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La nueva Administración exhibe una agenda multilateral, pero en asuntos cruciales mantiene medidas de la era Trump
03.06.201 / Con los asuntos domésticos como prioridad, debido al Covid, la atención hacia Latinoamérica por parte de la nueva Administración Biden ha quedado relegada en general a un muy segundo plano. En el exterior, las negociaciones con Irán o el conflicto palestino-israelí han centrado la dedicación de la diplomacia estadounidense, con el protagonismo del secretario de Estado, Antony Blinken. Pero algunos asuntos regionales tienen repercusión nacional en EEUU, como la migración o el narcotráfico, y Biden ha puesto al frente de la gestión de esos problemas a su vicepresidenta, Kamala Harris. Con una interlocución directa de Biden con sus homólogos hemisféricos dificultada por la pandemia, es Harris la que está llevando los encuentros con las autoridades de México y Centroamérica, como en el viaje que realizará en junio.
ARTÍCULO / Miguel García-Miguel
Una vez accedió a la presidencia, Joe Biden encontró un panorama bien distinto al que había dejado tras su servicio como vicepresidente de Barack Obama. Donald Trump llevó a cabo una política aislacionista y desde luego nada paternalista comparada con lo que muchas veces ha sido el carácter de la relación de Estados Unidos con sus vecinos del Hemisferio Occidental. Trump tuvo un tono dominante e impositivo en momentos clave, como durante las negociaciones del T-MEC o en la aplicación de sanciones a Cuba y Venezuela, pero el resto del tiempo se desentendió de la región. Esa poca implicación fue del agrado de líderes populistas de diferente signo como el mexicano Andrés Manuel López Obrador o el brasileño Jair Bolsonaro.
En estos siguientes cuatro años, de la Administración Biden–Harris podemos esperar un retorno al multilateralismo, la acción contra el cambio climático y la promoción de la democracia y los Derechos Humanos, cuestiones que están en el centro de la actual agenda estadounidense. Estos asuntos, como también los relativos a la presión migratoria y la conveniencia de contrarrestar a China y Rusia en la región con una “diplomacia de las vacunas” propia, marcarán las relaciones con los países vecinos. De momento, no obstante, Biden ha mantenido medidas emblemáticas de Trump y se está tomando su tiempo para detallar lo que debe ser su política para Latinoamérica.
TRIANGULO NORTE: Ayudas y creciente tensión con Bukele
Durante su campaña electoral, Joe Biden prometió que si llegaba a presidente llevaría a cabo un plan de ayudas para Guatemala, Honduras y El Salvador que en cuatro años ascendería a 4.000 millones de dólares y que tendría como fin fomentar el desarrollo de la región para así evitar el flujo masivo de emigrantes hacia Estados Unidos. Previamente como vicepresidente Biden se implicó directamente en la Alianza para la Prosperidad que Obama puso en marcha en 2014 a raíz de una crisis migratoria previa, la cual buscaba aportar más de 750 millones anuales al Triángulo Norte; el programa, cuyo presupuesto Trump redujo, no impidió el nuevo auge migratorio que se ha visto los últimos años.
Sin duda la región, una de las más pobres del mundo, precisa de incentivos para su desarrollo, pero igualmente sigue contando con serios problemas como la propensión a los desastres naturales, la dependencia de empresas extranjeras en la explotación de sus recursos y la mala gobernanza de sus políticos. Así, Washington ha incluido entre sus prioridades la denuncia de la corrupción en los países del Triángulo Norte, publicando listas de políticos corruptos, ya comenzadas con Trump y ahora ampliadas con Biden. Precisamente esas denuncias y la deriva antidemocrática del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está convirtiendo en hostil una relación que Bukele había cultivado durante la era Trump.
MÉXICO: Migración y medioambiente
México, como país con el que comparte una extensa frontera, siempre ha sido un punto clave en la política exterior de EEUU y una de sus prioridades. Con la llegada de la Administración Biden se prevén más roces con López Obrador de lo que supuso la presidencia de Trump. El aumento de la presión migratoria en la frontera entre México y EEUU está complicando la presidencia de Biden y tiene el riesgo de dañar las perspectivas electorales de la vicepresidenta, Kamala Harris, a quien Biden ha encargo directamente gestionar la crisis migratoria, que este año está batiendo un nuevo récord. Asimismo, las limitaciones puestas por México a la presencia de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, han enrarecido las relaciones. Biden aún no ha viajado a México, a pesar de que esa visita es una de las primeras que hacen los presidentes de EEUU.
La política ecologista de Biden choca directamente con los intereses del presidente mexicano, centrado en construir una nueva gran refinería en lugar de promover las energías renovables. Precisamente, uno de los puntos de tensión será la reforma eléctrica que López Obrador tiene pensado llevar a cabo, que limitará aún más la participación de las empresas privadas en el sector eléctrico y potenciaría el uso de energías no renovables, ya que son las que están en manos del estado. Recientemente, la reforma fue suspendida por un juez federal, pero se espera que el Gobierno recurra ese bloqueo. Las trabas a la liberalización encajan mal en el renovado Acuerdo de Libre Comercio entre EEUU, México y Canadá (T-MEC).
COLOMBIA: Protestas, acuerdos de paz y refugiados venezolanos
Con Colombia, la Administración Biden se encuentra en un periodo de tanteo. Tras la aproximación del presidente Iván Duque a Trump, a pesar de los desaires iniciales de este, el Gobierno colombiano encontró la alabanza de Biden por haber decidido dar estatus de protección temporal a los casi dos millones de refugiados venezolanos que viven en el país. Biden felicitó a Duque en febrero por carta, pero de momento no ha habido entrevista entre ambos, ni siquiera telefónica.
Las violentas protestas que vive Colombia, acogidas con una gestión policial muy criticada por la oposición, no han socavado de momento el apoyo expreso trasladado por la Administración Biden a Duque, pero la situación puede instalarse en la inestabilidad ante la perspectiva de las elecciones presidenciales de mayo de 2022. En Washington producen intranquilidad algunos pasos en falso en la implementación de los acuerdos de paz de 2016, como el asesinato de exguerrilleros que dejaron las armas y de líderes sociales. En cualquier caso, Colombia es un conveniente aliado en la lucha contra el narcotráfico, tarea en la que ambos países llevan tiempo colaborando estrechamente desde el impulso estadounidense al Plan Colombia.
Por último, Bogotá también puede resultar útil para el Gobierno estadounidense en el manejo de la crisis venezolana, y no solo a la hora de retener inmigrantes en el país andino. Los nuevos cauces de negociación que Biden quiere abrir, sin dejar de presionar sobre Maduro, exigen un consenso regional de apoyo.
