▲ Frontera entre México y Estados Unidos en Anapra, a las afueras de Ciudad Juárez [Dicklyon]

ANÁLISIS / Túlio Dias de Assis y Elena López-Doriga

Con una votación de 152 países a favor, cinco en contra y doce abstenciones (1), la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el pasado 19 de diciembre el proyecto de resolución que ratificaba el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, acuerdo firmado algunos días antes en la ciudad marroquí de Marrakech. Se trata del primer pacto internacional, bajo los auspicios de la ONU, destinado a abordar la migración a nivel global. Si bien no se trata de un acuerdo vinculante, al ser ejecutado por la Asamblea General de la ONU pretende reiterar principios importantes acerca de la protección de los derechos humanos de los migrantes, de una forma universal y unísona.

A pesar de lo positivo de que se alcanzara un amplio consenso, muchos países se abstuvieron de votar o se posicionaron directamente en contra del pacto, generando incertidumbre sobre su eficacia. Aunque se terminaría llevando a cabo la tan esperada firma en Marrakech, finalmente hubo muchos menos firmantes de los que durante las negociaciones se esperaba. ¿Por qué ese rechazo por parte de algunos países? ¿Y la neutralidad o indiferencia de otros? ¿A qué se deben los múltiples debates que han tenido lugar en varias cámaras parlamentarias a lo largo del mundo en relación al pacto? Estas son algunas de las cuestiones que van a ser abordadas en este análisis.

Antes de abordar el pacto mismo, es importante diferenciar los conceptos de “migrante” y “refugiado”. Un migrante se define como persona que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él temporal o definitivamente, a menudo por razones económicas y generalmente con el objetivo de mejorar su nivel de vida. Mientras que el concepto de refugiado hace referencia a las personas que huyen de conflictos armados, violencia o persecución y se ven por ello obligadas a abandonar su país natal para garantizar su propia seguridad. Los motivos de la persecución pueden ser de muy diversos tipos: persecuciones étnicas, religiosas, de género, por su orientación sexual, entre otros. En todos ellos, dichas causas han provocado temores fundamentados por su vida, lo que, tras un debido proceso, les convierte en “refugiados” a ojos de la Comunidad Internacional.

Cabe destacar que este pacto aborda únicamente lo referente a los derechos de los migrantes, pues para los refugiados ya existe el referente histórico vinculante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de enmienda de 1967, ambos firmados y ratificados por una amplia mayoría de los Estados miembros de la ONU. Además, habría de mencionarse que, de forma simultánea a la elaboración del pacto migratorio, también fue confeccionado un pacto no vinculante, de carácter similar, sobre la temática de los refugiados. Pacto que fue apoyado por una amplia mayoría de Estados, registrándose apenas dos votos contrarios (EEUU y Hungría) y tres abstenciones (República Dominicana, Libia y Eritrea). Por ello, se podría concluir que al menos en materia de refugiados la mayoría de los países no parece tener ningún problema; en lo que a migrantes se refiere, la opinión parece cambiar bastante.

Los orígenes del texto se remontan a la Declaración de Nueva York sobre los Derechos de los Migrantes y Refugiados de 2016, en la que se propone la elaboración de ambos pactos –por un lado el que concierne a los refugiados, y por otro, el de la migración– como una iniciativa más de la implementación de la Agenda 2030. Desde entonces ambos documentos fueron elaborados de forma paulatina hasta que en julio de 2018 se dio por concluido el texto del que nos concierne.

El documento, de naturaleza no vinculante, consiste de varias partes. La primera, comúnmente llamada “Chapeau”, es simplemente una declaración de valores compartidos que supuestamente deberían poseer todos Estados de la comunidad internacional. Seguidamente figura una lista de 23 objetivos, principalmente en materia de cooperación internacional, en gran medida a través de la Organización Internacional de la Migración (OIM), órgano subsidiario de Naciones Unidas. Finalmente el texto explica cómo ha de ser llevada a cabo la revisión periódica del progreso de los Estados firmantes en lo que se refiere a los 23 objetivos mencionados.

La parte más polémica a lo largo y después de las negociaciones es el Chapeau, especialmente por equiparar los derechos de los migrantes y de los refugiados. El documento en su totalidad también es criticado por no distinguir de forma clara los derechos de los migrantes regulares de los que corresponden a los irregulares. Por último, otra medida altamente controvertida fue el llamado a que los países firmantes faciliten un mayor número de visados.

