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El ELN y las exFARC cuentan con 1.700 efectivos en Venezuela, con un tercio de reclutas locales

El carácter de guerrilla binacional colombo-venezolana aporta al régimen de Maduro otra fuerza de choque frente a un hostigamiento militar exterior o golpe

  • El ELN ha llegado a unos 2.400 combatientes entre ambos países; su principal financiación viene ahora de los negocios ilícitos en Venezuela, como droga y minería ilegal

  • Las disidencias de las FARC suman al menos 2.300 efectivos; el grupo con mayor proyección es el liderado en Venezuela por Iván Márquez, ex número dos de las FARC

  • ‘Elenos’ y exFARC cooperan operativamente en ciertas actividades promovidas por el régimen de Maduro, pero no está clara su futura convergencia orgánica

Disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez anuncian su vuelta a las armas, en agosto de 2019 [imagen de vídeo]

▲ Disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez anuncian su vuelta a las armas, en agosto de 2019 [imagen de vídeo]

INFORME SRA 2020María Gabriela Farjardo [versión en PDF]

La consolidación de los dos principales grupos guerrilleros colombianos –el ELN y algunos restos de las antiguas FARC– como fuerzas activas también en Venezuela, articulándose así como grupos colombo-venezolanos, constituye una de los principales notas de 2019 en el ámbito de la seguridad regional americana.

Ambos grupos tendrían unos 1.700 efectivos en Venezuela (dos tercios serían del ELN), de los cuales la tercera parte (570) corresponderían a reclutamiento hecho entre venezolanos. Utilizados por el régimen chavista para adiestramiento guerrillero de sus fuerzas irregulares y como vanguardia de choque en caso de hostigamiento militar exterior o golpe, los elenos y los exFarc están volcados en el narcotráfico, el contrabando y la extracción de oro y demás minería ilegal, tanto en las zonas próximas a la frontera con Colombia, donde han operado durante muchos años, como en puntos del interior venezolano, como los estados Amazonas y Bolívar, de riqueza minera.

Tras el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzó un proceso de expansión que le permitió llenar el vacío dejado por las FARC en diversas actividades ilícitas, si bien su estimado número de 2.400 efectivos queda lejos de los más de 8.000 que tenían las FARC en el momento de su desmovilización. Aunque ha debido competir con residuos de las FARC que siguen activos como elementos mafiosos, el ELN se ha convertido en la principal guerrilla de Colombia, también centrada en el crimen organizado. El atentado cometido por el ELN el 17 de enero de 2019 en Bogotá contra la Escuela de Cadetes de Policía, en el que murieron 22 personas, supuso el final de un agónico diálogo de paz con el gobierno y una huida hacia adelante como organización delictiva.

En ese proceso, el ELN ha ido implantándose también en Venezuela, no ya solo en zonas fronterizas y como lugar de refugio y escondite como antes, sino en otras partes del vecino país y como ámbito de actividad. Lo mismo ha ocurrido con los disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa, que el 29 de agosto anunciaron su vuelta a las armas, en un vídeo grabado presumiblemente en Venezuela. El interés del régimen de Nicolás Maduro de contar con el auxilio de elementos armados de esas características ha propiciado que el ELN y los exFARC de Márquez, que era el número 2 de las FARC y su jefe negociador en las negociaciones de paz sostenidas en La Habana, hayan pasado a ser grupos binacionales, con reclutamiento también de venezolanos.

ELN

La creciente presencia de esos grupos en Venezuela ha sido señalada por las autoridades colombianas. El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Navarro, indicó a mediados de año que unos 1.100 miembros del ELN (algo más del 40% de 2.400 combatientes que tiene esa organización, si bien otras fuentes consideran baja esta cifra total) se refugiaban en Venezuela y que el grupo albergaba en sus filas al menos a 320 ciudadanos venezolanos.

Por su parte, a su paso por la Asamblea General de Naciones Unidas a finales de septiembre, el presidente Iván Duque elevó la presencia del ELN en Venezuela a 1.400 efectivos. Duque indicó que existían 207 puntos geográficos controlados por el ELN en suelo venezolano, entre los que existían diversos campos de entrenamiento y veinte pistas de aterrizaje para el narcotráfico, según se documentaba en un polémico dossier que no se entregó a la opinión público por contener alguna prueba fotografía errónea.