CUBA: La incógnita de un aperturismo post-castrista, al menos económico
La Administración Obama, en la que Biden fue vicepresidente, llevó a cabo una histórica aproximación a Cuba restableciendo las relaciones diplomáticas entre ambos países. Aunque Trump mantuvo ese reconocimiento diplomático, eliminó algunas disposiciones que ampliaban el contacto con la isla e impuso nuevas sanciones. Tras las políticas duras de su antecesor, Biden no protagonizará por ahora un retorno a las políticas de Obama. El Gobierno cubano no correspondió a ellas con muestras de apertura y favorecer un régimen inmovilista puede tener consecuencias electorales en EEUU. La posibilidad de que Trump se presente en 2024 puede proyectar en Florida una nueva lucha por el voto latino, y en particular el cubano, en un estado que Biden perdió en 2020.
Aún así, la Administración Biden tratará de aflojar algunas de las sanciones, como se ha visto con la autorización de enviar de nuevo remesas a la isla. Por su parte, Cuba seguramente juegue a la diplomacia del quid pro quo y esperará a que sean sus vecinos quienes den los primeros pasos para llevar a cabo políticas aperturistas, básicamente en cuestiones económicas.
VENEZUELA: Opciones para un diálogo creíble
En Venezuela, la recuperación de la democracia y las elecciones libres siguen siendo el principal objetivo y Biden ha mantenido las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro establecidas por Trump. La nueva Administración ha moderado su lenguaje y ha retirado de la mesa la posibilidad de una intervención militar que más bien era retórica; no obstante, sigue considerando a Maduro como dictador y reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo.
La prioridad pasa por una salida negociada, articulada sobre próximos procesos electorales, pero las conversaciones solo se han abierto de modo tímido y sin de momento fijar interlocutores y foros bien definidos. EEUU tratará de cooperar con organismos multilaterales como la OEA, el Grupo de Lima o la Unión Europea para intentar resolver la crisis política y económica del país. En la ecuación de algún modo también entra Cuba, pues un cambio en Venezuela perjudicaría considerablemente a la isla si los sucesores de los Castro deciden continuar con el modelo comunista.
Además, al igual que en la cuestión cubana, la actitud ante el chavismo tiene consecuencias electorales en EEUU, especialmente en Florida, como se vio en las presidenciales de 2020, de forma que es difícil que Biden afloje la presión sobre Maduro antes de las elecciones de medio mandato que tendrán lugar en noviembre de 2022. Biden ha otorgado a los venezolanos presentes en EEUU el estatuto de protección temporal.
BRASIL: El Amazonas como piedra de toque
Debido al tono de la presidencia de Jair Bolsonaro, Brasil es otro de los países de la región con los que la nueva Administración ha empeorado sus relaciones en comparación con el periodo Trump. El acento que Biden está poniendo en el medio ambiente y el combate del cambio climático le enfrenta a un Bolsonaro claramente menos sensible hacia esas cuestiones, que no parece reaccionar suficientemente ante un Amazonas en creciente desforestación. No obstante, aunque Biden encuentre incómoda la relación, EEUU seguirá trabajando con la principal economía latinoamericana, cuyo papel sigue siendo importante en cuestiones de desarrollo regional.
El año y medio que queda hasta las presidenciales brasileñas de octubre de 2022 presenta un impasse a la espera de que un posible giro político ponga más en unísono a los dos países, si bien un regreso al poder del Partido de los Trabajadores no tendría por qué significar una especial consonancia, pues no la hubo ni con Lula da Silva ni con Dilma Rousseff aun estando los demócratas en la Casa Blanca.
Derechos Humanos y vacunas
Además de los países mencionados, algunos otros están igualmente en el plan de actuación de EEUU, especialmente en relación a los Derechos Humanos, como es el caso de la involución democrática en Nicaragua o el trato que Bolivia puede dar a la expresidenta Jeanine Áñez.
Por otra parte, se espera que en las próximas semanas, ya inoculada la mayor parte de la población estadounidense, EEUU proceda a entregar millones de dosis de vacunas a países latinoamericanos. Además de la ayuda real que supondrán esas entregas, constituirán un modo de contrarrestar la influencia que China y Rusia se han asegurado en la región mediante el envío de sus respectivas vacunas. Si la pugna EEUU-China marcará la presidencia de Biden, como sin duda marcará toda esta década, un terreno de disputa será el “patio trasero” de EEUU.
COMMENTARY / Marina G. Reina
After weeks of rockets being fired from Gaza and the West Bank to Israel and Israeli air strikes, Israel and Hamas have agreed to a ceasefire in a no less heated environment. The conflict of the last days between Israel and Palestine has spread like powder in a spiral of violence whose origin and direct reasons are difficult to draw. As a result, hundreds have been killed or injured in both sides.
What at first sight seemed like a Palestinian protest against the eviction of Palestinian families in the Jerusalem’s neighborhood of Sheikh Jarrah, is connected to the pro-Hamas demonstrations held days before at Damascus Gate in Jerusalem. And even before that, at the beginning of Ramadan, Lehava, a Jewish far-right extremist organization, carried out inflammatory anti-Arab protests at the same Damascus Gate. Additionally, the upcoming Palestinian legislative elections that Palestinian PM Mahmoud Abbas indefinitely postponed must be added to this cocktail of factors. To add fuel to the flames, social media have played a significant role in catapulting the conflict to the international arena—especially due to the attack in Al-Aqsa mosque that shocked Muslims worldwide—, and Hamas’ campaign encouraging Palestinian youth to throw into the streets at point of rocks and makeshift bombs.
Sheikh Jarrah was just the last straw
At this point in the story, it has become clear that the evictions in Sheikh Jarrah have been just another drop of water in a glass that has been overflowing for decades. The Palestinian side attributes this to an Israeli state strategy to expand Jewish control over East Jerusalem and includes claims of ethnic cleansing. However, the issue is actually a private matter between Jews who have property documents over those lands dating the 1800s, substantiated in a 1970 law that enables Jews to reclaim Jewish-owned property in East Jerusalem from before 1948, and a group of Palestinians, not favored by that same law.
The sentence ruled in favor of the right-wing Jewish Israeli association that was claiming the property. This is not new, as such nationalist Jews have been working for years to expand Jewish presence in East Jerusalem’s Palestinian neighborhoods. Far from being individuals acting for purely private purposes, they are radical Zionist Jews who see their ambitions protected by the law. This is clearly portrayed by the presence of the leader of the Jewish supremacist Lehava group—also defined as opposed to the Christian presence in Israel—during the evictions in Sheikh Jarrah. This same group marched through Jerusalem’s downtown to the cry of “Death to Arabs” and looking for attacking Palestinians. The fact is that Israel does not condemn or repress the movements of the extreme Jewish right as it does the Islamic extremist movements. Sheikh Jarrah is one, among other examples, of how, rather, he gives them legal space.
