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Acuerdos de tercer país seguro: baja la migración centroamericana a EEUU

Los acuerdos de EEUU con el Triángulo Norte han podido tener un efecto disuasorio antes de entrar en vigor

En el primer mes tras la extensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) a los tres países del Triángulo Norte, las aprehensiones en la frontera de EEUU han caído por debajo de los últimos años. La reducción real de la afluencia de migrantes que esto evidencia tiene que ver con el mayor control de México sobre su frontera con Guatemala, pero también puede deberse al efecto disuasorio del anuncio de los acuerdos, cuya implementación no ha comenzado plenamente y por tanto aún deben demostrar si tendrán directa eficacia.

Migrantes hondureños retenidos por la guardia fronteriza de Guatemala, en octubre de 2018 [Wikimedia Commons]

▲ Migrantes hondureños retenidos por la guardia fronteriza de Guatemala, en octubre de 2018 [Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / María del Pilar Cazali

Los intentos de entrada en Estados Unidos a través de su frontera con México no solo han vuelto ya a niveles de comienzos de año, antes de que la cifra de migrantes se disparara y cada mes marcara un nuevo récord hasta alcanzarse en mayo las 144.116 aprehensiones e inadmisiones (cifras de la guardia fronteriza estadounidense que permiten valorar indirectamente la evolución de la migración), sino que han seguido descendiendo hasta quedar por debajo de varios años previos.

El mes de octubre (el primer mes del año fiscal estadounidense de 2020), hubo 45.250 aprehensiones e inadmisiones en la frontera sur de EEUU, por debajo de la cifra de los meses de octubre de 2018, 2015 y 2016 (aunque no de 2017). Esto permite vaticinar que el total de aprehensiones e inadmisiones en el nuevo año fiscal quedará claramente por debajo del récord de 977.509 registrado en el de 2019. Ese auge tuvo que ver con las caravanas de migrantes que se iniciaron a finales de 2018 en el Triángulo Norte centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala), siguiendo una corriente migratoria que, con diferentes intensidades, comenzó en la década de 1980 por inestabilidades políticas y económicas de esos países.

Esta crisis migratoria llevó a que la administración estadounidense del presidente Trump aplicara políticas de deportación más duras, incluyendo el cambio de condiciones para las deportaciones expeditas. Además, la Casa Blanca presionó a México con la amenaza de aranceles a sus productos si no contribuía a reducir el flujo de migrantes que atravesaban suelo mexicano, lo que llevó al presidente López Obrador al despliegue de la recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Trump combinó esas medidas con la negociación con los países del Triángulo Norte de Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), que inicialmente fueron denominados impropiamente de “tercer país seguro”, lo que contribuyó a aumentar la controversia que generaron.

Acuerdo con Guatemala

Debido a amenazas estadounidenses de imponer aranceles a Guatemala si no lograba reducir el número de migrantes de ese país o que pasan por él rumbo a EEUU, el gobierno guatemalteco aceptó los términos de un trato anunciado por Trump el 26 de julio de 2019. El acuerdo prevé que quienes solicitan asilo en EEUU pero han pasado previamente por Guatemala, sean llevados de nuevo a este país para que puedan permanecer allí como asilados en caso de reunir las condiciones requeridas. Estados Unidos ve esto como un acuerdo de tercer país seguro.

Un acuerdo de tercer país seguro es un mecanismo internacional que posibilita acoger en un país a quienes solicitan asilo en otro. El acuerdo firmado en julio impede que los solicitantes de asilo puedan recibir protección estadounidense si pasaron por Guatemala y no solicitaron primero asilo allí. El objetivo estadounidense es evitar que los migrantes provenientes de Honduras y El Salvador pidan asilo en EEUU. La responsabilidad de gestionar las solicitudes de protección recaerá sobre Washington solo en tres supuestos: menores de edad no acompañados, personas con visa o documento de admisión emitido por EEUU o personas que no tengan la obligación de obtener una visa. Quienes no cumplan con los requisitos, serán enviados a Guatemala para esperar la resolución de su caso, que podría tardar años. Por otro lado, el acuerdo no impide que los solicitantes guatemaltecos y mexicanos puedan pedir asilo en EEUU.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, previamente había anunciado que un acuerdo similar podría llegar a ser parte de las negociaciones migratorias que se estaban llevando a cabo con EEUU. En Guatemala, tras el anuncio de lo acordado, surgieron múltiples críticas, porque las condiciones de seguridad de ambos países son incomparables. A esto se le sumaron rumores sobre cuál era el verdadero contenido del acuerdo que Morales había firmado, ya que no fue inmediatamente revelado al público. Ante esta incertidumbre, el ministro de Interior, Enrique Degenhart, declaró que el acuerdo era solo para hondureños y salvadoreños, no para nacionales de otros países latinoamericanos, y que el texto no mencionaba explícitamente el término “tercer país seguro”.

