvili, llegó a la presidencia un año después, declarando la integridad territorial georgiana e iniciando una nueva política: la amistad con la OTAN y la Unión Europea. Esa aproximación a Occidente, y especialmente a Estados Unidos, puso sobre aviso a Moscú.

La importancia estratégica de Georgia se debe a su centralidad geográfica en el Cáucaso, pues se halla en medio del trazado de nuevos oleoductos y gaseoductos. La seguridad energética europea avalaba el interés de la UE por una Georgia no supeditada al Kremlin. Saakashvili hizo guiños a la UE y también a la OTAN, aumentando el número de efectivos militares y el gasto en armamento, algo que en 2008 no le vino nada mal.

Saakashvili tuvo éxito con sus políticas en Ayaria, pero no en Osetia del Sur. El mantenimiento de la tensión en esa zona y diversas disputas internas generaron una gran inestabilidad política que motivó la renuncia del mandatario.

Al terminar el mandato de Saakashvili en 2013, pasó a ocupar la presidencia el comentarista y político Giorgi Margvelashvili, como cabeza de lista de Sueño Georgiano. Margvelashvili mantuvo la línea de acercamiento a Occidente, tal como ha hecho desde 2018 la actual presidenta, Salome Zurabishvili, una política nacida en Francia, también de Sueño Georgiano.

Lucha por Osetia del Sur

La guerra de 2008 fue iniciada por Georgia. Rusia también contribuyó a crear malas relaciones previas, embargando importaciones de vino georgiano, repatriando inmigrantes indocumentados georgianos e incluso prohibiendo vuelos entre ambos países. En el conflicto, que afectó a Osetia del Sur y a Abjasia, Saakashvili contó con un Ejército modernizado y preparado, y también con el apoyo absoluto de Washington.

Las batallas comenzaron en la principal ciudad de Osetia del Sur, Tsjinval, cuya población es mayoritariamente de origen ruso. A los bombardeos aéreos y terrestres del Ejército georgiano siguió la entrada en el territorio de los tanques rusos. Moscú logró el control de la provincia y expulsó a las fuerzas georgianas. Tras cinco días, la guerra terminó con un balance de entre ochocientos y dos mil muertos, según los distintos cómputos de cada bando, y múltiples violaciones de las leyes de guerra. Además, numerosos informes encargados por la Unión Europea mostraron que las fuerzas de Osetia del Sur “destruyeron deliberada y sistemáticamente aldeas de etnia georgiana”. Estos informes también afirmaron que fue Georgia la que inició el conflicto, si bien la parte rusa había realizado múltiples provocaciones y además reaccionado de forma desmesurada.

Tras el alto al fuego del 12 de agosto, las relaciones diplomáticas entre Georgia y Rusia quedaron suspendidas. Moscú retiró sus tropas de parte del territorio georgiano que había ocupado, pero permaneció en las regiones separatistas. Desde entonces Rusia reconoce a Osetia del Sur como territorio independiente, al igual que hacen algunos aliados rusos como Venezuela o Nicaragua. Los propios osetios no reconocen tener lazos culturales e históricos con Georgia, sino con Osetia del Norte, es decir, con Rusia. Por su parte, Georgia insiste en que Osetia del Sur está dentro de sus fronteras, y el mismo gobierno se encargará de ello como una cuestión de orden público, solucionando así un problema calificado de constitucional.

Dado el acercamiento de Georgia a la UE, el conflicto bélico dio pie a la diplomacia europea a tener un papel activo en la búsqueda de la paz, con el despliegue de doscientos observadores en la frontera entre Osetia del Sur y el resto de Georgia, en sustitución de las tropas de paz rusas. En realidad, la UE pudo haber intentado antes una reacción más contundente frente a las acciones de Rusia en Osetia del Sur, lo que algunos observadores creen que hubiera evitado lo que después pasó en Crimea y el este de Ucrania. En cualquier caso, a pesar de haber iniciado el conflicto, esto no afectó a la relación de Tiflis con Bruselas, y en 2014 Georgia y la UE firmaron un Acuerdo de Asociación. Actualmente podemos asegurar que Occidente ha perdonado a Rusia su comportamiento en Georgia.

La guerra, aunque corta, tuvo un claro impacto negativo en la economía de la región osetiana, que en medio de las dificultades se hizo dependiente de Moscú. No obstante, las ayudas financieras rusas no llegan a la población debido al alto nivel de corrupción.

La guerra terminó, pero no los roces. Además de un problema de refugiados, también se da un problema de seguridad, con asesinatos de georgianos en las fronteras con Osetia del Sur. La cuestión no está cerrada, pero a pesar de que el riesgo sea leve, todo queda en manos de Rusia, que además de controlar e influir en la política, dirige el turismo en la zona.

Esta no resolución del conflicto dificulta la estabilización de la democracia en Georgia y con ello la posible entrada a la institución europea, dado que las minorías étnicas alegan falta de respeto y protección de sus derechos. A pesar de que los mecanismos de gobierno siguen siendo escasos en estos conflictos, se observa claramente que las reformas adquiridas últimamente en el sur del Cáucaso han llevado a promover el diálogo inclusivo con las minorías y a una mayor responsabilidad estatal del asunto. 

Últimas elecciones

El noviembre de 2018 se celebraron las últimas elecciones presidenciales por sufragio directo en el país, pues desde 2024 ya no serán los ciudadanos los que voten a su presidente, sino los legisladores y ciertos compromisarios, debido a una reforma constitucional que transforma el país en una república parlamentaria.

En 2018 se enfrentaron en la segunda vuelta el candidato del Movimiento Nacional Unido, Grigol Vashdze, y la candidata de Sueño Georgiano, Salome Zurabishvili. Con el 60% de los votos, la candidata de centro izquierda se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de Georgia. Ganó con una apuesta europea: “más Europa en Georgia y Georgia en la Unión Europea”. Su toma de posesión fue acogida con manifestantes que alegaban irregularidades en las elecciones. La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) avaló el proceso electoral, aunque señaló la falta de objetividad de los medios públicos durante la campaña.

Algunos medios georgianos consideran que Sueño Georgiano gozó de una “ventaja indebida”, por la intervención en la campaña del exprimer ministro Bidzina Ivanishvili, hoy un adinerado financiero, quien anunció públicamente un programa de ayuda para seiscientos mil georgianos. Quedó en evidencia que Ivanishvili tira de los hilos y las palancas de poder en el país. Ese cuestionamiento de la limpieza de la campaña llevó a que Georgia haya bajado en calidad democrática en los índices de 2018.

Acto público presidido en enero por Salome Zurabishvili en el palacio presidencial georgiano [Presidencia de Georgia]

LA APROXIMACIÓN A OCCIDENTE

Desde las políticas llevadas a cabo por la presidencia georgiana desde la llegada de Saakashvili al poder, Georgia se ha adentrado de modo decidido en el mundo occidental. Gracias a todas las nuevas medidas que Tiflis está implementando para ajustarse a los requisitos y peticiones occidentales, Georgia ha logrado perfilarse como el idóneo candidato para su entrada en la Unión Europea. No obstante, a pesar de los anhelos europeístas y atlantistas del partido gobernante, Sueño Georgiano, y de buena parte de la sociedad georgiana, el país podría acabar rindiéndose ante la presión de Rusia, como ha pasado con varios territorios exsoviéticos que previamente habían intentado una aproximación occidental, véase Azerbaiyán o Kazajstán.

Adecuación a la Unión Europea

Devenido en el país más favorecido del Cáucaso para entrar en la Unión Europea, con la que tiene una cercana y positiva relación, Georgia ha firmado diversos tratados vinculantes con Bruselas, siguiendo la aspiración de los ciudadanos georgianos de más democracia y derechos humanos. En 2016 entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre la UE y Georgia, algo que permite dar serios pasos en integración política y económica, como la creación de la Zona de Libre Comercio de Alcance Amplio y Profundo (ZLCAP). Este régimen de comercio preferencial convierte a la UE en el principal socio comercial del país. El ZLCAP ayuda a Georgia a reformar su marco comercial, siguiendo los principios de la Organización Mundial del Comercio, al tiempo que elimina aranceles y facilita un amplio y mutuo acceso. Esa adecuación al marco legal de la UE supone una preparación del país para una eventual adhesión.

En cuanto al Acuerdo de Asociación, se debe mencionar que Georgia es un país miembro de la Asociación Oriental dentro de la Política Europea de Vecindad. Mediante esta asociación, Bruselas emite informes anuales sobre los pasos dados por un determinado Estado para llegar a una mayor adecuación con la UE. El Consejo de Asociación es la institución formal que se dedica a supervisar esas relaciones asociacionistas; en sus reuniones se han destacado los progresos alcanzados y la creciente cercanía entre Georgia y la UE.

En 2016 el Comité de Representantes Permanente de la UE confirmó el acuerdo del Parlamento Europeo acerca de la liberación de visados con Georgia. Dicho acuerdo se basaba en la no necesidad de visado para ciudadanos de la UE que cruzaran las fronteras del país, y para ciudadanos georgianos que viajasen a la UE para estancias de hasta 90 días.

Georgia, sin embargo, se ha visto decepcionada en sus expectativas cuando desde la UE se han expresado dudas sobre la conveniencia de su incorporación. Algunos países miembros alegaron el peligro que podían suponer los grupos criminales georgianos, algo que varios partidos prorrusos del país aprovecharon para realizar una enérgica campaña contra la UE y la OTAN. La campaña tuvo sus resultados y la opinión contraria a Rusia disminuyó, lo que llevó a Moscú a una mayor afirmación con maniobras militares, si bien en las elecciones de 2016 siguió el respaldo ciudadano a Sueño Georgiano.

A pesar de que no hay una perspectiva de próxima adhesión, la UE sigue ofreciendo esperanzas, como en la gira por el Cáucaso que la canciller alemana, Angela Merkel, hizo el verano pasado. En su visita a Georgia, Merkel comparó el conflicto georgiano con el ucraniano debido a la presencia de tropas rusas en las regiones separatistas del país. Visitó la localidad de Odzisi, situada en la frontera con Osetia del Sur, y en un discurso en la Universidad de Tiflis dijo que tanto ese territorio como Abjasia son “territorios ocupados”, lo que no fue bien recibido por Moscú. Merkel se comprometió a hacer lo posible para que esa “injusticia” siga presente en la agenda internacional.

La presidenta georgiana, Salome Zourachvili, considera además que la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede ser una gran oportunidad para Georgia. “Obligará a Europa a reformarse. Y como soy una optimista estoy segura de que nos abrirá nuevas puertas a nosotros", ha dicho.

Esperanza en la Alianza Atlántica

El comportamiento de Rusia en los últimos años, además de incentivar el acercamiento de Georgia a la UE, ha dado sentido de urgencia a su deseo de incorporación a la Alianza Atlántica.

En 2016 hubo en el Mar Negro varias maniobras conjuntas entre la OTAN y Georgia, donde recaló una flota de la coalición. Era evidencia de una creciente aproximación mutua que Georgia esperaba que condujera a su adhesión a la organización en la cumbre que la OTAN celebraba ese mismo año en Varsovia. Pero a pesar de la gran preparación que recibió el país en términos de defensa, seguridad e inteligencia, no fue allí invitada a entrar en el club: no se quería incomodar a Rusia.

La OTAN aseguraba, no obstante, mantener su política de puertas abiertas a los países del este y estimaba que Georgia seguía siendo un candidato ejemplar. A la espera de decisiones futuras, a Tiflis le quedaba reforzar la cooperación militar, ofreciendo como incentivación el “formato del Mar Negro”, una solución de compromiso que incluye a la OTAN, a Georgia y a Ucrania y que aumenta la influencia de la Alianza en la región del Mar Negro.

Georgia, siendo el capital aliado de la OTAN y la Unión Europeo en la zona del Cáucaso, aspira a una mayor protección de la Alianza Atlántica frente a Rusia. Desde el centro político europeo se observan los esfuerzos de la población georgiana por ingresar en la organización internacional y se opta por una estrategia de paciencia para la zona caucásica, como en los años de la Guerra Fría.

Acercarse a las fronteras rusas es problemático, y múltiples críticas han surgido hacia la OTAN acerca de la sencilla incorporación georgiana debido a su situación geoestratégica. Rusia ha expresado repetidas veces su preocupación por esa cooperación conjunta entre Estados Unidos, la OTAN y su vecina Georgia.

Intervención de la presidenta Zurabishvili en los actos celebrados en enero en Jerusalén en recuerdo del Holocausto [Presidencia de Georgia]

UNA RUSIA VIGILANTE

Las heridas de la guerra de Osetia del Sur de 2008 no han terminado de cerrarse en la sociedad georgiana. Y es que, a pesar de los intentos políticos de Georgia de acercamiento a las instituciones occidentales, Rusia se mantiene en guardia con suspicacia, de forma que las relaciones entre los dos países no dejan de ser conflictivas. Así, el verano pasado se registró un último episodio de tensión, que llevó a la presidenta de Georgia a calificar a Rusia de “enemiga y ocupante”.

Tras algún acercamiento en 2013 que supuso un aumento del comercio de alimentos y del turismo ruso que llegaba al país, Moscú ha pasado a una estrategia de intento de acercamiento a nivel religioso y político. Con esa intención, un pequeño grupo de legisladores rusos viajó a la capital georgiana para la Asamblea Interparlamentaria de la Ortodoxia. Esta organización internacional, liderada por Grecia y Rusia, es la única que reúne a los órganos legislativos de los países ortodoxos. El encuentro tuvo lugar en el salón plenario del Parlamento de Georgia, donde el diputado ruso Sergei Gabrilov, ocupó el asiento del presidente de la Cámara. Varios políticos de la oposición no vieron esto con buenos ojos y movilizaron a miles de ciudadanos, que protagonizaron graves desórdenes públicos en un intento de asalto al Parlamento. La delegación rusa a se vio obligada a abandonar el país, pero quedó claro el intento de influencia rusa a través de la religión, cuando hasta entonces la Iglesia se había mantenido apartada de todas las controversias políticas.

