La dependencia comercial entre los dos países –mayor en el caso de Brasil, pero los chinos también necesitan ciertos productos brasileños, como la soja– asegura el entendimiento

La relación entre Brasil y China se ha demostrado especialmente pragmática: ni Jair Bolsonaro ha revisado la vinculación con el país asiático como prometió antes de llegar a la presidencia (en su primer año de mandato no solo ha mantenido a Brasil en los BRICS sino que incluso hizo un muy publicitado viaje oficial a Pekín), ni Xi Jinping ha castigado a socio por haberle acusado de gestionar mal la pandemia de coronavirus, como sí ha ocurrido con otros países. Se ha impuesto la conveniencia de las relaciones comerciales mutuas, revalorizadas por la guerra comercial entre China y EEUU y por la presente crisis mundial.

▲ Jair Bolsonaro y Xi Jinping en Pekín, en octubre de 2019 [Palacio de Planalto]

ARTÍCULO / Túlio Dias de Assis

Después de años criticando el “perverso gobierno comunista de Pekín”, Jair Bolsonaro sorprendió a finales de octubre pasado con una visita de estado a la Ciudad Prohibida, que él mismo publicitó especialmente en las redes sociales. En ese viaje regaló a Xi Jinping la camiseta del Club de Regatas do Flamengo (equipo de fútbol que en ese momento representaba a Brasil en la Copa Libertadores, la cual terminaría ganando) y expresó su total convicción de encontrarse en un país capitalista. En noviembre fue el anfitrión en Brasilia de una cumbre de los BRICS.

La política de Bolsonaro hacia China ya había comenzado a cambiar desde poco después de acceder a la presidencia en enero de 2019, en contraste con sus mensajes contrarios a la potencia asiática durante la campaña electoral.

De hecho, las relaciones diplomáticas entre los dos países datan de la época de la Junta Militar de la que Bolsonaro se muestra tan orgulloso. En 1974 Brasil reconoció a la República Popular China como la única China, permitiendo así, pese a desconocerlo en su momento, la creación de un enorme vínculo comercial entre las dos naciones de proporciones continentales. Desde entonces, conforme avanzaba el aperturismo chino, las relaciones entre China y Brasil se fueron incrementando, de forma que desde hace casi una década China es el principal socio comercial brasileño. La dependencia china respecto a Brasil es también destacable en relación a algún producto, como la soja, si bien para los chinos Brasil en el vigésimo socio comercial, pues lógicamente se trata de economías de tamaño muy dispar.

Cuando en 1978 Deng Xiaoping decidió abrir la economía china al resto del mundo, el PIB chino se aproximaba a los 150.000 millones de dólares, un 75% del de Brasil, que superaba ya los 200.000 millones. Cuatro décadas después, en 2018, el PIB brasileño era de 1.8 billones de dólares y el chino de 13,6 billones.

Soja y porcino

El mayor acercamiento comercial e incluso político de Brasil hacia China se dio durante la presidencia de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, durante la cual se formaron los BRICS, club que ayudó a crear un mayor nivel de proximidad económica y diplomática entre los países miembros. Esta aproximación hizo que China terminara convirtiéndose en el primer socio comercial de Brasil en exportaciones y en importaciones. Las ventas de Brasil a China llegan a casi duplicar las exportaciones destinadas a EEUU.

Aunque el comercio con Brasil representa menos del 4% del valor total de bienes que importa China anualmente, el país sudamericano sigue siendo un socio comercial importante para la República Popular, debido a que el principal producto que importa desde Brasil es la soja, una de las bases de la dieta habitual de gran parte de la población china. Más de la mitad de soja importada por China proviene de Brasil y la tendencia es que aumente, principalmente debido a la guerra comercial con EEUU –el segundo principal exportador de soja a China–, convirtiendo así a Brasil prácticamente en el granero del Reino del Medio. China es el destino de más del 70% de la producción de soja brasileña.

La dependencia de China, desde la perspectiva del consumidor brasileño, se acentuó a finales de 2019 debido a una subida exorbitante del precio de la carne. La media entre los diferentes estados brasileños rondaba entre el 30% y el 40% con respecto a los meses anteriores. Los productores pudieron aumentar sustancialmente sus beneficios a corto plazo, pero que las clases populares protestaron abiertamente por el descontrolado precio de un producto muy presente en la dieta habitual del brasileño medio. El alza de los precios se debió a una suma de factores, entre ellos un brote de peste porcina que devastó gran parte de la producción china. Ante la escasez de oferta en su mercado interno, China se vio obligada a diversificar sus proveedores, y estando en medio de una guerra comercial con EEUU, a China no le quedó más remedio que acudir al potencial agropecuario brasileño, de los pocos capaces de cubrir la gran demanda china de carne. Durante ese periodo –breve, ya que paulatinamente se fue retornando a la situación anterior–, Brasil llegó a obtener cierto poder coercitivo sobre el gigante asiático.

Huawei y créditos

Brasil se halla en una situación de extrema dependencia de China en materia tecnológica: más del 40% de las compras que Brasil hace a China son maquinaria, aparatos electrónicos o piezas de los mismos. Ya en la última década, al llegar la revolución del smartphone y de la fibra óptica a Latinoamérica, Brasil decidió hacer una mayor apuesta por la tecnología de origen chino, convirtiéndose así en uno de los principales mercados internacionales para la hoy polémica marca Huawei, que ha llegado a dominar un 35% del mercado de telefonía móvil brasileño. Mientras que EEUU y Europa desconfiaban de Huawei y desde un principio le ponían límites en sus mercados, Brasil veía la tecnología china como una forma más barata de desarrollarse y jamás se dejó llevar por sospechas de injerencias del gobierno chino en materia de privacidad. Incluso varios diputados del PSL (antiguo partido al que pertenecía Bolsonaro) visitaron China a principios de 2020 a fin de evaluar la posibilidad de adquirir equipos chinos de reconocimiento facial para ayudar a las fuerzas de seguridad del Estado en el combate al crimen organizado, propuesta que al final fue rechazada por el Parlamento.

Con el auge de la polémica sobre los riesgos de espionaje que puede plantear el uso de tecnología de la multinacional china, algunas voces han alertado de la amenaza que puede suponer la contratación de Huawei para no pocas agencias y oficinas gubernamentales: un par de embajadas y consulados, parte de la infraestructura de la Cámara de los Diputados, e incluso las sedes de la Fiscalía y de la Justicia Federal en algunos estados federales. Aunque dada la falta de evidencia acusatoria contra Huawei, poco se ha hecho desde el gobierno sobre ello; solo se ha dado la cancelación de algunas adquisiciones de aparatos de la marca.

Brasil es el segundo país que más créditos públicos ha recibido de China en Latinoamérica: 28.900 millones de dólares (Venezuela es el primero con 62.200 millones), repartidos en once préstamos entre 2007 y 2017, de los cuales nueve provienen del Banco de Desarrollo Chino y otros dos del Banco de Exportación e Importación de China. Pese a ser un valor elevado, representa un porcentaje muy reducido de la deuda pública brasileña, que sobrepasa ya el billón de dólares. La mayor parte de los créditos otorgados por Pekín han sido destinados a la construcción de infraestructuras para la extracción de recursos. Adicionalmente, empresas chinas han invertido en la construcción de dos puertos en Brasil, uno en São Luís (Estado de Maranhão) y otro en Paranaguá (Estado de Paraná).

La retórica del coronavirus

Bolsonaro se dio pronto cuenta de la dependencia de China y optó por una política de acomodo respecto a Pekín, lejos de sus mensajes de la campaña electoral. Una vez más, pues, Brasil apostaba por el pragmatismo y la moderación, frente a la ideología y el radicalismo, en cuanto a la política del Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores). Asimismo, frente a la inestabilidad causada por la guerra comercial EEUU-China y la débil posición actual de Trump, Bolsonaro demostraba pragmatismo al no cerrarse por su ideología a socios comerciales de gran potencial, tal como pudo ver el pasado mes de noviembre en la cumbre de los BRICS en Brasilia.

Pero en ocasiones aflora una retórica que entronca con el pensamiento original. A raíz de la pandemia de coronavirus, Bolsonaro ha calcado en algunos mensajes la narrativa anti China de Trump. Un buen ejemplo es el intercambio de tuits tenido lugar entre Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo mayor del presidente, y el embajador chino, Yang Wanming. El primero comparó el coronavirus con el accidente de Chernóbil, insinuando total irresponsabilidad, negligencia, además de información ocultada, por parte del Partido Comunista Chino. El embajador respondió que el hijo del presidente “en su último viaje a EEUU no contrajo el coronavirus, sino un virus mental”, refiriéndose a su proximidad ideológica con Trump.

No obstante, todo esta situación parece haberse calmado tras una llamada realizada entre los mandatarios de ambos países, en la que ambos reafirmaron sus compromisos, especialmente los de carácter comercial y financiero. Asimismo, una vez más Bolsonaro parece seguir la tradicional línea de neutralidad del Itamaraty, pese a la constante insistencia de sus bases en culpabilizar a China por la actual tragedia. Se ve claramente que la dependencia económica de China sigue siendo mucho más fuerte que los principios ideológicos de la base política de Bolsonaro, por muy Trumpista que esta pueda llegar a ser.

Uno de los principales instrumentos para combatir la pobreza pierde vigencia entre el fin de la “década oro” y el comienzo de la “segunda década perdida”

Las llamadas Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) –entrega de dinero a familias desfavorecidas con el compromiso de escolarización, revisiones médicas u otros básicos requerimientos que, junto a mejorar los ingresos de los hogares, buscaban promover las opciones de la generación más joven– han ayudado en las últimas dos décadas a aumentar notablemente la clase media en Latinoamérica. Pero una vez sobrepasado el nivel de subsistencia, recientemente los ciudadanos comenzaron a reclamar una mejora de servicios, como la enseñanza, la sanidad o los transportes –así se vio en las protestas de meses pasados en la región–, algo a lo que las TMC ya no daban respuesta. Cuando los países pensaban en readaptar sus políticas, respondiendo a ese cambio de perspectiva, la crisis provocada por el Covid-19 amenaza con arrojar de nuevo a millones de personas en la pobreza, de manera que las transferencias monetarias vuelven a ser necesarias, esta vez no condicionadas.

▲ Beneficiarios de Bolsa Família de Brasil, uno de los pioneros programas de transferencias monetarias condicionadas [Gob. de Brasil]

ARTÍCULO / María Gabriela Fajardo

Los primeros programas de Trasferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en América Latina, región pionera en la puesta en marcha de este instrumento, se desarrollaron a mediados de la década de 1990 en Brasil y México con la intención de “transformar y detener la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante el desarrollo de las capacidades humanas en las familias más vulnerables”, como dijo un informe de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas). Las TMC se diseñaron para brindar apoyo a familias en situación de pobreza o pobreza extrema con hijos menores de edad. La entrega de esas ayudas monetarias (también no monetarias) se realizaban siempre y cuando las familias cumplieran con condiciones básicas de salud, educación y nutrición de los menores.

La implementación de las TMC se expandió rápidamente por toda la región. En 1997, solo cuatro países contaban con alguno de estos programas: Brasil (Bolsa Escola), Ecuador (Bono Solidario), Honduras (Programa de Asignación Familiar) y México (Progresa). Una década después, casi todos los países latinoamericanos habían adaptado la iniciativa.

