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[A. Patanru, M. Pangestu, M.C. Basri (eds), Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty. ISEAS Yusof Ishak Institute. Singapore, 2018. 358 p.]

RESEÑA / Irati Zozaya

Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and SovereigntyEl libro se compone de quince artículos, escritos por diferentes expertos, que tratan sobre cómo Indonesia ha abordado la globalización y qué efecto ha tenido esta en el país. Los textos han sido coordinados por Arianto A. Patunru, Mari Pangestu y M. Chatib Basri, académicos indonesios con experiencia también en la gestión pública al haber sido ministros en distintos gobiernos. Los artículos combinan los enfoques generales con aspectos específicos, tales como las consecuencias de la apertura al comercio y las inversiones internacionales en la industria minera o las medidas de nacionalización de alimentos.

Para explicar la situación actual de Indonesia el libro en ocasiones recapitula periodos de su historia. Precisamente, uno de los conceptos que aflora con frecuencia en el libro es el del nacionalismo: podría decirse, según los autores, que es lo que más ha marcado el modo de relación de Indonesia con el mundo, más allá de quién ha dirigido en cada momento este país que hoy cuenta con 260 millones de habitantes.

La primera parte del libro hace referencia de forma más general a la experiencia de Indonesia con la globalización, el nacionalismo y la soberanía. Comienzan mostrando la época colonial y cómo, por imposición de Holanda y Gran Bretaña de una apertura al mundo, empieza a surgir un fuerte sentimiento nacionalista. Tras la ocupación por parte de Japón durante la Segunda Guerra Mundial se implanta una autarquía total, llevando así a los ciudadanos a un problema que sigue muy presente en la actualidad de Indonesia: la práctica del contrabando. En 1945 el país logró la esperada independencia bajo la presidencia de Sukarno, quien cerró Indonesia al resto del mundo para centrarse en reafirmar la identidad nacional y desarrollar sus capacidades. Esto llevó al deterioro de la economía y a la consiguiente hiperinflación, que dio pie a una nueva época: el Nuevo Orden.

En 1967, con la llegada de Suharto a la presidencia, comenzó una cautelosa apertura al comercio exterior y a los flujos de inversión. Sin embargo, Suharto reprimió la actividad política y durante su mandato los militares obtuvieron mucha influencia y el gobierno retuvo el control sobre la economía. Además, el final de su presidencia coincidió con la crisis financiera asiática (1997-1998), la cual condujo a la caída del crecimiento económico del país y a un frenazo de la reducción de la pobreza, y en consecuencia al crecimiento de la desigualdad. La crisis financiera socavó la confianza en el presidente y culminó en el colapso del Nuevo Orden.

El siguiente periodo abordado es el Reformasi, una época que marcó el comienzo de un clima político más abierto y democrático. Los siguientes dos presidentes, Abdurrahman Wahid (1999-2001) y Megawati Soekarnoputri (2001-2004), se preocuparon más por la recuperación económica y la consolidación democrática y perduró un sistema proteccionista en cuanto a la economía. El libro no se centra mucho en el siguiente presidente, Yudhoyono (2004-2014), remarcando únicamente que fue un internacionalista que mantuvo una postura más cautelosa y ambivalente en cuestiones económicas.

Por último, en las elecciones de 2014 llegó al poder Joko Widodo, quien mantiene el cargo de presidente en la actualidad. Con él, Indonesia ha vuelto a la senda del crecimiento económico y se ha estabilizado como una democracia de razonable éxito. Dado que el presidente, conocido comúnmente como Jokowi, ha tomado nuevas medidas para remarcar la soberanía política y promover la autarquía económica y el renacimiento cultural nacional, a su mandato se le ha caracterizado de ‘nuevo nacionalismo’. En su discurso político, Jokowi pone a Indonesia como objetivo de conspiraciones extranjeras y llama a estar en guardia frente a esas amenazas. De todas maneras, el país mantiene una postura ambivalente hacia la apertura y cooperación internacional ya que, por mucho que en las últimas décadas hayan vuelto a incrementar las restricciones comerciales, Jokowi enfatiza el compromiso global y ha reactivado las negociaciones regionales.

Todo esto ha llevado al descontento de la población con la globalización, de forma que hasta el 40% de los ciudadanos piensan que esta amenaza la unidad nacional. Uno de los efectos más negativos y de mayor importancia en Indonesia es el de los trabajadores que se han visto forzados a emigrar y a trabajar en el extranjero en muy malas condiciones. No obstante, las últimas partes del libro muestran también las consecuencias positivas que ha tenido la globalización en Indonesia, manifestándose en una mayor productividad, el incremento de los salarios o el crecimiento económico, entre otros. Por ello los autores hacen hincapié en la importancia de construir una narrativa que pueda generar apoyo público y político para la apertura del país y contrarreste el creciente sentimiento de antiglobalización.

Como ocurre en un libro que es la suma de artículos de diferentes autores, su lectura puede resultar algo pesada por una cierta reiteración de contenidos. No obstante, la variedad de firmas supone también una pluralidad de enfoques que sin duda supone una riqueza de perspectivas para el lector.

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[Ming-Sho Ho, Challenging Beijing’s Mandate of Heaven. Taiwan's Sunflower and Hong Kong's Umbrella Movement. Temple University Press. Philadelphia, 2019. 230 p.]

RESEÑAClaudia López

El Movimiento Girasol de Taiwán y el Movimiento de los Paraguas de Hong Kong alcanzaron una gran notoriedad internacional a lo largo de 2014, cuando retaron el ‘mandato del Cielo’ del régimen chino, por usar la imagen que da título al libro. Este analiza los orígenes, los procesos y también los resultados de ambas protestas, en un momento de consolidación del ascenso de la República Popular China. Challenging Beijing’s Mandate of Heaven ofrece una visión general y a la vez detallada sobre dónde, por qué y cómo estos movimientos se gestaron y alcanzaron relevancia.

El Movimiento Girasol de Taiwán se desarrolló en marzo y abril de 2014, cuando manifestaciones ciudadanas protestaron contra la aprobación de un tratado de libre comercio con China. Entre septiembre y diciembre de ese mismo año, el Movimiento de los Paraguas protagonizó en Hong Kong 79 días de protestas exigiendo el sufragio universal para elegir a la máxima autoridad este enclave de especial estatus dentro de China. Estas protestas llamaron la atención internacionalmente por su organización, pacífica y civilizada.

Ming-Sho Ho comienza describiendo el trasfondo histórico de Taiwán y Hong Kong desde sus orígenes chinos. Luego analiza la situación de ambos territorios en lo que va del presente siglo, cuando Taiwán y Hong Kong han comenzado a encontrar mayor presión por parte de China. Además, repasa las similares circunstancias económicas que produjeron las dos oleadas de revueltas juveniles. En la segunda parte del libro, se analizan los dos movimientos: las contribuciones voluntarias, el proceso de toma de decisiones y su improvisación, el cambio de poder interno, las influencias políticas y los desafíos de la iniciativa. La obra incluye apéndices con la lista de personas de Taiwán y Hong Kong entrevistadas y la metodología utilizada para el análisis de las protestas.

Ming-Sho Ho nació en 1973 en Taiwán y ha sido un observador directo de los movimientos sociales de la isla; durante su época de estudiante de doctorado en Hong Kong también siguió de cerca el debate político en la excolonia británica. En la actualidad está investigando iniciativas para promover la energía renovable en las naciones de Asia Oriental.

El hecho de ser de Taiwán le dio acceso al Movimiento Girasol y le permitió entablar una estrecha relación con varios de sus principales activistas. Pudo presenciar algunas de las reuniones internas de los estudiantes y llevar a cabo entrevistas en profundidad con estudiantes, líderes, políticos, activistas de ONG, periodistas y profesores universitarios. Eso le proporcionó una variedad de fuentes para llevar a cabo su investigación.

Si bien son dos territorios con características distintas –Hong Kong se encuentra bajo soberanía de la República Popular China, pero goza de autonomía administrativa; Taiwán sigue siendo independiente, pero su condición de estado se ve desafiada–, ambos suponen un reto estratégico para Pekín en su consolidación como superpotencia.

La simpatía del autor hacia estos dos movimientos es obvia en todo el libro, así como su admiración por el riesgo asumido por estos grupos de estudiantes, especialmente en Hong Kong, donde muchos de ellos fueron declarados culpables de ‘molestia pública’ y de ‘alteración del orden público’ y, en numerosos casos, acabaron condenados a más de un año de prisión.