Los disturbios, en los que hubo numerosos heridos, motivaron que los miembros del Gobierno cancelaran todos sus desplazamientos al extranjero y que la presidenta interrumpiera su viaje a Bielorrusia, donde iba a asistir a la apertura de los Juegos Europeos, una presencia que se consideraba importante a ojos occidentales. Los manifestantes protestaron contra la sede de Sueño Georgiano, donde quemaron y asaltaron dependencias. Los diez días de revueltas no solo se justificaban por el incidente ocurrido en la Asamblea, sino también como reacción a la ocupación rusa. Además, también pudo contribuir el conflicto entre Sueño Georgiano y los partidos opuestos liderados por Saakashvili, actualmente exiliado en Ucrania.

La crisis terminó con la marcha del primer ministro Mamuka y el nombramiento de Georgi Gaharia como su sucesor, a pesar de las críticas que este había recibido por su gestión de los disturbios como ministro del Interior.

Las revueltas, aunque pudieran estar bien intencionadas, van contra los intereses de Georgia, según consideró la presidenta del país, pues lo que este necesita es “tranquilidad y estabilidad interna”, tanto para progresar internamente como para ganar simpatías entre los miembros de la UE, que no quieren más tensión en la región.  Salome Zurabishvili advirtió de los riesgos de cualquier desestabilización interna que pueda provocar Rusia.

Con motivo de las protestas de junio, el Kremlin promulgó un decreto en el que se prohibía el transporte de nacionales a Georgia por aerolíneas rusas. Con ello decía querer garantizar “la seguridad nacional y la protección de los ciudadanos”, pero estaba claro Moscú estaba reaccionando frente a una revuelta de tinte anti-ruso. La decisión redujo la llegada de visitantes de Rusia, que venían constituyendo uno de cada cuatro turistas, lo que según el Gobierno podía significar una pérdida de mil millones de dólares y una reducción del 1% en del PIB.

La tensión llegó a los medios televisivos de la capital georgiana. Días después de las revueltas, el presentador del programa “Post Scriptum” de la cadena Rustavi 2 intervino en la emisión hablando en ruso y vertió varios insultos contra el presidente Vladimir Putin, algo que Rusia calificó como inaceptable y “rusofobia”. La cadena se disculpó, admitiendo que se habían vulnerado sus estándares éticos y editoriales, al tiempo que diversos políticos georgianos, incluida la presidenta, condenaron el episodio y lamentaron que hechos así no hacen más que aumentar las tensiones entre las dos naciones.

Los sucesos del pasado verano muestran el rechazo de los georgianos a una enemistad con Rusia que, además de acentuar la tensión con el gran vecino del norte, puede incidir en la relación de Georgia con la UE y otros organismos internacionales occidentales, pues estos no van a pisar sobre arenas movedizas, y menos teniendo a la gran Rusia enfrente.

BIBLIOGRAFÍA

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Cornell S. E. & Starr, F. The Guns of August 2008. Russia’s War in Georgia. London: M.E. Sharpe, 2009

De la Parte, Francisco P. El imperio que regresa. La Guerra de Ucrania 2014-2017: Origen, desarrollo, entorno internacional y consecuencias. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2017

Golz, Thomas. Georgia Diary: A Chronic of War and Political Chaos in The Post-Soviet Caucasus.New York: Taylor and Francis, 2006

El Brexit, con la salida de la UE de un adalid del libre mercado, ha potenciado la coordinación de los países librecambistas del norte de Europa

▲ Grabado del siglo XVI con una vista de Lübeck, cuando formaba parte de la Liga Hanseática

ANÁLISIS / Jokin de Carlos Sola

Compuesta por los pequeños de la costa norte de Europa, la Liga Hanseática controla el mar y el dinero que se mueve por él. Esta definición se aplica a dos organizaciones, una medieval y otra creada hace poco, lista para hacer oír su voz en el escenario europeo.

En 2017 ocho países del norte de Europa (Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania) comenzaron el proceso de creación de la iniciativa Nueva Liga Hanseática. Su principal objetivo es mantener y aumentar la ortodoxia económica, ahora que el Reino Unido –uno de sus máximos defensores– abandona la Unión Europea, e impedir que Francia aproveche este momento para aplicar sus las políticas de economía expansiva.

La primera Liga

La primera liga Hanseática o simplemente la Hansa fue una alianza comercial y defensiva de ciudades comerciales y gremios de las principales ciudades marítimas del Báltico y del Atlántico Norte. Fundada en Lübeck en 1158, la primera alianza estaba formada por las ciudades marítimas libres alemanas de Lübeck, Hamburgo, Lüneburg, Wismar, Rostock y Stralsund.

Más adelante otras muchas ciudades se unieron a la Hansa, como Colonia, Groninga, Berlín o Estocolmo. Por otra parte, la Hansa fijó puestos comerciales en los puertos de casi todo el norte Europa, llegando incluso a establecer barrios propios –llamados kontors– en otros lugares como Londres, Amberes, Nóvgorod o Brujas.

Esta alianza adquirió una gran importancia comercial y también militar. Desde su fundación la Hansa había mantenido una relación casi simbiótica con el Estado Monástico de los Caballeros Teutónicos, establecido en el Báltico. Más adelante establecería su propia flota. Con el crecimiento de los estados nación y el declive de los gremios, la Hansa fue decreciendo hasta ser conformada únicamente por Lübeck, Hamburgo y Bremen, siendo finalmente disuelta con la unificación alemana.

Creación de la Nueva Hansa

Con la ampliación de la Unión Europea surgieron nuevas oportunidades de equilibrar el poder del bloque francoalemán (también llamado bloque de Aquisgrán), dominante en el Consejo Europeo. Así, se han creado el Grupo de Visegrado, la Iniciativa Tres Mares o el Grupo de Craiova, en el centro y este europeo. En los últimos años ha surgido la Nueva Liga Hanseática, en el norte del continente.

Esta última iniciativa nació a raíz del Brexit. Siendo el tercer país por peso económico en la UE, el Reino Unido ha tenido una gran influencia en la política económica de la Unión, defendiendo ideas como la estabilidad económica, el recorte del déficit, la reducción de la deuda, la desregulación económica y una política monetaria estable que evite la inflación, así como una política de libre comercio.

Estas ideas chocaban con la política económica francesa, de un mayor dirigismo e intervencionismo económicos, que pone el acento en los proyectos sociales y el proteccionismo. Mientras, la actitud de prudencia alemana actuaba como balanza y punto intermedio entre las dos posiciones. Las posiciones de Londres han tenido también el apoyo de los Países Bajos y Dinamarca, así como de otros países con tradición comercial marítima, quienes ante la perspectiva de la marcha del Reino Unido de la UE decidieron establecer una mayor coordinación entre sí.

Otra causa para la formación de la Nueva Hansa es la llegada al poder de Emmanuel Macron y su ascenso como hombre fuerte en la UE. Macron ha abandonado parte del discurso económico con el que fue elegido en 2017 para acercarse más a las posiciones tradicionales francesas, también seguidas por países como Italia o España.

Un último detonante de la iniciativa, de inspiración neerlandesa e irlandesa, fue el relevo en enero de 2018 de Jeroen Dijsselbloem como presidente del Eurogrupo por Mario Centeno, ministro socialista de Portugal. Para muchos políticos del norte de Europa la intransigencia de Dijsselbloem ante la crisis de la deuda griega en 2015 fue correcta y un camino a seguir en política económica y monetaria de la UE y la Eurozona.

Este grupo fue conocido al principio por nombres como “Los Vikingos” o “Coalición del mal tiempo”. En febrero de 2018 los ministros de finanzas de Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania firmaron el documento fundacional de la Nueva Liga Hanseática.     

Valores políticos y económicos

Los principales objetivos de la Nueva Liga Hanseática se basan en las ideas librecambistas, así como en mantener un presupuesto equilibrado. Sus principales objetivos pasan por el desarrollo del Mecanismo de Estabilidad Europeo, establecido en Luxemburgo. La idea sería que este desarrollo terminase convirtiendo el MEE en un pleno Fondo Monetario Europeo, el cual redistribuiría la riqueza entre los Estados miembros que tengan superávit y aquellos que tengan déficit comercial. La Hansa también es favorable a darle más poder al MEE para poder interferir en los presupuestos nacionales con el fin de evitar sobrepasar los límites del déficit.

Sin embargo, pese a que el documento fundacional se ciñe al Mecanismo de Estabilidad Europeo la Hansa no pretende detenerse ahí. Algunos representantes de esos países se han pronunciado en contra de un presupuesto para la eurozona, un ministro de finanzas de la eurozona y un sistema común de seguro de depósitos, como ha propuesto Macron. También criticaron a la Comisión Europea por su decisión de no iniciar un procedimiento disciplinario contra Italia por su déficit y su deuda.

Las posiciones de la Hansa han logrado popularidad general en sus respectivos países. Por un lado, los partidos de derecha en esos lugares defienden planteamientos librecambistas desde hace tiempo, mientras que los partidos de izquierda no quieren que se arriesgue el estado de bienestar de sus respectivas poblaciones para ayudar a los países del sur de Europa.

Los orígenes ideológicos de la Nueva Hansa podrían datarse en el Thatcherismo británico de los años 80. Esta ideología política incluía por una parte un planteamiento liberal de la economía, defendiendo ideas como desregularización, privatización y libre comercio. El Thatcherismo no advocaba por la ruptura de la UE, pero incluía una visión escéptica, defendiendo una unión que se limitara a la economía, sin avanzar en la unión política. Este pensamiento, adversario del tradicional dirigismo francés, ha tenido una clara influencia dentro de la política británica y dentro del Partido Conservador. Sin embargo, algo menos conocida es su influencia en otros políticos europeos, como diversos dirigentes de los Países Bajos y Dinamarca.

La defensa de una Europa liberal y capitalista, contraria a un fuerte poder central, es compartida por muchos países, todos ellos situados en la franja norte de la Unión. Esto los enfrenta con los países Mediterráneos, que han requerido de ayudas comunitarias en los últimos años.

Sin embargo, hay otros elementos que caracterizan a estos países más allá de su riqueza y posición geográfica, como es su tamaño y su dependencia del comercio, derivada de su carácter marítimo. Eso les hace favorables al aumento de los tratados comerciales y les obliga a procurarse recursos que no tienen en su territorio.

Liderazgo del grupo

La Nueva Liga Hanseática es una iniciativa y no una organización como tal, por lo que no tiene un líder oficial, las decisiones son tomadas en consejos no oficiales de los jefes de gobierno y de los ministros de finanzas. Sin embargo, se han destacado varias personalidades, principalmente Mark Rutte, premier neerlandés, y Wopke Hoekstra, su ministro de finanzas.  

Wopke Hoekstra es considerado arquitecto de la Nueva Hansa. De 41 años, es democristiano, protestante practicante, miembro de la hermandad remonstrante y antiguo estudiante del Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD), la escuela de comercio más prestigiosa de Europa. Ha mostrado la faceta más intransigente en temas económicos del gobierno neerlandés en los últimos años. Ha llegado al punto de que el propio Dijsselbloem ha criticado la formación de la Nueva Liga porque, según él, daña la idea de solidaridad dentro de la Unión.

Mark Rutte, por otra parte, ha usado la creación de la Nueva Hansa para aumentar el peso de los Países Bajos en la política europea. Rutte es considerado como uno de los premieres neerlandeses más activos en política exterior desde la Segunda Guerra Mundial y ha tratado de hacer valer a los Países Bajos en la UE frente a Francia y Alemania. Al mismo tiempo Rutte ha tratado de ocupar la voz británica en el Consejo de Europa mostrándose como uno de los líderes más atlantistas.

Otros líderes que han mostrado participativos en este proyecto han sido el que hasta 2019 era ministro de finanzas danés, Kristian Jensen, y por el viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney. Por otra parte, el papel de Dinamarca y Suecia fue clave para que los países bálticos se alejaran del Grupo de Visegrado y se unieran a la Nueva Hansa.

Peso económico, financiero y tecnológico

La Hansa ha logrado aglutinar un peso económico que otras iniciativas del mismo estilo no han conseguido reunir. Actualmente el PIB conjunto de los países de la Hansa es de más de 2,2 billones de euros, cerca de los 2,5 billones del PIB francés, segunda fuerza económica europea.

El grupo también cuenta con un claro peso financiero. Ciudades como Ámsterdam, Estocolmo o Dublín han estado escalando durante los últimos años entre las principales capitales financieras europeas, si bien todavía no logran sobrepasar a Paris o Frankfurt. Además, se trata de países donde existe innovación tecnológica, especialmente Estonia y Países Bajos.

El hecho de que el grupo no supere el 10% de la población europea mitiga algo su influencia, pues los votos de los países y bloques en el Consejo Europeo se hace en parte por número de habitantes, pero no por eso deja de ser un actor político relevante en la UE. En contraposición, los países del sur de Europa (España, Italia, Portugal y Grecia) abarcan el 30% de la población europea, pero se les considera menos decisivos.

Las posiciones de la Hansa representan una ruptura con el principio de la UE de que, por razones de cohesión social interterritorial, aquellos países que más tienen y están más desarrollados aportan más. Las ideas de los sectores más radicales de la Hansa pueden incluso ser tachados de un cierto neocolonialismo, en tanto que pretenden utilizar los mecanismos supranacionales de la UE para garantizar que los países deudores del sur devuelvan los préstamos, lo que les mantendrá en ciertos niveles de deuda.

Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Irlanda se encuentran entre los países que más aportan al presupuesto común europeo, estando detrás de los cuatro primeros (Italia, Reino Unido, Francia y Alemania). Si se mira desde una perspectiva de aportación per cápita, Países Bajos, Suecia y Dinamarca ocupan los primeros puestos. Si bien Estonia, Letonia y Lituania son beneficiarios, no lo son tanto como Polonia, Grecia o Rumanía.