Si bien en ciertos casos esta herramienta ha sido controvertida, dado que algunos gobiernos la han podido utilizar como “instrumento de política social y se discute su focalización como una estrategia de abordaje de acciones que deben operar bajo presupuestos restringidos”, según advierte el mencionado informe de la Cepal, lo cierto es que se considera que las TMC han contribuido al progreso socioeconómico de la región. Así lo señalaba recientemente Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). “En los últimos 15 años”, dijo, atribuyendo parte del mérito a las TMC, “se han hecho avances importantes en el tema de abatimiento de la pobreza y de reducción de la mala distribución del ingreso. De esta manera, es probable que Latinoamérica sea la región donde se ve la mayor mejora en la distribución del ingreso”.

Entre 2002 y 2014, tiempo conocido en Latinoamérica como la “década de oro“ (consecuencia del boom de las materias primas), la tasa de pobreza en la región se redujo del 45,4% al 27,8%, de modo que 66 millones de personas superaron esa situación, de acuerdo con el Panorama Social de América Latina 2019 publicado por la Cepal. Adicionalmente, la tasa de pobreza extrema disminuyó de un 12,2% a un 7,8%. No obstante, desde 2015, el nivel de pobreza y pobreza extrema comenzó a aumentar, patrón que ha continuado desde entonces, aunque de modo moderado. Para 2019 la Cepal pronosticó un incremento de la pobreza y pobreza extrema hasta tasas del 30,8% y del 11,5%, respectivamente, de forma que 27 millones más de personas volvieron a situaciones de pobreza en comparación con 2014. 

El reto: de la pobreza extrema, a la clase media

Esa ligera reversión indica que muchos que en esa “década de oro” accedieron a la clase media, convirtiendo a ese sector de la población por primera vez en mayoritario, se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, esas personas han visto cómo, superada su previa situación de supervivencia, sus expectativas de subsiguiente progreso y de acceso a mejores servicios por parte del Estado no se han visto atendidas. El nuevo reto de muchos países era hacer que las políticas públicas giraran en torno a otros factores que permitieran la consolidación de dichas personas en la clase media. Esa desatención generó un descontento que contribuyó a las grandes protestas vividas en varios países latinoamericanos a finales de 2019.

Las mayores demandas de una población en mejores condiciones hicieron más evidentes las deficiencias estructurales. “Las carencias estructurales de la región se han vuelto más patentes y su solución es parte de las demandas de amplios grupos sociales, en particular de las nuevas generaciones”, según el informe Panorama Social. En concreto, la Cepal alertaba sobre “el acceso segmentado a servicios públicos y culturales de calidad”.

En palabras de Werner, “el haber logrado una reducción tan importante en el abatimiento de la pobreza también hace que se genere un reto importante para los hacedores de política en América Latina, ya que el diseño de las políticas sociales tiene que orientarse a atender otros factores, no al abatimiento de la pobreza extrema. No es que nos tengamos que olvidar de eso, pero claramente el reto ahora es enfocarse también en atender aquellos segmentos de la población que ya no están en la pobreza, que son clase media”. Después de subrayar la precariedad de ese gran grupo de población que ha ascendido en la escala social, el responsable del FMI para el Hemisferio Occidental indicaba que “claramente los instrumentos para atender esta vulnerabilidad son diferentes a los esquemas de transferencias condicionadas que se implementaron en el pasado”, y citaba específicamente el acceso a una educación y una salud de calidad.

Pero los Estados la han afrontado sin fuelle presupuestario la necesidad de ese cambio de paradigma. Es evidente la poca capacidad de reacción estatal para suplir las nuevas necesidades de la población vulnerable afectada por los bajos niveles educativos, las pocas oportunidades de trabajo y ineficiencia del sistema pensional.

Los países se han encontrado con que el crecimiento económico, que entre 2000 y 2013 rondó conjuntamente en torno al 2%, desde 2014 se ha ido debilitando. Así, el PIB real per cápita en la región ha disminuido un 0,6% anual. Las causas de esta disminución en el crecimiento económico se pueden clasificar en dos factores, como ha explicado Werner. En primer lugar, las causas estructurales han inhibido el crecimiento potencial debido a “la escasez de inversión, el lento aumento de la productividad, un clima no apto para los negocios, la baja calidad de la infraestructura y la educación”. En segundo lugar, dentro de las causas cíclicas, destaca el escaso crecimiento económico mundial y el bajo precio de las materias primas; también han afectado la incertidumbre de grandes economías regionales como Brasil y México, los parones económicos repentinos de economías estresadas como Argentina y Ecuador, y las tensiones sociales que tuvieron lugar en el ultimo trimestre del 2019.

Coronavirus

La emergencia de la pandemia de Covid-19 ha venido a empeorar las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, zona para la que el informe de abril de 2020 prevé una caída del 5,2% del PIB en este año. Aunque el FMI estima una recuperación del 3,4% en 2021, esta no será suficiente para alejar el temor a una nueva “década perdida”. En su intervención más reciente para comentar estos datos, Werner advirtió que entre 2015 y 2025 el PIB per cápita “quedará plano”.

Para hacer frente a esta nueva situación, socialmente agravada por la crisis sanitaria y el padecimiento de tanta gente, los gobiernos están recurrido a transferencias monetarias directas, no ya condicionadas, a lo hogares vulnerables. De alguna manera, se vuelve a un estadio de necesidad incluso previo, anterior al momento en que se extendieron las TMC. Se vuelve a la urgencia de la década de 1980, conocida en Latinoamérica como la década perdida, en la que los países tuvieron que aplicar medidas de choque para salir de una grave crisis de deuda pública.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, cree que aún es pronto para hablar de segunda década perdida, pero coincide en que el momento conduce a programas de transferencias no condicionadas. “La gran pregunta es si todo lo que conseguimos en los últimos 15 años en términos de reducción de pobreza y pobreza extrema, con la incorporación de algunos latinoamericanos a las clases medias, se va a perder o si por el contrario la capacidad de los sistemas sociales y todo el impulso de los gobiernos de aumentar la deuda y el gasto público logra amortiguar los efectos”, afirma Moreno. Todos los países “están fortaleciendo los programas de transferencias que se desarrollaron hace ya casi dos décadas, y que han tenido muchísimo éxito”, si bien “en este caso no van a ser condicionadas, para preservar el ingreso de muchas familias”.

[Scott Martelle, William Walker's Wars. How One Man's Private Army Tried to Conquer Mexico, Nicaragua, and Honduras. Chicago Review Press. Chicago, 2019. 312 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

La historia de la injerencia de Estados Unidos en América Latina es larga. En pleno Destino Manifiesto de expansión hacia el Oeste de mediados de siglo XIX, para extender el país de costa a costa, también hubo intentos de ampliar la soberanía hacia el Sur. A quienes ocuparon la Casa Blanca les bastó con la mitad de México, que completaba un holgado acceso al Pacífico, pero hubo iniciativas personales de intento de compra e incluso de conquista de territorios centroamericanos.

Una de esas iniciativas fue protagonizada por William Walker, que al frente de varios cientos de filibusteros –la Falange Americana–, arrebató la presidencia de Nicaragua y soñó con un imperio esclavista que atrajera las inversiones de los sureños estadounidenses si la esclavitud se abolía en Estados Unidos. Walker, de Tennessee, intentó primero crear una república en Sonora, para integrar ese territorio mexicano en EEUU, y luego centró su interés en Nicaragua, que entonces resultaba un paso atractivo para los estadounidenses que querían cruzar el istmo centroamericano con destino a las minas de oro de California, donde él mismo había buscado fortuna. Desautorizado y detenido varias veces por las autoridades de EEUU, debido a los problemas que les ocasionaba con los gobiernos vecinos, finalmente fue expulsado de Nicaragua por las armas y murió fusilado cuando intentaba regresar asentando un pie en Honduras.

El libro de Scott Martelle es tanto un retrato del personaje –alguien sin especiales dotes de liderazgo y con una apariencia más bien delicada impropia de un jefe de mercenarios, que no obstante supo generar expectativas lucrativas entre quienes le siguieron (2.518 estadounidenses llegaron a alistarse)–, como una crónica de sus campañas militares al Sur de Estados Unidos. Igualmente describe bien el ambiente a mitad del siglo XIX en ciudades como San Francisco y Nueva Orleans, repletas de migrantes procedentes de otras partes del país y en tránsito hacia donde les llevara la fortuna.

También ofrece un detallado relato de la empresa desarrollada por el magnate Vanderbilt para establecer una ruta, inaugurada en 1851, que utilizaba el río San Juan para llegar al lago de Nicaragua y de allí salir al Pacífico, con ánimo de establecer una conexión ferroviaria y el ulterior propósito de construir en pocos años un canal. Aunque el trayecto por tierra era más largo que el que en ese momento también se trazaba en similares condiciones en el istmo de Panamá, el desplazamiento en barco desde EEUU hasta Nicaragua era más breve que el que obligaba llegar hasta Panamá. Esto último explica que durante la segunda mitad del siglo XIX el proyecto de canal de Nicaragua tuviera más adeptos en Washington que el de Panamá.

Si bien Panamá es uno de los símbolos de la injerencia de EEUU en su «patio trasero», el éxito de la obra del canal transoceánico y su devolución a los panameños desactivan en gran medida una «leyenda negra» que sigue en pie en el caso nicaragüense. Nicaragua es probablemente el país centroamericano que más ha experimentado el «imperialismo» de EEUU. El episodio de Walker (1855-1857) marca un comienzo; luego siguieron las intervenciones militares del propio Gobierno estadounidense (1912-1933), el estrecho apoyo de Washington a la dictadura de los Somoza (1937-1979) y la implicación directa en el combate contra la Revolución Sandinista (1981-1990).

Walker llegó a Nicaragua atraído por el interés estadounidense en el paso interoceánico y con la excusa de ayudar a uno de los bandos que se enfrentaban en una de las tantas guerras civiles entre conservadores y liberales que se daban en las excolonias españolas. Elevado a jefe del Ejército, en 1856 fue elegido presidente de un país en el que apenas pudo controlar el área cuyo centro era la ciudad de Granada, en la orilla norte del lago de Nicaragua.

A medida que asentó su poder se alejó de cualquier idea inicial de integración de Nicaragua en EEUU y soñó con forjar un imperio centroamericano que incluso incluyera México y Cuba. En su estrategia entró la esclavitud, que en Nicaragua se había abolido en 1838 y él la reinstauró en 1856. La imaginó como un medio de impedir que Washington renunciara a ampliar su soberanía a esos territorios, dados los equilibrios internos en EEUU entre estados esclavistas y no esclavistas, y como atracción de capital de los esclavistas sureños. Finalmente fue expulsado del país en 1857 gracias el empuje de un ejército reunido por los países vecinos. En 1860 intentó un regreso, pero fue apresado y fusilado en Trujillo (Honduras). Su aventura estuvo alimentada por la creencia en la superioridad del hombre blanco y anglosajón, que le llevó a despreciar las aspiraciones de los pueblos hispanos y a sobreestimar la capacidad bélica de sus mercenarios.