Otros puntos importantes del texto concitaron un sustancial acuerdo, aunque tampoco se libraron de las críticas de los gobiernos más conservadores: entre ellos la garantía de buenas condiciones y cuidados a los migrantes en casos de deportación, el principio de non-refoulement aplicado a las deportaciones de migrantes (la no devolución de migrantes a zonas conflictivas), la otorgación de derechos sociales a los migrantes en los países en los que se encuentren, la creación de una mejor red de cooperación internacional en materia de migrantes bajo la administración de la OIM, así como la creación de medidas para combatir la discriminación a los migrantes.

DIFERENTES POSTURAS

En América

Durante las negociaciones apenas dos países mostraron explícitamente aversión a la elaboración del tratado. Compartiendo la postura de la Hungría de Orbán, se encontraban los EEUU de Trump, que ni tan siquiera se molestó en participar en las negociaciones. La entonces embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, se posicionó rotundamente en contra del acuerdo. “EEUU se enorgullece de su origen migratorio, pero serán los mismos americanos quienes decidirán cómo controlar sus fronteras y quiénes podrán entrar”, declaró Haley, remarcando el interés estadounidense en hacer prevalecer su soberanía nacional. EEUU terminó no firmando el documento.

Además de las razones aportadas por la Administración Trump, la pérdida la dirección de la OIM sufrida por EEUU frente al candidato portugués António Vitorino –y por ende la pérdida del control de la puesta en marcha del pacto– también podría haber tenido bastante peso en su forma de actuar. Quizá no tanto en la decisión primaria de no participar en las negociaciones del pacto, como en la actitud final de no firmarlo. Asimismo, llama la atención el hecho de que varios países que en un principio parecían demostrar apoyo al pacto terminaran retirándose, véase el caso de Brasil tras la toma de posesión de Jair Bolsonaro, o no firmando, como Chile o República Dominicana, que en un principio no se habían opuesto a la propuesta. Esa falta de adhesión se justificaría, según algunos de los negociadores, por los intentos de persuasión de los diplomáticos estadounidenses, aunque ese esfuerzo de EEUU no parece haberse limitado a la esfera latinoamericana. De igual manera, cabe mencionar que la decisión de la delegación dominicana estuvo también en gran medida influenciada por presiones internas procedentes de algunos grupos del legislativo.

En Europa

“Hungría jamás podría aceptar un documento tan partidista, tendencioso y promigración. ¡La migración es un fenómeno peligroso!”. Así empezó la intervención del ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjaártó, durante la celebración del fin de las negociaciones del pacto el pasado 13 de julio. Hungría, junto a EEUU, ha sido de los pocos países que se opusieron a la propuesta desde un principio, pero la representación magyar, al contrario de la estadounidense, sí tomó parte en las negociaciones. El hecho de que la representación magiar adoptara una postura desde el principio tan distinta en comparación con los demás Estados miembros de la Unión Europea hizo que la butaca asignada al cuerpo diplomático europeo estuviera vacía durante la totalidad de  las negociaciones.

Sin embargo, Hungría no fue el único país europeo en tomar una postura tan radical sobre el acuerdo. Cabe destacar que, una vez terminadas las negociaciones, junto a Hungría había en la Asamblea General otros cuatro países opuestos al pacto: Polonia, EEUU, República Checa e Israel. Además, doce más se abstuvieron, incluyendo varios miembros de la UE, como Austria, Bulgaria, Italia, Letonia y Rumanía, mientras que Eslovaquia se ausentó de la votación.

En varios de esos países se produjo un agrio debate parlamentario. En Bélgica, que acabó aceptando el texto, el primer ministro Charles Michel perdió su coalición de gobierno por haber firmado el pacto, ya que la Nueva Alianza Flamenca, su principal aliado en el Ejecutivo, rechazó la ratificación del documento. En el Bundestag también hubo cierta controversia causada por Alternative für Deutschland y algunos miembros de la CDU, aunque finalmente se aprobó la adopción tras una votación en la que una mayoría de 372 a favor, frente a 153 votos en contra y 141 abstenciones, terminó aprobando la medida. En Letonia el parlamento de Riga rechazó claramente el acuerdo, así como los gobiernos de Bulgaria, Austria, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Italia y Suiza no aceptaron el pacto en un principio, pero los Ejecutivos de ambos Estados han remitido la decisión a sus respectivos parlamentos para que tengan la palabra final. En el resto de Europa se aceptó el pacto sin mayores problemas, a pesar de que en casi la totalidad de parlamentos nacionales los grupos parlamentarios de extrema derecha o derecha conservadora plantearon objeciones.

China, Rusia y otros

También cabría destacar las posturas de otros países. Australia fue el primero en quitar su apoyo al pacto tras las negociaciones; justificó su salida afirmando que su sistema actual de protección fronteriza es totalmente incompatible con algunas partes del pacto, invocación a la seguridad que también utilizó Israel. China y Rusia terminaron firmando el pacto, pero reiteraron su negativa a cumplir varios de los objetivos. Finalmente prácticamente todos los países de África y Oriente Medio apoyaron la iniciativa, sin plantear especiales resistencias, probablemente debido al hecho de que se trata de regiones donde se originan los flujos migratorios más relevantes.

