Riesgo geopolítico, las constricciones que condicionan el futuro

[Marko Papic, Geopolitical Alpha. An Investment Framework for Predicting the Future (Hoboken, Nueva Jersey: Wiley, 2021), 286 páginas]

RESEÑA Emili J. Blasco

«En la era post-Trump y post-Bréxit la geopolítica es todo lo que cuenta», asegura Marko Papic en Geopolitical Alpha, un libro sobre riesgo político cuyo propósito es aportar un método o marco de trabajo para quienes se dedican al análisis de prospectiva. Consultor en fondos de inversión, Papic condensa aquí su experiencia en una profesión que ha ganado atención en los últimos años por la creciente inestabilidad política nacional e internacional. Si los factores de riesgo antes se concentraban en los países en desarrollo o emergentes, ahora también se dan en el mundo avanzado.

Con el título del libro, Papic designa un proceso de análisis en el que la geopolítica propiamente dicha, en su acepción más vinculada a la geografía, es solo una parte de las consideraciones a tener en cuenta, pues el autor sostiene que primero importan los condicionantes políticos y luego los económicos (y financieros). Para el conjunto del análisis y las estimaciones a las que este da lugar, Papic utiliza el calificativo «alfa geopolítica» (o «geopolítica alfa»), como refiriéndose a una geopolítica plus o reforzada: una que tiene en cuenta las constricciones políticas o macroeconómicas además de los tradicionales imperativos geopolíticos.

En el fondo se trata de una cuestión nominalista, en una batalla colateral en la que el autor se enreda innecesariamente. Diríase que es un ajuste de cuentas con su anterior empleador, el Stratfor dirigido por George Friedman, a quien Papic alaba en sus páginas, pero que soterradamente parece criticar por basar gran parte de su prospectiva en la geografía de las naciones. Sin embargo, sugerir eso es hacer una caricatura del sólido análisis de Friedman. En cualquier caso, Papic ciertamente ha reforzado su formación con estudios financieros y saca un útil e interesante partido de ellos.

La idea central del libro, dejando ya al margen esa rivalidad anecdótica, es que para poder determinar qué actuaciones harán los gobiernos no hay que atender a las intenciones que proclaman, sino a aquello que les constriñe y les obliga a actuar de determinada manera. «Los inversores (y cualquiera interesado en pronóstico político) debería focalizarse en las constricciones materiales, no en las preferencias de los políticos», dice Papic, y añade una frase que repite, escrita en cursiva, en varios capítulos: «Las preferencias son opcionales y están sujetas a constricciones, mientras que las constricciones no son opcionales ni están sujetas a preferencias».

Esas constricciones materiales, según el orden de importancia que establece Papic, son los condicionamientos políticos (la mayoría con la que se cuenta, qué opina el votante medio, el nivel de popularidad del gobierno o del mandatario, el tiempo en el poder o el contexto nacional e internacional, entre otros factores), los macroeconómicos y financieros (margen de maniobra presupuestaria, niveles de déficit, inflación y deuda, valor de bonos y moneda...) y los geopolíticos (los imperativos que, derivados inicialmente de la geografía –el particular lugar que los países ocupan en tablero del mundo–, marcan la política exterior de las naciones). A esa lista, añade los asuntos constitucionales y legales, pero solo a tener en cuenta si los factores mencionados previamente no suponen ninguna constricción, pues conocido es que los políticos no tienen mucho problema en circunvalar las leyes.

El autor, que presenta todo esto como un método o marco de trabajo, considera que el hecho de que pueda haber políticos irracionales que de entrada no se sometan a constricciones materiales objetivas no hace descarrilar el planteamiento, pues esa situación se acaba venciendo porque «no hay irracionalidad que pueda alterar la realidad». No obstante, admite como posible objeción que, así como la opinión del votante medio condiciona la actuación del político, pueda darse una «sociedad histérica» que condicione al político y que ella misma no se vea afectada a corto plazo por constricciones objetivas que le hagan plegarse a la realidad. «El tiempo que toda una sociedad tarda en volver a la cordura es un pronóstico desconocido e imposible», reconoce.

Papic propone un proceso de análisis razonable, en líneas generales seguido por otros analistas, por eso sobra cierta jactancia inicial, algo petulante, sobre sus personales dotes prospectivas indispensables para inversores. No obstante, la obra tiene el mérito de una exposición sistematizada y rigurosa.

El texto está jalonado de casos específicos, cuyo análisis está no solo bien documentado sino además convenientemente ilustrado con tablas de notable interés. Entre ellas la que presenta la evolución de la opinión favorable al euro en Alemania y la creciente posición eurófila del votante medio alemán, sin lo que Merkel no habría llegado al punto, antes impensable, de aceptar la mutualización de la deuda en la UE. O las que constatan cómo el comercio de Inglaterra, Francia y Rusia con Alemania aumentó antes de la Primera Guerra Mundial, o el de Estados Unidos con Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que ejemplifica que la rivalidad entre naciones normalmente no afecta a sus transacciones comerciales.

Otros aspectos interesantes de la obra son su advertencia de que «la clase media forzará a China a salir de la excitación geopolítica», porque la inestabilidad y el riesgo internacional pone en peligro el progreso económico chino, y «mantener feliz a su clase media toma precedencia a la dominación sobre el mundo». «Mi marco basado en constricciones sugiere que Pekín está mucho más constreñido de lo que los políticos estadounidenses parecen pensar (...) Si Estados Unidos empuja demasiado fuerte sobre el comercio y la economía, amenazará la directiva primaria para China: escapar de la trampa del ingreso medio. Y ahí es cuando Pekín respondería con agresión», afirma Papic.

En relación con la UE, el autor no ve riesgos para la integración europea en la próxima década. «El imperativo geopolítico es claro: integrarse o perecer en la irrelevancia. Europa no se está integrando por cierta fantasía utópica fuera de lugar. Sus estados soberanos se están integrando por debilidad y miedo. Uniones por debilidad son a menudo más sostenibles a largo plazo. Después de todo, las trece colonias originales de Estados Unidos se integraron por miedo a que el Reino Unido pudiera finalmente invadirles de nuevo».

Otra aportación sugerente es etiquetar como “Consenso de Buenos Aires” la nueva política económica en la que parece estar adentrándose el mundo, alejándose del Consenso de Washington que ha regido los estándares económicos internacionales desde la década de 1980. Papic indica que estamos permutando la era de «laissez faire» por otra de cierto dirigismo económico.

200 años de independencias sucesivas en Latinoamérica: Guatemala, Panamá y la intervención de EEUU

Diversos países de América celebran en 2021 sus dos siglos de una ruptura con España que no siempre significó una independencia definitiva

Varias naciones americanas conmemoran este año los dos siglos de su separación de España, recordando un proceso que con pocos años de diferencia se dio en todas las posesiones españolas en la América continental. En algunos casos, fue un proceso de independencias sucesivas, como ocurrió con Guatemala, que luego perteneció al Imperio Mexicano y después a una república centroamericana, y Panamá, que formó parte de Colombia hasta el siglo XX. Pero incluso posteriormente, ambos países experimentaron la injerencia directa de Estados Unidos, en episodios muy decisivos para toda la región.

Ceremonia de entrega del Canal de Panamá a las autoridades panameñas, el 31 de diciembre de 1999

ARTÍCULO Angie Grijalva

Durante 2021 varios países americanos celebran su independencia de España; el mayor de ellos y con más faustas festividades es México. En otras naciones, la fecha de 1821 queda matizada por desarrollos históricos posteriores: Panamá conmemora también cada año el día de 1903 en que rompió con Bogotá, mientras que en el caso de Guatemala aquella independencia no supuso de inmediato una república propia, pues junto con sus naciones vecinas en 1822 dependió nominalmente de México y entre 1823 y 1839 formó parte de las Provincias Unidas del Centro de América y de la República Federal de Centroamérica. Además, la hegemonía regional de Estados Unidos puso en cuestión en décadas posteriores la plena soberanía de esos países: Guatemala sufrió en 1954 el primer golpe de Estado que abiertamente promovía Washington en el Hemisferio Occidental, y Panamá no tuvo absoluto dominio sobre todo su territorio hasta que los estadounidense entregaron el canal en 1999.

Panamá y su canal

La proyecto del Canal de Panamá era importante para Estados Unidos porque permitía unir fácilmente por mar sus dos costas y consolidaba el ascenso mundial que buscaba la  presidencia de Theodore Roosevelt, guiada por la máxima de que solo aquella nación que controlase ambos océanos sería una potencia verdaderamente internacional. Dada la negativa de Colombia, a quien pertenecía la provincia de Panamá entonces, a aceptar las condiciones que ponía Estados Unidos para construir el canal, retomando las obras del paralizado  proyecto francés, Washignton se vio ante dos opciones: invadir el istmo o propiciar la independencia de Panamá frente a Colombia[1]. Finalmente escogió esto último, prestando apoyo a las tropas revolucionarias panameñas que se levantaron contra Bogotá; la República de Panamá declaró su independencia el 3 de noviembre de 1903 y con ella Roosevelt negoció un acuerdo muy favorable para Estados Unidos que daba a este soberanía perpetua sobre el canal y sobre una amplia franja de tierra a cada lado del mismo. Washington pasó así a controlar Panamá y a extender su dominio regional.

Tras una década de díficiles trabajos y de un elevado número de muertes entre la mano de obra, llegada de todo el Cribe y también de Asia, debido sino al dengue, la malaria y la fiebre amarilla, en 1913 el océano Atlántico y el Pacífico quedaron finalmente conectados y el canal se abrió al tránsito de buques.

Con el tiempo, la soberanía estadounidense sobre una porción del país y las bases militares allí instaladas alimentaron en Panamá un movimiento de rechazo que cobró especial virulencia en la década de 1960. La Administración Carter admitió negociar la cesión del canal en un acuerdo de 1977 que incorporaba a los panameños en la gestión del tráfico interocéanico y fijaba la entrega de todas las instalaciones en 1999. Cuando esto finalmente se produjo, el país vivió la ocasión como una nueva fiesta de independencia, diciendo adiós a unas tropas estadounidenses que solo diez años antes se habían mostrado muy activas, invandiendo la Ciudad de Panamá y otras áreas para apresar al mandatario Manuel Noriega por narcotráfico.

Momento crítico en Guatemala

El canal de Panamá permitió a Estados Unidos una indudable proyección de poder sobre su hemisferio. No obstante, durante la Guerra Fría Washington creyó necesario echar mano también de operaciones, en algún caso directas, para derribar gobiernos que consideró próximos al comunismo. Esto ocurrió con el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954.

La llegada de Árbenz a la presidencia en 1951 constituyó una amenaza para la United Fruit Company (UFCO) por la reforma agraria que impulsaba[2]. Aunque el avance de los partidos comunistas en América Latina comenzaba a crecer, la verdadera amenaza en ciertos países era la expropiación de tierras de los monopolios estadounidenses. Se estima que para 1950, la UFCO era dueña en Guatemala de al menos 225.000 hectáreas de tierra, de las cuales la reforma agraria iba a expropiar 162.000 en 1952. Con apoyo político de Washington, la UFCO alegó que la compensación que se le ofrecía no se correspondía con el valor verdadero de la tierra y tachó al gobierno de Árbenz de comunista a pesar de que esto no era cierto.

En 1953, la recién estrenada Aministración Eisenhower estableció un plan para desestabilizar al gobierno y dar un golpe de Estado contra Árbenz. Por un lado, el secretario de Estado John F. Dulles buscó el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, propiciando la condena a Guatemala por la recepción de un cargamento de armas procedente de la Unión Soviética, que había sido adquirido por la negativa de Estados Unidos a vender armas al país centroamericano. Por otro, la CIA puso en marcha la misión PBSUCCESS para garantizar la intendencia de una facción del Ejército guatemalteco dispuesta a rebelarse contra Árbenz. El movimiento fue encabezado por el coronel Castillo Armas, que estaba exiliado en Honduras y desde allí abrió la invasión el 18 de junio de 1954. Bombardeada la capital, el grueso del Ejército rehusó a responder, dejando solo a Árbenz, quien en pocos días renunció.

Ya en el poder, Castillo Armas devolvió las tierras expropiadas a UFCO y llevó al país nuevos inversores estadounidenses. Dulles calificó esta victoria como “el más grande triunfo en contra del comunismo en los últimos cinco años”. El derrocamiento de Árbenz fue visto por Estados Unidos como un modelo para las siguientes operaciones en América Latina. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha señalado que esta acción contra Árbenz podría verse como “el momento en que se jodió Latinoamérica”, pues para muchos fue la evidencia de que no era posible el desarrollo normal de la democracia, y eso empujó a ciertos sectores a defender la revolución como única vía para hacer prosperar sus sociedades.


[1] McCullough, D. (2001). The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal, 1870-1914. Simon & Schuster.

[2] G. Rabe, S. (2017). Intervention in Guatemala, 1953-1954. In S. G. Rabe, Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism. The University of North Carolina Press.

 

Brexit: Acuerdo de mínimos in extremis

Un acuerdo de mínimos en el último momento evita el caos de un Brexit sin acuerdo, pero se tendrán que seguir negociando flecos durante los próximos años.

