[Joseph S. Nye. Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump. Oxford University Press. New York, 2020. 254 pag.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

La pregunta que sirve de título al nuevo libro de Jospeh Nye, conocido por el gran público por haber acuñado la expresión poder blando, no es una concesión al pensamiento secularizado, como una falta de atrevimiento para aseverar de entrada la conveniencia de la reflexión ética en las decisiones sobre política exterior, una importancia que, a pesar del interrogante, se intuye que es defendida por el autor.

En realidad, la pregunta, en sí misma, es un planteamiento clave en la disciplina de las relaciones internacionales. Un enfoque común es ver el escenario mundial como una conjunción de estados que pugnan entre sí, en una dinámica anárquica donde impera la ley del más fuerte. Internamente, el estado puede moverse por criterios de bien común, atendiendo a las distintas necesidades de sus habitantes y tomando decisiones de ámbito nacional o local a través de procesos democráticos. Pero más allá de las propias fronteras, la legitimidad otorgada por los propios electores ¿no exige al mandatario que sobre todo garantice la seguridad de sus ciudadanos frente a amenazas exteriores y que vele por el interés nacional frente al de otros estados?

El hecho de que el estado sea el sujeto básico en las relaciones internacionales marca, desde luego, una línea divisoria entre los dos ámbitos. Y por tanto la pregunta de si el discernimiento ético que se exige al mandatario en el ámbito interior debe reclamársele también en el exterior es plenamente pertinente.

Solo desde posiciones extremas que consideran que el estado es un lobo para el estado, aplicando al orden (desorden) internacional el principio hobbesiano (y aquí no habría un supraestado que disciplinara esa tendencia del estado-individuo), puede defenderse que la amoralidad rija el todos contra todos. En un escalón más abajo está el llamado realismo ofensivo y, en un peldaño inferior, el defensivo.

Nye, estudioso de las relaciones internacionales, considera que la teoría realista es un buen punto de partida para todo mandatario a la hora de definir la política exterior de un país, dado que debe guiarse especialmente por la ética de la responsabilidad, pues cumple un “papel fiduciario”. “El primer deber moral de un presidente es el de un fideicomiso, y esto comienza por asegurar la supervivencia y seguridad de la democracia que le ha elegido”. Pero a partid de aquí también debe explorarse qué posibilidades existen para la colaboración y el beneficio mutuo internacional, no cerrando de entrada la puerta a planteamientos del liberalismo o cosmopolitismo.

“Cuando la supervivencia está en peligro, el realismo es una base necesaria para una política exterior moral, aunque no suficiente”, afirma Nye, para quien se trata de una “cuestión de grado”. “Dado que nunca hay perfecta seguridad, la cuestión moral es qué grado de seguridad debe ser asegurada antes que otros valores como el bienestar, la identidad o los derechos formen parte de la política exterior de un presidente”. Y añade: “Muchas de las decisiones morales más difíciles no son todo o nada [...] Las decisiones morales difíciles están en el medio. Si bien es importante ser prudente acerca de los peligros de una pendiente resbaladiza, las decisiones morales descansan en ajustar los fines y los medios entre sí”. Llega a concluir que “el mantenimiento de instituciones y regímenes internacionales es parte del liderazgo moral”.

Nye echa mano desde el comienzo del libro a las tres condiciones que tradicionalmente han puesto los tratados de moral para juzgar una acción como éticamente buena: que sean buenos a la vez la intención, los medios y las consecuencias.

Utilizando esos tres baremos, el autor analiza la política exterior de cada uno de los presidentes estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial y establece una clasificación final en la que combina tanto la moralidad de su actuación en la escena internacional como la efectividad de su política (porque puede darse el caso de una política exterior ética, pero que favorezca poco los intereses nacionales de un país).

Así, de los catorce presidentes, considera que los cuatro con mejor nota en esa combinación son Roosevelt, Truman, Eisenhower y Bush I. En el medio sitúa a Reagan, Kennedy, Ford, Carter, Clinton y Obama. Y como los cuatro peores menciona a Johnson, Nixon, Bush II y (“tentativamente por incompleto”) Trump. Hecha la clasificación, Nye advierte que puede haber primado las administraciones demócratas para las que trabajó.

El libro es un rápido repaso de la política exterior de cada presidencia, destacando las doctrinas de los presidentes, sus aciertos y fracasos (además de examinar el componente ético), por lo que también es interesante como historia sucinta de las relaciones internacionales de Estados Unidos de los últimos ochenta años.

Al aspecto de la moralidad quizá le falte un mayor fundamento académico, tratándose de una disciplina especialmente estudiada ya desde la era escolástica. Pero el propósito de Nye no era profundizar en esa materia, sino ofrecer un breve estudio de moral aplicada.

Leer a Nye siempre resulta sugerente. Entre otras reflexiones que realiza podría destacarse la idea de las nuevas perspectivas que se habrían abierto para el mundo si tiempos especialmente propicios hubieran coincidido en el calendario. En concreto, sugiere que si Breznev y su generación gerontocrática se hubieran marchado antes y la URSS se hubiera visto acuciada también antes por los graves problemas económicos, Gorbachov hubiera podido llegar al poder coincidiendo con la presidencia de Carter; lo que hubieran logrado juntos es, no obstante, terreno de la especulación.

[George Friedman. The Storm Before the Calm. America's Discord, the Coming Crisis of the 2020s, and the Triumph Beyond. Doubleday. New York, 2020. 235 pag.]

RESEÑA / E. Villa Corta, E. J. Blasco

El título del nuevo libro de George Friedman, impulsor en su día de la agencia de análisis geopolítico e inteligencia Stratfor y luego creador de Geopolitical Futures, no hace referencia a la crisis mundial creada la pandemia del Covid-19. Cuando habla de crisis de la década de 2020, que Friedman lleva anticipando hace algún tiempo en sus comentarios y ahora explica por extenso en este libro, se refiere a movimientos históricos profundos y de larga duración, en este caso circunscritos a Estados Unidos.

Más allá, pues, de la pandemia de estos momentos, de algún modo coyuntural y no abordada en el texto (su composición es previa), Friedman avanza que EEUU se reinventará a finales de esta década. Como una máquina que, casi automáticamente, incorpora cambios y correcciones sustanciales cada determinado periodo de tiempo, EEUU se prepara para un nuevo salto. Habrá crisis prolongada, pero EEUU saldrá de ella triunfante, vaticina Friedman. ¿Declive de EEUU? Todo lo contrario.

A diferencia de otros libros suyos anteriores, como Los próximos cien años o Flashpoints, Friedman deja esta vez el análisis geopolítico global de Friedman para centrarse en EEUU. En su reflexión sobre la historia estadounidense, Friedman ve una sucesión de ciclos de aproximada duración. Los actuales están ya en sus fases finales, y la reposición de ambos será coincidente a finales de la década de 2020, en un proceso de crisis y posterior resurgimiento del país. En el terreno institucional se está agotando el ciclo de 80 años comenzado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (el previo venía desde el término de la Guerra de Secesión, en 1865); en el campo socioeconómico, está acabando el ciclo de 50 años iniciado con Ronald Reagan en 1980 (el previo se había prolongado desde el fin de la Gran Recesión y la llegada de Franklin D. Roosevelt a la Casa Blanca).

Friedman no ve a Donald Trump como el catalizador del cambio (su esfuerzo ha sido simplemente el de recuperar la situación creada por Reagan para la clase media trabajadora, afectada por el paro y la pérdida de poder adquisitivo), ni tampoco cree que lo vaya a ser quien pueda sustituirle los próximos años. Más bien sitúa el giro hacia 2028. El cambio, gestado en un tiempo de gran desconcierto, tendrá que ver con el fin de la tecnocracia que domina la vida política e institucional estadounidense y con la disrupción creativa de nuevas tecnologías. El autor quiere denotar la habilidad de EEUU para superar las adversidades y sacar provecho del “caos” para luego tener un crecimiento fructífero.

Friedman divide el libro en tres partes: la creación de la nación como la conocemos, los ciclos atravesados y el pronóstico sobre el que viene. En esta última parte presenta los retos o adversidades a los que se deberá enfrentar el país.

En cuanto a la creación del país, el autor razona sobre el tipo de gobierno creado en Estados Unidos, el territorio en el que se encuentra el país y el pueblo americano. Este último aspecto es, quizá, el más interesante. Define al pueblo estadounidense como un constructo meramente artificial. Eso le lleva a ver a EEUU como una máquina que afina su funcionamiento automáticamente cada cierto tiempo. Como país “inventado”, EEUU se reinventa cuando sus ciclos se agotan.

Friedman presenta la formación del pueblo estadounidense a través tres tipos superpuestos: el vaquero, el inventor y el guerrero. Al vaquero, que busca empezar algo completamente nuevo y de forma “americana”, se debe especialmente el constructo social tan único de EEUU. Al inventor corresponde el ímpetu por el progreso tecnológico y la prosperidad económica. Y la condición de guerrero ha estado presente desde los inicios.

En la segunda parte del libro se aborda la cuestión ya apuntada de los ciclos. Friedman considera que el crecimiento de EEUU ha sido cíclico, en un proceso en el que el país se reinventa cada cierto tiempo para seguir progresando. Después de hacer un recuento de los periodos vividos hasta hora, sitúa el próximo gran cambio de EEUU en esta década que acaba de comenzar. Advierte que la gestación de la siguiente etapa será complicada debido a la acumulación de eventos de los ciclos pasados. Uno de los aspectos sobre los que el país deberá resolver tiene que ver con la paradoja entre el deseo de internacionalizar la democracia y los derechos humanos y el de mantener su seguridad nacional: “liberar al mundo” o asegurar su posición en la esfera internacional.

El momento de cambio presente, en el que de acuerdo con el autor el ciclo institucional y el socioeconómico van a chocar, supone un tiempo de profunda crisis, pero tras ella llegará un largo periodo de calma. Friedman cree que los primeros “temblores” de la crisis se sintieron en las elecciones de 2016, que mostraron una radical polarización de la sociedad estadounidense. El país deberá reformar no solo su complejo sistema institucional, sino también diversos aspectos socioeconómicos.

Esta última parte del libro –dedicada a la resolución de problemas como la crisis de las deudas estudiantiles, el uso de las redes sociales, las construcciones sociales nuevas o la dificultad en el sector educativo–, es probablemente la más importante. Si la mecanicidad y el automatismo en la sucesión de ciclos determinada por Friedman, o incluso su existencia misma, son cuestionables (otros análisis podrían llevar a otros autores considerar distintas etapas), los problemas reales que el país tiene en la actualidad son fácilmente constatables. Así que la presentación de propuestas para su resolución tiene un indudable valor.