Dada es mayor contribución a la UE, o menor dependencia de ayudas, la Hansa reclama un mayor peso en la dirección comunitaria. De momento, en el presupuesto de 2020 ha logrado imponer diversos criterios, frente al de los países receptores.

Ejercicio de influencia

Uno de los principales objetivos de la Nueva Liga Hanseática era asegurarse de que las dos figuras de mayor control sobre la economía europea (la presidencia del Banco Central, y la dirección del Fondo Monetario Internacional) eran de su agrado. En ambos casos ha fracasado, en gran medida por la intervención de Emmanuel Macron.

Los Países Bajos tenían un interés particular en el nombramiento del BCE, pues el presidente saliente, Mario Draghi, había presionado al gobierno neerlandés para activar políticas de estímulo económicas. El candidato de la Nueva Hansa era el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, conocido por sus críticas a las políticas estimulacioncitas de Mario Draghi y por defender una política de intereses altos. Macron acordó con Alemania que la Comisión Europea fuera a una alemana (Ursula von der Leyen) a cambio de que el BCE fuera presidido por Christine Laguard, que continuaría las políticas de Draghi.

Para el FMI Rutte propuso a Dijsselbloem, pese a las críticas que había hecho a la Hansa. La votación final quedó entre este y la economista búlgara Kristalian Georgieva. Pese a que Alemania terminó votando por el neerlandés, Georgieva se convirtió en la nueva directora del FMI. 

No obstante, la Hansa ha tenido también algunas victorias, como mantener firme a la Comisión en relación con el presupuesto italiano, el cual iba a sobrepasar los límites de déficit; ejercer influencia en el presupuesto europeo, que ha sufrido una drástica reducción, o ralentizar, si no si no bloquear completamente, el proyecto de Macron de un presupuesto común para la Eurozona.

Visita del ministro de Finanzas de Países Bajos, Wopke Hoekstra (dcha.), a su colega irlandés, Paschal Donohoe (izq.), a finales de 2018 [Gob. de Irlanda]

Estrategia de expansión y alianzas

Uno de los problemas previamente mencionados para la Hansa ha sido su falta de peso en el Consejo Europeo. Por esta razón sus líderes han buscado la sintonía política de países con los que pueda haber coincidencias ideológicas.

Uno de los primeros países que establecieron contacto con los países de la Hansa fue Austria. Esto tiene sentido puesto que Austria tiene una estructura económica similar al resto de países de la Hansa por su pequeño tamaño y población. Además de eso el gobierno de Sebastian Kurz, parecía tener un programa marcado hacia Europa muy en la línea de la Hansa. Famosa es la propuesta de varios políticos austriacos de la creación de dos monedas europeas, una para el norte y otra para el sur. Este tipo de conexiones serían muy importantes para más tarde poder influir en Alemania. Se logró que la Comisión de Finanzas fuera para Austria en la nueva Comisión von der Leyen, concretamente por el economista Johannes Hahn.

El cortejo austriaco parece tener también un objetivo estratégico como paso para comenzar también a influenciar a Alemania, que actúa como equilibrador de la balanza. Varios políticos alemanes de la CDU y la CSU son favorables a los pensamientos de la Hansa y han sido muy influyentes a lo largo del gobierno de Merkel. Mas cuando Wolfgang Schäuble fue removido del Ministerio de Finanzas y sustituido por el socialdemócrata Olof Scholz esas posiciones perdieron importancia.

De una forma similar, la Hansa (y sobre todo Países Bajos) han estado estableciendo contactos con el gobierno de Flandes en Bélgica. Sin bien Flandes es solo un estado más en la federación belga, la falta de gobierno en Bruselas le da gran importancia, junto al gobierno de Valonia. Además de eso, los flamencos controlan el puerto de Amberes y siembre se han mostrado más cercanos a las ideas de la Hansa.

Por otra parte, la Hansa parece haber comenzado contactos también con Eslovaquia y con Republica Checa. Esto se vio cuando en marzo de 2019 ambos países firmaron una declaración junto a los países de la Hansa contra el presupuesto italiano. Sería inusual ver a estos países acercarse mucho a la Hansa porque siguen siendo receptores natos de fondos europeos. Sin embargo, teniendo en cuenta que son países con cuentas saneadas se les podría ver aliados con la Hansa en algunas futuras actuaciones.

En cierta manera podríamos ver la diplomacia Hanseática como una evolución parcial de la diplomacia de Otto von Bismarck (alejar a Francia del poder mediante la formación de alianzas regionales). Se trata de formar un bloque suficientemente fuerte que pueda presentarse con solidez en el Consejo Europeo y convencer a Alemania de que incline la balanza hacia la ortodoxia presupuestaria y hacia los intereses de los países del norte. Junto a Francia se encuentran la mayoría de los países del sur. Se podría decir muy generalmente que los objetivos de la Hansa son: “Movilizar al Norte, seducir a Alemania, silenciar al Mediterráneo”.

Extrañas alianzas frente a la Hansa

La configuración Hanseática de alianzas alrededor de Europa y su influencia en el nuevo presupuesto europeo parece que ha creado curiosas alianzas, la mayor sin duda es la que puede surgir entre Polonia y Francia.

Esto puede sonar extraño, pues en lo que se refiere a política exterior, política social y en ciertos puntos de la construcción europea Polonia y Francia han estado en polos opuestos. Mas cuando se trata de política económica y lo que atañe al presupuesto europeo, Francia y Polonia coinciden y esto puede resultar en un frente común en contra de la Hansa.

Las razones para el acercamiento franco-polaco son variadas. Ambas naciones siguen la tradición del estado social del bienestar, Francia por su legado de fraternidad republicana y Polonia por su herencia católica, ambas contrarias al estado ausente hanseático. Además, ambos países tienen motivos para querer evitar unos presupuestos restrictivos. El gobierno polaco teme que una reducción drástica de la inversión en Polonia le fuerce a hacer recortes sociales, lo que provocaría inestabilidad. Francia se muestra contraria por una razón más ideológica: Macron ha defendido la idea de “Una Europa que protege” y tendría problemas para mantener esta idea.

No obstante, Polonia y Francia mantienen algunos puntos de fricción, especialmente con el intento de una nueva Ostpolik de Macron para calmar las relaciones con Rusia.

Conclusión

La creación de la Nueva Liga Hanseática es en última instancia una reacción a dos movimientos: la creación de sistemas regionales europeos y el abandono de políticas económicas que favorezcan al norte de Europa. 

Si los países de Europa se organizan en bloques, quizás sea más fácil realizar ciertas iniciativas al haber menos interlocutores entre los que negociar.

Por otra parte, la creación de una iniciativa con el objetivo específico de defender los intereses del norte puede suponer un riesgo para los países del sur, acentuando las diferencias norte-sur en Europa. Esto pondría en una situación complicada a Alemania, que quiere evitar verse en ese compromiso.

Lo más inteligente sería evitar estas confrontaciones directamente buscando otras fuentes de ingresos para la UE que no comprometan la riqueza de los países de la Hansa, como expresó Morawiecki y ha apuntado también Macron. Así, se ha hablado de algunos impuestos, como sobre el viaje aéreo, las transacciones financieras y el mundo digital. Pero de nuevo, con la importancia del sector financiero y de las nuevas tecnologías en países como Irlanda o Estonia, esto puede encontrar oposición. No es una tarea sencilla.

Convendría asegurarse, en cualquier caso, de que los políticos europeos tienen la visión suficiente y la comprensión necesaria para formalizar acuerdos que tengan en cuenta todas las idiosincrasias de la Unión Europea.

[Xulio Ríos. La China de Xi Jinping. De la amarga decadencia a la modernización soñada. Editorial Popular. Madrid, 2018. 300 p.]

RESEÑA / María Martín Andrade

Dado el crecimiento globalmente conocido de China en los últimos años y la incertidumbre que causan en el plano internacional sus pasos de gigante en un periodo de tiempo más bien reducido, conviene examinar qué sustenta el proceso de modernización chino para poder determinar su solidez. Xulio Ríos, experto en sinología y director del Observatorio de la Política China (dependiente conjuntamente de Igadi y Casa Asia), lleva a cabo ese análisis en La China de Xi Jinping, con un enfoque que abarca los planos político, económico y social. Ríos aborda el papel de China en la globalización y cómo la toma de mando del poder en 2012 por parte de Xi Jinping ha acelerado aún más la rápida modernización del país.

Ríos comienza identificando las tres claves para el éxito de China en el proceso de modernización: el empleo de una política económica acertada, la aplicación de una estrategia propia y una identidad fuerte capaz de adaptar las grandes corrientes de pensamiento internacional a las singularidades del país. Dicha adecuación ha sido el núcleo esencial del proceso de modernización de China, cuyos desafíos en los próximos años consisten en pasar de una economía de imitación a una economía de innovación, invertir en políticas justas orientadas a la corrección de las desigualdades a las que el país se enfrenta, y hacerse un hueco en el sistema internacional sin tener que abandonar su identidad.

El sueño chino es el principal elemento que caracteriza esta nueva senda que Xi Jinping intenta seguir desde que se convirtiera en secretario general del PCCh; un sueño que hace referencia a la ilusión y las aspiraciones de un pueblo que ha visto entorpecido su camino hacia la modernización. A diferencia del maoísmo, donde la cultura tradicional se veía como expresión de la antigua sociedad, Xi destaca la importancia de resaltar algunos de los valores de la cultura popular que puedan ayudar a consolidar la conciencia de la nación en este siglo.

El autor no deja de constatar que los principales obstáculos de esta rápida evolución china son los elevados costes sociales de las últimas transformaciones y la quiebra medioambiental que tantos gravosos daños está provocando. Por ello, sin apartar nunca la vista del sueño chino, el secretario general del PCCh y presidente del país asegura pretender una China bella, ambiental, rica y poderosa, con influencia mundial, pero sin abandonar nunca su perfil propio.

Como parte de la reforma de la gobernanza del partido, Xi Jinping persiste, como ningún otro presidente anterior, en la importancia del imperio de la ley como expresión de la modernización en la forma de gobierno. En sintonía con esto, la reforma judicial se ha convertido en uno de los ejes principales de su mandato para combatir el desequilibrio de la administración de justicia en todo el país. Dentro del plano económico, el papel atribuido a la economía privada en lo tocante a modernización está convirtiendo a China en la primera economía del mundo. La diversificación de su inversión en reservas extranjeras y la evolución en sectores como el automóvil están resultando una alternativa al modelo occidental que va dirigido a conseguir tomar el mando del liderazgo de la globalización.

Así pues, las cuatro modernizaciones de la gobernanza de Xi se centran en la industria, la agricultura, la ciencia y tecnología y la defensa. Estos avances pretenden ser complementados con un destacable ánimo por fortalecer la multipolaridad, aumentando la presencia en los mercados exteriores y buscando un reconocimiento global de su actualización mediante nuevos objetivos, como la revitalización de las Rutas de la Seda, la creación de corredores económicos o el Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras.

Una vez desglosados los distintos elementos que configuran el cambio de imagen que China está experimentando, el autor concluye puntualizando que, a pesar del desarrollo económico y el aumento de la confianza política, el país puede participar más y asumir más responsabilidades. Sin embargo, debido a sus circunstancias estructurales y sus conflictos domésticos, China todavía no está lo suficientemente preparada para sustituir a EEUU o a Occidente en el liderazgo global. No obstante, nada impide destacar la distinguida maniobra de Xi Jinping, en comparación con otros líderes chinos, de hacer valer los intereses de forma más notoria y visible, siendo la Ruta de la Seda un claro ejemplo de la ambición del proceso chino.

El éxito de varias reformas se ve ensombrecido por la impulsividad e intereses personales de un presidente con imagen deteriorada

▲ Jair Bolsonaro atiende a la prensa a comienzos de enero en la sede del Ministerio de Economía [Isac Nóbrega, PR]

ANÁLISIS / Túlio Dias de Assis

Hace un año, el 1 de enero de 2019, un excapitán del ejército brasileño, Jair Bolsonaro, subió las escaleras del Palácio do Planalto para la inauguración de su mandato presidencial. Era el más polémico líder en asumir la jefatura de estado y de gobierno de Brasil desde la presidencia del no menos extravagante populista Jânio Quadros, en la década de 1960. Los más catastrofistas anunciaban el inminente fin de la cuarta mayor democracia del mundo; los más ilusos, que Brasil despegaría y ocuparía su debido lugar en la arena internacional. Como era de esperar, ninguno de los dos extremos acertó: Brasil sigue manteniendo el nivel de democracia de los últimos 30 años, sin que haya habido ninguna intentona militar, como algunos habían temido; tampoco ha pasado Brasil a ser la potencia mundial que, según creen muchos brasileños, le corresponde por su excepcionalidad territorial, poblacional, cultural y política. Como suele pasar, la realidad ha sido menos simple de lo que se esperaba.

Economía

Entre los aspectos más atractivos de la candidatura de Bolsonaro para el público durante la campaña electoral se hallaba la promesa de recuperación económica bajo la administración del ministro Chicago Boy Paulo Guedes. A fin de cumplir dicho propósito, nada más comenzar su mandato, Bolsonaro unificó los antiguos ministerios de Hacienda, Planificación, Desarrollo y Gestión, Industria, Trabajo y Comercio Exterior y Servicios bajo el techo del Ministerio de Economía, todo al mando del liberal Guedes. Personaje que se convirtió en una especie de “superministro” responsable de toda la agenda económica del nuevo gobierno.

Desde un principio Guedes dejó claro que haría lo posible para levantar las barreras del proteccionismo comercial brasileño, doctrina adoptada en grado variable por cada gobierno desde hace más de medio siglo. A fin de desplegar su cruzada contra el estatismo y el proteccionismo, Guedes ha fomentado durante este año el acercamiento comercial bilateral a varios aliados estratégicos, los cuales, “a diferencia de gobiernos anteriores, no se elegirán en base a criterios ideológicos”, según Bolsonaro. Ya en enero hubo el anuncio de un Novo Brasil en el Foro Económico Mundial de Davos, definido por un mayor aperturismo, nula tolerancia a la corrupción y fortalecimiento de América Latina como bloque regional.