La semana siguiente al anuncio, fueron interpuestos tres recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, argumentando que el país no está en condiciones de prestar la protección que supuestamente ofrece y que el gasto que acarrearía debilitaría la situación económica de la propia población. Sin embargo, Degenhart defendió el acuerdo diciendo que las repercusiones económicas habrían sido peores si no se hubiere alcanzado el pacto con Washington, porque con los aranceles estadounidenses estaría en peligro la mitad de las exportaciones guatemaltecas y los puestos trabajos que le acompañan a estos sectores.

Estas críticas no provenían solo de ciudadanos guatemaltecos, sino también de figuras públicas como el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, invocando falta de transparencia por parte del gobierno. Rodas insistió en que Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro por sus bajos indicadores de producción, de educación, de salud pública y de seguridad. Parecidas ideas han expresado organizaciones como Amnistía Internacional también, para las que Guatemala no es seguro y no se puede considerar como refugio.

En su pronunciamiento, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala afirmó que el gobierno guatemalteco necesita someter el acuerdo a la aprobación del Congreso para que pueda ser efectivo. Esto ha sido rechazado por el gobierno, que estima que la política internacional es competencia directa del presidente del país y por tanto comenzará a implementar lo decidido con Washington sin más dilación.

 

Aprehensiones e inadmisiones realizadas por la guardia de frontera de EEUU, distribuidas por meses durante los últimos años fiscales (FY) [Tomado de CBP]

Aprehensiones e inadmisiones realizadas por la guardia de frontera de EEUU, distribuidas por meses durante los últimos años fiscales (FY) [Tomado de CBP]

 

También con El Salvador y Honduras

A pesar de toda esta controversia generada desde el mes de julio a raíz del pacto con Guatemala, EEUU desarrolló esfuerzos similares con El Salvador y Honduras. El 20 de septiembre de 2019, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó un acuerdo asimilable a la figura del tercer país seguro, aunque tampoco fue llamado explícitamente así. Compromete a El Salvador a recibir solicitantes de asilo que aún no pueden ingresar a EEUU, similar al acuerdo con Guatemala. El acuerdo de El Salvador tiene los mismos tres supuestos en los que EEUU tendrá que hacer cargo de la protección de migrantes.

El gobierno salvadoreño ha recibido críticas similares, incluyendo la falta de transparencia en la negociación y la negación de la realidad de que el país es inseguro. Bukele justificó la firma diciendo que significaría la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los más 190.000 salvadoreños que viven en EEUU. En octubre de 2019, la cancillería salvadoreña dijo que este acuerdo no es de tercer país seguro porque El Salvador no se encuentra en las graves situaciones migratorias en las que están Guatemala y Honduras en cuanto a flujo de personas, por lo que es solamente un acuerdo de no violación de derechos para minimizar la cantidad de migrantes.

El 21 de septiembre de 2019 el gobierno hondureño también hizo público el anuncio de un acuerdo muy similar al aceptado por sus dos vecinos. Este dice que EEUU podrá deportar a Honduras solicitantes de asilo que hayan pasado por Honduras. Al igual que los otros dos países, el gobierno hondureño recibió críticas ya que no es un destino seguro para migrantes por ser de los países con tasas más altas de homicidio en el mundo.

Pese a las críticas generadas sobre los tres acuerdos, a finales de octubre de 2019 el gobierno de Donald Trump anunció que se encontraba en preparaciones finales para empezar a enviar solicitantes de asilo a Guatemala. Sin embargo, a finales de noviembre aún no se había producido el envío de solicitantes de asilo que no fueran guatemaltecos. La toma de posesión a comienzos de enero del presidente electo, Alejandro Giammattei, que anunció su deseo de anular ciertos términos del acuerdo, puede introducir alguna variante, aunque tal vez su propósito sea arrancar alguna concesión más a Trump, además de las visas agrícolas que Morales negoció para temporeros guatemaltecos.

Récord de llegada de niños solos en la frontera de EEUU

La avalancha de menores extranjeros no acompañados sufrida por la Administración Obama en 2014 ha sido superada en un 2019 con un nuevo pico migratorio

En verano de 2014, Estados Unidos sufrió una crisis migratoria por un incremento inesperado del número de menores extranjeros no acompañados, en su mayoría centroamericanos, que llegaron a su frontera con México. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Aunque oscilante, el volumen de este tipo de inmigración bajó, pero en 2019 se ha registrado un nuevo récord, de la mano de la ˝crisis de las caravanas˝, que ha llevado al alza de nuevo las aprehensiones totales en la frontera.

