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España: Directiva de Defensa Nacional 2020, consideraciones preliminares

Programa VCR 8x8 [Marco Romero/MDE]

▲ Programa VCR 8x8 [Marco Romero/MDE]

COMENTARIOSalvador Sánchez Tapia

Tras un vacío de ocho años desde la publicación de la última en 2012, el pasado día 11 de junio, el presidente del Gobierno firmó una nueva Directiva de Defensa Nacional (DDN), marcando con ello el inicio de un nuevo ciclo de Planeamiento de la Defensa que, de acuerdo con lo establecido por la Orden de Defensa 60/2015, debe tener una vigencia de seis años.

La redacción de la DDN 20 constituye un loable esfuerzo de puesta al día para adaptar la Defensa Nacional a los retos de un complejo entorno estratégico en continua transformación. Su redacción ofrece, además, una oportunidad excelente para construir por el camino una comunidad intelectual sobre tan relevante cuestión, que resultará fundamental a lo largo de todo el ciclo.

Este artículo aborda un análisis preliminar de la DDN 20 centrado en sus aspectos más relevantes. En una primera aproximación, el documento oficial sigue la línea, ya consagrada por otras Directivas, de subsumir el concepto de Defensa, esencialmente militar, dentro del más amplio de Seguridad, que afecta a todas las capacidades del Estado. En este sentido, la primera dificultad que ha tenido que sortear la DDN 20 es, precisamente, la falta de un documento estatutario similar a la DDN, redactado al nivel de la Seguridad Nacional, que lo ilumine y oriente. A decir verdad, el vacío no ha sido total, pues tal como manifiesta la DDN 20 en su introducción se dispone de una Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) que, aunque publicada en 2017, ha servido de referencia en su elaboración, a pesar de la evidente falta de consistencia que se aprecia entre los escenarios estratégicos descritos en ambos documentos.

A este respecto, precisamente, cabe señalar la poca concreción con que la nueva DDN define el escenario estratégico, en comparación con la algo mayor con que lo hace la ESN. La DDN 20 dibuja un escenario vago, casi genérico, aplicable casi sin cambios a cualquier nación del mundo, sin referencias a zonas geográficas concretas; una acumulación de amenazas y riesgos para la seguridad con impacto en la Defensa, ninguna de las cuales aparece como más probable, o más peligrosa, y a las que se une el reconocimiento de cambios en el orden internacional que acercan de nuevo la posibilidad de conflictos armados de envergadura.

Un planteamiento como este hace difícil la posterior definición de objetivos de la Defensa y de directrices de actuación y, quizás por ello, se observan ciertas incoherencias entre las tres partes del documento. Sí llama la atención que, pese a que el documento levanta acta, un tanto apresurada, de la emergencia del COVID-19, la posibilidad de que se desencadene una pandemia no aparezca considerada en la descripción del escenario estratégico, algo que, por otra parte, sí recoge la ESN 17.

Junto a la descripción de este escenario, la DDN 20 aparece entreverada con un conjunto de consideraciones de naturaleza programática, en sí positivas y relevantes, pero que poco tienen que ver con lo que cabe esperar en un documento de esta naturaleza, pensado para orientar el planeamiento de la Defensa Nacional. En unos casos, como el del fomento de la perspectiva de género, o el de la mejora de la calidad de vida del personal en sus dimensiones de mejora de instalaciones de vida, conciliación de la vida profesional con la familiar, y reinserción en la vida civil una vez finalizado el vínculo con las Fuerzas Armadas, las consideraciones son más propias de la Política de Personal del Departamento que de una DDN. En otros, como el de la obligación de respetar las culturas locales en las operaciones militares, parecen más materia propia de las Reales Ordenanzas o de otro tipo de código deontológico.

Sin duda motivada por la emergencia del COVID-19, y a la vista del papel que las Fuerzas Armadas han asumido durante la misma, la DDN enfatiza la importancia de las misiones de colaboración con las autoridades civiles y de apoyo a las mismas, algo, por lo demás, consustancial a las Fuerzas Armadas, y establece el objetivo concreto de adquirir capacidades que permitan la colaboración y apoyo a dichas autoridades en situaciones de crisis y emergencia.