▲ Población turística en el distrito de Gjirokastër, al sur del Albania [Pixabay]

ENSAYO / Jan Gallemí

El pasado 24 de noviembre de 2019 el gobierno francés de Enmanuel Macron lideró el veto, junto a otros estados como Dinamarca o los Países Bajos, a la adhesión de las naciones balcánicas de Albania y Macedonia del Norte a la Unión Europea. Según justifica el presidente de la Quinta República francesa, esto es debido a que el mayor número de refugiados económicos que entran en Francia son de los Balcanes, en concreto de la ya mencionada Albania. Este último país presentó su candidatura a la Unión Europea el 28 de abril de 2009 y el 24 de junio de 2014 se acordó por unanimidad de los 28 países de la UE otorgar a Albania el estatus de país candidato a la adhesión. Los motivos por los cuales se justifica ese rechazo vienen dados principalmente por motivos económicos y financieros[1]. También existe una ligera preocupación ante la diversidad que existe en la estructura etnográfica del país y los conflictos que esta podría ocasionar en un futuro, no solo dentro del propio país sino también en su relación con sus vecinos, ante todo con la cuestión de Kosovo y las relaciones con Grecia y Macedonia del Norte[2]. Sin embargo, otro aspecto que también ha sido explorado es el hecho de que la adhesión de Albania supondría la incorporación a la UE del primer estado en que la religión con más número de fieles es la islámica, en concreto de la rama suní. En este ensayo se procederá a analizar el impacto de dicho aspecto y observar cómo o hasta qué punto pueden conjugar o divergir los valores albaneses, principalmente por ser de religión primordialmente islámica, con aquellos en los que se fundamentan el proyecto común europeo.

Evolución del Islam en Albania

Hay que remontarse a la historia para tener en cuenta las causas por las cuales un país europeo como Albania ha desarrollado una estructura social en la cual la religión más profesada por parte de la población es la suní. Por la región geográfica en la que se halla, teóricamente sería más común pensar que Albania tendría un mayor porcentaje de población ortodoxa que suní[3]. El mismo caso se da con Kosovo y Bosnia-Herzegovina. En un principio esta región era mayoritariamente de religión cristiana ortodoxa en el sur (como la mayor parte de los estados balcánicos de hoy en día) debido al hecho de que constituía uno de los muchos territorios que conformaban el imperio Bizantino hasta el siglo XIII, cuando esta nación logró su independencia. Sin embargo, la razón por la cual el Islam está tan presente en Albania, a diferencia de sus estados vecinos, es que fue más influenciada en el aspecto religioso por el imperio Otomano, sucesor del Bizantino. Este cayó en 1453 y sus territorios fueron ocupados por los otomanos, un pueblo turco establecido en aquel momento sobre la península de Anatolia. Según historiadores como Vickers fue entre los siglos XVII y XVIII cuando gran parte de la población albanesa se convirtió al Islam[4]; la causa de ello, como indica a su vez John L. Esposito, fue que para las poblaciones albanesas cambiar de religión suponía librarse de los mayores impuestos que los cristianos debían pagar en el imperio Otomano[5].

La religión en Albania se fue moldeando desde entonces a través de los acontecimientos. Por lo que sabemos gracias a estudios como los de Gawrych en el siglo XIX, la sociedad albanesa se dividía entonces principalmente en tres grupos: católicos, ortodoxos y sunís (estos últimos representaban el 70% de la población). Durante este mismo siglo nacieron muchos de los nacionalismos conocidos de carácter europeo y en los Balcanes se inició la que se conoce como crisis del Este. Durante este periodo muchos pueblos balcánicos se sublevaron contra los otomanos, pero los albaneses, al identificarse con ellos por su religión, inicialmente se mantuvieron fieles al sultán[6]. Debido a este apoyo, se empezó a denominar peyorativamente a los albaneses musulmanes como “turcos”[7]. Esto provocó que el nacionalismo albanés se distanciara del emergente pan-islamismo otomano del sultán Abdualhmid II. De ahí surgió, según Endresen, un renacer nacional albanés denominado Rilindja, el cual buscó el apoyo de las potencias de Europa occidental[8].

Generalmente los movimientos independentistas balcánicos que surgieron en el siglo XIX reforzaron el sentimiento cristiano en contraposición al musulmán, pero en Albania no fue así; como indica Stoppel, tanto cristianos como musulmanes albaneses cooperaron en un objetivo nacional común[9]. Esto fomentó la convivencia entre ambas creencias (ya presente en tiempos anteriores) y permitió la diferenciación de este movimiento con el Helenismo[10]. Cabe destacar que en aquel momento en Albania los musulmanes y los cristianos estaban peculiarmente distribuidos territorialmente: en el norte había más cristianos católicos que no fueron tan influenciados por el imperio otomano y en el sur también predominaban ortodoxos por la frontera con Grecia. El 28 de noviembre de 1912 los albaneses, siendo acaudillados por Ismail Qemali, declararon finalmente la independencia.

El reconocimiento internacional de Albania por el Tratado de Londres supuso la imposición de una monarquía cristiana, lo que conllevó la indignación de los albaneses musulmanes, que según las estimaciones suponían el 80% de la población, y provocó la denominada revuelta islámica. La revuelta fue liderada por Essad Pasha Toptani, quien se declaraba como “salvador de Albania y del Islam” y se rodeó de clérigos descontentos. Sin embargo, durante el periodo de la Primera Guerra mundial, los nacionalistas albaneses se dieron cuenta enseguida de que las diferencias religiosas podrían ocasionar la fracturación del propio país y decidieron romper lazos con el mundo musulmán con la intención de poder tener “una Albania común”, lo que llevó a que Albania se declarara como un país sin religión oficial; esto permitió la formación de un gobierno con representación de las cuatro creencias religiosas principales: suní, bektashi, católica y ortodoxa. Las elites secularistas albanesas programaron una reforma del Islam que fuera más acorde con las tradiciones de Albania para que el país se diferenciase más de Turquía, y se nacionalizaron las instituciones religiosas. A partir de 1923 el Congreso Nacional Albanés acabó realizando los cambios desde una perspectiva muy semejante a la del liberalismo occidental. Las reformas más importantes fueron la supresión del hiyab y la ilegalización de la poligamia, y se implementó una forma distinta de orar que substituía el ritual del Salat. Pero el mayor cambio fue la substitución de la sharia por leyes semejantes a las occidentales.

Durante la Segunda Guerra Mundial Albania fue ocupada por la Italia fascista y en 1944 acabó imponiéndose un régimen comunista bajo el liderazgo de Enver Hoxha. Este régimen comunista veía en las distintas creencias religiosas del país un peligro para mantener la seguridad del gobierno autoritario, y por ello declaró a Albania como el primer estado oficialmente ateo y propuso la persecución de las distintas prácticas religiosas. De esta manera se impusieron leyes represivas que impedían profesar las fe católica u ortodoxa, y prohibían a los musulmanes leer o poseer el Corán. En 1967 el gobierno demolió hasta 2.169 edificios de carácter religioso y el resto los transformó en edificios públicos. De 1.127 edificios que guardaban alguna relación con el Islam en aquella época, tan solo se conservan hoy en día unos 50, y en muy malas condiciones[11]. Se considera que el impacto de este tipo de persecución se vio reflejado en el incremento de no creyentes dentro de la población albanesa. Entre 1991 y 1992 una serie de protestas acabó con el régimen. En esta nueva Albania democrática, el Islam volvió a ser la religión predominante, pero se prefirió mantener la aconfesionalidad del estado para garantizar la armonía entre las distintas creencias.

Influencias del campo internacional

Teniendo en cuenta esa realidad de Albania de país con mayoría de población islámica, pasamos a analizar el impacto que supondría su adhesión a la Unión Europea y hasta qué punto los valores de ambas se contradicen o conjugan.

Para empezar, si todo esto se analiza desde una perspectiva basada en la teoría del “constructivismo”, como la propuesta por Helen Bull, puede verse cómo Albania desde los inicios de su historia ha sido un territorio cuya estructura social ha estado fuertemente influenciada por la interacción de los distintos actores internacionales. Durante los años en los que formaba parte del imperio Bizantino, absorbió en gran medida los valores ortodoxos; cuando fue ocupado por los otomanos, la mayor parte de su población adoptó la religión islámica. De la misma manera, durante la desotomanización de los Balcanes, el país adoptó corrientes de pensamiento político tales como el liberalismo debido a la influencia de las potencias de Europa occidental. Eso generó un ánimo de crear un gobierno constitucionalista y parlamentarista cuya visión de la política no se basara en ninguna moral religiosa[12]. También puede verse que el régimen comunista se impuso en un contexto común al de los demás estados de Europa del Este. A la par también volvió a la senda democrática como consecuencia de la caída de la URSS, aun a pesar de que Albania no mantuviera buenas relaciones con el Pacto de Varsovia desde el año 1961.

Desde que Albania presentó su candidatura a la UE, esos valores liberales se han vuelto a fortalecer. En concreto, Albania se esfuerza por mejorar sus infraestructuras y por erradicar la corrupción y el crimen organizado. Por lo que puede observarse que la sociedad albanesa siempre se adapta a ser parte de una organización supra gubernamental. Esto es un aspecto importante porque significa que lo más probable es que el país participe activamente en las propuestas realizadas por la Comisión europea, sin dejarse llevar por los valores sociales internos. No obstante, esto a su vez otorga un punto a favor de aquellos eurodiputados que alegaron que la decisión de veto se trataba de un error histórico. Puesto que si no se aliena con la UE, Albania podría alienarse con otros actores internacionales. Según los propios eurodiputados estos podrían ser Rusia o China.

Sin embargo, hay dos limitaciones ante esta afirmación. La primera es que desde 2012 Albania es miembro de la OTAN, por lo que en parte ya está alienada con Occidente en el aspecto militar. Pero importa más un segundo aspecto, y es que Albania ya intentó durante la Guerra fría alienarse con Rusia y China, pero comprobó que esto le suponía efectos negativos pues le constituía en un estado satélite. Por otro lado, y aquí es donde los valores islámicos entran en juego, Albania hoy en día forma parte de organizaciones de naturaleza islámica como la OIC (Organization of Islamic Cooperation). Por lo que el rechazo de la UE podría suponer el realineamiento de Albania con otros estados islámicos, como los árabes o Turquía. El propio gobierno de Turquía, actualmente liderado por el partido de Erdogan, posee una naturaleza neo-otomanista: pretende acercar a su influencia los estados que anteriormente constituyeron el imperio Otomano. Albania está siendo influenciada por ese neo-otomanismo y un rechazo europeo podría devolverla al seno de esta concepción[13]. Además, si se acerca a países árabes de Oriente Medio como Arabia Saudí, Albania correría el peligro de asimilar los valores islámicos de estos territorios[14], los cuales son incompatibles con los de la UE debido a que incumplen con buena parte de los artículos firmados en la Declaración Universal de Derechos de 1952.