Agentes fronterizos de EEUU registran a menores no acompañados en la frontera de Texas con México, en 2014 [Hector Silva, USCBP–Wikimedia Commons]

▲ Agentes fronterizos de EEUU registran a menores no acompañados en la frontera de Texas con México, en 2014 [Hector Silva, USCBP–Wikimedia Commons]

ARTÍCULOMarcelina Kropiwnicka [Versión en inglés]

Estados Unidos acoge a más inmigrantes que cualquier otro país del mundo, con más de un millón de personas que llegan cada año, ya sea como residentes legales permanentes, solicitantes de asilo y refugiados, o en otras categorías de inmigración. Si bien no existe una cifra exacta de cuántas personas cruzan ilegalmente la frontera, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (US Customs and Border Control) miden los cambios en la inmigración ilícita a partir de la cantidad de aprehensiones que se realizan en la frontera; dichas detenciones sirven como indicador del número total de intentos de entrar en el país ilegalmente. En cuanto a los datos, se puede concluir que ha habido cambios notables en la demografía de la migración ilegal en la frontera con México (frontera suroeste, en términos oficiales estadounidenses) en los últimos años.

El pico de aprehensiones en la frontera con México fue durante el año 2000, cuando se detuvo a 1,64 millones de personas que intentaban entrar ilegalmente en Estados Unidos. Las cifras han disminuido, en general, desde entonces. En los últimos años ha habido más aprehensiones de no mexicanos que de mexicanos en la frontera con el vecino país, lo que refleja una disminución en el número de inmigrantes mexicanos no autorizados que llegaron a Estados Unidos en la última década. El aumento, de hecho, se debió en gran medida a quienes huyeron de la violencia, la actividad de las pandillas y la pobreza existentes en Guatemala, Honduras y El Salvador, región conocida como el Triángulo Norte centroamericano.

Las naciones incluidas en el Triángulo Norte se encuentran entre las más pobres de América Latina —un alto porcentaje de la población todavía vive con menos de 2 dólares al día (el umbral de pobreza internacional es de 1,90 dólares)—; en ellas apenas ha habido avances los últimos años en la reducción de la pobreza. Dentro de América Latina y el Caribe, Honduras tiene la segundo porcentaje más alto de población que vive por debajo del umbral de pobreza (17%), después de Haití, según los últimos datos del Banco Mundial.

Menores extranjeros no acompañados

Mientras en la última década ha habido menos adultos, sin compañía de familia, que han intentado cruzar la frontera sin autorización, se ha registrado en cambio una oleada de menores extranjeros no acompañados (MENAs) tratando de entrar en Estados Unidos desde México. La migración de menores sin adultos acompañándoles no es nueva; lo nuevo es ahora su volumen y la necesidad de aplicar políticas en respuesta a este problema. El aumento de las aprehensiones de MENAs en el ejercicio 2014 causó alarma y motivó tanto un intenso escrutinio de los medios de comunicación como la aplicación de respuestas políticas; la atención se mantuvo incluso aunque el fenómeno decreció. Los números cayeron de nuevo a poco menos de 40.000 aprehensiones de menores al año siguiente.

La comunidad internacional define a un menor migrante no acompañado como una persona, "que es menor de dieciocho años" y que se encuentra "separado de ambos padres y no está siendo atendido por un adulto que por ley o costumbre tiene la responsabilidad de hacerlo". Muchos de estos menores no acompañados se presentan inmediatamente a la seguridad fronteriza de Estados Unidos, mientras que otros entran en el país desapercibidos e indocumentados. No solo esto, sino que los niños no tienen padres o tutores legales disponibles para proporcionar atención o custodia física, lo cual rápidamente desborda los servicios de las patrullas fronterizas locales.

En 2014 muchos de los niños no acompañados afirmaron que tenían la falsa impresión de que la Administración Obama estaba otorgando "permisos" a los niños que tenían familiares en Estados Unidos, siempre y cuando llegaran como más tarde en junio. Estos falsos convencimientos y bulos propagados fueron aún más potentes este último año, especialmente cuando el presidente Trump continúa reforzando la idea de restringir el acceso de los migrantes a EEUU. Los cárteles han seguido transportando un número cada vez más alto de centroamericanos migrantes de sus países a Estados Unidos.

Momentos críticos de 2014 y 2019

En 2014, durante el segundo mandato de Obama, las aprehensiones totales a lo largo de la frontera con México llegaron a 569.237 (esta cifra incluye las personas "no-admisibles"), un récord solo superado ahora. Si bien el incremento respecto al año anterior fue de un 13%, el aumento fue mucho más notable en cuanto a las detenciones de MENAs; estas pasaron de 38.759 en el año fiscal de 2013 a 68.541 en el año fiscal de 2014 (en EEUU el año fiscal va de octubre de un año a septiembre del siguiente), un aumento de casi el 80%, más de cuatro veces de las registradas en el año fiscal 2011. En el caso de menores procedentes de Honduras, la cifra pasó en un año de 6.747 a 18.244; los de Guatemala subieron de 8.068 a 17.057, y los de El Salvador, de 5.990 a 16.404 (los de México, en cambio, bajaron de 17.240 a 15.634). El mayor número de aprehensiones se dio en mayo, mes en el que las detenciones de MENAs supusieron el 17% del total de aprehensiones.