La gestión de la pandemia habrá podido poner de relieve lagunas en las capacidades de respuesta, carencias en los instrumentos de coordinación, etc., abriendo con ello una ventana de oportunidad para avanzar en este terreno y producir una respuesta más eficaz en el futuro. Conviene, no obstante, precaverse contra la posibilidad, abierta en esta DDN, de perder de vista los cometidos centrales de las Fuerzas Armadas, para evitar que un excesivo foco en las misiones de apoyo a la población civil termine por desnaturalizar su organización, dotación y adiestramiento, mellando con ello la capacidad de disuasión de los Ejércitos y su operatividad en combate.

La DDN contiene también la habitual referencia, obligada por necesaria, a la promoción entre los españoles de una verdadera Cultura de Defensa. La mención está justificada por el papel que el Ministerio de Defensa debe jugar en este esfuerzo. Sin embargo, no es al ámbito de la Defensa al que hay que recordar la importancia de esta cuestión. El impacto de cualquier esfuerzo de promoción de la Cultura de Defensa estará limitado si no es asumido como propio por otros departamentos ministeriales, además de por todas las administraciones del Estado, siendo conscientes además de que no es posible generar una Cultura de Defensa sin un consenso previo de ámbito nacional sobre cuestiones tan esenciales como los objetivos o valores compartidos por todos. Es, tal vez, en este aspecto en el que hay que poner el acento.

Quizás el punto más controvertido de la DDN 20 sea el de la financiación. La consecución de los objetivos establecidos en el documento requiere de una inversión financiera sostenida en el tiempo que rompa el techo actual de gasto en defensa. Mantener a las Fuerzas Armadas en la élite tecnológica, mejorar sustancialmente la calidad de vida del personal profesional –lo que empieza por dotarle del equipo que mejor garantice su supervivencia y superioridad en el campo de batalla–, reforzar la capacidad de apoyar a las autoridades civiles en situaciones de emergencia, robustecer las capacidades de inteligencia y actuación en el ciberespacio, o hacer frente con garantías a las obligaciones operativas derivadas de nuestra participación activa en organizaciones internacionales sobre las que, además, se suscribe el compromiso de reforzarlas hasta el 50% por espacio de un año, es tan necesario como costoso.

La DDN 20 así lo reconoce en su párrafo final cuando dice que el desarrollo de las directrices del documento precisará de la financiación que resulte necesaria. Esta afirmación, sin embargo, es poco más que el reconocimiento de lo obvio, y no va acompañada de ningún compromiso ni garantía de financiación. Teniendo en cuenta los importantes compromisos que ya tiene suscritos el Ministerio con los Programas Especiales de Armamento pendientes, y a la vista del panorama económico-financiero que se dibuja en el horizonte por los efectos del COVID-19, que ha llevado al JEME a anunciar al Ejército de Tierra la llegada de un período de austeridad, y que merecería figurar entre las principales amenazas a la seguridad nacional, parece difícil que los objetivos de la DDN 20 puedan ser cubiertos en los términos que esta plantea. Este es el verdadero Talón de Aquiles del documento, que puede convertirlo en poco más que papel mojado.

En conclusión, hay que congratularse por la emisión de una nueva DDN por lo que tiene de esfuerzo de puesta al día de la política de Defensa Nacional, incluso a falta de un instrumento similar que articule periódicamente el nivel de la Política de Seguridad en el que la de Defensa debe quedar subsumida.

La emergencia del COVID-19 parece haber sobrepasado al documento, haciéndole perder parte de su vigencia y poniendo en tela de juicio, no ya la voluntad, sino la capacidad real de alcanzar los ambiciosos objetivos que propone. Al menos, cabe la posibilidad de que el documento actúe, siquiera de forma limitada, como una suerte de escudo que proteja al sector de la Defensa contra el escenario de escasez de recursos que, sin duda, España va a vivir en los próximos años.