Los dos movimientos tuvieron un comienzo y un desarrollo parecidos, pero cada cual terminó de manera muy distinta. En Taiwán, gracias a la iniciativa, el tratado de libre comercio con China no prosperó y fue retirado, y los manifestantes pudieron convocar un acto de despedida para celebrar esa victoria. En Hong Kong, la represión policial logró ir ahogando la protesta y se produjo una última redada masiva que supuso un final decepcionante para los manifestantes. No obstante, es posible que sin la experiencia de aquellas movilizaciones no hubiera sido posible la nueva reacción estudiantil que a lo largo de 2019 y comienzos de 2020 ha puesto contra las cuerdas en Hong Kong a las máximas autoridades chinas.

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ESSAY / Emilija Žebrauskaitė

Introduction

While the Western Westphalian State – and, consequently, the Western legal system – became the default in most parts of the world, Africa with its traditional ethics and customs has a lot to offer. Although the positive legalism is still embraced, there is a tendency of looking at the indigenous traditions for the inspiration of the system that would be a better fit in an African setting. Ubuntu ethics has a lot to offer and can be considered a basis for all traditional institutions in Africa. A great example of Ubuntu in action is the African Traditional Justice System which embraces the Ubuntu values as its basis. This article will provide a conceptualization of Ubuntu philosophy and will analyse its applications in the real-world scenarios through the case of Gacaca trials in Rwanda.

Firstly, this essay will define Ubuntu: its main tenants, how Ubuntu compares with other philosophical and ethical traditions, and the main criticism of Ubuntu ethics. Secondly, the application of Ubuntu ethics through African Indigenous Justice Systems will be covered, naming the features of Ubuntu that can be seen in the application of justice in the African setting, discussing the peace vs. justice debate and why one value is emphasized more than another in AIJS, and how the traditional justice in Africa differs from the Western one.

Lastly, through the case study of Gacaca trials in post-genocide Rwanda, this essay seeks to demonstrate that the application of the traditional justice in the post-genocide society did what the Western legalistic system failed to do – it provided a more efficient way to distribute justice and made the healing of the wounds inflicted by the genocide easier by allowing the community to actively participate in the judicial decision-making process.

It is the opinion of this article that while the African Traditional Justice System has it’s share of problems when applied in modern-day Africa, as the continent is embedded into the reality of the Westphalian state, each state being a part of the global international order, the Western model of justice is eroding the autonomy of the community which is a cornerstone of African society. However, the values of Ubuntu ethics persist, providing a strong basis for traditional African institutions. 

Conceptualization of Ubuntu

The word Ubuntu derives from the Bantu language group spoken widely across sub-Saharan Africa. It can be defined as “A quality that includes the essential human virtues; compassion and humanity” (Lexico, n.d.) and, according to Mugumbate and Nyanguru, is a homogenizing concept, a “backbone of African spirituality” in African ontology (2013). “Umuntu ngumuntu ngabantu” – a Zulu phrase meaning “a person is a person through other persons” is one of the widely spread interpretations of Ubuntu. 

In comparison with non-African philosophical thoughts, there can be found similarities between Ubuntu and the traditional Chinese as well as Western ethics, but when it comes to the modern Western way of thought, the contrast is striking. According to Lutz (2009), Confucian ethics, just like Ubuntu ethics, view the institution of family as a central building block of society. An Aristotelian tradition which prevailed in the Western world until Enlightenment had some characteristics similar to Ubuntu as well, namely the idea of Aristoteles that human being is a social being and can only reach his true potential through the community (Aristoteles, 350 B.C.E.). However, Tomas Hobbes had an opposite idea of human nature, claiming that the natural condition of man is solidarity (Hobbes, 1651). The values that still prevail in Ubuntu ethics, therefore, are rarely seen in modern liberal thought that prevails in the Western World and in the international order in general. According to Lutz (2009) “Reconciling self-realization and communalism is important because it solves the problem of moral motivation” which Western modern ethics have a hard time to answer. It can be argued, therefore, that Ubuntu has a lot to offer to the global ethical thought, especially in the world in which the Western ideas of individualism prevail and the values of community and collectivism are often forgotten.

Criticisms

However, while Ubuntu carries values that can contribute to global ethics, as a philosophical current it is heavily criticised. According to Metz (2011), there are three main reasons why Ubuntu receives criticism: firstly, it is considered vague as a philosophical thought and does not have a solid framework; secondly, it is feared that due to its collectivist orientation there is a danger of sacrificing individual freedoms for the sake of society; and lastly, it is thought that Ubuntu philosophy is applicable and useful only in traditional, but not modern society. 

When it comes to the reproach about the vagueness of Ubuntu as a philosophical thought, Thaddeus Metz examines six theoretical interpretations of the concept of Ubuntu:

U1: An action is right just insofar as it respects a person’s dignity; an act is wrong to the extent that it degrades humanity.

U2: An action is right just insofar as it promotes the well-being of others; an act is wrong to the extent that it fails to enhance the welfare of one’s fellows.

U3: An action is right just insofar as it promotes the well-being of others without violating their rights; an act is wrong to the extent that it either violates rights or fails to enhance the welfare of one’s fellows without violating rights.

U4: An action is right just insofar as it positively relates to others and thereby realizes oneself; an act is wrong to the extent that it does not perfect one’s valuable nature as a social being.

U5: An action is right just insofar as it is in solidarity with groups whose survival is threatened; an act is wrong to the extent that it fails to support a vulnerable community.

U6: An action is right just insofar as it produces harmony and reduces discord; an act is wrong to the extent that it fails to develop community (Metz, 2007).

While arguing that the concept U4 is the most accepted in literature, Matz himself argues in favour of the concept U6 as the basis of the ethics is rooted not in the subject, but in the object (Metz, 2007).

The fear that Ubuntu tenants make people submissive to authority and collective goals, giving them a very strong identity that might result in violence against other groups originates, according to Lutz (2009), from a faulty understanding of Ubuntu. Even though the tribalism is pretty common in the African setting, it does not derive from the tenants of Ubuntu, but a corrupted idea of this ethical philosophy. Further criticism on the idea that collectivism might interfere with individual rights or liberties can also be denied quoting Lutz, who said that “Ethical theories that tell us we must choose between egoism and altruism, between self-love and love of others, between prudence and morality, or one’s good and the common good are individualistic ethical theories” and therefore have nothing in common with ideas of Ubuntu, which, unlike the individualistic theories, reconciles the common and personal good and goals. 

The third objection, namely the question of whether Ubuntu ethics remain useful in the modern society which functions according to the Westphalian State model is challenged by Metz (2011). While it is true that Ubuntu developed in a traditional setting in which the value of human beings was based on the amount of communal life a human has lived (explaining the respect for the elders and the ancestors in African setting), a variant concept of dignity that in no way can be applied in a modern setting, there are still valuable ethical norms that can be thought by Ubuntu. Metz (2011) provides a concept of human dignity based on Ubuntu ideas, which, as he argues, can contribute to ethics in the modern African setting: “individuals have dignity insofar as they have communal nature, that is, the inherent capacity to exhibit identity and solidarity with others.” 

The Ubuntu ethics in African Indigenous Justice System

The institutionalisation and centralisation of power in the hands of the Westphalian State takes away the power from the communities which are central to the lifestyle in Africa. However, the communal values have arguably persisted and continue to directly oppose the centralisation. While the Westphalian State model seems to be functioning in the West, there are many good reasons to believe that Africa must look for inspiration in local traditions and customs (Malisa & Nhengeze, 2018). Taking into consideration the Ubuntu values, it is not difficult to understand why institutionalisation has generally not been very successful in African setting (Mugumbate & Nyanguru, 2013), as a place where the community is morally obliged to take care of its members, there is little space for alienated institutions. 

Generally, two justice systems are operating alongside each other in many African societies: the state-administered justice system and the African Indigenous Justice System (AIJS). According to Elechi, Morris & Schauer, the litigants can choose between the state tribunal and AIJS, and can apply to be judged by the state if they do not agree with the sentence of the AIJS (Elechi, Morris, & Schauer, 2010). However, Ubuntu values emphasise the concept of reconciliation: “African political philosophy responds easily and organically to the demands for the reconciliation as a means of restoring the equilibrium of the flow of life when its disturbed” (Nabudere, 2005). As the national court interventions often disharmonize the community by applying the “winner takes it all” approach, and are sometimes considered to be corrupt, there is a strong tendency for the communities to insist on bringing the offender to the AIJS tribunal (Elechi, Morris, & Schauer, 2010).