Desde 2014, las aprehensiones de menores no acompañados, aunque fluctuantes, descendieron en número. Pero en 2019 se ha registrado un nuevo récord, llegando a los 76.020, con un máximo en el mes de mayo. No obstante, ese mes supusieron solo el 9% de las aprehensiones totales, pues en esta ocasión no ha sido propiamente una crisis de MENAs, sino que se ha insertado en un notable pico de las aprehensiones totales. Si bien las aprehensiones generales disminuyeron significativamente durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, luego subieron, alcanzando en 2019 un total de 851.508 (con los "no-admisibles" la cifra llegó a 977.509), lo que supone más del doble respecto a 2018. El número de aprehensiones totales aumentó un 72% de 2014 a 2019 (en el caso de los MENAs el incrementó fue del 11%).

 

 

Aprehensiones de menores extranjeros no acompañados en la frontera entre EEUU y México, entre 2012 y 2019 (gráfico 1), y comparación de 2014 y 2019 por meses (gráfico 2). Fuente: US Customs and Border Patrol.

 

Reacción

Estados Unidos tenía diversas políticas internas destinadas a hacer frente al aumento masivo de la inmigración. Sin embargo, con el abrumador pico de 2014, Obama solicitó la financiación de un programa para "la repatriación y reintegración de los migrantes a los países de Centroamérica y para abordar las causas profundas de la migración de estos  países". Aunque la financiación del programa fue bastante consistente en los últimos años, el presupuesto para 2018 propuesto por el presidente Trump redujo la ayuda a estos países en aproximadamente un 30%.

La Administración Trump ha hecho progresos en la aplicación de su agenda sobre inmigración, desde el comienzo de la construcción del muro en la frontera con México hasta la puesta en marcha de nuevos programas, pero la línea dura ya prometida por Trump en su carrera hacia la Casa Blanca ha demostrado no ser eficaz en impedir que miles de familias centroamericanas atraviesen la frontera sudoeste hacia los Estados Unidos. Con la violencia extrema de las pandillas siendo desenfrenada y la existencia de tecnicismos en el sistema de inmigración de EEUU, la motivación de los migrantes para abandonar sus países permanecerá.

EEUU y Panamá despliegan una fuerza operativa para filtrar el paso de Darién

Las autoridades panameñas registraron en 2018 el tránsito de 2.100 personas “de interés” para Washington

  • De los 8.445 migrantes ilegales localizados en Darién (un aumento del 20% en dos años), el 91% procedía de Asia y África, con el objetivo en su mayoría de alcanzar EEUU

  • El Comando Sur estadounidense desplazó helicópteros en enero y febrero de 2019 para mejorar las capacidades de vigilancia de la densa zona selvática

  • La constatación de la presencia de SIA en las caravanas centroamericanas de migrantes del pasado otoño lleva a Washington a poner especial interés en el Tapón de Darién

Informe SRA 2019 Alex Puigrefagut [Versión en PDF]

Uno de los iconos más conocidos en el continente americano es la Ruta Panamericana: una red de carreteras que va de Argentina a Estados Unidos e incluso permite llegar hasta Alaska. Entre un extremo y otro solo hay un punto en el que hay que apearse del automóvil: 130 kilómetros de espesa vegetación entre Panamá y Colombia, realmente infranqueable, incluso difícil de atravesar a pie. Es la selva de Darién, que por esas características es conocida como el Tapón de Darién.

Justamente por bloquear el tránsito por tierra entre Sudamérica y América Central, tradicionalmente ha sido una área de escasa vigilancia a efectos de flujos migratorios. Esa falta de monitoreo, sin embargo, ha supuesto los últimos años un efecto llamada de una inmigración ilegal llegada fundamentalmente de Asia y África que preocupa a Estados Unidos. Muchos de esos inmigrantes son catalogados por Washington como Extranjeros de Interés Especial (SIA por su siglas en inglés), por proceder de países que, según EEUU, muestran una tendencia a promover, producir o proteger organizaciones criminales, mayormente terroristas. Si emergen en Panamá, fácilmente pueden utilizar las rutas migratorias centroamericanas hasta EEUU, como ha quedado denunciado en la reciente crisis de las caravanas que partieron de Honduras.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá registró el paso por Darién de 8.445 inmigrantes ilegales en 2018 (a falta de computar el mes de diciembre), de los cuales 5.400 procedían de Asia y 2.287 de África, que conjuntamente suponían el 91% de todo el contingente. Se trata de un incremento del 20% en dos años. De ellos, 2.123 eran nacionales de países que EEUU ve como posible amenaza terrorista: la mayoría eran de Bangladesh (1.440), pero también de Eritrea (418), Pakistán (151), Yemen (34), Somalia (32), Afganistán (10), Irak (10), Mauritania (10), Siria (7) y Egipto (2). A finales de 2017 el Servicio Nacional de Fronteras panameño detuvo a 26 ciudadanos de Yemen con presunta vinculación a grupos terroristas.

