31 de agosto, 2020

COMENTARIO / Luis Ángel Díaz Robredo*

Puede resultar sarcástico para algunos, e incluso cruel, escuchar que estas circunstancias de pandemia mundial por COVID-19 son tiempos interesantes para la psicología social e individual. Y aún puede resultar más extraño, tener en cuenta estos tiempos difíciles a la hora de establecer relaciones con la seguridad y la defensa de los estados.

En primer lugar hay que señalar lo evidente: las actuales circunstancias son excepcionales puesto que no habíamos conocido antes una amenaza para la salud tal que trascendiera a ámbitos tan diversos y decisivos como la economía mundial, la política internacional, la geoestrategia, la industria, la demografía… Los individuos e instituciones no estábamos preparados hace unos meses y, aun a día de hoy, los solventamos con cierta improvisación. Las tasas de mortalidad y contagio se han disparado y los recursos que la administración pública ha movilizado son desconocidos hasta la fecha. Sin ir más lejos, la operación Balmis –misión de apoyo contra la pandemia, organizada y ejecutada por el Ministerio de Defensa– ha desplegado en 20.000 intervenciones, durante 98 días de estado de alarma y con un total de 188.713 militares movilizados.

Además de las labores sanitarias de desinfección, logística y apoyo sanitario, se han dado otras tareas más propias del control social, como la presencia de militares en las calles y en puntos críticos o el refuerzo en fronteras. Esta labor que a algunas personas puede desconcertar por su naturaleza poco habitual de autoridad sobre la propia población está justificada por comportamientos grupales atípicos que hemos observado desde el inicio de la pandemia. Baste citar unos pocos ejemplos españoles que reflejan cómo en algunos momentos se han dado conductas poco lógicas de imitación social, como la acumulación de bienes de primera necesidad (alimentos) o no de tan primera necesidad (papel higiénico) que vaciaban durante unas horas las estanterías de los supermercados.

Ha habido momentos también de insolidaridad e incluso de cierta tensión social ante el miedo al contagio contra colectivos vulnerables, como los ancianos con COVID-19 trasladados de una localidad a otra y que eran abucheados por el vecindario que los recibía y debían ser escoltados por la policía. También, con escasa frecuencia pero igualmente negativo e insolidario, se han conocido casos en los cuales algunos sanitarios sufrían el miedo y el rechazo por parte de sus vecinos. Y últimamente la sanción y detención de personas que no respetaban las normas de distancia social y protección individual ha sido otra actuación habitual de las autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos hechos, que afortunadamente han sido limitados y solventados con rapidez por las autoridades, han sido sobradamente superados por muchos otros comportamientos sociales positivos de solidaridad, altruismo y generosidad entre ciudadanos.

Sin embargo, y puesto que la seguridad nacional debe contemplar no solo los escenarios ideales sino también situaciones con carencias o posibles riesgos, se debe tener en cuenta esas variables sociales a la hora de establecer una estrategia.

En segundo lugar, el flujo de información ha sido un verdadero tsunami de fuerzas e intereses que han arrollado las capacidades informativas de sociedades enteras, grupos empresariales e incluso individuos. En este juego por llegar a captar la atención del ciudadano han competido tanto medios de comunicación oficiales, como medios de comunicación privados, redes sociales e incluso grupos anónimos con intereses desestabilizadores. Si algo ha demostrado esta situación es que el exceso de información puede resultar tan incapacitante como la falta de información y que, incluso, el uso de información falsa, incompleta o de alguna forma manipulada nos
hace más influenciables frente a la manipulación de agentes exteriores o incluso vulnerables al ciberhacking, con evidentes peligros para la estabilidad social, la operatividad de servicios sanitarios, la facilitación del crimen organizado o incluso la salud mental de la población.

En tercer y último lugar, no podemos olvidar que la sociedad y nuestras instituciones –también las relacionadas con seguridad y defensa– tienen su máxima debilidad y fortaleza basadas en las personas que las forman. Si hay algo que la pandemia está poniendo a prueba es la fortaleza psicológica de los individuos debido a la circunstancia de incertidumbre hacia el presente y futuro, gestión del miedo a la enfermedad y a la muerte, y una necesidad innata de apego a las relaciones sociales. Nuestra capacidad de afrontar este nuevo escenario VUCA (del inglés Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) que afecta a todos y cada uno de los ambientes
sociales y profesionales exige un estilo de liderazgo fuerte, adaptado a esta situación tan exigente, auténtico y basado en los valores grupales. No existe a día de hoy una solución unilateral, si no es con el esfuerzo de muchos. No son palabras vacías el afirmar que la resiliencia de una sociedad, de unas Fuerzas Armadas o de un grupo humano, se basa en trabajar juntos, luchar juntos, sufrir juntos, con una cohesión y un trabajo en equipo convenientemente entrenados.

Dicho esto, podemos entender que las variables psicológicas –a nivel individual y de grupo– están en juego en esta situación de pandemia y que podemos y debemos usar los conocimientos que nos aporta la Psicología como ciencia seria, adaptada a las necesidades reales y con espíritu constructivo, para planificar la táctica y la estrategia de los escenarios actual y futuro derivados del Covid-19.

Sin duda, son momentos interesantes para la Psicología.

* Luis Ángel Díaz Robredo es profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra

[Parag Khanna, The Future is Asian. Simon & Schuster. New York, 2019. 433 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

El libro de Parag Khanna puede acogerse de entrada con recelo por el aparente carácter axiomático de su título. Sin embargo, la rotunda aseveración de la portada queda suavizada cuando se comienzan a leer las páginas interiores. La tesis de la obra es que el mundo se encuentra en un proceso de asianización, no de chinización; además, ese proceso es presentado como otra mano de pintura al planeta, no como un color que vaya a ser claramente predominante o definitivo.

Es posible que el debate sobre si Estados Unidos está en declive y si será sustituido por China como superpotencia preeminente impida ver otros desarrollos paralelos. Quienes observan el ascenso de Pekín en el orden mundial, escribe Khanna, “a menudo han estado paralizados por dos puntos de vista: o bien China devorará el mundo o bien está al borde del colapso. Ninguno es correcto”. “El futuro es asiático, incluso para China”, asegura.

Khanna considera que el mundo está yendo hacia un orden multipolar, algo que también se da en Asia, por más que con frecuencia el tamaño de China deslumbre.

Es posible que en este juicio influya el origen indio del autor y también su tiempo vivido en Estados Unidos, pero para apoyar sus palabras ofrece cifras. De los 5.000 millones de personas que viven en Asia, 3.500 no son chinos (70%): China, pues, tiene solo un tercio de la población de Asia; además cuenta con algo menos de la mitad de su PIB. Otros datos: la mitad de las inversiones que salen del continente no son chinas, y más de la mitad de las inversiones exteriores van a países asiáticos distintos de China. Asia, por tanto, “es más que China plus”.

No es únicamente una cuestión de dimensiones, sino de voluntades. “Una Asia dirigida por China no es más aceptable para la mayoría de los asiáticos que la noción de un Occidente dirigido por Estados Unidos lo es para los europeos”, dice Khanna. Rechaza la idea de que, por la potencia de China, Asia se encamine hacia una especie de sistema tributario como el regido en otros siglos desde Pekín. Precisa que ese sistema no fue más allá del extremo Oriente y que se basó sobre todo en el comercio.

El autor tranquiliza a quienes temen el expansionismo chino: “China nunca ha sido una superpotencia indestructible presidiendo sobre toda Asia como un coloso”. Así, advierte que mientras las características geográficas de Europa han llevado históricamente a muchos países a tener miedo a la hegemonía de una sola potencia, en el caso de Asia su geografía la hace “inherentemente multipolar”, pues las barreras naturales absorben la fricción. De hecho, los enfrentamientos que ha habido entre China e India, China y Vietnam o India y Pakistán han acabado en tablas. “Mientras que en Europa las guerras han ocurrido cuando hay una convergencia en poder entre rivales, en Asia las guerras han tenido lugar cuando se da la percepción de ventaja sobre los rivales. Así que cuanto más poderosos sean vecinos de China como Japón, India o Rusia, menos probabilidad de conflicto entre ellos”.

Para Khanna, Asia será siempre una región de civilizaciones distintas y autónomas, y más ahora que asistimos a un ‘revival’ de viejos imperios. El futuro geopolítico de Asia no estará dirigido por Estados Unidos ni por China: “Japón, Corea del Sur, India, Rusia, Indonesia, Australia, Irán y Arabia Saudí nunca se juntarán bajo un paraguas hegemónico o se unirán en un solo polo de poder”.

No habrá, entonces, una chinización del mundo, según el autor, y la asianización que se está dando –un giro del peso específico del planeta hacia el Indo-Pacífico– no tiene tampoco que verse como una amenaza para quienes viven en otros lugares. Así como en el siglo XIX se dio una europeización del mundo, y una americanización en el siglo XX, en el siglo XXI estamos asistiendo a una asianización. Khanna ve esto como “el sustrato de sedimentación más reciente en la geología de la civilización global”, y en tanto que “capa” no supone que el mundo renuncia a lo anterior. “Ser más asiáticos no significa necesariamente ser menos americanos o europeos”, dice.

El libro analiza el peso y el encaje de diferentes países asiáticos en el continente. De Rusia afirma que hoy se encuentra estratégicamente más cerca de China que en ningún otro momento desde su pacto comunista de la década de 1950. Khanna cree que la geografía aboca a ese entendimiento, como invita a Canadá a mantener buenas relaciones con Estados Unidos; prevé que el cambio climático abrirá más las tierras de Siberia, lo que las integrará más en el resto del continente asiático.