Fragmento de mural sobre el Brexit [Pixabay]

ANÁLISIS Pablo Gurbindo

Después de que el Reino Unido saliera oficialmente de la Unión Europea el 31 de enero de 2020 a medianoche, con la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada, parecía que el asunto que ha prácticamente monopolizado el debate en Bruselas en los últimos años quedaba zanjado. Pero nada más lejos de la realidad. Se había resuelto el “Brexit político”, pero aún restaba por resolver el “Brexit económico”.

Este acuerdo dispuso para evitar el caos un periodo de transición de 11 meses, hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante este periodo el Reino Unido, a pesar de estar ya fuera de la UE, tenía que seguir sometiéndose a la legislación europea y al Tribunal de Justicia de la UE como hasta ahora, pero sin tener voz y voto comunitario. El objetivo de esta transición era el dar tiempo a ambas partes para llegar a un acuerdo para definir la relación futura. Todas las partes sabían que en 11 meses no iba a dar tiempo. Solo un nuevo acuerdo comercial tarda años en negociarse, el acuerdo con Canadá tardó 7 años, por ejemplo. Para ello el periodo de transición incluía una posible prorroga antes del 30 de junio, pero Johnson no quiso pedirla, y prometió a sus ciudadanos tener un acuerdo comercial para el 1 de enero 2021.

Con el miedo de un posible Brexit sin acuerdo, y las graves consecuencias que tendría para las economías y ciudadanos de ambas partes, finalmente se llegó a un acuerdo el 24 de diciembre, solo una semana antes del fin del periodo de transición.

Este acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2021 de manera provisional, dado que en una semana no daba tiempo a que fuera aprobado. Ahora cabe preguntarse: ¿En qué consiste este acuerdo? ¿Cuáles han sido los puntos de fricción? ¿Y cuáles han sido las primeras consecuencias palpables durante estos primeros meses?

El Acuerdo de Comercio y Cooperación (ACC)

Lo que hay que dejar claro desde un principio es que este es un acuerdo de mínimos. Es un Brexit duro. Se ha evitado el Brexit sin acuerdo que hubiera sido catastrófico, pero sigue siendo un Brexit duro.

El ACC entre el Reino Unido y la Unión Europea comprende un acuerdo de libre comercio, una estrecha asociación en materia de seguridad ciudadana y un marco general de gobernanza.

Los puntos más importantes del Acuerdo son los siguientes:

Comercio de bienes

El ACC es muy ambicioso en este sentido, pues establece un libre comercio entre las dos partes sin ningún tipo de arancel o cuota a ningún producto. Si no hubiera habido acuerdo en este sentido, su relación comercial se hubiera regido por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con sus cuotas y aranceles correspondientes. No obstante, este libre comercio tiene un pero. Esa ausencia de cualquier tipo de arancel o cuota es solo para los productos “originarios británicos”, y aquí es donde radica la complejidad.

Las reglas de origen están detalladas en el ACC, y aunque por regla general el acuerdo es generoso para calificar a un producto como “británico”, hay determinados sectores donde esta certificación será más exigente. Por ejemplo, para que un vehículo eléctrico producido en el Reino Unido y exportado a la UE evite aranceles es necesario que por lo menos el 45% de su valor añadido sea británico o europeo y que su batería sea íntegramente británica o europea. A partir de ahora demostrar el origen de cada envío en ciertos sectores va a convertirse en un infierno burocrático que antes del 31 de diciembre no existía. Y la reexportación de productos extranjeros sin transformación desde suelo británico a Europa ahora va a tener que sufrir un doble arancel: uno de entrada al Reino Unido y otro de entrada a la Unión.

Pero, aunque no existan ningún tipo de arancel o cuota en los productos, el flujo comercial habitual no se va a mantener. Por ejemplo, en el ámbito del comercio de productos agroalimentarios, la ausencia de acuerdo en el régimen sanitario y fitosanitario del Reino Unido significa que desde ahora para el comercio de estos productos van a ser necesarios certificados sanitarios que antes no lo eran. Este incremento del “papeleo” puede tener importantes consecuencias para los productos que sean más fácilmente sustituibles, pues los importadores de estos productos van a preferir ahorrarse esta burocracia extra cambiando los proveedores británicos por otros europeos.

Servicios financieros

En materia de servicios el acuerdo es bastante pobre, pero destaca la falta de acuerdo respecto de los servicios financieros, sector muy importante para el Reino Unido, que genera por sí solo el 21% de las exportaciones por servicios británicas.

Mientras el Reino Unido formaba parte de la Unión sus entidades financieras podían operar libremente en todo el territorio comunitario gracias al “pasaporte financiero”, ya que todos los Estados Miembros tienen acordadas unas normas de regulación y de supervisión de los mercados similares. Pero esto ya no aplica al Reino Unido.

El Gobierno británico decidió unilateralmente mantener el fácil acceso a sus mercados de las entidades comunitarias, pero la Unión no ha respondido recíprocamente.

Ante la ausencia de acuerdos en materia financiera, la normativa europea referida a entidades de terceros países, como regla general, sencillamente facilita a estas entidades el instalarse en la Unión para poder operar en sus mercados.

Uno de los objetivos de la UE con esta falta de reciprocidad puede haber sido el deseo de arrebatar a la City de Londres, primera plaza financiera europea, parte de su capital.

Ciudadanos

La mayor parte de este apartado quedó resuelto con el Acuerdo de Retirada, que garantizaba de por vida el mantenimiento de los derechos adquiridos (residencia, trabajo…) para los ciudadanos europeos que ya se encontraran en suelo británico, o los británicos que se encontraran en suelo europeo.

En el ACC se ha acordado la supresión de la necesidad de solicitar visado bilateralmente para estancias turísticas que no excedan los 3 meses. Para estos casos ahora será necesario llevar el pasaporte, no bastará con el documento nacional de identidad. Pero para estancias superiores se requerirán visados de residencia o de trabajo.

En cuanto al reconocimiento de titulaciones y cualificaciones profesionales y universitarias, a pesar del interés del Reino Unido de que se mantuvieran de forma automática como hasta ahora, la UE no lo ha permitido. Esto podría suponer por ejemplo que profesionales titulados como abogados o enfermeros tengan más dificultades para que se les reconozca su título y puedan trabajar.

Protección de datos y cooperación en seguridad

El acuerdo va a permitir mantener la cooperación policial y jurídica, pero no con la misma intensidad que antes. El Reino Unido ya no formará parte de las bases de datos comunitarias sobre estos asuntos. Los intercambios de información solo se harán a instancia de parte, ya sea solicitando información como enviando por iniciativa propia.

Las relaciones británicas con Europol (Oficia Europea de Policía) o con Eurojust (Agencia europea para la cooperación judicial) se mantendrán, pero como colaboración externa.

Participación en programas de la Unión

El Reino Unido seguirá formando parte de algunos programas comunitarios como: Horizon, principal programa de cooperación científica europea; Euratom, a través de un acuerdo de cooperación externo al ACC; ITER, un programa internacional para el estudio de la energía de fusión; Copernicus, un programa dirigido por la Agencia Espacial Europea para el desarrollo de la capacidad autónoma y continua de observación terrestre; y SST (Space Surveillance and Tracking) un programa europeo de rastreo de objetos espaciales para evitar su colisión.

Pero por otro lado el Reino Unido no continuará en otros programas, destacando el importante programa de intercambio estudiantil Erasmus. Johnson ya ha anunciado la creación de un programa nacional de intercambio estudiantil que llevará el nombre del matemático británico Alan Turing, que descifro el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial.

Puntos de fricción en la negociación

Ha habido ciertos puntos que por su complejidad o simbolismo han sido los principales puntos de fricción entre la Unión y el Reino Unido. Incluso han puesto en jaque el éxito de las negociaciones. Los tres principales baches para la negociación han sido: la pesca, el “level-playing field” y la gobernanza.

Pesca

Sorprende la desmesurada importancia que ha tenido la pesca sobre la negociación, teniendo en cuenta que solo representa el 0,1 % del PIB británico, y no es un sector esencial tampoco para la UE. Su importancia radica en su valor simbólico, y la importancia que le han dado los partidarios del Brexit como ejemplo de recuperación de la soberanía perdida. También hay que tener en cuenta que es uno de los puntos en los que el Reino Unido partía con ventaja en las negociaciones. En las aguas británicas se encuentran algunos de los principales caladeros de Europa, que han venido representando el 15% del total de la pesca europea. De estos caladeros el 57% se lo llevaban los 27, y el 43% restante se lo llevaban los pescadores británicos. Porcentaje que enfurecía mucho al sector pesquero británico, que ha sido uno de los principales sectores que apoyaron el Brexit.

La intención británica era negociar anualmente las cuotas de acceso a sus aguas, siguiendo el ejemplo que tiene Noruega con la UE. Pero finalmente se ha acordado un recorte del 25% de las capturas de forma progresiva, pero manteniendo el acceso a aguas británicas. Este acuerdo estará en vigor durante los próximos cinco años y medio, a partir de entonces serán necesarias nuevas negociaciones que serán entonces anuales. A cambio, la UE se ha guardado la posibilidad de represalias comerciales en el caso de que se deniegue el acceso a las aguas británicas a los pescadores europeos.

“Level-playing field”

El tema de la competencia desleal era uno de los temas que más preocupaban en Bruselas. Dado que a partir de ahora los británicos no tienen que seguir la legislación europea, existía la preocupación de que, a apenas unos kilómetros de la Unión, un país del tamaño y peso del Reino Unido redujera considerablemente sus estándares laborales, medioambientales, fiscales o de ayudas públicas. Esto podría provocar que muchas empresas europeas decidieran trasladarse al Reino Unido por esta reducción de estándares.

El acuerdo establece un mecanismo de vigilancia y de represalias en casos de discrepancias si una de las partes se siente perjudicada. Si hay un conflicto, dependiendo del caso, se someterá a un panel de expertos, o se someterá a arbitraje. Para la UE hubiera sido preferible un sistema donde las compensaciones arancelarias fueran automáticas y si no interpretadas por el TJUE. Pero para el Reino Unido uno de sus principales objetivos en la negociación era no estar bajo la jurisdicción del TJUE de ninguna forma.

Gobernanza

El diseño de la gobernanza del acuerdo es complejo. Está presidido por el Consejo de Asociación Conjunto que garantizará que el ACC se aplique e interprete correctamente, y en el que se debatirán todas las cuestiones que puedan surgir. Este consejo será ayudado por más de treinta comités especializados y grupos técnicos.

Si surge una disputa se acudirá a este Consejo de Asociación Conjunto. Si no se alcanza una solución por mutuo acuerdo se acudirá entonces a un arbitraje externo cuya resolución es vinculante. En caso de incumplimiento, la parte perjudicada está autorizada para tomar represalias.

Este instrumento permite a la UE cubrirse las espaldas ante el riesgo del Reino Unido de incumplir parte del acuerdo. Este riesgo ganó mucha fuerza durante las negociaciones, cuando Johnson presentó ante el Parlamento británico la Ley de Mercado Interior, que pretendía evitar cualquier tipo de aduana interior en el Reino Unido. Esta ley iría en contra de la “salvaguarda irlandesa” acordada por el propio Johnson y la UE en el Acuerdo de Retirada, e iría contra el derecho internacional como contravención clara al principio del “pacta sunt servanda”. Al final esta ley no se tramitó, pero creo gran tensión entre la UE y el Reino Unido, en la oposición británica a Johnson e incluso entre sus propias filas al poner la credibilidad internacional del país en tela de juicio.

Consecuencias

Durante estos primeros meses de entrada en vigor del ACC ya se han podido ver varias consecuencias importantes.

La polémica retirada del Renio Unido del programa Erasmus ya se ha hecho notar. Según las universidades británicas, las solicitudes de estudios de ciudadanos europeos han disminuido un 40%. La pandemia ha tenido que ver en esa importante reducción, pero hay que tener en cuenta también que las tasas universitarias en el Reino Unido tras la salida del programa han aumentado por cuatro.

Respecto a los servicios financieros, la City de Londres ya ha perdido durante estos primeros meses el título de principal centro financiero europeo en favor de Ámsterdam. Los intercambios diarios de acciones en enero en Ámsterdam sumaron 9.200 millones de euros, superior a los 8.600 millones de euros gestionados por la City. La media londinense el año pasado fue de 17.500 millones de euros, muy superior a la segunda plaza europea que fue Fráncfort, con una media de 5.900 millones de euros. El año pasado la cifra media de intercambios de Ámsterdam fue de 2.600 millones de euros, lo que la situaban como sexta plaza financiera europea. La falta de reciprocidad de la UE respecto a los servicios financieros ha podido cumplir su objetivo por ahora.

Una de las anécdotas más curiosas que demuestran los cambios que ha propiciado el Brexit durante estos primeros meses ha sido el video viral de las autoridades aduaneras neerlandesas confiscando unos sándwiches de jamón de unos transportistas que llegaban en ferry desde el Reino Unido a Países Bajos. Con la entrada en vigor del ACC no se permite la exportación de los productos de origen animal sin los certificados sanitarios correspondientes.

A pesar de la ausencia de aranceles y cuotas, el incremento burocrático se esperaba que fuera a afectar al intercambio comercial y así ha sido. Según datos de la Asociación de Transporte por Carretera del Reino Unido, las exportaciones británicas a la UE a través de los puertos cayeron un 68% en enero respecto al mismo mes del año pasado.