Ese flujo migratorio de personas etiquetadas como SIA por Washington ya fue alertado en 2016 por el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, que envió un memorándum a las autoridades fronterizas estadounidenses para que estuvieran vigilantes.

Con la atención puesta en Darién, en junio de 2018 EEUU y Panamá acordaron establecer una Fuerza de Tarea Conjunta sobre Migración (JMTF por su siglas en inglés), con el objetivo de asegurar una coordinación más efectiva y completa para abordar la inmigración ilegal y no controlada en la región. Las autoridades de seguridad de ambas administraciones priorizaron actuar contra el narcotráfico y otras clases de delincuencia organizada que pudieran suponer una amenaza para la seguridad tanto de Panamá y EEUU como para la región en su totalidad. En enero y febrero de 2019 el Comando Sur de Estados Unidos utilizó helicópteros para realizar unos transportes destinados a mejorar las instalaciones de vigilancia de Darién.

EEUU y Colombia

El propósito principal de la JMTF creada entre ambos Estados es que pueda haber intercambio de información y recursos para establecer puntos estratégicos fronterizos y de esta forma combatir todo tipo de delincuencia organizada en la frontera sur de Panamá, como por ejemplo el tráfico de drogas, de armas, de personas y sobre todo para la supervisión exhausta de la posible penetración de migrantes ilegales considerados SIA que puedan estar efectivamente relacionados con organizaciones del terrorismo internacional. Además, para el correcto funcionamiento de la JMTF los dos gobiernos acordaron reunirse bilateralmente dos veces al año para supervisar y coordinar de forma efectiva los grupos de seguridad fronterizos.

Ya en 2016 los gobiernos de Panamá y Colombia implementaron añadir en la llamada Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza (COMBIFRON) más medidas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y combatir el crimen organizado, así como la migración ilegal. Dentro de esas medidas se crearon dos puntos de vigilancia compartidos entre las dos armadas y así poder controlar los flujos migratorios en la frontera de ambos países, especialmente en la región de Darién. El área había sido históricamente lugar de influencia de carteles colombianos y retaguardia para fuerzas guerrilleras, de forma que el proceso de paz abierto con las FARC suponía una oportunidad para procurar un mayor control estatal.

El principal problema en el desafío del Darién en las últimas décadas, según algunos observadores, fue la pasividad mostrada por Colombia, que fue disminuyendo el patrullaje y el control terrestre de su parte de la frontera, dejando a Panamá con recursos limitados ante los grupos criminales, ocasionándose con ello un aumento considerable del tráfico ilegal de drogas, armas y personas en la frontera. Esa pasividad colombiana se debió fundamentalmente a que el tránsito de migrantes ilegales no creaba presión migratoria sobre Colombia, ya que los flujos eran hacia el norte continental. Aunque hoy los dos países prestan atención a Darién, el control de la zona sigue siendo deficiente, en parte porque se prioriza la seguridad marítima sobre la terrestre, especialmente en el caso de Colombia.

 

Tránsito irregular de extranjeros en 2018

 

Caravanas centroamericanas

El paso ilegal por Darién de personas que Washington considera “de interés” por provenir de países que pueden fomentar el terrorismo forma parte de rutas internacionales que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos. La amplia evidencia muestra que el Tapón de Darién se ha vuelto un punto estratégico para la seguridad regional y la de EEUU.

La presencia de personas catalogadas como SIA estuvo en el centro del debate sobre las diversas caravanas de migrantes que en otoño de 2018 partieron de Centroamérica –surgieron en Honduras y aumentaron su tamaño a su paso por El Salvador y Guatemala– y se dirigieron a la frontera de México con EEUU. Según constató el think-tank estadounidense Center for a Secure and Free Society (SFS), en esas caravanas participaron individuos de fuera de Centroamérica, procedentes de Oriente Medio, Asia y África, algunos de los cuales entraban dentro de la etiqueta de SIA. De acuerdo con SFS, esas personas tuvieron un trato de privilegio en el desarrollo de lo convoyes, lo que incluso podría indicar una connivencia entre redes de SIA y ciertos canales de la migración centroamericana. Ese mismo centro constató que funcionarios de Guatemala detectaron esos días no menos de 157 migrantes irregulares de otros continentes, de los cuales al menos 17 eran de “especial interés” para EEUU por proceder de países como Paquistán, Bangladesh y Eritrea.