Unos días previos, el canciller Carlos Holmes Trujillo expuso ante la OEA la ubicación de frentes del ELN y de disidencias de las FARC en Venezuela y se refirió a sus estrechas conexiones con el régimen chavista. “Los vínculos se harían con miembros de las fuerzas armadas, la guardia nacional, la inteligencia militar, así como con grupos irregulares como la Fuerza Bolivariana de Liberación”, dijo.

Otros detalles fueron investigados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que en su informe afirmaba que el ELN se financia por medio de actividades delictivas como la extorsión y mantiene el control del contrabando de la gasolina y de la minería en varias regiones de Colombia y Venezuela. En territorio venezolano, con una presencia en al menos doce de sus 24 estados, destaca el control de minas de oro en el estado Bolívar a cientos de kilómetros de la frontera con Colombia, y las actividades de extracción de coltán en el estado Amazonas. Estos actos ilícitos supondrían el 70 por ciento de sus ganancias según información atribuida a la inteligencia colombiana. De esta manera, la base de operaciones del ELN en Venezuela sería actualmente la mayor fuente de ingresos del grupo insurgente.

 

 

Disidencias de las FARC

En cuanto a las disidencias de las FARC, a mitad de 2019 fuentes gubernamentales colombianas las cifraron en unos 2.300 individuos (incluye elementos no desmovilizados, otros que regresaron a las armas y nuevo reclutamiento). Si bien se trata de una cifra próxima a la ofrecida para el ELN, hay que tener en cuenta que las disidencias de las FARC están atomizadas.

Unos 600 de ellos se encontrarían en Venezuela, incluyendo unos 250 venezolanos que habrían engrosado sus filas (casi el 10% de su fuerza total). Aunque se trata de grupos separados que operan pro su cuenta, la mayor atención ha sido para el liderado por Iván Márquez, por su coordinación con el régimen de Maduro. Un episodio protagonizado por este grupo fue el presunto intento de asesinato en Colombia de Rodrigo Londoño, que dirigió las FARC como Timochenko y que se ha mantenido fiel a los acuerdos de paz. Londoño acusó a Márquez y El Paisa de ordenar la acción, frustrada por las fuerzas de seguridad colombiana y desvelada en enero de 2020, para que otros exguerrilleros volvieran a las armas al quedarse sin liderazgo en la vida civil.

Documentación interna de los servicios secretos venezolanos difundida por Semana ponen de manifiesto la estrecha colaboración entre el gobierno de Maduro, el ELN y las exFARC. “El régimen pasó de esconder guerrilleros prófugos, a comienzos de la década de 2000, a servir de sede de operaciones de estos grupos. No solo se preparan militarmente, sino que entrenan a las milicias y a los llamados colectivos en tácticas y estrategias de guerra de guerrilla”, indicó el semanario.

Todo esto está produciendo una convergencia operativa en Venezuela entre el ELN y las exFARC. Sin embargo, la situación no tiene por qué conducir a una fusión de ambos grupos, que en Colombia mantienen sus diferencias, alentadas además por las aspiraciones de las distintas partidas delictivas en que se han dividido las disidencias de las FARC, de las que por algo se habla en plural.

Por otro lado, la implementación de los Acuerdos de Paz se vio enmarcada en 2019 en un creciente clima de inseguridad provocado por el asesinato a lo largo del año de 77 exguerrilleros de las FARC (suman 173 desde la firma de la paz en 2016) y de 86 líderes sociales locales, según el informe del secretario general de la ONU, António Guterres. Organizaciones colombianas elevan esta última cifra, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que habla de 282 homicidios, muchas veces vinculados al intento de sustituir la coca por cultivos legales en regiones donde el narcotráfico está activo. En cualquier caso, se trata de un descenso respecto a 2018, algo que cabe atribuir a que los nueva distribución territorial de los grupos armados ya se ha consolidado y cuentan con menos resistencia efectiva.