Parecía que los sectores pesqueros británicos podían ser de los principales beneficiarios del Acuerdo, pero tras estos primeros meses los pescadores británicos no están satisfechos. Los nuevos requerimientos burocráticos ralentizan las entregas y algunos pescadores se quejan de que las capturas se les echan a perder al no poder entregarlos a tiempo en ciertos mercados europeos. Según representantes pesqueros escoceses, los retrasos debido a la burocracia están provocando una pérdida de un millón de libras al día al sector. Hay que tener en cuenta que las exportaciones pesqueras del Reino Unido a la UE representaban en el año 2019 el 67% del total. Ante las quejas del sector, el Gobierno británico ya ha anunciado una ayuda de 23 millones de libras.

Conclusión

El Acuerdo alcanzado es sin duda un mejor resultado que el no acuerdo, pero es un acuerdo incompleto, y va a ser necesario seguir negociando cosas. El futuro del ACC dependerá del cambio de posición del Reino Unido, que durante la negociación ha primado tener una autonomía regulatoria y recuperar su “soberanía perdida”. El acuerdo es también frágil pues permite a cualquiera de las partes poner fin a la relación negociada si se avisa con 12 meses de antelación.

La Unión Europea y el Reino Unido están condenados a entenderse. La Unión tendrá que aprender a convivir con un vecino con mucho poder e influencia, y el Reino Unido tendrá que aprender a vivir en la esfera de influencia de los 27.

Pero, llegado el momento, al Reino Unido siempre le quedará la opción del artículo 49 del Tratado de la UE que regula la adhesión de nuevos países a la Unión.

Inglaterra tiene el gen del Bréxit desde la era normanda

El naciente reino inglés se consolidó en oposición al poder al otro lado del Canal de la Mancha, dando lugar a un particularismo hoy especialmente vivo

Sin ya marcha atrás, una vez consumado el Bréxit, Inglaterra busca establecer una nueva relación con sus vecinos europeos. Su marcha no ha sido secundada por ningún otro país, con lo que Londres tiene que entenderse con una Unión Europea que se mantiene como bloque. A pesar del dramatismo con que muchos europeos han acogido el adiós británico, estamos ante un capítulo más de la compleja relación que una gran isla tiene con el continente al que está próxima. Isla y continente siguen donde la geografía les ha colocado –a una distancia de particular valor–  y posiblemente reproducirán vicisitudes ya vistas a lo largo de su mutua Historia.

Fragmento del tapiz de Bayeux, que ilustra la batalla de Hastings de 1066

ARTÍCULO María José Beltramo

El resultado del referéndum de 2016 sobre el Bréxit pudo sorprender, como sin duda ha sorprendido el abrupto modo con que finalmente el Reino Unido abandonó de modo efectivo la Unión Europea el 31 de diciembre de 2020. No obstante, lo que hemos visto no es tan ajeno a la historia de la relación de los británicos con el resto de Europa. Si nos retrotraemos siglos atrás podemos ver un patrón geopolítico que se ha repetido otras veces, y también en la actualidad, sin por ello tener que hablar de determinismo.

Aunque cabe mencionar algunos momentos previos en la relación de la insular Britania con el continente junto al que se encuentra, como por ejemplo el periodo de romanización, la gestación del patrón que al mismo tiempo combina vinculación y distanciamiento, o incluso rechazo, podemos quizá situarla a comienzos del segundo milenio, cuando a partir de invasiones normandas que cruzan el Canal de la Mancha el naciente reino de Inglaterra se consolida precisamente frente al poder de la otra orilla.

Inglaterra en época normanda

Normandía adquirió entidad política en el norte de Francia cuando en 911, tras invasiones vikingas, el jefe normando Rolón llegó a un acuerdo con el rey franco que le garantizaba el territorio a cambio de su defensa[1]. Normandía se convirtió en ducado y fue adoptando el sistema feudal franco, facilitando la paulatina integración de ambos pueblos. Esa intensa relación acabaría suponiendo la plena incorporación de Normandía en el reino de Francia en 1204.

Antes de la progresiva disolución normanda, sin embargo, el pueblo escandinavo asentado en esa parte del norte francés llevó su particular carácter y capacidad organizativa, que aseguró su independencia durante varios siglos, al otro lado del Canal de la Mancha.

La relación normando-inglesa comenzó en 1066 con la batalla de Hastings, en una invasión que llevó al duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, a ser coronado en Londres como rey de Inglaterra. La llegada de los normandos tuvo diversas consecuencias. Desde el punto de vista político, introdujeron las islas en las relaciones europeas del momento y adecuaron el feudalismo inglés al normando, mezcla que sentaría las bases del futuro parlamentarismo inglés. En cuanto a la economía, los normandos demostraron su capacidad organizativa escandinava en la reorganización de las actividades productivas. En sus diferentes conquistas, los normandos supieron aprovechar lo mejor de cada sistema y adaptarlo a su cultura y necesidades, y así ocurrió en Inglaterra, donde desarrollaron una idiosincrasia particular.

A partir de esta toma de contacto con el continente, Inglaterra comenzó a consolidarse como monarquía sin dejar su vinculación con el ducado de Normandía. No obstante, con su fortalecimiento a partir de la caída de los Plantagenet en Francia, Inglaterra tomó el impulso que le faltaba para terminar por conformarse como un reino independiente, del todo separado del continente, desvinculado de una Normandía con un linaje débil y en estado crítico. De hecho, que el reino de Francia absorbiera el ducado normando facilitó el desarrollo y consolidación de la monarquía inglesa como una entidad independiente y fuerte[2].

La separación respecto al continente europeo nos remite al análisis que hace Ortega y Gasset sobre la decadencia europea y la crisis moral que atraviesa[3]. Las potencias continentales, al estar en una situación de continuidad geográfica, y por tanto en mayor contacto, son más propensas a contagiar su situación entre sí y a ser dominadas por otra potencia mayor. Inglaterra, una vez roto el puente de los vínculos feudales que la conectaba con el resto de Europa, no encuentra dificultad para tomar distancia cuando lo considera oportuno, siempre en beneficio de sus intereses, algo que vemos repetido varias veces a lo largo de su historia. Esto es especialmente manifiesto en las vicisitudes que jalonan la relación del Reino Unido con el continente a lo largo de las décadas finales del segundo milenio.

La situación inglesa desde 1945

La Segunda Guerra Mundial debilitó enormemente a Reino Unido, no solo económicamente, sino también como imperio. En el proceso de descolonización posterior, Londres perdió posesiones en Asia y África; además el conflicto del canal de Suez confirmó su declive como protagonista imprescindible, precisamente a manos de quien le había sustituido como primera potencia mundial, Estados Unidos. La confrontación de posguerra con la Unión Soviética y la presencia estadounidense en Europa hizo que la relación trasatlántica ya no se basara en vínculo preferencial que Washington tenía con Inglaterra, por lo que el papel de los ingleses también menguó[4].

En 1957 Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo crearon la Comunidad Económica Europea (CEE). El conservador Harold MacMillan, primer ministro británico entre 1957 y 1963, rechazó sumar el Reino Unido a la iniciativa, pero consciente de la necesidad de revitalizar la economía británica y “la dificultad de mantener una política ajena a los interese europeos”, propició la constitución en 1959 de la EFTA (European Free Trade Asociation) junto a Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria y Portugal.

El Mercado Común resultó ser todo un éxito y en 1963 el Reino Unido se planteó entrar en él, pero la Francia de De Gaulle le cerró el paso. Los ingleses volvieron en 1966 a presentar su solicitud, pero fue rechazada de nuevo por De Gaulle. La concepción de Europa del general francés no incluía el bloque atlántico, seguía pensando en construir Europa sobre un eje franco-alemán.

En la década de los 1970 hubo un viraje direccional en la política europea. Los conservadores británicos ganaron las elecciones de 1970 y en 1973 su país ingresó en la CEE. La crisis económica internacional, especialmente complicada en el Reino Unido, hizo que los laboristas, de nuevo en el poder, plantearan una revisión de las condiciones de adhesión y que el premier Harold Wilson convocara un referéndum en 1975: 17 millones de británicos defendieron quedarse (el 67% de los votantes) frente a solo 8 millones que reclamaron un primer Brexit.

No obstante, cuando en 1979 se puso en marcha el Sistema Monetario Europeo (SME) para equiparar las monedas y conseguir la “convergencia económica”, el Reino Unido decidió no unirse a ese acuerdo voluntario. Europa estaba registrando un auge económico paulatino, pero la economía inglesa no seguía el mismo ritmo, lo que en parte llevó a las elecciones anticipadas de 1979. En ellas vencieron los conservadores con Margaret Thatcher, quien se mantuvo en Downing Street hasta 1990. La revolución Thatcher “marcó la vía de salida a la crisis de los años setenta”. En 1984, Londres disminuyó su contribución a los fondos comunitarios y Thatcher, muy reticente los presupuestos comunitarios y otros procedimientos que reducían la soberanía nacional, solicitó nuevamente una revisión de los acuerdos.

En 1985 se firmaron los Acuerdos de Schengen (la apertura de fronteras entre determinados países generando una especie de segunda frontera mucho más amplia), que entraron en vigor diez años más tarde. Nuevamente, Reino Unido se mantuvo al margen. Como también ocurrió con relación al euro, cuando la moneda única se hizo efectiva en 2002, manteniendo hasta hoy la libra esterlina.

La inmigración desde los países del centro y este de Europa, tras la ampliación de la UE de 2004, admitida por el laborista Tony Blair, y la aceleración de los mecanismos de armonización financiera a raíz de la crisis de 2008-2011, afrontada con desagrado por el conservador David Cameron, aportaron argumentos para el discurso contrario a la UE en el Reino Unido. Esto supuso el auge del antieuropeo UKIP y la asunción de sus postulados luego por amplios sectores tories, amalgamados finalmente por la controvertida personalidad de Boris Johnson.

En una entrevista con la BBC Johnson se refería en 2016 a muchos de los argumentos utilizados en favor del Bréxit, como la visión dialéctica que tiene el Reino Unido sobre su relación con el continente o el miedo a la pérdida de soberanía y a la disolución del perfil propio en el magma europeo. El premier volvió a esas ideas en su mensaje a los británicos cuando el país se disponía a comenzar su último año en la UE. Sus palabras eran en cierta forma el eco de un tira y afloja de siglos.

Patrones que se repiten

Como hemos podido constatar Inglaterra ha mantenido siempre un ritmo propio. Su separación geográfica del continente –a suficiente distancia como para poder preservar una dinámica particular, pero también suficientemente cerca como para temer una amenaza, que en ocasiones resultó efectiva– fue determinando el carácter identitario, marcadamente insular, de los británicos y su actitud frente al resto de Europa.

Nos hallamos ante una potencia que a lo largo de la Historia ha buscado siempre mantener su soberanía nacional a toda costa y cuyo imperativo geopolítico se ha concretado en evitar que el continente fuera dominado por una gran potencia rival (la percepción, durante la gestión de la crisis de 2008, de que Alemania volvía a ejercer cierta hegemonía en Europa pudo alimentar el Bréxit).

Quizá en el periodo medieval no podamos vincular esto con una estrategia política meditada, pero sí de manera involuntaria y circunstancial vemos cómo desde un primer momento se dan ciertas condiciones que propician el distanciamiento de la isla del continente, aunque sin perder el contacto de manera radical. En la historia más reciente observamos esta misma actitud distante, esta vez premeditada, con la que se persiguen intereses enfocados en la búsqueda de la prosperidad económica y el mantenimiento tanto de su influencia global como de su soberanía nacional.


[1] Charles Haskins, The Normans in European History (Boston and New York:  Houghton Mifflin Company, 1915)

[2] Yves Lacoste, Géopolitique : La longue histoire d’aujourd’hui (Paris: Larousse, 2006)

[3] José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas (Madrid: Alianza Editorial, 1983) 

[4] José Ramón Díez Espinosa et al., Historia del mundo actual (desde 1945 hasta nuestros días), (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1996)

 

El plan de China en América Latina

[Daniel Méndez Morán, 136. El plan de China en América Latina (2018), 410 páginas]

RESEÑA Jimena Puga

Mediante una investigación en primera persona sobre el terreno y el testimonio personal de chinos y latinoamericanos, que dan al relato carácter de reportaje documentado, Daniel Méndez resume detalladamente la huella que la creciente superpotencia asiática está dejando en la región. Esto permite al lector conocer las relaciones entre ambas culturas desde el punto de vista económico y sobretodo, político. La cifra del título –136– es el número que, según explica el autor, Pekín asigna a su plan para Latinoamérica, en su planificación de distintos programas de expansión sectorial y geográfica por el mundo.

El libro comienza haciendo una breve reflexión sobre el rápido crecimiento de China desde la muerte de Mao Zedong y gracias a las políticas de crecimiento y apertura de Deng Xiaoping entre 1980 y 2000. Este resurgir no se ha reflejado solo en la economía china, sino también en la sociedad. Las nuevas generaciones de profesionales chinos cuentan con mejor formación universitaria y mayor dominio de idiomas extranjeros que sus mayores, y por tanto más preparados para las relaciones internacionales. Sin embargo, Liu Rutao, consejero económico y comercial de la Embajada de China en Chile explica al autor que “la historia de la salida de China al extranjero tiene tan solo quince años, así que ni el gobierno ni las empresas tenemos un pensamiento muy maduro sobre la forma de actuar en el extranjero, por eso todos necesitamos estudiar”.