La exportación española de armas a América Latina, por debajo del máximo de 2015

España vende menos material de defensa a los países latinoamericanos de lo que le correspondería por el volumen de su comercio

  • En 2019 hubo una recuperación de la venta de armamento español a Latinoamérica, superando las cifras de 2018, que fueron las más bajas en mucho tiempo

  • En los últimos cinco años, España vendió a la región material de defensa por valor de 691,2 millones de euros, el 3,6% de sus exportaciones armamentísticas mundiales

  • México (24,8%), Ecuador (22,5%), Brasil (16,1%), Perú (14,4%) y Colombia (8,6%) son los cinco países que más material adquirieron a España en el último lustro

Helicóptero Airbus NH90, cuyo ensamblaje final se realiza en instalaciones de Airbus Military en España [Airbus]

▲ Helicóptero Airbus NH90, cuyo ensamblaje final se realiza en instalaciones de Airbus Military en España [Airbus]

INFORME SRA 2020Álvaro Fernández [versión en PDF]

Los países latinoamericanos constituyen un área de claro interés comercial para España. Sin embargo, a pesar de ser el séptimo exportador de armamento del mundo y por tanto especialmente activo en ese sector, España vende a América Latina y el Caribe menos material de defensa que le podría corresponder por la cuota de exportación general que mantiene con la región.

Si entre 2014 y 2018 España mantuvo su exportación general de productos a Latinoamérica entre el 5,3% y el 6,5% de sus exportaciones globales, en el caso del sector armamentístico se movió entorno al 3,2% en 2016 y 2017 y bajó al 1,06% en 2018. Es de prever que este mínimo porcentaje haya vuelto a subir en 2019, año del que aún no existen datos oficiales completos, pero a la vista de los del primer semestre cabría pensar que no se acercará siquiera al 3%.

La explicación de ese menor peso de las exportaciones armamentísticas en el conjunto de las exportaciones españolas a Latinoamérica puede encontrarse en dos hechos. Uno es el menor presupuesto dedicado a compra de este tipo de material por la mayor parte de los países de América Latina, comparado con algunos grandes compradores (en 2018 el primer cliente de España fue Alemania –a su vez el cuarto mayor exportador del mundo–, que acaparó el 33% de las ventas españolas). El otro es que las naciones latinoamericanas tienen otras importantes opciones de mercado: Estados Unidos, Rusia y China (primer, segundo y quinto exportador de armas del mundo; Francia es el tercero).

En 2018 se produjo un importante descenso en las exportaciones de material de defensa español a Latinoamérica, que fueron de 38,3 millones de euros, muy por debajo de cualquiera de los años precedentes. Los datos parciales de 2019 indican una recuperación, aunque sin llegar a las cifras registradas en 2015, cuando se alcanzó un máximo de 239,4 millones de euros, o a las de los años previos de 2016 y 2017, cuando fueron de 130,7 millones y 139,3 millones, respectivamente.

El descenso de 2018 corresponde a una menor lista de compra de la mayor parte de los clientes latinoamericanos. De los cinco mayores clientes en los últimos cinco años, Colombia fue el único que mantuvo un parecido nivel de adquisiciones, por valor de 11 millones de euros. Colombia y el siguiente comprador, México, fueron los únicos que ligeramente aumentaron sus importaciones en 2017, aunque quedaron por debajo respecto a años previos. La reducción fue importante en el caso de los dos siguientes clientes de 2018, Brasil y Perú. Ese año marcó una nueva reducción de importaciones por parte de Ecuador, que a lo largo del lustro ha ido cortando continuamente su cartera de pedidos a España.

Las cifras consideradas en este artículo solo tienen en cuenta el material de defensa, no otro tipo de material, que la Secretaría de Estado de Comercio considera aparte, como son el material antidisturbios, las armas de caza y deportivas, así como productos de tecnología de doble uso.

 

 

Ventas generales y a Latinoamérica

España cuenta con cerca de 130 empresas dedicadas al sector armamentístico. Entre ellas destacan Airbus Military, Navantia e Indra, que se encuentran entre las cien mayores compañías mundiales del sector de defensa y seguridad. La mayor parte del sector son empresas privadas, aunque existe algún caso singular de titularidad pública, como Navantia, dedicada a la construcción naval, tanto civil como militar, creada en 2005 al segregarse los activos de otra empresa pública, el Grupo IZAR.