Islam y Unión Europea

Otro aspecto sería plantearse ¿en qué aspectos se contradicen los valores islámicos con los de la UE? Generalmente la Unión Europea afirma estar en contra de la poligamia, la homofobia o las prácticas religiosas que se opongan a la dignidad de la persona. Esto ha generado, entre otras cosas, un potente debate interno de si el hiyab puede considerarse como una práctica personal que no debe impedirse legalmente. Muchos grupos feministas están en contra de este aspecto puesto que lo relacionan con el patriarcalismo familiar[15]; sin embargo, otros grupos de la UE afirman que se trata tan solo de una práctica personal e individual totalmente respetable y que su supresión sería un gesto de naturaleza islamofóbica. En cualquier caso, como ya se ha mencionado, Albania suprimió en 1923 tanto la poligamia como el uso del hiyab por no reflejar los valores del Islam en Albania[16]. En este aspecto se observa que aun siendo Albania un país de mayoría Islámica, este Islam está mucho más influenciado por las corrientes europeistas del mismo que por las orientales: es decir, un Islam adaptado a las costumbres europeas y cuyos valores se asemejan más actualmente a la de los estados balcánicos vecinos.

Algunos diputados europeos, generalmente de grupos pertenecientes a la ultraderecha, como bien podrían ser Ressamblement National o Alternativ für Deutschland, aseguran que los valores islámicos nunca serán compatibles con los europeos debido a que son de carácter expansionista y radical. El holandés Geert Wilders afirma que el Corán «es más antisemita que el Mein Kampf»[17]. En otras palabras, alegan que quienes profesan el Islam son incapaces de mantener buenas relaciones con otras confesiones debido a que en el propio Corán se habla de hacer la guerra al infiel a través de la Yihad. Y como ejemplo citan los ataques terroristas que el grupo islamista DAESH ha provocado durante la última década, como los perpetrados en París o Barcelona[18]. Pero habría que recordarles a estos grupos que un texto sagrado como es el Corán puede ser interpretado de muchas maneras y que aunque algunos grupos musulmanes crean en esta incompatibilidad de buenas relaciones con quienes piensan distinto, la mayoría de los musulmanes interpreta el Corán de una forma muy distinta, de igual manera que sucede con la Biblia, aunque unos grupos sumamente específicos se vuelvan irracionales.

Esto sucede claramente en Albania, donde desde su democratización en 1991 ha habido un proyecto nacional integrador de todos los ciudadanos, al margen de sus diferentes creencias. Más bien, a lo largo de su historia como país independiente en Albania solo ha habido un periodo de persecución religiosa y este fue a causa de la represión de un autoritarismo comunista. Una limitación que podría darse en este aspecto sería la revolución islámica que sufrió el país en 1912.  Pero cabe destacar que esta revolución, a pesar de su fuerte sentimiento islámico, sirvió para derribar un gobierno títere; después de ella no se aplicó ninguna ley que impusiera los valores islámicos sobre el resto. Por lo que cabe destacar que el modelo político de Albania es muy similar al expuesto por Rawls en su libro “Political Liberalism”, debido a que configura un estado con múltiples valores (aunque haya uno predominante), pero sus leyes no se redactan en base a ninguno de ellos, sino a unos valores comunes entre todos ellos basados en la razón[19]. Este modelo propuesto por Rawls es una de las bases fundacionales de la Unión Europea y Albania sería un estado que daría ejemplo de estos mismos valores[20]. Así lo afirmaba el sumo pontífice Francisco I en su visita en Tirana en 2014: “Albania demuestra que la convivencia pacífica entre ciudadanos pertenecientes a religiones diferentes es un camino que se puede recorrer de forma concreta y que produce armonía y libera las mejores fuerzas y la creatividad de un pueblo entero, transformando la simple convivencia en verdadera colaboración y fraternidad”[21]. 

Conclusiones

Puede concluirse que los valores de Albania como un estado de mayoría islámica no parecen ser divergentes a los de Europa Occidental y por ende de la Unión Europea. Albania es un estado aconfesional que respeta todas las creencias religiosas y anima a todos los individuos, independientemente de su fe, a participar de la vida política del país (lo cual tiene mucho mérito debido a la significativa diversidad religiosa que ha distinguido a Albania a lo largo de su historia). Además, el Islam en Albania es sumamente distinto al de otras regiones debido al impacto que tuvo la influencia europea en la región. No solo eso, sino que también el país parece muy dispuesto a colaborar con proyectos comunes. Lo único que, en el campo de los valores, llevaría a pensar que Albania no es apta para entrar en la UE sería que, del mismo modo como se vio influenciada por los actores que han interaccionado con ella a lo largo de su historia, vuelva serlo de nuevo por estados musulmanes de valores divergentes a los europeos. Pero este caso es más probable de darse si la Unión Europea rechazase a Albania, pues esta buscaría el amparo de otros aliados en el campo internacional.

Las implicaciones de la adhesión del primer estado con mayoría musulmana a la UE serían ciertamente ventajosas, puesto que fomentaría la variedad de pensamiento religioso dentro de la Unión y esto podría conducir a un mayor entendimiento entre las distintas creencias que la integran. Habría la posibilidad de una mayor presencia de diputados sunís en el Parlamento Europeo y ayudaría a potenciar la convivencia dentro de otros estados de la UE en base a lo hecho en Albania, como puede ser el caso de Francia, donde el 10 % de la población es musulmana. Cabe decir además que el comportamiento ejemplar multirreligioso de Albania debilitaría seriamente al euroscepticismo y además ayudaría a fomentar la concordia dentro de la región de los Balcanes. Como ha alegado Donald Tusk, hay que dar una perspectiva europea a los Balcanes y es del mayor interés para la UE que Albania se integre a ella.

Albania y Macedonia del Norte se ven obligadas a aceptar normas de negociación más duras, mientras Serbia y Montenegro reevalúan sus opciones

El Brexit ha estado absorbiendo la atención negociadora de la UE durante muchos meses y ahora el Covid-19 ha ralentizado procesos de decisión no prioritarios. En octubre de 2019, la UE decidió enfriar las conversaciones con los Balcanes occidentales, por presión de Francia y algunos otros países. Albania y Macedonia del Norte, que habían realizado el trabajo que Bruselas había solicitado para poder abrir formalmente las negociaciones, han visto cómo se han cambiado las reglas de juego justo antes de comenzar el partido.

▲ Encuentro de los Balcanes occidentales con países de la UE, celebrado en Londres en 2018 [Comisión Europea]

ARTÍCULO / Elena López-Doriga

Desde sus orígenes, la Comunidad Europea ha ido evolucionando y expandiendo sus competencias a través de tratados que estructuraban su funcionamiento y fines. En el número de miembros de la organización también se ha dado una considerable expansión: comenzó con 6 países (Francia, Bélgica, la República Federal Alemana, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) y hoy está compuesta por 27 (tras la reciente salida del Reino Unido).

El año más destacable de esa ampliación fue 2004, cuando la Unión Europea se comprometió a integrar a 10 nuevos países, lo que supuso un gran reto, dado que estos países eran principalmente de Europa Central y del Este, provenientes del “telón de acero”, con unas economías menos desarrolladas que salían de sistemas comunistas e influencia soviética.

La próxima meta en la ampliación es la posible integración en la UE de los países de los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia). No obstante, en una cumbre celebrada en Bruselas a finales de 2019 para la apertura de negociaciones de adhesión de nuevos miembros, algunos países de la UE se mostraron contrarios a seguir con el proceso, por lo que por el momento la adhesión de los países candidatos va a tener que esperar. Algunos líderes de la Unión han calificado de “error histórico” ese aplazamiento.

Ampliación hacia Europa Central y del Este

En mayo de 1999 la Unión Europea lanzó el Proceso de Estabilización y Asociación. La Unión se comprometía a desarrollar nuevas relaciones contractuales con los países de Europa Central y del Este que expresaran su deseo de adherirse a la Unión por medio de acuerdos de estabilización y asociación, a cambio de compromisos en la reforma política, económica, comercial o de derechos humanos. Como consecuencia en 2004 la UE integró a la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, y Eslovenia (primer integrante de los Balcanes occidentales). En 2007 Bulgaria y Romania también entraron a formar parte de la Unión y en 2013 lo hizo Croacia, segundo país de los Balcanes occidentales en sumarse.

La integración de los Balcanes occidentales

Desde la conclusión de las guerras yugoslavas a finales de 2001, la UE ha jugado un papel muy destacado en los Balcanes, ya no solo como potencia económica en materia de reconstrucción, sino también como garante de la estabilidad y la seguridad en la región. El objetivo de la UE es en parte evitar que los Balcanes occidentales se conviertan en un agujero negro para la seguridad, debido al alza de los nacionalismos en alza, la tensión creciente entre Moscú y Washington, que alimenta las tensiones entre los grupos étnicos en la región, y la penetración económica de China a la zona. El avance más claro hacia la integración de los Balcanes se reafirmó en la estrategia de la Comisión para los Balcanes occidentales de febrero de 2018 y en la Declaración de Sofía tras la Cumbre UE-Balcanes occidentales celebrada en la capital búlgara el 17 de mayo de 2018. En la Cumbre, los dirigentes de la UE reiteraron su apoyo inequívoco a la perspectiva europea de los Balcanes occidentales. “No veo para los Balcanes occidentales más futuro que la UE. No hay otra alternativa, no hay un plan B. Los Balcanes Occidentales forman parte de Europa y pertenecen a nuestra comunidad”, dijo el entonces presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Candidatos oficiales: Albania y Macedonia

Albania solicitó su ingreso en la Unión el 28 de abril de 2009. En 2012, la Comisión constató progresos notables y recomendó que se le concediera el estatuto de candidato, siempre que efectuara una serie de reformas pendientes. En octubre de 2013, la Comisión recomendó de manera inequívoca que se concediese a Albania el estatuto de país candidato a la adhesión. Angela Merkel realizó una visita a Tirana el 8 de julio de 2015 y afirmó que la perspectiva de ingreso de los países de la región balcánica en la Unión Europea (UE) era importante para la paz y la estabilidad. Destacó que en el caso de Albania el ritmo del proceso de adhesión dependía del cumplimiento de reformas en el sistema judicial y de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. A la vista de los progresos del país, la Comisión recomendó la apertura de negociaciones de adhesión con Albania en sus informes de 2016 y 2018.

Por otro lado, la República de Macedonia del Norte (antigua república yugoslava de Macedonia) solicitó su ingreso en la Unión en marzo de 2004 y se le concedió el estatuto de país candidato en diciembre de 2005. Sin embargo, el país no inició las negociaciones de adhesión por el litigio con Grecia sobre la utilización del nombre “Macedonia”. Cuando se resolvió satisfactoriamente mediante el Acuerdo de Prespa con el nuevo nombre del país –Macedonia del Norte–, el Consejo acordó la posibilidad de abrir las negociaciones de adhesión con este país en junio de 2019, suponiendo que se cumplieran las condiciones necesarias.