En cuanto a la relación de India y China, Khanna cree que ambos países tendrán que aceptarse como potencias con mayor normalidad. Por ejemplo, a pesar de las reticencias de India hacia la Ruta de la Seda china y los propios proyectos de conectividad regional indios, al final los corredores preferidos de ambos países “se solaparán e incluso se reforzarán unos a otros”, garantizando que los productos del interior de Asia lleguen al océano Índico. “Las rivalidades geopolíticas solo acelerarán la asianización de Asia”, sentencia Khanna.

A la hora de valorar la importancia de Asia, la obra incluye el petróleo de Oriente Medio. Técnicamente, esa región forma parte del continente, pero constituye un capítulo tan aparte y con dinámicas tan propias que cuesta verlo como territorio asiático. Lo mismo ocurre cuando se pone esa etiqueta a Israel o el Líbano. Puede dar la impresión de que el autor mete todo en el mismo saco para que las cifras sean más imponentes. A eso alega que Oriente Medio depende cada vez menos de Europa y de Estados Unidos y mira más hacia el Este.

Khanna está en condiciones de defenderse razonablemente de la mayor parte de objeciones que pueden hacerse a su texto. Lo más controvertido, sin embargo, es la justificación, cercana a la defensa, que hace de la tecnocracia como sistema de gobierno. Más allá de la actitud descriptiva de un modelo que en algunos países ha acogido un importante desarrollo económico y social, Khanna parece incluso avalar su superioridad moral.

▲ Members of Colombia's National Liberation Army [Voces de Colombia]

ESSAY / Ángel Martos

Terrorism and transnational organized crime are some of the most relevant topics nowadays in international security. The former represents a traditional threat that has been present during most our recent history, especially since the second half of the twentieth century. International organized crime, on the other hand, has taken place throughout history in multiple ways. Examples can be found even in the pre-industrial era: In rural and coastal areas, where law enforcement was weaker, bandits and pirates all over the world made considerable profit from hijacking vehicles along trade routes and roads, demanding a payment or simply looting the goods that the merchants carried. The phenomenon has evolved into complex sets of interconnected criminal networks that operate globally and in organized way, sometimes even with the help of the authorities.

In this paper, the author will analyze the close interaction between terrorism and organized crime often dubbed the “crime-terror continuum”. After explaining the main tenets of this theory, a case study will be presented. It is the network of relations that exists in Latin America which links terrorist groups with drug cartels. The evolution of some of these organizations into a hybrid comprising terrorist and criminal activity will also be studied.

Defining concepts

The crime-terror nexus is agreed to have been consolidated in the post-Cold War era. After the 9/11 attacks, the academic community began to analyze more deeply and thoroughly the threat that terrorism represented for international security. However, there is one specific topic that was not paid much attention until some years later: the financing of terrorist activity. Due to the decline of state sponsorship for terrorism, these groups have managed to look for funding by partnering with organized criminal groups or engaging in illicit activities themselves. Starting in the 1980s with what later came to be known as narco-terrorism, the use of organized crime by terrorist groups became mainstream in the 1990s. Taxing drug trade and credit-card fraud are the two most common sources of revenues for these groups (Makarenko, 2010).

The basic level of relationship that exists between two groups of such different nature is an alliance. Terrorists may look for different objectives when allying with organized crime groups. For example, they may seek expert knowledge (money-laundering, counterfeiting, bomb-making, etc.) or access to smuggling routes. Even if the alliances may seem to be only beneficial for terrorist groups, criminal networks benefit from the destabilizing effect terrorism has over political institutions, and from the additional effort law enforcement agencies need to do to combat terrorism, investing resources that will not be available to fight other crimes. Theirs is a symbiotic relation in which both actors win. A popular example in the international realm is the protection that Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) offered to drug traders that smuggle cocaine from South America through West and North Africa towards Europe. During the last decade, the terrorist organization charged a fee on the shipments in exchange for its protection along the route (Vardy, 2009).

The convergence of organizations

Both types of organizations can converge into one up to the point that the resulting group can change its motives and objectives from one side to the other of the continuum, constituting a hybrid organization whose defining points and objectives blur. An organization of this nature could be both a criminal group with political motivations, and a terrorist group interested in criminal profits. The first one may for example be interested in getting involved in political processes and institutions or may use violence to gain a monopolized control over a lucrative economic sector.

Criminal and terrorist groups mutate to be able to carry out by themselves a wider range of activities (political and financial) while avoiding competitiveness, misunderstandings and threats to their internal security. This phenomenon was popularized after the 1990s, when criminal groups sought to manipulate the operational conditions of weak states, while terrorist groups sought to find new financial sources other than the declining state sponsors. A clear example of this can be found in the Italian Mafia during the 1990s. A series of deliberate bombing attacks were reported in key locations such as the Uffizi Galleries in Florence and the church of St. John Lateran in Rome. The target was not a specific enemy, but rather the public opinion and political authorities (the Anti-Mafia Commission) who received a warning for having passed legislation unfavorable to the interests of the criminal group. Another example far away from Europe and its traditional criminal groups can be found in Brazil. In the early 2000s, a newly elected government carried out a crackdown on several criminal organizations like the Comando Vermelho, the Amigos dos Amigos, and the group Terceiro Comando, which reacted violently by unleashing brutal terrorist attacks on governmental buildings and police officers. These attacks gave the Administration no other choice but to give those groups back the immunity with which they had always operated in Rio de Janeiro.

On the other side of the relationship, terrorist organizations have also engaged in criminal activities, most notably illicit drug trade, in what has been a common pattern since the 1970s. Groups like the FARC, ETA, the Kurdistan Workers Party (PKK), or Sendero Luminoso are among them. The PKK, for example, made most of its finances using its advantageous geographic location as well as the Balkan routes of entry into Europe to smuggle heroin from Asia into Europe. In yet another example, Hezbollah is said to protect heroin and cocaine laboratories in the Bekaa Valley, in Lebanon.

Drug trafficking is not the only activity used by terrorist groups. Other criminal activities serve the same purpose. For example, wholesale credit-card fraud all around Europe is used by Al Qaeda to gain profits (US$ 1 million a month). Furthermore, counterfeit products smuggling has been extensively used by paramilitary organizations in Northern Ireland and Albanian extremist groups to finance their activities.

Sometimes, the fusion of both activities reaches a point where the political cause that once motivated the terrorist activity of a group ends or weakens, and instead of disbanding, it drifts toward the criminal side and morphs into an organized criminal association with no political motivations) that the convergence thesis identifies is the one of terrorist organizations that have ultimately maintained their political façade for legitimation purposes but that their real motivations and objectives have mutated into those of a criminal group. They are thus able to attract recruits via 2 sources, their political and their financial one. Abu Sayyaf, the Islamic Movement of Uzbekistan and FARC are illustrative of this. Abu Sayyaf, originally founded to establish an Islamic republic in the territory comprising Mindanao and the Sulu Archipelago (Philippines), is now dedicated exclusively to kidnapping and marijuana plantations. The former granted them US$ 20 million only in 2000. Colombian FARC, since the 1990s, has followed the same path: according to Paul Wilkinson, they have evolved from a revolutionary group that had state-wide support into a criminal guerrilla involved in protection of crops and laboratories, also acting as “middlemen” between farmers and cartels; kidnapping, and extortion.  By the beginning of our century, they controlled 40 per cent of Colombia’s territory and received an annual revenue of US$ 500 million (McDermott, 2003).

“Black hole” states

The ultimate danger the convergence between criminal and terrorist groups may present is a situation where a weak or failed state becomes a safe haven for the operations of hybrid organizations like those described before. This is known as the “black hole” syndrome. Afghanistan, Tajikistan, Angola, Sierra Leone and North Korea are examples of states falling into this category. Other regions, such as the North-West Frontier Province in Pakistan, and others in Indonesia and Thailand in which the government presence is weak can also be considered as such.

Afghanistan has been considered a “black hole state” since at least the withdrawal of Soviet troops in 1989. Since the beginning of the civil war, the groups involved in it have sought to survive, oftentimes renouncing to their ideological foundations, by engaging in criminal activity such as the production and trafficking of opiates, arms or commodities across the border with Pakistan, together with warlords. The chaos that reigns in the country is a threat not only to the nation itself and its immediate neighbors, but also to the entire world.

The People’s Republic of Korea (DPRK) is, on the other hand, considered a criminal state. This is because it has engaged in transnational criminal activities since the 1970s, with its “Bureau 39”, a government department that manages the whole criminal activity for creating hard currency (drug trafficking, counterfeiting, money laundering, privacy, etc.). This was proved when the Norwegian government expelled officials of the North Korean embassy in 1976 alleging that they were engaged in the smuggling of narcotics and unlicensed goods (Galeotti, 2001).

Another situation may arise where criminal and terrorist groups deliberately foster regional instability for their own economic benefits. In civil wars, these groups may run the tasks that a state’s government would be supposed to run. It is the natural evolution of a territory in which a political criminal organization or a commercial terrorist group delegitimizes the state and replaces its activity. Examples of this situation are found in the Balkans, Caucasus, southern Thailand and Sierra Leone (Bangura, 1997).