MAL PARA LA UE Y PARA LA ONU

En definitiva, la dificultad de un pacto mundial migratorio reside en la preocupación con que muchos países receptores de migrantes ven estos movimientos de personas. La reticencia de los países europeos se debe en gran medida a la crisis migratoria del Mediterráneo, causada por los varios conflictos del Magreb y Oriente Medio; en el caso de Estados Unidos estaría motivada por los flujos migratorios hacia su frontera con México procedentes de América Central y del Sur. En general, todos los países que se resistieron a la adopción del acuerdo han venido siendo los últimos años puntos de destino de inmigración masiva, frente a la que han establecido estrictos controles fronterizos; en esas sociedades la oposición a una propuesta tan aperturista como la promovida por Naciones Unidas, a pesar de no ser vinculante, se ha visto con normalidad.

En cuanto al panorama europeo, las distintas posturas tomadas por los Estados miembros de la Unión Europea podrían suponer una mala señal de cara la integración europea, puesto que una vez más el Servicio Europeo de Acción Exterior parece haber fracasado en su labor de crear una postura común para la UE. El hecho de que desde el principio la representación europea no estuviera presente, debido a la indisposición inicial de Hungría de modificar su postura, pone en cuestión el servicio diplomático común. Además, la postura inicial común que parecían tener los otros 27 Estados de la UE, al margen de la postura magiar, se desvaneció por completo al final del proceso, dado que varios de ellos terminaron desvinculándose del acuerdo. Eso marcó una clara división dentro de la UE en cuanto a migración, asunto sobre el que ya hay bastantes debates abiertos en las instituciones europeas.

En general, a pesar del gran número de países firmantes, teniendo en cuenta toda la oposición creada y las crisis políticas que se llegaron a dar en algunos países, la iniciativa sobre la migración se podría clasificar como de dudosa efectividad, y en algunos aspectos incluso como un fracaso por parte de la ONU. Es evidente que Naciones Unidas parece haber perdido parte de su capacidad para promover su agenda de carácter global, tal como solía hacer hasta hace una década. Probablemente diez años atrás, Occidente habría aceptado de forma unánime las propuestas migratorias del secretario general; hoy, en cambio, existe una mayor división entre los países occidentales, así como dentro de sus mismas sociedades, entre las que cree el escepticismo hacia la propia organización.

Al fin y al cabo, es evidente que entre los países que se han opuesto a un pacto migratorio global se empieza a notar una cierta alineación en contra del planteamiento idealista en relaciones internacionales, a la vez que se ve un realce de la actitud conocida como realista: no hay más que ver los EEUU de Trump, la Italia de Salvini, la Hungría de Orbán, el Brasil de Bolsonaro y el Israel de Netanyahu, por citar los casos más emblemáticos.

Probablemente, en un futuro, la ONU tenga que adaptar sus proyectos a la nueva realidad política internacional, si es que espera mantener su influencia entre sus Estados miembros. ¿Podrá la ONU adaptarse a esta nueva ola de conservadurismo realista? Indudablemente, tiempos interesantes nos esperan para la siguiente década en el panorama internacional…

(1) Votos en contra: Estados Unidos, Hungría, Israel, Polonia y República Checa. Abstenciones: Argelia, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Italia, Letonia, Libia, Liechtenstein, Rumanía, Singapur y Suiza.

▲ Escultura budista 'Manos desde el infierno', del Templo Blanco de Watrongkhun, en Tailandia [Pixabay]

COMENTARIO / María Martín Andrade

El tráfico humano es un fenómeno global que afecta a todo el planeta. Sin embargo, con 11,7 millones de víctimas, Asia-Pacífico es actualmente el principal núcleo de operaciones de los grupos de delincuencia organizada que comercian con personas. Gracias a unas condiciones propicias –asiduas catástrofes naturales y crisis de inmigrantes y refugiados, que tienen como resultado un gran número de desplazamientos por la geografía del sur de Asia–, los grupos criminales se encuentran en la mejor situación para operar.

A pesar de los esfuerzos de la ASEAN de fomentar la cooperación internacional entre sus países integrantes para una lucha efectiva, las diferencias regionales y la corrupción frecuentemente prevalecen sobre otros factores. En otras ocasiones, son los propios gobiernos los que se benefician de las corrientes migratorias, propiciando situaciones de trabajos forzados, contribuyendo con ello a que el sudeste asiático siga contando con las cifras más altas de víctimas de explotación sexual y laboral. La mayor parte de la migración en los países de la ASEAN es intrarregional, siendo Indonesia, Malasia y Tailandia los destinos principales de los inmigrantes.