Según los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio, el número de exportaciones de material de defensa ha ido incrementando notablemente durante los últimos años. Más de la mitad de las exportaciones de armas españolas durante el año 2018 y el primer semestre de 2019 tuvieron como receptores países pertenecientes a la OTAN o a la Unión Europea. En 2017 se superaron los 4.300 millones de euros, tras varios años de alzas en este mercado. Por el contrario, en 2018 se vendieron armas por valor de 3.720,4 millones de euros, lo que supuso un 14,4% menos. En el primer semestre de 2019, no obstante, se registró una mejora, alcanzando los 2.413 millones de euros, lo que constituye un aumento del 41.5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por lo que se refiere al comercio con Latinoamérica, entre 2014 y 2018 España vendió a la región material militar por valor de 691,2 millones de euros, cifra que supone un 3,6% del total de 19.042 millones exportados por España en concepto de armas.

En el conjunto de los cinco años, el primer importador fue México, que con compras por valor de 171,4 millones de euros (de los cuales 140,9 millones correspondieron solo a 2015), adquirió la cuarta parte (24,8%) del material de defensa vendido por España a América Latina en ese lustro. Como segundo país destaca Ecuador, con 155, 7 millones y un 22,5% (algo más de la mitad –85,9 millones– fueron compras realizadas solo en 2014). Sigue Brasil, que hizo adquisiciones más regulares a lo largo de este tiempo, con 111,8 millones y un 16,1%); Perú, con 99,5 millones y 14,4% (la mayor cuantía –78,4 millones– se ejecutó en 2017), y Colombia, con 59,5 millones y 8,6%.

 

 

Algunos países

México figura como primer comprador de material de defensa español en los últimos cinco años (2014 y 2018) debido a las compras realizadas en 2015, cuando adquirió cuatro aviones de transporte, por valor de 127,2 millones de euros. En 2018 únicamente importó 10,1 millones de euros en partes, piezas y repuestos para los aviones de fabricación española, equipos para motores de un avión derivado de un programa de cooperación europeo e instrumentos de un sistema de vigilancia aérea.

Brasil es de los países con una mayor diversidad de destino de sus importaciones. En recientes compras, el 19,7% fueron para empresa privadas, el 74,2% para las Fuerzas Armadas y el restante 5,9% fueron para particulares. En 2018 adquirió 7,9 millones de euros en pistolas, rifles y cargadores para particulares, así como visores diurnos, repuestos para vehículos blindados y repuestos de aviones de fabricación española y estadounidense para las Fuerzas Armadas.

Colombia importó en 2018 un total de 11 millones de euros en repuestos para mantenimiento de obuses de artillería, munición de artillería, repuestos para vehículos blindados de fabricación española y estadounidense, y piezas para aviones de transporte de fabricación española.

Venezuela era hasta hace pocos años un importante cliente para la industria armamentística española. Sin embargo, tras la deriva autoritaria que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro, las relaciones en este campo se han debilitado. Aún en 2015, España le vendió material de defensa por valor de 15,3 millones de euros, en unas operaciones que se vieron envueltas en polémica ya que parte del equipamiento exportado podía ser usado en la grave represión llevada a cabo contra los ciudadanos. Desde entonces, con el aumento de tensiones entre el régimen chavista y Estados Unidos o la Unión Europea, se han puesto una serie de restricciones a la exportación de este tipo de material a Venezuela. Así, las ventas pasaron de tener un valor de 3,3 millones de euros en 2017 a tan solo 44.000 euros en 2018, correspondientes al pago por repuestos y partes para la modernización de vehículos blindados de fabricación francesa, en una transacción que se aprobó antes de las restricciones comerciales de este tipo impuestas por la UE.

Los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Estado de Comercio distinguen entre las exportaciones autorizadas y las exportaciones realizadas. Las autorizaciones no siempre se materializan en ventas efectivas y en ocasiones estas se ejecutan en ejercicios posteriores. La diferencia es destacable especialmente en Venezuela, cuya situación política obligó a restringir exportaciones para ese país. En 2018 España suspendió cuatro licencias ya aprobadas para Caracas, relativas al mantenimiento de helicópteros y a la aportación de suministros y sistemas electroópticos. Además, se denegaron ampliaciones de contratos de modernización de carros de combate.

