4 de septiembre, 2018

ENSAYO / Alejandro Palacios

La República de Mauricio, Estado insular de 1,2 millones de habitantes en el suroeste del océano Índico, a 900 kilómetros de la costa de Madagascar, puede pasar como un buen ejemplo de los progresos que en materia de Derechos Humanos están realizando diversos gobiernos africanos. Esto no quiere decir que este archipiélago sea un país ejemplar en la aplicación de los Derechos Humanos, pues ciertamente aún le queda mucho camino por recorrer en su correcta aplicación. Pero su caso es interesante como país que, a pesar de encontrarse aún en vías de desarrollo, ha sido capaz de confeccionar un sistema legal en el cual el respeto a los derechos fundamentales juega un papel esencial.

En este documento se hará mención del estado de los Derechos Humanos en algunas de las áreas más importantes de la vida política y social de Mauricio, tales como la práctica democrática, la actividad laboral o el acceso al agua potable, entre otras. A su vez, se tratará de dar respuesta a la pregunta de si el sistema jurídico mauriciano está o no adecuado para hacer frente a la lucha contra los abusos y violaciones de tales derechos y, sobre todo, si el Gobierno, atendiendo a los recursos disponibles, está capacitado para ello. En otras palabras, se valorará si la voluntad jurídica se corresponde con una voluntad real a la hora de atacar las injusticias relacionadas con los derechos fundamentales.

Marco legal

A pesar de la aprobación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 1981 y de la creación de la Comisión Africana de los Derechos Humanos en 1986, el respeto a ese sistema de valores continúa siendo la excepción en la vida de muchos países del continente africano. Esto es debido no a una ausencia de reconocimiento de esos derechos en las respectivas Constituciones nacionales, sino a la falta tanto de mecanismos legales como de voluntad política para aplicar eficazmente la ley.

Mauricio no escapa a esta realidad. Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) presentó el quinto informe periódico de Mauricio sobre la implementación de las provisiones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, en inglés). En su informe, el Comité puso de relieve la falta de voluntad política del Gobierno mauriciano para desarrollar los principios de democracia, Estado de derecho, Derechos Humanos y políticos y libertades individuales.

No obstante, el Comité constató avances desde su anterior informe, como la creación de una división para los Derechos Humanos en la estructura gubernamental mauriciana y la adopción de la Ley de Igualdad de Oportunidades (Equal Opportunities Act). Otras medidas sacadas adelante en Mauricio son determinadas enmiendas realizadas en el Código Civil y la adopción tanto de la Ley de Apelación Penal (Criminal Appeal Act) como de la Ley de Quejas Policiales (Police Complaints Act). Estas actuaciones pretenden lograr a largo plazo un desarrollo acorde con el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales con el fin de ajustarse a estándares de calidad de vida basados en la dignidad, la justicia social, el empoderamiento económico y la igualdad de trato. Según el Gobierno, todo ello ayudará a crear una comunidad cohesionada y tolerante basada en una serie de valores compartidos como el respeto, la unidad, la inclusión y la solidaridad.

Además, Mauricio asegura tener implementados en sus leyes muchos de los instrumentos acordados a nivel internacional con vistas a garantizar los Derechos Humanos. Entre otras acciones, el Gobierno destaca la reclamación a Reino Unido del Archipiélago de Chagos. A juicio del Gobierno mauriciano, el archipiélago fue forzosamente desalojado por parte de Reino Unido, mostrando una “clara indiferencia” hacia los derechos de los habitantes insulares. Desde entonces, la República ha mantenido una actitud inalterable en favor del proceso descolonizador. El apoyo internacional que ha recibido Mauricio se ha visto ya reflejado en la aprobación de la resolución 71/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la petición a la Corte Internacional de Justicia de una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de la separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965.

Vida social y política

Tanto la Constitución mauriciana de 1968 como la legislación adoptada posteriormente incorporan formulaciones de respeto a los Derechos Humanos. No obstante, como ocurre en muchos otros países, el sistema institucional carece de herramientas y de voluntad para aplicar de manera efectiva los castigos por infracción o negligencia en este terreno. Además, falta un adecuado sistema de protección para personas víctimas de diversos delitos, como por ejemplo, ofensas sexuales o discriminación hacia personas homosexuales.

Cabe recalcar que no todos los ámbitos rigen el patrón mencionado. Existen otros ámbitos en los que la legislación protege y respeta los derechos fundamentales. Por ello, es conveniente analizar los casos de manera individual antes que proporcionar una valoración general del estado de los Derechos Humanos inmediatamente.

Empezaremos haciendo mención al estado de la democracia en el país insular. Según el Índice de Democracia de 2017, Mauricio está dentro de lo que se considera una “democracia plena”, con unos resultados superiores a los de España, Estados Unidos o Francia, entre otros[1]. Esta clasificación quiere decir que en Mauricio: 1) se celebran elecciones realmente libres y justas; 2) se garantiza la seguridad personal de los votantes; 3) existe poca influencia por parte de las potencias extranjeras en el Gobierno, y 4) los funcionarios civiles son capaces de implementar políticas. Todo ello, en un grado más alto que los 178 países por debajo de Mauricio.

Sin embargo, existen algunas críticas internas al funcionamiento democrático del país. A pesar de que las elecciones de 2014 fueran caracterizadas por observadores internacionales como justas y libres, algunas voces han criticado el sistema de representación, citando la modificación de determinadas circunscripciones electorales a fin de beneficiar a ciertos grupos sociales, técnica conocida en ciencias políticas como gerrymandering. Otras quejas se han referido al bajo número de mujeres candidatas, la falta de trasparencia en el conteo de votos por tomar este proceso más tiempo del que debería y la falta de equidad en el acceso a los medios de comunicación para promocionar las campañas electorales por parte de la oposición. En este sentido, la oposición alega que la televisión pública MBC TV favorece al partido en el Gobierno.

Por último, gracias a una resolución de 2012 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Gobierno mauriciano enmendó la Constitución en 2014 para evitar que los votantes tuvieran que identificar su etnia a la hora de votar. Este comportamiento fue reportado por el Comité como una clara violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A pesar de estas críticas, es relevante destacar el hecho de que Mauricio se encuentra en la posición 54, entre los 176 países analizados, en cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción. En efecto, Mauricio es el país africano en el que se reportan los niveles más bajos de corrupción, sólo superado por Namibia, Ruanda y Botsuana[2]. No obstante, los niveles de corrupción existentes no se han saldado sin consecuencias. En 2015 la presidenta de Mauricio, Ameenah Gurib-Fakim, la única presidenta en África por entonces, fue obligada a dimitir tras verse envuelta en un escándalo político que implicaba también a la ONG Planet Earth Institute[3].

En otro orden de cosas, la pena de muerte fue abolida oficialmente ya en el año 1995, siendo la última ejecución en 1987[4]. A pesar de ser una fecha relativamente reciente, Mauricio constituye uno de los pocos países en el África subsahariana que la han abolido. Botsuana, Zimbabue, Tanzania, Zambia, Lesoto o Suazilandia son algunos de los países vecinos que aún hoy en día aplican de una manera u otra la pena de muerte[5].

Mauricio prohíbe el aborto a excepción de riesgo grave para la vida de la madre, no pudiéndose abortar, por tanto, por defectos del feto, riesgo no grave para la salud física o mental de la mujer gestante, factores socio-económicos o caso de violación[6].

Aunque existen situaciones de abusos de los Derechos Humanos, la actitud del Gobierno es la de aceptar mecanismos que monitoreen su labor, algunos de ellos exteriores. Mauricio cuenta con un defensor del pueblo u ombudsman elegido por el presidente del país, cuya labor es la de investigar las quejas contra los servidores públicos, tales como policías y funcionarios de prisiones. El informe sobre los Derechos Humanos en Mauricio de 2017 considera al defensor del pueblo como una figura independiente, efectiva y con recursos suficientes para llevar a cabo su labor.

Además, el Gobierno cuenta con la Comisión de Igualdad de Oportunidades, que está encargada de investigar alegaciones de discriminación y de promover la igualdad de oportunidades en el sector público y privado. Según el Informe de 2017, la Comisión resulta ser efectiva, independiente y estar dotada con recursos suficientes para llevar adelante su cometido.

Todos estos controles, sin embargo, no impiden que se sigan produciendo discriminaciones entre los ciudadanos mauricianos por razón, entre otras, de género y pertenencia a una comunidad específica. Este es el escenario en el que se encuentran los criollos, es decir, los habitantes de origen mauriciano con descendencia africana. A este respecto, el periódico L´Express anunció recientemente que estaba en posesión de una grabación en la que se le podía oír al ex vicepresidente y ministro de Vivienda y Suelo decir que, dentro del nuevo proyecto urbanístico que el Gobierno iba a desarrollar, el 90% de las viviendas iban a ir para los hindús y el 10% para los musulmanes. Consecuentemente, los criollos no recibirían “ninguna vivienda” para prevenir que “la prostitución se esparza por el barrio”. Cabe destacar que la etnia hindú constituye el 48% de la población mauriciana y que, en el plano político, ha dominado desde la independencia del país.

Además, las mujeres y niños continúan siendo los colectivos más afectados por la discriminación. Existen leyes que prohíben y criminalizan tanto las violaciones como la violencia doméstica, sin embargo, ni la policía ni el sistema judicial proveen de una adecuada cobertura ante estos casos. Lo mismo ocurre con los casos de acoso sexual. Se han reportado casos de tráfico sexual de menores (el mínimo de edad permitido para el sexo consentido sea de 16 años).

Las personas con discapacidad también sufren un cierto grado de discriminación. Y es que, a pesar de que la ley mauriciana obligue a que los discapacitados constituyan un porcentaje concreto de la fuerza de trabajo dentro de una empresa, las autoridades hacen caso omiso. Sin embargo, el Ejecutivo se encarga de financiar programas de ayuda a estas personas, a fin de facilitarles el acceso a la información y comunicación. Por ejemplo, añadiendo subtítulos en los programas de televisión o con la creación de un programa informativo adaptado a sus dificultades comunicativas. Por último, a pesar de la igualdad de derechos en cuanto a la participación política, existen problemas prácticos relacionados con el transporte y acceso a los colegios electorales.

Igualmente el colectivo LGTBI sufre un acusado nivel de trato discriminatorio. Por ejemplo, en términos prácticos, a quienes hayan practicado sexo con otras personas del mismo sexo se les impide donar sangre, a pesar de que la ley lo permita. Además, en 2015 se reportó una detención arbitraria a un hombre por ser transgénero y exteriorizarlo al llevar ropa de mujer. Fue liberado sin cargos tras ser abofeteado, aterrorizado y obligado a desnudarse. Uno de los últimos incidentes denunciados fue el lanzamiento de piedras durante la marcha anual del colectivo LGTBI. A pesar de estos casos, la ley no criminaliza la actividad sexual entre personas del mismo sexo, pero sí la sodomía entre personas del mismo y diferente sexo.

Todos estos tipos de discriminación se trasladan también al ámbito laboral donde, a pesar de estar prohibido por ley, la discriminación en este ámbito por razón de sexo, raza, VIH y discapacidad existe. Por ejemplo, los criollos y los musulmanes tienen difícil acceso a puestos de trabajo en el sector público. Además, las mujeres cobran menos que los hombres por un trabajo similar y es poco común que ocupen altos cargos. Por el contrario, ellas suelen ocupar los puestos en donde se requiere una menor capacitación. El alto grado de desempleo entre los discapacitados se debe a la falta de puestos de trabajo físicamente accesibles. Por último, los menores tienen prohibido por ley trabajar hasta los 16 años, y hasta los 18 en trabajos calificados como peligrosos y con malas condiciones sanitarias. No obstante, se dan casos de menores trabajando en las calles, en pequeños negocios y restaurantes, así como en el sector agrícola.