Foco en Tailandia

En Tailandia, en 2010 el 72% de la inmigración era ilegal, y en estos momentos se estima que supera el millón de personas, siendo la mayoría de Myanmar y de otros países vecinos como Camboya, Vietnam y Laos. La explicación por la que Tailandia se ha convertido en destino principal de emigrantes y, por consiguiente, en una importante tabla de juego para las organizaciones dedicadas al tráfico humano, se encuentra en la combinación de un lento crecimiento demográfico, en comparación con otros países de la región, y un alto desarrollo económico que se empieza a experimentar a partir de los años 90. Según el ASEAN Post, Tailandia posee uno de los mercados que más rápido están creciendo entre los miembros de la ASEAN, lo que ha impulsado al gobierno a seguir trabajando en el desarrollo de su infraestructura, para lo que la inmigración es fundamental.

Al comienzo del boom, Tailandia reclutaba inmigrantes sin tener una legislación que se ocupara del fenómeno, lo que dio lugar a que sus promotores aprovecharan la situación para explotar a aquellos que llegaban sin conocimientos de la lengua y las leyes tailandesas. Hasta la llegada del Gobierno del empresario Thaksin Shinowatra no se empiezó a implantar un sistema de registro que otorgaba permisos temporales. No obstante, caducada su vigencia, muchos de esos permisos no eran renovados, dejando de este modo expuestos a miles de trabajadores a la ilegalidad y, de este modo, a la explotación sexual y otra clase de trabajos forzosos en sectores como la agricultura, la pesca, los servicios domésticos o la industria.

Por otro lado, la falta de regulación legal de las agencias de contratación, a las que el Gobierno tailandés no ha prestado especial atención, ha permitido que esas agencias hayan podido disponer de los inmigrantes a su antojo sin sufrir ninguna represalia por ello. La débil legislación junto con unas condiciones mínimas de seguridad para las víctimas, castigándose únicamente penalmente los abusos físicos extremos, configura una situación de desamparo prácticamente total para los explotados, que también se sienten incapaces de acudir a las autoridades por temor a ser deportados.

Tráfico humano: retos y cooperación internacional

No se puede hacer frente a la delincuencia organizada en el sudeste asiático sin enfrentarse antes a la corrupción en los propios países, ya que son muchos los funcionarios que se benefician de facilitar el traspaso de sus fronteras de dichas organizaciones y los inmigrantes ilegales. Además, la falta de información y análisis de inteligencia por parte de los propios cuerpos de seguridad, junto con las dificultades que ofrece una complicada orografía con amplias zonas boscosas y selváticas de muy difícil control, obstaculizan las investigaciones y hace que las autoridades operen a ciegas.

Con la intención de establecer una base legal común, diversos países de la región han firmado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Naciones Unidas, con el objetivo de eliminar diferencias legislativas y ofrecer medios para combatir el crimen organizado. No obstante, aunque Tailandia sí que la ha firmado, junto con Singapur y Brunei, aún no la ha ratificado. Otras soluciones se han propuesto también desde la ASEAN, con la creación de Heads of Specialist Strategic Units, cuya intención es fomentar la colaboración y cooperación de los países, intercambiando información. Por otro lado, se ha constituido la Regional Support Office con el fin de establecer pautas para la prevención, detención y protección de las víctimas.

A pesar del aparente interés de la esfera internacional, los países de Asia-Pacífico prefieren regirse por relaciones bilaterales que les permitan ser selectivos con las normas que les conviene aplicar, y una cooperación no es posible si lo que prima es ante todo el interés de cada Estado. Dichos Estados van a seguir estando dispuestos a firmar acuerdos siempre y cuando estos no les vinculen estrictamente porque, como en el caso de Tailandia, la preocupación proveniente del exterior es mayor que la que se percibe a nivel interno.

La lucha contra el tráfico humano en Asia-Pacífico tiene un largo camino por recorrer. Las medidas que se adopten no pueden ser efectivas si por parte de los países involucrados no existe una intención firme de acabar con este problema. El tráfico humano es la rentabilidad de un daño, un negocio del que determinados sectores dominantes se benefician, por lo que para llegar a una cooperación internacional fructífera los Estados del sur de Asia tendrían que percibirlo como la lacra que es para su sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

Kranrattanasuit, N. (2014). ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand and Vietnam. International Studies in Human Rights, Volume:109, 4-104.

Henry, N. (2018). Asylum, Work, and Precarity: Bordering the Asia-Pacific. University of Warwick.