Bolivia y Nicaragua han dejado de comprar material de defensa a España: si entre 2014 y 2018 no hicieron compras, entre 2007 y 2013 importaron 1,5 millones y 62.000 euros, respectivamente.

Cuba, que tuvo un pico de compras en 2015, con 208.080 euros, en 2018 gastó 20.600 euros en pistolas y cañones de pistolas para la Policía.

Nuevas amenazas a la seguridad: ¿es la guerra convencional una reliquia?

ANÁLISISSalvador Sánchez Tapia [Gral. de Brigada (Res.)]

La pandemia de COVID-19 que atraviesa España desde comienzos de este 2020 ha puesto de manifiesto el lugar común, no por repetido menos verdadero, de que el concepto de seguridad nacional ya no puede quedar limitado al estrecho marco de la defensa militar y demanda el concurso de todas las capacidades de la nación, coordinadas al más alto nivel posible que, en el caso de España, no es otro que el de la Presidencia del Gobierno a través del Consejo de Seguridad Nacional.[1]

En coherencia con este enfoque, nuestras Fuerzas Armadas se han visto directa y activamente involucradas en una emergencia sanitaria a priori alejada de las misiones tradicionales del brazo militar de la nación. Esta contribución militar, sin embargo, no hace sino responder a una de las misiones que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional encomienda a las Fuerzas Armadas, amén de a una larga tradición de apoyo militar a la sociedad civil en caso de catástrofe o emergencia.[2] En su ejecución, unidades de los tres Ejércitos han llevado a cabo cometidos tan variados y, aparentemente tan poco relacionados con su actividad natural, como la desinfección de residencias de ancianos o el traslado de cadáveres entre hospitales y morgues.

Esta situación ha agitado un cierto debate en círculos especializados y profesionales acerca del rol de las Fuerzas Armadas en los escenarios de seguridad presentes y futuros. Desde distintos ángulos, algunas voces claman por la necesidad de reconsiderar las misiones y dimensiones de los Ejércitos, para alinearlas con estas nuevas amenazas, no con el de la guerra clásica entre estados.

Esta visión parece tener uno de sus puntos de apoyo en la constatación, aparentemente empírica, de la práctica ausencia de conflictos armados convencionales –entendiendo como tales aquellos que enfrentan entre sí ejércitos con medios convencionales maniobrando en un campo de batalla– entre estados que se vive actualmente. A partir de esta realidad, se concluye que esta forma de conflicto estaría prácticamente desterrada, siendo poco más que una reliquia histórica reemplazada por otras amenazas menos convencionales y menos “militares” como las pandemias, el terrorismo, el crimen organizado, las noticias falsas, la desinformación, el cambio climático o las cibernéticas.

El corolario resulta evidente: es necesario y urgente repensar las misiones, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas, pues su configuración actual está pensada para confrontar amenazas convencionales caducas, y no para las que se dibujan en el escenario de seguridad presente y futuro.

Un análisis crítico de esta idea muestra, sin embargo, una imagen algo más matizada. Desde un punto de vista meramente cronológico, la todavía inconclusa guerra civil siria, ciertamente compleja, está más cerca de un modelo convencional que de cualquiera de otro tipo y, desde luego, las capacidades con las que Rusia hace sentir su influencia en esta guerra apoyando al régimen de Assad, son plenamente convencionales. En 2008, Rusia invadió Georgia y ocupó Osetia del Sur y Abjasia mediante una operación ofensiva convencional. En 2006, Israel tuvo que hacer frente en el Sur del Líbano a un enemigo híbrido como Hezbollah –de hecho, fue este el modelo escogido por Hoffman como prototipo para acuñar el término “híbrido”–, que combinó elementos de guerra irregular con otros plenamente convencionales.[3] Antes aún, en 2003, los Estados Unidos invadieron Irak mediante una amplia ofensiva acorazada.[4]