El libro de Martelle responde más a un propósito historicista que divulgativo, por lo que su lectura no es tanto para el gran público como para los interesados específicamente en el fulibusterismo de William Walker: un episodio, en cualquier caso, de conveniente conocimiento sobre el pasado centroamericano y la relación de Estados Unidos con el resto del Hemisferio Occidental.

[Maria Zuppello, Il Jihad ai Tropici. Il patto tra terrorismo islamico e crimine organizzato in America Latina. Paese Edizioni. Roma, 2019. 215 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

Normalmente vinculamos la yihad con Oriente Medio. Si acaso, también con el Sachel africano, abriendo el mapa hacia el oeste, o con la frontera de Afganistán, Pakistán e India, abriéndolo hacia el este. Sin embargo, Latinoamérica tiene también un sitio en esa geografía. Lo tiene como lugar para la financiación de la lucha terrorista –la cocaína supone un negocio que los islamistas aprovechan, como ocurre con la heroína en el caso concreto de los talibanes– y también como espacio en el que pasar desapercibido, fuera de radar (las playas caribeñas o brasileñas son el último lugar que se imaginaría como escondite de yihadistas).

Yihad en los trópicos, de la investigadora italiana Maria Zuppello, se ocupa precisamente de ese aspecto menos conocido del yihadismo mundial: los yihadistas de la caipiriña, por decirlo de un modo gráfico, para acentuar la normalidad con la que viven esos elementos radicalizados en el contexto latinoamericano, aunque se trata de redes criminales más siniestras de lo que puede sugerir el nombre.

La investigación de Zuppello, que tiene como subtítulo “el pacto entre terrorismo islámico y crimen organizado en América Latina”, se ocupa de diversos países, aunque es en Brasil donde la autora sitúa las principales conexiones con el resto de la región y con las estructuras internacionales de distintos grupos yihadistas. En concreto, señala la vinculación entre el líder religioso Imran Hosein, que propaga doctrinas salafistas, y el atentado contra la sala de fiestas Bataclan de París, pues su predicación tuvo una especial responsabilidad en la radicalización de uno de los terroristas, Samy Amimour. Zuppello también analiza los contactos cruzados de los brasileños que fueron detenidos en 2016 en la operación Hashtag, en la recta final de la preparación de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.

El libro de Zuppello comienza con una presentación a cargo de Emanuele Ottolenghi, investigador que trabaja en la Fundación para la Defensa de las Democracias, un think tank de Washington. Ottolenghi es un experto en la presencia de Hezbolá en América Latina, sobre la que ha escrito numerosos artículos.

En esa presentación, Ottolenghi destaca la colaboración establecida entre elementos yihadistas y ciertos niveles de la izquierda latinoamericana, especialmente la bolivariana. “Los mensajes extremistas difieren poco de la retórica de la revolución antiimperialista de la izquierda radical, profundamente enraizada durante décadas en América Latina”, afirma. Esto explica “el atractivo de la revolución islámica para los descendientes de los incas en la remota comunidad andina de Abancay, a cuatro horas de viaje de Machu Picchu, y para los revolucionarios cubanos y salvadoreños (ahora dedicados a extender la palabra de Jomeini en América Central)”.

Para Ottolenghi, “el tema central de la alianza roji-verde entre bolivarianos e islamistas es la llamada resistencia frente el imperialismo estadounidense. Tras esa retórica revolucionaria, sin embargo, hay más. La creación de una alianza estratégica entre Teherán y Caracas ha abierto la puerta de Latinoamérica a los guardias revolucionarios iraníes y a Hezbolá. Venezuela se ha convertido en un centro para los agentes de Irán en la región”.

Los tráficos ilícitos generan millones de dinero negro que es lavado a través de circuitos internacionales. En ese proceso tienen importancia “las comunidades de la diáspora libanesa”, en áreas como La Guaira (entre Venezuela y Colombia), la isla Margarita (Venezuela), la zona franca de Colón (Panamá) y la Triple Frontera (entre Brasil, Paraguay y Argentina)

Precisamente esa Triple Frontera ha sido el lugar habitual al que referirse a la hora de hablar de Hezbolá en Latinoamérica. Los atentados ocurridos en Buenos Aires en 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la AMIA, respectivamente, tuvieron allí su origen operativo y desde entonces se ha documentado con frecuencia la vinculación financiera de ese rincón geográfico con el grupo extremista chií. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder se produjo una convergencia entre Venezuela e Irán que amparó la obtención de pasaportes venezolanos por parte de radicales islamistas, los cuales también fueron haciéndose con parte del negocio del narcotráfico a medida que el propio Chávez metía al estado venezolano en el negocio de la cocaína.

La convergencia de intereses entre las redes de crimen organizado en la región y los elementos yihadistas lleva a plantearnos, según Zuppello, si “Latinoamérica acabará siendo el nuevo cajero automático para la financiación de la yihad global”, o incluso “en algo más: un escondite de combatientes extranjeros en fuga o una nueva plataforma para ataques, o ambos”.

Uno de los aspectos concretos a los que se refiere Zuppello es el sector del halal y sus certificaciones, que está creciendo exponencialmente, lo que ha provocado la preocupación de las autoridades de la lucha antiterrorista en diversos países, que acusan a ese sector de ocultar la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. El comercio de carne halal ha dado cobertura a docenas de inspectores de carne iraníes, que se han asentado de manera permanente en la región.

Investigaciones como la realizada en Yihad en los trópicos han llevado a que 2019 por primera vez diversos países latinoamericanos aceptaran reconocer a Hezbolá como grupo terrorista.

El 27% de la riqueza privada total latinoamericana está depositada en territorios que ofrecen un tratamiento impositivo favorable

Latinoamérica es la región mundial con mayor porcentaje de riqueza privada “offshore”. La cercanía de paraísos fiscales, en diversos países o dependencias insulares del Caribe, puede facilitar la llegada de esos capitales, algunos generados de forma ilícita (narcotráfico, corrupción) y todos evadidos de unas instituciones fiscales nacionales con poca fuerza supervisora y coercitiva. Latinoamérica dejó de ingresar impuestos en 2017 por valor de 335.000 millones de dólares, lo que representó el 6,3% de su PIB.

▲ Playa del Caribe [Pixabay]

ARTÍCULO / Jokin de Carlos Sola

Contrasta la riqueza natural de los países latinoamericanos con la precariedad de la situación económica de buena parte de sus sociedades. Tierras ricas en petróleo, minerales y bienes primarios no consiguen en ocasiones alimentar a todos sus ciudadanos. Una de las razones de esa deficiencia es la frecuencia con la cual empresas y dirigentes tienden a evadir impuestos, alejando el capital de sus países.

Una de las razones de la tendencia a evadir impuestos es el gran tamaño de la economía sumergida y las carencias de los Estados para implementar los sistemas impositivos. Otra es la presencia cercana de paraísos fiscales en el Caribe, básicamente vinculados históricamente a Reino Unido. Estos territorios con características fiscales beneficiarias han atraído capital proveniente del continente.

Historia

La historia de la evasión fiscal es larga. Su relación con Latinoamérica y los archipiélagos británicos caribeños, sin embargo, tiene su origen en la caída del Imperio Británico.

A partir de 1945, Gran Bretaña comenzó a perder poco a poco las posesiones coloniales que tenía repartidas por el mundo. El efecto financiero fue claro: millones de libras se perdieron o fueron sacadas de operaciones en todo el imperio. Para hacer frente a esa situación y poder mantener su poder financiero mundial, los banqueros de la City de Londres pensaron en crear campos de acción fuera de la jurisdicción del Banco de Inglaterra, desde donde pudieran operar también banqueros de todo el mundo (especialmente norteamericanos) para evitar sus respectivas regulaciones nacionales. Surgió entonces una nueva oportunidad en los territorios de ultramar británicos, algunos de los cuales no se independizaron, sino que mantuvieron su vinculación, aunque laxa, con Reino Unido. Fue el caso del Caribe.

En 1969 las islas Caimán crearon la primera legislación sobre secreto bancario. Fue el primer territorio de ultramar convertido en paraíso fiscal. A partir de oficinas establecidas allí, los bancos de la City fueron generando redes de operaciones no reguladas por el Banco de Inglaterra y con apenas supervisión local. Pronto otras jurisdicciones caribeñas siguieron los mismos pasos.

Los paraísos fiscales

Los principales paraísos fiscales del Caribe son territorios británicos de ultramar como las islas Caimán, Vírgenes y Montserrat, o algunas excolonias británicas luego independizadas, como las Bahamas. Se trata de islas con poca población y una economía pequeña. Muchos de los políticos y legisladores de esos lugares trabajan para el sector financiero británico y garantizan el secreto dentro de sus territorios.

A diferencia de otros emplazamientos que también pueden considerarse paraísos fiscales, las islas de influencia británica del Caribe ofrecen un segundo nivel de secreto además del legal: el fideicomiso. La mayor parte de quienes tienen bienes en sociedades establecidas en esos territorios lo hacen a través de la figura del fideicomiso. Bajo este sistema el beneficiario guarda sus bienes (acciones, propiedades, sociedades, etc.) en un fideicomiso el cual es administrado por un fideicomisario. Estos elementos (fideicomiso, beneficiario, fideicomisario, empresas fantasmas, etc.) están repartidos en diversas estructuras vinculadas a diferentes jurisdicciones caribeñas. De esa forma, un fideicomiso puede estar establecido en una jurisdicción, pero sus beneficiarios estar en otra diferente, el fideicomisario en una tercera y las empresas fantasmas en una cuarta. Se trata de un tipo de estructuras que para los gobiernos son casi imposibles de desarticular. Por ello cuando gobiernos de ultramar se comprometen a compartir información bancaria, por presiones de Washington o Bruselas, esta resulta es de poca utilidad por la propia estructura de secreto mencionada.

Impacto en Latinoamérica

La legislación sobre el secreto bancario surgió en Latinoamérica con el objetivo de atraer capital obtenido de forma lícita. Sin embargo, durante la década de 1970 y de 1980 esa protección sobre los datos de las cuentas corrientes atrajo también el capital obtenido a través de medios ilícitos, como el narcotráfico y la corrupción.

Durante esos años capos del tráfico de droga como Pablo Escobar usaron los beneficios de las Islas Caimán y otros territorios para esconder fortunas y propiedades. Por otra parte, varias de las dictaduras latinoamericanas también utilizaron estos mecanismos para esconder el enriquecimiento de sus líderes a través de la corrupción o incluso también de la droga, como ocurrió con el panameño Manuel Noriega.

Con el tiempo comunidad internacional aumentó su presión sobre los paraísos fiscales. En los últimos años las autoridades de las Islas Caimán y Bahamas han hecho esfuerzos para que sus estructuras de secreto no sean usadas como lavado de dinero del crimen organizado, pero no todos los territorios considerados paraísos fiscales han hecho lo mismo.

Esas redes opacas son utilizadas por una parte considerable de las grandes fortunas latinoamericanas. El 27% de la riqueza privada total de América Latina está depositada en países que ofrecen un tratamiento impositivo favorable, lo que le convierte en la región del mundo con mayor proporción de capitales privados en esos lugares, de acuerdo con un estudio de Boston Consulting Group de 2017. Según esta consultora, ese desvío de la riqueza privada es mayor en Latinoamérica que en Oriente Medio y África (23%), Europa del Este (20%), Europa Occidental (7%), Asia-Pacífico (6%) y Estados Unidos y Canadá (1%). 