Venezuela persiste como el mayor foco de inseguridad de América Latina

La seguridad regional americana ha tenido su foco de preocupación en el último año en Venezuela. Repasamos además la venta de armas de Rusia y España a la región, la presencia latinoamericana en misiones de paz, la droga en Perú y Bolivia y los homicidios en México y Brasil

Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, y Nicolás Maduro, en agosto de 2019 [Palacio de Miraflores]

▲ Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, y Nicolás Maduro, en agosto de 2019 [Palacio de Miraflores]

INFORME SRA 2020Resumen ejecutivo [versión en PDF]

A lo largo de 2019, Latinoamérica tuvo varios focos de tensión –violentas protestas callejeras contra medidas económicas en Quito, Santiago de Chile y Bogotá, y contra decisiones políticas en La Paz y Santa Cruz, por ejemplo–, pero a medida que esos conflictos fueron apaciguándose (en algunos casos, solo temporalmente) emergió de nuevo el constante problema de Venezuela como epicentro de inseguridad en la región.

Reducida a mínimos la migración centroamericana a Estados Unidos por las restrictivas medidas de la Administración Trump, han sido los migrantes venezolanos quienes sobre todo han seguido llenando los arcenes de las carreteras sudamericanas desplazándose de un país a otro, sumando ya más de cinco millones de refugiados. Las dificultades que ese incremento de población conlleva para los países de acogida indujo a varios de ellos a aumentar su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, aprobando en la OEA la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Pero eso no empujó a Maduro fuera del poder, como tampoco la asunción en enero de 2019 por parte de Juan Guaidó del cargo de presidente encargado de Venezuela (reconocido por más de cincuenta países), el fallido golpe de mano de unos meses después o la supuesta invasión de la Operación Gedeón de mayo de 2020.

Aunque Maduro parezca estabilizado, el trasfondo geopolítico se ha ido moviendo. El año 2019 vio cómo Rosneft se afianzaba en Venezuela como brazo del Kremlin, una vez China se había alejado como aportadora de créditos. El riesgo de no recobrar todo lo prestado hizo que Rusia actuara a través de Rosneft, obteniendo el beneficio de comercializar hasta el 80% del petróleo del país. Sin embargo, las sanciones de Estados Unidos finalmente forzaron la marcha de la energética rusa, de forma que a comienzos de 2020 a Maduro no le quedó otro gran socio extrahemisférico al que acudir que Irán. La república islámica, sometida a su vez a un segundo régimen sancionador, volvía así a la estrecha relación que mantuvo con Venezuela en el primer periodo de castigo internacional, cultivada por el tándem Chávez-Ahmadineyad.

Esa presencia iraní es seguida con atención por Estados Unidos (coincide con un despliegue del Comando Sur en el Caribe), siempre alerta ante cualquier impulso que Hezbolá –proxy iraní– pueda recibir en la región. En realidad, 2019 supuso un importante salto en la disposición de los países latinoamericanos contra esa organización, pues varios de ellos la calificaron por primera vez de terrorista. Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras aprobaron esa declaración, a raíz de cumplirse en julio el 25 aniversario del atentado contra la AMIA, atribuido a Hezbolá. Brasil y Guatemala se comprometieron a hacerlo en breve. Con ese señalamiento varios de esos países erigieron listas de organizaciones terroristas, lo que permite aunar estrategias.

La desestabilización de la región por la situación en Venezuela tiene una clara manifestación en la acogida y promoción en ese país de las guerrillas colombianas. En agosto el ex número dos de las FARC, Iván Márquez, y algún otro antiguo dirigente anunciaron, presumiblemente desde territorio venezolano, su vuelta a las armas. Tanto ese núcleo disidente de las FARC como el ELN habían comenzado a consolidarse a finales de año como grupos colombo-venezolanos, con operaciones no ya solo en la zona fronteriza de Venezuela, sino en el interior del país. Ambos grupos tienen en conjunto unos 1.700 efectivos en Venezuela, de los que casi 600 serían venezolanos reclutados, constituyendo con ello otra fuerza de choque al servicio de Maduro.