El salario mínimo, que tiende a subir en relación con la tasa de inflación, varía según el sector. Por ejemplo, para un trabajador doméstico el salario mínimo es de 607 rupias (15€) a la semana, mientras que para un trabajador de fábrica es de 794 rupias (20€). La semana laboral está estipulada en 45 horas. A pesar de estas regulaciones, se han reportado casos en los que a los trabajadores de la limpieza no siempre se les pagaba el salario mínimo por jornadas enteras de trabajo, pues sólo recibían 1.500 rupias (38€) al mes, lo que equivale a 375 rupias (9€) a la semana.

Por otro lado, la ley reconoce el derecho a la huelga, aunque es necesario para declararla que se siga un proceso obligatorio considerado por sus convocantes como “largo, complejo y excesivamente largo”. Aun cuando los trabajadores hayan cumplido con este proceso, el Ejecutivo se reserva el derecho a prohibir la huelga y trasladar la disputa al arbitraje si considera que la huelga puede afectar seriamente a un sector o servicio en concreto. Además, es necesario que los trabajadores cumplan con un mínimo de sus servicios durante los días de huelga. Las huelgas a nivel nacional, referidas a “cuestiones generales de política económica” y/o durante las sesiones de la Asamblea General, están prohibidas. El  ámbito laboral es uno de los pocos donde el Gobierno aplica la ley de manera más eficaz. Sin embargo, se han reportado retrasos en los procedimientos y apelaciones.

En relación al acceso al agua potable, no se han reportado mayores problemas. Aunque siempre resulte recomendable, no sólo en Islas Mauricio, sino también en África en general, hacer uso del agua embotellada para consumo humano. En este sentido, sólo en la República Democrática del Congo, Mozambique y Papúa Nueva Guinea se han observado graves problemas con el abastecimiento de agua potable. No obstante, preocupa la contaminación del acuífero de la zona norte de Mauricio, que es una de las cinco principales reservas que existen de agua subterránea y proporciona entre el 50 y 60% del agua necesaria para fines domésticos[7].

Buenas perspectivas

Para concluir, habría que recalcar los esfuerzos que el Gobierno insular está haciendo a fin de acabar con las situaciones que van en contra del respeto a los derechos fundamentales. No cabe duda que, a pesar de estos esfuerzos, a Mauricio le quedan aún muchos retos que afrontar. Muchos de ellos vienen causados por la falta de rigor en la aplicación de las leyes mauricianas, pues éstas son, como se ha señalado anteriormente, ejemplares en el respeto y promoción de estos derechos.

De hecho, Mauricio cuenta con una legislación que, como hemos visto, se parece mucho a la de los países desarrollados occidentales en materia del respeto a los derechos fundamentales individuales. Uno de los problemas más graves al que se enfrenta el país en este sentido es la falta de voluntad política para aplicar los preceptos de la ley.

Y es que, a pesar de las deficiencias señaladas por los informes mencionados, estos también destacan la reforma estructural llevada a cabo y la actitud asertiva del Gobierno mauriciano en favor de la aplicación de unas políticas más respetuosas con los derechos fundamentales. Esto se ve claramente en la honestidad con la que el Gobierno permite que terceras instituciones ejerzan cierta actividad de monitoreo.

Estamos hablando, además, de que Mauricio es el país africano con un mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH), de 0,781, calificado como de “alto”[8]. Esta situación le coloca como el país número 68 del mundo, por encima de países como Ecuador, China o Turquía. Por tanto, podemos considerar que Islas Mauricio cumple con unos estándares más que aceptables en materia de educación, salud, esperanza de vida o PIB per cápita.[9]

Por otro lado, este Estado insular es uno de los pocos que proveen enseñanza hasta el nivel universitario, transporte escolar y sanidad gratuitos. Además, ha conseguido que el 87% de sus habitantes tenga una vivienda en propiedad, sin por ello haber experimentado una burbuja inmobiliaria como la que sufrieron los países occidentales hace ya más de 10 años, y cuyas consecuencias aún se siguen notando. Todo ello lo ha conseguido Mauricio sin estar colocado entre los países más ricos del mundo (puesto 129 de los 189 analizados por PIB nominal)[10]. Es algo logrado mediante una diversificación de su economía, grandes recortes en Defensa y una muy bien estructurada seguridad social.[11]

Esto lleva a concluir que, a pesar de los esfuerzos que le quedan por hacer en materia de promoción y respeto de los Derechos Humanos, Mauricio constituye a día de hoy uno de los países africanos más prósperos económicamente y, por tanto, donde es más probable que se lleve a cabo de manera temprana una institucionalización y afianzamiento de los derechos y libertades fundamentales. En efecto, Mauricio goza hoy en día de un crecimiento anual cercano al 4% y un Índice del PIB por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) de los más altos del continente africano, sólo por detrás de las Islas Seychelles[12]. Este dato es significativo, ya que uno de los pasos más importantes hacia el respeto de los derechos y libertades fundamentales es el empoderamiento económico de la población para poner fin a los casos de servidumbre y dependencia que, sin duda, alientan los casos de abusos y violaciones de estos derechos.

ENSAYO / Lucía Serrano Royo

En la actualidad unos 60 millones de personas se encuentran forzosamente desplazadas en el mundo (Arenas-Hidalgo, 2017).[1] Las cifras adquieren mayor trascendencia si se observa que más del 80% de los flujos migratorios se dirigen a países en vías de desarrollo, mientras que solo un 20% tienen como meta los países desarrollados, que a su vez poseen más medios y riqueza, y serían más aptos para acoger estos flujos migratorios.

En 2015 Europa acogió a 1,2 millones de personas, lo que supuso una magnitud sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Esta situación ha dado lugar a un intenso debate sobre solidaridad y responsabilidad entre los Estados miembros.

La forma en la que se ha legislado esta materia en la Unión Europea ha dado lugar a irregularidades en su aplicación entre los diferentes Estados. Esta materia dentro del sistema de la Unión Europea se trata de una competencia compartida del espacio de libertad, seguridad y justicia. El Tratado Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en su artículo 2.2 y 3 se establecen que en estas competencias, son los Estados los que deben legislar en la medida en que la Unión no ejerce su competencia. Esto ha dado lugar a un desarrollo de forma parcial y desigualdades.

Desarrollo legislativo

La figura de los refugiados se recoge por primera vez en un documento internacional en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de Ginebra (1951) y su Protocolo de 1967. (ACNUR: La Agencia de la ONU para los Refugiados, 2017)[2]. A pesar de este gran avance, el tratamiento de los refugiados era diferente en cada Estado miembro, al tratarse su política nacional. Por ello, en un intento de armonizar las políticas nacionales, se firmó en 1990 el Convenio de Dublín. A pesar de ello, no fue hasta el Tratado de Ámsterdam en mayo de 1999, cuando se estableció como objetivo crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, tratando la materia de inmigración y asilo como una competencia compartida. Ya en octubre de 1999, el Consejo Europeo celebró una sesión especial para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea, concluyendo con la necesidad de crear un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) (CIDOB, 2017)[3]. Finalmente, estas políticas en materia de asilo se convierten en materia común con el Tratado de Lisboa y su desarrollo en el TFUE.

Actualmente, su razón de ser está recogida en el art 67 y siguientes del TFUE, donde se establece que la Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros. Este espacio también garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores. Además, se establece que la UE se desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores (art 67.2 TFUE) basada en la solidaridad entre Estados miembros, que sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países. Pero el espacio de libertad, seguridad y justicia no es un compartimento estanco en los tratados, sino que tiene que interpretarse a la luz de otros apartados.

Esta competencia se debe analizar, por un lado, bajo el marco de libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, y por otro, teniendo en cuenta el ámbito financiero. En cuanto a la libertad de circulación de personas, se debe aplicar el artículo 77 TFUE, que insta a la Unión a desarrollar una política que garantice la ausencia total de controles de las personas en las fronteras interiores, garantizando a su vez el control en las fronteras exteriores. Para ello, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, deben establecer una política común de visados y otros permisos de residencia de corta duración, controles y condiciones en las que los nacionales de terceros países podrán circular libremente por la Unión. En cuanto al ámbito financiero, se debe tener en cuenta el artículo 80 TFUE, que establece el principio de solidaridad en las políticas de asilo, inmigración y control, atendiendo al reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros.

Además, un aspecto fundamental para el desarrollo de esta materia ha sido la armonización del término refugiado por la Unión, definiéndolo como nacionales de terceros países o apátridas que se encuentren fuera de su país de origen y no quieran o no puedan volver a él debido al temor fundado a ser perseguidos en razón de su raza, religión, nacionalidad u opinión (Eur-ex.europa.eu, 2017)[4] . Esto es de especial importancia porque estas son las características necesarias para adquirir la condición de refugiado, que a su vez es necesario para obtener el asilo en la Unión Europea.

Situación en Europa

A pesar del desarrollo legislativo, la respuesta en Europa a la crisis humanitaria tras el estallido del conflicto en Siria, junto con el recrudecimiento de aquellos que se suceden en Iraq, Afganistán, Eritrea o Somalia, ha sido muy poco eficaz, lo que ha hecho tambalear el sistema.

La decisión de conceder o retirar el estatuto de refugiado pertenece a cada autoridad interna de los Estados, y por tanto puede diferir de un Estado a otro. Lo que hace la Unión Europea es garantizar una protección común y garantizar que los solicitantes de asilo tengan acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces. Por ello la UE trata de establecer un sistema coherente para la toma de decisiones al respecto por parte de los Estados miembros, desarrollando normas sobre el proceso completo de solicitud de asilo. Además, en el caso en el que la persona no cumpla los requisitos para ser refugiado, pero se encuentre en una situación delicada por riesgo a sufrir daños graves en caso de retorno a su país, tiene derecho a una protección subsidiaria. A estas personas se les aplica el principio de no devolución, es decir, tienen derecho ante todo a no ser conducidas a un país donde haya riesgo para sus vidas.

El problema de este sistema es que solamente Turquía y Líbano acogen 10 veces más refugiados que toda Europa, que hasta 2016 sólo tramitó 813.599 solicitudes de asilo. Concretamente España concedió protección a 6.855 solicitantes, de los cuales 6.215 eran sirios[5]; pese al incremento respecto a años anteriores, las cifras seguían siendo las más bajas en el entorno europeo.

Muchas de las personas que desembarcan en Grecia o Italia, emprenden de nuevo su rumbo hacia los Balcanes a través de Yugoslavia y Serbia hasta Hungría, ante las deficiencias de gestión y las condiciones precarias que encontraron en estos países de acogida.

Para intentar aplicar el principio de solidaridad y cooperación, se estableció en 2015 una serie de cuotas para aliviar la crisis humanitaria y la presión establecida en Grecia e Italia. Los Estados miembros debían repartirse 120.000 asilados, y todos los países debían acatarlo. El principal interesado fue Alemania. Otro de los mecanismos que se creó fue un fondo con cargo al Mecanismo para los Refugiados en Turquía, para satisfacer las necesidades de los refugiados acogidos en ese país. La Comisión destinó un importe total de 2.200 millones de euros, y presupuestó 3.000 millones en 2016-2017[6].

Ante esta situación los países han reaccionado de manera diferente dentro de la Unión. Frente a países como Alemania, que buscan una forma de combatir el envejecimiento y la reducción de la población en su Estado mediante la entrada de refugiados, otros Estados miembros son reacios a la aplicación de las políticas. Incluso en algunos países de la Unión Europea, los partidos nacionalistas ganan fuerza y apoyos: en Holanda, Geert Wilders (Partido de la Libertad); en Francia, Marine Le Pen (Frente Nacional), y en Alemania, Frauke Petry (partido Alternativa para Alemania). A pesar de que esos partidos no son la principal fuerza política en esos países, esto refleja el descontento de parte de población ante la entrada de refugiados en los Estados. También es destacable el caso de Reino Unido, puesto que una de las causas del Brexit fue el deseo de recuperar el control sobre la entrada de los inmigrantes en el país. Además, en un primer momento Reino Unido ya se descolgó del sistema de cuotas aplicado en el resto de Estados miembros. Como se confirma en sus negociaciones, la premier Teresa May prioriza el rechazo a la inmigración por encima del libre comercio en la UE.