Los paraísos fiscales son el destino de una parte difícil de precisar del total de 335.000 millones de dólares objeto de evasión o elusión fiscal que hubo en la región en 2017, cifra que constituyó el 6,3% del PIB latinoamericano (4% dejado de ingresar en el impuesto de la renta de las personas físicas y 2,3% en el IVA), tal como se especifica en el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019 de la CEPAL. Esta comisión económica de la ONU para la región destaca que en promedio los países latinoamericanos pierden más del 50% de sus ingresos por concepto de impuesto de la renta.

La conexión con Londres

Ha habido diversas teorías sobre el papel jugado por Londres en relación a los paraísos fiscales. Esas teorías coinciden en presentar una conexión de intereses entre las sociedades opacas y la City de Londres, en una red de complicidad en la que incluso podrían haber participado el Banco de Inglaterra y el gobierno británico.

La más importante fue expresada por el autor británico Nicholas Shaxson en el libro Treasure Island. La tesis fue desarrollada más tarde por el documental Spiders Web, producido por la organización Tax Justice Network, cuyo fundador, John Christiansen, trabajó como asesor para el gobierno de Jersey, que es una jurisdicción especial.

La City de Londres cuenta con una administración separada, elegida por los todavía existentes gremios, los cuales representan a la clase comercial y bancaria de la ciudad. Esto permite que las operaciones financieras que se desarrollan en esa zona de la capital británica escapen parcialmente del control del Banco de Inglaterra y de las regulaciones gubernamentales. Una City atractiva para el capital extranjero y próspera beneficia grandemente a la economía británica, pues su actividad supone el 2,4% del PIB del país.

La soberanía británica sobre los territorios de ultramar que sirven de paraísos fiscales lleva en ocasiones a acusar a Reino Unido de complicidad con esas redes financieras. Downing Street responde que se trata de territorios que operan con una gran autonomía, por más que Londres ponga al gobernador, controle la política exterior y tenga poder de veto sobre las legislaciones que se aprueban en esos lugares.

Además, es cierto que el Gobierno británico ha apoyado en la última década una mayor coordinación internacional para incrementar el escrutinio sobre los paraísos fiscales, obligando a las autoridades de esos lugares a entregar relevante información fiscal, si bien la estructura de los fideicomisos sigue actuando contra la transparencia.

Corregir la situación

Los problemas de Latinoamérica con relación a la evasión fiscal pueden estar más relacionados con la propia fragilidad de sus propias instituciones fiscales que a la presencia de paraísos fiscales cercanos al continente americano. Al mismo tiempo, algunos paraísos fiscales se han beneficiado de la inestabilidad y la corrupción política en Latinoamérica.

Los efectos de la fuga de capitales nacionales hacia esos lugares de regímenes fiscales especiales son claramente negativos para los países de la región, pues les priva de mayor actividad económica y posibilidades recaudatorias, lastrando la capacidad del Estado para acometer una necesaria mejora de los servicios públicos.

Por ello es imperativo que se establezcan ciertas políticas de corrección. En el campo de las políticas nacionales se deberían crear mecanismos para evitar la evasión y la elusión fiscales. Al mismo tiempo, a nivel internacional se deberían configurar iniciativas diplomáticas para acabar con las estructuras de los fideicomisos. La OEA ofrece, en este sentido, un importante marco negociador no solo con ciertos territorios de ultramar, sino con sus propias metrópolis, pues estas, como es el caso del Reino Unido, son miembros observadores permanentes de la organización hemisférica.

La crítica a Maduro, la redimensión del abrazo chino y el mayor control migratorio marcan la sintonía con Washington tras diez años de FMLN

El sorprente uso del Ejército para presionar sobre la Asamblea Legislativa salvadoreña a comienzos de febrero, para la aprobación de una partida destinada a seguridad, ha generado alarma internacional sobre lo que puede deparar la presidencia de Nayib Bukele, que accedió al poder en junio de 2019. El haber estrechado en su primer medio año las relaciones con Estados Unidos, tras dos décadas de gobierno de la exguerrilla del FMLN, pudo haber hecho pensar a Bukele que su gesto autoritario sería disculpado desde Washington. La reacción unánime en la región le hizo corregir el tiro, al menos de momento.

▲ Juramentación de Nayib Bukele como presidente, en junio de 2019, junto a su esposa, Gabriela Rodríguez [Presidencia de El Salvador]

ARTÍCULO / Jimena Villacorta

El Salvador y Estados Unidos tuvieron una estrecha relación durante el largo dominio político del partido de derecha ARENA, pero la llegada al poder en 2009 del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) supuso un alineamiento de El Salvador con los países del ALBA (Venezuela, Nicaragua y Cuba, fundamentalmente), que ocasionó alguna tirantez ocasional con Washington. Además, en 2018, en la recta final de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán y se abrió la posibilidad de inversiones estratégicas de China que fueron vistas con recelo por Estados Unidos (sobre todo la opción de control del puerto pacífico de La Unión, por el riesgo a su uso militar en situación de crisis).

Nayib Bukele ganó las elecciones de comienzos de 2019 presentándose como una alternativa a los partidos tradicionales, a pesar de que fue alcalde de San Salvador (2015-2018) liderando una coalición con el FMLN y de que para las presidenciales se quedó con las siglas GANA, creadas unos años antes como una escisión de ARENA. Su denuncia de la corrupción del sistema político, en cualquier caso, resultó creíble para la mayoría de un electorado ciertamente cansado con el tono bolivariano de los últimos gobiernos.

Durante su campaña electoral Bukele ya abogó por mejorar las relaciones con Estados Unidos, por ser un socio económicamente más interesante para El Salvador que las naciones del ALBA. «Toda ayuda que venga es bienvenida y mejor si es de Estados Unidos», dijo uno de sus asesores. Esos mensajes enseguida tuvieron acogida en Washington, y en el mes de julio el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, visitó El Salvador: era la primera vez en diez años, justamente el tiempo de las dos presidencias consecutivas del FMLN, que el jefe de la diplomacia estadounidense acudía al país centroamericano. Ese viaje sirvió para acentuar la colaboración en materia de lucha contra el narcotráfico y el problema de las pandillas, dos problemas compartidos. «Tenemos que luchar contra la pandilla MS-13, que ha sembrado la destrucción en El Salvador y también en Estados Unidos, porque tenemos su presencia casi en cuarenta de los cincuenta estados de nuestro país», dijo Pompeo.

Acorde con el cambio de orientación que estaba dando, El Salvador pasó a alinearse en los foros regionales contra el régimen de Nicolás Maduro. Así, el 12 de septiembre la representación salvadoreña en la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), después de años absteniéndose o votando a favor de resoluciones apoyando la Venezuela chavista. El 3 de diciembre Bukele anunció la expulsión de El Salvador de los diplomáticos del gobierno de Maduro, acción replicada de inmediato por Caracas.

En esos mismos meses El Salvador aceptó los términos del nuevo enfoque migratorio que la Administración Trump estaba perfilando. Durante el verano la Casa Blanca negoció con los países del Triángulo Norte centroamericano acuerdos asimilables al mecanismo de tercer país seguro, mediante los cuales Guatemala, Honduras y El Salvador aceptaban tramitar como demandantes de asilo a quienes pasando por su territorio hubieran acabado en EEUU formalizando esa solicitud. Bukele se entrevistó en septiembre con Trump en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y firmó el acuerdo, que fue presentado como un instrumento para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad entre fronteras, reducir el tráfico ilegal y la trata de personas. 

La firma del acuerdo resultó controvertida, pues desde muchas instancias se cuestiona las garantías de seguridad y protección de los derechos que puede ofrecer El Salvador, cuando es su falta la que impulsa la emigración de salvadoreños. Rubén Zamora, exembajador de El Salvador ante la ONU, censuró que Bukele estuviera concediendo mucho a Estados Unidos, sin apenas recibir nada a cambio.

Bukele, no obstante, pudo exhibir en octubre una contrapartida estadounidense: la extensión por un año, hasta enero de 2021, del Estatus de Protección Temporal (TPS) que da cobertura legal a la presencia de 250.000 salvadoreños y sus familias en EEUU. El total de salvadoreños que residen en ese país asciende al menos a unos 1,4 millones, la mayor cifra de migrantes latinoamericanos después de los mexicanos. Esto muestra la gran vinculación de la nación centroamericana, en la que viven 6,5 millones de personas, con la gran potencia del norte, que además es el destino del 80% de sus exportaciones y cuyo dólar es la moneda de uso en El Salvador.

El nuevo presidente salvadoreño pareció truncar esa sintonía con Washington en diciembre, cuando hizo un viaje oficial a Pekín y se entrevistó con el líder chino, Xi Jinping. EEUU había alertado del riesgo de que China aprovechara a nivel estratégico la puerta que se le abría en Centroamérica con el sucesivo establecimiento de relaciones diplomáticas con los países del istmo americano, que hasta hace pocos años eran un reducto de apoyo a Taiwán. En concreto, la embajada estadounidense en El Salvador había sido especialmente activa en denunciar las supuestas gestiones del gobierno de Sánchez Cerén para conceder a China la gestión del Puerto de La Unión, en el Golfo de Fonseca, al que podría unirse una zona económica especial.

Sin embargo, lo que hizo Bukele en ese viaje fue redimensionar, al menos de momento, esa relación con China, limitando las expectativas y calmando las suspicacias estadounidenses. No solo la cuestión del puerto de La Unión parece aparcada, sino que además el presidente salvadoreño circunscribió la asistencia china al terreno de la ayuda al desarrollo a fondo perdido y no en el de la concesión de créditos que luego, en caso de impago, condicionan la soberanía nacional. Bukele precisó que la «gigantesca cooperación» que prometía China era «no reembolsable» y se refirió a proyectos típicos de la cooperación internacional, como la construcción de una biblioteca, un estadio deportivo y una planta depuradora para limpiar las aguas servidas que se vierten en el lago Ilopango, junto a la capital.

El puerto de Chancay, a cargo de la naviera estatal Cosco, entrará en funcionamiento en 2022

Los chinos lo pronuncian casi como Shanghái, pero no está en China sino en Perú. El puerto de Chancay, a 75 kilómetros de Lima, se va a convertir en el primer ‘hub’ logístico chino para la vertiente pacífica de Latinoamérica. Es el único puerto en la región de la naviera estatal Cosco, que en su día fijó en El Pireo su puerta de entrada en Europa y ahora prepara su acceso de mercancías a Sudamérica a través de Chancay. La infraestructura supone una inversión de 3.000 millones de dólares.

▲ Creación por ordenador de las instalaciones del nuevo puerto de Chancay, 75 kilómetros al norte de Lima [Volcan]

ARTÍCULO / Gabriela Pajuelo

El puerto de Chancay pretende erigirse en una de las principales conexiones de China con los países de la costa oeste de Sudamérica, sirviendo de puente para el creciente comercio de mercancías de esta región con Asia-Pacífico. A través de la sociedad Terminales Portuarios Chancay, la china Cosco Shipping Ports contempla una inversión inicial de 1.200 millones de dólares, destinados a la primera fase del proyecto –construcción de nuevos diques para ganar terreno al mar, logrando una mayor profundidad (16 metros) y superficie para operaciones (un millón de contenedores). La inversión total será de 3.000 millones de dólares; la entrada en funcionamiento se prevé para 2022.