Si se elimina el caso de Siria, considerándolo dudosamente clasificable como guerra convencional, todavía puede argumentarse que el último conflicto de esta naturaleza –que, además, implicó ganancia territorial– tuvo lugar hace tan solo doce años; un período de tiempo lo suficientemente corto como para pensar que puedan extraerse conclusiones que permitan descartar la guerra convencional como un procedimiento cuasi extinto. De hecho, el pasado ha registrado períodos más largos que este sin confrontaciones significativas, que bien podrían haber hecho llegar a conclusiones similares. En tiempos de la Roma Imperial, por ejemplo, la época Antonina (96-192 d.C.), supuso un largo período de Pax Romana interior alterado brevemente por las campañas de Trajano en Dacia. Más recientemente, tras la derrota de Napoleón en Waterloo (1815), las potencias centrales de Europa vivieron un largo período de paz de nada menos que treinta y nueve años.[5] Huelga decir que el final de ambos períodos estuvo marcado por el retorno de la guerra al primer plano.

Puede aducirse que la situación ahora es diferente, pues la humanidad actual ha desarrollado un rechazo moral hacia la guerra como un ejercicio destructivo y, por ende, no ético e indeseable. Esta postura, netamente Occidente-céntrica –valga el neologismo– o, si se prefiere, Eurocéntrica, toma la parte por el todo y asume esta visión como unánimemente compartida a nivel global. Sin embargo, la experiencia del Viejo Continente, con un largo historial de destructivas guerras entre sus estados, con una población altamente envejecida, y con poco apetito por mantenerse como un jugador relevante en el Sistema Internacional, puede no ser compartida por todo el mundo.

El rechazo occidental a la guerra puede ser, además, más aparente que real, guardando una relación directa con los intereses en juego. Cabe pensar que, ante una amenaza inmediata a su supervivencia, cualquier estado europeo estaría dispuesto a ir a la guerra, incluso a riesgo de verse convertido en un paria sometido al ostracismo del Sistema Internacional. Si, llegado ese momento, tal estado hubiera sacrificado su músculo militar tradicional en pos de la lucha contra amenazas más etéreas, tendría que pagar el precio asociado a tal decisión. Téngase en cuenta que los estados eligen sus guerras sólo hasta cierto punto, y que pueden verse forzados a ellas, incluso en contra de su voluntad. Como decía Trotsky, “puede ser que usted no esté interesado en la guerra, pero la guerra está interesada en usted”.

El análisis de los períodos históricos de paz antes referido sugiere que, en ambos casos, fueron posibles por la existencia de un poder moderador más fuerte que el de las entidades políticas que componían el Imperio Romano y la Europa de después de Napoleón. En el primer caso, este poder habría sido el de la propia Roma y sus legiones, suficiente para garantizar el orden interno del imperio. En el segundo, las potencias europeas, enfrentadas por muchas razones, se mantuvieron, no obstante, unidas contra Francia ante la posibilidad de que las ideas de la Revolución Francesa se extendieran y socavaran los cimientos del Antiguo Régimen.

Hoy en día, y aunque resulte difícil encontrar una relación causa-efecto verificable, es plausible pensar que esa fuerza “pacificadora” la proporcionan el poder militar norteamericano y la existencia de armas nucleares. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han proporcionado un paraguas de seguridad efectivo bajo cuya protección Europa y otras regiones del mundo han quedado libres del flagelo de la guerra en sus territorios, desarrollando sentimientos de rechazo extremo hacia cualquiera de sus formas.

Sobre la base de su inigualable poder militar, los Estados Unidos –y nosotros con ellos– han podido desarrollar la idea, avalada por los hechos, de que ningún otro poder va a ser tan suicida como para enfrentarse al suyo en una guerra convencional abierta. La conclusión está servida: la guerra convencional –contra los Estados Unidos, cabría añadir– se hace, en la práctica, impensable.