Mecanismos específicos para el desarrollo del ESLJ

Las fronteras entre los distintos países de la Unión se han difuminado. Con el código de fronteras Schengen y el código comunitario sobre visados se han abierto las fronteras, integrándose y permitiendo así la libre circulación de personas. Para el funcionamiento de estos sistemas ha sido necesario el establecimiento de normas comunes sobre la entrada de personas y el control de los visados, puesto que una vez pasada la frontera exterior de la UE los controles son mínimos. Por ello, las comprobaciones de documentación varían dependiendo de los lugares de origen de los destinatarios, teniendo un control más detallado para aquellos ciudadanos que no son de la Unión. Solo excepcionalmente se ha previsto el restablecimiento del control en las fronteras interiores (durante un periodo máximo de treinta días), en caso de amenaza grave para el orden público y la seguridad interior.

Puesto que el control de las fronteras exteriores depende de los Estados donde se encuentren, se han creado sistemas como Frontex 2004, a partir de los Centros ad hoc de Control Fronterizo establecidos en 1999, que proporciona ayuda a los Estados en el control de las fronteras exteriores de la UE, principalmente a aquellos países que sufren grandes presiones migratorias (Frontex.europa.eu, 2017) [7]. También se ha creado el Fondo de Seguridad Interior, un sistema de apoyo financiero surgido en 2014 y destinado a reforzar las fronteras exteriores y los visados.

Otro mecanismo activo es el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), para reforzar la cooperación de los países de la UE, donde teóricamente los Estados miembros deben asignar 20% de los recursos disponibles[8]. Para su aplicación, se estableció el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) (2014-2020) necesario para promover la eficacia de la gestión de los flujos migratorios. Además, en el SECA se ha establecido una política de asilo para la Unión Europea, que incluye una directiva sobre procedimientos de asilo y una directiva sobre condiciones de acogida. En este sistema se integra el Reglamento Dublín, de acuerdo con las Convención de Ginebra. Es un mecanismo fundamental y aunque este sistema se ha simplificado, unificado y aclarado, ha causado más controversias en materia de refugiados. Se estableció para racionalizar los procesos de solicitudes de asilo en los 32 países que aplican el Reglamento. Con arreglo a esta ley, solo un país es responsable del examen de su solicitud: el país que toma las huellas del refugiado, es decir, al primero que llegó y pidió protección internacional. Esto funciona independientemente de que la persona viaje o pida asilo en otro país; el país competente es aquel en el que se tomaron primero las huellas al refugiado. Este sistema se apoya en el EURODAC, puesto que es un sistema central que ayuda a los Estados miembros de la UE a determinar el país responsable de examinar una solicitud de asilo, comparando las impresiones dactilares.

El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados ha remarcado los dos problemas principales de este sistema: por un lado, lleva a los refugiados a viajar de forma clandestina y peligrosa hasta llegar a su país de destino, para evitar que les tome las huellas otro país distinto de aquel en el que se quieren asentar. Por otro lado, Grecia e Italia, que son los principales destinos de las corrientes de inmigrantes, no pueden con la carga que este sistema les impone para procesar las masas de personas que llegan a su territorio en busca de protección.

Casos ante el Tribunal de Justicia de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en varios aspectos relativos a la actuación ante la inmigración y el tratamiento de los refugiados por parte los Estados miembros. En algunas ocasiones el tribunal se ha mantenido férreo en la aplicación de la normativa homogénea de la Unión, mientras que en otros casos el tribunal ha dejado la cuestión a la discrecionalidad de los diferentes Estados miembros. 

El tribunal falló en favor de una actuación común en el caso un nacional de un tercer país (Sr. El Dridi) que entró ilegalmente en Italia sin permiso de residencia. El 8 de mayo de 2004 el Prefecto de Turín dictó contra él un decreto de expulsión. El TJUE (STJUE, 28 abril 2011)[9] falló que a pesar de que un inmigrante se encuentre en situación ilegal y permanezca en el territorio del referido Estado miembro sin causa justificada, incluso con la concurrencia de una infracción de una orden de salida de dicho territorio en un plazo determinado, el Estado no puede imponer pena de prisión, puesto que siguiendo la Directiva 2008/115, excluyen la competencia penal de los Estados miembros en el ámbito de la inmigración clandestina y de la situación irregular. De este modo, los Estados deben ajustar su legislación para asegurar el respeto del Derecho de la Unión.

Por  otro lado, el tribunal deja en manos de los Estados la decisión de enviar de vuelta a un tercer país a un inmigrante que haya solicitado protección internacional en su territorio, si considera que ese país responde a los criterios de «país tercero seguro». Incluso el tribunal falló (STJUE, 10 de diciembre de 2013) [10]que, con objeto de racionalizar la tramitación de las solicitudes de asilo y de evitar la obstrucción del sistema, el Estado miembro mantiene su prerrogativa en el ejercicio del derecho a conceder asilo con independencia de cuál sea el Estado miembro responsable del examen de una solicitud. Esta facultad deja un gran margen de apreciación a los Estados. La homogeneidad en este caso solo se aprecia en el caso de que haya deficiencias sistemáticas del procedimiento de asilo y de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en ese Estado, o bien tratos degradantes.

Por una actitud más activa

La Unión Europea ha establecido multitud de mecanismos, y tiene competencia para ponerlos en marcha, pero su pasividad y la actitud reacia de los Estados miembros a la hora de acoger a los refugiados ponen en duda la unidad del sistema de la Unión Europea y la libertad de movimiento que caracteriza a la propia UE. La situación a la que se enfrenta es compleja, puesto que hay una crisis humanitaria derivada del flujo de inmigrantes necesitados de ayuda en sus fronteras. Mientras tanto, los Estados se muestran pasivos e incluso contrarios a la mejora del sistema, hasta el punto que algunos Estados han propuesto la restauración de los controles de fronteras interiores (El Español, 2017).[11] Esta situación ha sido provocada principalmente por una falta de control efectivo sobre sus fronteras dentro de la Unión, y por otro lado por una sociedad que muestra recelo ante la apertura de las fronteras por la inseguridad.

La crisis de los refugiados es un problema real y cerrar las fronteras no hará desaparecer el problema. Por ello, los países europeos deberían adoptar una perspectiva común y activa. El destino de fondos sirve de ayuda en esta crisis humanitaria, pero no es la única solución. Uno de los principales problemas sin resolver es la situación de las personas en campos de refugiados, las cuales  se encuentran en condiciones precarias y deberían ser acogidos de forma digna. La Unión debería reaccionar más activamente ante estas situaciones, haciendo uso de su competencia en materia de asilo y llegada de inmigración con afluencia masiva, recogido en el art 78 TFUE c).

Esta situación sigue siendo uno de los objetivos principales para la agenda de la Unión Europea ya que en el Libro Blanco se establece el refuerzo de la Agenda de Migración, actuaciones sobre la crisis de los refugiados y aspectos sobre la crisis de población de Europa. Se aboga por un incremento de las políticas de inmigración y protección de la inmigración legal, combatiendo a su vez la inmigración ilegal, ayudando tanto a los inmigrantes como a la población europea (Comisión europea, 2014) [12]. A pesar de estos planes y perspectivas positivas, se ha de tener en cuenta la delicada situación ante la que internamente se encuentra la UE, con casos como la retirada de un Estado con poder dentro de la Unión (el Brexit), lo que podría dar lugar a un desvío en los esfuerzos de las políticas comunitarias, dejando de lado temas cruciales, como lo es la situación de los refugiados.

▲ Torres del centro de Varsovia [Pixabay]

COMENTARIO / Anna K. Dulska

A menudo, cuando pensamos en Europa Central el país que nos viene a la cabeza es Alemania. Esta asociación parece ser un eco muy lejano del decimonónico término de Mitteleuropa (literalmente “Europa del medio”) que abarcaba el Imperio Austro-Húngaro y el II Reich alemán y fue convertido en una concepción geopolítica expansionista por Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los subsiguientes tratados de paz reflejaron en el nuevo mapa político un reconocimiento formal a la gran diversidad que ya existía en la región desde antaño. El sometimiento de los recién creados o recreados Estados, tales como Polonia, Hungría o Checoslovaquia a la dominación soviética en virtud de los acuerdos de Yalta y Potsdam no acabó con esta diversidad y desde la caída del telón de acero en 1989 estos países están buscando su lugar en el mundo y en la Europa actuales.

No existe una clara definición de qué es Europa Central hoy en día y para entenderlo de forma más sencilla e intuitiva se podría decir que por motivos geopolíticos, históricos y culturales se trata de aquella que no es estrictamente ni Europa Occidental ni Europa Oriental, sino un intermedio que desde hace siglos ha hecho de puente entre ambas (de estos puentes que durante los vaivenes de la Historia a veces quedan quemados). Tampoco hay un consenso sobre los países que la conforman. Según la acepción más estrecha son Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, mientras que según la más amplia además de estos cuatro son Austria, sureste de Alemania, los países bálticos (Lituania, Letonia y Estonia), Eslovenia, oeste de Ucrania y norte de Italia. Algunos añaden también Suiza, Liechtenstein y el resto de Alemania, pero así su delimitación parece quedar demasiado diluida y confusa.

La historia actual de la región inclina la balanza a favor de la acepción estrecha. Las trayectorias de Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría a partir de 1945, por un lado, y sus transiciones hacia la democracia después de 1989, por otro, hacen que dentro de la región geográfica y a pesar de algunas diferencias considerables entre ellos, estos cuatro países constituyan un bloque político, socioeconómico y cultural diferenciado. En los principios de los años noventa esta especie de comunidad imaginada fue convertida en una organización intergubernamental conocida como el Grupo de Visegrad (nombre de un castillo húngaro donde en el siglo XIV se habían reunido los reyes de Polonia, Hungría y Bohemia y donde en 1991 fue firmado el acuerdo fundacional), abreviado a veces como V4. Entre sus objetivos estuvo una estrecha cooperación económica (Acuerdo Centroeuropeo de Libre Cambio, CEFTA), la integración con la Unión Europea (culminada en 2004, tras lo cual los cuatro abandonaron el CEFTA) y la integración con la OTAN (formalizada en 1999; en 2004 en caso de Eslovaquia). Una vez alcanzadas estas metas, la iniciativa perdió el ímpetu y parecía que se iba a quedar obsoleta.

Ahora bien, desde hace tres años se puede observar en este aspecto un giro a causa de los fenómenos que están retando a la Unión Europea desde fuera y desde dentro: las migraciones del Oriente Medio, las crecientes tensiones internacionales y el terrorismo. Es innegable que los tres estén en menor o mayor medida interrelacionados y para los europeos, ya sean occidentales, centrales u orientales, tienen un denominador común: la seguridad. Quedando patente hasta hace muy poco la falta de una deliberada y consensuada estrategia a nivel de las instituciones europeas para afrontar este reto, los Estados centroeuropeos, especialmente Polonia y Hungría, quieren o se han visto obligados a tomar los asuntos, al menos los que les afectan directamente, en sus manos. Durante el curso de la historia reciente sus vecinos y socios no tuvieron muchas ocasiones de oírles hablar con su propia voz y ahora parece que les está produciendo cierta consternación.