No obstante, la corta experiencia del país en el ámbito internacional no supone un obstáculo ya que, como pone de manifiesto el libro, para acelerar este proceso de aprendizaje China cuenta con un atajo muy efectivo: el dinero. De hecho, el objetivo de muchas de las inversiones chinas más importantes en América Latina no es solo el acceso a recursos naturales, sino también a capital humano y sobretodo a conocimiento. Gracias a sus ingentes recursos financieros, las empresas chinas están adquiriendo empresas con experiencia y contactos en el continente americano, contratando a los mejores profesionales de cada país y comprando marcas y tecnologías. “Esta fase es muy difícil. Las empresas chinas van a pagar para aprender. Pero todo se aprende pagando”, explica a Méndez el diplomático Chen Duqing, embajador de China en Brasil entre 2006 y 2009.

Después de esta visión general, el libro pasa a la relación de China con distintos socios latinoamericanos. En el caso de México, existe una lucha contra el famoso made in China. El imperio del centro fue a México hace 40 años a estudiar el programa maquilador; cuando regresaron, según explica Méndez, dijeron: “México está haciendo eso para Estados Unidos, nosotros vamos a hacerlo para el mundo”. Y de esta forma, unos años más tarde China diseñó y mejoró la estrategia. Hay pocas dudas de que el made in China les ha ganado la partida a las maquiladoras mexicanas, y son todas estas décadas de competencia y frustración las que explican las complejas relaciones políticas que viven los dos países. Así lo testimonian las personas entrevistadas por el autor. A Jorge Guajardo, este modelo le recuerda al orden colonial impuesto por España y continuado por Reino Unido: “Yo les decía en ocasiones a los chinos: Señores, ustedes no pueden ver América Latina nada más que como un lugar al que van por recursos naturales y a cambio mandan productos manufacturados. Nosotros ya fuimos colonia. Y no nos gustó, no funcionó. Y optamos por dejar de serlo. No quieran ustedes repetir ese modelo”.

El resultado de estas nuevas tensiones es que ninguno de los dos países ha conseguido lo que estaba buscando. México apenas ha aumentado sus exportaciones a China y el gigante asiático apenas ha incrementado sus inversiones en el país latinoamericano. En 2017 tan solo había 30 empresas chinas instaladas en México, un numero muy pequeño comparadas con las 200 que había en Perú. Otros diplomáticos del continente reconocen que en cualquier encuentro internacional en el que ambos países están presentes, el país latinoamericano es siempre el más reacio a aceptar las propuestas de Pekín. Para China, la “resistencia” mexicana es tal vez su mayor escollo diplomático en la región: el mejor ejemplo de que su ascenso no ha beneficiado a todos los países del Sur.

Méndez cuenta que, a diferencia de México, la estrategia peruana de apostar por la minería ha encontrado un socio ideal al otro lado del Pacífico. Necesitado de minerales para alimentar su industria y construir nuevas ciudades, la enorme demanda china ha tirado con fuerza de la economía peruana. Entre 2004 y 2017 el comercio entre ambos se multiplicó por diez y el gigante asiático se convirtió en el primer socio comercial de Perú. China ya no solo es importante por su demanda de cobre, plomo y zinc, sino también por los flujos de inversión y su capacidad de poner en marcha proyectos mineros. Estas condiciones financieras, muy difíciles de conseguir en la banca privada, son en muchas ocasiones la ventaja comparativa que permite a las empresas estatales chinas batir a sus competidores occidentales.

¿Qué significa esto para América Latina? ¿Deberían preocuparse los países latinoamericanos de esta estrategia política y económica que a través de empresas estatales invierte de forma masiva en sus recursos naturales? Como indica el libro, muchos diplomáticos piensan que hay que estar atentos. A diferencia de las compañías privadas, cuyo objetivo primordial es obtener beneficios y entregar dividendos a sus accionistas, las chinas están en ultima instancia controladas por políticos que pueden tener otra agenda. En este sentido, la expansión de tantas empresas estatales en recursos naturales también puede convertirse en un arma de presión e influencia.

Si algún dirigente latinoamericano, por ejemplo, decidiera reunirse con el Dalai Lama o se opusiera a alguna iniciativa diplomática liderada por Pekín, el gigante asiático podría utilizar sus empresas estatales a modo de represalia, advierte Méndez. De la misma forma que si el gobierno peruano quisiera cancelar algún proyecto chimo por infracciones laborales o medioambientales, Pekín podría amenazar con denegar la aprobación de protocolos fitosanitarios o retrasar otras inversiones. Además, China es cada vez más consciente de que su imagen, su capacidad de persuasión y su atractivo cultural (soft power) son vitales para ampliar su proyecto político y económico.

Por otro lado, y más al sur de la región, Uruguay se ha convertido en el laboratorio perfecto para China. Las fábricas uruguayas están preparadas para producciones cortas de unos pocos miles de automóviles, el país cuenta con mano de obra especializada y las buenas infraestructuras permiten en muy poco tiempo plantarse en Brasil o Argentina. Hay que tener en cuenta que las empresas chinas son todavía poco conocidas en América Latina y no cuentan con demasiados recursos financieros, y en Uruguay pueden hacer un testeo de mercado.

En cuanto a Brasil, Méndez habla especialmente de la diplomacia de los satélites. Éstos no sirven solo para llevar la televisión a los hogares y para utilizar el GPS en el móvil, sino también por sus capacidades militares y el prestigio político que implican. Brasil ha colaborado con otros países como Argentina y Estados Unidos, pero las tensiones políticas y económicas casi siempre suelen poner limites a la cooperación espacial. Aunque pueda resultar paradójico, en el caso de China la distancia parece ser una bendición ya que no hay problemas geopolíticos entre ambos: a veces es más difícil trabajar con tus vecinos que con las personas que están muy lejos. Para Pekín, las misiones espaciales sirven para aumentar todas las dimensiones de su poder: incrementa sus capacidades militares y contribuye a su industria espacial y a la competitividad en un sector económico con mucho futuro. Y por ultimo, también le sirve como campaña de relaciones públicas en el mundo. No obstante, las diferencias tecnológicas y económicas se están haciendo tan patentes que a China incluso el gigante sudamericano se le está quedando pequeño.

Desde el punto de vista geoestratégico, Méndez no quiere dejar pasar la construcción de una estación espacial china en un terreno de 200 hectáreas en la provincia argentina de Neuquén, que cuenta con una inversión inicial de 50 millones de dólares y que se enmarca en el programa chino de exploración de la Luna. Además, Argentina es el único país en el que la presencia del Banco Industrial y Comercial de China es tan notable y popular entre la sociedad. Este banco chino ha conseguido ofrecer los mismos servicios que cualquier otra institución bancaria argentina.

Por último, Chile es uno de los países con los que mejores relaciones tiene Pekín, pero ¿por qué China no invierte en Chile? La respuesta es sencilla. En Chile los procesos de inversión son claros, transparentes e iguales para todos los países. No hay excepciones y los inversores tienen que seguir al pie de la letra las complejas regulaciones legales. La cultura de negocios es distinta, y a los chinos eso de necesitar abogados y 20.000 permisos para todo no les gusta. Les gusta pagar sobornos, y en Chile la corrupción provoca mucha indignación.

A lo largo de este análisis país por país, el autor ha ido dejando clara una cosa: China tiene un plan. O al menos, ha sido capaz de apostar durante décadas por la formación de funcionarios con el objetivo de diseñar una estrategia en América Latina. Esa capacidad de planificación y esos objetivos marcados a largo plazo le han servido al gigante asiático para avanzar posiciones en los últimos años y dejar una huella profunda en muchos países del continente americano. Y, ¿en qué consiste el plan? Está claro que el objetivo número uno de China es económico. Ha conseguido “colarse” con éxito en los tres grandes bloques comerciales en los que se encuadran los países latinoamericanos: NAFTA, Alianza del Pacífico y Mercosur.

Pero la economía per se no es lo único que mueve a China. Para lograr sus objetivos económicos, Pekín también necesita tejer relaciones políticas y contar con aliados que puedan defender sus posiciones diplomáticas. Su defensa de la no interferencia en asuntos internos y de un mundo multipolar exige a cambio el silencio de los países latinoamericanos sobre la violación de derechos humanos en su país y el respeto, por ejemplo, a la política de una sola china. El gigante asiático quiere ampliar todas sus fortalezas y no está dispuesto a renunciar a ninguna de ellas.

En conclusión, tenga o no China una estrategia para América Latina, América Latina no tiene una estrategia para China. Y China no es una ONG; si algo demuestra la historia reciente es que cada país busca en el ámbito de las relaciones internacionales la defensa de sus egoístas intereses nacionales. China tiene su agenda y la está persiguiendo. Tal vez haya llegado el momento de que América Latina tenga la suya propia.

Emmanuel Macron, ¿heredero de Napoleón III?

Intento de ambos de recolocar a Francia en el centro geoestratégico de Europa, con oposición de Alemania

El sobrino de Napoleón Bonaparte y el actual presidente de la República Francesa no son vidas completamente paralelas, pero entre ambos existen algunas similitudes realmente sugerentes. Es frecuente afirmar que los presidentes franceses reviven algo del empaque añorado de la monarquía decapitada; en el caso de Macron hay probablemente mucho de eso, pero también la asunción de unos imperativos geopolíticos ya evidenciados en el Segundo Imperio.

Napoleón III con uniforme en un retrato de 1850, y Macron en su mensaje televisado de Nochevieja de 2019

ARTÍCULO José Manuel Fábregas

El hecho de que Emmanuel Macron decidiera que la cumbre del G7 se celebrara en la ciudad vascofrancesa de Biarritz en agosto de 2019 hizo que se produjera un acercamiento simbólico con la figura de Napoleón III. El emperador, y sobrino de Napoleón Bonaparte, transformó el antiguo pueblo pesquero en un núcleo vacacional cosmopolita donde se reunían aristócratas europeos y miembros de las altas esferas políticas a escala internacional. Por su parte, Macron volvió a situar a Biarritz como el escenario de las grandes discusiones políticas mundiales.

Así confluyen dos personalidades que, con el atractivo de haber sido los más jóvenes jefes de Estado del país, comparten dos aspectos fundamentales en su forma de entender la política francesa. Primero, la influencia que ha tenido en ambos su infancia a la hora de desarrollar una forma personalista de entender la jefatura del Estado. Y, segundo, cómo los dos han intentado recolocar a Francia en el centro geoestratégico de Europa y han sido obstaculizados por Alemania. 

Cuál es el papel que debe tener el jefe del Estado

Dado que nació siendo quinto en el orden sucesorio de Napoleón I, el joven Luis Napoleón Bonaparte nunca previó que llegaría a convertirse en heredero de la casa imperial en 1832. Según cuenta su biógrafo Paul Guériot, su madre, Hortensia de Beauharnais, le inculcó desde pequeño la idea de que estaba destinado a reconstruir el ya acabado Imperio Napoleónico. La insistencia de su madre por que tuviera una perfecta formación intelectual y militar transformaron a Luis Napoleón –que recibió educación del jacobino, y seguidor de la figura de Robespierre, Philippe Le Bas– en una persona solitaria, tímida y megalómana obsesionada por restaurar la Francia Napoleónica[1].

La revolución de febrero de 1848, según Jacob Talmon, era inevitable “aunque fue, sin embargo, un accidente”[2]. El historiador israelí explica que los levantamientos en varios lugares de Europa fueron una reacción directa a la reordenación territorial del Congreso de Viena (1815). En este contexto de descontento o desilusión por el sistema de la Restauración, la figura de Luis Napoleón Bonaparte pudo haberse beneficiado de la imagen de revolucionario romántico que le habían asignado los periódicos y escritos de opinión de la época. Tras unos fallidos intentos de golpe de estado en Estrasburgo (1836) y en Bolonia (1840), el futuro emperador pasó un breve periodo de tiempo en prisión. Esto fue un aspecto determinante en la construcción del personaje de héroe romántico que tanta admiración despertó en una sociedad amante de las novelas de Alejandro Dumas[3]. La explotación de esta personalidad mediante un gran aparato propagandístico le permitió ganar holgadamente las elecciones de diciembre de 1848. Así, también podría decirse que el establecimiento del Segundo Imperio –ratificado por un plebiscito popular en noviembre de 1852– fue el siguiente paso en su principal proyecto político: el renacimiento de la Francia Napoleónica.