Candidatos potenciales: Bosnia y Herzegovina y Kosovo

Bosnia y Herzegovina es un país candidato potencial. Pese a que negoció y firmó en 2008 un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión, la entrada en vigor de este acuerdo quedó en suspenso principalmente debido a que el país no había ejecutado una sentencia clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entretanto, el Parlamento de Bosnia y Herzegovina no ha alcanzado un acuerdo en lo concerniente al reglamento interno que rige sus reuniones con el Parlamento Europeo (dos veces al año), ya que dichas reuniones llevan sin celebrarse desde noviembre de 2015, y esta situación constituye una infracción del Acuerdo por parte de Bosnia y Herzegovina. 

Kosovo es un candidato potencial a la adhesión a la Unión. Declaró su independencia de forma unilateral en febrero de 2008. Todos los Estados miembros han reconocido la independencia de Kosovo, menos cinco (Chipre, Eslovaquia, España, Grecia y Rumanía). De entre los países de la región, Serbia y Bosnia y Herzegovina tampoco han reconocido a Kosovo como Estado independiente. En septiembre de 2018 el Parlamento Europeo dio un paso más y decidió entablar negociaciones interinstitucionales, actualmente en curso. No obstante, el hecho de que no todos los países miembros actualmente reconozcan su independencia supone un gran freno.

Negociando el acceso: Montenegro y Serbia

Montenegro, uno de los Estados más pequeños del continente europeo, ha formado parte de diferentes imperios y Estados a lo largo de los últimos siglos, obteniendo finalmente la independencia de manera pacífica en 2006. Solicitó su ingreso en la Unión en diciembre de 2008; se le concedió el estatuto de país candidato en diciembre de 2010, y las negociaciones de adhesión dieron comienzo en junio de 2012. A finales de 2018, se habían abierto 32 capítulos de negociación, de un total de 35.

El proceso de Serbia comenzó en diciembre de 2009 cuando el expresidente Boris Tadić presentó oficialmente la solicitud de ingreso y, además, entregó a la justicia al criminal de guerra Ratko Mladić, responsable de la masacre de Srebrenica durante la Guerra de Bosnia, que se ocultaba en territorio serbio. Sin embargo, el conflicto con Kosovo es uno de los principales obstáculos que enfrenta Serbia para alcanzar su adhesión a la Unión Europea. Se le concedió el estatuto de país candidato en marzo de 2012, después de que Belgrado y Pristina llegaran a un acuerdo sobre la representación regional de Kosovo. La apertura oficial de las negociaciones de adhesión tuvo lugar el 21 de enero de 2014. En febrero de 2018, la Comisión publicó una nueva estrategia para los Balcanes occidentales en la que se afirmaba que Serbia (al igual que Montenegro) podría ingresar en la Unión de aquí a 2025, si bien reconocía el carácter “extremadamente ambicioso” de esta perspectiva. El futuro ingreso de Serbia en la Unión, al igual que el de Kosovo, sigue estando íntimamente ligado al diálogo de alto nivel entre estos dos países, celebrado bajo los auspicios de la Unión, que debería desembocar en un acuerdo exhaustivo jurídicamente vinculante sobre la normalización de sus relaciones.

Un paso atrás en las negociaciones

En octubre de 2019 se llevó a cabo en Bruselas una cumbre cuyo objetivo era estructurar las negociaciones de los candidatos oficiales a entrar en la UE. Tanto Macedonia del Norte como Albania estaban convencidas de que se fijaría una fecha para empezar el largo proceso de negociaciones. No obstante, el proceso quedó en un punto muerto después de siete horas de disputas, en las que Francia rechazó la entrada de ambos países. Francia lideró la campaña contra esta ampliación, pero también Dinamarca y los Países Bajos se sumaron al veto. Alegan que la UE no está preparada para asumir el ingreso de nuevos Estados. “No funciona demasiado bien a 28, no funciona demasiado bien a 27, y no estoy seguro de que vaya a funcionar mejor con otra ampliación. Así pues, hemos de ser realistas. Antes de ampliar, necesitamos reformarnos nosotros mismos”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron.

El entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, consideró que esa suspensión constituía un gran error histórico y confió en que solo sea momentánea. Por su parte, Donald Tusk dijo que se sentía “avergonzado” por la decisión, y concluyó que Macedonia del Norte y Albania no tenían la culpa de la situación creada, pues los informes de la Comisión Europea eran claros en que ambos habían hecho lo necesario para empezar las negociaciones con la UE.

En Albania, el primer ministro, Edi Rama, afirmó que la falta de consenso entre los líderes europeos no cambiaría las futuras aspiraciones de Albania para formar parte de la UE. Aseguró que su gobierno estaba decidido a llevar adelante las reformas iniciadas, en el ámbito electoral, judicial y administrativo, porque las consideraba necesarias para el desarrollo del país, no solo porque así se pidiera en Bruselas.

Por otro lado, en Macedonia del Norte el rechazo europeo decepcionó profundamente, pues el país había procedido a reformar sus instituciones y el sistema judicial y a combatir la corrupción; también había modificado su Constitución, su nombre y su identidad nacional. La negativa dejó a este país, candidato oficial a la adhesión desde hace 14 años, en una situación de gran incertidumbre, por lo que el primer ministro Zoran Zaev decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones para el 12 de abril de 2020 (luego pospuestas debido a la emergencia de Covid-19). “Nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones, pero la UE no lo ha hecho. Somos víctimas de un error histórico que ha provocado una enorme decepción”, aseguró Zaev.

Un nuevo proceso más estricto

A pesar de que, según la Comisión, Macedonia del Norte y Albania cumplían los requisitos para convertirse en candidatos de ingreso, Macron propuso endurecer el proceso de adhesión. Para poder desbloquear la situación y seguir con el proceso, que la UE asegura ser un objetivo prioritario, Bruselas ha cedido ante la petición del presidente francés fijando una nueva metodología para integrar a nuevos países.

El nuevo proceso contempla la posibilidad de reabrir capítulos de las negociaciones que se daban por cerrados o de suspender las conversaciones en marcha en alguno de los capítulos; incluso prevé paralizar el conjunto de las negociaciones. Pretende dar un peso más relevante a los gobiernos y facilitar la suspensión de fondos preadhesión o la paralización del proceso si los países candidatos paralizan o revierten las reformas comprometidas. El nuevo método se aplicará a Albania y Macedonia del Norte, cuyas negociaciones con la UE aún no han empezado, mientras que Serbia y Montenegro podrán elegir si se acogen a él, sin necesidad de cambiar su marco de negociación establecido, según la Comisión.

Apart from China, Italy has received aid from Russia and Cuba, making a risky geopolitical move in the European context

The global spreading of the virus is putting under stress the big ally of the Union, the United States, which is demonstrating its lack of an efficient social health care system. Furthermore, the initial refusal of Washington to send help to the EU was seen as an opportunity for countries like Russia, China and Cuba to send medical and technical support to those countries of the EU that are most affected by the virus. Italy has taken aid send by Beijing, Moscow and Havana, shaking the geopolitical understandings of the EU´s foreign policy.

▲ Russia's aid arrived in Italy in the middle of the pandemic crisis [Russian Defense Ministry]

ARTICLE / Matilde Romito

The World Health Organisation (WHO) declared Corona Virus (Covid-19) a pandemic on the 11th of March, 2020. The fast widespread of the virus pushed numerous countries around the world and especially in Europe where there is the highest number of confirmed cases, to call for a lockdown. This extreme measure not only is leading the EU and the entire world towards an unprecedented economic crisis, but it is also redefining geopolitics and the system of alliances we were used to.

The pandemic. On January 30, 2020, the World Health Organisation (WHO) declared the first outbreak of novel coronavirus a ‘public health emergency of international concern’. In mid-February, numerous cases of corona virus began to be reported in northern Italy and in several European countries. Initially, the spread of the virus mainly hit Italy, which reported the biggest number of cases among the EU states. In March, Italy started with the implementation of social-distancing measures and the consequent lockdown of the country, followed by Spain, France and other European countries. On March 11, 2020, the WHO declared covid-19 a global pandemic. Currently, Europe is the region of the world with the highest number of confirmed cases. According to the WHO, on April 6, Europe reached 621,407 cases compared to the 352,600 cases in America and the 112,524 in Western Asia.

The global lockdown. At first, several major airlines suspended their flights from and to China, in order to avoid further contaminations. Now, the majority of flights in Europe and in other regions have been cancelled. The biggest areas of world are under lockdown and the economic consequences of this are becoming more and more evident. A forced social distancing seems to be the only way to contain the spread of the virus and the closing of national borders is currently at the center of states' policies to combat the virus. However, some European countries, such as Sweden, do not seem to agree on this.

Lack of solidarity

We are assisting to a global situation of 'everybody for oneself,' and this has become highly evident within the EU itself. Individual countries within the Union have shown high levels of egoism on different occasions. The North-South divide within the EU is clearer than ever, particularly between the Netherlands and Austria on the one side, and Italy, Spain, France and Greece on the other side. The former group of countries is asking for compromise and conditions to lend money to the most afflicted ones for countering the crisis, while the latter group is asking the EU to share the debts accumulated in order to save European economies (eurobonds).

The different spread-intensity of the virus in different European countries has shown more than once the fragility of the Union, which demonstrated to be led by the arrogance of the rich. On different occasions European leaders have shown a lack of European identity, solidarity and common vision. For instance, at the beginning of the crisis France and Germany attempted to 'cover with the European flag' medical products directed to Italy, by declaring them 'European products', trying to compensate the initial inaction of the EU. Another example, could be the seizure by the Czech Republic of 110,000 Chinese masks and thousands of breathing supports, which were destined to Italy (March the 21st). Moreover, the lack of unity also came from an unjustified action of protectionism undertaken by Poland, which closed its market to agricultural products coming from Italy on March 18, despite it was already known that the virus could not be spread through such products.

Nevertheless, there are some good and unexpected examples of solidarity. For instance, a good lesson on European solidarity came from the small state of Albania. The Albanian prime minister Edi Rama taught European leaders what it means to be part of the EU by sending a medical unit to the Italian region of Lombardy, despite the numerous difficulties Albania is facing, thus showing that the fight against the virus has no nationality and it cannot leave room for egoistic calculations. Moreover, more recently Germany has accepted to receive and take care of numerous patients coming from Italy, where the majority of health infrastructures are saturated.

Overall, little comprehension and solidarity has been shown between European member states, thus being criticised by the European Commission president, Ursula Von Der Leyen.

Geopolitical tensions

The EU is going through numerous changes in the relations between its members. The closing up of individual countries poses a big challenge to the EU itself, which is founded on freedom of movement of people and goods.