Clashes in the streets of Israel between Jews and Palestinians
Real pitched battles were fought in the streets of different cities of Israel between Jewish and Palestinians youth. This is the case in places such as Jerusalem, Acre, Lod and Ashkelon —where the sky was filled with the missiles coming from Gaza, that were blocked by the Israeli antimissile “Iron Dome” system. Palestinian neighbors were harassed and even killed, synagogues were attacked, and endless fights between Palestinians and Israeli Jews happened in every moment on the streets, blinded by ethnic and religious hatred. This is shifting dramatically the narrative of the conflict, as it is taking place in two planes: one militarized, starring Hamas and the Israeli military; and the other one held in the streets by the youth of both factions. Nonetheless, it cannot be omitted the fact that all Israeli Jews receive military training and are conscripted from the age of 18, a reality that sets the distance in such street fights between Palestinians and Israelis.
Tiktok, Instagram and Telegram groups have served as political loudspeakers of the conflict, bombarding images and videos and minute-by-minute updates of the situation. On many occasions accused of being fake news, the truth is that they have achieved an unprecedented mobilization, both within Israel and Palestine, and throughout the world. So much so that pro-Palestinian demonstrations have already been held and will continue in the coming days in different European and US cities. Here, then, there is another factor, which, while informative and necessary, also stokes the flames of fire by promoting even more hatred. Something that has also been denounced in social networks is the removal by the service of review of the videos in favor of the Palestinian cause which, far from serving anything, increases the majority argument that they want to silence the voice of the Palestinians and hide what is happening.
Hamas propaganda, with videos circulating on social media about the launch of the missiles and the bloodthirsty speeches of its leader, added to the Friday’s sermons in mosques encouraging young Muslims to fight, and to sacrifice their lives as martyrs protecting the land stolen from them, do nothing but promote hatred and radicalization. In fact,
It may be rash to say that this is a lost war for the Palestinians, but the facts suggest that it is. The only militarized Palestinian faction is Hamas, the only possible opposition to Israel, and Israel has already hinted to Qatari and Egyptian mediators that it will not stop military deployment and attacks until the military wing of Hamas surrenders its weapons. The US President denied the idea of Israel being overreacting.
Hamas’ political upside in violence and Israel’s catastrophic counter-offensive
Experts declare that it seems like Hamas was seeking to overload or saturate Israel’s interception system, which can only stand a certain number of attacks at once. Indeed, the group has significantly increased the rate of fire, meaning that it has not only replenished its arsenal in spite of the blockade imposed by Israel, but that it has also improved its capabilities. Iran has played a major role in this, supplying technology in order to boost Palestinian self-production of weapons, extend the range of rockets and improve their accuracy. A reality that has been recognized by both Hamas and Iran, as Hamas attributes to the Persian country its success.
This translates into the bloodshed of unarmed civilians to be continued. If we start from the basis that Israeli action is defensive, it must also be said that air strikes do not discriminate against targets. Although the IDF has declared that the targets are bases of Hamas, it has been documented how buildings of civilians have been destroyed in Gaza, as already counted by 243 the numbers of dead and those of injured are more than 1,700 then the ceasefire entered into effect. On the Israeli side, the wounded reported were 200 and the dead were counted as 12. In an attempt to wipe out senior Hamas officials, the Israeli army was taking over residential buildings, shops and the lives of Palestinian civilians. In the last movement, Israel was focusing on destroying Hamas’ tunnels and entering Gaza with a large military deployment of tanks and military to do so.
Blood has been shed from whatever ethnical and religious background, because Hamas has seen a political upside in violence, and because Israel has failed to punish extremist Jewish movements as it does with Islamist terrorism and uses disproportionated defensive action against any Palestinian uprising. A sea of factors that converge in hatred and violence because both sides obstinately and collectively refuse to recognize and legitimate the existence of the other.
[Pablo Pérez López, Charles de Gaulle, el estadista rebelde (Ciudadela: Madrid, 2020), 218 págs]
RESEÑA / Jairo Císcar
Coincidiendo con el 50 aniversario del fallecimiento de Charles de Gaulle y con el 75 aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, el profesor Pablo Pérez López publica esta nueva biografía del “más ilustre de los franceses”, como a veces es referido. Cuando se emprende la escritura de una biografía, y más cuando es acerca de un personaje del que se han escrito infinidad de libros y artículos, se corre el riesgo de diluirse en lo anterior y no aportar nada nuevo. Sin embargo, este volumen nos presenta al personaje desde una óptica diferente: su rebeldía. Rebeldía entendida como lucha por lo que se cree justo, como un inconformismo activo que empuja a superar la mediocridad, como amor y servicio a Francia en sus momentos más oscuros. Precisamente creo que este es uno de los mayores logros del libro: presentar, en apenas 200 páginas y con un estilo amable y directo, un nuevo retrato del general francés, al que encumbra –más allá de los claroscuros disculpables de toda persona– como un modelo a seguir y un ejemplo de valentía que cuenta con plena actualidad.
El libro nos presenta la vida de De Gaulle de manera cronológica, desde su infancia hasta su muerte. Resulta fundamental, para entender al gran hombre que será posteriormente, hacer un análisis de su vida temprana. Se presenta así a un joven inquieto y soñador, devoto cristiano desde muy pronta edad. Un joven que al descubrir con apenas 14 años una vocación, la de la vida militar, que marcará toda su vida y la vida de millones de compatriotas suyos, se aplicará enormemente a ella hasta convertirse en un sobresaliente líder. Destaca también en el libro el amplio uso de pasajes de sus memorias o textos manuscritos del protagonista, que revelan la faceta más desconocida del personaje: su psique, su amor, su devoción, su rebeldía. Porque hay que recalcar que se muestra a un De Gaulle consciente de sí mismo (que no prepotente) y que tiene claro que tiene una misión.
Pronto se pasa a introducir al entonces capitán, que sobresalió durante la Gran Guerra por sus sesudos análisis y capacidad prospectiva, al que su amor por Francia nunca le nubló el juicio a la hora de señalar los fallos propios y ajenos. Un joven que a pesar de la humillación que le supuso caer prisionero (a pesar de sus heroicos esfuerzos que le valieron la Legión de Honor), no cejó de aprender y examinar al enemigo, aprovechando cada momento de sus 32 meses de cautiverio.