In Sierra Leone, for example, it is now evident that the violence suffered in the 1990s during the rebellion of the Revolutionary United Forces (RUF) had nothing to do with politics or ideals - it was rather a struggle between the guerrilla and the government to crack down on the other party and reap the profits of illicit trade in diamonds. There was no appeal to the population or political discourse whatsoever. The “black hole” thesis illustrates how civil wars in our times are for the most part a legitimization for the private enrichment of the criminal parties involved and at the same time product of the desire of these parties for the war to never end.

The end of the Cold War saw a shift in the study of the nexus between crime and terrorism. During the previous period, it was a phenomenon only present in Latin America between insurgent groups and drug cartels. It was not until the emergence of Al Qaeda’s highly networked and globally interconnected cells that governments realized the level of threat to international security that non-state actors could pose. As long as weak or failed states exist, the crime-terror nexus will be further enhanced. Moreover, the activity of these groups will be buttressed by effects of globalization such as the increase of open borders policies, immigration flows, international transportation infrastructure, and technological development. Policymakers do not pay enough attention to the criminal activities of both types of organizations. Rather than dealing with the political motivations of a group, what really makes the difference is to focus on its funding resources – credit-card frauds, smuggling, money laundering, etc.

The following section focuses on the crime-terror continuum that exists between illegal drug trade and terrorist networks. This phenomenon has emerged in many regions all around the world, but the case of Latin America, or the Andean region more specifically, represents the paradigm of the characteristics, dangers and opportunities of these situations.

NARCO-TERRORISM CASE STUDY:

When drug trafficking meets political violence

The concept of narco-terrorism was born in recent years as a result of the understanding of illicit drug trade and terrorism as two interconnected phenomena. Traditionally linked with Latin America, the concept can now be found in other parts of the world like, for example, the Golden Crescent (Afghanistan, Iran and Pakistan), or the Golden Triangle (Thailand, Laos and Myanmar).

There is no consensus on the convenience and accuracy of the term “narco-terrorism,” if only because it may refer to different realities. One can think of narco-terrorism as the use of terrorist attacks by criminal organizations such as the Colombian Medellin Cartel to attain an immediate political goal. Or, from a different point of view, one can think of a terrorist organization engaging in illicit drug trade to raise funds for its activity. Briefly, according to Tamara Makarenko’s Crime-Terror Continuum construct all organizations, no matter the type, could at some point move along this continuum depending on their activities and motivations; from the one extreme of a purely criminal organization, to the other of a purely political one, or even constituting a hybrid in the middle (Makarenko, 2010).

There is a general perception of a usual interaction between drug-trafficking and terrorist organizations. Here, it is necessary to distinguish between the cooperation of two organizations of each nature, and an organization carrying out activities under both domains. There are common similarities between the different organizations that can be highlighted to help policymaking more effective.

Both type of organizations cohabit in the same underground domain of society and share the common interest of remaining undiscovered by law enforcement authorities. Also, their transnational operations follow similar patterns. Their structure is vertical in the highest levels of the organization and turns horizontal in the lowest. Finally, the most sophisticated among them use a cell structure to reduce information sharing to the bare minimum to reduce the risk of the organization being unveiled if some of its members are arrested.

The main incentive for organizations to cooperate are tangible resources. Revenues from narcotics trafficking might be very helpful for terrorist organizations, while access to explosive material may benefit drug trade organizations. As an example, according to the Executive Director of the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) in 2004, an estimated US$ 2.3 billion of the total revenue of global drug trade end up in the hands of organizations like Al Qaeda. Another example is the illegal market of weapons emerged after the collapse of the Soviet Union, field of interest of both types of networks. On the other hand, intangible resources are similar to tangible in usefulness but different in essence. Intangible resources that drug trafficking organizations possess and can be in the interests of terrorist ones are the expertise on methods and routes of transports, which could be used for terrorist to smuggle goods or people - drug corridors such as the Balkan route or the Northern route. On the other way around, terrorists can share the military tactics, know-how and skills to perpetrate attacks. Some common resources that can be used by both in their benefit are the extended networks and contacts (connections with corrupt officials, safe havens, money laundering facilities, etc.) A good example of the latter can be found in the hiring of ELN members by Pablo Escobar to construct car bombs.

The organizations are, as we have seen, often dependent on the same resources, communications, and even suppliers. This does not lead to cooperation, but rather to competition, even to conflict. Examples can be traced back to the 1980s in Peru when clashes erupted between drug traffickers and the terrorist Sendero Luminoso, and in Colombia when drug cartels and the FARC clashed for territorial matters. Even the protection of crops terrorists offer to drug traffickers is one of the main drivers of conflict, even if they do find common grounds of understanding most of the time; for example, in terms of government, revenue-motivated organizations are a threat to the state as they fight to weaken some parts of it such as law enforcement or jurisdiction, while politically-motivated ones wish not only to undermine the state but to radically change its structures to fit their ideological vision (state-run economy, religious-based society, etc.).

The terrorism and drug connection in the Andean Region

Nowhere has the use of illicit drug trade as a source of funds for terrorism been so developed as in the Andean Region (Steinitz, 2002). Leftist groups such as FARC and Peruvian Sendero Luminoso, as well as right-wing paramilitary organizations such as the United Self-Defense Forces of Colombia (AUC) are involved in this activity. At the beginning, the engagement between terrorists and drug traffickers was limited only to fees imposed by the former on the latter in exchange for the protection of crops, labs and shipments. Later, FARC and AUC have further expanded this engagement and are now involved in the early stages of the traffic itself – being the main substance cocaine, and the main reward money and arms from the drug syndicates. The terrorist cells can be therefore considered a hybrid of political and criminal groups. The following paragraphs will further analyze each case.

Peru’s Sendero Luminoso

Sendero Luminoso (SL) started to operate in the Huallaga Valley, a strong Peruvian coca region, several years after its foundation, in 1980. Peru was at the time the world’s first producer of coca leaf. The plant was then processed into coca paste and transported to Colombian laboratories by traffickers. Arguably, the desire for profit from the coca business rather than for political influence was the ultimate motive for Sendero Luminoso’s expansion into the region. SL protected the crops and taxed the production and transportation of coca paste: the 1991 document “Economic Balance of the Shining Path” shows that the group charged US$ 3,000-7,000 per flight leaving Huallaga. Taxes were also levied in exchange for a service that the group provided the cocaleros: negotiating favorable prices with the traffickers. In the late 1980s, SL’s annual income from the business was estimated at US$ 15-100 million (McClintock, 1998).

The Peruvian government’s fight against SL represents a milestone in the fight against the terrorism-crime nexus. Lima set up a political-military command which focused on combatting terrorism while ignoring drugs, because a reasonable percentage of the Peruvian population eked out a living by working in the coca fields. The government also avoided using the police as they were seen as highly corruptible. They succeeded in gaining the support of peasant growers and traffickers of Huallaga Valley, a valuable source of intelligence to use against SL. The latter finally left the Valley.

But it was not a final victory. Due to the vacuum SL left, the now more powerful traffickers reduced the prices paid for the coca leaf. SL was no longer there to act as an intermediary in defense of peasants and minor traffickers, so thanks to the new lower prices, the cocaine market experienced a boom. The military deployed in the area started to accept bribes in exchange for their laissez-faire attitude, becoming increasingly corrupted. President Fujimori in 1996 carried out a strategy of interdiction of the flights that departed from the Valley carrying coca paste to Colombia, causing the traffickers and farmers to flee and the coca leaf price to fall notably. However, this environment did not last long, and the country is experiencing a rise in drug trade and terrorist subversive activities.

The Colombian nexus expands

The collapse of the Soviet Union and an economic crisis in Cuba diminished the amount of aid that the FARC could receive. After the government’s crackdown, with the help of Washington, of the Medellin and Cali cartels, the drug business in Colombia was seized by numerous smaller networks. There was not any significant reduction of the cocaine flow into the United States. The FARC benefitted greatly from the neighboring states’ actions, gaining privileged access to drug money. Peru under Fujimori had cracked down on the coca paste transports, and Bolivia’s government had also put under strict surveillance its domestic drug cultivation. This elimination of competitors caused a doubling of coca production in Colombia between 1995 and 2000. Moreover, opium poppy cultivation also grew significantly and gained relevance in the US’ East-coast market. The FARC also benefitted from this opportunity.

According to the Colombian government, in 1998 the terrorist groups earned US$ 551 million from drug, US$ 311 million from extortion, and US$ 236 million from kidnapping. So much so that the organization has been able to pay higher salaries to its recruits than the Colombian army pays its soldiers. By 2000, the FARC had an estimated 15,000-20,000 recruits in more than 70 fronts, de facto controlling 1/3 of the nation’s territory. Most of the criminal-derived money in the country comes nowadays from taxation and protection of the drug business. According to the Colombian Military, more than half both the FARC’s fronts were involved in the collection of funds by the beginning of the 2000s decade, compared to 40% approx. of AUC fronts (Rebasa and Chalk, 1999).

The situation that was created in both scenarios required created a chaos in which the drug cartels, the cultivation syndicates and the terrorist organizations were the strongest actors. This makes it a very unstable environment for the peoples that lived in the territories under criminal/terrorist control. The tactics of law enforcement agents and government, in these cases, need to be carefully planned, so that multilateral counter-drug/counter-terrorist strategies can satisfactorily address threats existing at multiple dimensions. In the following section, the author will review some key aspects of the policies carried out by the US government in this domain.