China es desde 2014 el primer socio comercial de Perú, desbancando de ese puesto a Estados Unidos. En 2017 China fue el destino del 26% de las exportaciones peruanas (11.700 millones de dólares) y el origen del 23% de sus importaciones (8.750 millones). El interés chino se centra en los minerales, el mayor sector exportador peruano, y por tanto el puerto de Chancay se perfila como el principal punto de salida de esas materias primas hacia China. Los fletes de vuelta aportarán manufacturas chinas, no solo para Perú sino para países vecinos.

Ese interés de Pekín por las materias primas de Perú ya llevó a la firma en 2009 de un tratado de libre comercio entre los dos países, que fue optimizado el año pasado. Se trata de una relación que no se ha visto complicada por la concesión de elevados créditos que luego el país receptor tenga difícil devolver: Perú solo ha recibido créditos de las entidades crediticias públicas chinas por valor de 50 millones de dólares, en 2009, lo que le sitúa a la cola de receptores de préstamos chinos en Latinoamérica.

Cosco se hizo por 225 millones de dólares con el 60% de Terminales Portuarios Chancay en la primera mitad de 2019, compartiendo sociedad con la minera peruana Volcan, que posee el 40% restante. Se trata del primer puerto que la gran naviera estatal china controlará en su integridad en el Hemisferio Occidental, pues su presencia en el puerto de Seatle, en EEUU, se limita a la explotación de una terminal. Cosco cuenta con 34 terminales en todo el mundo, 11 de los cuales se encuentran fuera de China (en España tiene presencia en los puertos de Valencia y Bilbao). Otras compañías chinas disponen también de algún terminal en la región, como en las bocas del Canal de Panamá (China es el segundo usuario más importante de esa vía interoceánica, tras EEUU), o participan en obras de expansión portuaria, como en Itaquí (Brasil). Pekín también ha expresado interés en gestionar puertos completos –el es caso de La Unión, en El Salvador–, pero Chancay es la primera realización en ese sentido.

El nuevo puerto de Chancay, de casi 1.000 hectáreas de extensión, incluirá un complejo de ingreso, un túnel viaducto subterráneo y una zona operativa portuaria. Esta tendrá un terminal de contenedores con dos muelles, y un terminal de carga a granel, carga general y rodante con otros dos muelles. Según la compañía, el puerto alcanzará una capacidad de manejo de carga anual de un millón de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, es decir, Unidad Equivalente a Veinte Pies). Cabe añadir que el complejo portuario contará con la capacidad de descarga de embarcaciones Triple E, consideradas los segundos barcos portacontenedores más grandes del mundo.

El multipuerto se encuentra ubicado a 75 km al norte de Lima y estará conectado con el centro del país, a través de una carretera hacia Oyón y Ambo, en los Andes peruanos. Esta infraestructura viaria, con una inversión pública es de 450 millones de dólares, supone un esfuerzo de descentralización por parte del gobierno peruano.

El puerto de Chancay podría plantear una seria competencia al Terminal Portuario del Callao, gestionado por DP World Callao (empresa subsidiaria de Dubai Ports World), APM Terminals y Transportadora Callao. Se trata del puerto de facto de Lima y es el principal puerto del país en cuanto a tráfico y capacidad de almacenaje, con un movimiento portuario en 2018 de 2,3 millones de TEU y 56 millones de toneladas, que representan el 51% del total nacional.

Terminales de Cosco Shipping Ports en el mundo [Cosco Group]

La ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara Risco, ha anunciado un plan para duplicar la capacidad de almacenaje del puerto del Callao, pero, se cuestiona si eso será suficiente para competir con el nuevo puerto de Chancay. El presidente, Martín Vizcarra, se muestra convencido de que ambas instalaciones puedan funcionar de manera complementaria, además de que la nueva infraestructura permitirá descongestionar el tráfico de camiones en el área de la capital.

La inversión china, en cualquier, ha dado pie para que en algunos medios se hable de la “diplomacia de chequera”, un concepto que se refiere a la utilización de inversiones o préstamos para establecer relaciones favorables con países que ocupen puestos estratégicos en regiones de interés geopolítico. Aunque una infraestructura como la de Chancay es altamente interesante para el país beneficiado, este puede verse obligado a devolver el favor de otras maneras, quizás permitiendo la explotación de recursos minerales. Al margen de eso están las disposiciones internas chinas, que obligan a sus empresas con terminales portuarias en el resto del mundo a acoger a la armada de guerra en caso necesario.

La creciente influencia china en el Hemisferio Occidental preocupa a EEUU. Su propio vicepresidente, Mike Pence, advirtió a los países latinoamericanos que esas inversiones representan una potencial amenaza, porque cuando menos establecen una excesiva dependencia de los lazos comerciales y crediticios con China, generando además un alto déficit comercial y una elevada deuda. También, según Pence, pueden afectar negativamente a asuntos como el cuidado del medio ambiente o el respeto de zonas protegidas. 

En términos más dramáticos se ha pronunciado el Pentágono. En febrero de 2019, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, alertó que en el futuro “China podría usar su control de puertos de aguas profundas en el Hemisferio Occidental para aumentar su posición operacional global”.

El éxito de varias reformas se ve ensombrecido por la impulsividad e intereses personales de un presidente con imagen deteriorada

▲ Jair Bolsonaro atiende a la prensa a comienzos de enero en la sede del Ministerio de Economía [Isac Nóbrega, PR]

ANÁLISIS / Túlio Dias de Assis

Hace un año, el 1 de enero de 2019, un excapitán del ejército brasileño, Jair Bolsonaro, subió las escaleras del Palácio do Planalto para la inauguración de su mandato presidencial. Era el más polémico líder en asumir la jefatura de estado y de gobierno de Brasil desde la presidencia del no menos extravagante populista Jânio Quadros, en la década de 1960. Los más catastrofistas anunciaban el inminente fin de la cuarta mayor democracia del mundo; los más ilusos, que Brasil despegaría y ocuparía su debido lugar en la arena internacional. Como era de esperar, ninguno de los dos extremos acertó: Brasil sigue manteniendo el nivel de democracia de los últimos 30 años, sin que haya habido ninguna intentona militar, como algunos habían temido; tampoco ha pasado Brasil a ser la potencia mundial que, según creen muchos brasileños, le corresponde por su excepcionalidad territorial, poblacional, cultural y política. Como suele pasar, la realidad ha sido menos simple de lo que se esperaba.

Economía

Entre los aspectos más atractivos de la candidatura de Bolsonaro para el público durante la campaña electoral se hallaba la promesa de recuperación económica bajo la administración del ministro Chicago Boy Paulo Guedes. A fin de cumplir dicho propósito, nada más comenzar su mandato, Bolsonaro unificó los antiguos ministerios de Hacienda, Planificación, Desarrollo y Gestión, Industria, Trabajo y Comercio Exterior y Servicios bajo el techo del Ministerio de Economía, todo al mando del liberal Guedes. Personaje que se convirtió en una especie de “superministro” responsable de toda la agenda económica del nuevo gobierno.

Desde un principio Guedes dejó claro que haría lo posible para levantar las barreras del proteccionismo comercial brasileño, doctrina adoptada en grado variable por cada gobierno desde hace más de medio siglo. A fin de desplegar su cruzada contra el estatismo y el proteccionismo, Guedes ha fomentado durante este año el acercamiento comercial bilateral a varios aliados estratégicos, los cuales, “a diferencia de gobiernos anteriores, no se elegirán en base a criterios ideológicos”, según Bolsonaro. Ya en enero hubo el anuncio de un Novo Brasil en el Foro Económico Mundial de Davos, definido por un mayor aperturismo, nula tolerancia a la corrupción y fortalecimiento de América Latina como bloque regional.

Comercio

Pese a su apoyo a la apertura económica, el equipo de Bolsonaro en ningún momento se ha mostrado excesivamente favorable al comercio con Mercosur –su bloque comercial multilateral regional–, llegando incluso Guedes a afirmar que este suponía un peso para Brasil, ya que lo consideraba una alianza más ideológica que económica. Sin embargo, esta aversión a Mercosur, y principalmente a Argentina, parece haber terminado tras la firma del acuerdo comercial Mercosur-UE, dado que el potencial volumen de comercio que se generaría con dicho pacto sería enormemente beneficioso para los productores agrícolas y ganaderos brasileños. De igual manera también se logró firmar un acuerdo con los países del Área Europea de Libre Comercio (EFTA), conformado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

De estos dos acuerdos, el más controvertido ha sido el firmado con la Unión Europea, principalmente por los altos niveles de rechazo que ha producido en algunos Estados miembros como Francia, Irlanda o Austria, pues es visto como un posible riesgo hacia la Política Agraria Común. Por otra parte, algunos otros países se mostraron críticos alegando la política medioambiental de Bolsonaro, ya que el acuerdo se firmó durante el verano, que coincidió con la época de los incendios en la Amazonia. A consecuencia de ello varios Estados miembros siguen sin ratificar el tratado y el parlamento austríaco ha votado en contra.

No obstante, el hecho de que las relaciones comerciales multilaterales no parezcan haber avanzado demasiado, debido a las trabas impuestas desde Europa, no ha impedido que Brasil expandiera su actividad comercial. Al contrario de lo que se pensaría, por la cercanía ideológica con Donald Trump y su política exterior, el acercamiento en materia económica no se ha dado con EEUU, sino con el antagónico gigante asiático. En este proceso, destaca el viaje de Bolsonaro a Pekín, donde se mostró abierto al comercio chino, pese a sus anteriores declaraciones menos favorables al respecto. Durante la visita surgió la propuesta de un acuerdo de libre comercio con China, que todavía debe ser aprobada por la cúpula de Mercosur, y varios acuerdos menores, entre los que se destacan el relativo al comercio agropecuario.

Este interés repentino chino por amentar las importaciones agropecuarias procedentes de Brasil se debe al incremento de la demanda de carne en China, provocado sobre todo por la epidemia de peste porcina que asoló la producción nacional. Esto ha provocado una inmediata subida del precio de la carne bovina y porcina en Brasil, que en algunos cortes ha sido de hasta un 30% en poco más de un mes, lo que ha distorsionado el mercado nacional, pues la carne, principalmente el vacuno, suele estar muy presente en la dieta habitual del brasileño medio.

Cuentas públicas

Por lo que se refiere a las cuentas internas del país, destaca la aprobación de la reforma del sistema de pensiones (Reforma da Previdência), que en un principio tenía un carácter marcadamente liberal, con la pretensión de eliminar privilegios y pensiones desmesuradas de altos cargos públicos. Sin embargo, varias modificaciones durante su paso por la Cámara de los Diputados y el Senado hicieron que el ahorro para el erario público sea ligeramente menor que el previsto por Guedes. Con todo, supone un gran avance teniendo en cuenta que el sistema de pensiones tenía en 2018 un déficit de 195.000 mil millones de reales (cerca de 47.000 millones de dólares). Este déficit se debe a que Brasil contaba con uno de los sistemas con mayores prestaciones y menos exigencias del mundo, pues no eran pocos quienes se jubilaban a los de 55 años recibiendo un 70% del salario original.