Un buen ejemplo de ello es la preocupación que están suscitando en Bruselas y en Berlín las políticas llevadas a cabo por el Gobierno polaco, tanto en lo relativo a la situación doméstica, como internacional. Paradójicamente, dichas políticas parecen estar resultando beneficiosas tanto para el Estado, como para su sociedad (que pasado el ecuador del mandato mantiene en su mayoría apoyo al Gobierno). Sin embargo, las medidas que se están tomando para frenar la “deriva autoritaria” de Varsovia, como la están calificando algunos medios de comunicación, especialmente la injerencia de los altos cargos de la UE en la legislación interna del país, sobre la cual no poseen competencias, dificultan el diálogo entre el Gobierno polaco y las instituciones de la Unión. La amenaza de activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea sobre la suspensión del derecho a voto en el caso de no cumplir con las demandas de Bruselas hace imposible descartar que tales tensiones pudieran provocar otras (tras el Brexit) irreparables fracturas dentro de la UE.

En la actual situación geopolítica, las voces sobre la necesidad de un profundo debate sobre el futuro de la Unión Europea se hacen cada vez más sonoras y puede que a Europa Central le tocará de nuevo hacer de puente. Por de pronto, en lo relativo a la política migratoria parece que la UE ha dado razón a V4. Estando el río muy revuelto, cabe la pregunta de si ahora, cuando más unidad necesita, puede la UE permitirse un innecesario y dañino debilitamiento interno.

Miloš Zeman y Andrej Babiš comparten protagonismo en un sistema político no pensado para dos personalismos

La República Checa cuenta con un presidente (Miloš Zeman), reelegido en enero para un segundo mandato, cuyo partido no tiene presencia en el Parlamento, y con un primer ministro (Andrej Babiš) que estuvo fuera del cargo entre enero y mayo ante la falta de suficiente apoyo entre los legisladores. Zeman y Babiš se han respaldado mutuamente y comparten críticas hacia Bruselas –por ejemplo, rechazan las cuotas de refugiados de la Unión Europea–, pero su fuerte personalismo y su volubilidad de postulados están provocando roces.

▲ Andrej Babiš (izqda) y Miloš Zeman (dcha) durante la toma de posesión del primero como primer ministro, en enero de 2018 [Gob. checo]

ARTÍCULO / Jokin de Carlos Sola

El clima político en la República Checa no ha sedimentado tras el último ciclo electoral. Las elecciones legislativas de 20 y 21 de octubre de 2017, convocadas tras una crisis de Gobierno, supusieron un descalabro de los partidos tradicionales y la llegada de muchas nuevas caras al Parlamento, dando lugar a un fraccionamiento político que ha tenido su coste.

En medio de un hung Parliament, Andrej Babiš, líder del partido con mejores resultados, ANO 2011, pasó en diciembre a formar un Ejecutivo en minoría, convirtiéndose en el primer jefe de Gobierno en la historia de la República Checa que no procedía ni de los demócratas cívicos ni de los socialdemócratas. En enero, sin embargo, Babiš tuvo que dimitir al perder una cuestión de confianza; en mayo logró formar un nuevo Gobierno, esta vez en coalición con los socialdemócratas y, por primera vez desde la caída del Telón de Acero, con el apoyo de los comunistas.

En ese contexto de disputas políticas, el 12 y 13 de enero de 2018 tuvieron lugar las elecciones presidenciales. La segunda vuelta fue disputada por el presidente saliente, Miloš Zeman, que resultó reelegido, y Jirí Drahoš, en una contienda que polarizó al electorado entre un proteccionismo económico tradicional y una postura crítica hacia la Unión Europea (Zeman) y posiciones más abiertas hacia la OTAN y la UE (Drahoš).

Al final, Babiš y Zeman –antiguos participantes de la Revolución de Terciopelo que puso fin al régimen comunista, tras la que ambos han dado varios vaivenes ideológicos, convirtiéndose en figuras controvertidas–, tienen que compartir un protagonismo institucional y político ciertamente complejo. La República Checa cuenta con un sistema parlamentario, en el que el presidente del país es elegido directamente por los ciudadanos y tiene la potestad de nombrar y destituir al primer ministro, así como disolver el Parlamento bicameral.

Elecciones legislativas

En las elecciones al Parlamento checo de 2017 ganó el partido ANO 2011, cuyo nombre incluye el año en que se creó y las siglas de Acción de Ciudadanos Insatisfechos, que juntas dan lugar en checo a la palabra Sí. La elección supuso un derrumbe parlamentario de muchos de los antiguos partidos, entre ellos los socialdemócratas del ČSSD (de ser el partido gobernante bajó al sexto puesto), los comunistas del KSČM (quedaron en el quinto puesto), los democristianos del KDU-ČSL (fueron séptimos) y los liberales de TOP 09 (acabaron en octavo lugar). El único viejo partido que sobrevivió con relativa fuerza fueron los conservadores de Democracia Cívica (ODS), que terminaron en segundo lugar. Varios partidos nuevos, en cambio, ganaron relevancia: fue el caso, además el propio ANO, del Partido Pirata y del conservador y fuertemente nacionalista Libertad y Democracia Directa (SPD), liderado por Tomio Okamura.

Andrej Babiš es llamado el checo Donald Trump, no tanto por su ideología, sino por su personalidad extravagante y su gran fortuna (es el segundo hombre más rico del país). Su ideario ha sido muy voluble. De origen comunista, fundó su propio partido político en 2011, al que bautizó como ANO 2011. Se trata de un partido con puntos de vista generalmente centristas y de cierto sincretismo. También se le califica de "populista" por sus cambios de discurso, especialmente en relación a la Unión Europea: antes de las elecciones generales el partido sostuvo posturas euroescépticas, para luego desarrollar una política más bien pro-UE desde el Gobierno.

Babiš fue viceprimer ministro y titular de Finanzas en el anterior Gobierno, liderado por de los socialdemócratas de Buhoslav Sobotka. Es el propietario del grupo de medios MFRA, que publica dos de los principales periódicos del país, Lidové noviny y Mladá fronta DNES, y opera la compañía de televisión Óčko.

Se trata de una figura controvertida, no solo por algunas de sus posturas políticas, como el rechazo a las cuotas de inmigrantes establecidas por la UE, sino por diversos escándalos pasados. Fue acusado de haber colaborado con la policía secreta del régimen comunista, de haber utilizado fraudulentamente subsidios de la UE y participar en sobornos para la venta de la compañía estatal Unipetrol, cuya privatización fue gestionada por Miloš Zeman, alguien próximo al propio Babiš, cuando fue primer ministro.

Elecciones presidenciales

Las elecciones presidenciales se celebraron en enero de 2018. Era la segunda ocasión en que el presidente se elegía por sufragio universal directo. A la segunda vuelta pasaron Miloš Zeman, que buscaba la reelección, y Jiri Drahoš, presidente de la Academia de Ciencias. Hubo quien comparó esa pugna electoral con la que mantuvieron en Francia Macron y Le Pen, pero la comparación ideológica no es plena. Drahoš se describía a sí mismo como pro-europeo y pro-OTAN, y defendía que la República Checa asumiera asumir un papel más importante en la Unión Europea, pero era crítico con la política comunitaria de acogida de inmigrantes, tanto musulmanes como africanos, y rechazaba las cuotas de refugiados.

Al final, Zeman ganó con el 52% de apoyo, mientras que Drahoš obtuvo el 48%, un resultado algo más ajustado que en las anteriores presidenciales. El apoyo de ANO 2011 en la segunda vuelta fue decisivo para el triunfo de Zeman. Los distritos de Praga, Brno y otras áreas liberales de mayor población urbana votaron por Drahoš, mientras que el campo y las zonas fronterizas lo hicieron por Zeman.

Miloš Zeman fue miembro del Partido Comunista hasta 1970 y pasó al Partido Socialdemócrata en 1992, cuyo liderazgo desempeñó entre 1993 y 2001, años en que ejerció de primer ministro checo. Abandonó ese partido en 2007 y dos años más tarde creó el suyo propio, bautizado como Partido de los Derechos Civiles: una plataforma electoral para sus candidaturas presidenciales, que no cuenta con diputados ni senadores. En esta formación personalista se mezclan posturas tradicionales tanto de derecha como de izquierda. Por un lado, el partido cree en una economía mixta, con una preferencia por los servicios públicos y un alto gasto estatal, en una concepción proteccionista de la economía. Por otro lado, promueve un conservadurismo cultural que evite el multiculturalismo y la llegada de inmigrantes. Esto ha hecho que el partido sea muy popular en las zonas rurales cercanas a las fronteras.

Zeman se convirtió en presidente de la República Checa en 2013. El primer mandato presidencial de Zeman fue muy controvertido dentro y fuera del país. Con él en el Castillo de Praga se produjo la entrada en la Unión Europea, pero luego ha sido uno de los principales opositores a las cuotas comunitarias de inmigrantes y ha apoyado tanto a Polonia como a Rusia en sus disputas con las autoridades de Bruselas. La cercanía de Zeman con Putin le diferencia de la mayoría de líderes de los países de Visegrado, que adoptan una postura anti-rusa.

Dos liderazgos

Desde la presidencia, Miloš Zeman ha mantenido las líneas ya marcadas en su primer mandato. Si en asuntos europeos su rechazo a las cuotas de refugiados le ha enfrentado a la dirección de la UE, su cercanía a Israel, Rusia y China en política internacional también ha resultado molesta en Bruselas.

Zeman fue el único líder europeo que apoyó a Trump cuando decidió trasladar la embajada de Estados Unidos De Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a esta última ciudad como la capital de Israel. No fue una sorpresa, pues Zeman siempre ha mostrado su apoyo al Estado judío: el 25 de abril celebró en su residencia el Día de la Independencia de Israel. Sin embargo, la República Checa no ha trasladado su embajada a Jerusalén dado que la decisión debe ser tomada por el Gobierno, y este no ha accedido a ello. En otros asuntos de Oriente Medio, Zeman ha dado apoyo a Rusia, condenando la actuación de Estados Unidos y sus aliados en Siria.

Zeman también se ha alineado con Pekín, abriendo el país a importantes inversiones chinas, como la de la compañía energética CEFC, cuya sede en Shanghái visitaron en marzo varios de sus asesores. La apertura a inversiones extranjeras ha provocado algún signo de preocupación en Bruselas por la falta de mecanismos de control que vigilen la toma de sectores estratégicos. En el marco de su prometida "diplomacia económica" Zeman ha defendido el proyecto chino de Nueva Ruta de la Seda.

Si Zeman y Babiš partían de unas buenas relaciones, los últimos meses les han llevado a varios roces. En las últimas semanas de su primer mandato, Zeman encargó a Babiš  formar Gobierno después de que su partido se convirtiera en el más votado en un Parlamento muy fraccionado. Recién asumido el cargo de primer ministro, Babiš ofreció a Zeman el apoyo de su ANO 2011 en la segunda vuelta de las presidenciales. Luego Zeman se ha esforzado por consolidar la posición de Babiš en el Parlamento. Sin embargo, las dificultades de este último para contar con una mayoría estable han provoca discrepancias entre el presidente y el primer ministro sobre qué partidos debían construir la mayoría gubernamental. El abierto anti-europeísmo o la postura anti-OTAN de algunos de los posibles socios dificultó la labor de Babiš, quien en mayo formó Gobierno nuevamente después de haber tenido que dimitir en enero por falta de apoyos parlamentarios.

Los acontecimientos han demostrado que tanto Zeman como Babiš tienen personalidades fuertes y que ambos parecen decididos a hacer valer su posición política, lo que puede generar tensión en el desarrollo institucional de la República Checa. Al mismo tiempo, los dos ha mostrado facilidad para cambiar de discurso en función de lo que piensan que es el sentir mayoritario de los checos, lo que ha contribuido a darles un perfil populista.