The “War on Drugs” and the “War on Terror”

Since 9/11, policies considering both threats as being intertwined have become more and more popular. The separation of counter terrorism and counter-narcotics has faded significantly. Although in the Tashkent Conferences of 1999-2000 the necessary link between both was already mentioned, the milestone of cooperative policies is the Resolution 1373 of the UN Security Council (Björnehed, 2006). In it, emphasis is given to the close connection between terrorism and all kinds of organized crime, and therefore coordination at national, regional and global level is said to be necessary. War on drugs and war on terror should no longer be two separate plans of action.

The effectiveness of a policy that wishes to undermine the threat of illicit drug trade and terrorism is to a high degree dependent on successful intelligence gathering. Information about networks, suspects, shipments, projects, etc. benefits agencies fighting drug trafficking as well as those fighting terrorism, since the resources are most of the times shared.  Narco-terrorism nexus is also present in legal acts, with the aim of blocking loopholes in law enforcement efforts. Examples are the Victory Act and the Patriot Act, passed in the US. Recognizing the natural link and cooperation between drug trade and terrorism leads to security analysts developing more holistic theories for policymakers to implement more accurate and useful measures.

However, there are many aspects in which illicit drug trade and terrorist activity differ, and so do the measures that should be taken against them. An example of a failure to understand this point can be found in Afghanistan, where the Taliban in 2000 set a ban in poppy cultivation which resulted in a strong increase of its price, being this a victory for traffickers since the trade did not stop. Another idea to have in mind is that strategies of a war on drugs differ greatly depending on the nature of the country: whether it is solely a consumer like the UK or a producer and consumer like Tajikistan. In regard to terrorism, the measures adopted to undermine it (diplomacy, foreign aid, democratization, etc.) may have minimal effect on the fight against drug trade.

Sometimes, the risk of unifying counter-policies is leaving some areas in which cooperation is not present unattended. Certain areas are suitable for a comprehensive approach such as intelligence gathering, law enforcement and security devices, while others such as drug rehabilitation are not mutually beneficial. Not distinguishing the different motivations and goals among organizations can lead to a failed homogenous policy.

CONCLUSIONS:

Multilevel threats demand multilevel solutions

Terrorism has traditionally been considered a threat to national and international security, while illicit drug trade a threat to human security. This perception derives from the effects of drugs in a consumer country, although war on drugs policies are usually aimed at supplier ones. Although it was already constituting a threat to regional stability during the twentieth century, it was not considered a crucial political issue until 9/11 attacks, when the cooperative link between criminal and terrorist organizations became evident. An example of unequal attention paid to both threats can be found in US’s Plan Colombia in 2000: one of the main advocators of the legislation stated that the primary focus was on counter-drug, so the United States would not engage with Colombian counterinsurgency efforts (Vaicius, Ingrid and Isacson, 2003).The same type of failure was also seen in Afghanistan but in the opposite way, when the International Security Assistance Force (ISAF) completely neglected any action against drug traffickers, the trade or the production itself.

The merging of drug trafficking and terrorism as two overlapping threats have encouraged authorities to develop common policies of intelligence gathering and law enforcement. The similarities between organizations engaged in each activity are the main reason for this. However, the differences between them are also relevant, and should be taken into consideration for the counter policies to be accurate enough.

Evidence of a substantial link between terrorists and criminals has been proved all along our recent history. Around the world, leaders of mafias and terrorist commanders have oftentimes worked together when they felt that their objectives were close, if not similar. When cohabitating in the outlaw world, groups tend to offer each other help, usually in exchange for something. This is part of human behavior. Added to the phenomenon of globalization, lines tend to be blurred for international security authorities, and thus for the survival of organizations acting transnationally.

The consequences can be noticed especially in Latin America, and more specifically in organizations such as the FARC. We can no longer tell what are the specific objectives and the motivations that pushed youngsters to flee towards the mountains to learn to shoot and fabricate bombs. Is it a political aspiration? Or is it rather an economic necessity? The reason why we cannot answer this question without leaving aside a substantial part of the explanation is the evolution of the once terrorist organization into a hybrid group that moves all along the crime-terror continuum.

The ideas of Makarenko, Björnehed and Steinitz have helped the international community in its duty to protect its societies. It cannot be expected for affected societies to live in peace if the competent authorities try to tackle its structural security issues only through the counter-terrorist approach or through the organized crime lens. The hybrid threats that the world is suffering in the twenty-first century demand hybrid solutions.

BIBLIOGRAPHY

Bangura, Y. (1997) ‘Understanding the political and cultural dynamics of the sierra leone war’, Africa Development, vol. 22, no. 3/4 [Accessed 10 April 2020].

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Tres visiones

No obstante, el deseo de creación de un órgano de cooperación en el seno del Triángulo de Weimar supone todo un reto, pues cada país representa, de una forma u otra, uno de tres de los programas de política exterior que dividen a Europa.

En un extremo del espectro está el gaullismo francés, que aboga por una Europa independiente y es receloso de la presencia de Estados Unidos en Europa, pues hay que recordar que Francia ya tiene un fuerte ejército. París abandonó esta perspectiva por la atlantista en 2007 con Sarkozy, pero ha sido recuperada por Macron. Esto hace que la retórica de Macron pueda llevar a encontronazos con los norteamericanos, al tiempo que también busca marcar perfil propio frente a Moscú y Pekín.

En medio se encuentra el pragmatismo alemán: Alemania no quiere aumentar los conflictos y prefiere centrarse en su economía. Por un lado negocia con los rusos recibir gas para la actividad de su industria y por otro quiere que las tropas de Estados Unidos sigan en su territorio, pues su marcha le obligaría a aumentar el gasto en seguridad. En los planes europeos para la recuperación tras la pandemia de Covid-19 Alemania ha estado claramente más ausente y Macron ha sido quien ha tomado la iniciativa.

Finalmente encontramos el atlantismo polaco. Polonia es quizás el país más atlantista de la UE. Incluso bajo la Administración Trump ha habido un nivel alto de pro-americanismo entre la población y la clase política. El Gobierno ha pujado por lograr acoger una base estadounidense y el ministro de Defensa Mariusz Błaszczak ha elogiado de modo entusiasta el papel de Estados Unidos como defensor del mundo libre. Esto no es nuevo, pues ya la invasión de Irak de 2003 fue apoyada por Polonia, frente al rechazo de Francia y Alemania. Polonia sigue viendo a Rusia como su mayor amenaza y a Estados Unidos y la OTAN como garantes de protección.

Vuelve el Triángulo

Su situación geográfica explica la posición de Polonia y no va a dejar de querer bases de la OTAN en su territorio. No obstante, entiende que necesita aliados cercanos con mayor estabilidad interna –de ahí su acercamiento a Alemania y Francia– que la que ofrece la Administración Trump, cuya imagen internacional está muy dañada, o un Reino Unido más ocupado en gestionar el Brexit que los asuntos de seguridad.

Por otra parte, Macron quiere evitar que Polonia sustituya a Reino Unido como representante de la política norteamericana en Europa, por eso ha cambiado de estrategia para evitar alienarla con las críticas a sus reformas judiciales. Macron no las mencionó en su visita a Varsovia de febrero de este año y únicamente animó a “respetar los valores europeos”. De alguna forma Macron entiende que tras el Brexit va a necesitar a Polonia para avanzar en sus planes de política exterior europea y por ello es importante traerla a la sala de mando. Macron llegó a decir en Varsovia que Polonia, Alemania y Francia deberían guiar a la Unión post-Brexit. Además, anunció el envío de 600 hombres más a Polonia, lo que elevará a 5.100 los soldados franceses en ese país.

En ese encuentro, ambos mandatarios acordaron reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, si bien las limitaciones impuestas por la pandemia del coronavirus han ralentizado algunos contactos, a la espera también de que la economía comience a recuperarse. La presidencia del Consejo recién estrenada por Alemania, por otra parte, desaconseja que Berlín aparezca excesivamente alineado con un determinado vector europeo. Pueda darse, pues, una cierta hibernación coyuntural del Triángulo de Weimar; en cualquier caso, aunque se trata de una fórmula arriesgada, si se coordina con el Parlamento y con la Comisión su consolidación podría suponer un avance en la cohesión y la gobernanza europea.

[Bruno Maçães, History Has Begun. The Birth of a New America. Hurst and Co. London, 2020. 203 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

¿Y si Estados Unidos no estuviera en declive, sino todo lo contrario? Estados Unidos podría encontrarse, en realidad, en sus comienzos como gran potencia. Es lo que defiende Bruno Maçães en su nuevo libro, cuyo título –History Has Begun– viene a rebatir en cierto sentido aquel fin de la historia de Fukuyama, que veía la democratización del mundo de finales del siglo XX como la culminación de Occidente. Precisamente, la hipótesis del internacionalista de origen portugués es que EEUU está desarrollando una civilización propia y original, separada de lo que hasta ahora se entendía como civilización occidental, en un mundo en el que el concepto mismo de Occidente está perdiendo fuerza.

La obra de Maçães sigue tres líneas de atención: la progresiva separación de EEUU de Europa, las características que identifican la específica civilización estadounidense y el pulso entre EEUU y China por el nuevo orden mundial. El autor ya había desarrollado aspectos de estos temas en sus dos obras inmediatamente anteriores, ya reseñadas aquí: The Dawn of Eurasia y Belt and Road; ahora pone el foco en EEUU. Los tres títulos, en el fondo, son una secuencia: la progresiva disolución de la península europea en el conjunto del continente euroasiático, la emergencia de China como la superpotencia de esa gran masa continental y el papel que le resta a Washington en el planeta.