Se sigue su evolución tras la Gran Guerra, ya como una promesa en el séquito de Petáin. Pero no todo son éxitos. La vida de De Gaulle está trazada en la grandeza de los hombres que saben sobreponerse a las dificultades. Quizás la más especial, y en la que se aprecia su verdadero carácter, es en la vida de su hija Anne, que padeció síndrome de Down, y con quien De Gaulle desarrolló un extraordinario vínculo y cercanía. Con ella era con quien el pensativo general se vestía de afable y afectuoso padre.
Esta formación de su carácter me parece esencial para entender el resto del libro, y por tanto el resto de su vida. Sin ánimo de acabar haciendo un resumen completo del volumen (que como se ha dicho anteriormente abarca toda su trayectoria vital, con especial y necesario énfasis en su “vida política”), me parecía necesario reflejar la singular propuesta y objetivo de este libro, que no es otro sino mostrar ese lado más desconocido del general francés, esa rebeldía e inconformismo que le empujó a tener un peso importantísimo en la creación de la actual forma de la República Francesa y cuya impronta, 50 años después de su muerte, sigue viva en Europa y en la política francesa.
Personalmente, me ha atraído mucho el estilo y organización del escrito. Hace que la propuesta sea amena y fácil de leer, a la vez que un trabajo muy serio y profundo, que invita a una reflexión constante. Muestra la intimidad y la soledad de un hombre ante la incomprensión de sus contemporáneos, con respecto a los que siempre estuvo adelantado. Un hombre que, en definitiva, siempre antepuso el bien mayor, su amada Francia, al bien propio. Un experto tanquista que supo dirigir a su país en momentos tan distintos: el gobierno de la Francia Libre en Londres, el desfile en los Campos Elíseos, la revuelta de Argel, el nacimiento de la Vª República Francesa, Mayo del 68 y su postrera dimisión, como hombre de honor, tras perder el referéndum sobre el Senado y las regiones que convocó, en uno de sus últimos actos de rebeldía, en contra de todos sus asesores.
Finalmente, De Gaulle fue rebelde hasta la muerte, rechazando cualquier funeral de estado y reposando, junto a su querida hija, en un pequeño pueblo francés. Su lápida –que simplemente reza: Charles de Gaulle, 1890-1970– no hace sino mostrar su rebeldía final. Murió el hombre, pero nació el mito.
China, Rusia e Irán han aumentado su relación con una Latinoamérica más necesitada debido al Covid, que también ha supuesto una oportunidad para el crimen organizado
► Nicolás Maduro Guerra, tras ponerse la vacuna Sputnik V, con el embajador ruso en Caracas, en diciembre de 2020 [Embajada de Rusia]
INFORME SRA 2021 / Resumen Ejecutivo [versión en PDF]
MAYO 2021—La grave crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de Covid-19 ha acentuado las vulnerabilidades de América Latina, también en términos de seguridad regional. Por un lado, ha aumentado la dependencia respecto de potencias exteriores, cuya influencia ha crecido mediante el envío de vacunas (China y Rusia) o de gasolina y alimentos (Irán). Por otro, ha restado a los estados medios para el combate contra el crimen organizado, el cual ha protagonizado algunos movimientos estratégicos, como la consolidación de Paraguay como importante foco de narcotráfico. Si bien la situación de prolongados confinamientos ha permitido reducir en algunos lugares el número de homicidios, como en el caso de Colombia, el deterioro de la estabilidad regional ha llevado a una mayor atención de Estados Unidos hacia el resto del Hemisferio Occidental, con una clara alerta dada por el Comando Sur estadounidense.
Las necesidades impuestas por el Covid-19 en todo el planeta han hecho más acuciante algunos requerimientos de seguridad en determinados países. Con el comercio internacional trastocado por las limitaciones de movimiento, la seguridad alimentaria de China ha empujado a adoptar comportamientos más agresivos a sus flotas pesqueras de gran distancia. Aunque ya desde hace unos años se ha detectado una creciente afluencia de pescadores chinos en aguas que bañan Sudamérica, en 2020 la situación supuso un salto cualitativo. La presencia de más de 500 embarcaciones creó inquietud por la continua evasión de radares, el uso de sistema de extracción no permitidos y la desobediencia a los guardacostas. Los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú emitieron un comunicado conjunto llamando a la supervisión de una actividad que Pekín rechaza someter a inspección internacional. La intimidación recuerda al uso de pescadores chinos como “fuerza de choque” en el Mar de China Meridional, si bien aquí el objetivo no es ganar espacio de soberanía, sino de pesca. Washington expresó inquietud a raíz de la actividad de China tanto en torno a las Galápagos como en el Atlántico Sur.
La pandemia ha sido ocasión propicia para la consolidación de la penetración en Latinoamérica por parte de China y, en menor medida, de Rusia. Gracias a la “diplomacia de las vacunas”, Pekín ya es un socio plenamente global: no solo comercial y otorgador de créditos para infraestructuras, sino que se pone a la par de Estados Unidos y Europa en excelencia farmacéutica y proveedor sanitario. Si bien es cierto que América Latina está poniendo más vacunas “occidentales” –solo Perú, Chile y Argentina han contratado más dosis chinas y rusas– la exportación de inyectables desde China y Rusia ha permitido aumentar su influencia en la región. Huawei ha logrado entrar en el concurso del 5G en Brasil a cambio de vacunas, y Pekín se las ha ofrecido a Paraguay si abandona su reconocimiento a Taiwán. Además de los ensayos clínicos que hubo en varias naciones latinoamericanas en la segunda mitad de 2020, Argentina y México van a producir o envasar Sputnik V a partir del mes de junio.
El agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela a lo largo de 2020, por otra parte, facilitó que Irán estrechase sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, reanudando una relación especial ya dada durante las presidencias de Chávez y Ahmadineyad. Sin más créditos de China o Rusia, Venezuela buscó a los iraníes para que intentaran reactivar las paralizadas refinerías del país. Sin especial éxito en ese cometido, Irán acabó convirtiéndose en suministrador de más de 5 millones de barriles de gasolina mediante cargueros; también entregó alimentos para abastecer un supermercado abierto por los iraníes en Caracas. Con una producción petrolera bajo mínimos, Maduro pagó los servicios de Teherán con cargamentos de oro, por valor al menos de 500 millones dólares.
Toda esa actividad de potencias extrahemisféricas en la región es señalada por el Comando Sur estadounidense, la estructura militar de EEUU que tiene encomendada la atención a Latinoamérica y el Caribe, como motivo de seria preocupación para Washington. En sus comparecencias anuales ante el Congreso, el jefe del SouthCom ha ido elevando progresivamente el grado de amenaza. En su última aparición, a comienzos de 2021, el almirante Craig Faller fue especialmente alarmante sobre el avance de China en la región: se refirió a la controversia sobre los pescadores chinos –su supuesta invasión de zonas económicas exclusivas y actividad ilegal– y al crédito de mil millones de dólares anunciado por Pekín para ayuda en material sanitario contra el Covid-19. Faller indicó que EEUU “está perdiendo su ventaja posicional” y reclamó “acción inmediata para revertir esta tendencia”.