African Indigenous Justice System is a great example of Ubuntu values in action. The system operates on the cultural norm that important decision should be reached by consensus of the whole group as opposed to the majority opinion. AIJS is characterised by features such as the focus on the effects the offence had on victims and the community, the involvement of the litigants in the active definition of harms and the resolution of the trial, the localisation and decentralisation of authority, the importance of the restoration of harm, the property or relationship, the understanding that the offender might be a victim of the socioeconomic conditions; with the main objective of the justice system being the restoration of relationships, healing, and reconciliation in the community (Elechi, Morris, & Schauer, 2010). Underlying this system is the concept of Ubuntu, which “leads to a way of dealing with the social problems which are very different from the Western legalistic, rule-based system which had become the global default” (Baggini, 2018).

One of the reasons why AIJS can be considered exemplary is its ability to avoid the alienation of the Western courts in which the victim, the offender, and everybody else seem to be represented, but neither victim nor offender can directly participate in the decision making. The system which emphasises reconciliation and in which the community is in charge of the process is arguably much more effective in the African setting, where communities are generally familiar and close-knit. As the offender is still considered a part of the community and is still expected to contribute to its surroundings in the future, the participation in the trial and the decision making is important to the reconciliation: “unlike adjudicated justice, negotiated justice is not a winner take it all justice. Resolution can be reached where the offender, the community, and the victim are each partially wrong” (Elechi, Morris, & Schauer, 2010). As there is very little hope for an offender to be reintegrated into a close community without forgiving and forgiveness from both parties, this type of approach is pivotal.

Another interesting feature of AIJS is the assumption that the offender is not inherently bad in himself, but is primarily a marginalised victim, who does not have the same opportunities as other members of the community to participate in the economic, political, and social aspects of the group, and who can be made right if both the offender and the community make effort (Elechi, Morris, & Schauer, 2010). This concept differs from the Western Hobbesian idea of human beings being inherently corrupt and is much closer to traditional Western Aristotelian ethics. What makes the African concept different, however, is the focus which is not on the virtue of the person himself, but rather on the relationship the offender has with his family and community which, although violated by the offence, can and should be rebuilt by amendments (Elechi, Morris, & Schauer, 2010).

The Gacaca Trials

The Gacaca trials are the state-administered structure which uses communities (around a thousand of them) as a basis for judicial forums (Meyerstein, 2007). They were introduced by the Rwandan government as an alternative to national justice after the Rwandan genocide.

During the colonial times, Rwanda was indirectly ruled by the colonizers through local authorities, namely the Tutsi minority (Uvin, 1999). The Hutu majority were considered second class citizens and by the time of independence were holding deep grievances. The Rwandan Revolution of 1959-1961 overthrew the monarchy and the ruling Tutsi elite. After the independence from the colonial regime, Rwanda was ruled by the Party of Hutu Emancipation Movement, which was supported by the international community on the grounds of the idea that the government is legitimate as it represents the majority of the population – the Hutu (ibid.) During the period of transition, ethnic violence against Tutsi, forcing many of them to leave the country, happened (Rettig, 2008). In 1990 the Rwandan Patriotic Army composed mostly by the Tutsi exiles invaded Rwanda from neighbouring Uganda (ibid.) The incumbent government harnessed the already pre-existing ethnic to unite the Hutu population to fight against the Tutsi rebels. The strategy included finding a scapegoat in an internal Tutsi population that continued to live in Rwanda (Uvin, 1999). The genocide which soon followed took lives of 500,000 to 800,000 people between April and July of the year 1994 when the total population at the time is estimated to have been around 8 million (Drumbl, 2020). More than 100,000 people were accused and waited in detention for trials, creating a great burden on a Rwandan county (Schabas, 2005).

According to Meyerstein (2007), the Gacaca trials were a response to the failure of the Western-styled nation court to process all the suspects of the genocide. Gacaca trials were based on indigenous local justice, with Ubuntu ethics being an underlying element of the system. The trials were traditionally informal, organic, and patriarchal, but the Rwandan government modernized the indigenous justice system by establishing an organizational structure, and, among other things, making the participation of women a requirement (Drumbl, 2020). 

The application of Gacaca trails to do justice after the genocide was not always well received by the international community. The trials received criticism for not complying with the international standards for the distribution of justice. For example, Amnesty International invoked Article 14 of the ICCPR and stated that Gacaca trials violated the right of the accused to be presumed innocent and to the free trial (Meyerstein, 2007). There are, undoubtedly, many problems that can be assigned to the system of Gacaca when it comes to the strict norms of the international norms. 

The judges are drawn from the community and arguably lack the official legal training, the punitive model of the trials that arguably have served for many as an opportunity for personal revenge, and the aforementioned lack of legal protection for the accused are a few of many problems faced by the Gacaca trials (Rettig, 2008). Furthermore, the Gacaca trials excluded the war criminals from the prosecution – there were many cases of the killings of Hutu civilians by Tutsis that formed the part of the Rwandan Patriotic Front army (Corey & Joireman, 2004). This was seen by many as a politicised application of justice, in which, by creating two separate categories of criminals - the crimes of war by the Tutsis that were not the subject of Gacaca and the crimes of the genocide by the Hutus that were dealt with by the trials – the impunity and high moral ground was granted for the Tutsi (ibid). This attitude might bring results that are contrary to the initial goal of the community-based justice - not the reconciliation of the people, but the further division of the society along the ethnic lines. 

However, while the criticism of the Gacaca trials is completely valid, it is also important to understand, that given the limited amount of resources and time, the goal of bringing justice to the victims of the genocide is an incredibly complex mission. In the context of the deeply wounded, post-genocidal society in which the social capital was almost non-existent, the ultimate goal, while having justice as a high priority, was first of all based on Ubuntu ethics and focused more on peace, retribution, and social healing. The utopian perfectness expected by the international community was nearly impossible, and the Gacaca trials met the goal of finding the best possible solutions in the limits of available resources. Furthermore, the criticism of international community often seemed to stem not so much from the preoccupation for the Rwandan citizens, as from the fact that a different approach to justice threatens the homogenizing concept of human rights “which lashes out to squash cultural difference and legal pluralism by criticizing the Gacaca for failures to approximate canonized doctrine” (Meyerstein, 2007).

While it is true that even Rwandan citizens often saw Gacaca as problematic, whether the problems perceived by them were similar to those criticised by the international community is dubious. For example, Rwanda’s Supreme Court’s response to the international criticism was the provision of approach to human rights which, while not denying their objectivity, also advocates for the definition that better suits the local culture and unique circumstances of post-genocide Rwanda (Supreme Court of Rwanda, 2003). After all, the interventions from the part of the Western world on behalf of the universal values have arguably created more violence historically than the defended values should ever allow. The acceptance that Gacaca trials, while imperfect, contributed positively to the post-genocide Rwandan society has the grave implications that human rights are ultimately a product of negotiation between global and local actors” (Meyerstein, 2007) which the West has always refused to accept. However, it is the opinion of this article that exactly the opposite attitude, namely that of better intercultural understanding and the search for the solutions that are not utopian but fit in the margins of the possibilities of a specific society, are the key to both the efficiency and the fairness of a justice system. 

Conclusion

The primary end of the African Indigenous Justice System is to empower the community and to foster reconciliation through a consensus that is made by the offenders, the victims, and the community alike. It encourages to view victims as people who have valuable relationships: they are someone’s daughters, sons, fathers – they are important members of society. Ubuntu is the underlying basis of the Indigenous Justice System and African ethnic in general. While the AIJS seems to be functioning alongside the state’s courts, in the end, the centralization and alienation from the community are undermining these traditional values that flourish in the African setting. The Western legalistic system helps little when it comes to the main goal of justice in Africa – the reconciliation of the community, and more often than not only succeeds in creating further discord. While the criticism of Gacaca trials was undoubtedly valid, it often stemmed from the utopian idealism that did not take the actual situation of a post-genocide Rwanda into consideration or the Western universalism, which was threatened by the introduction of a justice system that in many ways differs from the positivist standard. It is the opinion of this article, therefore, that more autonomy should be granted to the communities that are the basic building blocks of most of the African societies, with the traditional values of Ubuntu being the basis of the African social institutions.