En cuanto a si EEUU sube o baja, Maçães escribe en la introducción del libro: “La sabiduría convencional sugiere que Estados Unidos ha alcanzado ya su máxima cota. Pero ¿y si simplemente ahora está empezando a forjar su propia senda hacia adelante?”. El volumen está escrito antes de la crisis de coronavirus y de la profunda zozobra que hoy se observa en la sociedad estadounidense, pero ya antes eran evidentes algunas señales de la intranquilidad interna de EEUU, tales como la polarización política o las divergencias sobre la orientación de su política exterior. “El presente momento en la historia de Estados Unidos es a la vez un momento de destrucción y un momento de creación”, afirma Maçães, que considera que el país está pasando por “convulsiones” propias de ese proceso de creación destructiva. A su juicio, en cualquier caso, son “los dolores de parto de una nueva cultura en lugar de los estertores de una civilización vieja”.

Podría pensarse que simplemente Estados Unidos evoluciona hacia una cultura mixta, fruto de la globalización, de forma que a la influencia que en los últimos siglos tuvieron algunos países europeos en la conformación de la sociedad estadounidense se una ahora la de la inmigración asiática. De hecho, se espera que para mediados de centuria los inmigrantes del otro lado del Pacífico superen a los que lleguen de México y Centroamérica, los cuales, aunque impregnados de culturas indígenas, siguen en buena medida el paradigma occidental. Entre la herencia primera europea y la nueva asiática, en EEUU se podría desarrollar una cultura “euroasiática híbrida”.

De hecho, en un momento del libro, Maçães asegura que EEUU “ya no es más una nación europea”, sino que “en aspectos fundamentales parece ahora más similar a países como India o Rusia o incluso la República de Irán”. No obstante, discrepa de esa perspectiva híbrida euroasiática y defiende, en cambio, el desarrollo de una nueva y autóctona sociedad estadounidense, separada de la civilización occidental moderna, arraigada en nuevos sentimientos y pensamientos.

A la hora de describir ese distinto modo de ser, Maçães se ocupa sobre todo de algunas manifestaciones, de las que va deduciendo aspectos más profundos. “¿Por qué los estadounidenses hablan tan alto?”, se pregunta, refiriéndose a uno de esos síntomas. Su teoría es que la vida estadounidense enfatiza su propia artificialidad como modo de recordar a sus participantes que, en el fondo, están experimentando una historia. “El modo americano de vida es conscientemente acerca de lenguaje, relato de historias, trama y forma, y está destinado a llamar la atención de su estatus como ficción”. Todo un capítulo, por ejemplo, se dedica a analizar la importancia de la televisión en EEUU. En medio de estas consideraciones, el lector puede llegar a pensar que el razonamiento ha ido derivando hacia un ensayo cultural, saliéndose del campo de las relaciones internacionales, pero en la conclusión de la obra se atan convenientemente los cabos.

Dejado aquí ese cabo suelto, el libro pasa a analizar el pulso entre Washington y Pekín. Recuerda que desde su ascenso como potencia mundial alrededor de 1900, el objetivo estratégico permanente de EEUU ha sido evitar que una sola potencia pudiera controlar el conjunto de Eurasia. Amenazas anteriores en ese sentido fueron Alemania y la URSS y hoy lo es China. Lo normal es que Washington recurriera al equilibrio de poderes, utilizando Europa, Rusia e India contra China (echando mano de un juego históricamente empleado por Gran Bretaña para el objetivo de impedir que un solo país controlara el continente europeo), pero de momento EEUU se ha centrado en confrontar directamente a China. Maçães ve confusa la política de la Administración Trump. “Si Estados Unidos quiere adoptar una estrategia de máxima presión contra Pekín, necesita tener más claridad acerca del juego final”: ¿es este constreñir el poder económico chino o convertir a China al modelo occidental?, se pregunta. Intuye que la meta última es “desacoplar” el mundo occidental de China, creando dos esferas económicas separadas.

Maçães estima que difícilmente China logrará dominar el supercontienente, pues “La unificación de la totalidad de Eurasia bajo una sola potencia es algo tan lejos de ser inevitable que de hecho nunca ha sido lograda”. De todos modos, considera que, por su interés como superpotencia, EEUU puede acabar jugando no tanto el papel de “gran equilibrador” (dado el peso de China es difícil que alguno de sus vecinos pueda ejercer contrapeso) como de “gran creador” del nuevo orden. “China debe ser recortada de tamaño y otras piezas deben ser acumuladas, si un equilibrio tiene que ser el producto final”, asegura.

Es aquí donde finalmente vuelve a escena, con un argumento algo endeble, el carácter estadounidense de constructor de historias y relatos. Maçães puede ver el éxito de EEUU en esta tarea de “gran creador” si trata a sus aliados con autonomía. Como en una novela, su papel de narrador “es juntar a todos los personajes y preservar sus propias esferas individuales”; “el narrador ha aprendido a no imponer una única verdad sobre el conjunto, y al mismo tiempo ningún personaje tendrá permitido reemplazarle”. “Para Estados Unidos”, concluye Maçães, “la edad de la construcción de la nación ha terminado. Ha comenzado la era de la construcción del mundo”.

La pandemia refuerza el valor de los centros de producción en las mismas subregiones

Las zonas francas de Centroamérica y del Caribe han sido un importante motor para las economías de la región. Favorecidas por la creciente globalización de las últimas décadas, ahora podrían verse potenciadas por un fenómeno en dirección opuesta: la «glocalización», la conveniencia de que los centros de producción estén en la misma subregión, cerca de los grandes mercados, para así evitar los problemas en las cadenas de suministros distantes vistos durante esta crisis del Covid-19 que tanto ha afectado al transporte y las comunicaciones. Los dos países líderes latinoamericanos en zonas francas, República Dominicana y Costa Rica, ofrecen mano de obra a precio conveniente y suficientemente cualificada a las puertas de Estados Unidos.

▲ Una de las zonas francas de República Dominicana [CNZFE]

ARTÍCULO / Paola Rosenberg

Las denominadas zonas francas, también conocidas en algunos países como zonas libres, son áreas estratégicas dentro de un territorio nacional que poseen ciertos beneficios tributarios y aduaneros. En ellas se desarrollan actividades comerciales e industriales favorecidas por normas especiales de exportación e importación. Es un modo de potenciar la inversión y el empleo, así como la producción y exportación, logrando con ello el desarrollo económico de una parte del país o de su conjunto.

Las zonas francas son importantes en Latinoamérica, constituyendo en el caso de las economías más reducidas los principales núcleos de producción y de exportación. De acuerdo con la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), en el mundo existen unas 3.500 zonas francas, de las cuales 400 se encuentran en Latinoamérica, lo que supone el 11,4% del total. Dentro de esta región, tienen un especial peso en los países de Centroamérica y del resto de la cuenca del Caribe. Son singularmente importantes en República Dominicana y Costa Rica, así como en Nicaragua, El Salvador, Colombia y Uruguay (también en Puerto Rico).

Estos países se benefician de contar con abundante mano de obra (especialmente formada en el caso costarricense) y a bajo costo (singularmente en el caso nicaragüense), y ello cerca de Estados Unidos. Para fabricantes que desean entrar en el mercado estadounidense puede resultar interesante invertir en esas zonas francas, aprovechando las ventajas fiscales y las condiciones de la mano de obra, al tiempo que su producción se encontrará geográficamente muy cerca de su lugar de destino.

Esto último gana puntos en un mundo post Covid-19. La tendencia a una subregionalización, ante la fractura de las dinámicas de la globalización, ha sido destacada para otras áreas del continente americano, como es el caso de la Comunidad Andina, pero igualmente tiene un gran sentido para una mayor integración entre Estados Unidos y el Gran Caribe. En la medida en que, además, EEUU camine hacia un cierto desacoplamiento de China, las zonas francas de esta área geográfica pueden cobrar también una mayor relevancia.

Reproducción del informe gráfico de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), 2018

Zonas francas de exportación

Las zonas francas pueden estar destinadas a la exportación (mercado externo), a la sustitución de importaciones (mercado interno) o a ambas cosas. Las primeras pueden tener un alto componente industrial, bien buscando la diversificación o dependiendo de las maquilas, o poner el acento en los servicios logísticos (en el caso de las zonas libres de Panamá).

Las zonas francas de exportación de productos han tenido un especial éxito en República Dominicana y Costa Rica. Como indica la AZFA, de los 31.208 millones de dólares exportados desde las zonas francas latinoamericanas en 2018, el primer puesto correspondió a las dominicanas, con 5.695 millones, y el segundo a las costarricenses, con 4.729 millones (el tercer puesto fue para Puerto Rico, con 3.000 millones). Las exportaciones desde las zonas francas de República Dominicana supusieron el 56% de todas las exportaciones realizadas por ese país; en el caso de Costa Rica fue del 48% (el tercero en el ranking fue Nicaragua, con el 44%).

República Dominicana es el país con mayor número de zonas francas (71 zonas de multiempresas) y sus 665 empresas generaron mayor cantidad de empleos directos (165.724). Costa Rica cuenta con 48 zonas francas (en tercera posición, tras Nicaragua), y sus 343 empresas generaron 93.496 puestos de trabajo directos (en quinta posición).

En cuanto a la rentabilidad que para el país supone esta modalidad económica, por cada dólar exonerado entre 2010 y 2015 las zonas francas de Costa Rica generaron un promedio de 6,2 dólares y 5 dólares las de la República Dominicana (El Salvador ocupó la segunda posición, con 6 dólares).