Esta medida, junto con varios otros ajustes en las cuentas públicas, incluyendo la congelación de algunos gastos ministeriales, redujo el déficit público 138.218 millones de dólares en enero (6,67% del PIB) a 97.680 millones de dólares en noviembre (5,91% del PIB), la cifra más baja desde que hace cinco años comenzó la recesión económica. Entre otros datos relevantes está el descenso de la tasa de interés básico del Banco Central, a un mínimo histórico del 4,5%, mientras que la del desempleo pasó del 12% al 11.2%.

Como resultado de todo lo anterior, el PIB brasileño se ha visto incrementado en un 1,1%, una cifra tímida pero promisoria teniendo en cuenta la enorme recesión de la que acaba de salir Brasil. Las previsiones de crecimiento para el 2020 varían entre el 2,3 y el 3% del PIB, dependiendo de la aprobación de las tan esperadas reformas tributaria y administrativa.

Seguridad

Otra de las razones que llevaron a que el controvertido capitán de la reserva alcanzara la presidencia fue la histórica problemática del crimen en Brasil. Así como para afrontar la situación económica Bolsonaro se presentó con un nombre fuerte, para la seguridad reclutó a Sergio Moro, un exjuez federal conocido por su papel indispensable en la Operação Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de Brasil que supuso el encarcelamiento del mismísimo expresidente Lula. Con el objetivo de combatir la corrupción, disminuir la criminalidad y dinamitar el poder del crimen organizado, Moro se puso al frente de una fusión de departamentos, el nuevo Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

En general, el resultado ha sido bastante positivo, con un notable descenso del número de crímenes violentos. Así, ha habido una reducción del 22% en el caso de los homicidios, que es uno de los indicadores más preocupantes en Brasil, ya que es el país con el mayor número absoluto de homicidios del mundo al año.

Entre los factores que explican este descenso de la criminalidad violenta, destaca principalmente la mayor integración entre las diferentes instituciones de fuerzas de seguridad del Estado (federales, de los estados y municipales). También ha influido la transferencia de jefes de bandas a presidios de mayor nivel de aislamiento, impidiendo así su posible comunicación con los demás integrantes del crimen organizado. Otro elemento ha sido el recién aprobado “pack anticrimen”, que consiste en una serie de leyes y reformas del código penal para dar más poder de actuación a las fuerzas de seguridad del Estado, además de establecer penas más duras para delitos de crímenes violentos, crimen organizado y corrupción.

Frente a esos avances también hay que mencionar el aumento de los muertos accidentales en operaciones policiales. Algunos casos han tenido un eco en la opinión pública, como el de un artista que terminó baleado en su coche cuando la policía lo confundió con un narcotraficante o los de niños fallecidos por balas perdidas en tiroteos entre bandas de narcos y las fuerzas de seguridad. Esto, junto a declaraciones polémicas del jefe de Estado al respecto, ha avivado el criticismo por la mayor parte de la oposición y de varias ONGs de derechos humanos.

Política social e infraestructuras

En lo relativo a las políticas sociales, el año transcurrido ha estado lejos de la distopía apocalíptica que se esperaba (por la actitud previa de Bolsonaro en relación homosexuales, afrobrasileños y mujeres), aunque tampoco ha sido tan destacable como en los apartados mencionados previamente. No ha habido progreso en áreas clave, pero tampoco ha habido cambios notables en cuanto a política social respecto a 2018. Por ejemplo, no se ha cancelado el emblemático programa social Bolsa Família, creado durante el gobierno Lula y que ayudó en gran medida a la reducción de la pobreza extrema.

Comenzando por la educación, a finales de 2019 Brasil salió clasificado con una de las notas más bajas del informe PISA, hecho que el ministro del ramo, Abraham Weintraub, achacó a la “educación de talante marxista progresista de administraciones anteriores”. Como resultado del fracaso del sistema público ordinario, e incluso la falta de seguridad de algunos centros, el gobierno ha promovido abiertamente la construcción de nuevos centros de educación cívico-militares por parte de los gobiernos de los estados. En dicho tipo de centro, los alumnos reciben una educación basada en valores militares a la vez que los mismos oficiales ofrecen protección en estos espacios públicos. Ha de destacarse que los centros ya existentes se encuentran entre las clasificaciones más altas de Brasil en materia de calidad educativa. Sin embargo, esto no quedado libre de controversias, ya que no son pocos los que consideran que no se trata de una solución adecuada, pues cabe que se termine educando desde una perspectiva militarista.

En materia de sanidad lo más destacable de este año ha sido el fin del programa de cooperación sanitaria con Cuba, Mais Médicos. Dicho acuerdo se inició en 2013, durante el mandato de Dilma Rousseff, y tenía como objetivo el proporcionar una mayor y más extensa asistencia médica universal a través de la contratación de varios médicos ‘exportados’ por el gobierno castrista. El programa recibió críticas porque los médicos cubanos solamente recibían un 25% del sueldo que les proporcionaba el gobierno brasileño y el restante 75% lo retenía La Habana. Bolsonaro rompió el acuerdo, causando así vacantes de personal sanitario que pudieron cubrirse en poco tiempo. A los profesionales cubanos se les dio la oportunidad de permanecer en Brasil bajo asilo político si revalidaban su titulación en medicina en el sistema brasileño. Dicho incidente no ha supuesto un cambio relevante en el precario sistema sanitario nacional; la única consecuencia de todo ello ha sido el deterioro de las relaciones con Cuba.

Pese a no lograr grandes progresos en lo social, la administración Bolsonaro sí ha introducido mejoras en las infraestructuras nacionales de logística. Bajo el mando del militar Tarcisio Gomes de Freitas, el Ministerio de Infraestructuras ha destacado por su capacidad de concluir obras no terminadas por previos gobiernos. Ello condujo a una diferencia notoria en cuanto al número y la calidad de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos operativos en comparación con el año anterior. Entre las fuentes de financiación para las nuevas obras está la reapertura de un fondo común establecido 2017 entre entidades financieras brasileñas y chinas, con un valor de 100.000 millones de dólares.

Bolsonaro, junto al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una visita oficial a Nueva Deli a finales de enero [Alan Santos, PR]

Medioambiente

Una de las áreas que más se temía que se viera perjudicada por la administración de Jair Bolsonaro era la política medioambiental. Dicha preocupación se vio incrementada con los polémicos incendios de la Amazonia durante los meses de julio y agosto. Para comenzar, el Ministerio del Medio Ambiente, como todos los demás, se vio afectado por las políticas de austeridad de Paulo Guedes, a fin de equilibrar las cuentas públicas, aunque según el propio ministro Ricardo Salles fue el que menos sufrió el recorte presupuestario. A causa de esto, al comenzar el periodo de sequías en la Amazonia la protección forestal se vio comprometida.

Viendo el incremento de la deforestación en un 278% durante el mes de julio, Bolsonaro reaccionó impulsivamente y despidió al director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), acusándole de favorecer a la oposición y de conspirar en su contra. La situación provocó la salida del Fondo de Protección de la Amazonia de Alemania y Noruega, los dos mayores contribuyentes, lo que fue acogido con críticas por parte de Bolsonaro, que además acusó a las ONGs de ser las causantes de los incendios. Finalmente, bajo la presión internacional, Bolsonaro terminó reaccionando y decidió enviar al ejército para combatir las llamas. Objetivo que logró en poco menos de un mes, lográndose en octubre la cifra más baja de la que se tiene registro.

Finalmente, el total anual terminó superando la cifra del año anterior en un 30%, pero sigue ubicándose dentro de la media de las dos últimas décadas. Sin embargo, el daño a la imagen nacional ya estaba hecho. Bolsonaro, gracias a su rivalidad con los medios, su vehemente afán de defender la “soberanía nacional” y su poca contención a la hora de hablar, había logrado ser considerado el culpable de una catástrofe distorsionada.

Adicionalmente, a finales del año, una polémica más azotó la administración de Bolsonaro: el misterioso derrame de petróleo en la costa noreste de Brasil. Miles de kilómetros de playas se vieron afectadas y aún a día no hay culpable oficial del delito. Hubo varias hipótesis al respecto; la más aceptada, que además recibió el respaldo del gobierno, fue la que afirmaba que el derrame provenía de un cargamento ilegal de petróleo venezolano que intentaba burlar el bloqueo comercial impuesto al régimen de Maduro. Según análisis realizados por la Universidade da Bahia, efectivamente, la estructura de dicho petróleo era muy similar a la del crudo de los yacimientos venezolanos.

Política exterior

En política exterior Bolsonaro puede distinguirse retóricamente de sus predecesores, pero no en cuanto a sus acciones. Aunque en ese ámbito le gustaría aplicar su ideología, él mismo ha aceptado que no es posible hacerlo. Ante la fuerza e intereses de las instituciones del Estado, como la tradición diplomática de Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores), la política exterior brasileña se ha mantenido tan pragmática y neutral como en todos los gobiernos anteriores de la democracia, evitándose así el cierre de puertas por razones ideológicas.

Un buen ejemplo del pragmatismo brasileño es el acercamiento económico a China, pese a al rechazo de la ideología comunista por parte de Bolsonaro. Aunque no por ello se ha alejado de su aliado cuasi natural en lo referente a ideología, Donald Trump. No obstante, la relación con EEUU ha sido de una naturaleza diferente, puesto que ha habido mayor proximidad en la cooperación internacional y la seguridad. EEUU impulsó la designación de Brasil como socio estratégico de la OTAN, llegó a un acuerdo para el uso de la base espacial de Alcântara, muy próxima a la línea del Ecuador, y apoya la entrada de Brasil en la OCDE.

Sin embargo, en el ámbito económico, no parece haber tanta cercanía, e incluso se han producido ciertos roces. Uno de ellos fue la amenaza de Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio procedentes de Brasil y Argentina, que finalmente terminó retirando, aunque el daño en las relaciones comerciales y en las bolsas de São Paulo y Buenos Aires ya estaba hecho. Algunos analistas apuntan incluso que la poca reciprocidad de EEUU en materia económica, así como el rechazo de algunos miembros de la UE al acuerdo con Mercosur, fue lo que empujó a Bolsonaro a buscar una relación compensatoria con los BRICS, cuya cumbre de 2019 tuvo lugar en Brasilia.

Otro punto peculiar de la política exterior de Bolsonaro ha sido su posición sobre el conflicto palestino-israelí, que una vez más muestra la incongruencia entre retórica y su actuación. Durante la campaña electoral Bolsonaro prometió en varias ocasiones el traslado de la embajada brasileña de Tel-Aviv a Jerusalén, algo que por el momento no ha ocurrido y solo ha habido el trasladado de una oficina económica. Bolsonaro probablemente temió represalias comerciales por parte de los países árabes, a quienes Brasil exporta productos, en su mayoría cárnicos, por valor de casi 12.000 millones de dólares. La prudencia en esta cuestión le valió incluso la firma de varios acuerdos con países del Golfo Pérsico.