 

BIBLIOGRAPHY

Lexico. (n.d.). Lexico. Retrieved from https://www.lexico.com/definition/ubuntu

Mugumbate, J., & Nyanguru, A. (2013). Exploring African Philosophy: The Value of Ubuntu in Social Work. African Journal of Social Work, 82-100.

Metz, T. (2011). Ubuntu as a moral theory and human rights in South Africa. African Human Rights Law Journal, 532-559.

Metz, T. (2007). Towards an African Moral Theory. The Journal of Political Philosophy.

Lutz, D. W. (2009). African Ubuntu Philosophy and Global Management. Journal of Business Ethics, 313-328.

Hobbes, T. (1651). Leviathan.

Aristoteles. (350 B.C.E.). Politics.

Malisa, M., & Nhengeze, P. (2018). Pan-Africanism: A Quest for Liberation and the Pursuit of a United Africa. Genealogy.

Elechi, O., Morris, S., & Schauer, E. (2010). Restoring Justice (Ubuntu): An African Perspective. International Criminal Justice Review.

Baggini, J. (2018). How the World Thinks: A Global History of Philosophy. London: Granta Books.

Meyerstein, A. (2007). Between Law and Culture: Rwanda's Gacaca and Postolocial Legality. Law & Social Inquiry.

Corey, A., & Joireman, S. (2004). African Affairs. Retributive Justice: the Gacaca Courts in Rwanda.

Nabudere, D. W. (2005). Ubuntu Philosophy. Memory and Reconciliation. Texas Scholar Works, University of Texas Library.

Rettig, M. (2008). Gacaca: Truth, Justice, and Reconciliation in Postconflict Rwanda? African Studies Review.

Supreme Court of Rwanda. (2003). Developments on the subject of the report and different correspondences of Amnesty International. Départements des Jurisdictions Gacaca.

Drumbl, M. A. (2020). Post-Genocide Justice in Rwanda. Journal of International Peacekeeping.

Uvin, P. (1999). Ethnicity and Power in Burundi and Rwanda: Different Paths to Mass Violence. Comparative Politics, 253-271.

Schabas, W. A. (2005). Genocide Trials and Gacaca Courts. Journal of International Criminal Justice, 879-895.

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Visión sobre extracción de minerales en un asteroide, de ExplainingTheFuture.com [Christopher Barnatt]

▲ Visión sobre extracción de minerales en un asteroide, de ExplainingTheFuture.com [Christopher Barnatt]

GLOBAL AFFAIRS JOURNALMario Pereira

 

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INTRODUCCIÓN

Recuerda el astrofísico estadounidense, Michio Kaku, que cuando el presidente Thomas Jefferson compró Luisiana a Napoleón (en 1803) por la astronómica cifra de 15 millones de dólares, estuvo una larga temporada sumido en el más profundo espanto. La razón de ello estribaba en el hecho de que desconoció por largo tiempo si el referenciado territorio (en su mayor parte inexplorado) escondía fabulosas riquezas o, por el contrario, era un páramo sin mayor valor… El paso del tiempo demostró con creces lo primero, así como acreditó que fue entonces cuando se inició la marcha de los pioneros americanos: aquellos sujetos que –al igual que los “Adelantados” castellanos y extremeños en el siglo XVI– se lanzaban hacia lo desconocido en aras de obtener fortuna, descubrir nuevas maravillas y mejorar su posición social.

Los Jefferson de hoy en día, son los Musk y los Bezos, empresarios norteamericanos dueños de enormes emporios financieros, comerciales y tecnológicos, quienes, de la mano de nuevos “pioneros” (un mix entre Julio Verne/Arthur C. Clark y Neil Amstrong/John Glenn) buscan alcanzar la nueva frontera de la Humanidad: la explotación comercial y minera del Espacio Ultraterrestre.

Ante semejante desafío, muchas son las preguntas que podemos (y debemos) formularnos. Aquí intentaremos dar respuesta (siquiera someramente) a si la normativa internacional y nacional existente relativa a la explotación minera de la Luna y de los cuerpos celestes, constituye –o no–, un marco suficiente para la regulación de tales actividades proyectadas.

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Prime Minister Imran Kahn, at the United Nations General Assembly, in 2019 [UN]

▲ Prime Minister Imran Kahn, at the United Nations General Assembly, in 2019 [UN]

ESSAY / M. Biera, H. Labotka, A. Palacios

The geographical location of a country is capable of determining its destiny. This is the thesis defended by Whiting Fox in his book "History from a Geographical Perspective". In particular, he highlights the importance of the link between history and geography in order to point to a determinism in which a country's aspirations are largely limited (or not) by its physical place in the world.[1]

Countries try to overcome these limitations by trying to build on their internal strengths. In the case of Pakistan, these are few, but very relevant in a regional context dominated by the balance of power and military deterrence.

The first factor that we highlight in this sense is related to Pakistan's nuclear capacity. In spite of having officially admitted it in 1998, Pakistan has been a country with nuclear capacity, at least, since Zulfikar Ali Bhutto's government started its nuclear program in 1974 under the name of Project-706 as a reaction to the once very advanced Indian nuclear program.[2]

The second factor is its military strength. Despite the fact that they have publicly refused to participate in politics, the truth is that all governments since 1947, whether civil or military, have had direct or indirect military support.[3] The governments of Ayub Khan or former army chief Zia Ul-Haq, both through a coup d'état, are faithful examples of this capacity for influence.[4]

The existence of an efficient army provides internal stability in two ways: first, as a bastion of national unity. This effect is quite relevant if we take into account the territorial claims arising from the ethnic division caused by the Durand Line. Secondly, it succeeds in maintaining the state's monopoly on force, preventing its disintegration as a result of internal ethnic disputes and terrorism instigated by Afghanistan in the Federally Administered Tribal Areas (FATA region).[5]

Despite its internal strengths, Pakistan is located in one of the most insecure geographical areas in the world, where border conflicts are intermingled with religious and identity-based elements. Indeed, the endless conflict over Kashmir against India in the northeastern part of the Pakistani border or the serious internal situation in Afghanistan have been weighing down the country for decades, both geo-politically and economically. The dynamics of regional alliances are not very favourable for Pakistan either, especially when US preferences, Pakistan's main ally, seem to be mutating towards a realignment with India, Pakistan's main enemy.[6] 

On the positive side, a number of projects are underway in Central Asia that may provide an opportunity for Pakistan to re-launch its economy and obtain higher standards of stability domestically. The most relevant is the New Silk Road undertaken by China. This project has Pakistan as a cornerstone in its strategy in Asia, while it depends on it to achieve an outlet to the sea in the eastern border of the country and investments exceeding 11 billion dollars are expected in Pakistan alone[7]. In this way, a realignment with China can help Pakistan combat the apparent American disengagement from Pakistani interests.

For all these reasons, it is difficult to speak of Pakistan as a country capable of carving out its own destiny, but rather as a country held hostage to regional power dynamics. Throughout this document, a review of the regional phenomena mentioned will be made in order to analyze Pakistan's behavior in the face of the different challenges and opportunities that lie ahead.

History

Right after the downfall of the British colony of the East Indies colonies in 1947 and the partition of India the Dominion of Pakistan was formed, now known by the title of the Islamic Republic of Pakistan. The Partition of India divided the former British colony into two separated territories, the Dominion of Pakistan and the Dominion of India. By then, Pakistan included East Pakistan (modern day) Pakistan and Oriental Pakistan (now known as Bangladesh).

It is interesting to point out that the first form of government that Pakistan experienced was something similar to a democracy, being its founding father and first Prime Minister Muhammad Ali Jinnah. Political history in Pakistan consists of a series of eras, some democratically led and others ruled by the military branch which controls a big portion of the country.

—The rise of Pakistan as a Muslim democracy: 1957-1958. The era of Ali Jinnah and the First Indo-Pakistani war.

—In 1958 General Ayub Khan achieved to complete a coup d’état in Pakistan due to the corruption and instability.

—In 1971 General Khan resigned his position and appointed Zulfikar Ali Bhutto as president, but, lasted only 6 years. The political instability was not fruitful and rivalry between political parties was. But in 1977 General Zia-ul-Haq imposed a new order in Pakistan.

—From 1977 to 1988 Zia-ul-Haq imposed an Islamic state.

—In the elections of 1988 right after Zia-ul-Haq’s death, President Benazir Bhutto became the very first female leader of Pakistan. This period, up to 1999 is characterized by its democracy but also, by the Kargil War.