Por su parte, el actual presidente de la República Francesa también experimentó una infancia sobreprotectora que forjó, al igual que el último emperador de Francia, una personalidad solitaria y una forma individualista de entender la política. Anne Fulda subraya en su biografía de Emmanuel Macron que, al nacer un año después de la muerte de su hermana mayor y tras un complicado parto, su nacimiento fue considerado como un milagro. Esto pudo haber fomentado, junto con una educación competitiva en la que sobresalió como “niño prodigio”, su auto convencimiento de estar destinado a gobernar el país[4]. Sin embargo, su elección como jefe de Estado no fue fruto de una estrategia a largo plazo, sino más bien, como la de Luis Napoleón, de un movimiento táctico. La imagen renovadora que Macron ofrecía fue aprovechada de manera inteligente en unos comicios en los que se enfrentaba a rivales que presentaban ciertas debilidades comunicativas, como aquellos con un perfil bajo como François Fillon (republicano) y Benoît Hamon (socialista), u otros con tonos más extremistas como Marine Le Pen (Frente Nacional) y Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa).

En 2015, siendo todavía ministro de Economía, Emmanuel Macron hizo una interesante reflexión para el semanario Le 1 sobre cuál era el rol del presidente en Francia. Entendía que los ciudadanos franceses sentían una carencia tras la caída de la monarquía que habían intentado llenar mediante el fortalecimiento de la figura del presidente. Este excesivo peso del personalismo en la forma de entender la política de Macron también se ha demostrado recientemente en el relevo de Édouard Philippe como primer ministro. Debido a que la popularidad de este había crecido en el último año al mostrarse más carismático y calmado en contrapunto con la sobreactuación y el abusivo protagonismo del presidente, Macron escogió como su sustituto a Jean Castex, con un perfil más tecnócrata que no ensombrezca al presidente de cara a su reelección.

Qué papel debe jugar Francia en Europa

Este firme compromiso de ambos dirigentes por darle una mayor importancia y visibilidad al cargo de jefe del Estado trasciende las fronteras del país galo. Napoleón III y Emmanuel Macron también comparten el deseo de situar a Francia en el centro del equilibrio europeo.

Habiendo ganado las elecciones con un discurso en contra del orden heredado del Congreso de Viena, Napoleón III tenía su propio proyecto europeo basado en la libre integración o separación de las distintas identidades nacionales del viejo continente. Un claro ejemplo de ello fue la Guerra de Crimea (1854-1856). Temiendo que el decadente Imperio Otomano acabase siendo vasallo de Rusia, el emperador defendió, junto al Reino Unido y al Reino de Cerdeña, su independencia de los otomanos en un conflicto que separaría a Rusia de las demás potencias occidentales temporalmente[5]. El tratado de París (1856) no solo finalizaría la guerra, sino que también motivaría a Napoleón III a iniciar una política intervencionista en Europa.

El sueño imperial de Napoleón III le obligó a desarrollar una activa política exterior centrada en la ampliación de las fronteras francesas y el reordenamiento del continente teniendo en cuenta dos valores principales: el nacionalismo y el liberalismo. Sin embargo, comenta con acierto Henry Kissinger que su labor diplomática fue hasta tal punto confusa que “Francia no obtuvo nada”[6]. Al apoyar la unificación de Italia a costa de la pérdida de territorio del Imperio Austríaco, Napoleón favoreció involuntariamente la creación de Alemania. Estos hechos debilitaron fuertemente la influencia geoestratégica de Francia de cara a ese nuevo orden europeo al que aspiraba. En cambio, fueron las inteligentes tácticas diplomáticas de Bismarck las que realmente acabarían con el sistema de Viena, acelerando la caída del Segundo Imperio francés en la batalla de Sedán (1870).

Junto a esto, Emmanuel Macron se presenta como el salvador de la Unión Europea en un contexto marcado por el auge de movimientos populistas y euroescépticos. No obstante, sus ambiciosos proyectos de reformas se han topado con la reticencia de Angela Merkel.

En una reciente entrevista para The Economist, Emmanuel Macron señaló que la OTAN estaba en “muerte cerebral” y que Europa se encontraba “al borde del precipicio” al depender de Estados Unidos y no contar con una independencia en términos de defensa. Macron opta por una mayor integración de la Unión Europea en el ámbito estratégico, llegando a proponer incluso un único ejército paneuropeo. A modo de respuesta, la canciller alemana Angela Merkel le objetó que en este momento Europa no tiene capacidad para defenderse por sí sola y que, consecuentemente, depende de la Alianza Atlántica. Además, Macron también ha desafiado el aparente acuerdo entre los países de la Unión respecto a la incorporación de nuevos miembros y la relación con Rusia. El veto del presidente francés a una posible incorporación de Albania y Macedonia del Norte, alegando que no cumplían las cláusulas de la UE sobre corrupción, ha llegado a ser calificado como un “error histórico” al dejar el futuro de los países balcánicos a merced de Rusia y China. Esta posición no la comparte respecto a Rusia, con la cual está dispuesto a destensar las relaciones diplomáticas e incluso sugiere una mayor integración del país en Europa.

En definitiva, Emmanuel Macron y Napoleón III comparten una visión excesivamente egocéntrica. La sobreexposición de determinadas características personales en asuntos de Estado y la desmedida pretensión de liderazgo en Europa son dos aspectos comunes a estos dos jóvenes líderes. Pese a que la historiografía ya ha juzgado los errores que precipitaron a Luis Napoleón al exilio, todavía queda por saber si Macron está o no condenado a repetir la historia de su antecesor.

 

[1] Guériot, P. (1944). Napoleón III. Madrid: Ediciones Técnicas.

[2] Talmón, J.L. (1960). Mesianismo político. La etapa romántica. Ciudad de México: Ed. Aguilar.

[3] Guériot, P. (1944). Napoleón III. Madrid: Ediciones Técnicas.

[4] Fulda, A. (2017). Emmanuel Macron, el presidente que ha sorprendido a Europa. Madrid: Ediciones Península.

[5] Milza, P. (2004). Napoleón III. París: Éditions Perrin.

[6] Kissinger, Henry (1994). Diplomacia (Primera Edición). Barcelona: Ediciones B.

 

Las fuerzas aérea y naval de EEUU articulan su estrategia para el Ártico

Preparan proyectar “poder de combate creíble” en la nueva era de “competición estratégica”

Si el Ártico fue un importante escenario en la Guerra Fría, en la nueva tensión geopolítica su progresivo deshielo incluso acentúa sus características estratégicas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos adecuó en 2019 su estrategia para el Ártico a los nuevos planteamientos de rivalidad con Rusia y China, y luego su concreción ha correspondido a las fuerzas más involucradas en esa región: en 2020 la Fuerza Aérea presentó su propio documento y en este 2021 lo ha hecho la Armada, implicando también al Cuerpo de Marines y la Guardia Costera. Las directrices buscan garantizar la proyección de “poder de combate creíble”.

La tripulación del submarino USS Connecticut en los ejercicios ICEX 2020 [US Navy]

ARTÍCULO Pablo Sanz

El Ártico es importante por la riqueza natural aún por explotar que contiene su subsuelo (el 22% de los depósitos de hidrocarburo del mundo, que por lo que afecta al petróleo serían 90.000 millones de barriles) y por su posición estratégica en el globo: ahí confluyen las dos grandes masas continentales de Eurasia y América. La apertura de nuevas rutas marítimas gracias al progresivo deshielo no solo supone una ventaja comercial, sino además capacita actuar militarmente con mayor rapidez sobre ese y sobre otros escenarios.

Son muchos los países interesados en promover la cooperación y multilateralismo en la región, y así se hace desde el Consejo Ártico; no obstante, el complejo entorno de seguridad del Círculo Polar Ártico ha llevado a las principales potencias a fijar estrategias para defender sus respectivos intereses. En el caso de Estados Unidos, el Departamento de Defensa actualizó en junio de 2019 la estrategia para el Ártico que había elaborado tres años antes, con el fin de adecuarla al nuevo planteamiento surgido con la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de 2017 y trasladado a la Estrategia de Defensa Nacional (NDS) de 2018, documentos que dejan atrás la era del combate contra el terrorismo internacional y elevan a “rivalidad” la relación con China y Rusia, en una nueva situación geopolítica de “competición estratégica”.

La estrategia del Pentágono para el Ártico luego ha sido concretada por la Fuerza Aérea en un informe propio, presentado en julio de 2020, y después por la Armada, en enero de 2021. Con las mismas líneas generales, esos enfoques marco apuntan a tres objetivos:

1) Como “nación ártica”, por su soberanía sobre Alaska, Estados Unidos debe garantizar la seguridad en su territorio e impedir que desde posiciones polares pueda amenazarse otras partes del país.

2) Estados Unidos pretende establecer y liderar alianzas y acuerdos en el Ártico conforme al derecho internacional para mantener una situación de estabilidad en la zona.

3) Estados Unidos se compromete a preservar la libre navegación y el libre sobrevuelo en el Círculo Polar Ártico, limitando al mismo tiempo injerencias rusas y chinas contrarias a esa general libertad de acceso y tránsito.

Para conseguir estos objetivos, el Pentágono ha definido tres mecanismos de actuación:

i) Potenciar la concienciación sobre la importancia de la zona: la capacidad del Departamento de Defensa para detectar amenazas en el Ártico es un requisito previo para disuadir o responder a actividades de competidores estratégicos en la región.

ii) Mejorar y promover operaciones en el Ártico: el Departamento de Defensa mejorará la capacidad de actuación de sus fuerzas para operar en el Ártico mediante ejercicios y despliegues regulares en la región, tanto de forma independiente como junto con aliados. Algunos ejercicios se realizarán dentro del contexto de la OTAN mientras que otros serán bilaterales o multilaterales.

iii) Fortalecer el orden basado en las reglas que rigen el Ártico:  el Departamento de Defensa seguirá trabajando junto con aliados de Estados Unidos para mantener y fortalecer el régimen de libertad de navegación y de sobrevuelo. Esto ayudará a disuadir la realización de actos agresivos en la zona.

A partir de la nueva NDS el Departamento de Defensa establece que las Fuerzas Armadas estadounidenses deben estar en condiciones de resolver el principal problema detectado –la erosión del margen competitivo contra China y Rusia–, siendo capaces de “detener y, en caso necesario, derrotar la agresión de una gran potencia”. Para ello debe desarrollar una fuerza “más letal, resiliente, ágil y preparada”, que en la región del Ártico debe alcanzar un “creíble poder disuasorio”.

La doctrina militar estadounidense advierte que el carácter de “colchón estratégico” que venía teniendo el Ártico “se está erosionando”, convirtiéndose “en una vía de amenaza para el territorio nacional debido a los avances de las grandes potencias competidoras”. Además, “acoge puntos de lanzamiento críticos para la proyección global de poder y recursos naturales cada vez más accesibles”. No obstante, advierte que “la posibilidad inmediata de conflicto es baja”.

Así, pues, dentro del contexto de la implementación de la estrategia de defensa nacional, el Pentágono proclama que continuará preparando sus unidades con el fin de garantizar que el Ártico sea una región segura y estable en la que se salvaguarden los intereses nacionales de Estados Unidos, la seguridad regional y el trabajo conjunto de las naciones implicadas para abordar los problemas comunes.

Los documentos de la Fuerza Aérea y de la Armada estadounidenses describen medidas de apoyo para garantizar la capacidad de disuadir acciones hostiles en el Ártico por parte del resto de competidores regionales en la zona, al tiempo que priorizan un enfoque cooperativo y continuo que preserve las reglas por las cuales se rige el Ártico.

Aire y mar

Debido a que la corriente del Golfo de México se dirige a la vertiente europea del Ártico, la vertiente norteamericana sufre unas condiciones ambientales aún más duras, con menos infraestructuras marítimas y vías terrestres. Eso hace que el peso de la Fuerza Aérea en la defensa de este espacio sea claramente mayor, aportando el 80% de los recursos que el Pentágono dedica a la región.

Su actuación se asienta sobre diversas localizaciones. Seis de ellas se encuentran en Alaska: las grandes bases aéreas de Elmendorf-Richardson y Eielson; las instalaciones de aviso temprano de misiles de Clear y el radar de misiles de defensa de Eareckson, y otros puntos para coordinación, entrenamiento y escuela de supervivencia. Otras dos están en Groenlandia: el campo Raven de entrenamiento para aviones LC-130 y el recinto de Thule para aviso temprano de misiles. En Canadá, dispone de un sistema de una cincuentena de radares compartido por el NORAD (Mando Norteamericano de Defensa Aérea).

La Fuerza Aérea se propone mejorar esas capacidades, así como las de comando, control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (C3ISR). También se ha fijado el objetivo de aumentar las condiciones para el repostaje de combustible. Una vez se complete el despliegue de los F-35 en Eielson, Alaska acogerá más cazas avanzados que cualquier otra localización del mundo.

Por su parte, la Armada estadounidense hace girar su posicionamiento en torno al concepto de “Ártico Azul”, expresando gráficamente así la progresiva homologación con el conjunto de océanos del planeta lo que históricamente ha sido un casquete blanco infranqueable. La Armada contempla el aumento de su presencia, tanto con buques tripulados como con nuevas embarcaciones no tripuladas. En su documento estratégico, advierte que la investigación en nuevas capacidades “puede no quedar completamente realizada e integrada en la fuerza naval al menos en una década”.

La mayor presencia naval en la región se materializará también mediante el aumento de operaciones que ya realizan rutinariamente en el Ártico la Segunda y la Sexta Flotas y mediante la sincronización con el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera que está basada en Alaska. Para asegurar ese incremento operacional, la Armada llevará a cabo una mejora de las instalaciones para el atraque y asistencia de sus buques.