Es complicado establecer cuántas personas con perfil SIA realmente transitan por Centroamérica con destino a EEUU, pues sus identidades son falseadas para pasar desapercibidas durante su travesía. Por otra parte, el presidente estadounidense exageró el estado de alarma por las grandes caravanas centroamericanas, pues aunque hubiera motivos para la alerta, no hay que olvidar que la gran mayoría de Extranjeros de Interés Especial que entran en EEUU y que son altamente peligrosos por sus conexiones directas con el terrorismo llegan por aire y no por tierra. Según un comunicado aclaratorio del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos cada día se llegan a detener una media de diez personas que están catalogadas en la “lista de observación terrorista” (3.700 en el último año fiscal), aunque pocas de ellas entran por la frontera de EE.UU con México.

Pacto de la ONU sobre migración: ausencias clave

Frontera entre México y Estados Unidos en Anapra, a las afueras de Ciudad Juárez

▲ Frontera entre México y Estados Unidos en Anapra, a las afueras de Ciudad Juárez [Dicklyon]

ANÁLISISTúlio Dias de Assis y Elena López-Doriga

Con una votación de 152 países a favor, cinco en contra y doce abstenciones (1), la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el pasado 19 de diciembre el proyecto de resolución que ratificaba el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, acuerdo firmado algunos días antes en la ciudad marroquí de Marrakech. Se trata del primer pacto internacional, bajo los auspicios de la ONU, destinado a abordar la migración a nivel global. Si bien no se trata de un acuerdo vinculante, al ser ejecutado por la Asamblea General de la ONU pretende reiterar principios importantes acerca de la protección de los derechos humanos de los migrantes, de una forma universal y unísona.

A pesar de lo positivo de que se alcanzara un amplio consenso, muchos países se abstuvieron de votar o se posicionaron directamente en contra del pacto, generando incertidumbre sobre su eficacia. Aunque se terminaría llevando a cabo la tan esperada firma en Marrakech, finalmente hubo muchos menos firmantes de los que durante las negociaciones se esperaba. ¿Por qué ese rechazo por parte de algunos países? ¿Y la neutralidad o indiferencia de otros? ¿A qué se deben los múltiples debates que han tenido lugar en varias cámaras parlamentarias a lo largo del mundo en relación al pacto? Estas son algunas de las cuestiones que van a ser abordadas en este análisis.

Antes de abordar el pacto mismo, es importante diferenciar los conceptos de “migrante” y “refugiado”. Un migrante se define como persona que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él temporal o definitivamente, a menudo por razones económicas y generalmente con el objetivo de mejorar su nivel de vida. Mientras que el concepto de refugiado hace referencia a las personas que huyen de conflictos armados, violencia o persecución y se ven por ello obligadas a abandonar su país natal para garantizar su propia seguridad. Los motivos de la persecución pueden ser de muy diversos tipos: persecuciones étnicas, religiosas, de género, por su orientación sexual, entre otros. En todos ellos, dichas causas han provocado temores fundamentados por su vida, lo que, tras un debido proceso, les convierte en “refugiados” a ojos de la Comunidad Internacional.

Cabe destacar que este pacto aborda únicamente lo referente a los derechos de los migrantes, pues para los refugiados ya existe el referente histórico vinculante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de enmienda de 1967, ambos firmados y ratificados por una amplia mayoría de los Estados miembros de la ONU. Además, habría de mencionarse que, de forma simultánea a la elaboración del pacto migratorio, también fue confeccionado un pacto no vinculante, de carácter similar, sobre la temática de los refugiados. Pacto que fue apoyado por una amplia mayoría de Estados, registrándose apenas dos votos contrarios (EEUU y Hungría) y tres abstenciones (República Dominicana, Libia y Eritrea). Por ello, se podría concluir que al menos en materia de refugiados la mayoría de los países no parece tener ningún problema; en lo que a migrantes se refiere, la opinión parece cambiar bastante.

Los orígenes del texto se remontan a la Declaración de Nueva York sobre los Derechos de los Migrantes y Refugiados de 2016, en la que se propone la elaboración de ambos pactos –por un lado el que concierne a los refugiados, y por otro, el de la migración– como una iniciativa más de la implementación de la Agenda 2030. Desde entonces ambos documentos fueron elaborados de forma paulatina hasta que en julio de 2018 se dio por concluido el texto del que nos concierne.