Comercio

Pese a su apoyo a la apertura económica, el equipo de Bolsonaro en ningún momento se ha mostrado excesivamente favorable al comercio con Mercosur –su bloque comercial multilateral regional–, llegando incluso Guedes a afirmar que este suponía un peso para Brasil, ya que lo consideraba una alianza más ideológica que económica. Sin embargo, esta aversión a Mercosur, y principalmente a Argentina, parece haber terminado tras la firma del acuerdo comercial Mercosur-UE, dado que el potencial volumen de comercio que se generaría con dicho pacto sería enormemente beneficioso para los productores agrícolas y ganaderos brasileños. De igual manera también se logró firmar un acuerdo con los países del Área Europea de Libre Comercio (EFTA), conformado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

De estos dos acuerdos, el más controvertido ha sido el firmado con la Unión Europea, principalmente por los altos niveles de rechazo que ha producido en algunos Estados miembros como Francia, Irlanda o Austria, pues es visto como un posible riesgo hacia la Política Agraria Común. Por otra parte, algunos otros países se mostraron críticos alegando la política medioambiental de Bolsonaro, ya que el acuerdo se firmó durante el verano, que coincidió con la época de los incendios en la Amazonia. A consecuencia de ello varios Estados miembros siguen sin ratificar el tratado y el parlamento austríaco ha votado en contra.

No obstante, el hecho de que las relaciones comerciales multilaterales no parezcan haber avanzado demasiado, debido a las trabas impuestas desde Europa, no ha impedido que Brasil expandiera su actividad comercial. Al contrario de lo que se pensaría, por la cercanía ideológica con Donald Trump y su política exterior, el acercamiento en materia económica no se ha dado con EEUU, sino con el antagónico gigante asiático. En este proceso, destaca el viaje de Bolsonaro a Pekín, donde se mostró abierto al comercio chino, pese a sus anteriores declaraciones menos favorables al respecto. Durante la visita surgió la propuesta de un acuerdo de libre comercio con China, que todavía debe ser aprobada por la cúpula de Mercosur, y varios acuerdos menores, entre los que se destacan el relativo al comercio agropecuario.

Este interés repentino chino por amentar las importaciones agropecuarias procedentes de Brasil se debe al incremento de la demanda de carne en China, provocado sobre todo por la epidemia de peste porcina que asoló la producción nacional. Esto ha provocado una inmediata subida del precio de la carne bovina y porcina en Brasil, que en algunos cortes ha sido de hasta un 30% en poco más de un mes, lo que ha distorsionado el mercado nacional, pues la carne, principalmente el vacuno, suele estar muy presente en la dieta habitual del brasileño medio.

Cuentas públicas

Por lo que se refiere a las cuentas internas del país, destaca la aprobación de la reforma del sistema de pensiones (Reforma da Previdência), que en un principio tenía un carácter marcadamente liberal, con la pretensión de eliminar privilegios y pensiones desmesuradas de altos cargos públicos. Sin embargo, varias modificaciones durante su paso por la Cámara de los Diputados y el Senado hicieron que el ahorro para el erario público sea ligeramente menor que el previsto por Guedes. Con todo, supone un gran avance teniendo en cuenta que el sistema de pensiones tenía en 2018 un déficit de 195.000 mil millones de reales (cerca de 47.000 millones de dólares). Este déficit se debe a que Brasil contaba con uno de los sistemas con mayores prestaciones y menos exigencias del mundo, pues no eran pocos quienes se jubilaban a los de 55 años recibiendo un 70% del salario original.

Esta medida, junto con varios otros ajustes en las cuentas públicas, incluyendo la congelación de algunos gastos ministeriales, redujo el déficit público 138.218 millones de dólares en enero (6,67% del PIB) a 97.680 millones de dólares en noviembre (5,91% del PIB), la cifra más baja desde que hace cinco años comenzó la recesión económica. Entre otros datos relevantes está el descenso de la tasa de interés básico del Banco Central, a un mínimo histórico del 4,5%, mientras que la del desempleo pasó del 12% al 11.2%.

Como resultado de todo lo anterior, el PIB brasileño se ha visto incrementado en un 1,1%, una cifra tímida pero promisoria teniendo en cuenta la enorme recesión de la que acaba de salir Brasil. Las previsiones de crecimiento para el 2020 varían entre el 2,3 y el 3% del PIB, dependiendo de la aprobación de las tan esperadas reformas tributaria y administrativa.

Seguridad

Otra de las razones que llevaron a que el controvertido capitán de la reserva alcanzara la presidencia fue la histórica problemática del crimen en Brasil. Así como para afrontar la situación económica Bolsonaro se presentó con un nombre fuerte, para la seguridad reclutó a Sergio Moro, un exjuez federal conocido por su papel indispensable en la Operação Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de Brasil que supuso el encarcelamiento del mismísimo expresidente Lula. Con el objetivo de combatir la corrupción, disminuir la criminalidad y dinamitar el poder del crimen organizado, Moro se puso al frente de una fusión de departamentos, el nuevo Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

En general, el resultado ha sido bastante positivo, con un notable descenso del número de crímenes violentos. Así, ha habido una reducción del 22% en el caso de los homicidios, que es uno de los indicadores más preocupantes en Brasil, ya que es el país con el mayor número absoluto de homicidios del mundo al año.

Entre los factores que explican este descenso de la criminalidad violenta, destaca principalmente la mayor integración entre las diferentes instituciones de fuerzas de seguridad del Estado (federales, de los estados y municipales). También ha influido la transferencia de jefes de bandas a presidios de mayor nivel de aislamiento, impidiendo así su posible comunicación con los demás integrantes del crimen organizado. Otro elemento ha sido el recién aprobado “pack anticrimen”, que consiste en una serie de leyes y reformas del código penal para dar más poder de actuación a las fuerzas de seguridad del Estado, además de establecer penas más duras para delitos de crímenes violentos, crimen organizado y corrupción.

Frente a esos avances también hay que mencionar el aumento de los muertos accidentales en operaciones policiales. Algunos casos han tenido un eco en la opinión pública, como el de un artista que terminó baleado en su coche cuando la policía lo confundió con un narcotraficante o los de niños fallecidos por balas perdidas en tiroteos entre bandas de narcos y las fuerzas de seguridad. Esto, junto a declaraciones polémicas del jefe de Estado al respecto, ha avivado el criticismo por la mayor parte de la oposición y de varias ONGs de derechos humanos.

Política social e infraestructuras

En lo relativo a las políticas sociales, el año transcurrido ha estado lejos de la distopía apocalíptica que se esperaba (por la actitud previa de Bolsonaro en relación homosexuales, afrobrasileños y mujeres), aunque tampoco ha sido tan destacable como en los apartados mencionados previamente. No ha habido progreso en áreas clave, pero tampoco ha habido cambios notables en cuanto a política social respecto a 2018. Por ejemplo, no se ha cancelado el emblemático programa social Bolsa Família, creado durante el gobierno Lula y que ayudó en gran medida a la reducción de la pobreza extrema.

Comenzando por la educación, a finales de 2019 Brasil salió clasificado con una de las notas más bajas del informe PISA, hecho que el ministro del ramo, Abraham Weintraub, achacó a la “educación de talante marxista progresista de administraciones anteriores”. Como resultado del fracaso del sistema público ordinario, e incluso la falta de seguridad de algunos centros, el gobierno ha promovido abiertamente la construcción de nuevos centros de educación cívico-militares por parte de los gobiernos de los estados. En dicho tipo de centro, los alumnos reciben una educación basada en valores militares a la vez que los mismos oficiales ofrecen protección en estos espacios públicos. Ha de destacarse que los centros ya existentes se encuentran entre las clasificaciones más altas de Brasil en materia de calidad educativa. Sin embargo, esto no quedado libre de controversias, ya que no son pocos los que consideran que no se trata de una solución adecuada, pues cabe que se termine educando desde una perspectiva militarista.

En materia de sanidad lo más destacable de este año ha sido el fin del programa de cooperación sanitaria con Cuba, Mais Médicos. Dicho acuerdo se inició en 2013, durante el mandato de Dilma Rousseff, y tenía como objetivo el proporcionar una mayor y más extensa asistencia médica universal a través de la contratación de varios médicos ‘exportados’ por el gobierno castrista. El programa recibió críticas porque los médicos cubanos solamente recibían un 25% del sueldo que les proporcionaba el gobierno brasileño y el restante 75% lo retenía La Habana. Bolsonaro rompió el acuerdo, causando así vacantes de personal sanitario que pudieron cubrirse en poco tiempo. A los profesionales cubanos se les dio la oportunidad de permanecer en Brasil bajo asilo político si revalidaban su titulación en medicina en el sistema brasileño. Dicho incidente no ha supuesto un cambio relevante en el precario sistema sanitario nacional; la única consecuencia de todo ello ha sido el deterioro de las relaciones con Cuba.

Pese a no lograr grandes progresos en lo social, la administración Bolsonaro sí ha introducido mejoras en las infraestructuras nacionales de logística. Bajo el mando del militar Tarcisio Gomes de Freitas, el Ministerio de Infraestructuras ha destacado por su capacidad de concluir obras no terminadas por previos gobiernos. Ello condujo a una diferencia notoria en cuanto al número y la calidad de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos operativos en comparación con el año anterior. Entre las fuentes de financiación para las nuevas obras está la reapertura de un fondo común establecido 2017 entre entidades financieras brasileñas y chinas, con un valor de 100.000 millones de dólares.

Bolsonaro, junto al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una visita oficial a Nueva Deli a finales de enero [Alan Santos, PR]

Medioambiente

Una de las áreas que más se temía que se viera perjudicada por la administración de Jair Bolsonaro era la política medioambiental. Dicha preocupación se vio incrementada con los polémicos incendios de la Amazonia durante los meses de julio y agosto. Para comenzar, el Ministerio del Medio Ambiente, como todos los demás, se vio afectado por las políticas de austeridad de Paulo Guedes, a fin de equilibrar las cuentas públicas, aunque según el propio ministro Ricardo Salles fue el que menos sufrió el recorte presupuestario. A causa de esto, al comenzar el periodo de sequías en la Amazonia la protección forestal se vio comprometida.

Viendo el incremento de la deforestación en un 278% durante el mes de julio, Bolsonaro reaccionó impulsivamente y despidió al director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), acusándole de favorecer a la oposición y de conspirar en su contra. La situación provocó la salida del Fondo de Protección de la Amazonia de Alemania y Noruega, los dos mayores contribuyentes, lo que fue acogido con críticas por parte de Bolsonaro, que además acusó a las ONGs de ser las causantes de los incendios. Finalmente, bajo la presión internacional, Bolsonaro terminó reaccionando y decidió enviar al ejército para combatir las llamas. Objetivo que logró en poco menos de un mes, lográndose en octubre la cifra más baja de la que se tiene registro.

Finalmente, el total anual terminó superando la cifra del año anterior en un 30%, pero sigue ubicándose dentro de la media de las dos últimas décadas. Sin embargo, el daño a la imagen nacional ya estaba hecho. Bolsonaro, gracias a su rivalidad con los medios, su vehemente afán de defender la “soberanía nacional” y su poca contención a la hora de hablar, había logrado ser considerado el culpable de una catástrofe distorsionada.

Adicionalmente, a finales del año, una polémica más azotó la administración de Bolsonaro: el misterioso derrame de petróleo en la costa noreste de Brasil. Miles de kilómetros de playas se vieron afectadas y aún a día no hay culpable oficial del delito. Hubo varias hipótesis al respecto; la más aceptada, que además recibió el respaldo del gobierno, fue la que afirmaba que el derrame provenía de un cargamento ilegal de petróleo venezolano que intentaba burlar el bloqueo comercial impuesto al régimen de Maduro. Según análisis realizados por la Universidade da Bahia, efectivamente, la estructura de dicho petróleo era muy similar a la del crudo de los yacimientos venezolanos.

Política exterior

En política exterior Bolsonaro puede distinguirse retóricamente de sus predecesores, pero no en cuanto a sus acciones. Aunque en ese ámbito le gustaría aplicar su ideología, él mismo ha aceptado que no es posible hacerlo. Ante la fuerza e intereses de las instituciones del Estado, como la tradición diplomática de Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores), la política exterior brasileña se ha mantenido tan pragmática y neutral como en todos los gobiernos anteriores de la democracia, evitándose así el cierre de puertas por razones ideológicas.

Un buen ejemplo del pragmatismo brasileño es el acercamiento económico a China, pese a al rechazo de la ideología comunista por parte de Bolsonaro. Aunque no por ello se ha alejado de su aliado cuasi natural en lo referente a ideología, Donald Trump. No obstante, la relación con EEUU ha sido de una naturaleza diferente, puesto que ha habido mayor proximidad en la cooperación internacional y la seguridad. EEUU impulsó la designación de Brasil como socio estratégico de la OTAN, llegó a un acuerdo para el uso de la base espacial de Alcântara, muy próxima a la línea del Ecuador, y apoya la entrada de Brasil en la OCDE.

Sin embargo, en el ámbito económico, no parece haber tanta cercanía, e incluso se han producido ciertos roces. Uno de ellos fue la amenaza de Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio procedentes de Brasil y Argentina, que finalmente terminó retirando, aunque el daño en las relaciones comerciales y en las bolsas de São Paulo y Buenos Aires ya estaba hecho. Algunos analistas apuntan incluso que la poca reciprocidad de EEUU en materia económica, así como el rechazo de algunos miembros de la UE al acuerdo con Mercosur, fue lo que empujó a Bolsonaro a buscar una relación compensatoria con los BRICS, cuya cumbre de 2019 tuvo lugar en Brasilia.