El documento de la Armada, que no concreta preparativos específicos, tampoco incluye los planes anunciados por la Guardia Costera de contar con una nueva flota de rompehielos. En la actualidad existen solo dos en servicios y la previsión es construir tres buques medios y tres pesados para 2029.

Con todo ello, Washington intenta hacer frente al acelerado esfuerzo que están llevando a cabo sus más directos competidores. En julio de 2020 el Departamento de Estado alertó sobre el creciente interés en el Ártico por parte de Rusia y China, a quienes acusó de protagonizar una competición “cada vez más agresiva” y lamentó que aquellos países que desean “paz, libertad y democracia”, incluido Estados Unidos, han sido unos “ingenuos”.

Rusia y China

Rusia nación con mayor masa de tierra y población dentro del Círculo Polar Ártico, región de la que Rusia obtiene el 25% de su PIB. Ningún otro país tiene tanta presencia militar permanente por encima del paralelo 66; tampoco otra nación cuenta con tantos barcos rompehielos, fluya flota Moscú quiere aumentar con catorce nuevos buques, uno de ellos de propulsión nucleaar.

Rusia formó su comando estratégico conjunto de la Flota del Norte en diciembre de 2014. “Desde entonces, Rusia ha fortalecido gradualmente su presencia creando nuevas unidades para el Ártico, reformando vieja infraestructura y aeródromos y estableciendo nuevas bases militares a lo largo de la costa. Hay también un esfuerzo concertado para establecer una red de sistemas de misiles de defensa aérea y costera, radares de aviso temprano, centros de rescate y variedad de sensores”, según constata el informe estratégico para el Ártico del Departamento de Defensa norteamericano. Estados Unidos también advierte que Rusia intenta regular el tráfico marítimo en la Ruta Norte con maneras que pueden exceder la autoridad que le permite el derecho internacional.

China, por otro lado, sin ser una nación ártica (Mohe, su ciudad más al norte está a la misma latitud de Filadelfia o Dublín) quiere ser un actor importante en la región. Es un país observador del Consejo Ártico y reivindica un estatus de “nación próxima al Ártico” que Washington no reconoce. En 2018 elaboró el primer libro blanco sobre su política para el Ártico y ha integrado esa área en su iniciativa de la nueva Ruta de la Seda.

Las actividades diplomáticas, económicas y científicas de China en el Ártico han crecido exponencialmente durante los últimos años. De momento su presencia operacional es limitada: cuenta con un rompehielos de capacidad polar de fabricación ucraniana (el Xuelong; recientemente ha construido el Xuelong 2), que ha navegado por aguas árticas en operaciones que China describe como expediciones de investigación.

La apertura de rutas marítimas árticas interesa a China, pues podría acortar los tiempos de envíos comerciales a Europa y reducir su dependencia de los flujos que atraviesan el estrecho de Malaca, un punto especialmente vulnerable.

Últimamente, China ha estado participando en crecientes actividades diplomáticas con los países nórdicos y cuenta con estaciones de investigación en Islandia y Noruega; además, explota recursos mineros en Groenlandia. Esto pone de manifiesto el creciente interés de Pekín por consolidar su presencia en la zona ártica a pesar de su lejanía respecto a la región.

Su gran capacidad financiera, además, lleva a que Rusia cuente con China para desarrollar proyectos energéticos y de infraestructura en la región, como es el caso de una instalación para gas natural licuado en Yamal. Según Frédéric Laserre, experto en geopolítica del Ártico de la Universidad de Laval, Rusia no tiene otra elección que aceptar capital chino para construir y desarrollar las infraestructuras necesarias para explotar los recursos debido a las sanciones económicas occidentales.

Belgium missed the opportunity of the Leopold II controversy

Cartoon depicting Belgian King Leopold II (in the middle) at the Berlin Conference of 1884, by engraver F. Maréchal

COMMENTARY Cameron Buckingham

The highwaters of the controversy about Belgium's colonial past in Africa, that dominated news at some point in 2020, have receded without Belgian grand institutions taking significant steps to redress the bad reputation. Belgian King Leopold II ordered horrible atrocities throughout the African continent but with the heaviest effect on the Democratic Republic of Congo. The genocide of over six million and slave labour of the Congolese people led by the late Belgian king resulted in immense wealth and can be directly linked to the success of Belgium in the modern-day. In the same way, it can be directly linked to the underdevelopment and continued struggle of the Democratic Republic of Congo. 

Currently, there has been an international movement to address the racial problems that plague the modern world. Regardless of the organization or political ideology, it is imperative to acknowledge these problems which stem directly from the unjust colonization, occupation, abuse, and slave trade throughout history. By actively not making any acknowledgment towards this issue, Belgium takes an ignorant stance which not only greatly affects its relations with central African countries, but an international stage speaks to its passive stance on Racism.

In 2019, a working group of experts from the United Nations issued a statement, composed of 74 key points of improvement the country should undertake, to the media with their conclusions of the effects of the colonial past within the country. The Working Group specifically condemned the Belgian government for their lack of engagement with the African minority in their population, as well as their lack of representation in federal institutions and media. The Working Group called on Belgian to improve their education resources so that they accurately portray what truly happened in Africa during colonial and Imperial times. Most importantly they urged Belgium to work on the recognition and social invisibility of people of African Descent, to make a clear and public apology to the African States and adopt a plan of action to confront racism within their country.

Domestic decolonisation

Within the country, the biggest reforms and measures to confront racism are taking place in the capital city of Brussels. One of the biggest changes is the Royal Museum for Central Africa: the museum has taken strides to remove elements of colonialism on display. However, the overall paternalistic attitude of the museum strains the relationship between Belgium and central African countries like the Democratic Republic of Congo and Burundi. In light of recent events, A statue of Leopold II has been removed by the Antwerp museum after it was set on fire by protestors. There have been many statues defaced by protestors all over Belgium, all calling for his image to be removed from public space as seen in this article Statue of Leopold II, Belgian King Who Brutalized Congo, Is Removed in Antwerp. Simultaneously the government of Brussels has also made attempts to change the names of public spaces or infrastructure that have ties to colonization Most notably seen in a road tunnel,  Belgium seeks new name for road tunnel as it takes on colonial past. Brussels has also launched a project to decolonize public space within the city, this was in direct reaction to the BLM movement. This is the most significant action the Belgian state has taken in an attempt to reshape its public history. From road tunnels to parks, the city is making an effort to change. All of these are very pertinent changes as Brussels is the capital city and hopefully, the rest of the nation follows suit. It is equally important to note the work being carried out by the government institution, Inter-Federal Centre of Equal Opportunities (UNIA), which is a public institution that fights discrimination and works to promote equal opportunities for African descendants in Belgium, has acted tremendously to improve the life of African descendants in Belgium

Despite these advancements, many flaws must be addressed. The Royal Museum of Central Africa chooses certain displays to take down but maintains that history must be preserved. The problem with this is not the artifacts themselves, rather the information and context that turns their public history into a glorification of colonialism. The same can be said for the textbooks and educational resources propagated by the state. The history told in these state resources surrounding the Congolese genocide and the colonisation of Africa do not accurately portray the events and continues a passive ignorant mindset towards this part of their history. It furthers a paternalistic take on history that paints the Belgian leaders as people who were benevolent and brought civilization; When in reality they were brutal oppressors to native populations who exploited and abused central Africa in the name of wealth. While progress is being made, it is not nearly enough considering the global progress and the scale of impact Belgium's colonisation continues to have domestically and internationally.

African reparations

Countries such as Congo and Burundi still have effects today of the violence and loss from the Congolese genocide over a century ago. Their overall underdevelopment and indicators such as HDI, CPI, and GDP can be directly linked to the causes of Belgian colonization. Burundi has asked for $43 billion in reparations, while the Belgian government has yet to offer anything. Other African countries have sought reparations but Belgium has yet to pay any. This is significant because the lack of response and acknowledgment shown by the Belgian government especially during this racially charged period in time points to a blind spot of ignorance of the state. The farthest they have gone to show any sort of repatriation is by returning the tooth of an important political figure in Congo, this information can be accessed here: Belgium to return tooth of assassinated Congolese leader Patrice Lumumba to family | DW | 10.09.2020. This is dismal because it fails to acknowledge the ongoing effects of their colonists' period which paints horribly for their public history in the diplomatic sphere. The Belgian government has an opportunity to better utilize public history for the good of their image, as well as their growth as a country and relations with others however by not taking actions they are hurting themselves. Not only have the economies of these post-colony countries not been able to fully develop, the success of the Belgium economy that is rooted in colonisation creates a twisted paradox for these countries; Their resources and suffering were exploited by an Imperial power who continues to reap the benefits while they are left impoverished and impacted. In this sense, the exploitation of central Africa by Belgium continues today.

Conclusions and recommendations.

Belgium is missing the opportunity to take advantage of such a racially charged time to condemn their past behaviour, acknowledge their impact on Africa, and offer their support to countries they devastated. Belgium should uplift itself by creating a new public history, one that condemns their past. After 11 weeks of social media observation, the Belgium Ministry of Foreign affairs has not posted any content related to racial awareness or their former African colonies. One of the greatest tools today is social media, instead of only posting the glories of their country they should bring awareness to their past, on the biggest platform possible. However, it is not enough to bring light to this issue on social media. It is important to work with other governments, such as the Democratic Republic of Congo, to amend and take necessary actions. Belgium needs to consider economic treaties with central Africa that would not only benefit both countries but make reparations for the African states. The goal of Belgian actions should be not only to acknowledge their colonial past but to actively make reparations and accurately acknowledge their atrocities and the impact they have had on central Africa, as well as the impact it's had on Belgian success as a country.

While Belgium ignores their colonial past, surrounding countries such as the Netherlands condemn and continue to actively work against racial cleavages in society. France, in a similar manner, continues to denounce the actions taken by Napoleon Bonaparte and even uses their history to emphasize their strengths not only in times of racial equality but also during coronavirus. With this in mind, it is time for Belgium to step up and meet or exceed the awareness of their neighbours and take actions to address their history and use it as a tool to improve.

Exploring Democratization and political reconstruction

South Africa and Rwanda move in a wide spectrum between democracy and non-democracy: they have been labelled respectively a flawed democracy and an authoritarian regime. They are in a liminal political status, with some comparable political parameters.

A rally organized by the African National Congress during the 2019 general elections campaign [ANC]

ESSAY Pablo Arbuniés

Introduction

In 1994 both South Africa and Rwanda embarked on a journey of political change that to this day seems unfinished. The first saw the end of apartheid and the beginning of a transition to non-racial democracy, while the latter saw the end of a civil conflict that sparked a genocide.

Both countries faced fundamental changes of a political and social nature at the same time in two very different ways. South Africa faced such change from the perspective of democracy, while Rwanda saw the collapse of a radical ethnic regime under Habyalimana after the civil war in 1994.

Understanding that countries move in a wide spectrum between democracy and non-democracy, that is, that they often are in a liminal political status, is the very basis to study these processes. Comparing these countries that experienced monumental political change at the same time can be useful to understand how societies can be rebuilt after a dark period. Depending on how the transition started, either through force as is the case in Rwanda or via political consensus or constitutional change as in South Africa, the path that the country will follow can vary greatly. It is also worth exploring how a post-conflict consensus can be the basis of a renewed system. Of key interest is how long such dispensation go uncontested and how stable it can sustain the project.  

The case of South Africa and Rwanda

South Africa is classified by some as a Flawed Democracy[1], meaning that there are free and fair elections but there are factors that prevent it from arriving at a full democratic rule. In 1990, the government re-established multi-party politics. Then, the 1992 referendum approved universal suffrage, including black people in the democratic process, and the 1994 general elections were the first democratic and universal vote in the history of the country. The African National Congress (ANC) came to power and has won all the following elections.

The ANC—and similarly, the Rwandan Patriotic Front (RPF)—has a sense of exceptionalism, a belief that it has an extraordinary mandate to finish the revolution that only it can fulfil[2]. However, recent elections have shown a decrease in popular support for the ANC. Yet the fact that, over time, the ruling party during a transition process eventually loses free elections is a sign of a consolidated democracy[3].

Rwanda on the other hand is deemed an authoritarian regime by the EIU[4]. In the aftermath of the civil war and the genocide, the Rwandan Patriotic Front (RPF) positioned itself as a guarantor of security, consolidating control over all sectors of society. This provision of security and stability in the wake of a conflict, accompanied by an authoritarian use of power, can be referred to as the authoritarian social contract, prioritising security over democracy and fundamental rights, but with a sufficiently transparent and accountable government.

This article will proceed to explore a few indicators like transitional justice, legal framework and institutions, separation of power and rule of law, transparency and accountability plus civil society to test whether South Africa and Rwanda have attained democratic transition through building sustainable political institutions.

Transitional justice

The South African Constitution highlights the importance of healing the consequences of apartheid and establishing a society based on human rights, democracy and social justice. Thus, in 1995 the Government established the Truth and Reconciliation Commission (TRC), tasked with uncovering past injustices and establishing the truth about the apartheid.

The TRC was composed of three committees: Human rights violations, Reparation and Rehabilitation and Amnesty. Their ultimate goal was to restore the dignity and encourage the spirit of forgiveness between the victims and the perpetrators.