—In 1999 General Musharraf took control of the presidency and turned it 90º degrees, opening its economy and politics. In 2007 Musharraf announced his resignation leaving open a new democratic era characterized by the War on Terror of the United States in Afghanistan and the Premiership of Imran Khan.

 

 

Human and physical geography

The capital of Pakistan is Islamabad, and as of 2012 houses a population of 1,9 million people. While the national language of Pakistan is English, the official language is Urdu; however, it is not spoken as a native language. Afghanistan is Pakistan’s neighbor to the northwest, with China to the north, as well as Iran to the west, and India to the east and south.[8]

Pakistan is unique in the way that it possesses many a geological formation, like forests, plains, hills, etcetera. It sits along the Arabian Sea and is home to the northern Karakoram mountain range, and lies above Iranian, Eurasian and Indian tectonic plates. There are three dominant geographical regions that make up Pakistan: the Indus Plain, which owes its name to the river Indus of which Pakistan’s dominant rivers merge; the Balochistan Plateau, and the northern highlands, which include the 2nd highest mountain peak in the world, and the Mount Godwin Austen.[9] Pakistan’s traditional regions are a consequence of progression. These regions are echoed by the administrative distribution into the provinces of Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa which includes FATA (Federally Administered Tribal Areas) and Balochistan.

Each of these regions is “ethnically and linguistically distinct.”[10] But why is it important to understand Pakistan’s geography? The reason is, and will be discussed further in detail in this paper, the fact that “terror is geographical” and Pakistan is “at the epicenter of the neo-realist, militarist geopolitics of anti-terrorism and its well-known manifestation the ‘global war on terror’...”[11]

Punjabi make up more than 50% of the ethnic division in Pakistan, and the smallest division is the Balochi. We should note that Balochistan, however small, is an antagonistic region for the Pakistani government. The reason is because it is a “base for many extremist and secessionist groups.” This is also important because CPEC, the Chinese-Pakistan Economic Corridor, is anticipated to greatly impact the area, as a large portion of the initiative is to be constructed in that region. The impact of CPEC is hoped to make that region more economically stable and change the demography of this region.[12]

The majority of Pakistani people are Sunni Muslims, and maintain Islamic tradition. However, there is a significant number of Shiite Muslims. Religion in Pakistan is so important that it is represented in the government, most obviously within the Islamic Assembly (Jamāʿat-i Islāmī) party which was created in 1941.[13]

This is important. The reason being is that there is a history of sympithism for Islamic extremism by the government, and giving rise to the expansion of the ideas of this extremism. Historically, Pakistan has not had a strict policy against jihadis, and this lack of policy has poorly affected Pakistan’s foreign policy, especially its relationship with the United States, which will be touched upon in this paper.

Current Situation: Domestic politics, the military and the economy

Imran Khan was elected and took office on August 18th, 2018. Before then, the previous administrations had been overshadowed by suspicions of corruption. What also remained important was the fact that his election comes after years of a dominating political power, the Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) and Pakistan People’s Party (PPP). Imran Khan’s party, the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) surfaced as the majority in the Pakistan’s National Assembly. However, there is some debate by specialists on how prepared the new prime minister is to take on this extensive task.

Economically, Pakistan was in a bad shape even before the global Coronavirus-related crisis. In October 2019, the IMF predicted that the country's GDP would increase only 2.4% in 2020, compared with 5,2% registered in 2017 and 5,5% in 2018; inflation would arrive to 13% in 2020, three times the registered figure of 2017 and 2018, and gross debt would peak at 78.6%, ten points up from 2017 and 2018.[14] This context led to the Pakistani government to ask for a loan to the IMF, and a $6 billion loan was agreed in July 2019. In addition, Pakistan got a $2 billion from China. Later on, because of the Covid-19 pandemic, the IMF worsened its estimations on Pakistan's economy, and predicted that its GDP would grow minus 1.5% in 2020 and 2% in 2021.[15]

Throughout its history, Pakistan has been a classic example of a “praetorian state”, where the military dominates the political institutions and regular functioning. The political evolution is represented by a routine change “between democratic, military, or semi military regime types.” There were three critical pursuits towards a democratic state that are worth mentioning, that started in 1972 and resulted in the rise of democratically elected leaders. In addition to these elections, the emergence of new political parties also took place, permitting us to make reference to Prime Minister Imran Khan’s party, the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).[16]

Civilian - military relations are characterized by the understanding that the military is what ensures the country’s “national sovereignty and moral integrity”. There resides the ambiguity: the intervention of the military regarding the institution of a democracy, and the sabotage by the same military leading it to its demise. In addition to this, to the people of Pakistan, the military has retained the impression that the government is incapable of maintaining a productive and functioning state, and is incompetent in its executing of pertaining affairs. The role of the military in Pakistani politics has hindered any hope of the country implementing a stable democracy. To say the least, the relationship between the government and the resistance is a consistent struggle.[17]

The military has extended its role today with the China-Pakistan Economic Corridor. The involvement of the military has affected “four out of five key areas of civilian control”. Decision making was an area that was to be shared by the military and the people of Pakistan, but has since turned into an opportunity for the military to exercise its control due to the fact that CPEC is not only a “corporate mega project” but also a huge economic opportunity, and the military in Pakistan continues to be the leading force in the creation of the guidelines pertaining to national defense and internal security. Furthermore, accusations of corruption have not helped; the Panama Papers were “documents [exposing] the offshore holdings of 12 current and former world leaders.”[18] These findings further the belief that Pakistan’s leaders are incompetent and incapable of effectively governing the country, and giving the military more of a reason to continue and increase its interference. In consequence, the involvement of civilians in policy making is declining steadily, and little by little the military seeks to achieve complete autonomy from the government, and an increased partnership with China. It is safe to say that CPEC would have been an opportunity to improve military and civilian relationships, however it seems to be an opportunity lost as it appears the military is creating a government capable of functioning as a legitimate operation.[19]

 


[1] Gottmann, J., & Fox, E. W. (1973). History in Geographic Perspective: The Other France. Geographical Review.

[2] Tariq Ali (2009). The Duel: Pakistan on the Flight Path of American Power

[3] Marquina, A. (2010). La Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. 28, 441–446.

[4] Tariq Ali (2009). Ibíd.

[5] Sánchez de Rojas Díaz, E. (2016). ¿Es Paquistán uno de los países más conflictivos del mundo? Los orígenes del terrorismo en Paquistán.

[6] Ríos, X. (2020). India se alinea con EE.UU

[8] Szczepanski, Kallie. "Pakistan | Facts and History." ThoughtCo. 

[9] Pakistan Insider. “Pakistan's Geography, Climate, and Environment.” Pakistan Insider, February 9, 2012.

[10] Burki, Shahid Javed, and Lawrence Ziring. “Pakistan.” Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., March 6, 2020.

[11] Mustafa, Daanish, Nausheen Anwar, and Amiera Sawas. “Gender, Global Terror, and Everyday Violence in Urban Pakistan.” Elsevier. Elsevier Ltd., December 4, 2018

[12] Bhattacharjee, Dhrubajyoti. “China Pakistan Economic Corridor (CPEC).” Indian Council of World Affairs, May 12, 2015

[13] Burki, Shahid Javed, and Lawrence Ziring. Ibíd.

[14] IMF, “Economic Outlook”, October 2019.

[15]  IMF, “World Economic Outlook”, April 2020.

[16]  Wolf, Siegfried O. “China-Pakistan Economic Corridor, Civil-Military Relations and Democracy in Pakistan.” SADF Working Paper, no. 2 (September 13, 2016)

[17] Ibíd.

[18]Giant Leak of Offshore Financial Records Exposes Global Array of Crime and Corruption.The International Consortium of Investigative Journalists, April 3, 2016. 

[19] Wolf, Siegfried O. Ibíd.

Categorías Global Affairs: Asia Orden mundial, diplomacia y gobernanza Ensayos

[Joseph S. Nye. Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump. Oxford University Press. New York, 2020. 254 pag.]

RESEÑAEmili J. Blasco

Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to TrumpLa pregunta que sirve de título al nuevo libro de Jospeh Nye, conocido por el gran público por haber acuñado la expresión poder blando, no es una concesión al pensamiento secularizado, como una falta de atrevimiento para aseverar de entrada la conveniencia de la reflexión ética en las decisiones sobre política exterior, una importancia que, a pesar del interrogante, se intuye que es defendida por el autor.