Otra de las preocupaciones de Washington se refiere al crimen trasnacional, específicamente al perpetrado por bandas latinas en Estados Unidos. En el último año fiscales federales estadounidenses han presentado por primera vez cargos contra miembros de la mara Salvatrucha por delitos contra la seguridad nacional. EEUU sigue catalogando las pandillas como organización criminal, no como grupo terrorista, pero en cargos elevados en julio de 2020 y en enero de 2021, dirigidos contra la cúpula de la MS-13 encarcelados en El Salvador, ha pasado a considerar terroristas a algunos de sus jefes. El Departamento de Justicia estima probada la conexión entre las decisiones tomadas en las cárceles salvadoreñas con crímenes cometidos en EEUU. En los últimos cinco años los tribunales estadounidenses han condenado a 504 pandilleros, de los cuales 73 recibieron penas de cadena perpetua.
En cuanto a seguridad ciudadana, los prolongados confinamientos por el Covid-19 han permitido reducir ligeramente las cifras de violencia en algunos países, especialmente en la primera mitad de 2020. En el caso de Colombia, ese efecto coyuntural se unió a la tendencia a la baja en el número de homicidios que se viene observando en el país desde el comienzo de las negociaciones para el proceso de paz en 2012, de tal forma que las cifras de 2020 han representado un mínimo histórico, con una tasa de 24,3 homicidios por 100.000 habitantes, la más baja desde 1975. Varios estudios consideran que existe relación entre la desmovilización de las FARC y el consistente descenso del nivel de violencia que está experimentando el país. Se trata de una evolución positiva que se ve empañada por el asesinato de dirigentes sociales y exguerrilleros, que a comienzos de 2021 se elevó ya a más de mil desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
El capítulo del narcotráfico ha conocido en el último año dos notables desarrollos. Uno de ellos es el aumento de los “ensayos” de cultivo de coca en Honduras y Guatemala, que antes solo eran países de paso de la cocaína. Los dos están consolidando sus inicios como países productores, lo que supone un salto cualitativo importante a pesar de que la producción es aún muy limitada. Después de haberse localizado en ambos países laboratorios para la elaboración de cocaína, las primeras plantaciones fueron descubiertas en 2017 en Honduras y en 2018 en Guatemala; desde entonces se han detectado más de cien hectáreas de arbusto de coca, una cifra de momento muy reducida. A lo largo de 2020, Honduras erradicó 40 hectáreas de cultivo y Guatemala 19. Parte de esa infraestructura de producción propia salió a la luz en juicio mantenido en EEUU contra Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, que en marzo de 2021 fue condenado a cadena perpetua.
Por su parte, Paraguay se encuentra en un momento ascendente en el mapa del narcotráfico, como mayor productor de marihuana en Sudamérica y como distribuidor de la cocaína procedente de Perú y Bolivia. La mayor parte del cultivo de marihuana se realiza en el entorno de Pedro Juan Caballero, junto a la frontera con Brasil, que es el centro delictivo del país. Las plantaciones alcanzan unas 8.000 hectáreas, con una producción que llega a las 30.000 toneladas, de las cuales el 77% van a Brasil y el 20% a Argentina. A comienzos de 2021, se localizaron en puertos del norte de Europa más de 30 toneladas de cocaína enviada desde Paraguay, lo que le convierte en decisivo “hub” de distribución de esa droga.
Behind the tension between Qatar and its neighbors is the Qatari ambitious foreign policy and its refusal to obey
Recent diplomatic contacts between Qatar and Saudi Arabia have suggested the possibility of a breakthrough in the bitter dispute held by Qatar and its Arab neighbors in the Gulf since 2017. An agreement could be within reach in order to suspend the blockade imposed on Qatar by Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Bahrain (and Egypt), and clarify the relations the Qataris have with Iran. The resolution would help Qatar hosting the 2022 FIFA World Cup free of tensions. This article gives a brief context to understand why things are the way they are.
▲ Ahmad Bin Ali Stadium, one of the premises for the 2022 FIFA World Cup in Qatar
ARTICLE / Isabelle León
The diplomatic crisis in Qatar is mainly a political conflict that has shown how far a country can go to retain leadership in the regional balance of power, as well as how a country can find alternatives to grow regardless of the blockade of neighbors and former trading partners. In 2017, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Bahrain broke diplomatic ties with Qatar and imposed a blockade on land, sea, and air.
When we refer to the Gulf, we are talking about six Arab states: Saudi Arabia, Oman, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait. As neighbors, these countries founded the Gulf Cooperation Council (GCC) in 1981 to strengthen their relation economically and politically since all have many similarities in terms of geographical features and resources like oil and gas, culture, and religion. In this alliance, Saudi Arabia always saw itself as the leader since it is the largest and most oil-rich Gulf country, and possesses Mecca and Medina, Islam’s holy sites. In this sense, dominance became almost unchallenged until 1995, when Qatar started pursuing a more independent foreign policy.
Tensions grew among neighbors as Iran and Qatar gradually started deepening their trading relations. Moreover, Qatar started supporting Islamist political groups such as the Muslim Brotherhood, considered by the UAE and Saudi Arabia as terrorist organizations. Indeed, Qatar acknowledges the support and assistance provided to these groups but denies helping terrorist cells linked to Al-Qaeda or other terrorist organizations such as the Islamic State or Hamas. Additionally, with the launch of the tv network Al Jazeera, Qatar gave these groups a means to broadcast their voices. Gradually the environment became tense as Saudi Arabia, leader of Sunni Islam, saw the Shia political groups as a threat to its leadership in the region.
Consequently, the Gulf countries, except for Oman and Kuwait, decided to implement a blockade on Qatar. As political conditioning, the countries imposed specific demands that Qatar had to meet to re-establish diplomatic relations. Among them there were the detachment of the diplomatic ties with Iran, the end of support for Islamist political groups, and the cessation of Al Jazeera's operations. Qatar refused to give in and affirmed that the demands were, in some way or another, a violation of the country's sovereignty.
A country that proves resilient
The resounding blockade merited the suspension of economic activities between Qatar and these countries. Most shocking was, however, the expulsion of the Qatari citizens who resided in the other GCC states. A year later, Qatar filed a complaint with the International Court of Justice on grounds of discrimination. The court ordered that the families that had been separated due to the expulsion of their relatives should be reunited; similarly, Qatari students who were studying in these countries should be permitted to continue their studies without any inconvenience. The UAE issued an injunction accusing Qatar of halting the website where citizens could apply for UAE visas as Qatar responded that it was a matter of national security. Between accusations and statements, tensions continued to rise and no real improvement was achieved.