Otro punto peculiar de la política exterior de Bolsonaro ha sido su posición sobre el conflicto palestino-israelí, que una vez más muestra la incongruencia entre retórica y su actuación. Durante la campaña electoral Bolsonaro prometió en varias ocasiones el traslado de la embajada brasileña de Tel-Aviv a Jerusalén, algo que por el momento no ha ocurrido y solo ha habido el trasladado de una oficina económica. Bolsonaro probablemente temió represalias comerciales por parte de los países árabes, a quienes Brasil exporta productos, en su mayoría cárnicos, por valor de casi 12.000 millones de dólares. La prudencia en esta cuestión le valió incluso la firma de varios acuerdos con países del Golfo Pérsico.

Pese a lo mencionado anteriormente, ha habido un aspecto de la política exterior en la que Bolsonaro sí que logró imponer su ideología frente al “pragmatismo histórico” del Itamaraty, y este es el ámbito latinoamericano. Brasil dejó de ser el gigante que en teoría se mantiene neutro para apoyar, tímidamente, el llamado Socialismo del Siglo XXI durante los gobiernos de Lula y Dilma, y ahora coordinarse con los gobiernos del otro lado político.

Lo más destacable es su enemistad con Nicolás Maduro, así como con el expresidente Evo Morales, al que Bolsonaro denegó abiertamente su petición de pasar por territorio brasileño. También ha habido un distanciamiento respecto al retornado peronismo en Argentina, con la ausencia de Bolsonaro y de cualquier alto representante brasileño en la ceremonia de inauguración de mandato del kirchnerista Alberto Fernández. En ese mismo contexto están los acercamientos a Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia, así como al nuevo gobierno provisional de Bolivia, con los cuales Bolsonaro ve más similitudes. Con ellos ha promovido la creación de PROSUR frente a la antigua UNASUR controlada por la izquierda bolivariana. Aún y todo, pese a haber adoptado una política más ideológica en la región, Brasil sigue manteniendo la cordialidad diplomática ya que, aunque su líder lleve el conservadurismo liberal hacia los extremos en su retórica, sus políticas en la región apenas difieren del resto de gobiernos de derechas.

Bolsonaro

Por lo general, como ha quedado expuesto, en su primer año el gobierno de Bolsonaro ha obtenido resultados positivos, destacando principalmente sus avances en los ámbitos de la seguridad y de la economía. Sin embargo, mientras la labor de diversos ministros mejora la percepción de la administración, el propio Bolsonaro parece no hacer una contribución especialmente positiva. A lo largo del año, ha generado polémicas por temas sin importancia, que han acentuado su previa enemistad con la mayor parte de la prensa.

A causa de esto, poco a poco se ha ido deteriorando la imagen pública del presidente. A finales de 2019 su popularidad era del 30%, frente al 57,5% con que comenzó el año. Eso contrasta con el porcentaje de aprobación que tienen miembros de su gobierno, en especial Sergio Moro, que ha logrado mantenerse inamovible por encima del 50%. Además, su hijo Flavio, que es senador, ha pasado a ser investigado por un posible caso de corrupción, en un proceso que el presidente ha procurado impedir. Bolsonaro también causó escándalo a mitad del año al intentar nombrar embajador en Washington a su hijo Eduardo, siendo acusado de nepotismo. A las tensiones en su propio partido, que condujeron a una ruptura, se añade la poca compenetración entre Bolsonaro y los presidentes de ambas cámaras del fracturado Congreso Nacional, ambos investigados en operaciones anticorrupción convenientemente paralizadas.

¿Impeachment?

Todo este caos causado por el presidente ofrece la impresión de un Bolsonaro que va a contracorriente de su propio gobierno. El aparente éxito de las reformas ya realizadas termina viéndose maculado por la impulsividad e intereses personales del que otrora defendía la impersonalidad del Estado, lo cual acaba causando el deterioro de su imagen política. Además, se ha de sumar la reciente puesta en libertad del expresidente Lula, que conlleva el riesgo de la unificación de la oposición, dependiendo de cuán moderado sea el discurso que adopte. Así las cosas, es posible que el descabezado pero eficiente gobierno de Bolsonaro no tenga fácil mantenerse en el poder hasta final del mandato. Debe recordarse que la mano del Congreso brasileño no suele temblar a la hora de realizar impeachments; véase que en poco más de tres décadas ya ha habido dos.

Cada vez más alejada de la Alianza, Turquía está creando incomodidad en sus socios occidentales, pero difícilmente será invitada a marcharse

Su estrategia en el conflicto sirio, su acercamiento a Rusia con la adquisición del sistema antiaéreo S-400 y su deseo de proyección en el Mediterráneo oriental, donde está lesionando intereses de Grecia, han llevado en los últimos pocos años a Ankara a una continua fricción con la OTAN. Pero la Alianza no está en condiciones de prescindir de Turquía. No es solamente su valiosa situación geográfica como puente entre Oriente y Occidente, sino que sin Turquía la OTAN estaría menos capacitada geopolíticamente para actuar contra el terrorismo o controlar los movimientos de refugiados y vería mermadas sus capacidades militares de defensa como alianza.

▲ Encuentro entre los presidentes de Turquía y Rusia en Estambul, en enero de 2020 [Presidencia de Turquía]

ARTÍCULO / Ángel Martos

Las relaciones entre la Alianza Atlántica y la República de Turquía están pasando por su momento más tenso de la historia reciente. Y es que la política exterior de Ankara se ha prestado a un continuo vaivén dada la inestabilidad de sus gobiernos desde que el Padre de la Patria, Mustafá Kemal Ataturk, falleciera. La república kemalista proyectaba una imagen de Asia Menor muy distinta a la que conocemos hoy en día: el laicismo y la occidentalización que caracterizaron su legado se ha visto reemplazado por un autoritarismo de tinte islámico moderado (según el propio Recep Tayyip Erdoğan, presidente de la República y líder de la formación AKP).

Esta profunda evolución se ha dejado ver en el ámbito de las relaciones internacionales, como es lógico. La doctrina del neo-otomanismo ha ganado terreno entre los artífices de su política exterior. Turquía busca ahora explotar al máximo su posición como puente entre la civilización occidental y la oriental, a la vez que gana influencia entre sus Estados adyacentes y se perfila como el estabilizador de Oriente Medio.

En este escenario, el principal quebradero de cabeza para los estadistas occidentales es la mejora sustancial de las relaciones de Anatolia con la Federación Rusa, el archienemigo de la OTAN. Esta mejora no se entiende sin recordar una serie de eventos que han llevado a Turquía a distanciarse del continente europeo: la tibia reacción de los gobiernos occidentales ante el golpe de estado de 2016; las reticencias mostradas ante las continuas solicitudes de extradición de los seguidores de Fetulah Gülen refugiados en la UE y EEUU; la negativa de Grecia a extraditar a los militares refugiados tras el golpe de estado; las continuas condenas de la Comisión Europea hacia la política interna de Turquía, y, sobre todo, el sueño truncado de la adhesión de Turquía a la Unión. Es por esto que Turquía ha decidido redefinir su diplomacia atendiendo a sus propios intereses únicamente, basculando entre la ayuda de Rusia y la de la OTAN. La adquisición del sistema antiaéreo ruso S-400 o sus recientes operaciones en el Noreste sirio son ejemplo de ello.

La compra del mencionado sistema de misiles antiaéreos de largo alcance es objeto de gran controversia en el seno de la OTAN. La urgente necesidad de Turquía de disponer de ellos es evidente, ya que se enfrenta a potenciales amenazas de misiles balísticos procedentes de países vecinos. Pero la elección del sistema ruso S-400, tras varios años de negociaciones en los que no fue posible llegar a un acuerdo para la adquisición del sistema norteamericano Patriot, ha provocado un auténtico terremoto, llegando a cuestionarse la continuidad de Turquía en el programa del caza de quinta generación F-35. Consideraciones de orden político parecen haber pesado más que los aspectos técnicos en la adopción de esta decisión, pues ambos sistemas son incompatibles y, tratándose de sistemas de armas de nivel estratégico, tanto desde un punto de vista operativo como geopolítico, su empleo por un país de la Alianza Atlántica resulta problemático. Lo que preocupa a la Alianza es el acceso que el Kremlin pueda tener a información de la organización a través de su tecnología de radar.

El otro acontecimiento que nos lleva a cuestionarnos el futuro de las relaciones de Ankara con la OTAN fue la reciente operación militar turca en el norte sirio. El ejército turco lanzó el 9 de octubre una ofensiva contra las milicias kurdas (YPG, a las que considera terroristas) en el norte de Siria. El trato al pueblo kurdo es el gran punto de disensión entre EEUU y Turquía, ya que se trata de aliados incondicionales de la superpotencia, pero a la vez una amenaza política y de seguridad para la estabilidad de Anatolia.

Ankara había estado presionando a Estados Unidos para establecer una "zona de seguridad" que penetrara en el territorio sirio y había amenazado repetidamente con lanzar una acción militar unilateral si Washington le seguía parando los pies. A principios de octubre, Estados Unidos dio vía libre a la operación al ordenar la retirada de la zona fronteriza a los militares que tenía desplegados en Siria. La Administración Trump abandonó, por tanto, a su suerte a los kurdos con los que combatía al Estado Islámico, dando cancha a Turquía para un mayor control de su frontera con Siria.

El siguiente aspecto que es imprescindible mencionar a la hora de describir las complejas relaciones entre Ankara y la OTAN es la pugna geopolítica constante entre Grecia y Turquía. Si bien ambos son miembros de la OTAN desde la década de 1950, las relaciones entre estos dos países del Mediterráneo oriental siempre se han caracterizado por la permanente tensión que se percibe en ellas, y que por tanto tiene algunas consecuencias en la cooperación militar supranacional. Cabe mencionar aquí los tres principales contenciosos que han dado forma, desde finales del siglo XIX, a este enfrentamiento bilateral: la soberanía del archipiélago del Dodecaneso, la del actual Chipre, y la pugna marítima por la plataforma del mar Egeo. Tal fue la magnitud del litigio que el gobierno griego llegó incluso a decretar su salida de la OTAN en 1974, aunque más tarde se reincorporara.

Si bien este conflicto greco-turco estuvo en auge en la segunda mitad del siglo XX, son muchos los aspectos étnicos e históricos los que hacen parecer a estos dos países irreconciliables, salvo en excepciones históricamente puntuales. Esto hace que el flanco oriental del Mediterráneo, dada su proximidad a un área tan inestable como Oriente Medio, haya sido un foco constante de preocupaciones para los dirigentes de la OTAN. Si bien Grecia ha logrado, tras su transición a la democracia, perfilarse como un aliado estable de la Alianza, Turquía no ha seguido el mismo camino. Ello juega sin duda en su contra tanto en la política doméstica como en sus aspiraciones de soberanía marítima.

Históricamente, es conveniente destacar el creciente papel de Turquía como mediador interregional entre Oriente Medio y Occidente. Quizá respondiendo a una estrategia diseñada por Ahmet Davutoglu, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores ya con el gobierno del AKP, Turquía quiso marcar distancias con los EEUU de Bush hijo. Su negativa a colaborar en la invasión de Irak en 2003 le granjeó ciertas simpatías en la región, que ha sabido utilizar en países tan diversos como Irak, Israel o Irán. Sin embargo, a lo largo de los años el gobierno islamista se ha pronunciado varias veces en contra del sionismo y la amenaza que este supone para la estabilidad de la región.

Su distanciamiento con la Unión Europea y su acercamiento en materia económica a Rusia también ha marcado la imagen de la administración turca en la Alianza. Las relaciones con Rusia, a pesar de haber estado marcadas por contenciosos políticos tales como los de la autodeterminación kurda y chechena (apoyada antagónicamente por ambos países), se mantienen a flote gracias al comercio de hidrocarburos. El panorama entonces resulta más favorable al eje ruso que al americano-israelí en la región. Esto, lógicamente, mina la confianza de la OTAN en este país “bisagra”, que ya no se muestra interesado en actuar como tal sino como una potencia independiente y soberana que persigue sus propios intereses, buscando apoyos de la Alianza o del Este según le convenga.

Este alejamiento de la hoja de ruta de la OTAN por parte del Gobierno turco, sumado a un acercamiento en ciertos aspectos al Kremlin y la deriva autoritaria de la Presidencia del país es lo que hace que analistas y líderes internacionales hayan abierto el debate sobre una posible expulsión de la República de Asia Menor de la Alianza. Sin embargo, es poco probable que los aliados decidan prescindir de la importancia estratégica de Turquía. Su situación geográfica la convierte en un país puente entre Oriente y Occidente. Sin Turquía, la OTAN estaría menos capacitada geopolíticamente para actuar, por ejemplo, en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo o al control de los movimientos de refugiados. Además, Turquía tiene el segundo mayor ejército de todos los Estados de la OTAN: una exclusión afectaría gravemente sus capacidades militares de defensa como alianza. Por otro lado, las representaciones de Turquía en la OTAN, si bien se han mostrado críticas con la misma como también lo ha hecho la Administración Trump en repetidas ocasiones, no ha manifestado un claro deseo de abandonarla unilateralmente.

[Jim Sciutto, The Shadow War: Inside Russia's and China's Secret Operations to Defeat America. Hasper-Collins. New York, 2019. 308 p.]

RESEÑA / Álvaro de Lecea

Con el fin de la Guerra Fría, en la cual se enfrentaron la antigua Unión Soviética y Estados Unidos de América, país que salió vencedor, el sistema internacional pasó de ser bipolar a una hegemonía liderada por esta segunda potencia. Con Estados Unidos en cabeza, Occidente se centró en la extensión de la democracia y la globalización comercial y si algo concentró su preocupación geoestratégica fueron los ataques de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas del 11-S, de modo que el foco de atención cambió y la actual Rusia fue dejada en un segundo plano. Sin embargo, Rusia continuó reconstituyéndose lentamente, a la sombra de su antiguo enemigo, que ya no le mostraba demasiado interés. A Rusia se le sumó China, que comenzó a crecer a pasos agigantados. Llegados a este punto, Estados Unidos empezó a percatarse de que tiene a dos grandes potencias pisándoles los talones y de que se encuentra enzarzado en una guerra que ni sabía que existía: la Shadow War.