Currently, sending masks and medicines seems to have become the main means for countries to exert influence in global affairs. The global spreading of the virus is putting under stress the big ally of the Union, the United States (US), which is demonstrating its lack of an efficient social health care system. Furthermore, the initial refusal of Washington to send help to the EU was seen as an opportunity for countries like Russia, China and Cuba to send medical and technical support to those countries of the EU that are most affected by the virus, like Italy and Spain. After having seen its hegemonic position in Europe under threat, the US decided to send monetary help to some European countries, such as 100 million dollars to Italy, in order to help in countering the emergency.

At the end, the EU seems to start standing all together. But, did the European countries take action on time? Generally, countries, like human beings, are more likely to remember one bad impression better than numerous good ones. Therefore, are countries like Italy going to 'forgive' the EU and its initial inactivity? Or are they going to fall back on countries like Russia and China, which have shown their solidarity since the beginning?

Furthermore, did the EU take action because of an inherent identity and solidarity? Or was it just a counteraction to the Chinese and Russian help? It seemed that specifically Germany's mobilisation followed the exhortation of the former president of the European Central Bank (ECB), Mario Draghi. He accused Germany and other countries of taking advantage of the virus for imposing a 'conditionality' to the countries that were asking for help. Moreover, in an interview on the Financial Times he called for an exceptional investment in the economies and for a guarantee of the debts, in order to jointly face the crisis, because no country can face this unprecedented threat alone. Now, anti-virus economic action turned into a matter of urgency for Europe and the European Commission is working on a common European response to the crisis.

Future perspectives

Probably, after the end of the virus spread, the world will assist to important changes in the global dynamics of alliances. Russia and China will most likely have one or more European allies to advance their interests in the EU. On the one side, this could lead to a further weakening of the EU governance and to the re-emergence of nationalism on states' behaviour within the Union. And on the other side, it could lead to the development of further mechanisms of cooperation among the EU members, which will go beyond the eurobonds and will probably extend to the sanitary dimension.

To preserve its unity, the European political-economic-cultural area will need to be strengthened, by fighting inequalities with a new model of solidarity. Its future prosperity will most likely depend on its internal market.

Nevertheless, for now the only thing we can be sure about is that the first impression on the EU was very bad and that this situation is going to lead all of us towards an unprecedented economic crisis, which most probably will redefine the political relationships between the world's biggest regions.

The Trump Administration’s Newest Migration Policies and Shifting Immigrant Demographics in the USA

New Trump administration migration policies including the "Safe Third Country" agreements signed by the USA, Guatemala, El Salvador, and Honduras have reduced the number of migrants from the Northern Triangle countries at the southwest US border. As a consequence of this phenomenon and other factors, Mexicans have become once again the main national group of people deemed inadmissible for asylum or apprehended by the US Customs and Border Protection.

▲ An US Border Patrol agent at the southwest US border [cbp.gov]

ARTICLE / Alexandria Casarano Christofellis

On March 31, 2018, the Trump administration cut off aid to the Northern Triangle countries in order to coerce them into implementing new policies to curb illegal migration to the United States. El Salvador, Honduras, and Guatemala all rely heavily on USAid, and had received 118, 181, and 257 million USD in USAid respectively in the 2017 fiscal year.

The US resumed financial aid to the Northern Triangle countries on October 17 of 2019, in the context of the establishment of bilateral negotiations of Safe Third Country agreements with each of the countries, and the implementation of the US Supreme Court’s de facto asylum ban on September 11 of 2019. The Safe Third Country agreements will allow the US to ‘return’ asylum seekers to the countries which they traveled through on their way to the US border (provided that the asylum seekers are not returned to their home countries). The US Supreme Court’s asylum ban similarly requires refugees to apply for and be denied asylum in each of the countries which they pass through before arriving at the US border to apply for asylum. This means that Honduran and Salvadoran refugees would need to apply for and be denied asylum in both Guatemala and Mexico before applying for asylum in the US, and Guatemalan refugees would need to apply for and be denied asylum in Mexico before applying for asylum in the US. This also means that refugees fleeing one of the Northern Triangle countries can be returned to another Northern Triangle country suffering many of the same issues they were fleeing in the first place.

Combined with the Trump administration’s longer-standing “metering” or “Remain in Mexico” policy (Migrant Protection Protocols/MPP), these political developments serve to effectively “push back” the US border. The “Remain in Mexico” policy requires US asylum seekers from Latin America to remain on the Mexican side of the US-Mexico border to wait their turn to be accepted into US territory. Within the past year, the US government has planted significant obstacles in the way of the path of Central American refugees to US asylum, and for better or worse has shifted the burden of the Central American refugee crisis to Mexico and the Central American countries themselves, which are ill-prepared to handle the influx, even in the light of resumed US foreign aid. The new arrangements resemble the EU’s refugee deal with Turkey.

These policy changes are coupled with a shift in US immigration demographics. In August of 2019, Mexico reclaimed its position as the single largest source of unauthorized immigration to the US, having been temporarily surpassed by Guatemala and Honduras in 2018.

US Customs and Border Protection data indicates a net increase of 21% in the number of Unaccompanied Alien Children from Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador deemed inadmissible for asylum at the Southwest US Border by the US field office between fiscal year 2019 (through February) and fiscal year 2020 (through February). All other inadmissible groups (Family Units, Single Adults, etc.) experienced a net decrease of 18-24% over the same time period. For both the entirety of fiscal year 2019 and fiscal year 2020 through February, Mexicans accounted for 69 and 61% of Unaccompanied Alien Children Inadmisibles at the Southwest US border respectively, whereas previously in fiscal years 2017 and 2018 Mexicans accounted for only 21 and 26% of these same figures, respectively. The percentages of Family Unit Inadmisibles from the Northern Triangle countries have been decreasing since 2018, while the percentage of Family Unit Inadmisibles from Mexico since 2018 has been on the rise.

With asylum made far less accessible to Central Americans in the wake of the Trump administration's new migration policies, the number of Central American inadmisibles is in sharp decline. Conversely, the number of Mexican inadmisibles is on the rise, having nearly tripled over the past three years.

Chain migration factors at play in Mexico may be contributing to this demographic shift. On September 10, 2019, prominent Mexican newspaper El Debate published an article titled “Immigrants Can Avoid Deportation with these Five Documents.” Additionally, The Washington Post cites the testimony of a city official from Michoacan, Mexico, claiming that a local Mexican travel company has begun running a weekly “door-to-door” service line to several US border points of entry, and that hundreds of Mexican citizens have been coming to the municipal offices daily requesting documentation to help them apply for asylum in the US. Word of mouth, press coverage like that found in El Debate, and the commercial exploitation of the Mexican migrant situation have perhaps made migration, and especially the claiming of asylum, more accessible to the Mexican population.

US Customs and Border Protection data also indicates that total apprehensions of migrants from Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador attempting illegal crossings at the Southwest US border declined 44% for Unaccompanied Alien Children and 73% for Family Units between fiscal year 2019 (through February) and fiscal year 2020 (through February), while increasing for Single Adults by 4%. The same data trends show that while Mexicans have consistently accounted for the overwhelming majority of Single Adult Apprehensions since 2016, Family Unit and Unaccompanied Alien Children Apprehensions until the past year were dominated by Central Americans. However, in fiscal year 2020-February, the percentages of Central American Family Unit and Unaccompanied Alien Children Apprehensions have declined while the Mexican percentage has increased significantly. This could be attributed to the Northern Triangle countries’ and especially Mexico’s recent crackdown on the flow of illegal immigration within their own states in response to the same US sanctions and suspension of USAid which led to the Safe Third Country bilateral agreements with Guatemala, Honduras, and El Salvador.

While the Trump administration’s crackdown on immigration from the Northern Triangle countries has effectively worked to limit both the legal and illegal access of Central Americans to US entry, the Trump administration’s crackdown on immigration from Mexico in the past few years has focused on arresting and deporting illegal Mexican immigrants already living and working within the US borders. Between 2017 and 2018, ICE increased workplace raids to arrest undocumented immigrants by over 400% according to The Independent in the UK. The trend seemed to continue into 2019. President Trump tweeted on June 17, 2019 that “Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in.” More deportations could be leading to more attempts at reentry, increasing Mexican migration to the US, and more Mexican Single Adult apprehensions at the Southwest border. The Washington Post alleges that the majority of the Mexican single adults apprehended at the border are previous deportees trying to reenter the country.

Lastly, the steadily increasing violence within the state of Mexico should not be overlooked as a cause for continued migration. Within the past year, violence between the various Mexican cartels has intensified, and murder rates have continued to rise. While the increase in violence alone is not intense enough to solely account for the spike that has recently been seen in Mexican migration to the US, internal violence nethertheless remains an important factor in the Mexican migrant situation. Similarly, widespread poverty in Mexico, recently worsened by a decline in foreign investment in the light of threatened tariffs from the USA, also plays a key role.

In conclusion, the Trump administration’s new migration policies mark an intensification of long-standing nativist tendencies in the US, and pose a potential threat to the human rights of asylum seekers at the US-Mexico border. The corresponding present demographic shift back to Mexican predominance in US immigration is driven not only by the Trump administration’s new migration policies, but also by many other diverse factors within both Mexico and the US, from press coverage to increased deportations to long-standing cartel violence and poverty. In the face of these recent developments, one thing remains clear: the situation south of the Rio Grande is just as complex, nuanced, and constantly evolving as is the situation to the north on Capitol Hill in the USA.

El 27% de la riqueza privada total latinoamericana está depositada en territorios que ofrecen un tratamiento impositivo favorable

Latinoamérica es la región mundial con mayor porcentaje de riqueza privada “offshore”. La cercanía de paraísos fiscales, en diversos países o dependencias insulares del Caribe, puede facilitar la llegada de esos capitales, algunos generados de forma ilícita (narcotráfico, corrupción) y todos evadidos de unas instituciones fiscales nacionales con poca fuerza supervisora y coercitiva. Latinoamérica dejó de ingresar impuestos en 2017 por valor de 335.000 millones de dólares, lo que representó el 6,3% de su PIB.

▲ Playa del Caribe [Pixabay]

ARTÍCULO / Jokin de Carlos Sola

Contrasta la riqueza natural de los países latinoamericanos con la precariedad de la situación económica de buena parte de sus sociedades. Tierras ricas en petróleo, minerales y bienes primarios no consiguen en ocasiones alimentar a todos sus ciudadanos. Una de las razones de esa deficiencia es la frecuencia con la cual empresas y dirigentes tienden a evadir impuestos, alejando el capital de sus países.

Una de las razones de la tendencia a evadir impuestos es el gran tamaño de la economía sumergida y las carencias de los Estados para implementar los sistemas impositivos. Otra es la presencia cercana de paraísos fiscales en el Caribe, básicamente vinculados históricamente a Reino Unido. Estos territorios con características fiscales beneficiarias han atraído capital proveniente del continente.