El documento, de naturaleza no vinculante, consiste de varias partes. La primera, comúnmente llamada “Chapeau”, es simplemente una declaración de valores compartidos que supuestamente deberían poseer todos Estados de la comunidad internacional. Seguidamente figura una lista de 23 objetivos, principalmente en materia de cooperación internacional, en gran medida a través de la Organización Internacional de la Migración (OIM), órgano subsidiario de Naciones Unidas. Finalmente el texto explica cómo ha de ser llevada a cabo la revisión periódica del progreso de los Estados firmantes en lo que se refiere a los 23 objetivos mencionados.

La parte más polémica a lo largo y después de las negociaciones es el Chapeau, especialmente por equiparar los derechos de los migrantes y de los refugiados. El documento en su totalidad también es criticado por no distinguir de forma clara los derechos de los migrantes regulares de los que corresponden a los irregulares. Por último, otra medida altamente controvertida fue el llamado a que los países firmantes faciliten un mayor número de visados.

Otros puntos importantes del texto concitaron un sustancial acuerdo, aunque tampoco se libraron de las críticas de los gobiernos más conservadores: entre ellos la garantía de buenas condiciones y cuidados a los migrantes en casos de deportación, el principio de non-refoulement aplicado a las deportaciones de migrantes (la no devolución de migrantes a zonas conflictivas), la otorgación de derechos sociales a los migrantes en los países en los que se encuentren, la creación de una mejor red de cooperación internacional en materia de migrantes bajo la administración de la OIM, así como la creación de medidas para combatir la discriminación a los migrantes.

 

DIFERENTES POSTURAS

En América

Durante las negociaciones apenas dos países mostraron explícitamente aversión a la elaboración del tratado. Compartiendo la postura de la Hungría de Orbán, se encontraban los EEUU de Trump, que ni tan siquiera se molestó en participar en las negociaciones. La entonces embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, se posicionó rotundamente en contra del acuerdo. “EEUU se enorgullece de su origen migratorio, pero serán los mismos americanos quienes decidirán cómo controlar sus fronteras y quiénes podrán entrar”, declaró Haley, remarcando el interés estadounidense en hacer prevalecer su soberanía nacional. EEUU terminó no firmando el documento.

Además de las razones aportadas por la Administración Trump, la pérdida la dirección de la OIM sufrida por EEUU frente al candidato portugués António Vitorino –y por ende la pérdida del control de la puesta en marcha del pacto– también podría haber tenido bastante peso en su forma de actuar. Quizá no tanto en la decisión primaria de no participar en las negociaciones del pacto, como en la actitud final de no firmarlo. Asimismo, llama la atención el hecho de que varios países que en un principio parecían demostrar apoyo al pacto terminaran retirándose, véase el caso de Brasil tras la toma de posesión de Jair Bolsonaro, o no firmando, como Chile o República Dominicana, que en un principio no se habían opuesto a la propuesta. Esa falta de adhesión se justificaría, según algunos de los negociadores, por los intentos de persuasión de los diplomáticos estadounidenses, aunque ese esfuerzo de EEUU no parece haberse limitado a la esfera latinoamericana. De igual manera, cabe mencionar que la decisión de la delegación dominicana estuvo también en gran medida influenciada por presiones internas procedentes de algunos grupos del legislativo.

En Europa

“Hungría jamás podría aceptar un documento tan partidista, tendencioso y promigración. ¡La migración es un fenómeno peligroso!”. Así empezó la intervención del ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjaártó, durante la celebración del fin de las negociaciones del pacto el pasado 13 de julio. Hungría, junto a EEUU, ha sido de los pocos países que se opusieron a la propuesta desde un principio, pero la representación magyar, al contrario de la estadounidense, sí tomó parte en las negociaciones. El hecho de que la representación magiar adoptara una postura desde el principio tan distinta en comparación con los demás Estados miembros de la Unión Europea hizo que la butaca asignada al cuerpo diplomático europeo estuviera vacía durante la totalidad de  las negociaciones.

Sin embargo, Hungría no fue el único país europeo en tomar una postura tan radical sobre el acuerdo. Cabe destacar que, una vez terminadas las negociaciones, junto a Hungría había en la Asamblea General otros cuatro países opuestos al pacto: Polonia, EEUU, República Checa e Israel. Además, doce más se abstuvieron, incluyendo varios miembros de la UE, como Austria, Bulgaria, Italia, Letonia y Rumanía, mientras que Eslovaquia se ausentó de la votación.