Ese el término que utiliza Jim Sciutto, corresponsal jefe de seguridad nacional de CNN, para designar lo que a lo largo de su libro describe con detalle y que en gran medida ha dado en llamarse también guerra híbrida o de zona gris. Sciutto prefiere hablar de Shadow War, que se podría traducir como guerra en la sombra, porque así se denota mejor su carácter de invisibilidad ante el radar de la guerra abierta o convencional.

Esta nueva guerra la comenzaron Rusia y China, no como aliados, sino como potencias con un enemigo en común: Estados Unidos. Es un tipo de guerra híbrida, por lo que contiene métodos tanto militares como no militares. Por otro lado, no contempla un enfrentamiento directo militar entre ambos bloques. En The Shadow War: Inside Russia's and China's Secret Operations to Defeat America, Sciutto explica siete situaciones en las cuales se puede observar claramente las estrategias que están siguiendo China y Rusia para derrotar a Estados Unidos y así conseguir convertirse en las mayores potencias mundiales y poder imponer sus propias normas internacionales.

En primer lugar, es importante destacar que Rusia y China, aun siguiendo estrategias similares, son diferentes tipos de adversarios: por un lado, China es un poder creciente, mientras que Rusia es más bien un poder decreciente que está tratando de volver a lo que era antes. No obstante, ambos comparten una serie de similitudes. En primer lugar, ambos buscan ampliar su influencia en sus propias regiones. En segundo lugar, sufren una crisis de legitimidad dentro de sus fronteras. En tercer lugar, ambos buscan corregir los errores de la historia y restaurar lo que perciben como las posiciones legítimas de sus países como líderes mundiales. Y por último, poseen una gran unidad nacional, por lo que la mayoría de su población haría lo que fuese necesario por su nación.

En la guerra en la sombra, gracias a las normas establecidas por Rusia y China, cualquiera gran actor puede ganar, independientemente del poder que tenga o de la influencia que ejerza sobre el resto de actores internacionales. Siguiendo las teorías de las relaciones internacionales, se podría considerar que esas normas siguen un patrón muy realista, ya que, en cierto modo, todo vale para ganar. El poder de la mentira y del engaño es el pan de cada día, y se cruzan líneas que se creían impensables. Ejemplos de esto, como explica y profundiza el libro, son la militarización de las islas artificiales construidas por China en el Mar de la China Meridional cuando el propio Xi Jinping había prometido no hacerlo, o el hackeo del sistema informático del Partido Demócrata en la campaña de las elecciones estadounidenses de 2016 por parte de hackers rusos, que podría haber ayudado a alzarse victorioso a Donald Trump.

A todo esto hay que sumarle una parte esencial de lo que está sucediendo en este contexto de guerra no tradicional: la idea especialmente equivocada que tiene Estados Unidos sobre todo lo que está ocurriendo. Para empezar, el primer error de Estados Unidos, como explica Sciutto, fue dejar de lado a Rusia como foco relevante en el ámbito internacional. Creyó que, al haberlo derrotado en la Guerra Fría, el país ya no volvería a resurgir como potencia, y por eso no vio las claras pistas que mostraban que estaba creciendo poco a poco, liderado por el presidente Vladimir Putin. Del mismo modo, no supo entender las verdaderas intenciones del Gobierno chino en situaciones como la del Mar de la China Meridional o en la carrera de submarinos. Todo esto se puede resumir con que Estados Unidos creyó que todos los actores internacionales jugarían con las normas establecidas por Washington tras la Guerra Fría, sin imaginarse que crearían un nuevo escenario. En conclusión, Estados Unidos no entendió a sus contrincantes.

En su último capítulo, Sciutto deja claro que actualmente Estados Unidos está perdiendo la guerra. Su mayor error fue no darse cuenta de la situación hasta que la tuvo delante y ahora se encuentra con que está jugando en un escenario en desventaja. Es cierto que Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en muchos aspectos, pero Rusia y China le están adelantando en otros, siguiendo las nuevas normas que ellos mismos han establecido. No obstante, un cambio de actitud en las políticas estadounidenses podría girar totalmente las tornas. Así, el autor propone una serie de soluciones que podrían ayudar a Estados Unidos a volver a ponerse en cabeza.

Las soluciones que propone se centran, en primer lugar, en el total conocimiento del enemigo y de su estrategia. Esta ha sido en todo momento su gran desventaja y sería el primer paso para comenzar a controlar la situación. Del mismo modo, recomienda una mayor unidad dentro del bloque aliado, así como una mejora de sus propias defensas. También recomienda conocer mejor el nuevo escenario en el que está sucediendo toda la contienda, por lo que una serie de tratados internacionales que regulasen estos nuevos espacios, como lo es el ciberespacio, serían de gran ayuda. Más adelante, propone fijar unos límites claros a las acciones enemigas, elevando los costes y las consecuencias a dichas acciones. Y por último, anima a Estados Unidos a ejercer un liderazgo claro.

En conclusión, la tesis de Sciutto es que Estados Unidos se encuentra luchando una guerra cuya existencia acaba de descubrir. Es un tipo de guerra a la que no está acostumbrado y con una serie de normas ajenas a lo que predica. Aun siendo todavía el líder del sistema internacional actual, se encuentra perdiendo la partida porque China y Rusia han sido capaces de descubrir los puntos débiles de su rival y utilizarlos a su favor. El mayor error de Estados Unidos fue ignorar todas las señales que evidenciaban la existencia de esta guerra en la sombra y no hacer nada al respecto. Se han introducido escenarios nuevos y se han cambiado las normas del juego, por lo que Estados Unidos, si quiere darle la vuelta a la situación y alzarse una vez más como vencedor, según argumenta el autor, deberá unirse más que nunca internamente como nación y afianzar sus alianzas, y conocer mejor que nunca a sus enemigos y sus intenciones.

En cuanto a una valoración del libro, puede afirmarse que logra transmitir de forma clara y concisa los puntos más relevantes de esta nueva contienda. Consigue dejar claro los puntos fuertes y débiles de cada actor y hacer un balance general de la situación actual. No obstante, el autor no consigue ser demasiado objetivo en sus juicios. Aunque admite los fallos cometidos por Estados Unidos, ofrece una imagen negativa de sus rivales, dando por sentado quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Falta esa objetividad en algunos casos, ya que ni los buenos son siempre tan buenos ni los malos son siempre tan malos. Dicho esto, Sciutto realiza un gran análisis de la situación internacional actual en la que se encuentran las mayores potencias mundiales.

Will success in parts of the Vision 2030's agenda –like diversifying the economy– have a parallel  opening up to religious moderation?

▲ King Salman bin Abdulaziz Al Saud in a recent Custodian of the Two Holy Mosques Chairs Cabinet's Session [Saudi Press Agency]

ANALYSIS / Marina García Reina

Since King Salman first envisioned the need of a reform of Saudi Arabia towards a less dependent economy on petroleum, gradual changes have been done upon the aim of progress, and, in a more precise way, not to be left behind in the world race led by western countries and the booming Asian giants. The crown prince Mohammed bin Salman Al Saud has positioned himself as the leader of the shift towards a religiously moderate Saudi Arabia within the frame of the Vision 2030 initiative. Predictably, however, the reforms held in the country have been subject to numerous criticism and double readings.

A succinct contextualization

It is convenient to recall the year 1979, when Shiite militants overthrew the secular Shah of Iran and Sunni fundamentalists besieged the Masjid al-Haram (Grand Mosque) in Mecca. That same year, the country's Shiite minority started a revolt in Al-Hasa province, resulting in numerous deaths. The Saudi monarchy responded to those mishaps by moving closer to the Wahhabi (an extremely conservative conception of Islam) religious establishment and restoring many of its hardline stances. As a result, for instance, the government shut down the few cinemas that existed in the kingdom. It was not till 2015 (or 2014, depending on which reforms to base on) when King Salman bin Abdulaziz Al-Saud —along with Mohammed bin Salman (popularly known as MBS), who he promoted to crown prince—, proclaimed reforms in Saudi Arabia towards a more moderate political scenario, opening up a new era of Saudi politics. The two expressed their will to limit the authority of the religious police to arrest citizens. They allowed the first cinemas and music concerts since decades of prohibitions, condemned religious incitement, and gradually granted women several rights.

Vision 2030

First conceived by King Salman, Vision 2030 is meant to be the decisive plan to transform the country by a sweep in economy and society, and Crown Prince Muhammad bin Salman himself has positioned as its spearhead. It is basically the headline upon which all the modernization changes are framed. The plan aims to face the three major challenges that Saudi Arabia has nowadays: unemployment, diversification, and privatization.

It is worth mentioning that in contrast to the great majority of western countries, Saudi Arabia has a growing youthful population. Approximately, 70% of Saudi population is under 30 and the 29% of Saudis between 16 and 29 are unemployed. Vision 2030 includes greater investments in education to train future Saudi leaders, which seems quite unnecessary when noticing that Saudi citizens pay no taxes and receive free education (making up 25% of the total budget), free health care and subsidies for most utilities.

Economy is something that has been worrying most Saudis, since the country’s economy is almost entirely based on petroleum and recently the price of a barrel of oil has ranged between about $46 and $64 in 2019, much lower that what it has ranked for years. Diversifying the economy is crucial for the progress of Saudi Arabia. All in all, Vision 2030 will rely on earnings coming from the Aramco’s IPO (initial public offering), which will be placed in a sovereign wealth fund  —also sourced by Saudi fiscal assets and the sale of state-owned real estate and other government assets—, expectedly resulting into an investment-driven economy rather than a petroleum-based one as it has been for decades. It has also cast serious doubts the nature of the measures that are being developing to modernize the country, especially because the social aspects have been left apart by, for instance, the construction of Neom, a planned futuristic city in the middle of the desert, which is meant to be the great achievement of the crown prince MBS.

Additionally, the initiative has been configured as the political rebirth of the crown prince in the eyes of the international sphere, since it means diminishing the role of government by selling Aramco’s 5% of shares to investors, even so, the enterprise still is under tight control of the royal family. Without going any further, Khaled Al-Falih, the chairman of Aramco, is also the new minister of Energy, Industry, and Natural Resources, which once again brings to light the relation between these two.

The stated target is to increase the private sector’s contribution to GDP from 40% today to 65% by 2030. Much of this private sector growth will come through public-private partnerships, as said before, high-positioned Saudis will have been direct or indirectly pressured to invest in the IPO. The Saudi government has been criticized on several occasions for being corrupted and showing a lack of transparency over its acts. In this area, Vision 2030 hopes to ensure the law and the obligation of honestly reporting every business activities. Under proposal of MBS a follow-up department, headed by a ministerial rank official, has been set up to follow the implementation by government ministries of projects that have been approved.

Anti-terrorist positioning and extremist ideologies

Mohammed bin Salman has severely expressed his aim of not only dealing with extremist ideologies, but also of destroying them. As part of this determination, some clerics, which are meant to form part of the extremist ideology that the leader seems to condemn, have been targeted.

Nevertheless, organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch and the Committee to Protect Journalists have demonstrated that these presumed extremist clerics have long records of advocating the type of reform and religious moderation MBS asserts to support. For instance, in September 2017, numerous clerics, journalists and scholars known for their reluctance to MBS policy, which they consider as half-measured and not going straight to the point, were arrested by Saudi security forces. On the other hand, certain state clerics continue unpunished despite publicly criticizing the reforms and inciting hatred against the Shia minority. In particular, two members of the Council of Senior Scholars —the highest religious body in the country, whose role is to advise the King on religious matters by issuing fatwas (judicial advice provided by a religious specialist)— have been in the spotlight for years. These are Saleh al-Fawzan and Samm leh al-Lohaidan, both close to bin Salman. These two scholars are owners of broadcasting channels funded and promoted by the Saudi government from which they divulge their ultra-conservative view of Islam and condemn with the death penalty whatever they consider as violations of religious and moral rules contrary to Islam. An example of such are the declarations made saying that Shiites are not Muslims or that Muslims are not allowed to protest or even publicly criticize rulers as this would lead to rebellion that would in turn justify rulers’ violent response, like those held in 2017.

Together with these personalities, there are others who also hold high-rank positions in the country’s politics and government. Abdulaziz al-Sheikh, for example, is the grand mufti (muslim religious who has the authority to interpret Sharia) of Saudi Arabia. In that capacity, he has issued numerous fatwas and statements preaching the virtues of obedience to existing authorities and submitting to their policies without question. This, once again, raises the question of whether or not Saudi Arabia is actually cleansing extremist ideologies. Some, as Abdullah Almalki —a religious academic—, argue that the sovereignty and free choice of the people must have precedence over any desire to implement Sharia and that justice and free choice must be the pillars of any political community.

Almalki’s father, Salman Alodah, like himself, advocates religious tolerance against calls of jihad in Iraq, Syria, and elsewhere, calling for a democratic change, supporting the empowerment of women, fighting against discrimination, and respecting the religious minorities who are marginalized in the Kingdom. Both Almalki and Alodah were also arrested in the 2017 detentions and referred the following year to court for a secret trial —something that has become common when the accused are moderate voices, feminists and intellectuals—, facing death penalty for their extra-progressive views. Besides these cases, probably the best known one was that of the Washington Post columnist Jamal Khashoggi’s murder at the Saudi consulate in Istanbul in October 2018.

In contrast to some of these powerful men characterized by their severe religious stances, the Saudi society as a whole holds a somewhat more nuanced view of Islam and does not completely identify with them. On this, it is worth recalling the attack on the Shia mosques carried out by Daesh in May 2015. The event was followed by mass funerals in the Saudi streets, which exposed the unity of the Saudi people above sectarian lines.

Al Qaida was apparently eradicated from the country and, as a result of that, it moved its operations to Yemen, where Saudi Arabia’s military force together partnered with the UAE —with limited US support, it must be said— and the Yemeni government forces have been doing efforts to combat it, achieving, for instance, the liberation of Mukalla. Specifically, Saudi Arabia blames the failing states of Iraq, Lebanon, Syria, and Yemen as the reason why Al Qaida has not yet been definitively eradicated.