Historia

La historia de la evasión fiscal es larga. Su relación con Latinoamérica y los archipiélagos británicos caribeños, sin embargo, tiene su origen en la caída del Imperio Británico.

A partir de 1945, Gran Bretaña comenzó a perder poco a poco las posesiones coloniales que tenía repartidas por el mundo. El efecto financiero fue claro: millones de libras se perdieron o fueron sacadas de operaciones en todo el imperio. Para hacer frente a esa situación y poder mantener su poder financiero mundial, los banqueros de la City de Londres pensaron en crear campos de acción fuera de la jurisdicción del Banco de Inglaterra, desde donde pudieran operar también banqueros de todo el mundo (especialmente norteamericanos) para evitar sus respectivas regulaciones nacionales. Surgió entonces una nueva oportunidad en los territorios de ultramar británicos, algunos de los cuales no se independizaron, sino que mantuvieron su vinculación, aunque laxa, con Reino Unido. Fue el caso del Caribe.

En 1969 las islas Caimán crearon la primera legislación sobre secreto bancario. Fue el primer territorio de ultramar convertido en paraíso fiscal. A partir de oficinas establecidas allí, los bancos de la City fueron generando redes de operaciones no reguladas por el Banco de Inglaterra y con apenas supervisión local. Pronto otras jurisdicciones caribeñas siguieron los mismos pasos.

Los paraísos fiscales

Los principales paraísos fiscales del Caribe son territorios británicos de ultramar como las islas Caimán, Vírgenes y Montserrat, o algunas excolonias británicas luego independizadas, como las Bahamas. Se trata de islas con poca población y una economía pequeña. Muchos de los políticos y legisladores de esos lugares trabajan para el sector financiero británico y garantizan el secreto dentro de sus territorios.

A diferencia de otros emplazamientos que también pueden considerarse paraísos fiscales, las islas de influencia británica del Caribe ofrecen un segundo nivel de secreto además del legal: el fideicomiso. La mayor parte de quienes tienen bienes en sociedades establecidas en esos territorios lo hacen a través de la figura del fideicomiso. Bajo este sistema el beneficiario guarda sus bienes (acciones, propiedades, sociedades, etc.) en un fideicomiso el cual es administrado por un fideicomisario. Estos elementos (fideicomiso, beneficiario, fideicomisario, empresas fantasmas, etc.) están repartidos en diversas estructuras vinculadas a diferentes jurisdicciones caribeñas. De esa forma, un fideicomiso puede estar establecido en una jurisdicción, pero sus beneficiarios estar en otra diferente, el fideicomisario en una tercera y las empresas fantasmas en una cuarta. Se trata de un tipo de estructuras que para los gobiernos son casi imposibles de desarticular. Por ello cuando gobiernos de ultramar se comprometen a compartir información bancaria, por presiones de Washington o Bruselas, esta resulta es de poca utilidad por la propia estructura de secreto mencionada.

Impacto en Latinoamérica

La legislación sobre el secreto bancario surgió en Latinoamérica con el objetivo de atraer capital obtenido de forma lícita. Sin embargo, durante la década de 1970 y de 1980 esa protección sobre los datos de las cuentas corrientes atrajo también el capital obtenido a través de medios ilícitos, como el narcotráfico y la corrupción.

Durante esos años capos del tráfico de droga como Pablo Escobar usaron los beneficios de las Islas Caimán y otros territorios para esconder fortunas y propiedades. Por otra parte, varias de las dictaduras latinoamericanas también utilizaron estos mecanismos para esconder el enriquecimiento de sus líderes a través de la corrupción o incluso también de la droga, como ocurrió con el panameño Manuel Noriega.

Con el tiempo comunidad internacional aumentó su presión sobre los paraísos fiscales. En los últimos años las autoridades de las Islas Caimán y Bahamas han hecho esfuerzos para que sus estructuras de secreto no sean usadas como lavado de dinero del crimen organizado, pero no todos los territorios considerados paraísos fiscales han hecho lo mismo.

Esas redes opacas son utilizadas por una parte considerable de las grandes fortunas latinoamericanas. El 27% de la riqueza privada total de América Latina está depositada en países que ofrecen un tratamiento impositivo favorable, lo que le convierte en la región del mundo con mayor proporción de capitales privados en esos lugares, de acuerdo con un estudio de Boston Consulting Group de 2017. Según esta consultora, ese desvío de la riqueza privada es mayor en Latinoamérica que en Oriente Medio y África (23%), Europa del Este (20%), Europa Occidental (7%), Asia-Pacífico (6%) y Estados Unidos y Canadá (1%). 

Los paraísos fiscales son el destino de una parte difícil de precisar del total de 335.000 millones de dólares objeto de evasión o elusión fiscal que hubo en la región en 2017, cifra que constituyó el 6,3% del PIB latinoamericano (4% dejado de ingresar en el impuesto de la renta de las personas físicas y 2,3% en el IVA), tal como se especifica en el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019 de la CEPAL. Esta comisión económica de la ONU para la región destaca que en promedio los países latinoamericanos pierden más del 50% de sus ingresos por concepto de impuesto de la renta.

La conexión con Londres

Ha habido diversas teorías sobre el papel jugado por Londres en relación a los paraísos fiscales. Esas teorías coinciden en presentar una conexión de intereses entre las sociedades opacas y la City de Londres, en una red de complicidad en la que incluso podrían haber participado el Banco de Inglaterra y el gobierno británico.

La más importante fue expresada por el autor británico Nicholas Shaxson en el libro Treasure Island. La tesis fue desarrollada más tarde por el documental Spiders Web, producido por la organización Tax Justice Network, cuyo fundador, John Christiansen, trabajó como asesor para el gobierno de Jersey, que es una jurisdicción especial.

La City de Londres cuenta con una administración separada, elegida por los todavía existentes gremios, los cuales representan a la clase comercial y bancaria de la ciudad. Esto permite que las operaciones financieras que se desarrollan en esa zona de la capital británica escapen parcialmente del control del Banco de Inglaterra y de las regulaciones gubernamentales. Una City atractiva para el capital extranjero y próspera beneficia grandemente a la economía británica, pues su actividad supone el 2,4% del PIB del país.

La soberanía británica sobre los territorios de ultramar que sirven de paraísos fiscales lleva en ocasiones a acusar a Reino Unido de complicidad con esas redes financieras. Downing Street responde que se trata de territorios que operan con una gran autonomía, por más que Londres ponga al gobernador, controle la política exterior y tenga poder de veto sobre las legislaciones que se aprueban en esos lugares.

Además, es cierto que el Gobierno británico ha apoyado en la última década una mayor coordinación internacional para incrementar el escrutinio sobre los paraísos fiscales, obligando a las autoridades de esos lugares a entregar relevante información fiscal, si bien la estructura de los fideicomisos sigue actuando contra la transparencia.

Corregir la situación

Los problemas de Latinoamérica con relación a la evasión fiscal pueden estar más relacionados con la propia fragilidad de sus propias instituciones fiscales que a la presencia de paraísos fiscales cercanos al continente americano. Al mismo tiempo, algunos paraísos fiscales se han beneficiado de la inestabilidad y la corrupción política en Latinoamérica.

Los efectos de la fuga de capitales nacionales hacia esos lugares de regímenes fiscales especiales son claramente negativos para los países de la región, pues les priva de mayor actividad económica y posibilidades recaudatorias, lastrando la capacidad del Estado para acometer una necesaria mejora de los servicios públicos.

Por ello es imperativo que se establezcan ciertas políticas de corrección. En el campo de las políticas nacionales se deberían crear mecanismos para evitar la evasión y la elusión fiscales. Al mismo tiempo, a nivel internacional se deberían configurar iniciativas diplomáticas para acabar con las estructuras de los fideicomisos. La OEA ofrece, en este sentido, un importante marco negociador no solo con ciertos territorios de ultramar, sino con sus propias metrópolis, pues estas, como es el caso del Reino Unido, son miembros observadores permanentes de la organización hemisférica.

Las siempre complicadas negociaciones se ven dificultadas aún más por los 75.000 millones de euros que el Reino Unido deja de aportar

ANÁLISIS / Pablo Gurbindo Palomo

Las negociaciones para el presupuesto europeo para el periodo 2021-2027 son cruciales para el devenir de la Unión. Tras el fracaso de la cumbre extraordinaria de los días 20 y 21 de febrero el tiempo se acaba y los Estados miembros deben aparcar sus diferencias para llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre de 2020.

La negociación de un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) europeo es siempre complicada y capital pues la ambición de la Unión depende de la cantidad de dinero que los Estados miembros estén dispuestos a aportar. Pero la negociación de esta nueva partida presupuestaria, para el periodo 2021-2027, tiene una complicación añadida: es la primera sin el Reino Unido tras el Brexit. Esta complicación no reside en la ausencia de los británicos en las negociaciones (para algunos eso es más un alivio) sino en los 75.000 millones de euros que han dejado de aportar.

¿Qué es el MFP?

El Marco Financiero Plurianual es el marco presupuestario de la UE a largo plazo y establece los límites de gasto de la Unión, tanto en su conjunto como en sus diferentes ámbitos de actividad, para un plazo no inferior a 5 años. Aparte, el MFP incluye una serie de disposiciones y de “instrumentos especiales” más allá, para que, aún en circunstancias imprevistas como crisis o emergencias, puedan emplearse fondos para afrontar el problema. Por eso el MFP es capital, pues marca las prioridades políticas y los objetivos para los próximos años.

Este marco es propuesto inicialmente por la Comisión y, sobre esta base, el Consejo (compuesto por todos los Estados miembros) negocia y tiene que llegar a un acuerdo unánime. Tras esto la propuesta es enviada al Parlamento Europeo para su aprobación.

La cantidad que se destina al MFP se calcula con la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros, es decir, la suma de las retribuciones de los factores de producción de todos los miembros. Pero también forman parte derechos aduaneros, gravámenes agrícolas y azucareros y otros ingresos como el IVA.

Alianzas para la guerra

En la UE hay países que son “contribuidores netos” y otros “receptores netos”. Unos pagan más a la Unión de lo que reciben a cambio y otros, por contra, reciben más de lo que aportan. Por ello las posturas de los países están viciadas cuando afrontan estas negociaciones: unos quieren pagar menos dinero y otros no quieren recibir menos.

Como toda guerra europea que se precie, las alianzas y coaliciones han sido formadas previamente.

La propuesta de la Comisión para el MFP 2021–2027, realizada el 2 de mayo de 2018, ya puso nerviosas a muchas capitales europeas. La propuesta era del 1,11 % de la RNB (ya excluyendo al Reino Unido). En ella se preveían aumentos presupuestarios para el control de las fronteras, la defensa, la migración, la seguridad interior y exterior, la cooperación al desarrollo y la investigación, entre otros ámbitos. Pero, por otro lado, se preveían recortes en la Política de Cohesión (ayudas para ayudar a las regiones más desfavorecidas de la Unión) y la Política Agrícola Común (PAC).