Los días de la Revolución de Terciopelo, cuando Zeman y Babiš compartieron trinchera, están demasiado lejos, pero convendría recordar unas palabras de Vaclav Havel, principal líder de aquella revuelta y luego presidente del país: "La ideología es una forma engañosa de relacionarse con el mundo. Ofrece a los seres humanos la ilusión de una identidad, de dignidad y de moralidad, al tiempo que les facilita separarse de esos principios".

▲Kim Jung-un and Moon Jae-in met for the first time in April, 2018 [South Korea Gov.]

ANALYSIS / Kanghun Ji

North Korea has always utilized its nuclear power as a leverage for negotiation in world politics. Nuclear weapons, asymmetric power, are the last measure for North Korea which lacks absolute military and economic power. Although North Korea lags behind the United States and South Korea in military/economic power, its possession of nuclear weapons renders it a significant threat to other countries. Recently, however, they have continued to develop their nuclear power in disregard of international regulations. In other words, they have not used nuclear issue as a leverage for negotiation to induce economic support. They have rather concentrated on completing nuclear development, not considering persuasion from peripheral countries. This attitude can be attributed to the fact that the development of their nuclear power is almost complete. Many experts say that North Korea judges the recognition of their nation with nuclear power to be a more powerful negotiation tool (Korea times, 2016).

In this situation, South Korea has been trying many different kinds of strategies to resolve the nuclear crisis because security is their main goal: United States-South Korea joint military exercises and United Nations sanctions against North Korea are some of those strategies. Despite these oppressive methods using hard power, North Korea has refused to participate in negotiations.

Most recently, however, North Korea has discarded its previous stance for a more peaceful and amicable position following the PyeongChang Olympics. Discussions about nuclear power are proceeding and the nation has even declared that they will stop developing nuclear power.

Diverse causes such as international relations or economic needs influence their transition. This essay would argue that the soft power strategies of South Korea are substantially influencing North Korea. Therefore, an analysis of South Korea’s soft power strategies is necessary in order to figure out the successful way to resolve the nuclear crisis.

Importance of soft-power strategies in policies against North Korea

North Korea has justified its dictatorship through the development of its ‘Juche’ ideology which is very unique. This ideology is established on the theory of ‘rule by class’ which stems from Marxism-Leninism. In addition, the regime has combined it with Confucianism that portrays a dictator as a father of family (Jung Seong Jang, 1999). Through this justification, a dictator is located at the top of class, which would complete the communist ideal. People are taught this ideology thoroughly and anyone who violates the ideology is punished. To open up this society which has formerly been ideologically closed, their ideology should be undermined by other attractive ideology, culture, and symbol.

However, North Korea has effectively blocked it. For example, recently, many people in North Korea have covertly shared TV shows and music from South Korea. People who are caught enjoying this culture are severely punished by the government. In these types of societies, oppression through hard power strategies doesn’t affect making any kind of change in internal society. It rather could be used to enhance internal solidarity because the potential offenders such as United States or South Korea are postulated as certain enemies to North Korea, which requires internal solidarity to people. North Korea has actually depicted capitalism, United States and South Korea as the main enemies in media. It intends to induce loyalty from people.

As a result, the regime have developed nuclear weapons successfully under strong censorship. Nuclear power is the main key to maintain the dictatorship. The declaration of ‘Nuclear-Economy parallel development’ from the start of Kim Jung-Eun’s government implies that the regime would ensure nuclear weapon as a measure to maintain its system. In this situation, sending the message that its system can coordinately survive alongside South Korea in world politics is important. Not only oppressive strategies but also appropriate strategies which attract North Korea to negotiate are needed.

Analysis of South Korea Soft Power Strategies

In this analysis, I will employ a different concept of soft power compared from the one given by Joseph Nye. Nye’s original concept of soft power focuses on types of behavior. In terms of his concept, co-optive power such as attraction and persuasion also constitutes soft power regardless of the type of resource (Joseph Nye, 2013). However, the concept of soft power I will use focuses on what types of resources users use regardless of the type of behaviors. Therefore, any kinds of power exerted by only soft resources such as images, diplomacy, agenda-setting and so on could be soft power. It is a resource-based concept compared to Nye’s concept which is behavior based (Geun Lee, 2011).

I use this concept because using hard resources such as military power and economic regulation to resolve the nuclear problem in North Korea has been ineffective so far. Therefore, using the concept of soft power which is based on soft resources makes it possible to analyze different kinds of soft power and find ways to improve it.

According to the thesis by Geun Lee (2011: p.9) who used the concept I mentioned above, there are 4 categories of Soft Power. I will use these categories to analyze the soft power strategies of South Korea.

1. Oppression through diplomacy: Two-track diplomacy

South Korea takes advantage of soft power strategies that request a global mutual-assistance system in order to oppress North Korea. Based on diplomatic capabilities, South Korea has tried to make it clear that all countries in world politics are demanding a solution to the North Korean nuclear crisis. Through these strategies, it wants to provoke fear in North Korea that it would be impossible to restore its relationship with the world. These strategies have been influential because they are harmonized with United Nations’ Security Council resolutions. Especially, the two-track diplomacy conducted by the president Moon-jae-in in the United Nations general assembly in 2017 is evaluated to be successful. He gave North Korea two options in order to attract them to negotiate (The fact, 2017). The president Moon-jae-in stressed the importance of cooperation about nuclear crisis among countries in his address to the general assembly. Moreover, he discussed the issue with the presidents of United States and Japan and pushed for a firm stance against the North Korea nuclear problem. However, at the same time, he declared that South Korea is ready for peaceful negotiation and discussion if North Korea wish to negotiate and stop developing its nuclear power. By offering two options, South Korea not only aimed to incite fear in North Korea but also left room for North Korea to appear at the negotiation tables.

Strategies using diplomatic capabilities are valuable because they can induce coercive power through soft resources. However, it would be difficult to judge the effectiveness if North Korea didn’t show any reaction to these strategies. Moreover, the cooperation with Russia and China is very important to persuade North Korea because they are maintaining amicable relationships with North Korea against United States and Japan. In the situation that North Korea has aimed to complete development of nuclear weapons for negotiation, diplomatic oppression is not effective itself for making change.

2. Sports and culture: Peaceful gesture

The attempt to converse through sports and culture is one of the soft power strategies used by South Korea in order to solve the nuclear crisis. This strategy intends to obtain North Korea’s cooperation in non-political areas which could then spread to political negotiations. As a result of this strategy, South Korea and North Korea formed a unified team during the last Olympics and Asian games (Yonhapnews, 2018). However, for it to be a success, their cooperation should not be limited to the non-political area, but instead should lead to a constructive conversation in politics. In these terms, South Korea’s peaceful gesture in the Pyeong-Chang winter Olympic is seen to have brought about positive change. Before the Olympics, many politicians and experts were skeptical to the gesture because North Korea conducted the 6th nuclear test in 2017, ignoring South Korea’s message (Korea times, 2018). In extension of the two-track diplomacy strategy, nevertheless, the South Korea government has continually shown a desire to cooperate with North Korea. These strategies focus on cooperation only in soft power domains such as sports, culture, and music rather than domains that expose serious political intension.

In the United Nations general assembly which adopted a truce for the Pyeong-Chang Olympics, gold medalist Kim-yun-a required North Korea to participate in Olympics on her address (Chungang, 2017). Moreover, in the event for praying successful Olympics, the president Moon-jae-in sent another peaceful gesture mentioning that South Korea would wait for the participation of North Korea until the beginning of Olympics (Voakorea, 2017). This strategy ended up having successfully attracted North Korea. As a result, they composed a unified ice hockey team and diplomats were dispatched from North Korea during the Olympics to watch the game with South Korean government officials. And then, they exchanged cultural performances in Pyeong-Chang and Pyeong-yang. Finally, the efforts led to the summit meeting between South-North Korea, and North Korea even declared that it would stop developing nuclear power and establish cooperation with South Korea.

It is too early to judge whether North Korea will stop developing their nuclear influence. However, it is a success in the sense that South Korea has attracted North Korea into conversations. Especially, South Korea has effectively taken advantage of the situation that all countries in international relations pay attention to the nuclear crisis of North Korea. They continuously pull North Korea into the center of world politics and leave North Korea without alternative option. Continuous agenda-setting and issue making has finally attracted North Korea.

3. Agenda-setting and framing

It is important to continuously set agendas about issues which are related to North Korea’s violations concerning the nuclear crisis and human rights. Although North Korea is isolated from world politics, it can’t operate its system if it refuses to cooperate or trade with other countries. As a result, it do not want to be in constant conflict with world politics. Therefore, the focal point of agenda-setting South Korea should impress is the negative effects of nuclear policies and dictatorship of North Korea. Moreover, South Korea should recognize that the goal of developing nuclear influence of North Korea is not to declare war but to ensure protection for their political system. South Korea needs to continuously stress that political system of North Korea would be insured after nuclear dismantlement. These strategies change thoughts of North Korea and induce it to participate in negotiations.

However, South Korea has not been effectively employing this strategy. Agenda-setting which might arouse direct conflict with North Korea could aggravate their relationship. This explains its unwillingness to resort to this strategy. On the other hand, the United States show effective agenda-setting which relates to the nuclear crisis mentioning Iran as a positive example of a successful negotiation.

South Korea needs to set and frame the agenda about similar issues closely related to North Korea. For example, the rebellion against the dictatorship in Syria and the resulting death of the dictator in Yemen which stem from tyrannical politics could be a negative precedent. Also, the agreement with Iran that acquired economic support by abandoning nuclear development could be a positive precedent. Through this agenda setting, South Korea should change the thought of North Korea about their nuclear policies. If this strategy succeeds, North Korea will obtain a new interpretative framework, which could lead them to negotiate.

4. Competition of system: North Korea defector and Korean wave

The last type of soft power strategy is a fundamental solution to provoke change. While the strategies I mentioned above directly targets the North Korea government, this strategy mainly targets the people and the society of North Korea. Promoting economic, cultural superiority could influence the North Korean people and then it could lead to movements which would require a transition from the current society. There are many different kinds of way to conduct this strategy and it is abstract in that we can’t measure how much it could influence society. However, it could also be a strategy which North Korea fears the most in the sense that it could provoke change from the bottom of the society. In addition to this, it could arouse fundamental doubt about the ‘Juche’ ideology or nuclear development which is maintained by an exploitative system.

One of these strategies is the policy concerning defectors. South Korea has been implementing policies which accept defectors and help them adjust to the South Korea society. These defectors get a chance to be independent through re-socialization. And then, some of them carry out activities which denounce the horrible reality of the internal society of North Korea. If their voice became influential in world politics, it could become a greater threat to the North Korea system. In 2012, some defectors testified against the internal violation of human rights in UNCHR to gain attention from the world (Newsis, 2016).

In addition, recently, Korean dramas and music are covertly shared within the North Korea society (Daily NK, 2018). It could also provoke a social movement to call for change. Because the contents reflect a much higher standard of living, it triggers curiosity and admiration from North Korean people. These strategies lead society of North Korea to socialize with the co-optive power in the recipients. Ultimately, long term soft power could threaten North Korea itself.

Limits and conclusion

This essay has analyzed the strategies South Korea has used in order to resolve the North Korean nuclear crisis. South Korea threatens North Korea utilizing consensus among countries. Strategies its government has shown such as the speech of the president Moon-jae-in in the United Nations general assembly, the winter Olympics which reflected a desire for peace and the two-track diplomacy are totally different from the consistently conservative policies that the previous governments showed during the last ten years. In addition, the declaration of the Trump’s administration that they would continuously pressure North Korea about nuclear issues offered the opportunity to react to North Korea’s nuclear policies. In this process, active joint response among South Korea, United States and Japan is also necessary.