Sansó-Rubert, D. (2011). Criminalidad Organizada Transnacional en Asia-Pacífico: Repercusiones para la Seguridad Regional e Internacional. Universidad de Santiago de Compostela-CESEDEN, 159-189.

Origen étnico disputado, agravios de la era colonial británica y miedo a una minoría 'quintacolumnista'

La crisis humanitaria sufrida en Myanmar por minoría musulmana de los rohingyas nos habla también de cuestiones estratégicas. Rodeado el país por poblaciones islámicas, ciertos grupos dirigentes, especialmente los elementos budistas, temen que los rohingyas, que son declarados extranjeros a pesar de llevar generaciones en su territorio, actúen de quintacolumnistas. El miedo a la contaminación yihadista también es invocada por un Gobierno que no ha respetado los derechos humanos de esta minoría.

▲ Refugiados rohingyas [Tasnim News Agency/CC]

ARTÍCULO / Alexia Cosmello Guisande

En agosto de 2017 se daba en Myanmar el que fue conocido como “el gran éxodo de los rohingyas”; un año después, en 2018, reapareció en las primeras páginas de los periódicos internacionales la catástrofe humanitaria que estaba teniendo lugar en ese país. La comunidad internacional, automáticamente, se mostró a favor del grupo minoritario rohingya. Los medios de comunicación hablaron sobre el problema, y siguen haciéndolo, utilizando un lenguaje populista, tratando de buscar la emoción del público.

La historia rohingya es muy poco conocida por la opinión pública, que generalmente desconoce el origen del conflicto y las razones que mueven al Gobierno birmano. Actualmente, los rohingyas están considerados por la ONU como “una de las minorías más perseguidas del mundo”. Para entender bien el núcleo del actual problema es de gran importancia hacer un pequeño análisis sobre la historia de Myanmar, de los rohingyas y de las relaciones entre esa minoría y el país que la acoge.

Historia

El actual estado de Myanmar es un auténtico mosaico de etnias, lenguas, religiones y movimientos insurgentes. Están reconocidas 135 etnias distintas, pero el 90% de la población, aproximadamente, es de religión budista, por lo que las restantes confesiones quedan consideradas como minorías en el país [1]. Concretamente, los rohingyas son de religión musulmana y más de la mitad de la comunidad se encuentra concentrada en la región de Rakhine o Arakan, una de las más pobres del país. Aquí la población está aproximadamente dividida entre: 59,7% budistas, 35,6% musulmanes y el 4,7% restante otras religiones.

Los musulmanes de Rakhine se dividen en dos grupos, por un lado, los kaman que a pesar de ser de otra confesión comparten costumbres con la población budista y tienen reconocida y garantizada la ciudadanía en Myanmar por parte del Gobierno. Por otro lado, los rohingyas, que son una mezcla de diferentes etnias como la árabe, la mogol y la bengalí. A este segundo grupo no se le tiene reconocida la nacionalidad o ciudadanía en el Estado, ya que, a pesar de que sus integrantes llevan generaciones en el país, todavía son considerados inmigrantes ilegales de Bangladesh.

Fue entre 1974, año en que se publicó la Ley de Emergencia sobre Inmigración, y 1982, cuando se aprobó la Ley sobre Ciudadanía, durante el período dictatorial del general Ne Win, que los rohingyas fueron declarados por ley inmigrantes ilegales sin derecho a la ciudadanía en Myanmar. Esta ley, junto a la negativa por parte del Gobierno a una separación en identidades, es una de las razones por las cuales comenzó el conflicto entre las autoridades y los rohingyas. Al conflicto cabe añadirle la participación de los militares, que tienden a instigar la confrontación en la región entre distintos grupos  étnicos.

Por el hecho de ser apátridas, que es en sí una violación de los Derechos Humanos, carecen del reconocimiento de otros derechos básicos como el de acceso al trabajo, la educación o la sanidad, además del de libertad de movimiento dentro del propio país. El conflicto con esta comunidad minoritaria va más allá de la religión, pues también afecta a los aspectos político-económicos del grupo. Están siendo discriminados culturalmente, explotados económicamente y políticamente marginados.