El Parlamento presentó un informe provisional sobre esta propuesta en la que pidió que se subiera al 1,3 % de la RNB (lo que corresponde a una subida del 16,7% de la propuesta anterior). Además, los parlamentarios pedían, entre otras cosas, que se mantuvieran los fondos para la cohesión y la agricultura como en el marco presupuestario anterior.

El 2 de febrero de 2019 la presidencia finlandesa del Consejo propuso un marco de negociación a partir del 1,07 % de la RNB.

Esta sucesión de acontecimientos provocó la aparición de dos bloques antagónicos: el club de los frugales y los amigos de la cohesión.

El club de los frugales está compuesto por cuatro países del norte de Europa: Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Austria. Estos países son todos contribuidores netos y abogan por un presupuesto no superior al 1 % de la RNB. Por otro lado, piden que los recortes se hagan en partidas que consideran “anticuadas” como los fondos de cohesión o la PAC y quieren aumentar el presupuesto en otras como I+D, defensa y lucha contra la inmigración o cambio climático.

El canciller austriaco, Sebastian Kurz, ya ha anunciado que vetará en el Consejo cualquier propuesta que exceda el 1 % de la RNB.

Los amigos de la cohesión integran a quince países del sur y este de la Unión: España, Bulgaria, República Checa, Chipre, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Todos estos países son receptores netos y demandan que se mantengan los fondos destinados a la PAC y a la política de cohesión, y que el presupuesto comunitario se base en entre el 1,16 y 1,3 % de la RNB.

Este nutrido grupo se reunió el pasado 1 de febrero en la localidad portuguesa de Beja. Allí trataron de mostrar una imagen de unidad antes de los primeros días de debate del MFP, que se llevarían a cabo en Bruselas los días 20 y 21 de ese mismo mes. También anunciaron que bloquearán cualquier tipo de recorte.

Será curioso ver si con el avance de las negociaciones los bloques se mantendrán fuertes o cada país tirará hacia lo que más le convenga.

Fuera de estos dos grupos destacan los dos grandes contribuidores netos, que son quienes mueven los hilos de lo que ocurre en la UE: Alemania y Francia.

Alemania es más cercana a los frugales al querer un presupuesto más austero y destinar más dinero a partidas más modernas como la digitalización o la lucha contra el cambio climático. Pero ante todo quiere que se llegue a un acuerdo rápido.

Francia, por su parte, es más próxima a los amigos de la cohesión al querer mantener una PAC fuerte, pero también quiere un mayor gasto en defensa.

El problema de los “rebates”

Y si todas estas variables no fueran suficientes, hay que añadir la figura de los cheques compensatorios o “rebates”. Estos son descuentos a la aportación de un país al presupuesto. Esta figura se creó en 1984 para el Reino Unido, durante la presidencia de la conservadora Margaret Thatcher. Para la “Dama de Hierro” la cantidad que aportaba su país al presupuesto era excesiva, ya que la mayor parte del monto (un 70%) iba destinado a la PAC y a los Fondos de Cohesión, de los que el Reino Unido apenas se beneficiaba. Por ello se acordó que el Reino Unido tendría ciertos descuentos en su aportación presupuestaria de forma permanente y completa.

Estos cheques compensatorios se han entregado desde entonces a otros países contribuidores netos, pero estos se tenían que negociar con cada MFP y eran parciales sobre un ámbito concreto como el IVA o las contribuciones. Esta figura ya se intentó eliminar sin éxito en 2005.

Para los frugales y Alemania estos cheques deben mantenerse, en oposición a los amigos de la cohesión y especialmente Francia, que quieren que desaparezcan.

Sánchez busca su primera victoria en Bruselas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se juega mucha de su credibilidad tanto en Europa como en España en estas negociaciones.

En Europa, para muchos fracasó en las negociaciones para la nueva Comisión. Sánchez partía en una posición de fuerza al ser el líder de la cuarta economía de Europa, tras la salida del Reino Unido. Además, era el miembro más fuerte del grupo parlamentario socialista, de capa caída los últimos años a nivel europeo, pero segunda fuerza en las elecciones al Parlamento Europeo. Por ello, para muchos, la elección del español Josep Borrell como Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sin ningún otro socialista en puestos capitales, fue visto como un fracaso.

Sánchez tiene la oportunidad en las negociaciones de mostrarse como un líder fuerte y confiable para que el eje franco-alemán cuente con España para llevar a cabo los importantes cambios que la Unión tiene que hacer en los próximos años.

Por otro lado, en España, Sánchez tiene al campo en pie de guerra por las perspectivas de reducción de la PAC. Y se juega mucha de su credibilidad tras su victoria en las elecciones del año pasado y la formación de la “coalición progresista” con el apoyo de Podemos y los independentistas. El Gobierno español ya se ha posicionado con los agricultores, y no puede permitirse una derrota.

Los agricultores españoles son muy dependientes de la PAC. Según el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación: “en 2017, un total de 775.000 perceptores recibieron 6.678 millones de euros por esta vía. En el período 2021-2027 nos estamos jugando más de 44.000 millones de euros.”

Estas ayudas de la PAC son de dos tipos diferentes:

• Ayudas directas: unas se conceden por volumen de producción, por cultivo (denominadas “acopladas”), y las otras, las “desacopladas”, se conceden por razón de las hectáreas, no por producción o por rendimiento y han sido criticadas por algunos sectores.

• Ayudas indirectas: no van destinadas directamente al agricultor, sino que se utilizan para el desarrollo de las zonas rurales.

El volumen de las ayudas recibidas varía dependiendo del sector, pero pueden suponer hasta el 30 % de la renta de un agricultor. Sin estas ayudas gran parte del campo español y de otros países europeos no puede competir con productos que vienen de fuera de la Unión.

Fracaso de la primera cumbre presupuestaria

Los días 20 y 21 de febrero tuvo lugar una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo para llegar a un acuerdo. La cosa no empezó bien con la propuesta del presidente del Consejo, Charles Michel, de un presupuesto basado en el 1,074 % de la RNB. Esta propuesta no convenció a nadie, ni a los frugales por excesiva, ni a los amigos de la cohesión por insuficiente.

La propuesta de Michel incluyó una complicación añadida al querer vincular la entrega de ayudas al cumplimiento del Estado de Derecho. Esta medida puso en guardia al denominado grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), pues desde el oeste de la Unión ponen en entredicho los Estados de Derecho de algunos de estos países. Así que otro grupo se sube a la palestra.

Los servicios técnicos de la Comisión lanzaron varias propuestas para intentar contentar a todos. La final fue del 1,069 % de la RNB. Acercándose más al 1 %, e incluyendo un aumento en los “rebates” para Alemania, Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca, para contentar a los frugales y atraer a los alemanes. Pero también un aumento en la PAC para contentar a los amigos de la cohesión y Francia, a costa de reducir otras partidas presupuestarias como los fondos en investigación, defensa y exteriores.

Pero los bloques no se movieron. Los frugales siguen enrocados en el 1 %, y los amigos de la cohesión en respuesta han decidido hacer lo mismo, pero en el 1,3 % que propuso el Parlamento Europeo (aunque sepan que no es realista).

Ante la falta de acuerdo Michel disolvió el encuentro; se espera que en las próximas semanas haya conversaciones y se convoque otra cumbre.

Conclusión

La UE tiene un problema: su ambición no se iguala con el compromiso de sus Estados miembros. La Unión tiene que reinventarse y ser más ambiciosa, dicen sus integrantes, pero a la hora de la verdad son pocos los que están dispuestos verdaderamente a contribuir y aportar lo que sea necesario.

La Comisión Von der Leyen llegó con tres planes estrella: el Pacto Verde Europeo para convertir a Europa en el primer continente neutro en carbono; la digitalización, y, de la mano de Josep Borrell, una mayor implicación internacional por parte de la Unión. Pero en cuanto han empezado las negociaciones del presupuesto y se ha visto que esto conllevaría un aumento del gasto, cada país ha tirado hacia lo que más le conviene y han sido este tipo de propuestas las primeras en caer en recortes ante la imposibilidad de un entendimiento.

Se tiene que llegar a un acuerdo para antes del 31 de diciembre de 2020, si no se quiere que no haya dinero para nada: ni para PAC, ni para “rebates” ni incluso para Erasmus.

Los Estados miembros deben entender que para que la UE sea más ambiciosa ellos mismos tienen que ser más ambiciosos y estar dispuestos a involucrarse más, con el aumento del presupuesto que ello conlleva.

[Angela Stent, Putin’s World: Russia Against the West and with the Rest. Twelve. New York, 2019. 433 p.]

RESEÑA / Ángel Martos

Angela Stent, directora del Centro para Estudios de Eurasia, Rusia y Europa del Este de Georgetown University, presenta en este libro un profundo análisis de la naturaleza de Rusia en estos comienzos del siglo XXI. Para comprender lo que sucede hoy, nos muestra previamente las líneas maestras históricas que dieron forma al masivo heartland que los estadistas rusos han consolidado a lo largo del tiempo.

Rusia aprovechó el escaparate global que suponía la organización del Mundial de Fútbol de 2018 para presentar una imagen renovada. La operación de venta de la marca nacional de Rusia tuvo cierto éxito, como reflejaron las encuestas: muchos espectadores extranjeros (especialmente estadounidenses) que visitaron el país para el torneo de fútbol se llevaron una imagen mejorada del pueblo ruso, y viceversa. Sin embargo, lo que se presentaba como una apertura al mundo, no ha tenido su manifestación en la política nacional o internacional del Kremlin: no se ha aflojado en lo más mínimo el control de Putin sobre el régimen híbrido que gobierna Rusia desde el colapso de la Unión Soviética.

Muchos expertos no pudieron predecir el destino de esta nación en los años 90. Después del colapso del régimen comunista, muchos pensaron que Rusia comenzaría un largo y doloroso camino hacia la democracia. Estados Unidos mantendría su condición de superpotencia única y conformaría un Nuevo Orden Mundial que abarcara a Rusia como potencia menor, igual a otros estados europeos. Pero esas consideraciones no tenían en cuenta la voluntad del pueblo ruso, que entendía la gestión de Gorbachov y Yeltsin como “errores históricos” que debían corregirse. Y esta perspectiva puede verse en los principales discursos de Vladimir Putin: un sentimiento nostálgico por el pasado imperial de Rusia, el rechazo a ser parte de un mundo gobernado por Estados Unidos y la necesidad de doblegar la soberanía de las una vez repúblicas soviéticas. Este último es un aspecto crucial de la política exterior de Rusia que, en distinta medida, ya ha aplicado a Ucrania, Bielorrusia, Georgia y otros.