However, it is true that there are some drawbacks. In order for North Korea to eventually accept nuclear disarmament, South Korea absolutely needs to cooperate with Russia and China which are not only in a good relationship with North Korea but also in a comparatively competitive relationship with the United States and Japan. If South Korea will succeed in gaining their support, the process of reaching an agreement concerning nuclear issues would be much easier.

Eventually, in contrast with the hard power strategies with hard resources, soft power strategies with soft resources can only be effective when South Korea offers the second attractive option. The options are diverse. The main point is that North Korea should recognize the positive effects of abandoning nuclear.

Also, South Korea should recognize that the effect of soft power strategies is maximized when it coexists with economic / military oppression through hard power. In other words, South Korea must take into account Joseph Nye’s smart power to solve the nuclear crisis.

In this process, the most important thing is to persuade North Korea by offering an attractive choice. The reason why North Korea desires to have a summit meeting with South Korea and the United States is because they judge that the choice would be more profitable. Therefore, the South Korean government needs to reflect upon what objectives North Korea has when they accept to negotiate. For example, China’s economic opening is an example of a good precedent that North Korea could follow. South Korea needs to give North Korea a blue print such as the example of China and lead the agreement about the nuclear problem.

Lastly, it is difficult to apprehend the effectiveness of soft power strategies with soft resources, mentioned by Geun Lee, in the sense that the data and the figures about this strategy are not easy to measure in contrast with hard power strategies. Also, many causes exist concerning change of North Korea. Therefore, further research needs to establish a system to get concrete and scientific data in order to apprehend the complex causes and effects of this strategy such as that stem from smart power strategies.

References

Geun Lee (2009) A theory of soft power and Korea's soft power strategy, Korean Journal of Defense Analysis, 21:2, 205-218, DOI: 10.1080/10163270902913962

Joseph S. Nye. JR. (2013) HARD, SOFT, AND SMART POWER. In: Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur(eds.) The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, pp.559-574

Jung Seong Jang. (1999) Theoretical Structure and Characteristics of the Juche Ideology. 북한연구학회보, 3:2, 251-273

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Yonhapnews. (2018) 27년 만에 ‘남북 단일팀’ 출범 임박… 올림픽은 사상 최초 [Online] Available.

▲Satellite imagery of the Jordan River [NASA]

ANALYSIS / Marina Díaz Escudero

Water is an essential natural resource, not only for individual survival on Earth, but also for nation-states and their welfare; having an effect on socio-economic development, trade, health and population productivity.

As a natural determinant of power, its accessibility must be considered by states in their policies on national security; “hydropolitics” being the branch of study for this phenomenon. Although it has been, and continues to be, a major source of inter-state conflict, it is an arena in which cooperation and diplomacy between rival countries can set the ground for further political agreements, effectively leading to more stable and peaceful relations.

On the other hand, when water is used as a natural border or must be shared between various countries, concurrent cooperation between all of them is essential to find an effective and non-violent way to approach the resource. Otherwise, an overlapping of different, and potentially contradictory, bilateral agreements may lead to frictions. If one of the concerned countries is not present in negotiations, as some historical events suggest (e.g. 1992 multilateral negotiations in Moscow, where Lebanon and Syria where not present), this will always constitute an obstacle for regional stability.

Moreover, although 71% of the Earth’s surface is covered by water, factors such as economic interests, climate change, and explosive population growth are also challenging the sustainable distribution of water sources among countries. The future effects of this scarcity in the region will demand consistent political action in the long-term and current leaders should bear it in mind.

Water availability and conflict in the MENA region

The Middle East and North Africa (MENA) region is known as an arid and semi-arid region, with only 1% of the world’s renewable water resources. On average, water availability is only 1,200 cubic meters, around six times less than the worldwide average of 7,000 cubic meters.

As global temperatures rise, more frequent and severe droughts will take place in the region and this will make countries which already have socio-economic rivalries more prone to go to war with each other. According to the World Resources Institute, thirteen of the thirty three states that will suffer from worse water scarcity in the twenty-first century will be Middle Eastern countries.

To cite the findings of the National Intelligence Council (NIC) report, Global Trends: Paradox of Progress, more than thirty countries – nearly half of them in the Middle East – will experience extremely high water stress by 2035, increasing economic, social, and political tensions.

Although claims to the land were and are the main motives for much of the current conflict, water, as part of the contested territories, has always been considered as a primary asset to be won in conflict. In fact, recognition of the importance of water lent the term, the “War over Water”, to conflicts in the region, and control over the resource constitutes a significant advantage.

Despite there being several water bodies in the Middle East (Nile, Euphrates, Tigris…), the Jordan River basin is one of the most significant ones today in terms of its influence on current conflicts. The Jordan River Basin is a 223 km long river with an upper course from its sources up to the Galilee Sea, and a lower one, from the latter to the Dead Sea. Territories such as Lebanon, Israel and the West Bank are situated to its West, while Syria and Jordan border it to the East. Water scarcity in the Jordan watershed comes from many different factors, but the existence of cultural, religious and historical differences between the riparian countries (situated on the banks of the river) has led to a centuries-long mismanagement of the source.

Tensions between Zionism and the Arab world on regards to the Jordan River became noticeable in the 1950s, when most Arab countries rejected the Johnston Plan that aimed at dividing the water by constructing a number of dams and canals on the different tributaries of the river. The plan was based on an earlier one commissioned by the United Nations Relief and Works Agency (UNWRA) and was accepted by the water technical committees of the five riparian countries. Nevertheless, the Arab League didn’t give the go-ahead and even hardened its position after the Suez Crisis.

In spite of this, Jordan and Israel decided to abide by their allocations and developed two projects, the Israeli National Water Carrier (to transport water from the north to the center and south) and Jordan’s East Ghor Main Canal (King Abdullah Canal). In retaliation and with severe consequences, Arab states reunited in an Arab Summit (1964) and decided to divert Jordan’s headwaters to the Yarmouk river (for the Syrian Arab Republic and Jordan), depriving Israel of 35% of its Water Carrier capacity.

This provocation led to a series of military clashes and prompted Israel’s attack on Arab construction projects; a move that would help precipitate the 1967 Six-Day War, according to some analysts. As a result of the war, Israel gained control of the waters of the West Bank (formely Jordan-annexed in the 1948 war and today still controlled by the Israeli Civil Administration) and the Sea of Galilee (today constituing about 60% of the country’s fresh water).

Later, in 1995, by the Article 40 of the Oslo II political agreement, […] Israel recognized Palestinian water rights in the West Bank and established the Joint Water Committee to manage and develop new supplies and to investigate illegal water withdrawals. Nevertheless, the loss of control over water in the West Bank has never been accepted by neighbouring Arab countries as, despite the agreement, much of the water coming from it is still directly given to Israeli consumers (and only a smaller fraction to Palestinians living under their control).

Role of water in Syrian-Israeli hostilities

Hostilities have been covering the agenda of Syrian-Israeli relationships ever since the Armistice Agreements signed by Israel with each of the four neighbouring Arab countries in 1949. This is compounded by the fact that there is seldom mutual agreement with resolutions proposed by the United Nations Security Council (UNSC).

The Golan Heights, a rocky plateau in south-western Syria, was taken away by Israel in the aftermath of the Six-Day War and is still considered an Israeli-occupied territory. In 1974 the Agreement on Disengagement was signed, ending the Yom Kippur War and resulting in the formation of the United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF), a buffer zone separating the Israeli portion of the Golan Heights and the rest of Syria. Although Israel kept most of the Golan Heights territory, in 1981 it unilaterally passed the Golan Heights Law to impose its jurisdiction and administration on the occupied territory (refusing to call it “annexation”). These laws did not receive international recognition and were declared void by the UNSC.

The fact that Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu stated in April 2016 in a weekly cabinet meeting that “the Golan Heights will remain forever in Israeli hands” has once again triggered the rejection of UNSC’s members, who have declared that the status of the Heights “remains unchanged.”

Rainwater catchment in the Golan Heights feeds into the Jordan River and nowadays provides a third of Israel's water supply. Although “Syria has built several dams in the Yarmouk river sub-basin, which is part of the Jordan River basin”, the Golan Heights are likely to remain an important thorn in future Israeli-Syrian relationships.

Water as a casus belli between Lebanon and Israel

In March 2002, Lebanon decided to divert part of the Hasbani (a major tributary of the Jordan upper course) to supply the lebanese Wazzani village. Ariel Sharon, the former Prime Minister of Israel, said that the issue could easily become a "casus belli". According to Israel, Lebanon should have made consultations before pumping any water from the Springs, but both the Lebanese government and Hezbollah (a shi’a militant group) condemned the idea.

The Wazzani project, according to Lebanon, only aimed to redevelop the south by extracting a limited amount of water from the Hasbani; 300 MCM per year (they drew 7 MCM by the time). The actual conflict with Israel began when Lebanon started constructing the pumping station very close to the Israeli border.

The United States (US) decided to establish a State Department water expert in order to assess the situation “and cool tempers” but in 2006, during the Lebanon war, the pumping station and other infrastructures, such as an underground water diversion pipe which run Letani river water to many villages, were destroyed.

Although Israeli-Lebanese tensions have continued due to other issues, such as spying, natural gas control and border incidents, water source domination has been a significant contributor to conflict between the two states.

Inter-Arab conflicts on water allocation

Some inter-Arab conflicts on regards to water distribution have also taken place, but they are small-scale and low level ones. In 1987, an agreement was signed between Jordan and Syria which allowed the latter to build twenty five dams with a limited capacity in the Yarmouk River. Later on it was proved that Syria had been violating the pact by constructing more dams than permitted: in 2014 it had already constructed forty two of them. New bilateral agreements were signed in 2001, 2003 and 2004, but repeated violations of these agreements by Syria in terms of water-allocation became unsustainable for Jordan. Most recently (2012), former Jordan's water minister Hazim El Naser stressed the necessity “to end violations of the water-sharing accords.”

Although these are low-level tensions, they could quickly escalate into a regional conflict between Jordan, Syria and Israel, as a decrease of water from the Yarmouk released by Syria to Jordan may prevent Jordan to comply with its commitments towards Israel.

Regional cooperation: from multilateralism to bilateralism

Since the beginning of the last century, attempts to achieve multilateral cooperation and a basin-wide agreement between the five co-riparian countries have been hindered by regional political conflict. Boundary definition, choices about decision-making arrangements, and issues of accountability, together with other political divisions, can help explain the creation of subwatershed communities of interest instead of a major watershed agreement between all neighbour countries.

The Israeli-Palestine peace process begun in 1991 with the Conference in Madrid, attended by all riparians: Israel, Jordan, Palestine, Lebanon and Syria. Co-sponsored by the US and the Soviet Union as representatives of the international community, it addressed several regional issues, such as environment, arms control, economic development and, of course, water distribution (in fact, water rights became one of the trickiest areas of discussion).

In 1992, multilateral negotiations about regional cooperation continued in Moscow but this time they were only attended by Israel, the Jordanian-Palestinian delegation and the international community; Syria and Lebanon were not present. “After the failed Johnston plan, external efforts to achieve a multilateral agreement through cooperation on water sources were attempted by the Centre for Environmental Studies and Resource Management (CESAR) […] As Syria and Lebanon did not want to participate in a process involving Israel, (it) ran parallel processes for Israel, the Palestinian Authority and Jordan on the one hand, and Syria and Lebanon on the other hand.”

As a matter of fact, bilateral instruments grew in importance and two treaties, between Israel and Jordan/Palestine respectively, were signed: The Treaty of Peace between The Hashemite Kingdom of Jordan and The State of Israel (1994) and The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip (Oslo II, 1995). Discussions about water use and joint water management played an important role and were included in the annexes.

In 1996, the Trilateral Declaration on Principles for Cooperation on Water-Related Matters and New and Additional Water Resources was signed by Israel, Jordan and the Palestine Liberation Organisation (PLO) and in 2003 the first two initiated a plan called Roadmap for Peace which included the revival of cooperation on regional issues like water.