Pese a lo mencionado anteriormente, ha habido un aspecto de la política exterior en la que Bolsonaro sí que logró imponer su ideología frente al “pragmatismo histórico” del Itamaraty, y este es el ámbito latinoamericano. Brasil dejó de ser el gigante que en teoría se mantiene neutro para apoyar, tímidamente, el llamado Socialismo del Siglo XXI durante los gobiernos de Lula y Dilma, y ahora coordinarse con los gobiernos del otro lado político.

Lo más destacable es su enemistad con Nicolás Maduro, así como con el expresidente Evo Morales, al que Bolsonaro denegó abiertamente su petición de pasar por territorio brasileño. También ha habido un distanciamiento respecto al retornado peronismo en Argentina, con la ausencia de Bolsonaro y de cualquier alto representante brasileño en la ceremonia de inauguración de mandato del kirchnerista Alberto Fernández. En ese mismo contexto están los acercamientos a Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia, así como al nuevo gobierno provisional de Bolivia, con los cuales Bolsonaro ve más similitudes. Con ellos ha promovido la creación de PROSUR frente a la antigua UNASUR controlada por la izquierda bolivariana. Aún y todo, pese a haber adoptado una política más ideológica en la región, Brasil sigue manteniendo la cordialidad diplomática ya que, aunque su líder lleve el conservadurismo liberal hacia los extremos en su retórica, sus políticas en la región apenas difieren del resto de gobiernos de derechas.

Bolsonaro

Por lo general, como ha quedado expuesto, en su primer año el gobierno de Bolsonaro ha obtenido resultados positivos, destacando principalmente sus avances en los ámbitos de la seguridad y de la economía. Sin embargo, mientras la labor de diversos ministros mejora la percepción de la administración, el propio Bolsonaro parece no hacer una contribución especialmente positiva. A lo largo del año, ha generado polémicas por temas sin importancia, que han acentuado su previa enemistad con la mayor parte de la prensa.

A causa de esto, poco a poco se ha ido deteriorando la imagen pública del presidente. A finales de 2019 su popularidad era del 30%, frente al 57,5% con que comenzó el año. Eso contrasta con el porcentaje de aprobación que tienen miembros de su gobierno, en especial Sergio Moro, que ha logrado mantenerse inamovible por encima del 50%. Además, su hijo Flavio, que es senador, ha pasado a ser investigado por un posible caso de corrupción, en un proceso que el presidente ha procurado impedir. Bolsonaro también causó escándalo a mitad del año al intentar nombrar embajador en Washington a su hijo Eduardo, siendo acusado de nepotismo. A las tensiones en su propio partido, que condujeron a una ruptura, se añade la poca compenetración entre Bolsonaro y los presidentes de ambas cámaras del fracturado Congreso Nacional, ambos investigados en operaciones anticorrupción convenientemente paralizadas.

¿Impeachment?

Todo este caos causado por el presidente ofrece la impresión de un Bolsonaro que va a contracorriente de su propio gobierno. El aparente éxito de las reformas ya realizadas termina viéndose maculado por la impulsividad e intereses personales del que otrora defendía la impersonalidad del Estado, lo cual acaba causando el deterioro de su imagen política. Además, se ha de sumar la reciente puesta en libertad del expresidente Lula, que conlleva el riesgo de la unificación de la oposición, dependiendo de cuán moderado sea el discurso que adopte. Así las cosas, es posible que el descabezado pero eficiente gobierno de Bolsonaro no tenga fácil mantenerse en el poder hasta final del mandato. Debe recordarse que la mano del Congreso brasileño no suele temblar a la hora de realizar impeachments; véase que en poco más de tres décadas ya ha habido dos.

La isla afronta la crisis económica más grave de los últimos veinte años: el colapso de Venezuela y la presión de Trump ponen en evidencia el inmovilismo de La Habana

El fin de la URSS, gran subvencionadora del régimen castrista, no llevó a La Habana a la apertura económica y política que se dio en la mayor parte del antiguo bloque comunista. Tras un tiempo de grave penuria en la década de 1990, conocido como “periodo especial en tiempos de paz”, Cuba logró otro salvador en Venezuela, evitando así las necesarias reformas. Hoy el colapso venezolano y la presión que está ejerciendo Washington vuelven a poner en evidencia la escasa voluntad de cambio de La Habana, que se enfrenta a otro “periodo especial”, menos intenso, pero igualmente doloroso para el pueblo cubano.

▲ Calle del centro histórico de La Habana [Pixabay]

ARTÍCULO / Patricia Urdánoz

La economía de Cuba podría haber cerrado 2019 con un crecimiento de apenas un 0,5% del PIB y podría repetir ese mismo pobre comportamiento en 2020, de acuerdo con las estimaciones de la Cepal, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU. Se trata de cifras que ponen a la isla al borde de la recesión, dado que cabría que se registrara algún trimestre negativo. Aunque el Gobierno cubano sitúa su objetivo económico para este año en el 1%, su apuesta del 1,5% para 2019 puede haber quedado desmentida hasta en un punto porcentual (las organizaciones internacionales, en cualquier caso, no pueden auditar las cuentas de Cuba); además, los elementos que contribuyen a la marcha económica han empeorado.

Las crecientes dificultades económicas han generado miedo en los cubanos sobre un regreso al “periodo especial”, como se conoce la década de 1990 cuando la disolución de la URSS dejó a la isla sin la masiva ayuda que le prestaba Moscú. Ese momento de especiales penurias quedó superado con la ayuda que a partir de 2002 comenzó a llegar desde la Venezuela de Hugo Chávez. El colapso venezolano fue lo que incentivó a Raúl Castro a buscar una salvación mediante el acercamiento a la Administración Obama, pero las nuevas medidas restrictivas de la Administración Trump han dejado a La Habana sin perspectivas.

Los cubanos han comenzado a padecer el desabastecimiento de productos básicos como medicinas y alimentos, y largas e interminables colas vuelven a aparecer en la capital cubana. La economía se encuentra estancada desde 2014: aunque al año siguiente hubo un claro repunte, en 2016 se produjo una contracción, que el Gobierno fijó en un 0,9% del PIB, lo que suponía haber caído en recesión por primera vez desde el “periodo especial”, veinte años atrás.

Aunque es improbable que Cuba vaya a alcanzar las dramáticas cifras de buena parte de la década de 1990, cuando la economía isleña se contrajo aproximadamente en un 35%, algunas estimaciones, recogidas por el Wall Street Journal, consideran que si Venezuela cancelara completamente su ayuda podría darse una contracción del 8% o del 10%.

Antes del “periodo especial” la isla dependía de la Unión Soviética en un 82%. La dependencia de Venezuela es comparativamente menor y además se está reduciendo debido a la grave crisis que padece ese país. La ayuda venezolana, básicamente mediante el envío de petróleo a cambio de la asistencia de médicos, entrenadores deportivos y otro personal, por la que Caracas además paga, suponía el 22% del PIB de Cuba en 2013; en 2017 había caído al 8,5%.

Las perspectivas económicas, en cualquier caso, no son buenas y para este 2020 cabe esperar un empeoramiento en varias áreas, lo que cuando menos prolongará el estancamiento.

Petróleo venezolano, ahora en manos rusas

Si bien la ayuda venezolana ha ido decreciendo, las aportaciones de Caracas continúan siendo importantes, por eso cualquier nueva erosión de esas ayudas tendría su efecto en la economía cubana. Los 100.000 barriles diarios de petróleo que Venezuela estuvo enviando a Cuba durante muchos años se vieron reducidos últimamente a unos 60.000. No es de esperar una mayor reducción, pero el control de la producción de PDVSA que está adquiriendo Rusia le deja al régimen de Nicolás Maduro menos margen de control político sobre el petróleo.

Menos médicos en el exterior

La descontrolada inflación que padece Venezuela podría obligar a reducir el pago que este país aporta por los servicios que en suelo venezolano presta personal cubano. Carmelo Mesa-Lago, economista especializado en Cuba, apunta que Venezuela, que adquiere el 75% de ese servicio profesional cubano en el exterior (una importante vía de acceso a moneda fuerte), ya ha reducido sus compras en un 23% entre 2014 y 2017 y podría verse obligada a un mayor recorte. La Habana, por otra parte, dejó de hacer caja en 2019 con los médicos que tenía destinados en Brasil y lo mismo ocurrirá en 2020 con los que había en Bolivia, después de que cambios políticos en esos países obligara a su regreso a la isla.

Por debajo de la meta de 5 millones de turistas

Las expectativas abiertas en materia de turismo con el incremento de viajes desde EEUU debido a las facilidades que estuvo dando el presidente Obama se han visto frustradas por las restricciones nuevamente impuestas por su sucesor. En 2018 se produjo un descenso del número de turistas, que fue de 4,7 millones, y cifra que en 2019 bajó un 10%, hasta los 4,3 millones. Aunque el Gobierno dice esperar un incremento en 2020, ha dejado de ponerse como meta alcanzar los 5 millones de turistas. A la limitación ya impuesta por Trump en 2018 al viaje de cruceros con base en EEUU, sigue la anunciada recientemente sobre vuelos directos, lo que podría afectar a los ingresos que deje el turismo (quien llega en avión suele gastar más durante su estancia).

Exportaciones moderadas

Los ingresos por exportaciones podrían mejorar, pero ni producción ni precio parece que vayan a experimentar un significativo aumento. La producción de níquel ha estado más bien estancada y la de azúcar se está recuperando de su momento más bajo de la historia registrado en 2017-2018.

Las remesas seguirán fluyendo

Las medidas restrictivas impuestas por la Administración Trump sobre las remesas que llegan a Cuba desde EEUU, que son la mayoría, no parece que vayan a afectar a su monto, pues el límite establecido queda por encima de la cuantía la mayor parte de los envíos. Como indica un estudio de The Havana Consulting Group, el promedio de envío actual está entre los 180 y 220 dólares por transacción, y como el 95% de los cubanos que envían remesas a sus familiares en la isla lo hace una vez al mes no se le llega al tope de 1.000 dólares trimestrales impuesto por Washington y que entró en vigor el pasado mes de octubre. Además, el estudio precisa que el 45% de las remesas a Cuba llegan por vías informales. En 2018, Cuba recibió 3.691 millones de dólares, cifra que prácticamente se dobla si se tienen en cuenta las remesas no dinerarias.

Inversión extranjera insuficiente

Las remesas debieran jugar un importante papel en la potenciación de la economía nacional, y de hecho desde la apertura económica de 2010 funcionaron como una fuente de ingresos similar a la inversión extranjera, pues estuvieron detrás de la puesta en marcha de muchos negocios “cuentapropistas”. Esos negocios por cuenta propia alcanzaron en 2016 los 535.000 trabajadores, según las estadísticas oficiales, pero el estancamiento en el crecimiento del turismo está poniendo en dificultades esa actividad privada. El estudio de The Havana Consulting Group concluye que “a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, el gobierno cubano no aprovecha el potencial de las remesas como una vía para atraer capital de inversión al país”. La inversión extranjera directa, en cualquier caso, ha ido aumentando, pero la lentitud en hacer atractiva la zona especial del puerto de Mariel y las dificultades añadidas desde EEUU con la puesta en vigor en 2019 del título cuarto de la Ley Helms-Burton, que anima la presentación de demandas por los bienes expropiados durante la revolución cubana, amortigua el atractivo inversor de la isla.