At the beginning of the restrictions, Qatar was economically affected because 40% of the food supply came to the country through Saudi Arabia. The reduction in the oil prices was another factor that participated on the economic disadvantage that situation posed. Indeed, the market value of Qatar decreased by 10% in the first four weeks of the crisis. However, the country began to implement measures and shored up its banks, intensified trade with Turkey and Iran, and increased its domestic production. Furthermore, the costs of the materials necessary to build the new stadiums and infrastructure for the 2022 FIFA World Cup increased; however, Qatar started shipping materials through Oman to avoid restrictions of UAE and successfully coped with the status quo.
This notwithstanding, in 2019, the situation caused almost the rupture of the GCC, an alliance that ultimately has helped the Gulf countries strengthen economic ties with European Countries and China. The gradual collapse of this organization has caused even more division between the blocking countries and Qatar, a country that hosts the largest military US base in the Middle East, as well as one of Turkey, which gives it an upper hand in the region and many potential strategic alliances.
The new normal or the beginning of the end?
Currently, the situation is slowly opening-up. Although not much progress has been made through traditional or legal diplomatic means to resolve this conflict, sports diplomacy has played a role. The countries have not yet begun to commercialize or have allowed the mobility of citizens, however, the event of November 2019 is an indicator that perhaps it is time to relax the measures. In that month, Qatar was the host of the 24th Arabian Gulf Cup tournament in which the Gulf countries participated with their national soccer teams. Due to the blockade, UAE, Saudi Arabia, and Bahrain had boycotted the championship; however, after having received another invitation from the Arabian Gulf Cup Federation, the countries decided to participate and after three years of tensions, sent their teams to compete. The sporting event was emblematic and demonstrated how sport may overcome differences.
Moreover, recently Saudi Arabia has given declarations that the country is willing to engage in the process to lift-up the restrictions. This attitude toward the conflict means, in a way, improvement despite Riyadh still claims the need to address the security concerns that Qatar generates and calls for a commitment to the solution. As negotiations continue, there is a lot of skepticism between the parties that keep hindering the path toward the resolution.
Donald Trump’s administration recently reiterated its cooperation and involvement in the process to end Qatar's diplomatic crisis. Indeed, US National Security Adviser Robert O’Brien stated that the US hopes in the next two months there would be an air bridge that will allow the commercial mobilization of citizens. The current scenario might be optimistic, but still, everything has remained in statements as no real actions have been taken. This participation is within the US strategic interest because the end of this rift can signify a victorious situation to the US aggressive foreign policy toward Iran and its desire to isolate the country. This situation remains a priority in Trump’s last days in office. Notwithstanding, as the transition for the administration of Joe Biden begins, it is believed that he would take a more critical approach on Saudi Arabia and the UAE, pressuring them to put an end to the restrictions.
This conflict has turned into a political crisis of retention of power or influence over the region. It is all about Saudi Arabia’s dominance being threatened by a tiny yet very powerful state, Qatar. Although more approaches to lift-up the rift will likely begin to take place and restrictions will gradually relax, this dynamic has been perceived by the international community and the Gulf countries themselves as the new normal. However, if the crisis is ultimately resolved, mistrust and rivalry will remain and will generate complications in a region that is already prone to insurgencies and instability. All the countries involved indeed have more to lose than to gain, but three years have been enough to show that there are ways to turn situations like these around.
STRATEGIC ANALYSIS REPORT / Marina Díaz, Lucía Montón and Paula Mostajo
May 2021
EXECUTIVE SUMMARY
South Korea is considered to have a middle power status, not only in the North-East Asian region but internationally. In this sense, this paper aimed to provide a comprehensive understanding of the stance South Korea might take regarding key international, regional, peninsular and domestic issues in ten years time.
In the international sphere, this paper has focused on the US-ROK stating the plausibility of a further enhancement, in view of the new Biden’s Administration need to reduce the breach created by former President Trump.
Regarding the regional sphere, the present report addresses South Korea’s relations with China, in economic matters; Japan, alliance-wise, and Russia, in relation with energy. These bilateral engagements are clearly impacted by South Korea’s proximity to the United States, the country’s historical memory and North Korea’s willingness to be part of a trilateral understanding, respectively.
Second to last, the peninsular approach of the script assesses the development of inter-Korean relations in views of the two incompatible ideologies and approaches coming from the North and the South of the peninsula and presents the maintenance of the current status has the most plausible scenario.
To end up, there is an allusion to domestic concerns as they play an important role in South Korea’s development capabilities. In this section the paper discusses the country’s SARS-CoV-2 disease successful management and assess why export possibilities might not be taken for granted, the big South Korean concerns on the ever-worsening demographic situation and, lastly, the country’s satisfactorily progression towards renewable energy sources.
The Republic of Korea case study: How the Inter-Korean Conflict is an indication of the New Cold War
STRATEGIC ANALYSIS REPORT / Corey J. Hubbard and Paula Mora Brito
May 2021
EXECUTIVE SUMMARY
Intense military pressures on South Korea have been present for half a century, with the country being at the centre of numerous regional conflicts. The government’s technique for addressing external security threats differs depending on its nature, varying from assuming the position of great foreign powers to implementing its independent policy. The Republic of Korea’s reliance on foreign assistance for defence and protection shows no signs of ending, especially concerning North Korea. The incitement of Kim Jong Un’s government risks hostility in the region.
The country is under growing domestic pressures to find solutions for a rapidly ageing population and record low birthrates, one of the world’s weakest. Failure to do so compromises South Korea’s status as a growing power in East Asia, one of the four Asian Tigers, and risks leading the country to economic stagnation. Suppose the South Korean government does not find a way to make immigration more palatable to the Korean people. In that case, it is unlikely that South Korea will avoid a significant population decline.
Well-established antagonism with Japan could worsen as Japanese nationalist policies conflict with the South Korean government’s goals. However, the recent signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership opens up several possible developments in Korean-Japanese relations, extending from an improbable reset in their bilateral ties to an equally unlikely economic confrontation. The Liancourt Rocks dispute also stands to be influenced by recent events, which may incline South Korea to turn to foreign mediation on the issue.
South Korean relations with the United States are evolving, with the Biden Administration recently inking a new cost-sharing deal with the South Korean Government to cover the expenses of American troops stationed on the Peninsula. Nevertheless, China’s growing influence threatens to overturn the established order in the region, and a rapprochement of South Korea to China may take place over the coming decades.