Although Israel and Syria started some negotiations to solve the Golan Heights’ problem in 2008, after the break out of the Syrian civil war distrust between both actors has increased, leaving the most important thorn in multilateral regional negotatiations still unsolved. Nevertheless, “a new government in Syria after the end of the war may provide new opportunities for improved bi- and ultimately multilateral cooperation,” says the FAO. The previous year (2007) Jordan and the Syrian Arab Republic also signed some agreements “in regard to shared water in the Yarmouk river basin.”

Role of Non-Governmental Organizations

Civil society has also been an important platform for resource-management discussions between riparian countries.

Middle Eastern rhetoric, according to the BBC, “often portrays the issue of water as an existential, zero-sum conflict - casting either Israel as a malevolent sponge sucking up Arab water resources, or the implacably hostile Arabs as threatening Israel's very existence by denying life-giving water.”

For this reason, in 2010, Friends of the Earth Middle East (FoEME, also called EcoPeace Middle East) stressed the importance of replacing this win-lose approach for a compromising perspective of mutual gains for all. In this way, their proposals don’t “include quantitative water allocations, but the implementation of a joint institutional structure that is continuously tasked with peaceful conflict resolution over water resources; […] defining water rights not as the access to a certain water quantity, but as a broader bundle of rights and duties to access and use the available water and to uphold quality and quantity standards.”

Through “The Good Water Neighbors” project (2001), the NGO tried to raise awareness about the negative consequences of leaving this issue unmanaged and reiterated its willingness to strenghten ”institutional capacities for collaboration in the region.” According to the staff, Israel, Jordan and Palestine could develop a certain interdependence, focused on water (Israel to Jordan/Palestine) and solar-generated electricity (Jordan to Palestine/Israel), in order to facilitate the powering of desalination plants and produce more cleanwater for sale.

The use of this type of political support for transboundary cooperation, based on water access but focused on solving less cultural and sensitive problems (like environmental sustainability), as a means to opening up avenues for dialogue on other political issues, could be the key for a lasting peace in the region.

According to Gidon Brombert, cofounder and Israeli director of FoEME, adopting “healthy interdependencies is a powerful way to promote regional water and energy stability as a foundation for long-lasting peace between our people.”

A testament to the success of these initiatives is the fact that Jordan and Israel scored 56.67 under the Water Cooperation Quotient (WCQ) 2017, which means that there is currently zero risk of a water-related war between both states (50 is the minimum score for this to apply).

Final key points and conclusions

There is no doubt that water issues have been a key discussion point between riparian countries in the Jordan River watershed since the late nineteenth century, and rightly so, as the only way to achieve a long-lasting peace in the region is to accept that water management is an integral part of political discourse and decisions. Not only because it is an essential factor in the conflicts that arise between states, but because agreements on other political matters could be furthered through the establishment of sound agreements in the hydropolitical arena.

In other words, a “baby-step” approach to politics should be applied: peaceful discussions on this and other matters leveraged to talk about other sources of conflict and utilized to improve political relations between two parties. The Korean conflict is a good example: although both Koreas are far from agreeing with regards to their political outlook, they have been able to cooperate in other fields, such as the Winter Olympic games. Communication during the games was used to subtly suggest avenues for a political reapproachment, which now seems to be progressing satisfactorily.

As for multilateral-bilateral conditions of negotiations, it is important to take into account the fact that the Jordan River basin, mainly due to its geological condition as a watershed, has to be shared by several different countries, five to be exact. This may seem obvious but clearly many actors don’t see its implications.

Understandably, it is very difficult for a state to manage various bilateral agreements concerning the same asset with countries that are mutually at odds with one another. Their contents can overlap, creating contradictions and making the achievement of a general arrangement not only disorganized, but also challenging. Notwithstanding, a multilaterally agreed distribution of the basin’s water – taking into account the necessities of all riparians simultaneously, could more easily pave the way for further cooperation on other, pressing, political issues.

Last but not least, it is important not to forget about policies related to other regional affairs, and their potential effect on water management. Climate change, for instance, will certainly affect water availability in the MENA region and the Jordan River basin, easily disrupting and modifying past and future agreements on the resource’s allocation and distribution. Attention should also be paid to interest groups and to the economic situation of the countries involved in the negotitations, as these will be determinant in states’ decisions about the implementation of certain future projects.

The Fleet was restored in 2008 due to the geopolitical alliances of Venezuela

Of the US naval forces, the most often in the news have been the Sixth Fleet (Mediterranean) and the Seventh Fleet (Persian Gulf). The Fourth Fleet usually goes unnoticed. In fact, it is hardly staffed and when it needs ships it must borrow them from other units. However, its restoration in 2008, after its deactivation in 1950, indicates that Washington does not want to neglect security in the Caribbean in the face of the movements of Russia and China.

▲The US S Dwight D. Eisenhower arriving at Mayport, Florida, in 2010 [US Navy]

ARTICLE / Dania del Carmen [Spanish version]

The Fourth Fleet is part of the United States Southern Command. It is located in Mayport, Florida, and its area of operations are the waters surrounding Central and South America. The ships currently based at Mayport do not strictly belong to the base and as of today they do not have any forward deployed ships in South America. The staff stationed at the fleet is about 160 personnel and a mixture of military, federal civilians and contractors. As part of the US Naval Forces Southern Command (USNAVSO) they work at the shared headquarters and the commander of the Southern Command is also commander of the Fourth Fleet, currently the Rear Admiral Sean S. Buck.

It was originally established in 1943, during Second World War, to protect the US against Axis surface raiders, blockade runners, and submarines. After the war ended in 1945, the FOURTHFLT was only kept active until 1950. At that moment its area of operations was handed over to the Second Fleet, which had just been established to support the North Atlantic Treaty Organization (NATO).[1]

The Fourth Fleet was reactivated in 2008, during the presidency of George W. Bush, as a way of monitoring possible threats coming from the anti-US sentiment fueled by the then president of Venezuela, Hugo Chávez. During this time Venezuela was receiving loans from Russia, money which was destined to arms purchases and military development. Later on that year, Venezuela performed a joint naval exercise with Russia in the Caribbean Sea as a way to show support for Russian intentions of growing its geopolitical presence as a counterbalance to US power.

The fact that Nicaragua, Bolivia and Ecuador had a similar ideology to Venezuela gave Washington reasons to reestablish the fleet as a reminder that they were still the sole military power in the Western Hemisphere. Although the territory of US was no threatened, preventing any menace to the free access to the Panama Canal has been a permanent assignment for the South Command. In the last years Russia has sought to expand its military footprint in the Americas, through particular dealings with Cuba and Nicaragua, whereas China has increased its investments in the area for the Panama Canal.

Current activity

According to the mission statement on the USNAVSO/FOURTHFLT’s website, the US Fourth Fleet “employs maritime forces in cooperative maritime security operations in order to maintain access, enhance interoperability, and build enduring partnerships that foster regional security in the USSOUTHCOM Area of Responsibility.”
As mentioned previously, when ships and other equipment are assigned to SOUTHCOM and the Fourth Fleet, they are provided by other Navy commands with wider geographic responsibilities far from the American homeland.[2]

The FOURTHFLT has three main lines of action: Maritime Security Operations, Security Cooperation Activities and Contingency Operations.

—As for its Maritime Security Operations, it currently provides maritime forces to Joint Interagency Task Force South (JIATF South) in support of Operation MARTILLO. The JIATF South “conducts detection and monitoring (D&M) operations throughout their Joint Operating Area to facilitate the interdiction of illicit trafficking in support of national and partner nation security.” It uses the resources of the Fourth Fleet or temporarily employs other assets, like the USS George Washington Carrier Strike Group or individual ships from other fleets such as the Norfolk, VA-based Fleet Forces Command or the Third Fleet, headquartered in San Diego, California. For its part, the Operation MARTILLO mainly aims to combat international drug trafficking, enhance regional security, and promote peace, stability and prosperity throughout Central and South America. As part of the Operation MARTILLO, in a joint operation with the U.S. Coast Guard the USS Vandegrift successfully stopped in 2014 a suspicious vessel off the coast of Central America. Security personnel found almost two thousand pounds of cocaine. More recently, in January 2015, the USS Gary and the US Coast Guard successfully seized more than 1,6 metric tons of cocaine from a go-fast vessel. However, the absence of dedicated Fourth Fleet assets demonstrates that its counternarcotics missions are a lower priority for the US Navy than other operations, although they are significantly less demanding, operationally speaking.

—Regarding Security Cooperation Activities, its two main premiere partner nation engagement events are Exercises UNITAS and PANAMAX. UNITAS was conceived in 1959 and first performed in 1960. It is an annual exercise and its purpose is to demonstrate US commitment to the region and to the value of the strong relationships with its partners. PANAMAX dates back to 2003 and it has become one of the largest multinational training exercises in the world. It is primarily focused on ensuring the defense of the Panama Canal, one of the most strategically and economically crucial pieces of infrastructure in the world.

—Lastly, the Fleet is always ready to conduct Contingency Operations: basically humanitarian assistance and disaster relief. The US Navy’s hospital vessel regularly travels throughout the Caribbean and Central America area to provide humanitarian support. As part of the program Continuing Promise 2015, the Comfort visited a total of 11 countries, from Guatemala to Dominica, carrying out procedures like general surgery, ophthalmological surgery, veterinary services and public health training. This was the Comfort’s fourth trip as part of the Continuing Promise initiative. According to SOUTHCOM, the vessel previously participated in the mission’s 2007, 2009 and 2011 incarnations.

Objectives met at reasonable cost

As an integrated part of the Southern Command, the Fourth Fleet has supported SOUTHCOM when dealing with major operations such as the response to the earthquake in Haiti in January 2010. The FOURTHFLT served as the Navy Component Commander during the Operation Unified Response which was the Navy’s largest ever contingency response in humanitarian assistance and disaster relief.

In regards to budgetary implications, spokesperson Ruiz claims SOUTHCOM does not exclusively rely on the US Navy “for maritime resources to accomplish important missions [...] Other important interagency partners, such as the US Coast Guard and US Customs and Border Protection also provide key sea and air platforms and forces to support those missions. Therefore we are looking at a good counterbalance of expense-reward.”

In addition to developing effective humanitarian actions, at a limited economic cost, the Fourth Fleet does not fail to fulfill its purpose of helping the United States have a significant presence in the Western Hemisphere in the eyes of the Latin American and Caribbean States, and also of superpowers such as Russia and China.

1. The Second Fleet itself was deactivated in 2011 and reestablished in 2018.

2. REICH, Simon and DOMBROWSKI, Peter. The End of Grand Strategy. US Maritime Operations In the 21st Century. Cornell University Press. Ithaca, NY, 2017. p. 144

La Flota fue restaurada en 2008 debido a las alianzas geopolíticas de Venezuela

De las fuerzas navales de EEUU, la Sexta y la Séptima Flota –con base el Mediterráneo y en el Golfo Pérsico, respectivamente– son las que tradicionalmente más han aparecido en las noticias. Usualmente la Cuarta Flota pasa desapercibida. De hecho, apenas cuenta con personal, y cuando necesita barcos debe tomarlos prestados de otras unidades. Sin embargo, su restauración en 2008, después de haber sido desactivada en 1950, indica que Washington no quiere descuidar la seguridad en el Caribe frente a los movimientos de Rusia y China.