En realidad, la pregunta, en sí misma, es un planteamiento clave en la disciplina de las relaciones internacionales. Un enfoque común es ver el escenario mundial como una conjunción de estados que pugnan entre sí, en una dinámica anárquica donde impera la ley del más fuerte. Internamente, el estado puede moverse por criterios de bien común, atendiendo a las distintas necesidades de sus habitantes y tomando decisiones de ámbito nacional o local a través de procesos democráticos. Pero más allá de las propias fronteras, la legitimidad otorgada por los propios electores ¿no exige al mandatario que sobre todo garantice la seguridad de sus ciudadanos frente a amenazas exteriores y que vele por el interés nacional frente al de otros estados?

El hecho de que el estado sea el sujeto básico en las relaciones internacionales marca, desde luego, una línea divisoria entre los dos ámbitos. Y por tanto la pregunta de si el discernimiento ético que se exige al mandatario en el ámbito interior debe reclamársele también en el exterior es plenamente pertinente.

Solo desde posiciones extremas que consideran que el estado es un lobo para el estado, aplicando al orden (desorden) internacional el principio hobbesiano (y aquí no habría un supraestado que disciplinara esa tendencia del estado-individuo), puede defenderse que la amoralidad rija el todos contra todos. En un escalón más abajo está el llamado realismo ofensivo y, en un peldaño inferior, el defensivo.

Nye, estudioso de las relaciones internacionales, considera que la teoría realista es un buen punto de partida para todo mandatario a la hora de definir la política exterior de un país, dado que debe guiarse especialmente por la ética de la responsabilidad, pues cumple un “papel fiduciario”. “El primer deber moral de un presidente es el de un fideicomiso, y esto comienza por asegurar la supervivencia y seguridad de la democracia que le ha elegido”. Pero a partid de aquí también debe explorarse qué posibilidades existen para la colaboración y el beneficio mutuo internacional, no cerrando de entrada la puerta a planteamientos del liberalismo o cosmopolitismo.

“Cuando la supervivencia está en peligro, el realismo es una base necesaria para una política exterior moral, aunque no suficiente”, afirma Nye, para quien se trata de una “cuestión de grado”. “Dado que nunca hay perfecta seguridad, la cuestión moral es qué grado de seguridad debe ser asegurada antes que otros valores como el bienestar, la identidad o los derechos formen parte de la política exterior de un presidente”. Y añade: “Muchas de las decisiones morales más difíciles no son todo o nada [...] Las decisiones morales difíciles están en el medio. Si bien es importante ser prudente acerca de los peligros de una pendiente resbaladiza, las decisiones morales descansan en ajustar los fines y los medios entre sí”. Llega a concluir que “el mantenimiento de instituciones y regímenes internacionales es parte del liderazgo moral”.

Nye echa mano desde el comienzo del libro a las tres condiciones que tradicionalmente han puesto los tratados de moral para juzgar una acción como éticamente buena: que sean buenos a la vez la intención, los medios y las consecuencias.

Utilizando esos tres baremos, el autor analiza la política exterior de cada uno de los presidentes estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial y establece una clasificación final en la que combina tanto la moralidad de su actuación en la escena internacional como la efectividad de su política (porque puede darse el caso de una política exterior ética, pero que favorezca poco los intereses nacionales de un país).

Así, de los catorce presidentes, considera que los cuatro con mejor nota en esa combinación son Roosevelt, Truman, Eisenhower y Bush I. En el medio sitúa a Reagan, Kennedy, Ford, Carter, Clinton y Obama. Y como los cuatro peores menciona a Johnson, Nixon, Bush II y (“tentativamente por incompleto”) Trump. Hecha la clasificación, Nye advierte que puede haber primado las administraciones demócratas para las que trabajó.

El libro es un rápido repaso de la política exterior de cada presidencia, destacando las doctrinas de los presidentes, sus aciertos y fracasos (además de examinar el componente ético), por lo que también es interesante como historia sucinta de las relaciones internacionales de Estados Unidos de los últimos ochenta años.

Al aspecto de la moralidad quizá le falte un mayor fundamento académico, tratándose de una disciplina especialmente estudiada ya desde la era escolástica. Pero el propósito de Nye no era profundizar en esa materia, sino ofrecer un breve estudio de moral aplicada.

Leer a Nye siempre resulta sugerente. Entre otras reflexiones que realiza podría destacarse la idea de las nuevas perspectivas que se habrían abierto para el mundo si tiempos especialmente propicios hubieran coincidido en el calendario. En concreto, sugiere que si Breznev y su generación gerontocrática se hubieran marchado antes y la URSS se hubiera visto acuciada también antes por los graves problemas económicos, Gorbachov hubiera podido llegar al poder coincidiendo con la presidencia de Carter; lo que hubieran logrado juntos es, no obstante, terreno de la especulación.

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A view of the Badshahi Mosque, in Lahore, capital of the Punjab province [Pixabay]

▲ A view of the Badshahi Mosque, in Lahore, capital of the Punjab province [Pixabay]

STRATEGIC ANALYSIS REPORT / Naomi Moreno, Alejandro Puigrefagut, Ignacio Yárnoz

 

Operation Checkmate: Pakistan in a crossfire between world powersDownload the document [pdf. 1,4MB]

 

EXCECUTIVE SUMMARY

This report has been aimed at examining the future prospects for Pakistan in the 2025 horizon in relation to other States and to present various scenarios through a prospective strategic analysis.

The research draws upon the fact that, despite the relatively short space of time, Pakistan is likely to undergo several important changes in its international affairs and thus feel forced to rethink its foreign policy. This strategic analysis suggests there could be considerable estrangement between the U.S. and Pakistan and, therefore, the American influence will decrease considerably. Their security alliance could terminate, and Pakistan would cease to be in U.S.’ sphere of influence. Moreover, with the new BRI and CPEC projects, China could move closer to Pakistan and finally become its main partner in the region. The CPEC is going to become a vital instrument for Pakistan, so it could significantly increase Chinese influence. Yet, the whole situation risks jeopardizing Pakistan’s sovereign independence.

India-Pakistan longstanding dispute over Kashmir seems to be stagnated and will possibly remain as such in the following years. India has taken steps to annex its administered territory in Jammu and Kashmir and Pakistan could potentially follow. The possibility of an open conflict and a nuclear standoff remains possible as both nuclear powers have very different strategies and conceptions which could lead to a misinterpretation and a nuclear escalation. 

In the quest to rethink its foreign policy, the U.S.-Taliban peace and the empowerment of the group has come as a bolt from the sky for Pakistan. Through its ties with the Taliban, Pakistan could gain itself a major presence in the region namely by reaching out to Central Asia and advance its interest to curtail India’s influence. Amid a dire economic crisis, with regards to the Saudi Iranian Cold War, Pakistan could seek a way in which it can recalibrate its stance in favor of the resource-rich Saudi alliance while it appeases sectarian groups who could strongly oppose this potential policy.

 Pakistan ought to acknowledge that significant changes ought to be made in both the national and international sphere and that decisive challenges lay ahead.

Categorías Global Affairs: Asia Orden mundial, diplomacia y gobernanza Informes

Pekín ha anunciado la construcción de una quinta base, igualando en número las que tiene Estados Unidos

Si bien existe un amplio seguimiento internacional sobre la toma de posiciones de las grandes potencias en el Ártico, dado que el calentamiento global abre rutas de comercio y posibilidades de explotación de recursos, los movimientos geopolíticos en torno a la Antártida pasan más desapercibidos. Congelada cualquier reivindicación nacional por los acuerdos vigentes sobre el continente del polo Sur, los pasos que dan las superpotencias son menores, pero también significativos. Como en el Ártico, China es un nuevo jugador, y está incrementando su apuesta.

Campamento compartido para la investigación científica en la Antártida [Pixabay]

▲ Campamento compartido para la investigación científica en la Antártida [Pixabay]

ARTÍCULOJesús Rizo

La Antártida es el continente más meridional y al mismo tiempo más extremo por sus condiciones geográficas y térmicas, que limitan seriamente su habitabilidad. La presencia humana es casi imposible en la llamada Antártida Oriental, situada a dos mil metros de altura sobre el nivel del mar y que constituye más de dos tercios del continente, siendo este, pues, el de mayor altitud media. Además, como la Antártida no es un océano, como ocurre con el Ártico, no se ve afectada, más que en su perímetro continental, por el incremento de la temperatura de los mares a causa del cambio climático.