However, in terms of accountability, the TRC has fallen short. The offer of “amnesty for the truth” as well as the de facto back door amnesty provided by the National Prosecuting Authority’s Prosecution Policy have meant effective immunity for apartheid-era perpetrators even if they did not apply for amnesty nor helped the TRC. Even after the “back door” was declared unconstitutional in 2008, none of the cases affected has returned to the courts.[5]

In Rwanda, the priority after the civil war and genocide was also rebuilding social peace. Civil war crimes and genocide were treated differently from each other in transitional justice, partly due to the reluctance of the RPF to judge its crimes as a belligerent actor in the civil war, and also because of the prioritising of genocide prosecution.[6]

Rwanda’s main challenge for transitional justice was the vast number of people that took part in the genocide. Despite other countries facing similar problems and opting for amnesties or selective prosecution, Rwanda chose the way of accountability through criminal trials. To achieve this, the government had to create community courts (Gacaca) to make accountability possible for low-level genocide suspects.

This choice of criminal prosecution was defended by the RPF as a measure to end impunity culture that led to the genocide. However, the massive prosecutions have ended up overwhelming the system and hindering the rule of law.

Legal framework and institutions

Constitution

In its transition to democracy, South Africa chose to completely re-write its constitution. The 1996 Constitution was promulgated by Nelson Mandela and entered into force in 1997, in place of the 1993 interim constitution. The interim constitution set the bases for the final one, including universal adult suffrage, the prohibition of discrimination, multi-party democracy, separation of powers, etc.

However, the biggest achievement of the South African transition is how the institutions in charge of the elections have been built on consensus and with the guarantee of non-interference by the ruling party, making the Electoral Commission a body publicly perceived to be neutral and impartial.[7]

Rwanda held a referendum in 2003 to approve a new constitution, after a deep public consultation process. A new constitution was approved, prohibiting ethnic politics along with other forms of discrimination. This clause has been widely used by the government to maintain a one-party system by illegalising opposition parties and attacking any form of political dissent under the façade of preventing another genocide[8]. In 2015 term limits were abolished by referendum, allowing president Kagame to run for a third 7-year term.

Separation of powers and rule of law

In terms of separation of powers and checks and balances, South Africa ranks above the average of its region according to the world justice and rule of law index. Its overall score in the Rule of Law Index is of 0.59, making it the 45th country out of 128.  The lowest rated indicators for the country are absence of corruption at 0.48 and criminal justice at 0.53. In terms of fundamental rights, all indicators are above average and above the upper-middle threshold except for no discrimination, valued al 0.54.

Constraints on government powers are measured at 0.63, and all indicators are above average and above the “upper-middle” threshold. Legislative and judiciary checks and balances are valued at 0.58 and 0.67 respectively, meaning that there is an effective separation of powers. However, and despite the absence of corruption ranking above average, in the legislative power is below the upper-middle threshold and valued at a worrying 0.23, and in the executive branch it is also below said threshold at 0.4. Corruption in the executive and the legislative powers can be explained as a consequence of the political dominance of the ANC and its firm grab onto power, and it should eventually fade away when a new party reaches power.

On the other hand, Rwanda is a fascinating case, since it presents a very low score on the democratic index[9] but an overall decent rule of law index.[10] In other words, Rwanda’s government might not be democratic, but it does play by the rules, hence reinforcing the idea of an authoritarian social contract that is indeed being fulfilled by the government. In fact, despite being an authoritarian country, Rwanda’s rule of law index is higher than South Africa’s, and the second highest in Sub-Saharan Africa, only bettered by Namibia (one of the best-ranked democracies in the region).

To further prove the point of the authoritarian social contract, looking at the different indicators of the Rule of Law Index, one can notice that its lowest-rated indicators are the fundamental rights ones (0.51, ranking 81st in the world) and it’s the best indicator is order and security (0.84, ranking 22nd in the world) with a perfect score in absence of civil conflict (1.00).

Limits to governmental power by the legislative and judiciary powers are worth mentioning too. In the case of legislative checks and balances, the country ranks below the Sub-Saharan average, partly due to the predominance of RPF parliamentarians dominating the legislature. Hence they provide little checks on the executive. On the other hand, Judiciary checks and sanctions for official misconduct are above the Sub-Saharan average, showing a surprising level of judiciary independence for a country deemed as authoritarian.

Transparency and accountability

Transparency indicators show South Africa leading the regional chart, well above the Sub-Saharan average and also above the upper-middle threshold, which means that the government can be considered transparent enough. In the other hand, persistent levels of corruption in the executive and legislative power, as well as in the police and military (ranked above regional average but below the upper-middle threshold) show worrying signs that could obstruct the accountability of those holding power. Indeed, sanctions for official misconduct are the weaker link in constraints on government power, showing a limited action taken against corruption, but still ranking above the Sub-Saharan average.

In Rwanda, judiciary independence and sanctions for official misconduct are also above average for the region, showing an acceptable degree of accountability in the exercise of power that yet again can be surprising in an authoritarian country.

In terms of transparency, Rwanda ranks above the Sub-Saharan average in all indicators: publicized laws and government data (0.60), right to information (0.61), civic participation (0.53) and complaint mechanisms (0.60). Corruption indicators are above regional average as well with corruption in the legislative power being the worst of the lot despite still being better than that of its neighbouring counterparts.

 

Civil society

The ANC has, in a similar fashion to the RPF, tried to become a gatekeeping power, attempting to draw the limits of what is acceptable opposition or an acceptable discourse. This allows the parties to monopolize the social cohesion discourse by presenting themselves as the only legitimate actor to tackle the issue.

In South Africa, the ANC accuses the opposition parties of trying to bring back apartheid; for instance, it claims that the Democratic Alliance aims to return to a minority rule system. Thus, the party presents itself as the only one that can prevent the Boers from returning to power. A state of constant alert is promoted by the ANC, not only within national politics and against civil society actors, but also claiming that foreign agendas are seeking a regime change in the country and trying to turn the people against their leaders.[11]

In Rwanda, the government took advantage of the post-conflict situation to limit public participation in the political sphere. Those opposed to the government are marginalised and their discourse is rejected as genocide-promoting or supportive of ethnical divisions. This is key for the government to retain popular support, as any dissenting voice will be delegitimized and presented as a call to go back to the worst moments of Rwanda’s history, and thus publicly rejected. As for dealing with foreign civil society actors, Kagame tends to delegitimize them by associating any dissenting foreign opinion with colonialism.[12] This overall helps the RPF sustain their rhetoric of the Rwandicity of the people as the only way of keeping social peace and cohesion.

This discourse that attempts to create national unity as well as within the parties, has a constant “rally around the flag” effect, silencing dissenting opinions and deterring potential civil society actors, in fear of being singled out as apartheid or genocide promoters. This results in a weakened civil society often deterred from criticising the government in fear of being marginalised and portrayed as either a colonialist or a promoter of ethnic division and genocide. Dissenting voices are turned into enemies of the nation and used for an “us versus them” political discourse.

Despite this, non-governmental checks on the exercise of power in South Africa are valued at 0.71, well above the Sub-Saharan average as well as the upper-middle threshold. Freedom of expression has the same score and again y both above the regional average and nearly reaching the higher threshold.

Overall, South Africa has a robust civil society that plays a key role in creating and sustaining political culture, tackling the gaps between national and local politics, as well as holding public officials accountable and checking their use of power. This can be seen in the outing of former presidents Thabo Mbeki and Jacob Zuma through consistent mobilisations and lawsuits.[13]

For Rwanda, as expected in an authoritarian country, civil society is not a key actor. Non-governmental checks to the use of power are low (0.45), and likely limited by an also low freedom of expression indicator (0.45).

Conclusions

Treating democracy and non-democracy as a dichotomy instead of the two sides of a wide spectrum would not allow us to look at how different variables are key to understanding national politics. Instead, it is crucial to understand that many countries occupy a liminal space between democracy and non-democracy without necessarily moving towards either. Therefore, it is in that space that they should be analysed in order to be fully understood. That being said, South Africa and Rwanda both occupy very different liminal spaces, with the first being much closer to full democracy than the former.

The civil society indicators, as well as the role of transitional justice, show a very clear difference between South Africa and Rwanda, which is rooted in the legitimation of the power of the ruling party, as well as in the background of their political changes. The RPF came to power by winning the civil war and used transitional justice to whitewash its image as no RPF member has been investigated for alleged war crimes[14]. Thus, the lack of accountability and the militaristic nature of the transition can be seen as factors that discourage citizen participation in politics. On the other hand, South Africa had an easier task with transitional justice, but the result cannot be considered perfect or ideal, and many criticise the South African model of transitional justice for being too superficial and symbolic and not providing the needed social healing. Also, South Africa’s transition is built on political consensus instead of the outcome of a civil war, and that spirit of consensus can be seen in the much bigger role of civil society nowadays. The ability of civil society actors to hold political ones to a high enough standard is key in rebuilding a country.

The transparency indicators show that both countries have open and transparent governments, with Rwanda scoring better than South Africa in the publicized laws & government data as well as the right to information indicators, which can be surprising due to the authoritarian nature of the Rwandan government.

Although both countries seem to be in very different positions, they share a political discourse based on party exceptionalism and rejection of dissenting voices as encouragers of genocide or apartheid. The fear of ethnic conflict is the very basis of the traces of an authoritarian social contract that still prevails in the South African and Rwandan politics.

In terms of institutional transformation, South Africa shows how important it is to build trustworthy institutions, with the best example being the Electoral Commission. Also, political trust in pacific transitions of power after an election is a sign of a consolidated democracy and shows the success of South Africa.

The level of transparency of the Rwandan government, added to its success in the accountability and security aspects and the high civil and criminal justice indicators (all above regional average) show how an authoritarian country can effectively deal with a post-conflict situation without abandoning its non-democratic model. Rwanda is a fascinating example of a successfully fulfilled authoritarian social contract in which civil liberties are given up in exchange for a peaceful and stable environment in which the country can heal economically as the quite positive GDP per capita projections show.[15]

[2] Beresford, A. Liberation movements and stalled democratic transitions: reproducing power in Rwanda and South Africa through productive liminality https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2018.1461209 

[3] Huntington, S. P. (1991). The third wave: Democratization in the late 20th century.

[5] International Center for Transitional Justice, South Africa https://www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/south-africa

[6] Waldorf, L, Transitional Justice and DDR: The Case of Rwanda, International Center for Transitional Justice https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Rwanda-CaseStudy-2009-English.pdf

[7] Ahere, J. R. (2020). Africa's dalliance with democracy, but whose democracy? In N. Sempijja, & K. Molope, Africa rising? Navigating the nexus between rhetoric and emerging reality (pp. 37-54). Pamplona: Eunsa.

[8] Roth, K. The power of horror in Rwanda,  https://www.hrw.org/news/2009/04/11/power-horror-rwanda

[11] Beresford, A. Liberation movements and stalled democratic transitions: reproducing power in Rwanda and South Africa through productive liminality https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2018.1461209

[12] Beresford, A. Liberation movements and stalled democratic transitions: reproducing power in Rwanda and South Africa through productive liminality https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2018.1461209 

[13] Gumede, W. How civil society has strengthened South Africa’s democracy https://www.corruptionwatch.org.za/civil-society-strengthened-democracy-south-africa/#toggle-id-1

[14] Waldorf, L, Transitional Justice and DDR: The Case of Rwanda, International Center for Transitional Justice https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Rwanda-CaseStudy-2009-English.pdf

[15] IMF. "Rwanda: Gross domestic product (GDP) per capita in current prices from 1985 to 2025 (in U.S. dollars)." Chart. October 12, 2020. Statista. Accessed January 25, 2021. https://www.statista.com/statistics/452130/gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-rwanda/

Exploring Democratization and political reconstruction: The case of South Africa and Rwanda

A rally organized by the African National Congress during the 2019 general elections campaign [ANC]

ESSAY Pablo Arbuniés

Introduction

In 1994 both South Africa and Rwanda embarked on a journey of political change that to this day seems unfinished. The first saw the end of apartheid and the beginning of a transition to non-racial democracy, while the latter saw the end of a civil conflict that sparked a genocide.

Both countries faced fundamental changes of a political and social nature at the same time in two very different ways. South Africa faced such change from the perspective of democracy, while Rwanda saw the collapse of a radical ethnic regime under Habyalimana after the civil war in 1994.

Understanding that countries move in a wide spectrum between democracy and non-democracy, that is, that they often are in a liminal political status, is the very basis to study these processes. Comparing these countries that experienced monumental political change at the same time can be useful to understand how societies can be rebuilt after a dark period. Depending on how the transition started, either through force as is the case in Rwanda or via political consensus or constitutional change as in South Africa, the path that the country will follow can vary greatly. It is also worth exploring how a post-conflict consensus can be the basis of a renewed system. Of key interest is how long such dispensation go uncontested and how stable it can sustain the project.  

The case of South Africa and Rwanda

South Africa is classified by some as a Flawed Democracy[1], meaning that there are free and fair elections but there are factors that prevent it from arriving at a full democratic rule. In 1990, the government re-established multi-party politics. Then, the 1992 referendum approved universal suffrage, including black people in the democratic process, and the 1994 general elections were the first democratic and universal vote in the history of the country. The African National Congress (ANC) came to power and has won all the following elections.