La salida rusa de Venezuela sucede en un momento de aparente menor actividad de Moscú en Latinoamérica. Ocurre así, desde luego, en el terreno de la venta de armas. Rusia, que se había convertido en un importante exportador de material militar a la región, ha visto disminuir sus ventas los últimos años. Si durante la década de oro del boom de las materias primas diversos países gastaron parte de sus importantes ingresos en la adquisición de armamento (lo que además coincidió con la propagación de la marea bolivariana, mejor relacionada con Moscú), el desplome del precio de las commodities y algunos cambios gubernamentales hicieron que en el periodo 2015-2019 Latinoamérica solo sea el destino del 0,8% del total de armas exportadas por Rusia. Estados Unidos ha recuperado su puesto de mayor vendedor al resto del continente.

España ocupa un destacado espacio en el mercado de armas, como séptimo exportador del mundo. Sin embargo, queda atrás en las preferencias de los países latinoamericanos, a los que vende menos material de defensa de lo que le correspondería por el volumen de comercio general que mantiene con ellos. No obstante, el nivel de ventas aumentó en 2019, tras un año de cifras especialmente bajas. En los últimos cinco años, España ha vendido a Latinoamérica el 3,6% de sus exportaciones armamentísticas mundiales; en ese periodo, sus principales clientes fueron México, Ecuador, Brasil, Perú y Colombia.

La mejor dotación de equipamientos militares podría hacer pensar en una mayor participación en las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, quizá como modo de mantener activo un Ejército, en un contexto de falta de despliegues regionales. Sin embargo, del total de 82.480 efectivos de las catorce misiones de paz de la ONU que había a comienzos de 2020, 2.473 procedían de países latinoamericanos, lo que supone solo un 3% del contingente total. Además, casi la mitad del personal era aportado por un país, Uruguay (45,5% de los efectivos regionales). Otro pequeño país, El Salvador (12%), es el siguiente en compromiso con las misiones, mientras que los grandes países están infrarrepresentados, singularmente México.

En cuanto a seguridad ciudadana, 2019 aportó la buena noticia de la reducción de los homicidios en Brasil, que descendieron en un 19,2% respecto al año anterior, en contraposición a lo ocurrido en México, donde subieron un 2,5%. Si en su primer año como presidente, Jair Bolsonaro se apuntaba un importante logro, gracias a la gestión del superministro de Seguridad Sérgio Moro (éxito empañado por el aumento de las muertes accidentales en operaciones policiales), en su primer año Andrés Manuel López Obrador incumplía una de sus principales promesas electorales y era incapaz de quebrar la tendencia al alza en los homicidios que invariablemente se ha dado anualmente a lo largo de los mandatos de sus dos predecesores.

Por lo que respecta a lucha contra el narcotráfico, en 2019 se produjeron dos hechos especialmente positivos. Por un lado, la erradicación de cultivos de coca por primera vez en el VRAEM, la zona de mayor producción de Perú. Dada su complicada accesibilidad y la presencia de los reductos de Sendero Luminoso, la zona había quedado previamente al margen de las operaciones de este tipo. Por otro lado, el cambio presidencial en Bolivia significó, según Estados Unidos, un mayor compromiso de las nuevas autoridades en combatir el cultivo ilícito de coca e interceptar el transporte de droga que llega desde Perú. En los últimos años Bolivia se ha convertido en el gran distribuidor de cocaína de la mitad sur de Sudamérica, conectando la producción peruana y boliviana con los mercados de Argentina y sobre todo Brasil, y con sus puertos exportadores hacia Europa.