Por lo que se refiere específicamente a Costa Rica, un informe de finales de 2019 de la entidad costarricense de promoción del comercio exterior, Procomer, situó la contribución de las zonas francas en el 7,9% del PIB, generando un total de 172.602 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, con un crecimiento anual del número de empleos de un 10% de promedio anual entre 2014 y 2018. En esas zonas está el 12% del empleo formal del sector privado del país. Un dato importante sobre la contribución al desarrollo de la economía local es que el 47% de las compras realizadas por las firmas situadas en las zonas francas fueron a empresas nacionales. Una dimensión social destacada es que las zonas aportaron 508 millones de dólares a la Caja Costarricense de Seguro Social en el 2018.

El régimen de zonas francas de la República Dominicana es especialmente aplaudido por el Banco Mundial, que califica a este país de pionero en este tipo de instrumento de promoción productiva y comercial, presentándolo como “el caso de éxito más conocido en el hemisferio occidental”. De acuerdo con las estadísticas del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), estas han contribuido en los recientes ejercicios al 3,3% del PIB, ayudando con ello a los importantes crecimientos de la economía del país en los últimos años (una de las mayores tasas de la región, con un promedio por encima del 6% hasta el comienzo de la presente crisis mundial). La cercanía geográfica a Estados Unidos hace que sus zonas francas sean ideales para empresas estadounidenses (casi el 40% de la inversión llega de EEUU) o para empresas de otros países que quieran exportar al gran mercado norteamericano (el 34% de la exportación se dirige a EEUU).

[Azar Gat, War in Human Civilization. Oxford University Press. Oxford (Nueva York), 2006. 822 p.]

2 de julio, 2020

RESEÑA / Salvador Sánchez Tapia

Entre las numerosas firmas que han escrito sobre el fenómeno bélico en las últimas décadas, el nombre de Azar Gat brilla con luz propia. Desde su cátedra de la Universidad de Tel-Aviv, este autor ha dedicado una importante parte de su carrera académica a teorizar desde distintos ángulos sobre la guerra, fenómeno que, por otra parte, conoce directamente por su condición de reservista en el Tsahal (Fuerzas Israelitas de Defensa).

War in Human Civilization es una obra monumental en la que el autor muestra su gran erudición, junto con su capacidad para tratar y estudiar el fenómeno bélico combinando el empleo de campos del saber tan diversos como la historia, la economía, la biología, la arqueología o la antropología, poniéndolos al servicio del objetivo de su obra, que no es otro que el de elucidar qué es lo que ha movido y mueve a los grupos humanos hacia la guerra.

A lo largo de las casi setecientas páginas de este extenso trabajo, Gat hace un estudio de la evolución histórica del fenómeno de la guerra en el que combina una aproximación cronológica que podríamos denominar como “convencional”, con otra sincrónica en la que pone en paralelo estadios similares de evolución de la guerra en diferentes civilizaciones para comparar culturas que, en un momento histórico dado, se encontraban en diferentes grados de desarrollo y mostrar cómo en todas ellas la guerra pasó por un proceso de evolución similar.

En su planteamiento inicial, Gat promete un análisis que trascienda cualquier cultura particular para considerar la evolución de la guerra de una forma general, desde su comienzo hasta la actualidad. La promesa, sin embargo, se quiebra al llegar al período medieval pues, a partir de ese momento adopta una visión netamente eurocéntrica que justifica con el argumento de que el modelo occidental de guerra ha sido exportado a otros continentes y adoptado por otras culturas lo que, sin ser totalmente falso, deja al lector con una visión un tanto incompleta del fenómeno.

Azar Gat bucea en el origen de la especie humana para tratar de dilucidar si el fenómeno de la guerra la hace diferente al resto de las especies, y para tratar de determinar si el conflicto es un fenómeno innato en la especie o si, por el contrario, se trata de una conducta aprendida.

Sobre la primera cuestión, la obra concluye que nada nos hace diferentes a otras especies pues, pese a visiones Rousseaunianas basadas en el “buen salvaje” que tan en boga estuvieron en los años sesenta, la realidad muestra que la violencia intra-especie, que se consideraba única en la humana, en realidad es algo compartido con otras especies. Respecto a la segunda cuestión, Gat adopta una postura ecléctica según la cual la agresividad sería, a la vez, innata y opcional; una opción básica de supervivencia que se ejerce, no obstante, de manera opcional, y que se desarrolla mediante el aprendizaje social.

A lo largo del recorrido histórico de la obra, aparece como un leitmotiv la idea, formulada en los primeros capítulos, de que las causas últimas de la guerra son de naturaleza evolutiva y tienen que ver con la lucha por la supervivencia de la especie.

Según este enfoque, el conflicto tendría su origen en la competición por recursos y por mejores oportunidades reproductivas. Aunque el desarrollo humano hacia sociedades cada vez más complejas ha terminado por oscurecerla, esta lógica seguiría guiando hoy en día el comportamiento humano, fundamentalmente a través del legado de mecanismos próximos que suponen los deseos humanos.

Un capítulo importante dentro del libro es el que el autor dedica a la disección de la teoría, adelantada por vez primera durante la Ilustración, de la Paz Democrática. Gat no refuta la teoría, pero la pone bajo una nueva luz. Si, en su original definición, esta defiende que los regímenes liberales y democráticos son reacios a la guerra y que, por tanto, la expansión del liberalismo hará avanzar la paz entre las naciones, Gat sostiene que es el crecimiento de la riqueza lo que realmente sirve a esa expansión, y que el bienestar y la interrelación que favorece el comercio son los auténticos motores de la paz democrática.

Dos son, pues, las dos principales conclusiones de la obra: que el conflicto es la norma en una naturaleza en la que la que los organismos compiten entre sí por la supervivencia y la reproducción en un ambiente de escasez de recursos, y que, recientemente, el desarrollo del liberalismo en el mundo occidental ha generado en este entorno un sentimiento de repugnancia hacia la guerra que se traduce en un casi absoluto rechazo a la misma en favor de otras estrategias basadas en la cooperación.

Azar Gat reconoce que una parte importante del género humano está todavía muy lejos de modelos liberales y democráticos, mucho más de la consecución del grado de bienestar y riqueza que, a su modo de ver, lleva de la mano al rechazo de la guerra. Aunque no lo dice abiertamente, de su discurso puede inferirse que esa es, no obstante, la dirección hacia la que se encamina la humanidad y que, el día en que ésta alcance las condiciones necesarias para ello, la guerra será finalmente erradicada de la Tierra.

Contra esta idea, cabría argumentar la posibilidad, siempre presente, de regresión del sistema liberal por efecto de la presión demográfica a que está sometido, o a causa de algún acontecimiento de orden global que la provoque; o la de que otros sistemas, igualmente ricos pero no liberales, reemplacen al mundo de las democracias en el dominio mundial.

La obra resulta una referencia obligada para cualquier estudioso o lector interesado en la naturaleza y evolución del fenómeno bélico. Escrita con gran erudición, y con una profusión de datos que, en ocasiones, la hacen un tanto áspera, War in Human Civilization supone, sin duda, una importante aportación al conocimiento de la guerra que resulta de lectura imprescindible.

El hallazgo de una cantidad “significativa” de petróleo en pozos ‘off-shore’ coloca a la excolonia neerlandesa tras los pasos de su vecina Guyana

La intuición se ha demostrado acertada y las prospecciones realizadas bajo aguas territoriales de Surinam, junto a la exitosa bolsa de hidrocarburos que se está explotando en los límites marítimos de Guyana, han encontrado abundante petróleo. El hallazgo puede suponer un decisivo empuje para el desarrollo del que es, precisamente después de Guyana, el segundo país más pobre de Sudamérica, pero también puede ser ocasión, como ocurre con su vecino, de acentuar una corrupción económica y política que ha venido lastrando el progreso de la población.

▲ Palacio presidencial de Surinam, en la capital del país, Paramaribo [Ian Mackenzie]

ARTÍCULO / Álvaro de Lecea

En lo que va de año, las perforaciones en dos yacimientos ‘off-shore’ de Surinam han dado resultado positivo, confirmando la existencia “significativa” de petróleo en el bloque 58, operado por la francesa Total, en sociedad con la estadounidense Apache. Todo indica que igual éxito podría obtenerse en el bloque 52, operado por la también estadounidense ExxonMobil y la malaya Petronas, que fueron pioneras en las prospecciones en aguas de Surinam con operaciones desde 2016.

Ambos bloques colindan con los campos en explotación bajo aguas de la vecina Guyana, donde de momento se calcula que existen unos 3.200 millones de barriles extraíbles de petróleo. En el caso surinamés, las prospecciones realizadas en el primer yacimiento viable, Maka Central-1, descubierto en enero de 2020, hablan de 300 millones de barriles, pero falta sumar las estimaciones a partir de Sapakara West-1, descubierto en abril, y subsiguientes prospecciones programadas. Se considera que en la cuenca de Guyana y Surinam pueden existir unos 15.000 millones de barriles de reservas de petróleo.

Hasta esta nueva era petrolera de las Guayanas (las antiguas Guayanas inglesa y holandesa; la francesa sigue como dependencia ultramar de Francia), se consideraba que Surinam tenía unas reservas de 99 millones de barriles, que al ritmo de su explotación actual dejaba dos décadas para agotarlas. En 2016, el país producía apenas 16.400 barriles diarios.