The Iraqi government broke down after the US invasion in 2003, which led to a sectarian  and corrupt government. In Syria, Bashar al Assad led the military uprising and breakdown of authority, providing al Qaida refuge, although he continuously expressed he was combating terrorists, actually al Qaida freely operated in both sides of the border. Saudi Arabia claims that further efforts must be made to remove Assad as an essential part of the battle against terrorism in the region. It also advocates efforts at the international level to stop with the use by terrorists of pro-Palestine propaganda to recruit young members.  

Aramco and the oil crisis

Petroleum prices have dropped considerably in recent years, exacerbating the need of a side Saudi economy which does not revolve around oil. This has become a rough task, taking into account that the petroleum sector employs around the 70% of the population in Saudi Arabia. Aramco’s IPO, which promises to sell shares to investors, has become the center of the Vision 2030 initiative for Mohammed bin Salman.

The reasons behind the IPO are two: money —Saudi Arabia needs greater money inputs in order to accomplish the reform plans and finance the war in Yemen— and the political rehabilitation of the crown prince (MBS) under the consent of the international sphere, portraying, in a way, that the IPO may not be motivated that much because of an economic interest (which of course it is) but more deeply because of a political benefit of claiming that Saudis are opened to the world by selling part of Aramco to foreigners.

The tremendous expectation raised around the IPO can be interpreted as a way of starting attention of the incidents of 2017 and Khashoggi’s murder mentioned before. Aramco’s initial public offering, which started this last December in Tadawul (Saudi Arabia’s domestic stock market), went resoundingly bad after the US attack in Bagdad resulting in the death of the Iranian military commander Qasem Soleimani as well as the Iraqi-Iranian deputy chief of the armed organization Popular Mobilization Committee. Shares of the State petroleum company have dropped in a 1.7%. However, in spite of this event, Aramco’s IPO went reasonably well and the company managed to be valued in $2 billion, which is not surprising considering that the Saudi government has actively encouraged Saudis to invest, meaning that there are investors (people within the orbit of the royal court and big business) who have no choice in the matter because their livelihoods and stature are dependent on proving they support Mohammed bin Salman’s program and retail investors who will invest because of all the hoopla and nationalist sentiment whipped up around the offering.

Women and the guardianship rule

Undoubtedly, changes have been done within the Saudi State to overcome the lack of involvement of women in everyday life. As an example of it, the permission to drive automobiles extended to women has found a significant echo globally. Women make up half of the population in Saudi Arabia. As part of the Saudi transformation of its economy plan, there is a need beyond the sole fact of integrating women in society, namely that of integrating this half of the Saudi population into the labor force.

Women conform nowadays just the 7% of the work force. After the implementation of the Vision 2030 plan, the number is expected to rise up to a 30% by that year. Following a worldwide tendency, more women than men graduate from universities in all disciplines. Furthermore, thanks to efforts attributed to the crown prince and to King Abdullah before him, women can be members of the Consultative Assembly since 2014. Currently, they occupy 20% of its seats. In September 2011, King Abdullah granted women the right to vote, a right they exercised in 2015 for the first time.

Further changes have been done within the country in favor of integrating women, which have gone unnoticed by the public eye. Princess Reema bin Bandar al Saud is an example of that. As president of the Saudi Federation for Community Sport, she has developed different initiatives, together with other ministries, to promote women; for instance, by creating football leagues. Moreover, opening women access to the armed forces has also been a huge step forward considering the impact in the shift of gender perspective. It cannot be omitted that Saudi Arabia has been for decades an extremely conservative country and that what may be seen as basic things for westerners in the 21st century, supposes a top-down reform within their principles, especially considering that they are being introduced in a considerably short time.

Conclusion

Saudi Arabia is facing —and will face in the following years— great challenges to redirect the country’s economy into one less dependent on oil, and to reeducate a youth that has been raised up with almost everything being granted by the government. Finally, there is also the challenge of making bin Salman’s vision more translatable to the western public, which, as said, see the reforms with some skepticism, notwithstanding official energetic and ambitious proclamations. As a summary, society, diversification of economy and governance and bylaws are crucial for the Saudi progress. What is true is that, regardless the reticence of westerners, MBS has gained huge support among his compatriots and is thought to be the reformer he repeatedly self-proclaims to be. This may lead us, Westerners, to consider whether an Islamic conception of renovation of Islam in appliance to govern is similar, and if so, to which extent, to our own conception of it.

[Barbara Demick, Querido líder. Vivir en Corea del Norte. Turner. Madrid, 2011. 382 páginas]

RESEÑA / Isabel López

Todas las dictaduras son iguales hasta cierto punto. Regímenes como el de Stalin, Mao, Ceaucescu o Sadam Husein compartieron haber instalado estatuas de esos líderes en las principales plazas y sus retratos en todos los rincones... Sin embargo, Kim Il-sung llevó más lejos el culto a la personalidad en Corea del Norte. Lo que le distinguió del resto fue su capacidad para explotar el poder de la fe. Es decir, comprendió muy bien el poder de la religión. Utilizó la fe para atribuirse poderes sobrenaturales que sirvieron para su glorificación personal, como si fuera un Dios.

Así se ve en Querido líder. Vivir en Corea del Norte, de la periodista Barbara Demick, que trabajó como corresponsal de Los Angeles Times en Seúl. El libro relata la vida de seis norcoreanos de la ciudad de Chongjin, situada en el extremo septentrional del país. A través de estos seis perfiles, desde personas pertenecientes a la clase más baja, llamada beuhun, hasta la clase más privilegiada, Demick expone las diferentes etapas que han marcado la historia de Corea del Norte.

Hasta la conquista y ocupación de Japón en la guerra de 1905 regía el imperio coreano. Durante el mandato del país vecino, los coreanos se veían obligados a pagar elevados tributos y los jóvenes eran llevados con el ejército japonés para combatir en la guerra del Pacífico. Tras la retirada de las tropas japonesas en 1945, se planteó un nuevo problema puesto que la Unión Soviética había ocupado parte del norte de Corea. Esto llevó a que Estados Unidos se involucrara para frenar el avance de los rusos. Como consecuencia, se dividió el territorio en dos zonas: la parte sur ocupada por Estados Unidos y la parte norte ocupada por la Unión Soviética. En 1950 ambas fracciones se vieron envueltas en la guerra de Corea, finalizada en 1953.

Después del armisticio se produjo un intercambio de prisioneros por el cual las fuerzas comunistas pusieron en libertad a miles de personas, de las cuales más de la mitad eran surcoreanas. Sin embargo, otros miles nunca volvieron a casa. Los prisioneros liberados eran introducidos en vagones que partían de la estación de Pyongyang con la presunta intención de devolverlos a su lugar de origen en el sur, pero en realidad fueron conducidos a las minas de carbón del norte de Corea, en la frontera con China. Como consecuencia de la guerra la población se había mezclado y no era posible la distinción entre los norcoreanos y surcoreanos.

Al terminar la guerra, Kim Il-sung, líder del Partido de los Trabajadores, comenzó por depurar a todos aquellos que podían poner en peligro su liderazgo, basándose en un criterio de fiabilidad política. Entre 1960 y 1970 se instauró un régimen que la autora describe como de terror y caos. Los antecedentes de cada ciudadano eran sometidos a ocho comprobaciones y se establecía una clasificación basada en el pasado de sus familiares, llegando a convertirse en un sistema de castas tan rígido como el de India. Esta estructura se basaba en gran parte en el sistema de Confucio, aunque se adoptaron los elementos menos amables de él. Finalmente, las categorías sociales eran agrupadas en tres clases: la principal, la vacilante y la hostil. En esta última se encontraban los adivinos, los artistas y los prisioneros de guerra, entre otros.

Los pertenecientes a la clase más baja no tenían derecho a vivir en la capital ni en las zonas más fértiles y eran observados detenidamente por sus vecinos. Además, se crearon los llamados inminban, término que hace referencia a las cooperativas formadas por unas veinte familias que administraban sus respectivos barrios y que se encargaban de transmitir a las autoridades cualquier sospecha. Era imposible subir de rango, con lo cual este pasaba de generación en generación.

A los niños se les enseñaban el respeto por el partido y el odio por los estadounidenses. La educación obligatoria era hasta los 15 años. A partir de aquí solo los niños pertenecientes a las clases más altas eran admitidos en la educación secundaria. Las niñas más inteligentes y guapas eran llevadas a trabajar para Kim Il-sung.

Hasta el fin de los años sesenta Corea del Norte parecía mucho más fuerte que Corea del Sur. Esto provocó que en Japón la opinión pública se alineara en dos bandos, los que apoyaban a Corea del Sur y los que simpatizaban con el Norte, llamados Chosen Soren. Miles de personas sucumbieron a la propaganda. Los japoneses que emigraban a Corea del Norte vivían en un mundo diferente al de los norcoreanos puesto que recibían dinero y regalos de sus familias, aunque debían de dar parte del dinero al régimen. Sin embargo, eran considerados parte de la clase hostil, puesto que el régimen no se fiaba de nadie adinerado que no fuera perteneciente del partido. Su poder dependía de su capacidad de aislar totalmente a los ciudadanos.

El libro recoge la relación de Japón con Corea del Norte y su influencia en el desarrollo económico de esta. Cuando a principios del siglo XX Japón decidió construir un imperio ocupó Manchuria y se hizo con los yacimientos de hierro y carbón próximos a Musan. Para el transporte del botín se escogió la ciudad de Chongjin como puerto estratégico. Entre 1910 y 1950 los japoneses levantaron enormes acerías y fundaron la ciudad de Nanam, en la que se construyeron grandes edificios: empezaba el auténtico desarrollo de Corea del Norte. Kim Il-sung exhibió el poder industrial atribuyéndose los méritos y no reconoció ninguno a Japón. Las autoridades norcoreanas tomaron el control de la industria y luego instalaron misiles apuntando a Japón.

La autora también describe la vida de las trabajadoras de las fábricas que sustentaban el desarrollo económico del país. Las fábricas dependían de las mujeres por la falta de mano de obra masculina. La rutina de una trabajadora de fábrica, que era considerado como una posición privilegiada, consistía en ocho horas diarias los siete días de la semana, más las horas añadidas para continuar con su formación ideológica. También, se organizaban asambleas como la de las mujeres socialistas y sesiones de autocrítica.

Por otro lado, se enfatiza el hecho de hasta qué punto eran moldeadas las personas, que eran regenerados para ver a Kim Il-sung como un gran padre y protector. En su propósito de rehacer la naturaleza humana Kim Il-sung desarrolló un nuevo sistema filosófico apoyado en las tesis marxistas y leninistas llamado el Juche, que se traduce como confianza en uno mismo. Hizo ver al pueblo coreano que era especial y que había sido el pueblo elegido. Este pensamiento cautivaba a una comunidad que había sido pisoteada por sus vecinos durante siglos. Enseñó que la fuerza de los seres humanos provenía de la capacidad de someter su voluntad individual a la colectiva y esa colectividad debía de ser regida por un líder absoluto, Kim Il-sung.

No obstante, esta idea no le bastaba al líder, que además quería ser querido. La autora afirma que “no quería ser visto como Stalin sino como Papa Noel”: se le debía de considerar como un padre en el estilo confuciano. El adoctrinamiento empezaba desde la infancia en las guarderías. Durante los siguientes años no escucharían ninguna canción, no leerían ningún artículo que no estuviera divinizando la figura de Kim Il-sung. Se repartían insignias de solapa con su rostro, que eran obligatorias de llevar en la parte izquierda, sobre el corazón, y su retrato debía de estar en todas las casas. Todo era distribuido gratuitamente por el Partido de los Trabajadores.

▲ A demonstration in Beirut as part of 2019 protests [Wikimedia Commons]

ESSAY / David España Font

1. Introduction

A shared feeling has been rising across the globe for the last three years, but with special strength during the last six months. The demonstrations since February in Algeria, since September in Egypt, Indonesia, Peru or Haiti, and in Chile, Iraq or Lebanon since October are just some manifestations of this feeling. The primary objective of this essay will not be to find a correlation among all demonstrations but rather to focus on the Lebanese governmental collapse. The collapse of the Lebanese government is one example of the widespread failure most politicians in the Middle East have to meet public needs.[i]

Regarding the protests that have been taking place in Egypt and the Levant, it is key to differentiate these uprisings from the so-called Arab Spring that took place in 2011, and which caused a scene of chaos all over the region, leading to the collapse of many regimes.[ii] The revolutionary wave from 2011, became a spark that precipitated into many civil wars such as those in Libya, Yemen or Syria. It is important to note that, the uprisings that are taking place at the moment are happening in the countries that did not fall into civil war when the Arab Spring of 2011 took place.

This essay will put the focus on the issue of whether the political power in Lebanon is legitimate, or it should be changed. Are the Lebanese aiming at a change in leadership or rather at a systemic change in their political system? This essay id divided into four different parts. First, a brief introduction summarizes the development of the October demonstrations. Second, it throws a quick overview into recent political history, starting from the formation of the Lebanese state. Third, it will approach the core question, namely which type of change is required. Finally, a brief conclusion sums up the key ideas.

2. October 2019

On Thursday October 17th, thousands of people jumped into the streets of Beirut to protest against political corruption, the nepotism of the public sector and the entrenched political class. There hadn’t been a manifestation of public discontent as big as this one since the end of the civil war in 1990. The demonstration was sparked by the introduction of a package of new taxes, one of which aimed at WhatsApp calls.[iii] Roads were blocked for ten days in a row while citizens kept demanding for the entire political class to resign. Although, apparently, the demands were the same as those forwarded in 2011, the protests might have been looking more for a change in the whole political system than for mere changes in leadership.

It must not be forgotten the fact that Hasan Nasrallah, the leader of Hezbollah, warned that such protests could lead to another civil war and that the right to demonstrate had to be abolished as soon as possible. He literally stated: “I’m not threatening anyone, I’m describing the situation. We are not afraid for the resistance; we are afraid for the country.”[iv] Certainly, a change in the political power could make   such a power notably stronger, Hezbollah is now enjoying the weakness of the Lebanese political power and prefers to maintain the status quo.