A esas dificultades para la presencia humana se añaden las limitaciones impuestas por las disposiciones internacionales, que han aplicado una moratoria para cualquier reivindicación de soberanía o explotación comercial, algo que no sucede en el Ártico. La actuación en la Antártida está fuertemente determinada por el Tratado Antártico (Washington, 1959) que, en sus artículos I y IX, reserva el continente para investigación científica y actuaciones de carácter pacífico. Además, prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos (artículo V), y toda medida no pacífica de carácter militar (artículo I).

Este tratado lo complementan y desarrollan tres documentos más: la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA, Canberra, 1980), la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (CCFA, Londres, 1988) y el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Madrid, 1991), el cual prohíbe “cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica” hasta 2048. En definitiva, el llamado Sistema del Tratado Antártico (STA) “blinda” la región antártica frente a la explotación de sus recursos y al incremento de las tensiones internacionales, puesto que, además de lo anterior, congela las reclamaciones territoriales mientras tenga vigencia. No obstante, esto no impide que las potencias globales también busquen tener un pie en la Antártida.

La actuación más reciente corresponde a la República Popular China, que aspira a tener gran protagonismo en la zona, como ocurre en el Ártico. Contando ya con cuatro bases científicas en el continente austral (las bases antárticas Gran Muralla, Zhongshan, Kunlun y Taishan, las dos primeras permanentes y las dos últimas funcionales en verano), el noviembre pasado anunció la construcción de su quinta base (igualando así en número a Estados Unidos). La nueva instalación, en el mar de Ross, estaría operativa en 2022.

En relación con estas estaciones científicas, desde la llega al poder de Xi Jinping en 2013, China está buscando crear una Zona Antártica Especialmente Administrada, para la protección del medioambiente en torno a la base de Kunlun, algo a lo que se resisten sus vecinos regionales, puesto que daría a Pekín dominio sobre las actividades que allí se llevan a cabo. Esta es la base china con mayor protagonismo, esencial para sus estudios en materia astronómica y, por ende, para el desarrollo del BeiDou, sistema chino de navegación satelital, fundamental para la expansión y modernización de sus fuerzas armadas y que rivaliza con los sistemas GPS (Estados Unidos), Galileo (UE) y GLONASS (Rusia). A este respecto y en vista de las implicaciones militares que posee la Antártida, el Tratado estableció la posibilidad de que cualquier país realizara inspecciones a cualquiera de las bases allí presentes, como una forma de asegurar el cumplimiento de las predisposiciones del acuerdo (artículo VII). Sin embargo, la peligrosidad y coste de estas inspecciones han hecho que se reduzcan considerablemente, por no mencionar que la base de Kunlun se encuentra en una de las regiones climatológicamente más hostiles del continente.

Por otro lado, China cuenta actualmente con dos rompehielos, el Xue Long I y el Xue Long II, este último construido íntegramente en territorio chino con la asistencia de la finlandesa Aker Arctic. Los expertos consideran que, tras la construcción de este buque, la República Popular podría estar cerca de la construcción de rompehielos de propulsión nuclear, algo que actualmente solo lleva a cabo Rusia y que tendría consecuencias de alcance global.

Pero la importancia de la Antártida para China no sólo se refleja en los avances técnicos y tecnológicos que está realizando, sino también en sus relaciones bilaterales con países próximos al continente austral como Chile o Brasil, el primero con estatus consultivo original, y con reclamación territorial en el STA; el segundo con estatus consultivo únicamente. El pasado septiembre, el país andino mantuvo con la República Popular la primera reunión del Comité Conjunto de Cooperación Antártica, en la cual, entre otros asuntos, se trató el uso del puerto de Punta Arenas por parte de China como base para el abastecimiento de personal y materiales a sus instalaciones antárticas, conversaciones que requerirán de mayor profundización. En cuanto a Brasil, la empresa china CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation) financió en enero una nueva base antártica brasileña por valor de 100 millones de dólares.

 

Ubicación aproximada de las principales bases antárticas. En azul, las bases de Estados Unidos; en rojo, las de Rusia, y en amarillo, las de China.

Ubicación aproximada de las principales bases antárticas. En azul, las bases de Estados Unidos; en rojo, las de Rusia, y en amarillo, las de China.

 

Por último, cabe analizar el peso estadounidense y ruso en la Antártida, aunque previsiblemente será China quien adquiera mayor importancia en la región, al menos hasta la apertura del Protocolo de Madrid para su revisión en 2048. Estados Unidos posee tres bases permanentes (las bases McMurdo, Amundsen-Scott South Pole Station y Palmer) y dos únicamente de verano (las bases Copacabana y Cabo Shirreff), por lo que la construcción de la nueva base china igualará el número total de las bases estadounidenses.

Por su parte, Rusia, potencia dominante del Ártico, lo es también de su contraparte meridional, al menos en cuento el número de bases, ya que cuenta con seis, de las cuales cuatro son de funcionamiento anual (Mirni, Novolazárevskaya, Progrés y Vostok) y las otras dos únicamente en período estival (Bellingshausen y Molodiózhnaya). No obstante, conviene precisar que Rusia no ha abierto ninguna base antártica desde que cayó la URSS, siendo la más reciente Progrés (1988), si bien es cierto que ha intentado, por ejemplo, reabrir la base soviética Russkaya, sin éxito. También Estados Unidos estableció la mayoría de sus bases antárticas en plena Guerra Fría, en los años 50 y 60, salvo las dos de período estival (Copacabana en 1985 y Cabo Shirreff en 1991).

China, por el contrario, abrió la base Gran Muralla en 1985, la base Zhongshan en 1989, la Kunlun en 2009 y la Taishan en 2014 y, como ya se ha dicho, tiene una nueva pendiente para 2022.

Además de los países mencionados, otra veintena dispone de bases de investigación en la Antártida, entre ellos España, que tiene estatus consultivo en el Tratado Antártico. España cuenta con dos bases estivales en las islas Shetland del Sur, la base Juan Carlos I (1988) y la Gabriel de Castilla (1998). También cuenta con un campamento científico temporal situado en la Península Byers de la Isla Livingston.

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El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Covid-19

COMENTARIOCarlos Jalil

El Covid-19 ha obligado a muchos estados a tomar medidas extraordinarias para proteger el bienestar de sus ciudadanos. Esto incluye la suspensión de ciertos derechos humanos por motivos de emergencia pública. Derechos como la libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de reunión y privacidad, se ven afectados por las respuestas estatales a la pandemia. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿Afectan los estados indebidamente la libertad de expresión cuando combaten las noticias falsas? ¿Restringen indebidamente nuestra libertad de movimiento y reunión o incluso nos privan de nuestra libertad? ¿Infringen nuestro derecho a la privacidad con las nuevas aplicaciones de rastreo? ¿Está justificado?

Para proteger la salud pública, los tratados de derechos humanos permiten a los estados adoptar medidas que pueden restringir derechos. El artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) establecen que en situaciones de emergencia pública que amenazan la vida de la nación, los estados pueden tomar medidas y derogar sus obligaciones establecidas en dichos tratados. Del mismo modo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), permite a los estados parte suspender sus obligaciones en situaciones de emergencia que amenazan la independencia o seguridad de la nación.

Durante la pandemia, algunos estados han declarado estado de emergencia y, por la imposibilidad de respetar ciertos derechos, han derogado sus obligaciones. Sin embargo, las derogaciones están sujetas a requerimientos. La Observación General 29 sobre Estados de Emergencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece seis condiciones para efectuar derogaciones, que son similares en los tratados mencionados: (1) proclamación oficial de estado de emergencia y emergencia pública que amenace la vida de la nación; (2) proporcionalidad requerida por las exigencias de la situación en cuanto a la duración, cobertura geográfica y base sustantiva; (3) no discriminación (sin embargo el ECHR no incluye esta condición); (4) conformidad con otras obligaciones de derecho internacional; (5) notificación formal de la derogación a los respectivos organismos establecidos por los tratados (estas deben incluir información completa sobre las medidas, sus razones y documentación de leyes adoptadas); y (6) prohibición de derogar derechos no derogables.

La última condición es particularmente importante. Los tratados mencionados (ICCPR, ECHR y CADH) establecen explícitamente los derechos que no pueden ser derogados. Estos, llamados también derechos absolutos, incluyen, inter alia: derecho a la vida, prohibición de la esclavitud y servidumbre, principio de legalidad y retroactividad de la ley, y libertad de conciencia y religión.