¿Qué ha cambiado en el alma de los rusos desde el colapso de la Unión Soviética? ¿Han sufrido altibajos las relaciones con Europa a lo largo de la historia del Imperio ruso? ¿Cómo son esas relaciones ahora que Rusia no es un imperio, tras perder casi todo su poder en cuestión de años? La autora nos lleva de la mano por esas cuestiones. La Federación de Rusia, tal como la conocemos ahora, solo ha sido gobernada por tres autócratas: Boris Yeltsin, Dmitry Medvedev y Vladimir Putin, aunque podríamos argumentar que Medvedev ni siquiera cuenta propiamente como presidente, ya que durante su mandato Putin era el líder intelectual que estaba detrás de cada paso adoptado en el ámbito internacional.

Las complicadas relaciones de Rusia con los países europeos tienen un ejemplo notorio en el caso de Alemania, que el libro compara con una montaña rusa (expresión que en castellano es especialmente elocuente). Alemania es la puerta de la Federación hacia Europa, una puerta metafórica que, a lo largo de la historia contemporánea, ha estado entreabierta, abierta de par en par o cerrada, como en este momento. Tras la toma de Crimea las relaciones de la Alemania de Merkel con Moscú se han limitado estrictamente a cuestiones comerciales. Vale la pena resaltar las enormes diferencias que podemos encontrar entre la Ostpolitik de Willy Brandty y la actual Frostpolitik de Angela Merkel. Aunque Merkel se crió en Alemania Oriental, donde Putin trabajó como agente de la KGB durante cinco años, y ambos pueden entenderse tanto en ruso como en alemán, ese vínculo biográfico que los une no se ha reflejado en su relación política.

Alemania pasó de ser el mayor aliado europeo de Rusia (hasta el punto de que el canciller Gerhard Schröder, tras dejar el cargo, fue nombrado después de dejar el cargo de presidente del consejo de administración de Rosneft), a ser una amenaza para los intereses rusos. Después de las sanciones que se impusieron a Rusia en 2014 con el apoyo del gobierno de Alemania, las relaciones entre Putin y Merkel están en su peor momento. Sin embargo, algunos podrían argumentar que Alemania actúa de manera hipócrita dado que ha aceptado y financiado el gasoducto Nordstream, que perjudica fuertemente la economía de Ucrania.

Además de la UE, el otro oponente principal para los intereses rusos es la OTAN. En cada punto del mapa en el que el Kremlin desea poner presión la OTAN ha reforzado su presencia. Bajo el mando de Estados Unidos, la organización sigue la estrategia estadounidense de intentar mantener a raya a Rusia. Y Moscú percibe a la OTAN y a EEUU como el máximo obstáculo para recuperar su esfera de influencia en “near abroad” (Europa del Este, Asia Central) y en Oriente Medio.

La fijación de Putin con las exrepúblicas soviéticas no se ha desvanecido en absoluto con el tiempo. En todo caso, ha aumentado después de la exitosa anexión de la península de Crimea y la guerra civil que se encendió en el Donbass. La nostalgia de Rusia de lo que alguna vez fue parte de su territorio no es más que un pretexto para intentar neutralizar cualquier gobierno disidente en la región y subyugar tanto como sea posible a los países que componen su zona de amortiguación, por razones de seguridad y financieras.

Oriente Medio también juega un papel importante en la agenda de asuntos internacionales rusos. El objetivo principal de Rusia es fomentar la estabilidad y combatir las amenazas terroristas que pueden surgir en lugares escasamente controlados por los gobiernos de la región. Putin ha estado luchando contra el terrorismo islámico desde la amenaza separatista de Chechenia. Sin embargo, sus posibles buenas intenciones en la zona a menudo se malinterpretan debido a su apoyo en todas las formas posibles (incluso bombardeos aéreos) a algunos regímenes autoritarios, como el de Assad en Siria. En esta guerra civil en particular, Rusia está repitiendo el juego de guerra proxy de la Guerra Fría contra EEUU, que por su parte ha estado apoyando a las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y a los kurdos. El interés de Putin es mantener a su aliado Assad en el poder, junto con la ayuda de la República Islámica de Irán.

Angela Stent dibuja una descripción precisa del pasado reciente de Rusia y su relación con el mundo exterior. Sin ser parcial, logra resumir críticamente lo que cualquier persona interesada en la seguridad debe tener en cuenta al abordar el tema de las amenazas y oportunidades de Rusia. Porque, como declaró el propio Vladimir Putin en 2018, “nadie ha logrado frenar a Rusia”. Aún no.

La crítica a Maduro, la redimensión del abrazo chino y el mayor control migratorio marcan la sintonía con Washington tras diez años de FMLN

El sorprente uso del Ejército para presionar sobre la Asamblea Legislativa salvadoreña a comienzos de febrero, para la aprobación de una partida destinada a seguridad, ha generado alarma internacional sobre lo que puede deparar la presidencia de Nayib Bukele, que accedió al poder en junio de 2019. El haber estrechado en su primer medio año las relaciones con Estados Unidos, tras dos décadas de gobierno de la exguerrilla del FMLN, pudo haber hecho pensar a Bukele que su gesto autoritario sería disculpado desde Washington. La reacción unánime en la región le hizo corregir el tiro, al menos de momento.

▲ Juramentación de Nayib Bukele como presidente, en junio de 2019, junto a su esposa, Gabriela Rodríguez [Presidencia de El Salvador]

ARTÍCULO / Jimena Villacorta

El Salvador y Estados Unidos tuvieron una estrecha relación durante el largo dominio político del partido de derecha ARENA, pero la llegada al poder en 2009 del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) supuso un alineamiento de El Salvador con los países del ALBA (Venezuela, Nicaragua y Cuba, fundamentalmente), que ocasionó alguna tirantez ocasional con Washington. Además, en 2018, en la recta final de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán y se abrió la posibilidad de inversiones estratégicas de China que fueron vistas con recelo por Estados Unidos (sobre todo la opción de control del puerto pacífico de La Unión, por el riesgo a su uso militar en situación de crisis).

Nayib Bukele ganó las elecciones de comienzos de 2019 presentándose como una alternativa a los partidos tradicionales, a pesar de que fue alcalde de San Salvador (2015-2018) liderando una coalición con el FMLN y de que para las presidenciales se quedó con las siglas GANA, creadas unos años antes como una escisión de ARENA. Su denuncia de la corrupción del sistema político, en cualquier caso, resultó creíble para la mayoría de un electorado ciertamente cansado con el tono bolivariano de los últimos gobiernos.

Durante su campaña electoral Bukele ya abogó por mejorar las relaciones con Estados Unidos, por ser un socio económicamente más interesante para El Salvador que las naciones del ALBA. «Toda ayuda que venga es bienvenida y mejor si es de Estados Unidos», dijo uno de sus asesores. Esos mensajes enseguida tuvieron acogida en Washington, y en el mes de julio el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, visitó El Salvador: era la primera vez en diez años, justamente el tiempo de las dos presidencias consecutivas del FMLN, que el jefe de la diplomacia estadounidense acudía al país centroamericano. Ese viaje sirvió para acentuar la colaboración en materia de lucha contra el narcotráfico y el problema de las pandillas, dos problemas compartidos. «Tenemos que luchar contra la pandilla MS-13, que ha sembrado la destrucción en El Salvador y también en Estados Unidos, porque tenemos su presencia casi en cuarenta de los cincuenta estados de nuestro país», dijo Pompeo.

Acorde con el cambio de orientación que estaba dando, El Salvador pasó a alinearse en los foros regionales contra el régimen de Nicolás Maduro. Así, el 12 de septiembre la representación salvadoreña en la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), después de años absteniéndose o votando a favor de resoluciones apoyando la Venezuela chavista. El 3 de diciembre Bukele anunció la expulsión de El Salvador de los diplomáticos del gobierno de Maduro, acción replicada de inmediato por Caracas.

En esos mismos meses El Salvador aceptó los términos del nuevo enfoque migratorio que la Administración Trump estaba perfilando. Durante el verano la Casa Blanca negoció con los países del Triángulo Norte centroamericano acuerdos asimilables al mecanismo de tercer país seguro, mediante los cuales Guatemala, Honduras y El Salvador aceptaban tramitar como demandantes de asilo a quienes pasando por su territorio hubieran acabado en EEUU formalizando esa solicitud. Bukele se entrevistó en septiembre con Trump en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y firmó el acuerdo, que fue presentado como un instrumento para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad entre fronteras, reducir el tráfico ilegal y la trata de personas. 

La firma del acuerdo resultó controvertida, pues desde muchas instancias se cuestiona las garantías de seguridad y protección de los derechos que puede ofrecer El Salvador, cuando es su falta la que impulsa la emigración de salvadoreños. Rubén Zamora, exembajador de El Salvador ante la ONU, censuró que Bukele estuviera concediendo mucho a Estados Unidos, sin apenas recibir nada a cambio.

Bukele, no obstante, pudo exhibir en octubre una contrapartida estadounidense: la extensión por un año, hasta enero de 2021, del Estatus de Protección Temporal (TPS) que da cobertura legal a la presencia de 250.000 salvadoreños y sus familias en EEUU. El total de salvadoreños que residen en ese país asciende al menos a unos 1,4 millones, la mayor cifra de migrantes latinoamericanos después de los mexicanos. Esto muestra la gran vinculación de la nación centroamericana, en la que viven 6,5 millones de personas, con la gran potencia del norte, que además es el destino del 80% de sus exportaciones y cuyo dólar es la moneda de uso en El Salvador.

El nuevo presidente salvadoreño pareció truncar esa sintonía con Washington en diciembre, cuando hizo un viaje oficial a Pekín y se entrevistó con el líder chino, Xi Jinping. EEUU había alertado del riesgo de que China aprovechara a nivel estratégico la puerta que se le abría en Centroamérica con el sucesivo establecimiento de relaciones diplomáticas con los países del istmo americano, que hasta hace pocos años eran un reducto de apoyo a Taiwán. En concreto, la embajada estadounidense en El Salvador había sido especialmente activa en denunciar las supuestas gestiones del gobierno de Sánchez Cerén para conceder a China la gestión del Puerto de La Unión, en el Golfo de Fonseca, al que podría unirse una zona económica especial.

Sin embargo, lo que hizo Bukele en ese viaje fue redimensionar, al menos de momento, esa relación con China, limitando las expectativas y calmando las suspicacias estadounidenses. No solo la cuestión del puerto de La Unión parece aparcada, sino que además el presidente salvadoreño circunscribió la asistencia china al terreno de la ayuda al desarrollo a fondo perdido y no en el de la concesión de créditos que luego, en caso de impago, condicionan la soberanía nacional. Bukele precisó que la «gigantesca cooperación» que prometía China era «no reembolsable» y se refirió a proyectos típicos de la cooperación internacional, como la construcción de una biblioteca, un estadio deportivo y una planta depuradora para limpiar las aguas servidas que se vierten en el lago Ilopango, junto a la capital.