Esta conclusión, sin embargo, no está fundada en una preferencia moral, ni en la convicción de que otras formas de guerra o de amenaza sean más eficaces sino, lisa y llanamente, en la constatación de que, ante el enorme poder convencional de Norteamérica, no cabe sino buscar la asimetría y confrontarlo por otros medios. Parafraseando a Conrad Crane, “hay dos tipos de enemigo: el asimétrico y el estúpido”.[6]

Es decir, el poder militar clásico es un elemento disuasorio de primer orden que ayuda a explicar la baja recurrencia de la guerra convencional. No es sorprendente que, incluso autores que predican el fin de la guerra convencional aboguen porque los Estados Unidos conserven su capacidad para la misma.[7]

Desde Norteamérica, esta idea ha permeado al resto del mundo o, al menos, al ámbito cultural europeo, donde se ha convertido en una verdad que, so capa de realidad incontestable, obvia la posibilidad de que sean los Estados Unidos quienes inicien una guerra convencional –como ocurrió en 2003–, o la de que esta se produzca entre dos naciones del mundo, o en el interior de una de ellas, en zonas en las que el conflicto armado continúa siendo una herramienta aceptable.

En un ejercicio de cinismo, podría decirse que tal posibilidad no cambia nada, pues no nos incumbe. Sin embargo, en el actual mundo interconectado, siempre existirá la posibilidad de que nos veamos forzados a una intervención por razones éticas, o de que nuestros intereses de seguridad se vean afectados por lo que suceda en países o regiones a priori distantes geográfica y geopolíticamente de nosotros, y de que, probablemente de la mano de nuestros aliados, nos veamos envueltos en alguna guerra clásica.

Aunque sigue vigente, el compromiso del poder militar estadounidense con la seguridad Occidental se encuentra sometido a fuertes tensiones derivadas del hecho de que Norteamérica es cada vez más renuente a asumir por sí sola esta función, y exige a sus socios que hagan un mayor esfuerzo en beneficio de su propia seguridad. No estamos sugiriendo aquí que el vínculo transatlántico vaya a romperse de forma inmediata. Parece sensato, no obstante, pensar que su mantenimiento tiene un coste para nosotros que nos puede arrastrar a algún conflicto armado. Cabe preguntarse, además, qué podría pasar si algún día faltara el compromiso norteamericano con nuestra seguridad y hubiéramos transformado nuestras Fuerzas Armadas para orientarnos exclusivamente a las “nuevas amenazas,” prescindiendo de una capacidad convencional que, sin duda, disminuiría el coste en que alguien tendría que incurrir si decidiera atacarnos con ese tipo de medios.

Una última consideración tiene que ver con lo que parece ser el imparable ascenso de China al rol de actor principal en el Sistema Internacional, y con la presencia de una Rusia cada vez más asertiva, y que demanda volver a ser considerada como una gran potencia global. Ambas naciones, especialmente la primera, se encuentran en un claro proceso de rearme y modernización de sus capacidades militares, convencionales y nucleares que no augura, precisamente, el fin de la guerra convencional entre estados.

A esto hay que añadir los efectos de la pandemia, todavía difíciles de vislumbrar, pero entre los que asoman algunos aspectos inquietantes que conviene no perder de vista. Uno de ellos es el esfuerzo de China para posicionarse como el auténtico vencedor de la crisis, y como la potencia internacional de referencia en el caso de que se repita una crisis global como la presente. Otro es la posibilidad de que la crisis resulte, al menos temporalmente, en menos cooperación internacional, no en más; que asistamos a una cierta regresión de la globalización; y que veamos erigirse barreras a la circulación de personas y bienes en lo que sería un refuerzo de la lógica realista como elemento regulatorio de las relaciones internacionales.

En estas circunstancias, es difícil predecir la evolución futura de la “trampa de Tucídides” en la que nos encontramos en la actualidad por mor del ascenso de China. Es probable, sin embargo, que traiga consigo mayor inestabilidad, con la posibilidad de que ésta escale hacia algún conflicto de tipo convencional, sea este entre grandes potencias o por medio de proxies. En tales circunstancias, parece aconsejable estar preparados para el caso en el que se materialice la hipótesis más peligrosa de un conflicto armado abierto con China, como mejor forma de evitarlo o, al menos, de hacerle frente para preservar nuestra forma de vida y nuestros valores.

Por último, no puede pasarse por alto la capacidad que muchas de las “nuevas amenazas” –calentamiento global, pandemias, etc– encierran como generadores o, por lo menos, catalizadores, de conflictos que, estos sí, pueden derivar en una guerra que bien podría ser convencional.