Sin embargo, las derogaciones no siempre son necesarias. Hay derechos que, por el contrario, no son absolutos y tienen la inherente posibilidad de ser limitados, para lo cual no es necesario que un estado derogue sus obligaciones bajo los tratados. Esto quiere decir que el estado, por motivos de salud pública, puede limitar ciertos derechos no absolutos sin necesidad de notificar su derogación. Estos derechos no absolutos son: derecho a la libertad de movimiento y reunión, libertad de expresión, derecho a la libertad personal y privacidad. Específicamente, el derecho a la libertad de movimiento y asociación está sujeto a limitaciones por motivos de seguridad nacional, orden y salud pública, o los derechos y libertades de otros. El derecho a la libertad de expresión puede ser limitado por el respeto a los derechos o reputación de otros y por la protección de la seguridad nacional, orden y salud pública. Y los derechos de libertad personal y privacidad pueden ser sujetos de limitaciones razonables de conformidad con las provisiones estipuladas en los tratados de derechos humanos.

A pesar de estas posibilidades, países como Letonia, Estonia, Argentina y Ecuador, los cuales han declarado oficialmente estado de emergencia, han recurrido a la derogación. Consecuentemente, han justificado el Covid-19 como una emergencia que amenaza la vida de la nación, notificando a las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y el Consejo de Europa sobre la derogación de sus obligaciones internacionales en virtud de los tratados mencionados. Por el contrario, la mayoría de los estados adoptando medidas extraordinarias no han procedido a esa derogación, basándose en las limitaciones inherentes a estos derechos. Entre ellos están Italia y España, países gravemente afectados, que no han derogado, sino que han aplicado limitaciones.

Esto un fenómeno interesante porque demuestra las diferencias en las interpretaciones de los estados, también sujetos a sus legislaturas nacionales, sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Claramente existe el riesgo de que estados aplicando limitaciones abusen del estado de emergencia y atenten contra los derechos humanos. Por lo tanto, podría ser que algunos estados interpretan las derogaciones en el sentido de que reflejan su compromiso con el imperio de la ley y el principio de la legalidad. No obstante, es probable que los organismos de derechos humanos encuentren también las medidas adoptadas por los estados que no han derogado consistentes con la situación de la pandemia. Exceptuando, en ambos casos, situaciones de tortura, excesivo uso de la fuerza y otras circunstancias que afecten a los derechos absolutos.

Tras la pandemia, es factible que las cortes y tribunales decidan si las medidas adoptadas fueron necesarias. Pero mientras tanto, los estados deben considerar que las medidas extraordinarias adoptadas deben ser temporales, ateniendo a condiciones adecuadas de salud y dentro del marco de la ley.

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[George Friedman. The Storm Before the Calm. America's Discord, the Coming Crisis of the 2020s, and the Triumph Beyond. Doubleday. New York, 2020. 235 pag.]

RESEÑAE. Villa Corta, E. J. Blasco

The Storm Before the Calm. America's Discord, the Coming Crisis of the 2020s, and the Triumph BeyondEl título del nuevo libro de George Friedman, impulsor en su día de la agencia de análisis geopolítico e inteligencia Stratfor y luego creador de Geopolitical Futures, no hace referencia a la crisis mundial creada la pandemia del Covid-19. Cuando habla de crisis de la década de 2020, que Friedman lleva anticipando hace algún tiempo en sus comentarios y ahora explica por extenso en este libro, se refiere a movimientos históricos profundos y de larga duración, en este caso circunscritos a Estados Unidos.

Más allá, pues, de la pandemia de estos momentos, de algún modo coyuntural y no abordada en el texto (su composición es previa), Friedman avanza que EEUU se reinventará a finales de esta década. Como una máquina que, casi automáticamente, incorpora cambios y correcciones sustanciales cada determinado periodo de tiempo, EEUU se prepara para un nuevo salto. Habrá crisis prolongada, pero EEUU saldrá de ella triunfante, vaticina Friedman. ¿Declive de EEUU? Todo lo contrario.

A diferencia de otros libros suyos anteriores, como Los próximos cien años o Flashpoints, Friedman deja esta vez el análisis geopolítico global de Friedman para centrarse en EEUU. En su reflexión sobre la historia estadounidense, Friedman ve una sucesión de ciclos de aproximada duración. Los actuales están ya en sus fases finales, y la reposición de ambos será coincidente a finales de la década de 2020, en un proceso de crisis y posterior resurgimiento del país. En el terreno institucional se está agotando el ciclo de 80 años comenzado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (el previo venía desde el término de la Guerra de Secesión, en 1865); en el campo socioeconómico, está acabando el ciclo de 50 años iniciado con Ronald Reagan en 1980 (el previo se había prolongado desde el fin de la Gran Recesión y la llegada de Franklin D. Roosevelt a la Casa Blanca).

Friedman no ve a Donald Trump como el catalizador del cambio (su esfuerzo ha sido simplemente el de recuperar la situación creada por Reagan para la clase media trabajadora, afectada por el paro y la pérdida de poder adquisitivo), ni tampoco cree que lo vaya a ser quien pueda sustituirle los próximos años. Más bien sitúa el giro hacia 2028. El cambio, gestado en un tiempo de gran desconcierto, tendrá que ver con el fin de la tecnocracia que domina la vida política e institucional estadounidense y con la disrupción creativa de nuevas tecnologías. El autor quiere denotar la habilidad de EEUU para superar las adversidades y sacar provecho del “caos” para luego tener un crecimiento fructífero.

Friedman divide el libro en tres partes: la creación de la nación como la conocemos, los ciclos atravesados y el pronóstico sobre el que viene. En esta última parte presenta los retos o adversidades a los que se deberá enfrentar el país.

En cuanto a la creación del país, el autor razona sobre el tipo de gobierno creado en Estados Unidos, el territorio en el que se encuentra el país y el pueblo americano. Este último aspecto es, quizá, el más interesante. Define al pueblo estadounidense como un constructo meramente artificial. Eso le lleva a ver a EEUU como una máquina que afina su funcionamiento automáticamente cada cierto tiempo. Como país “inventado”, EEUU se reinventa cuando sus ciclos se agotan.

Friedman presenta la formación del pueblo estadounidense a través tres tipos superpuestos: el vaquero, el inventor y el guerrero. Al vaquero, que busca empezar algo completamente nuevo y de forma “americana”, se debe especialmente el constructo social tan único de EEUU. Al inventor corresponde el ímpetu por el progreso tecnológico y la prosperidad económica. Y la condición de guerrero ha estado presente desde los inicios.

En la segunda parte del libro se aborda la cuestión ya apuntada de los ciclos. Friedman considera que el crecimiento de EEUU ha sido cíclico, en un proceso en el que el país se reinventa cada cierto tiempo para seguir progresando. Después de hacer un recuento de los periodos vividos hasta hora, sitúa el próximo gran cambio de EEUU en esta década que acaba de comenzar. Advierte que la gestación de la siguiente etapa será complicada debido a la acumulación de eventos de los ciclos pasados. Uno de los aspectos sobre los que el país deberá resolver tiene que ver con la paradoja entre el deseo de internacionalizar la democracia y los derechos humanos y el de mantener su seguridad nacional: “liberar al mundo” o asegurar su posición en la esfera internacional.

El momento de cambio presente, en el que de acuerdo con el autor el ciclo institucional y el socioeconómico van a chocar, supone un tiempo de profunda crisis, pero tras ella llegará un largo periodo de calma. Friedman cree que los primeros “temblores” de la crisis se sintieron en las elecciones de 2016, que mostraron una radical polarización de la sociedad estadounidense. El país deberá reformar no solo su complejo sistema institucional, sino también diversos aspectos socioeconómicos.

Esta última parte del libro –dedicada a la resolución de problemas como la crisis de las deudas estudiantiles, el uso de las redes sociales, las construcciones sociales nuevas o la dificultad en el sector educativo–, es probablemente la más importante. Si la mecanicidad y el automatismo en la sucesión de ciclos determinada por Friedman, o incluso su existencia misma, son cuestionables (otros análisis podrían llevar a otros autores considerar distintas etapas), los problemas reales que el país tiene en la actualidad son fácilmente constatables. Así que la presentación de propuestas para su resolución tiene un indudable valor.

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