Argumentos

Para entender los argumentos del gobierno de Myanmar para negarles la ciudadanía hay que comprender la historia de la comunidad. En sí, su origen es confuso, lo cual hace que su situación sea más compleja y controvertida. Ellos mismos dicen ser indígenas originarios de la región donde habitan ahora, Rakhine. La historia no lo contradice, pero tampoco lo confirma; de lo que sí hay evidencia histórica es de que llevan generaciones viviendo allí. Por un lado, una versión de su origen, recogida por la historiadora Jasmine Chia, fecha los primeros asentamientos musulmanes en Arakan (antiguo nombre de Rakhine) durante el siglo VII; esos pobladores continuaron viviendo en la región hasta el siglo IX, pero no es hasta el siglo XV cuando se asientan definitivamente y forman una comunidad. Versiones de historiadores locales contradicen la versión anterior y fechan los primeros asentamientos rohingyas en el siglo XIX cuando el lugar estaba bajo la colonización del Imperio Británico, junto a India y Bangladesh, por lo cual sostienen que en realidad estaban asentados en Chittagong y con el tránsito de personas y los éxodos internos migraron a Rakhine. Por último, el historiador francés Jacques P. Leider afirma que la primera vez que se utilizó el término “rohingya” fue por un médico británico en el siglo XVIII, así que, a pesar de que en esa época no estuvieran todavía asentados en la zona, la etnia ya existía.

Se considera la Segunda Guerra Mundial como el origen de la problemática actual. Japón quiso invadir Birmania, por lo que el Imperio Británico decidió armar a los rohingyas para que lucharan contra los nipones. Pero el grupo empleó las armas otorgadas por las autoridades, así como las técnicas aprendidas, para defender al país en su contra. Quemaron tierras y templos de otras étnicas, principalmente budistas. En 1944 hicieron retroceder a los japoneses, por lo cual los británicos, que seguían teniendo el control de la zona, los elogiaron [2].

En 1948 Birmania consiguió la independencia del Imperio Británico, lo que dio la oportunidad a varias minorías que representan el 40% del actual Myanmar de armarse y rebelarse contra el nuevo sistema político. Aun hoy en día partes del país siguen controladas por estos grupos. Antes de la independencia los musulmanes del país crearon la Muslim Liberation Organization (MLO), que tras 1948 pasó a denominarse Partido Mujahid. Este grupo está dentro de la lista de grupos terroristas redactada por el Terrorism Research and Analysis Consortium (TRAC). El Gobierno permitió la eliminación de la lista de terroristas del país de aquellos grupos que hubieran firmado el alto el fuego con el Estado. Esto implica que desde el Gobierno se permite su libre desarrollo y la inversión en estas zonas necesitadas tras años de aislamiento. Es decir, estos grupos ahora pueden moverse libremente por el país y participar en política. Este no es el caso de los rohingyas, que siguen siendo considerados un grupo de extranjeros y un vehículo para la expansión del jihad, de acuerdo con el punto de vista del Gobierno de Myanmar y los budistas. En el último período, el Estado Islámico ha estado expandiendo internacionalmente la narrativa de la religión islámica, por este motivo los monjes budistas (Ashin Wirathu) han calificado al Islam como una religión que amenaza directamente al Estado de Myanmar y advierten que es a través de la minoría musulmana cómo esas ideas violentas pueden impregnar el país más fácilmente debido al contacto de elementos de esa minoría con los grupos terroristas internacionales.

El Gobierno birmano justifica sus actuaciones contra los rohingyas alegando que el conflicto entre las dos religiones desde el período de colonización británica puede dar lugar a conflictos posteriores. De otro lado, existe miedo por parte del Gobierno, los budistas y las otras minorías hacia los roghingyas por sus organizaciones como la Arakan Rohingha National Organization o la Rohingya Solidarity Organization, las cuales tienen una conexión casi directa con líderes y/o miembros de grupos terroristas como Al-Qaeda o los talibanes.

Los budistas ven con preocupación el rápido crecimiento demográfico de los musulmanes, que llevará posiblemente en un futuro no muy lejano a que los musulmanes estén en condiciones de superar en número a la comunidad budista, dejando así de ser una minoría. Ligado a este miedo, está el hecho de que el país se encuentra rodeado por naciones de religión musulmana, y según los budistas, si se diera una invasión inesperada de Myanmar por parte de algunos de estos países, los rohingyas lucharían a favor de los invasores, ya que no se sienten parte del país [3].

Resentimiento

Aunque puede entenderse ese temor de los budistas y del Gobierno mismo, no son justificables las violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales han generado verdaderas crisis humanitarias. En realidad, detrás de la actitud contraria a los rohingyas, más allá de los argumentos invocados oficialmente ante la comunidad internacional, parece esconderse un resentimiento histórico hacia esa minoría por la quema de templos y tierras en la época colonial y un temor a una confrontación abierta.

Claramente, la historia de un país marca su presente y su futuro, y aquellos sucesos de décadas atrás explican parte de lo que hoy ocurre en Myanmar. Si bien no se pueden olvidar agravios pasados, arrastrar el deseo de venganza de generación en generación es la mejor receta para el fracaso como sociedad o incluso la tragedia. Los maltratados niños rohingyas están creciendo odiando al país donde residen, lo que es contraproducente para los objetivos del Gobierno y retroalimenta el miedo de unos a la reacción de los otros.