En varios de esos países se produjo un agrio debate parlamentario. En Bélgica, que acabó aceptando el texto, el primer ministro Charles Michel perdió su coalición de gobierno por haber firmado el pacto, ya que la Nueva Alianza Flamenca, su principal aliado en el Ejecutivo, rechazó la ratificación del documento. En el Bundestag también hubo cierta controversia causada por Alternative für Deutschland y algunos miembros de la CDU, aunque finalmente se aprobó la adopción tras una votación en la que una mayoría de 372 a favor, frente a 153 votos en contra y 141 abstenciones, terminó aprobando la medida. En Letonia el parlamento de Riga rechazó claramente el acuerdo, así como los gobiernos de Bulgaria, Austria, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Italia y Suiza no aceptaron el pacto en un principio, pero los Ejecutivos de ambos Estados han remitido la decisión a sus respectivos parlamentos para que tengan la palabra final. En el resto de Europa se aceptó el pacto sin mayores problemas, a pesar de que en casi la totalidad de parlamentos nacionales los grupos parlamentarios de extrema derecha o derecha conservadora plantearon objeciones.

China, Rusia y otros

También cabría destacar las posturas de otros países. Australia fue el primero en quitar su apoyo al pacto tras las negociaciones; justificó su salida afirmando que su sistema actual de protección fronteriza es totalmente incompatible con algunas partes del pacto, invocación a la seguridad que también utilizó Israel. China y Rusia terminaron firmando el pacto, pero reiteraron su negativa a cumplir varios de los objetivos. Finalmente prácticamente todos los países de África y Oriente Medio apoyaron la iniciativa, sin plantear especiales resistencias, probablemente debido al hecho de que se trata de regiones donde se originan los flujos migratorios más relevantes.

 

MAL PARA LA UE Y PARA LA ONU

En definitiva, la dificultad de un pacto mundial migratorio reside en la preocupación con que muchos países receptores de migrantes ven estos movimientos de personas. La reticencia de los países europeos se debe en gran medida a la crisis migratoria del Mediterráneo, causada por los varios conflictos del Magreb y Oriente Medio; en el caso de Estados Unidos estaría motivada por los flujos migratorios hacia su frontera con México procedentes de América Central y del Sur. En general, todos los países que se resistieron a la adopción del acuerdo han venido siendo los últimos años puntos de destino de inmigración masiva, frente a la que han establecido estrictos controles fronterizos; en esas sociedades la oposición a una propuesta tan aperturista como la promovida por Naciones Unidas, a pesar de no ser vinculante, se ha visto con normalidad.

En cuanto al panorama europeo, las distintas posturas tomadas por los Estados miembros de la Unión Europea podrían suponer una mala señal de cara la integración europea, puesto que una vez más el Servicio Europeo de Acción Exterior parece haber fracasado en su labor de crear una postura común para la UE. El hecho de que desde el principio la representación europea no estuviera presente, debido a la indisposición inicial de Hungría de modificar su postura, pone en cuestión el servicio diplomático común. Además, la postura inicial común que parecían tener los otros 27 Estados de la UE, al margen de la postura magiar, se desvaneció por completo al final del proceso, dado que varios de ellos terminaron desvinculándose del acuerdo. Eso marcó una clara división dentro de la UE en cuanto a migración, asunto sobre el que ya hay bastantes debates abiertos en las instituciones europeas.

En general, a pesar del gran número de países firmantes, teniendo en cuenta toda la oposición creada y las crisis políticas que se llegaron a dar en algunos países, la iniciativa sobre la migración se podría clasificar como de dudosa efectividad, y en algunos aspectos incluso como un fracaso por parte de la ONU. Es evidente que Naciones Unidas parece haber perdido parte de su capacidad para promover su agenda de carácter global, tal como solía hacer hasta hace una década. Probablemente diez años atrás, Occidente habría aceptado de forma unánime las propuestas migratorias del secretario general; hoy, en cambio, existe una mayor división entre los países occidentales, así como dentro de sus mismas sociedades, entre las que cree el escepticismo hacia la propia organización.

Al fin y al cabo, es evidente que entre los países que se han opuesto a un pacto migratorio global se empieza a notar una cierta alineación en contra del planteamiento idealista en relaciones internacionales, a la vez que se ve un realce de la actitud conocida como realista: no hay más que ver los EEUU de Trump, la Italia de Salvini, la Hungría de Orbán, el Brasil de Bolsonaro y el Israel de Netanyahu, por citar los casos más emblemáticos.

Probablemente, en un futuro, la ONU tenga que adaptar sus proyectos a la nueva realidad política internacional, si es que espera mantener su influencia entre sus Estados miembros. ¿Podrá la ONU adaptarse a esta nueva ola de conservadurismo realista? Indudablemente, tiempos interesantes nos esperan para la siguiente década en el panorama internacional…

 

(1) Votos en contra: Estados Unidos, Hungría, Israel, Polonia y República Checa. Abstenciones: Argelia, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Italia, Letonia, Libia, Liechtenstein, Rumanía, Singapur y Suiza.