Situación política, económica y social

Con algo menos de 600.000 habitantes, Surinam es el país menos poblado de Suramérica. Su economía depende en gran medida de la exportación de metales y minerales, especialmente bauxita. La caída de precios de las materias primas desde 2014 afectó especialmente a las cuentas del país. En 2015 se produjo una contracción del PIB del 3,4% y del 5,6% en 2016. Aunque luego la evolución volvió a ser positiva, el FMI pronostica para este 2020, a raíz de la crisis mundial por el Covid-19, una caída del 4,9% del PIB.

Desde que logró su independencia en 1975 de los Países Bajos, su débil democracia ha sufrido tres golpes de estado. Dos de ellos fueron liderados por la misma persona: Desi Bouterse, presidente del país hasta este mes de julio. Bouterse dio un golpe de estado en 1980 y siguió a la cabeza del poder indirectamente hasta 1988. Durante esos años, mantuvo a Surinam bajo una dictadura. En 1990 dio otro golpe de estado, aunque está vez renunció a la presidencia. Fue acusado del asesinato en 1982 de 15 opositores políticos, en un largo proceso judicial que finalmente acabó en diciembre de 2019 con una sentencia de veinte años de prisión y que ahora está apelada por Bouterse. También ha sido condenado por narcotráfico en Holanda, por lo que la consiguiente orden de captura internacional le impide salir de Surinam. Su hijo Dino también ha sido condenado por tráfico de drogas y armas y se encuentra preso en Estados Unidos. El Surinam de Bouterse ha llegado a ser presentado como el paradigma del estado mafioso.

En 2010 Desi Bouterse ganó las elecciones como candidato del Partido Nacional Democrático (PND); en 2015 fue reelegido para otros cinco años. En las elecciones del pasado 25 de mayo, a pesar de algunas controvertidas medidas para limitar las opciones de la oposición, perdió frente a Chan Santokhi, líder del Partido de la Reforma Progresista (VHP). Intentó retrasar el conteo y validación de votos alegando la emergencia sanitaria del coronavirus, pero finalmente a finales de junio la nueva Asamblea Nacional quedó constituida y esta debe designar al nuevo presidente del país a lo largo de julio.

Operaciones de Total en aguas de Surinam y de Guyana [Total]

Relación con Venezuela

Surinam tiene la intención de aprovechar esta perspectiva de bonanza de crudo para fortalecer Staatsolie, la compañía petrolera estatal. En enero, antes de la generalización de la crisis por Covid-19, anunció el propósito de expandir su presencia en el mercado de bonos en 2020 y también, si las condiciones lo permitían, de cotizar sus acciones en Londres o Nueva York. Esto serviría para recaudar hasta 2.000 millones de dólares para financiar la campaña de exploración de los próximos años por parte de la petrolera nacional.

Por otra parte, las reclamaciones territoriales que hace Venezuela frente a Guyana, que afectan al Esequibo –la mitad occidental de la antigua colonia inglesa– y que están siendo estudiadas por el Tribunal Internacional de Justicia, incluyen parte del espacio marítimo en el que Guayana está realizando extracciones petroleras, pero no afectan en el caso de Surinam, cuyas delimitaciones quedan al margen de esa vieja disputa.

Venezuela y Surinam han mantenido especiales relaciones durante el chavismo y mientras Desi Bouterse ha estado en el poder. En ocasiones se han señalado cierta conexión entre el narcotráfico amparado por autoridades chavistas y el atribuido a Bouterse. La oferta que hizo el hijo de este a Hezbolá para tener campos de entrenamiento en Surinam, asunto por el que fue detenido en 2015 en Panamá a demanda de Estados Unidos y juzgado en Nueva York, puede entenderse a la luz de la relación mantenida por el chavismo y Hezbolá, a cuyos operativos Caracas ha entregado pasaportes para facilitar sus movimientos. Surinam ha apoyado a Venezuela en los foros regionales en momentos de presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Además, el país ha venido estrechando cada vez más sus relaciones con Rusia y China, de la que en diciembre de 2019 logró el compromiso de un nuevo crédito.

Con el cambio político de las últimas elecciones, en principio la Venezuela de Maduro pierde un estrecho aliado, al tiempo que puede ganar un competidor petrolero (al menos mientras la explotación petrolera venezolana siga bajo mínimos).

La alta incidencia del Covid-19 en el país contrasta con la rapidez del Gobierno en aplicar medidas

Perú ha sido un ejemplo en la crisis del Covid-19 por la rapidez en aplicar medidas de confinamiento y por aprobar uno de los mayores paquetes de estímulo económico del mundo, cercano al 17% del PIB. Sin embargo, la gran incidencia de la pandemia, que ha convertido a Perú en el segundo país latinoamericano en casos de coronavirus y el tercero en muertes, ha obligado a prolongar más de lo esperado las restricciones de la actividad. Esto y la menor demanda exterior, más débil de lo inicialmente pronosticado, han “eclipsado con creces” el importante apoyo económico del Gobierno, según el FMI, que prevé para Perú una caída del 13,9% del PIB en 2020, la mayor de las principales economías de la región.

▲ Conferencia del presidente peruano, Martín Vizcarra (d), en presencia de la titular de Economía, María Antonieta Alva (i) [Gob. del Perú]

ARTÍCULO / Gabriela Pajuelo

Medios internacionales como Bloomberg y The Wall Street Journal han mostrado admiración por la joven ministra de Economía de Perú, María Antonieta Alva. A sus 35 años, tras una maestría en Harvard y cierta experiencia en la propia administración peruana, Alva diseñó al comienzo de la crisis uno de los planes de estímulo económico más ambiciosos en toda América del Sur.

“Desde una perspectiva latina, Perú es un líder claro en términos de respuesta macro; podría haber imaginado un resultado muy diferente si Toni no estuviera allí.”, ha afirmado Ricardo Hausmann, que fue profesor de Alva durante su estancia en Harvard y lidera un equipo de expertos que asesoran a Perú y otros diez países para mitigar los efectos del coronavirus. La ministra se ha convertido, además, en una de las caras más conocidas del Gobierno del presidente Martín Vizcarra entre las clases populares.

Perú fue uno de los primeros países en Latinoamérica en aplicar el estado de emergencia, limitando la libertad de reunión y de tránsito en el territorio peruano y restringiendo la actividad económica. Para evitar el contagio masivo del virus, el Gobierno decretó el cierre de fronteras, restricciones del movimiento interprovincial, toque de queda diario y un periodo obligatorio de aislamiento nacional, que se ha extendido sucesivas veces y ha devenido en uno de los más largos del mundo.

Esa prolongación, acordada ante la alta incidencia de la pandemia, ha dañado más de lo previsto las perspectivas económicas. Además, la prolongación de la emergencia en países destinatarios de las exportaciones peruanas ha debilitado su demanda de materias primas y perjudicado el resurgimiento de la economía de Perú. Así lo estima el FMI, que entre su pronóstico de abril y el actualizado en junio ha añadido nueve puntos más a la caída del PIB peruano para 2020. El FMI considera ahora que la economía peruana caerá un 13,9% este año, la mayor cifra entre los principales países de la región. Si bien el ambicioso paquete de estímulo no habrá impedido ese descenso, sí potenciará la recuperación, con un incremento del PIB del 6,5% en 2021, a su vez el rebote más pronunciado entre las mayores economías latinoamericanas. Respecto a esta última previsión, el FMI precisa que, no obstante, “hay riesgos a la baja significativos, vinculados a los desafíos nacionales y mundiales para controlar la epidemia”.

Un contexto socioeconómico que no ayuda al confinamiento

A pesar de las restrictivas medidas de distanciamiento social, la pandemia ha tenido una alta incidencia en Perú, con 268.602 casos diagnosticados (en Latinoamérica, solo por detrás de Brasil) y 8.761 muertos (por detrás de Brasil y México) a fecha de 25 de junio. Esas elevadas cifras en parte se han debido a que las condiciones socioeconómicas del país han hecho que el cumplimiento del confinamiento no haya sido muy estricto en ciertas situaciones. El contexto social ha dificultado el respeto de la cuarentena obligatoria por problemas estructurales como la fragilidad de los servicios de salud y de infraestructura, la dificultad para hacer compras públicas eficientes, el hacinamiento en las cárceles o la brecha digital.

El alto nivel de informalidad laboral, que en 2019 fue del 72%, explica que muchas personas deban seguir trabajando para asegurar su subsistencia, sin el seguimiento de ciertos protocolos o acceso a determinado material; al mismo tiempo esa informalidad impide una mayor recaudación de impuestos que ayudaría a mejorar partidas presupuestarias como la sanidad. Perú es el segundo país latinoamericano con menor inversión sanitaria.

Por otro lado, la desigualdad, que en 2018 fue de 42,8 en el índice de Gini, se ve agravada en la distribución territorial del gasto, ligada a la centralización de empleo de la población rural en Lima. Durante la pandemia los trabajadores de la sierra del país emigrados a la capital han querido volver a sus lugares de origen, pues muchos no están en planilla y no cuentan con derechos laborales, contraviniendo las restricciones de movilidad.

Ese contexto social hace puede cuestionar algunas de las medidas económicas aprobadas, según han expresado algunos académicos peruanos. El presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Roberto Abusada, advirtió que las fortalezas macroeconómicas peruanas no ayudarán para siempre. Consideró que ciertos reglamentos son incumplibles, pues “poner parámetros como el índice de masa corporal (IMC) o un límite de edad, genera trabas en este grupo de personas, que podrían ser altamente calificados, y no podrían volver a su centro de trabajo”

Paquete económico

A finales de abril la ministra Alva presentó un paquete de estímulo económico de 26.000 millones de dólares, que representaba el 12% del PIB. Medidas adicionales elevaron un mes después ese porcentaje el 14,4% del PBI, e incluso luego se habría acercado al 17%. Comparativamente se trata de unos de los mayores estímulos adoptados en el mundo (en Latinoamérica, el segundo país es Brasil, con un estímulo del 11,5% del PIB).