[1] FARZANA, Kazi Fahmida. Memories of Burmese Rohingya Refugees: Contested Identity and Belonging. “Introduction” (p. 1-40)

[2] ROGERS, Benedict. Burma: A Nation at the Crossroads. Rider Books, 2015

[3] FARZANA, K. F. op. cit. “The Refugee Problem from an Official Account” (p. 59-86)

ANÁLISIS / Nerea Álvarez

Las relaciones entre Japón y Corea no son fáciles. La anexión japonesa de la península en 1910 sigue muy presente en la memoria coreana. Por su parte, Japón posee un sentido de la historia distorsionado, fruto de haber asumido su culpabilidad en la guerra de modo obligado, forzado por el castigo sufrido en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación estadounidense, y no como consecuencia de un proceso propio de asunción voluntaria de responsabilidades. Todo ello ha llevado a que Japón se resista a revisar su historia, sobretodo la de su época imperialista.

Uno elemento clave que dificulta una reconciliación sincera entre Japón y los países vecinos que se vieron invadidos por los nipones en la primera mitad del siglo XX son las mujeres de consuelo o “mujeres confort”. Este grupo de mujeres, procedentes de China, Filipinas, Myanmar, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam y Corea del Sur (alrededor del 80% provenían de este último país), son una consecuencia de la expansión de Japón comenzada en 1910. Durante este periodo, los soldados japoneses se llevaron aproximadamente entre 70.000 y 200.000 mujeres a estaciones de confort donde estos abusaban sexualmente de ellas. Estas estaciones siguieron en marcha en Japón hasta finales de los años 40. Según los testimonios de las mujeres supervivientes, los soldados japoneses se las llevaban de diversas formas: secuestro, engaño y extorsión son solo algunos ejemplos.

Según el testimonio de Kim Bok-Dong, una de las mujeres supervivientes, los soldados nipones adujeron que debían llevársela para trabajar en una fábrica de uniformes porque no tenían suficiente personal. En aquel entonces ella tenía 14 años. Los soldados prometieron a su madre devolvérsela una vez fuese mayor para casarse, y amenazaron con el exilio a toda la familia si no los padres no permitían la marcha de la joven. Fue transportada en ferri desde Busan hasta Shimonoseki (prefectura de Yamaguchi, en Japón), junto con otras treinta mujeres. Después tomaron otro barco que las transportó a Taiwán y luego a la provincia de Guangdong. Allí fueron recibidas por oficiales, que las acompañaron hasta el interior de un edificio donde les esperaban médicos. Examinaron sus cuerpos y las acompañaron a sus habitaciones. Las mujeres fueron agredidas y violadas repetidamente. Tras varias semanas, muchas pensaban en el suicidio: “Estábamos mucho mejor muertas” (Kim Bok-Dong, 2018). Muchas murieron debido a las condiciones a las que se les sometía, a causa de enfermedades, asesinadas por los soldados japoneses en los últimos años de la guerra o, si tenían oportunidad, suicidándose. Se estima que sobrevivieron alrededor de un cuarto o un tercio de las mujeres.

Largo proceso

Tras la guerra y pese a conocerse los hechos, ese dramático pasado fue quedando relegado en la historia, sin que se le prestara la atención necesaria. Corea del Sur no estaba preparada para ayudar a estas mujeres (y Corea del Norte había entrado en un absoluto aislamiento). Durante los años 60, las relaciones entre la República de Corea y Japón empeoraron debido a las políticas antijaponesas de los líderes políticos surcoreanos. En 1965, Tokio y Seúl firmaron el Tratado de Normalización, pero quedó demostrado que los asuntos económicos eran lo prioritario. Se tendieron puentes de cooperación entre ambos países, pero el conflicto emocional impedía y sigue impidiendo mayor relación en campos alejados del económico. Japón sigue alegando que en el Tratado de Normalización se encuentran los argumentos para descartar que estas mujeres posean el derecho de legitimación ante tribunales internacionales, aunque en el texto no se las mencione.

Las cosas comenzaron a cambiar en los años 70, cuando se formó en Japón la Asociación de las Mujeres Asiáticas, la cual empezó a arrojar luz sobre este aspecto de la historia reciente. Al principio, incluso el Gobierno coreano ignoró el problema. La razón principal fue la falta de pruebas de que los hechos hubieran ocurrido, ya que el Gobierno de Japón había mandado destruir los documentos comprometedores en 1945. Además, Japón impidió que el Gobierno surcoreano reclamara reparaciones adicionales por daños incurridos durante el período colonial basándose en el tratado de 1965.