The future security of South Korea is directly tied to developments on the Korean Peninsula. Suppose relations with the North Korean Regime significantly improve, which most expect to be improbable in the near future. In that case, reunification may result, but North Korea’s nuclear weapons development could destabilise the region too. Scenarios relating to these events vary from an improbable reunification to an equally unlikely nuclear war.
South Korea’s attempts at navigating the growingly tense feud between the United States and China may force the country to choose a side in the conflict, which will have severe ramifications for its security architecture.
STRATEGIC ANALYSIS REPORT / María G. Fajardo, Marcelina Kropiwnicka and Matilde Romito
May, 2021
EXECUTIVE SUMMARY
The Korean Peninsula is central to the political, economic and military policies of several actors in the East Asia region. Due to its geographical location, the peninsula has seen the involvement of major powers throughout history, like the United States, China, Russia and Japan. Currently, the peninsula is a contested territory between the U.S. and China. The latter is the only country capable of challenging American interests and uses its economic power to increase its sphere of influence in the region.
The DPRK has built and maintained capabilities to target areas as far as U.S. soil. The North has always represented one of the biggest challenges for South Korea and its security guarantor, the U.S. President Biden will nevertheless sway for establishing a red line for Kim to potentially cross and instead, new sanctions could be expected despite their lack of effectiveness.
For the U.S. to maintain its dominant role in the East Asia region, deter North Korea, and keep China in check, it must reaffirm its military and economic alliances which entered into a period of uncertainty during the Trump administration. Currently, China is South Korea’s principal trading partner and is openly evading international sanctions imposed on North Korea being its principal trading partner as well.
The prosperous South Korea will remain neutral in many aspects related to China, yet if put in a situation where it has to choose between the U.S. and China, it will incline towards the former, which remains its security guarantor. When it comes to Russia, its role in the Korean conflict is now secondary but over the years, Russia has used the U.S.-China battle to increase relations with the latter. In the case of Japan, a close U.S. ally, a shift in relations with the ROK is unlikely to happen any time soon since their political issues have evolved into legal ones. This will remain detrimental to the U.S’ New East China Sea policy which requires cooperation between U.S. allies.
Diplomacy, openness and potential reunification in the peninsula depend on external actors. Neither reunification nor openness are likely to take place in the short term due to Kim’s personality and the preference of external actors to maintain the status quo. A reunification led under peaceful terms would be most desirable and would ultimately lead to an even larger economic powerhouse in the region. For the U.S, this pathway would be most beneficial if a reunified Korea would align with the U.S. This would be detrimental, however, to China's geopolitical interests in the region. Russia could come out as being the greatest benefactor from a peaceful reunification. Lastly, Japan could continue to feel threatened by a reunified Korea, which is united by hatred over a colonial past under Japanese savage rule.
Conexión eléctrica entre Ceuta y la Península: un asunto de seguridad energética y medioambiental
El trazado de un cable submarino para la transmisión eléctrica a la plaza española lleva parado desde 2016
El proyecto de interconexión eléctrica entre Ceuta y la Península, de la Red Eléctrica Española, lleva ya cinco años de retraso. Su ejecución debe ser una prioridad para integrar a la ciudad autónoma en los trazados futuros de conexión Europa-África.
ARTÍCULO / Ignacio Urbasos Arbeloa
19.05.2021. En el año 1997 se terminó la interconexión eléctrica submarina entre Tarifa y Punta Fardioua en Marruecos. Esta nueva conexión se unía al gasoducto inaugurado en 1996 que cruzaba Marruecos desde Argelia hasta España y Portugal, forjando una alianza energética hispano-marroquí que permitiría el desarrollo económico y la seguridad en el suministro energético de ambos socios. Esta infraestructura, con una capacidad de 700 MW, era capaz de suministrar a Marruecos cerca del 50% de sus necesidades eléctricas anuales. Se trataba de un enlace estratégico para el país del Magreb que experimentó un crecimiento de la demanda eléctrica del 5,8% anual durante la década de 1990. En 2006 esta interconexión dobló su capacidad hasta 1,4 GW, siendo la primera interconexión internacional entre dos continentes del mundo en alcanzar estas dimensiones. A pesar de las recientes fricciones entre España y Marruecos por la inmigración ilegal, los acuerdos pesqueros y sobre todo el incidente de Perejil, el recién llegado ejecutivo socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero apostaba con estrechar lazos entre ambas orillas del Estrecho, continuando con la interconexión energética. Si bien en un comienzo el cable submarino se utilizaba principalmente para la exportación de electricidad desde España, en los últimos años los intercambios bilaterales han ido equilibrándose, resultado de la estrategia marroquí de autonomía energética.
Desde Ceuta, el trazado del cable submarino siempre ha sido considerado como una oportunidad histórica perdida. La ciudad autónoma produce electricidad a partir de antiguos generadores de diésel, que aparte de ineficientes y caros, cuentan con altos niveles de emisiones de partículas en el aire y gases de efecto invernadero. La ciudad ceutí es la única región de España sin producir electricidad renovable, situación con escaso margen de mejora teniendo en cuenta la escasez de espacio para su desarrollo. Desde Red Eléctrica Española ya existe un plan para desarrollar un cable submarino entre La Línea (Cádiz) y Ceuta, el cual ha encontrado oposición de grupos ecologistas gaditanos y el propio alcalde de la zona, lo que ha obligado a retrasar su instalación desde 2016 hasta la actualidad. La CNMC otorgó en febrero de 2021 a petición de Red Eléctrica Española el carácter de proyecto singular a esta interconexión, lo que debería facilitar el comienzo de la instalación que ya plantea trazados alternativos para alcanzar el necesario consenso social. El cable submarino contará con una rápida amortización, ya que eliminará los costes asociados al sistema eléctrico aislado ceutí, y permitirá reducir las emisiones de carbono de esta Ciudad, en línea con la Estrategia Climática de España, que ambiciona con alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. El cable se unirá a otras infraestructuras de interconexión similares en España, como las existentes entre el sistema eléctrico balear y la Península o el cable submarino que une el Golfo de Vizcaya con la región francesa de Aquitania.
El cable también permitirá diversificar las futuras interconexiones entre España y Marruecos, las cuales deberán crecer conforme Marruecos incremente la cantidad de energías renovables en su mix eléctrico. Marruecos, que cuenta con una ambiciosa estrategia de descarbonización, apuesta por el desarrollo de energías renovables como motor del futuro crecimiento económico nacional y como palanca para garantizar su liderazgo regional. Marruecos ya cuenta con interconexiones con Argelia de 1,2 GW, y está planteando una línea de conexión con Portugal y Mauritania.