The ANC—and similarly, the Rwandan Patriotic Front (RPF)—has a sense of exceptionalism, a belief that it has an extraordinary mandate to finish the revolution that only it can fulfil[2]. However, recent elections have shown a decrease in popular support for the ANC. Yet the fact that, over time, the ruling party during a transition process eventually loses free elections is a sign of a consolidated democracy[3].

Rwanda on the other hand is deemed an authoritarian regime by the EIU[4]. In the aftermath of the civil war and the genocide, the Rwandan Patriotic Front (RPF) positioned itself as a guarantor of security, consolidating control over all sectors of society. This provision of security and stability in the wake of a conflict, accompanied by an authoritarian use of power, can be referred to as the authoritarian social contract, prioritising security over democracy and fundamental rights, but with a sufficiently transparent and accountable government.

This article will proceed to explore a few indicators like transitional justice, legal framework and institutions, separation of power and rule of law, transparency and accountability plus civil society to test whether South Africa and Rwanda have attained democratic transition through building sustainable political institutions.

Transitional justice

The South African Constitution highlights the importance of healing the consequences of apartheid and establishing a society based on human rights, democracy and social justice. Thus, in 1995 the Government established the Truth and Reconciliation Commission (TRC), tasked with uncovering past injustices and establishing the truth about the apartheid.

The TRC was composed of three committees: Human rights violations, Reparation and Rehabilitation and Amnesty. Their ultimate goal was to restore the dignity and encourage the spirit of forgiveness between the victims and the perpetrators.

However, in terms of accountability, the TRC has fallen short. The offer of “amnesty for the truth” as well as the de facto back door amnesty provided by the National Prosecuting Authority’s Prosecution Policy have meant effective immunity for apartheid-era perpetrators even if they did not apply for amnesty nor helped the TRC. Even after the “back door” was declared unconstitutional in 2008, none of the cases affected has returned to the courts.[5]

In Rwanda, the priority after the civil war and genocide was also rebuilding social peace. Civil war crimes and genocide were treated differently from each other in transitional justice, partly due to the reluctance of the RPF to judge its crimes as a belligerent actor in the civil war, and also because of the prioritising of genocide prosecution.[6]

Rwanda’s main challenge for transitional justice was the vast number of people that took part in the genocide. Despite other countries facing similar problems and opting for amnesties or selective prosecution, Rwanda chose the way of accountability through criminal trials. To achieve this, the government had to create community courts (Gacaca) to make accountability possible for low-level genocide suspects.

This choice of criminal prosecution was defended by the RPF as a measure to end impunity culture that led to the genocide. However, the massive prosecutions have ended up overwhelming the system and hindering the rule of law.

Legal framework and institutions

Constitution

In its transition to democracy, South Africa chose to completely re-write its constitution. The 1996 Constitution was promulgated by Nelson Mandela and entered into force in 1997, in place of the 1993 interim constitution. The interim constitution set the bases for the final one, including universal adult suffrage, the prohibition of discrimination, multi-party democracy, separation of powers, etc.

However, the biggest achievement of the South African transition is how the institutions in charge of the elections have been built on consensus and with the guarantee of non-interference by the ruling party, making the Electoral Commission a body publicly perceived to be neutral and impartial.[7]

Rwanda held a referendum in 2003 to approve a new constitution, after a deep public consultation process. A new constitution was approved, prohibiting ethnic politics along with other forms of discrimination. This clause has been widely used by the government to maintain a one-party system by illegalising opposition parties and attacking any form of political dissent under the façade of preventing another genocide[8]. In 2015 term limits were abolished by referendum, allowing president Kagame to run for a third 7-year term.

Separation of powers and rule of law

In terms of separation of powers and checks and balances, South Africa ranks above the average of its region according to the world justice and rule of law index. Its overall score in the Rule of Law Index is of 0.59, making it the 45th country out of 128.  The lowest rated indicators for the country are absence of corruption at 0.48 and criminal justice at 0.53. In terms of fundamental rights, all indicators are above average and above the upper-middle threshold except for no discrimination, valued al 0.54.

Constraints on government powers are measured at 0.63, and all indicators are above average and above the “upper-middle” threshold. Legislative and judiciary checks and balances are valued at 0.58 and 0.67 respectively, meaning that there is an effective separation of powers. However, and despite the absence of corruption ranking above average, in the legislative power is below the upper-middle threshold and valued at a worrying 0.23, and in the executive branch it is also below said threshold at 0.4. Corruption in the executive and the legislative powers can be explained as a consequence of the political dominance of the ANC and its firm grab onto power, and it should eventually fade away when a new party reaches power.

On the other hand, Rwanda is a fascinating case, since it presents a very low score on the democratic index[9] but an overall decent rule of law index.[10] In other words, Rwanda’s government might not be democratic, but it does play by the rules, hence reinforcing the idea of an authoritarian social contract that is indeed being fulfilled by the government. In fact, despite being an authoritarian country, Rwanda’s rule of law index is higher than South Africa’s, and the second highest in Sub-Saharan Africa, only bettered by Namibia (one of the best-ranked democracies in the region).

To further prove the point of the authoritarian social contract, looking at the different indicators of the Rule of Law Index, one can notice that its lowest-rated indicators are the fundamental rights ones (0.51, ranking 81st in the world) and it’s the best indicator is order and security (0.84, ranking 22nd in the world) with a perfect score in absence of civil conflict (1.00).

Limits to governmental power by the legislative and judiciary powers are worth mentioning too. In the case of legislative checks and balances, the country ranks below the Sub-Saharan average, partly due to the predominance of RPF parliamentarians dominating the legislature. Hence they provide little checks on the executive. On the other hand, Judiciary checks and sanctions for official misconduct are above the Sub-Saharan average, showing a surprising level of judiciary independence for a country deemed as authoritarian.

Transparency and accountability

Transparency indicators show South Africa leading the regional chart, well above the Sub-Saharan average and also above the upper-middle threshold, which means that the government can be considered transparent enough. In the other hand, persistent levels of corruption in the executive and legislative power, as well as in the police and military (ranked above regional average but below the upper-middle threshold) show worrying signs that could obstruct the accountability of those holding power. Indeed, sanctions for official misconduct are the weaker link in constraints on government power, showing a limited action taken against corruption, but still ranking above the Sub-Saharan average.

In Rwanda, judiciary independence and sanctions for official misconduct are also above average for the region, showing an acceptable degree of accountability in the exercise of power that yet again can be surprising in an authoritarian country.

In terms of transparency, Rwanda ranks above the Sub-Saharan average in all indicators: publicized laws and government data (0.60), right to information (0.61), civic participation (0.53) and complaint mechanisms (0.60). Corruption indicators are above regional average as well with corruption in the legislative power being the worst of the lot despite still being better than that of its neighbouring counterparts.

 

Civil society

The ANC has, in a similar fashion to the RPF, tried to become a gatekeeping power, attempting to draw the limits of what is acceptable opposition or an acceptable discourse. This allows the parties to monopolize the social cohesion discourse by presenting themselves as the only legitimate actor to tackle the issue.

In South Africa, the ANC accuses the opposition parties of trying to bring back apartheid; for instance, it claims that the Democratic Alliance aims to return to a minority rule system. Thus, the party presents itself as the only one that can prevent the Boers from returning to power. A state of constant alert is promoted by the ANC, not only within national politics and against civil society actors, but also claiming that foreign agendas are seeking a regime change in the country and trying to turn the people against their leaders.[11]

In Rwanda, the government took advantage of the post-conflict situation to limit public participation in the political sphere. Those opposed to the government are marginalised and their discourse is rejected as genocide-promoting or supportive of ethnical divisions. This is key for the government to retain popular support, as any dissenting voice will be delegitimized and presented as a call to go back to the worst moments of Rwanda’s history, and thus publicly rejected. As for dealing with foreign civil society actors, Kagame tends to delegitimize them by associating any dissenting foreign opinion with colonialism.[12] This overall helps the RPF sustain their rhetoric of the Rwandicity of the people as the only way of keeping social peace and cohesion.

This discourse that attempts to create national unity as well as within the parties, has a constant “rally around the flag” effect, silencing dissenting opinions and deterring potential civil society actors, in fear of being singled out as apartheid or genocide promoters. This results in a weakened civil society often deterred from criticising the government in fear of being marginalised and portrayed as either a colonialist or a promoter of ethnic division and genocide. Dissenting voices are turned into enemies of the nation and used for an “us versus them” political discourse.

Despite this, non-governmental checks on the exercise of power in South Africa are valued at 0.71, well above the Sub-Saharan average as well as the upper-middle threshold. Freedom of expression has the same score and again y both above the regional average and nearly reaching the higher threshold.

Overall, South Africa has a robust civil society that plays a key role in creating and sustaining political culture, tackling the gaps between national and local politics, as well as holding public officials accountable and checking their use of power. This can be seen in the outing of former presidents Thabo Mbeki and Jacob Zuma through consistent mobilisations and lawsuits.[13]

For Rwanda, as expected in an authoritarian country, civil society is not a key actor. Non-governmental checks to the use of power are low (0.45), and likely limited by an also low freedom of expression indicator (0.45).

Conclusions

Treating democracy and non-democracy as a dichotomy instead of the two sides of a wide spectrum would not allow us to look at how different variables are key to understanding national politics. Instead, it is crucial to understand that many countries occupy a liminal space between democracy and non-democracy without necessarily moving towards either. Therefore, it is in that space that they should be analysed in order to be fully understood. That being said, South Africa and Rwanda both occupy very different liminal spaces, with the first being much closer to full democracy than the former.

The civil society indicators, as well as the role of transitional justice, show a very clear difference between South Africa and Rwanda, which is rooted in the legitimation of the power of the ruling party, as well as in the background of their political changes. The RPF came to power by winning the civil war and used transitional justice to whitewash its image as no RPF member has been investigated for alleged war crimes[14]. Thus, the lack of accountability and the militaristic nature of the transition can be seen as factors that discourage citizen participation in politics. On the other hand, South Africa had an easier task with transitional justice, but the result cannot be considered perfect or ideal, and many criticise the South African model of transitional justice for being too superficial and symbolic and not providing the needed social healing. Also, South Africa’s transition is built on political consensus instead of the outcome of a civil war, and that spirit of consensus can be seen in the much bigger role of civil society nowadays. The ability of civil society actors to hold political ones to a high enough standard is key in rebuilding a country.

The transparency indicators show that both countries have open and transparent governments, with Rwanda scoring better than South Africa in the publicized laws & government data as well as the right to information indicators, which can be surprising due to the authoritarian nature of the Rwandan government.

Although both countries seem to be in very different positions, they share a political discourse based on party exceptionalism and rejection of dissenting voices as encouragers of genocide or apartheid. The fear of ethnic conflict is the very basis of the traces of an authoritarian social contract that still prevails in the South African and Rwandan politics.

In terms of institutional transformation, South Africa shows how important it is to build trustworthy institutions, with the best example being the Electoral Commission. Also, political trust in pacific transitions of power after an election is a sign of a consolidated democracy and shows the success of South Africa.

The level of transparency of the Rwandan government, added to its success in the accountability and security aspects and the high civil and criminal justice indicators (all above regional average) show how an authoritarian country can effectively deal with a post-conflict situation without abandoning its non-democratic model. Rwanda is a fascinating example of a successfully fulfilled authoritarian social contract in which civil liberties are given up in exchange for a peaceful and stable environment in which the country can heal economically as the quite positive GDP per capita projections show.[15]


[2] Beresford, A. Liberation movements and stalled democratic transitions: reproducing power in Rwanda and South Africa through productive liminality https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2018.1461209 

[3] Huntington, S. P. (1991). The third wave: Democratization in the late 20th century.

[5] International Center for Transitional Justice, South Africa https://www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/south-africa

[6] Waldorf, L, Transitional Justice and DDR: The Case of Rwanda, International Center for Transitional Justice https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Rwanda-CaseStudy-2009-English.pdf

[7] Ahere, J. R. (2020). Africa's dalliance with democracy, but whose democracy? In N. Sempijja, & K. Molope, Africa rising? Navigating the nexus between rhetoric and emerging reality (pp. 37-54). Pamplona: Eunsa.

[8] Roth, K. The power of horror in Rwanda,  https://www.hrw.org/news/2009/04/11/power-horror-rwanda

[11] Beresford, A. Liberation movements and stalled democratic transitions: reproducing power in Rwanda and South Africa through productive liminality https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2018.1461209

[12] Beresford, A. Liberation movements and stalled democratic transitions: reproducing power in Rwanda and South Africa through productive liminality https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2018.1461209 

[13] Gumede, W. How civil society has strengthened South Africa’s democracy https://www.corruptionwatch.org.za/civil-society-strengthened-democracy-south-africa/#toggle-id-1

[14] Waldorf, L, Transitional Justice and DDR: The Case of Rwanda, International Center for Transitional Justice https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Rwanda-CaseStudy-2009-English.pdf

[15] IMF. "Rwanda: Gross domestic product (GDP) per capita in current prices from 1985 to 2025 (in U.S. dollars)." Chart. October 12, 2020. Statista. Accessed January 25, 2021. https://www.statista.com/statistics/452130/gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-rwanda/