De todo lo anterior se concluiría, por tanto, que, si es cierto que la recurrencia de la guerra convencional entre estados es mínima hoy en día, parece aventurado pensar que esta pueda ser arrumbada en algún oscuro ático, como si de una antigua reliquia se tratara. Por remota que parezca la posibilidad, nadie está en condiciones de garantizar que el futuro no traerá una guerra convencional. Descuidar la capacidad de defensa contra la misma no es, por tanto, una opción prudente, máxime si se tiene en cuenta que, de necesitarse, no se puede improvisar.

La aparición de nuevas amenazas como las referidas en este artículo, quizás más acuciantes, y muchas de ellas no militares o, al menos, no netamente militares, es innegable, como también lo es la necesidad que tienen las Fuerzas Armadas de considerarlas y de adaptarse a ellas, no sólo para maximizar la eficacia de su contribución al esfuerzo que la nación haga contra las mismas, sino también por una simple cuestión de autoprotección.

Esa adaptación no pasa, en nuestra opinión, por abandonar las misiones convencionales, auténtica razón de ser de las Fuerzas Armadas, sino por incorporar cuantos elementos nuevos de las mismas sea necesario, y por garantizar el encaje de los Ejércitos en el esfuerzo coordinado de la nación, contribuyendo al mismo con los medios de que disponga, considerando que, en muchos casos, no serán el elemento de primera respuesta, sino uno de apoyo.

Este artículo no argumenta –no es su objetivo– ni a favor ni en contra de la necesidad que pueda tener España de repensar la organización, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas a la vista del nuevo escenario de seguridad. Tampoco entra en la cuestión de si debe hacerlo de manera unilateral, o de acuerdo con sus aliados de la OTAN, o buscando complementariedad y sinergia con sus socios de la Unión Europea. Entendiendo que corresponde a los ciudadanos decidir qué Fuerzas Armadas quieren, para qué las quieren, y qué esfuerzo en recursos están dispuestos a invertir en ellas, lo que este artículo postula es que la seguridad nacional está mejor servida si quienes tienen que decidir, y con ellos las Fuerzas Armadas, continúan considerando la guerra convencional, enriquecida con multitud de nuevas posibilidades, como una de las posibles amenazas a las que puede tener que enfrentarse la nación. Redefiniendo el adagio: Si vis pacem, para bellum etiam magis.[8]


[1] Ley 36/2015, de Seguridad Nacional.

[2] De acuerdo con el Artículo 15. 3 de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, “Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente.” A menudo se habla de estos cometidos como de “apoyo a la sociedad civil.” Este trabajo huye conscientemente de utilizar esa terminología, pues obvia que eso es lo que hacen las Fuerzas Armadas siempre, incluso cuando combaten en un conflicto armado. Más correcto es añadir el calificativo “en caso de catástrofe o emergencia.”

[3] Frank G. Hoffman. Conflict in the 21st Century; The Rise of Hybrid Wars, Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies, 2007. Sobre el aspecto convencional de la guerra de Israel en Líbano en 2006 ver, por ejemplo, 34 Days. Israel, Hezbollah, and the War in Lebanon, London: Palgrave MacMillan, 2009.

[4] La respuesta de Saddam contuvo un importante elemento irregular pero, por diseño, se basaba en las Divisiones de la Guardia Nacional Republicana, que ofreció una débil resistencia de medios acorazados y mecanizados.

[5] Azar Gat, War in Human Civilization, (Oxford: Oxford University Press, 2006), 536. Este cálculo excluye a las periféricas España e Italia, que sí vivieron períodos de guerra en este lapso.

[6] El Dr. Conrad C. Crane es Director de los Servicios Históricos del U.S. Army Heritage and Education Center en Carlisle, Pennsylvania, y autor principal del celebérrimo de la obra “Field Manual 3-24/Marine Corps Warfighting Publication 3-33.5, Counterinsurgency.

[7] Jahara Matisek y Ian Bertram, “The Death of American Conventional Warfare,” Real Clear Defense, November 6th, 2017. (accedido el 28 de mayo de 2020).

[8] “Si quieres la paz, prepárate aún más para la guerra.”