This arising conflict must be analysed bearing in mind the very complicated governmental structure which seems to be very effective towards conflict avoidance, but not towards development and progress. The country is governed by a power-sharing system aimed at guaranteeing political representation for all the country's 18 sects.[v] Lebanon’s government is designed to provide political representation of all Lebanese religious groups, the largest ones being the Maronites, the Shiite and the Sunni. The numbers of seats in the Parliament is allotted among the different denominations within each religion. The President must always be a Maronite Christian, the prime minister a Sunni and the Speaker of Parliament as Shiite.[vi]

Therefore, it goes without saying that the structure of the political power is designed for survival rather than for coexistence. Each representative is inclined to use his position in favour of the interest of the sects that he belongs to instead of that of the national, common interest. There is no chance for common policies to be agreed as long as any of these interfere with the preferences of any one of the sects.

3. A quick overview into recent history

Since the end of the 16th century, the Ottoman Empire managed to control all the region today known as Levant and Egypt. However, the area known as Mount Lebanon remained out of its direct influence[vii]. The region became a self-governed area controlled by powerful Christian Maronite families. Because the Ottoman Empire did not allow European Christians to settle in the territory and benefit from trading activities, the Europeans used the Lebanese Maronites as their commercial representatives.[viii] This was one of the main ways how the European legacy penetrated the region, and one of the reasons that explains why Christians in Lebanon and Syria had a good command of French even before the arrival of the French mandate, and why they became, and still are, richer than the Muslims.

Following World War I, the League of Nations awarded France the mandate over the northern portion of the former Ottoman province of Syria, which included the region of the Mount Lebanon. This was a consequence of the signature in 1916 of the Sykes-Picot Agreement, by which the British and the French divided the Middle East into two areas put under their control. The British would control the South, and the French the North.[ix]

In 1920 the French carved out the region of Lebanon from their mandated area. The region would later be granted the independence in 1943. The means of such demarcation had as primary objective the guarantee and protection of the Christian’s free and independent existence in the Muslim Arab world, not even the protection of their rights but rather the recognition of their existence. Since the very first moment of Lebanon’s establishment as a separate territory from Syria, Sunni Muslims rejected the very idea of a Lebanese state which was perceived as an act of French colonialism with the objective of dividing and weakening what was perceived to be the united Arab Nation.[x]

Because the preservation of the greater Lebanon was the primary objective for the Christians and they were not going to give up that objective for the sake of a united Arab Nation, a gap between the Maronite and the Sunni communities opened that had to be closed. The legal agreement that came up from efforts in this sense came to be known as the National Pact of 1943 “al-Mithaq al-Watani.”[xi] At the heart of the negotiations was on the one hand the Christians' fear of being overwhelmed by the Arab countries, and on the other hand the Muslims' fear of Western hegemony. In return for the Christian to accept Lebanon's "Arab face," the Muslim side agreed to recognize the independence and legitimacy of the Lebanese state in its 1920 boundaries and to renounce aspirations for union with Syria.[xii]

With hindsight, the pact may be assessed as the least bad political option that could be reached at this time. However, as mentioned earlier, this pact has led to a development of the governmental structure that doesn’t lead to political construction and development but rather to mere survival.

4. Change in leadership or systemic change?

The issue at stake is very much related to the legitimacy that could be given to the Lebanese political power. In order to tackle this issue, a basic approach to these terms is a must.

The concept of political power is very vague and might be difficult to find a set definition for it; the basic approach could be “a power exercised in a political community for the attainment of the ends that pertain to the community.”[xiii] In order to be political, power inherently requires  legitimacy. When the power is fully adapted to the community, only then this power can be considered a political power and therefore, a legitimate power.[xiv] While it is possible to legitimize a power that is divided into a wide variety of sects, it cannot be denied that such power is not fully adapted to the community, but simply divided between the different communities.

Perhaps, the issue in this case is that there cannot be such a thing as “a community” for the different sects that conform the Lebanese society. Perry Anderson[xv] states that in 2005, the Saudi Crown reintroduced the millionaire Rafik Hariri into the Lebanese politics getting him to become prime minister. In return, Hariri had to allow the Salafists to preach in Sunni villages and cities, up to the point that his son, Saad, does not manage to control the Sunni community any longer. How is it possible to avoid such a widespread division of sects in a region where politics of influence are played by every minimally significant power?

Furthermore, in order to be legitimate, power must safeguard the political community. However, going deeper into the matter, it is essential that a legitimate power transcends the simple function of safeguarding and assumes the responsibility of maintaining the development of the community. As mentioned in the previous paragraph, in this case there might be no such thing as a community; therefore, the capacity of the political power in this specific case, legitimacy might be link to the idea of leading the project of building and developing such idea of community under one united political entity. Possibly, the key to achieve a sense of community might be the abolition of confession-based politics however…is it possible?

Additionally, another reason for which I do not believe that there is a full politization of the state is because it has still not transitioned from power, understood as force, into power understood as order. The mere presence of an Iranian backed militia in the country which does have a notable degree of influence on the political decisions doesn’t allow for such an important change to happen. In the theory, the state should recover the full control of military power however, the reality is that Lebanon does need the military efforts of the Shiite militia.  

Finally, a last way to understand the legitimacy of the power can be through acceptance. Legitimacy consists on the consent given to the power, which implies the disposition to obey of the community, and the acceptance of the capacity to force, of the power[xvi]. Until now there has been acceptance. However, being these protests the biggest ones seen since the end of the civil war, it is an important factor to bear in mind. It might be that these protests delegitimize the political power, or they might simply reflect the euphoric hit that many of these events tend to cause before disappearing.

5. Conclusion

After three months since the beginning of the protests, it seems that steps have been taken backwards rather than forwards. Could Hariri’s resignation mean a step forward towards the construction of the community and the abolition of the sectarian division?

The key idea is the nature of the 1943 agreement. The Pact’s core idea was to help overcome any philosophical divisions between the two main communities, the Christian and the Sunni. The Christians were not willing to accept a united Arab Nation with Syria, and the Muslims were not willing to be fully ruled by the Christians. However, 80 years later, the importance of confessionalism in the political structure is still there, it has not diminished.

▲ US border patrol vehicle near the fence with Mexico [Wikimedia Commons]

ESSAY / Gabriel de Lange

I. Current issues in the Northern Triangle

In recent years, the relationship between the Northern Triangle Countries (NTC) –Guatemala, Honduras, and El Salvador– and it’s northern neighbours Mexico and the United States has been marked in mainstream media for their surging migration patterns. As of 2019, a total of 977,509 individuals have been apprehended at the Southwest border of the US (the border with Mexico) as compared to 521,093 the previous year (years in terms of US fiscal years). Of this number, an estimated 75% have come from the NTC[1]. These individuals are typically divided into three categories: single adults, family units, and unaccompanied alien children (UAC).

As the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) reports, over 65% of the population of the NTC are below 29 years of age[2]. This is why it is rather alarming to see an increasing number of the youth population from these countries leaving their homes and becoming UAC at the border.

Why are these youths migrating? Many studies normally associate this to “push factors.” The first factor being an increase in insecurity and violence, particularly from transnational organised crime, gangs, and narco-trafficking[3]. It is calculated that six children flee to the US for every ten homicides in the Northern Triangle[4]. The second significant factor is weak governance and corruption; this undermines public trust in the system, worsens the effects of criminal activity, and diverts funds meant to improve infrastructure and social service systems. The third factor is poverty and lack of economic development; for example in Guatemala and Honduras, roughly 60% of people live below the poverty line[5].

The other perspective to explain migration is through what are called “pull factors.” An example would be the lure of economic possibilities abroad, like the high US demand for low-skilled workers, a service that citizens of NTC can provide and be better paid for that in their home countries. Another pull factor worth mentioning is lax immigration laws, if the consequences for illegal entry into a country are light, then individuals are more likely to migrate for the chance at attaining better work, educational, and healthcare opportunities[6].

II. US administrations’ strategies

A. The Obama administration (2008-2015)

The Obama administration for the most part used the carrot and soft power approach in its engagement with the NTC. Its main goals in the region being to “improve security, strengthen governance, and promote economic prosperity in the region”, it saw these developments in the NTC as being in the best interest of US national security[7].

In 2014, in the wake of the massive surge of migrants, specially UACs, the administration launched the reform initiative titled the Plan of the Alliance for Prosperity (A4P). The plan expanded across Central America but with special focus on the NTC. This was a five year plan to address these “push factors” that cause people to migrate. The four main ways that the initiative aims to accomplish this is by promoting the following: first, by fostering the productivity sector to address the region’s economic instability; second, by developing human capital to increase the quality of life, which improves education, healthcare and social services; third, improving citizen security and access to justices to address the insecurity and violence threat, and lastly, strengthening institutions and improving transparency to address the concerns for weak governance and corruption[8].

This initiative would receive direct technical support and financing from the Inter-American Development Bank (IDB). In addition, major funding was to be provided by the US, which for the fiscal years of 2015-2018 committed $2.6 billion split for bilateral assistance, Regional Security Strategy (RSS), and other regional services[9]. The NTC governments themselves were major financiers of the initiative, committing approximately $8.6 billion between 2016-2018[10].

The administration even launched programs with the US Agency for International Development (USAID). The principle one being the Central American Regional Security Initiative (CARSI), with a heavy focus on the NTC and it’s security issues, which allotted a budget of $1.2 billion in 2008. This would later evolve into the larger framework of US Strategy for Engagement in Central America in 2016.

The Obama administration also launched in 2015 the Deferred Action for Childhood Arrivals  (DACA), which currently allows individuals who were brought to the US as children, and have unlawful statuses to receive a renewable two-year period of deferred action from deportation[11]. It is a policy that the Trump administration has been fighting to remove these last few years.

Although the Obama administration was quite diplomatic and optimistic in its approach, that didn’t mean it didn’t make efforts to lessen the migration factors in more aggressive ways too. In fact, the administration reportedly deported over three million illegal immigrants through the Immigration and Customs Enforcement (ICE), the highest amount of deportations taking place in the fiscal year of 2012 reaching 409,849 which was higher than any single one of the Trump administration’s reported fiscal years to date[12].

In addition, the Obama administration used educational campaigns to discourage individuals from trying to cross into the US illegally. In 2014 they also launched a Central American Minors (CAM) camp targeting children from the NTC and providing a “safe, legal and orderly alternative to US migration”[13]. This however was later scrapped by the Trump Administration, along with any sense of reassessment brought about by Obama’s carrot approach. 

Number of apprehensions and inadmissibles on the US border with Mexico [Source: CBP]

B. The Trump administration (2016-present)        

The Trump administration’s strategy in the region has undoubtedly gone with the stick approach. The infamous “zero tolerance policy” which took place from April-June 2018 is a testimony to this idea, resulting in the separation of thousands of children from their parents and being reclassified as UAC[14]. This was in an attempt to discourage individuals in the NTC from illegally entering the US and address these lax immigration laws.

From early on Trump campaigned based on the idea of placing America’s interests first, and as a result has reevaluated many international treaties and policies. In 2016 the administration proposed scaling back funds for the NTC through the A4P, however this was blocked in Congress and the funds went through albeit in a decreasing value starting with $754 million in 2016 to only $535 million in 2019.

Another significant difference between the two administrations is that while Obama’s focused on large multi-lateral initiatives like the A4P, the Trump administration has elected to focus on a more bilateral approach, one that goes back and forth between cooperation and threats, to compliment the existing strategy.

Towards the end of 2018 the US and Mexico had announced the concept of a “Marshal Plan” for Central America with both countries proposing large sums of money to be given annually to help improve the economic and security conditions in the NTC. However in this last year it has become more apparent that there will be difficulties raising funds, especially due to their reliance on private investment organisations and lack of executive cooperation. Just last May, Trump threatened to place tariffs on Mexico due to its inability to decrease immigration flow. President López Obrador responded by deploying the National Guard to Mexico’s border with Guatemala, resulting in a decrease of border apprehensions by 56%[15] on the US Southwest border. This shows that the stick method can achieve results, but that real cooperation can not be achieved if leaders don’t see eye to eye and follow through on commitments. If large amount of funding where to be put in vague unclear programs and goals in the NTC, it is likely to end up in the wrong hands due to corruption[16].  

In terms of bilateral agreements with NTC countries, Trump has been successful in negotiation with Guatemala and Honduras in signing asylum cooperative agreements, which has many similarities with a safe third country agreement, though not exactly worded as such. Trump struck a similar deal with El Salvador, though sweetened it by granting a solution for over 200,000 Salvadorans living in US under a Temporary Protection Status (TPS).[17]

However, Trump has not been the only interested party in the NTC and Mexico. The United Nations’ ECLAC launched last year its “El Salvador-Guatemala-Honduras-Mexico Comprehensive Development Program”, which aims to target the root causes of migration in the NTC. It does this by promoting policies that relate to the UN 2030 agenda and the 17 sustainable development goals. The four pillars of this initiative being: economic development, social well-being, environmental sustainability, and comprehensive management of migratory patters[18]. However the financing behind this initiative remains ambiguous and the goals behind it seem redundant. They reflect the same goals established by the A4P, just simply under a different entity.

The main difference between the Obama and Trump administrations is that the A4P takes a slow approach aiming to address the fundamental issues triggering migration patterns, the results of which will likely take 10-15 years and steady multi-lateral investment to see real progress. Meanwhile the Trump administration aims to get quick results by creating bilateral agreements with these NTC in order to distribute the negative effects of migration among them and lifting the immediate burden. Separately, neither strategy appears wholesome and convincing enough to rally congressional and public support. However, the combination of all initiatives –investing effort both in the long and short run, along with additional initiatives like ECLAC’s program to reinforce the region’s goals– could perhaps be the most effective mechanism to combat insecurity, weak governance, and economic hardships in the NTC.