De acuerdo con el seguimiento que el FMI está realizando de cada país, Perú ha adoptado medidas en tres diferentes ámbitos: fiscal, monetarias y macro-financieras, y en cuanto a la tasa de cambio y la balanza de pagos.

En primer lugar, en cuanto a las medidas fiscales, el gobierno aprobó 1.100 millones de soles (0,14% del PIB) para atender la emergencia de salud. Complementariamente se han aplicado distintas medidas, entre las cuales destacan dos: el bono “Quédate en tu casa” y la creación del Fondo de Apoyo Empresarial para las Micro y Pequeñas Empresas (FAE-MYPE).

La primera medida, para la cual el gobierno aprobó aproximadamente 3.400 millones de soles (0,4% del PIB) en transferencias directas; es un bono de 380 soles (110 dólares), dirigido a los hogares pobres y poblaciones vulnerables, del que ha habido dos desembolsos. La segunda medida, se refiere a la creación de un fondo de 300 millones de soles (0.04% del PIB) para dar apoyo a las MYPE, en un intento de garantizar créditos para el capital de trabajo y de reestructurar o refinanciar sus deudas.

Entre otras medidas fiscales, el gobierno aprobó una extensión de tres meses para la declaración del impuesto sobre la renta para las PYME, cierta flexibilidad a las empresas y los hogares en el pago de las obligaciones fiscales y un aplazamiento de los pagos de electricidad y agua de los hogares.  Todo el paquete de apoyo fiscal supone más del 7% del PIB.

Por otro lado, en cuanto a las medidas monetarias y macro-financieras, el Banco Central Reserva (BCR) redujo la tasa de encaje en 200 puntos básicos, llevándola al 4%, y está monitoreando la evolución de la inflación y sus determinantes para aumentar el estímulo monetario si es necesario. Además ha reducido los requisitos de reservas, ha proporcionado liquidez al sistema con un paquete respaldado por garantías gubernamentales de 60.000 millones de soles (más del 8% del PIB) para respaldar los préstamos y la cadena de pagos.

Además, se han aplicado medidas en cuanto a la tasa de cambio y la balanza de pagos, mediante la intervención del BCR en el mercado de divisas. Para el 28 de mayo, el BCR había vendido aproximadamente 2.000 millones de dólares (el 0.9% del PIB) en swaps de divisas. Las reservas internacionales siguen siendo significativas, con más del 30% del PIB.

Por otra parte, en el terreno de las relaciones comerciales, Perú acordó no imponer restricciones a las operaciones de comercio exterior, al tiempo que liberalizó las operaciones de carga de mercancías, aceleró la emisión de los certificados de origen, eliminó temporalmente algunos aranceles y dejó sin aplicación diversas infracciones y sanciones contenidas en la Ley General de Aduanas. Esto se llevó a cabo especialmente en las transacciones con socios estratégicos, como la Unión Europea, según indicó Alberto Almendres, el presidente de Eurocámaras (la Asociación de Cámaras Europeas en el Perú). El 50% de la inversión extranjera en Perú proviene de Europa.

En cuanto a las exportaciones peruanas, aunque al comenzar el año la emergencia del coronavirus en China supuso una ralentización de las transacciones con ese país, las exportaciones mineras y agrarias siguieron en valores positivos en los dos primeros meses del año, como indica el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam). Después la afectación ha sido mayor, sobre todo en el caso de las exportaciones de materias primas y del turismo.

Comparación con Chile y Colombia 

La situación en Perú puede analizarse en comparación con sus vecinos Chile y Colombia, que tendrán una caída algo menor del PIB en 2020, aunque su recuperación también será algo menor.

En cuanto al número de casos de Covid-19 confirmados a 25 de junio, Chile (259.064 casos) ofrece unas dimensiones del problema parecidas a las de Perú (268.602), si bien el número de fallecidos es casi la mitad (4.903 chilenos y 8.761 peruanos), lo que se corresponde a la proporción de su población total.

En respuesta a la pandemia, las autoridades chilenas implementaron una serie de medidas, incluyendo la declaración del estado de catástrofe, restricciones de viaje, cierre de escuelas, toques de queda y prohibiciones de reuniones públicas y una ley de teletrabajo. Esta crisis llegaba solo unos meses después del malestar social vivido en el país en el último trimestre de 2019.

En el terreno económico, Chile aprobó un estímulo del 6,7% del PIB. El 19 de marzo, las autoridades presentaron un paquete de medidas fiscales de hasta 11.750 millones de dólares centrado en apoyar el empleo y la liquidez de las empresas (4,7% del OPIB), y el 8 de abril se anunciaron 2.000 millones de dólares adicionales de ayuda a hogares vulnerables, así como un plan de garantía del crédito de 3.000 millones (2%). En su actualización de previsiones de junio, el FMI considera que el PIB chileno caerá un 7,5% en 2020 y se incrementará un 5% en 2021.

En cuanto a Colombia, el nivel de contagios ha sido menor (77.313 casos y 2.611 fallecidos), y su paquete económico para hacer frente a la crisis también ha sido más pequeño: un 2,8% del PIB. El Gobierno creó un Fondo Nacional de Mitigación de Emergencia, que se financiará parcialmente con fondos regionales y de estabilización (alrededor del 1,5% del PIB), lo que se complementará con la emisión de bonos nacionales y otros recursos presupuestarios (1,3%). En su reciente actualización, el FMI prevé que el PIB de Colombia caerá un 7,8% en 2020 y subirá un 4% en 2021.

[Tae-Hwan Kwak y Seung-Ho Joo (eds). One Korea: visions of Korean unification. Routledge. New York, 2017. 234 p.]

RESEÑA / Eduardo Uranga

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, las tensiones entre superpotencias en el este asiático hicieron de esta parte del mundo un punto caliente de las Relaciones Internacionales. Hoy sigue habiendo tensiones, como la guerra comercial que desde 2018 enfrenta a Estados Unidos y a la República Popular de China. No obstante, durante los últimos 70 años, un territorio en particular se ha visto afectado por un continuado conflicto que varias veces ha reclamado la atención mundial. Esta región es, sin duda, la península de Corea.

En este libro, coeditado por Tae-Hwan Kwak y Seung-Ho Joo y que reúne a diversos expertos sobre las relaciones intercoreanas, se exponen las distintas posibilidades de una reunificación de las dos Coreas en un futuro, así como los distintos problemas que deben ser solucionados para poder alcanzar este objetivo. También se analizan las perspectivas de las distintas potencias mundiales sobre el conflicto.

La cuestión coreana viene de la Segunda Guerra Mundial: tras ser ocupado el país por Japón, su liberación terminó dividiendo la península en dos: Corea del Norte (ocupada por la Unión Soviética) y Corea del Sur (controlada por Estados Unidos). Entre 1950 y 1953, las dos mitades lucharon en un conflicto, que acabó consolidando la partición, con una zona desmilitarizada en medio conocida como Paralelo 38 o KDZ.

Una de las fórmulas de unificación coreana descritas en este libro es la unificación a través de la neutralización, propuesta por ambas Coreas. De todos modos, los constantes tests de misiles nucleares de largo alcance llevados a cabo por Corea del Norte en los últimos años presentan un gran obstáculo para esta fórmula. En este ambiente de desconfianza, los ciudadanos coreanos juegan un papel importante en la promoción de la cooperación y amistad a ambos lados de la frontera con el objetivo de alcanzar la desnuclearización de Corea del Norte.

Otro aspecto que juega un importante papel a la hora de forzar un cambio de la actitud de Corea del Norte es su cultura estratégica. Esta debe ser diferenciada de la cultura estratégica tradicional coreana. Corea del Norte ha adoptado varias estrategias de unificación a lo largo de los años, manteniendo los mismos principios y valores. Esta cultura estratégica mezcla elementos procedentes de la posición estratégica del país (desde el punto de vista geopolítico), su historia y sus valores nacionales. Todo ello bajo la autoridad de la ideología Juche. Esta ideología contiene algunos elementos militaristas y promueve la unificación de Corea a través de un conflicto armado y acciones revolucionarias.

En cuanto a las perspectivas de las distintas superpotencias mundiales sobre una futura reunificación coreana, China ha declarado estar a favor de una unificación planteada a largo plazo; un proceso acometido a corto plazo colisionaría con intereses nacionales chinos, pues antes Pekín debería solucionar sus discusiones con Taiwán, o poner fin a la Guerra Comercial contra Estados Unidos. China ha declarado que no aceptará la unificación de Corea influenciada por una alianza militar entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Por otra parte, Estados Unidos todavía no ha optado por una política de unificación coreana en concreto. Desde la década de 1950, la península de Corea no ha sido más que una parte dentro del conjunto de la política estratégica estadounidense para toda la región del Asia Pacífico.

La unificación de la península coreana se verá truncada mientras Estados Unidos, China y otras potencias de la región sigan reconociendo el statu quo de la península. Podría argumentarse que quizás un conflicto armado sería la única forma de alcanzar la unificación. Según los autores de este libro, esto sería demasiado costoso en cuanto a recursos utilizados y vidas humanas perdidas. Por otro lado, esa guerra podría desencadenar un conflicto a escala global.