La disidencia de las FARC se consolida en su actividad delictiva

El grupo llega a los 2.000 integrantes, incluyendo a elementos desmovilizados que vuelven a las armas y nuevos reclutas

  • Detectada la coordinación entre el residuo de las FARC y el ELN, con participación de miembros “desmovilizados” de la vieja cúpula guerrillera como Iván Márquez

  • El Gobierno de Iván Duque reacciona a las presiones de Estados Unidos con la erradicación comprometida de 70.000 hectáreas de cultivo de coca

  • La mayor concentración de producción de coca en la frontera con Ecuador vierte la violencia sobre este país, donde a lo largo de 2018 actuó “el Guacho”, exFARC

Walter Patricio Arizala, alias “el Guacho”, antes de caer en una operación del Ejército colombiano

▲ Walter Patricio Arizala, alias “el Guacho”, antes de caer en una operación del Ejército colombiano

Informe SRA 2019María Gabriela Fajardo [Versión en PDF]

La duda que existía cuando en diciembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz colombiano, acerca de si la disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sería algo residual o más bien alcanzaría cierta entidad, suponiendo un claro problema de seguridad, ha quedado despejada. Los disidentes han ido creciendo en número progresivamente y a lo largo de 2018 se han consolidado en su actividad delictiva.

En la primera mitad de 2017 quedaron desmovilizados unos 6.800 guerrilleros de las FARC tras la entrega de casi 9.000 armas. El Gobierno estimó que del total de efectivos de las FARC, unos 400 combatientes (un residual 5%) probablemente se negarían a seguir las instrucciones de la cúpula guerrillera. En noviembre de 2017, en el primer aniversario de la firma del acuerdo de La Habana, la Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe estimando que la disidencia había alcanzado alrededor de 700 integrantes. En febrero de 2018 la Fundación Ideas para la Paz elevó la cifra a entre 1.000 y 1.500. A finales de 2018 dos informes de inteligencia, ambos difundidos por medios colombianos que aseguraron haber tenido acceso a su contenido, situaron el grueso disidente entre 1.750 y 3.000 efectivos.

La cifra máxima de esta horquilla fue establecida por un informe dado a conocer en octubre, del que apenas se dieron detalles, mientras que la menor fue aportada por un supuesto documento del Departamento de Defensa remitido al Congreso y revelado en diciembre. Este último fijaba el número de integrantes de todos los grupos ilegales del país en 7.260, de los que 2.206 pertenecían al ELN (Ejército de Liberal Nacional, la última guerrilla como tal aún activa en Colombia), 1.749 a la disidencia de las FARC y 1.600 al Clan del Golfo, un grupo de crimen organizado. De provenir ambas estimaciones sobre el tamaño de la disidencia realmente de agencias gubernamentales estaríamos ante una falta de información contrastada por parte del Estado, aunque todo puede deberse a que los informes se elaboraran en momentos distintos, además sin corresponderse con el tiempo de su difusión en los medios.

A la vista de la evolución del fenómeno, probablemente no sería equivocado pensar que a comienzos de 2019 el número de disidentes de las FARC puede rondar los 2.000. Este volumen incluye tanto personas que nunca se desmovilizaron, como excombatientes que volvieron a tomar las armas ante las dificultades encontradas en el paso a la vida civil y también nuevos reclutamientos.

Reorganización

Traspasado el estandarte político a la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria de los Comunes (que mantiene así las siglas FARC), los disidentes ya no cuentan con el relato de lucha social que antes acompañaba a las actividades que siguen desarrollando: narcotráfico, contrabando, extorsión y otros negocios ilícitos­. Así que han derivado en un ejemplo más de delincuencia organizada, articulada en diferentes grupos que, aunque están convergiendo, no tienen la estructura jerarquizada de la vieja cúpula guerrillera.

La dirección podría robustecerse si alguno de los dirigentes que han expresado disconformidad con la implementación del proceso de paz y han desaparecido durante algún tiempo, como Iván Márquez, vuelvan a la guerrilla. De momento, en cualquier caso, lo que se está observando es más bien una confluencia organizativa con el ELN. Así, varios medios publicaron en diciembre de 2018 acerca de esa coordinación, dirigida especialmente a sacar cargamentos de cocaína a través de Venezuela, país donde el ELN ha aumentado su actividad. Mandos del Ejército han confirmado esa cooperación. En un encuentro de alto nivel habrían participado, además de Iván Márquez, otros dirigentes de las FARC que supuestamente habían dejado las armas, como El Paisa y Romaña.