▲El USS Dwight D. Eisenhower llegando en 2010 a Mayport, Florida [US Navy]

ARTÍCULO / Dania del Carmen [Versión en inglés]

La Cuarta Flota es parte del Comando Sur de Estados Unidos. Está ubicada en Mayport, Florida, y su área de operaciones son las aguas que bañan América Central y del Sur. Los barcos que tienen su base en Mayport no pertenecen estrictamente a la base y en la actualidad no existe ninguno desplegado en las aguas de la región. El personal estacionado en la flota es de aproximadamente 160 personas, incluyendo militares, civiles federales y contratistas. Trabajan en el cuartel general del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EEUU (USNAVSO). El comandante del Comando Sur es también comandante de la Cuarta Flota, actualmente el contraalmirante Sean S. Buck.

Originalmente se estableció en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, para proteger a EEUU de acciones navales de Alemania, tanto ataques de superficie, como de operaciones de bloqueo e incursión de submarinos. Tras terminar la guerra en 1945, la FOURTHFLT se mantuvo activa hasta 1950. En ese momento, su área de operaciones fue entregada a la Segunda Flota, que acababa de establecerse para apoyar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).[1]

La Cuarta Flota fue reactivada en 2008, durante la presidencia de George W. Bush, como reacción a posibles amenazas derivadas del sentimiento anti-estadounidense promovido por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Durante ese tiempo, Venezuela recibía préstamos de Rusia para la compra de armas y para el desarrollo militar venezolano. En 2008 Venezuela realizó un ejercicio naval conjunto con Rusia en el Caribe como forma de apoyo a las intenciones rusas de aumentar su presencia geopolítica, en contrapeso al poder de Estados Unidos.

El hecho de que Nicaragua, Bolivia y Ecuador tuvieran una ideología similar a la de Venezuela reforzó el convencimiento de Washington de reactivar la flota, como recordatorio de que EEUU mantenía su interés en ser el único poder militar en el hemisferio occidental. Aunque el territorio de EEUU difícilmente podía verse amenazado, prevenir cualquier situación de riesgo en el libre acceso al Canal de Panamá ha sido una tarea permanente para el Comando Sur. En los últimos años, Rusia ha buscado expandir su presencia militar en las Américas, a través de relaciones particulares con Cuba y Nicaragua, mientras que China ha incrementado sus inversiones en el área del Canal de Panamá.

Actividad actual

Según indica la página web de USNAVSO/FOURTHFLT en su apartado de “misión”, la Cuarta Flota “emplea fuerzas marítimas en operaciones cooperativas de seguridad marítima para mantener el acceso, mejorar la interoperabilidad y establecer asociaciones duraderas que fomenten la seguridad regional en el área de responsabilidad del USSOUTHCOM”. Como se ha mencionado, cuando se asignan barcos y otros equipos a SOUTHCOM y la Cuarta Flota, estos son provistos por otros comandos de la Armada estadounidense con responsabilidades geográficas más amplias, con base en otras partes del mundo[2].

La FOURTHFLT tiene tres líneas principales de actuación: operaciones de seguridad marítima, actividades de cooperación de seguridad y operaciones de contingencia.

—En cuanto a sus operaciones de seguridad marítima, actualmente proporciona fuerzas marítimas a la Interagency Task Force South (JIATF South) en apoyo de la Operación MARTILLO. La JIATF South “realiza operaciones de detección y monitoreo (D&M) en toda su área operativa conjunta para facilitar la interdicción del tráfico ilícito en apoyo de la seguridad nacional y de la nación socia”. Utiliza los recursos de la Cuarta Flota o emplea temporalmente otros activos, como el USS George Washington Carrier Strike Group o naves individuales de otras flotas como Norfolk, VA Fleet Forces Command o la Tercera Flota, con sede en San Diego, California. Por su parte, la Operación MARTILLO está dirigida principalmente a combatir el tráfico internacional de drogas, mejorar la seguridad regional y promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en América Central y del Sur. Como parte de la Operación MARTILLO, en una operación conjunta con la Guardia Costera de los EEUU, el USS Vandegrift detuvo en 2014 a un buque sospechoso frente a las costas de América Central. El personal de seguridad encontró casi dos mil libras de cocaína. Más recientemente, en enero de 2015, el USS Gary y la Guardia Costera de EEUU decomisaron más de 1,6 toneladas de cocaína de una embarcación rápida. Sin embargo, la ausencia de activos dedicados de la Cuarta Flota demuestra que sus misiones antinarcóticos son una prioridad menor para la Armada de EEUU, aunque son significativamente menos exigentes, desde el punto de vista operativo.

—En lo que respecta a las actividades de cooperación de seguridad, los dos principales eventos de participación con otras naciones son los ejercicios UNITAS y PANAMAX. UNITAS se concibió en 1959 y se realizó por primera vez en 1960. Es un ejercicio anual cuyo propósito es demostrar el compromiso de Estados Unidos con la región y con el mantenimiento de relaciones sólidas con sus socios. PANAMAX se remonta a 2003 y se ha convertido en uno de los ejercicios de entrenamiento multinacionales más grandes del mundo. Se centra principalmente en garantizar la defensa del Canal de Panamá, una de las infraestructura más estratégicas y económicamente importantes del mundo..

—Por último, la Flota siempre está lista para llevar a cabo operaciones de contingencia: básicamente asistencia humanitaria y ayuda en casos de desastre. El buque hospital de la Armada de EEUU viaja regularmente por toda el área del Caribe y América Central para proporcionar apoyo humanitario. En el marco del programa Continuing Promise 2015, el buque Comfort visitó un total de 11 países, desde Guatemala hasta Dominica, llevando a cabo procedimientos como cirugía general, cirugía oftalmológica, servicios veterinarios y capacitación en salud pública. El buque participó previamente en los programas de 2007, 2009 y 2011.

Objetivos cumplidos a coste razonable

Como parte integrada del Comando Sur, la Cuarta Flota ha actuado en operaciones humanitarias importantes, como la respuesta al terremoto en Haití en enero de 2010. La FOURTHFLT tuvo el comando naval en la Operación Respuesta Unificada, que fue la mayor respuesta de contingencia en asistencia humanitaria y ayuda en desastres.

El presupuesto para esas misiones no depende solo de la Marina, como declaró un portavoz del Comando Sur, sino que también hay una contribución de recursos de “otras entidades estadounidenses, como la Guardia Costera y la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, las cuales también aportan plataformas y fuerzas, tanto marítimas como aéreas, que son clave para el apoyo de esas misiones. Por lo tanto, estamos buscando un buen contrapeso de gasto-recompensa”.

Además desarrollar actuaciones humanitarias efectivas, a un coste económico limitado, la Cuarta Flota no deja de cumplir también el propósito de que Estados Unidos tenga una presencia militar significativa en el Hemisferio Occidental ante los ojos de los Estados latinoamericanos y caribeños, y también de superpotencias como Rusia y China.

1. La Segunda Flota se desactivó en 2011 y se restableció en 2018.

2. REICH, Simon and DOMBROWSKI, Peter. The End of Grand Strategy. US Maritime Operations In the 21st Century. Cornell University Press. Ithaca, NY, 2017. p. 144

WORKING PAPER / N. Moreno, A. Puigrefagut, I. Yárnoz

ABSTRACT

The fundamental characteristic of the external action of the European Union (EU) in recent years has been the use of the so-called soft power. This soft power has made the Union a key actor for the development of a large part of the world’s regions. The last decades the EU has participated in a considerable amount of projects in the economic, cultural and political fields in order to fulfil the article 2 of its founding Treaty and thus promote their values and interests and contribute to peace, security and sustainable development of the globe through solidarity and respect for all peoples. Nevertheless, EU’s interventions in different regions of the world have not been free of objections that have placed in the spotlight a possible direct attack by the Union to the external States’ national sovereignties, thus creating a principle of neo-colonialism by the EU.

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[Simon Reich and Peter Dombrowski, The End of Grand Strategy. US Maritime Operations In the 21st Century. Cornell University Press. Ithaca, NY, 2017. 238 pages]

REVIEW / Emili J. Blasco [Spanish version]

The concept of Grand Strategy is not univocal. In its most abstract sense, used in the field of geopolitics, Grand Strategy refers to the geopolitical imperatives of a country and determines what a State must necessarily do to achieve its primary and fundamental purpose in its relationship with others, usually in terms of power. In a lesser degree of abstraction, Grand Strategy is understood as the principle that should govern the way a country confronts conflicts on the international stage. This is what, in the case of the United States, is usually called a Presidential Doctrine and aims to create a norm for the response, especially in the realm of military force, to the challenges and threats that could arise.

This second meaning, more concrete, is the one used in The End of Grand Strategy. Its authors do not question that there are geopolitical imperatives that should determine the action of the United States over time. What they reject is the intention of giving a unique strategic response to the variety of security risks facing the country. “Strategies have to be calibrated according to operational circumstances. They exist in the plural, not in a singular grand strategy,” say Simon Reich y Peter Dombrowski, who are professors at Rutgers University and at the Naval War College, respectively, and experts on defense issues.

For these authors, “the notion of a grand strategy entails the vain search for order and consistency in a ever-more complex world», «the very idea of a single, one-size-fits-all grand strategy has little utility in the twenty-first century. Indeed, it is often counterproductive.”

Despite the unique doctrines sometimes invoked in some presidencies, in reality different strategic approaches coexist in the same mandate or there are even specific strategies that transcend presidencies. "America does not favor one dominant strategy, nor can it", warn Reich and Dombrowski. 

“The concept of grand strategy is debated in Washington, academia, and the media in the 'singular' rather than the 'plural'. The implication is that there is one path to securing US interests in a complicated world. The debaters also tend to accept a fundamental premise: that the United States has a capacity to control events, and so it can afford to be inelastic in the face of a changing, and increasingly challenging, strategic environment”, write the authors.

The book examines the US military operations so far this century, focusing on naval operations. As a maritime power, it is in this domain where the US action has greater strategic expression. The result of that examination is a list of six strategies, grouped into three types, that the United States has operated in “parallel” and “by necessity”:

1. Hegemony. It rely on American global dominance: a) primacist forms are commonly associated with American unilateralism; in the twenty-first century it included a neoconservative nation-building variant (Iraq and Afghanistan); b) leadership strategy or «cooperative security» is a traditionally liberal coalition in which the United States assumes a primus inter pares role; it aims to secure greater legitimacy for American policies (military drills with Asian partners).

2. Sponsorship. It involves the provision of material and moral resources in support of policies largely advocated and initiated by other actors: a) formal strategies that are specifically authorized by international law and protocols (collaboration against pirates and terrorists); b) informal strategies that respond to the request of a looser coalition of states or policy entrepreneurs rather than being authorized by intergovernmental organizations (interceptions at the sea).

3. Retrenchment: a) isolationism wants to withdraw US forces from overseas bases, reduce US alliance commitments and reassert American sovereignty through stricter border control (barrier against drug-trafficking from South America); b) restraint, which implies selective engagement or offshore balancing (Arctic).

The description of all these different actions shows that, in contrast to the theoretical approach seeking a unifying principle, in reality there are a variety of situations, as the military knows. “Military planners, by contrast, recognize that varied circumstances require a menu of strategic choices», say Reich y Dombrowski. «American policy, in practice, does not replicate any single strategy. It reflects all of them, with different strategic approaches applied, depending on circumstance.”

The authors conclude that “if observers were to accept that no one grand strategy is capable of prescribing responses to the full of threats to American national security, they would necessarily recognize that the primary purpose of a grand strategy is only rhetorical —a statement of values and principles that lack operational utility.” “By definition, the architectural design of any single, abstract strategy is relatively rigid if not indeed static –intellectually, conceptually, analytically, and organizationally. Yet that one grand strategy is expected to work in a context that demands enormous adaptability and that routinely punishes rigidity. (...) The military's leadership is far more aware that scholars or policymakers of that inherent problem.”

Which are the benefits of a plurality of calibrated strategies? According to the authors, it underlines to the policymakers and the public the limits of the US power; it shows that the US is as well influenced by global forces that cannot completely domain, and it tempers the expectations about what the US military can achieve.