DESCENTRALIZACIÓN, PERO APERTURA TÍMIDA

El problema de la ineficiencia de la economía cubana viene provocado en gran medida por su modelo de centralización, que crea escasez para los consumidores y gran incertidumbre para los negocios. Junto con otros lastres que acarrea el país desde sus inicios como corrupción, ilegalidades, poco nivel de ahorro, endeudamiento y los insuficientes ingresos por exportación. La deuda externa de Cuba entre los años 1958 y 2017 se multiplicó por 190. Y existe una difícil coyuntura para la emergencia del sector privado.

La isla necesita nuevas reformas económicas estructurales por parte del gobierno, también sería interesante seguir las estrategias económicas de países como Vietnam y China, que han sabido cómo abrirse al mercado internacional partiendo de un gobierno comunista. Por su parte, por sus propios intereses geopolíticos, Washington debería cuidar de que sus medidas de presión no lancen a la isla en brazos de China y Rusia.

El sucesor de Raúl Castro como presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro designado por este, Manuel Marrero, han anunciado para este año el comienzo de un proceso de descentralización económica que dará mayor autonomía a las empresas estatales. Está por ver que realmente se avance en esa línea y que eso aumente la eficiencia de la economía cubana, pues las reformas prometidas por Castro han supuesto una apertura muy tímida, no especialmente transformadora.

La extracción de oro y el transporte de petróleo contaminan los ríos de la región amazónica

No solo los incendios están afectando negativamente a la Amazonía, sometida a una acelerada reducción de la masa forestal, sino que la mayor actividad que registra, impulsada por la propia deforestación –que a su vez propicia la minería ilegal y más transporte de carburante– aumenta la contaminación del río Amazonas y del resto de vías fluviales de los países que forman parte de la región. El uso de mercurio en la extracción del oro supone un grave problema añadido para las comunidades que viven en la cuenca.

▲ Puesta de sol en el río Amazonas, en Brasil [Pixabay]

ARTÍCULO / Ramón Barba

El aumento de la minería ilegal en la región amazónica, en países como Colombia y Perú y sobre todo en Venezuela, ha incrementado la contaminación fluvial de toda la cuenca. La contaminación también se ve agravada por el transporte de petróleo, que genera escapes de crudo, y por el vertido de aguas residuales vinculadas a una mayor actividad humana, a su vez relacionada con la creciente deforestación.

La minería ilegal se ha extendido especialmente en las dos últimas décadas, vinculada al incremento del precio de los minerales. A pesar de la caída general del precio de las materias primas a partir de 2014, la cotización se ha mantenido alta en el caso del oro, pues como valor refugio resiste la desaceleración económica mundial. La obtención de oro requiere la manipulación de mercurio para extraerlo y separarlo de las rocas o piedras en las que se encuentra. Se calcula que la actividad minera ilegal vierte de promedio unos 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado. Como señala la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en su informe Análisis de Diagnóstico Transfronterizo Regional de la Cuenca Amazónica de 2018, se estima que solamente la Amazonía brasileña recibió 2.300 toneladas de mercurio hasta 1994 y luego ha registrado volúmenes en torno a las 150 toneladas anuales.

La OTCA indica que la explotación minera está localizada especialmente en el Escudo Guayanés, en las zonas andinas de Perú y Bolivia y en el piedemonte colombiano. Información recogida por esta organización estima que de 100.000 a 200.000 personas se dedican a esta actividad en Colombia y también en Perú, cifra que se dobla en el caso de Brasil.

Por su parte, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en su estudio La Amazonía Saqueada, de finales de 2018, constata que la superficie en la que se da la minería ilegal “va en aumento”, especialmente en Venezuela, donde “los reportes cambian drásticamente de año en año”. La RAISG computa 2.312 puntos de la región amazónica donde existe actividad minera ilegal, de los cuales 1.899 corresponden a Venezuela.

La explotación minera da una doble funcionalidad a los ríos, según el informe de RAISG, en tanto que se utilizan para la introducción de maquinaria y para dar salida a los minerales. Ello tiene graves efectos medioambientales (erosión de los suelos, contaminación del agua y de los recursos hidrológicos, extinción de flora y fauna acuática, impactos atmosféricos…), a la par que graves consecuencias en lo relativo a la salud de los pueblos indígenas, pues la contaminación de los ríos con mercurio afecta a los peces y los otros seres vivos que se mueven en el entorno fluvial. Dado que la dieta principal de los pueblos indígenas es el pescado, la ingesta de niveles altos de mercurio acaba dañando la salud de las poblaciones (casos de pérdida de visión, enfermedades cardíacas, daños en el sistema nervioso central, cognitivo o motor, entre otros).

Otro aspecto de la actividad minera es que tiende a la apropiación de tierras e incursión en áreas naturales protegidas del Amazonas, incrementando la deforestación y la reducción de biodiversidad. Las áreas de Tapajós y Xingú en Brasil, junto con el escudo Guayanés, son las áreas más afectadas por la deforestación, según la RAISG. Recogiendo estudios previos, esta organización indica la desforestación derivada de la extracción de oro se ha acelerado en los últimos veinte años, pasado de una deforestación de 377 km2 entre 2001-2007, a una deforestación de 1.303 km2 entre 2007-2013. En Perú cabe destacar el caso del departamento Madre de Dios, donde se deforestaron 1.320 hectáreas entre 2017 y 2018.

Otras causas de contaminación

Además de la minería ilegal otros procesos resultan también contaminantes de los ríos, como las actividades extractivas de hidrocarburos, el vertido de aguas residuales y el transporte fluvial, tal como advierte la OTCA, organización que agrupa a los ocho países con territorio en la región amazónica: Brasil, Colombia, Guyana, Surinam, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador.

Contaminación por causa de los hidrocarburos. La situación afecta a los cinco países que se encuentran al oeste de la Cuenca (Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Brasil), siendo Bolivia un potencial candidato en tanto que cuenta con grandes reservas de gas sin explotar en la zona. La contaminación en este caso viene de la mano del transporte por vía fluvial del petróleo desde los puntos de extracción hasta las refinerías. Ello implica importantes consecuencias ambientales y socioeconómicas, como la degradación de los suelos y la contaminación del aire, lo cual también implica pérdida de flora y fauna, así como de recursos hidrobiológicos, afectando a la biodiversidad y a la migración de especies. En el campo socioeconómico estos problemas se traducen en el incremento de costos operacionales, el desplazamiento de indígenas, el aumento de enfermedades y el surgimiento de conflictos.

Contaminación por aguas residuales domésticas, comerciales e industriales. A pesar de la gran cantidad de agua con la que cuentan los países de la cuenca amazónica, el nivel de saneamiento no supera el 60%. Como consecuencia, los ríos se convierten en vectores de enfermedades en muchas comunidades rurales, pues en ellas el saneamiento es menor. Datos no actualizados hablan de desechos urbanos y domésticos de 1,7 millones de toneladas por litro y de 600 litros por segundo en 2007. A su vez, es importante tener en cuenta los daños causados por parte de las actividades agroindustriales en los cursos fluviales, pues el gran número de insectos y microorganismos implica un uso abundante de pesticidas, herbicidas y fungicidas. Dentro de los problemas ambientales y sociales producto de esta actividad está la emisión de gases de efecto invernadero, el deterioro de ecosistemas acuáticos, la eutrofización y la polución por agrotóxicos, y la pérdida de salarios e incremento de costos por tratamiento del agua.

Contaminación por transporte fluvial. La región amazónica cuenta con cerca de 24.000 km de río navegables, que constituyen la principal vía de comunicación. Unos 50 millones de toneladas de carga eran transportadas por el Amazonas a comienzos de esta década ahora terminada. Además de las fugas de combustible, la actividad produce un arrastre de lodos que no son dragados periódicamente, así como una contaminación de riberas y playas, que perjudican la economía y el turismo.

Impacto en las comunidades indígenas      

Para muchos pueblos indígenas, como es el caso colombiano, el oro es un mineral sagrado pues es representación del sol en la tierra. Consideran que la extracción de este mineral implica la pérdida de vida del territorio y para extraerlo los chamanes de la zona deben de “pedir permiso” mediante una serie de ceremonias; hacerlo sin el permiso otorgado implica consecuencias negativas, de ahí que las poblaciones indígenas asocian la extracción indebida de oro con enfermedades y muerte. Un ejemplo de ello es el área del Río Aaporis, considerado también como sagrado, donde el líder Yanomami Davi Kopenawa habla de la xawara wakémi (la epidemia humo), derivada de la quema del oro y que es, según afirma, la causa de la muerte algunas habitantes de la zona.

No obstante, miembros de las comunidades indígenas también se dedican a la minería artesanal, bien porque de entrada rechazan la tradición ante los beneficios económicos que supone la extracción ilegal, bien porque se ven obligados a esa ocupación por la falta de oportunidades. Esto último ocurre en la reserva comunal peruana de Amarakaeri , muy afectada por la actividad extractiva, donde sus habitantes se han visto obligados a practicar la minería artesanal presionados por sus necesidades de subsistencia y por intereses mineros externos que acaban explotándoles.

La minería realizada sin controles, por otro lado, afecta negativamente al entorno medioambiental en el que se desarrolla la vida indígena. En la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipie, por ejemplo, se llevó a cabo un mega proyecto minero a cielo abierto cuyo impacto ha implicado una deforestación en la zona de 1.307 hectáreas entre 2009 y 2017.

Cabe destacar el hecho de que la minería no solo implica un ataque contra ciertos aspectos culturales indígenas, sino que también supone un grave ataque contra sus derechos humanos en tanto que, a pesar de ser pueblos que viven en aislamiento voluntario, las empresas mineras llevan a cabo una injerencia en esas reservas y fuerzan desplazamientos y desarraigos. Esta situación es especialmente crítica en Bolivia, Ecuador y Perú, países en los que existe un “zona gris” entre la legalidad y la ilegalidad en lo que a minería artesanal se refiere, incrementando el grado de afectación en las zonas indígenas. A su vez cabe destacar la actividad represiva de los estados de destrucción de dragas y balsas, lo cual lleva a la respuesta violenta por parte de los afectados, como ocurrió en la revuelta de Humaitá en Brasil.

La vida indígena también se ve ha visto afectada por la presencia en esos territorios de grupos guerrilleros o paramilitares, así como de grupos de crimen organizado. En Colombia los grupos armados han aprovechado la minería para el financiamiento de sus actividades, que desarrollan en zonas con altos niveles de pobreza y difícil acceso para el Gobierno. Entre 2017 y 2018 hubo un incremento del 6% de esta actividad, en lugares donde también puede cultivarse coca, cuya producción igualmente ha aumentado los últimos años. El informe de la OCDE Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana, de 2016, indica que las FARC, el ELN y las bandas criminales comenzaron su actividad minera en la década de 1980 y la incrementaron en la de 1990 como consecuencia del aumento del precio del oro y de la mayor dificultad de obtener ingresos estables provenientes de la droga. En 2012, las FARC y el ELN tenían presencia en un 40% de los 489 municipios colombianos dedicados a la minería. Recientemente se ha atestiguado la presencia del ELN en la explotación minera ilegal llevada a cabo de Venezuela, especialmente en el estado de Bolívar, a la que podrían sumarse los disidentes de las FARC resguardados en territorio venezolano.