En cualquier caso, está claro que España es un socio necesariamente vital para el proyecto verde marroquí, que pretende exportar tanto electricidad como hidrógeno renovable en el futuro a la Unión Europea. La posición de España como puente energético necesario debe servir como argumento de fuerza en las negociaciones bilaterales. En este sentido, Ceuta debería convertirse en un punto estratégico de las futuras ampliaciones en la interconexión eléctrica a ambos lados del estrecho. La estrategia marroquí de presión implícita en Ceuta y Melilla cerrando el comercio transfronterizo o permitiendo el cruce de inmigrante ilegales es un movimiento que cumple claramente con la definición de una ofensiva en la zona gris. La dinastía alauita lleva décadas, concretamente desde su independencia en 1956, haciendo público y palpable su anhelo tradicional e interés estratégico que para ellos tienen los dos únicos territorios no insulares con los que España cuenta en el Norte de África. Conectar el sistema eléctrico peninsular con Ceuta debe ser considerado como un proyecto estratégico en beneficio de la seguridad energética nacional, la reducción de gases de efecto invernadero y la mejora de la calidad del aire. Además, plantear Ceuta como un punto de paso necesario en las futuras interconexiones eléctricas entre África y Europa ofrecería a España capacidad de disuasión y negociación frente a un Marruecos que no duda en emplear la presión directa sobre las ciudades de Ceuta y Melilla para alcanzar sus objetivos en las relaciones bilaterales España-Marruecos.
[Juan Tovar Ruiz, La doctrina en la política exterior de Estados Unidos: De Truman a Trump (Madrid: Catarata, 2017) 224 páginas]
RESEÑA / Xabier Ramos Garzón
Todo cambio en la Casa Blanca lleva a un análisis de lo que fue la política del presidente saliente y a la especulación sobre la política del que llega. Dado el peso de Estados Unidos en el mundo, la visión sobre los asuntos internacionales de cada administración resulta determinante para el orden mundial. Juan Tovar Ruiz, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Burgos, se ocupa en este libro de la esencia de la política exterior de cada presidente –fundamentalmente de Truman a Trump (la de Biden, lógicamente, aún está por definir)–, que en muchos casos sigue una hoja de ruta definida que da en llamarse “doctrina”.
Entre las fortalezas del libro se encuentran el hecho de que combina varios puntos de vista: por una parte, abarca, desde el punto de vista realista, los efectos estructurales e internos de cada política, y por otra, analiza las ideas e interacciones entre actores teniendo en cuenta el punto de vista constructivista. El autor explora los procesos de toma de decisión y sus consecuencias, considera la efectividad final de las doctrinas americanas, en el contexto general de las relaciones internacionales, y examina las influencias, rupturas y continuidades entre distintas doctrinas a lo largo del tiempo. A pesar de la relativamente corta historia de Estados Unidos, el país ha contado con una extensa y compleja política exterior que Tovar, centrándose en las últimas ocho décadas, sintetiza con especial mérito, adoptando un punto de vista principalmente general que resalta lo sustantivo.
El libro está dividido en siete capítulos, organizados por etapas históricas y, dentro de cada una, por presidentes. El primer capítulo, a modo introductorio, abarca desde el periodo posterior a la independencia de Estados Unidos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa se muestra como antecedente clave en la ideología futura americana, con dos posicionamientos especialmente determinantes: la Doctrina Monroe y el Idealismo Wilsoniano. El segundo capítulo se ocupa de la Primera Guerra Fría, con las doctrinas Truman, Eisenhower, Kennedy y Johnson. A lo largo del capítulo se contextualizan los distintos postulados y se señalan las cuestiones que fueron clave en la creación de unas doctrinas que solo afectaron a la política exterior del momento, sino se imbricaron en el núcleo del pensamiento político estadounidense. El tercer capítulo trata de la Distensión, periodo ocurrido entre 1969 y 1979 en el que se dieron las doctrinas de Nixon y Carter. Al llegar al cuarto capítulo nos situamos en la Segunda Guerra Fría y el final de la confrontación EEUU-URSS, tiempo en que encontramos las doctrinas de Reagan y Bush senior. A partir de este punto, los siguientes capítulos (quinto, sexto y séptimo) tratan el periodo de Postguerra Fría, apareciendo en este periodo las doctrinas de Clinton, Bush junior y las más recientes –por tanto, aún sujetas a estudio– de Obama y Trump.
En las conclusiones el autor resume cada uno de los capítulos en base a caracterizaciones académicas o políticas y realiza algunas matizaciones, como advertir que en su opinión la política exterior de Obama es más bien una “no doctrina”, ya que combina elementos de distintas ideologías y es en parte contradictoria. Obama trató varios conflictos de formas diferentes: así, afrontó de forma realista las “guerras de necesidad” (Afganistán) y de acuerdo con el planteamiento internacionalista liberal conflictos como el de Libia. Aunque la flexibilidad llevada a cabo por Obama puede ser considerada una debilidad por algunos, ya que no siguió una política firme y marcada, también puede verse como la necesaria adaptación a un entorno continuamente cambiante. Muchas son las ocasiones en las que un presidente estadounidense, como Bush hijo, ha llevado a cabo una política exterior rígida, ideológicamente hablando, que en última instancia logró poco éxito práctico.
Otro ejemplo de variante de la doctrina convencional que muestra el autor es la “antidoctrina” llevada a cabo por Trump. Quien fuera presidente hasta 2021 ejecutó una política caracterizada por numerosas contradicciones y variaciones respecto al papel que EEUU había venido ejerciendo en el mundo, arrojando con ello dudas e incertidumbres sobre la actuación esperable de la superpotencia americana. Esto vino dado por la inexperiencia política de Trump, tanto en el ámbito como en el plano doméstico, la cual causó inquietud no solo en actores internacionales sino en el núcleo del propio Washington.
Del análisis de las distintas doctrinas mostradas en el libro podemos destacar cómo cada una de ellas se adapta a un contexto social, histórico y político específico, y a la vez todas responden a una compartida tradición política de un país que, como superpotencia, manifiesta ciertas constantes a la hora de procurar mantener la paz y garantizar la seguridad. Pero esas constantes no deben ser confundidas con aspectos universales, ya que cada país presenta sus propias particularidades y cuenta con intereses determinados: adaptar sin más los posicionamientos estadounidenses a los planes de política exterior de otros países puede ocasionar fallos caóticos, si no se reconocen esas diferencias.
Por ejemplo, países como España, que dependen de la pertenencia a la Unión Europea, no podrían entrar en guerras aleatorias unilateralmente como ha hecho Estados Unidos. No obstante, España podría adoptar algunos elementos, como en materia de toma de decisiones, ya que este tipo de doctrinas facilita enormemente objetivar y estandarizar los procesos de análisis y resoluciones.