Esos contactos sucedían después de que las conversaciones entre el Gobierno y el ELN, abiertas en suelo ecuatoriano para explorar un acuerdo de paz, quedaran suspendidas en septiembre por decisión del presidente Iván Duque al no registrarse avances y entender que, en realidad, los elenos se estaban fortaleciendo, ocupando territorios antiguamente controlados por las FARC. El diálogo quedó roto a raíz del atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander, en Bogotá, perpetrado el 17 de enero de 2019, que dejó 21 muertos y 80 heridos.

Por otro lado, la desmovilización de las FARC, aunque como vemos incompleta, ha dado pie a la presencia en Colombia de carteles mexicanos, que de esta forma intentan extender su dominio también a los lugares de producción de la cocaína, algo que ha sido destacado por el fiscal general de la nación.

 

Mapa 1: amarillo, frente de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz; rosa, desertores que no se sumaron al acuerdo. 

Mapa 2: azul, presencia del ELN en municipios que controlaban las FARC; rojo, municipios de antiguo control de las FARC

 

La coca y la disputa de dominios

Entre las prioridades del nuevo Gobierno de Iván Duque, que se hizo cargo de la presidencia del país en agosto de 2018, ha estado el intentar reducir la alta producción de hoja de coca y de cocaína, que en los últimos años ha conocido un fuerte incremento. Entre 2013 y 2017, el número de hectáreas con arbustos de coca pasó de 48.000 a 171.000 hectáreas, según La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Estados Unidos hace esos cálculos al alza para el mismo periodo: de 80.500 a 209.000 hectáreas (cifras estas últimas que habrían supuesto un salto de la producción potencial de cocaína de 235 a 921 toneladas).

El Gobierno saliente de Juan Manuel Santos se comprometió en marzo de 2018 a la erradicación manual de 70.000 hectáreas de arbusto de coca a lo largo del año (frente a las 52.000 que, según las autoridades colombianas, fueron erradicadas en 2017), en el marco de un plan quinquenal acordado con Estados Unidos, cuya Administración se había quejado del sustancial aumento de la producción de cocaína en el país en los últimos años. El Ministerio de Defensa de Colombia anunció que a junio de 2018 se habían reemplazado voluntariamente 42.000 hectáreas, según recoge el último informe de la Oficina contra la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas, la cual, por su parte, certificó que entre mayo de 2018 y enero de 2019 se habían erradicado casi 35.000 hectáreas. Estas cifras suponen el cumplimiento superior al 90% del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en diversos departamentos. No obstante, la urgencia por alcanzar los objetivos de reducción de espacio de producción podría estar llevando a una erradicación forzosa, no seguida de otras siembras, que a medio plazo podría suponer el retorno al cultivo de coca.

En 2018 siguieron aumentando los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, que ascendieron a un número récord de 164. Según la Defensoría del Pueblo, desde comienzos de 2016 hasta finales de 2018 fueron asesinados más de 420 activistas que desarrollaban un papel de liderazgo en distintas comunidades del país. Esta violencia está relacionada con la reorganización territorial de los grupos delictivos. Hubo especial incidencia en algunos departamentos de acceso al Pacífico, como Cauca y Nariño, donde una mayor concentración de la producción de cocaína y la desmovilización inicial de las FARC causaron tensiones entre organizaciones criminales para asegurarse el dominio del territorio. Estas fricciones causaron bajas entre dirigentes comunitarios que deseaban librarse del control que habían venido ejerciendo los carteles y grupos criminales. Por su parte, un total de 85 antiguos integrantes de las FARC fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz, como consta en el informe de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

El incremento de la actividad delictiva en la zona fronteriza con Ecuador, con centro de exportación de cocaína en el puerto de Tumaco, llevó a un vertido violencia sobre el otro lado de la frontera. A comienzos de 2018 diversos ataques a instalaciones de la Policía y del Ejército de Ecuador, así como varios secuestros, fueron atribuidos a disidentes de la FARC, dirigidos por “el Guacho”. Colombia y Ecuador procedieron a aumentar el despliegue de soldados a lo largo de la frontera para afrontar la situación. En diciembre de 2018 “el Guacho” fue abatido en Nariño por una unidad del Ejército colombiano.