La cultura del sudeste asiático jugó un papel importante en la ocultación de los hechos acontecidos. El valor de mantener las apariencias en la cultura oriental primaba sobre la denuncia de situaciones como las vividas por estas mujeres, que debieron callar durante décadas para no ser repudiadas por su familia.

Cuando la República de Corea se democratizó en 1987, el Gobierno surcoreano comenzó a darle importancia a esta cuestión. En 1990, el presidente Roh Tae Woo, pidió al Gobierno de Japón una lista con los nombres de las mujeres, pero la respuesta desde Tokio fue que esa información no existía porque los documentos se habían destruido. El dirigente socialista Motooka Shoji, miembro de la Cámara Alta de la Dieta japonesa, reclamó que se investigara lo ocurrido, pero el Parlamento alegó que el problema ya se habría resuelto con el Tratado de Normalización de 1965. En 1991, Kim Hak-Sun, una de las mujeres que sobrevivieron a la explotación sexual, presentó la primera demanda judicial, siendo la primera víctima en hablar de su experiencia. Esto supuso el arranque de la lucha de un grupo de más de cincuenta mujeres coreanas que pedían el  reconocimiento de los hechos y una disculpa oficial del Gobierno japonés. A partir del 8 de enero de 1992, “todos los miércoles a las 12 del mediodía, las víctimas junto a miembros del Consejo Coreano y otros grupos sociales marchan frente a la Embajada de Japón en Seúl. La marcha consiste en levantar carteles exigiendo justicia y perdón y expresar en público sus reclamos”.

El Gobierno de Tokio negó toda implicación en el establecimiento, reclutamiento y  estructuración del sistema de las mujeres de confort desde el principio. No obstante, desde la Secretaría del Gabinete tuvo que emitirse en 1992 una disculpa, aunque fue vaga y demasiado genérica, dirigida a todas las mujeres por los actos cometidos durante la guerra. No fue hasta ese año que el Gobierno japonés reconoció su implicación en la administración y supervisión de estas estaciones. La UNHRC determinó entonces que las acciones del Gobierno nipón representaban un crimen contra la humanidad que violó los derechos humanos de las mujeres asiáticas.

En 1993, Japón admitió haber reclutado bajo coerción a las mujeres coreanas. La coerción era la palabra clave para desmentir las declaraciones previas, que indicaban que estas mujeres se dedicaban a la prostitución voluntariamente. El secretario del Gabinete, Yohei Kono, declaró que “el ejército japonés estuvo, directa o indirectamente, involucrado en el establecimiento y la gestión de las estaciones de confort, y en el traslado de mujeres de confort... que, en muchos casos, fueron reclutados en contra de su propia voluntad”. El Gobierno de Japón ofreció sus disculpas, arrepintiéndose de lo sucedido, pero no hubo compensación a las víctimas. En 1994, la Comisión Internacional de Juristas recomendó a Japón pagar la cantidad de $40.000 a cada superviviente. El Gobierno quiso estructurar un plan para pagar a las mujeres con fondos no gubernamentales, pero el Consejo Coreano para las mujeres raptadas por Japón como exclavas sexuales, fundado en 1990 e integrado por 37 instituciones no se lo permitió.

En 1995, el primer ministro Murayama Tomiichi sentó las bases del Asian Women’s Fund, que serviría para proteger los derechos de las mujeres en Japón y en el mundo.  A ojos internacionales, esta organización se vio como una excusa para escapar de las responsabilidades legales requeridas, ya que se recaudaba dinero público, lo que hacía que la participación del Gobierno fuese casi imperceptible. Además, comenzó a hacerse oír una creciente opinión minoritaria de ciudadanos afines a la derecha japonesa que calificaban a las mujeres confort de ‘prostitutas’, a las que no era necesario compensar de ningún modo.

No obstante, la compensación monetaria es una de las cuestiones que menos ha importado a este grupo de mujeres. Su prioridad ante todo es restaurar su dignidad. Que el Gobierno japonés no se haya implicado directamente y no acalle opiniones como las de la minoría derechista, es probablemente lo que más les afecte. Ante todo, estas mujeres luchan por que Tokio reconozca los hechos públicamente y ofrezca una disculpa oficial por lo ocurrido.

La ONU ha seguido tomando el papel de mediador a lo largo de los años. Encontramos en varios documentos pertenecientes a la UNHRC declaraciones que instan a Japón a resolver el problema. En un documento que revisa la primera demanda de la organización (2 de febrero de 1996) en el Consejo de los Derechos Humanos, figura la respuesta del primer ministro Ryutaro Hashimoto: “la cuestión acerca de las reparaciones se resolvió mediante tratados de paz y el Gobierno nunca pagará una indemnización a las víctimas”.

En el documento en cuestión, se clasifica de esclavitud militar a las estaciones de confort. Japón respondió negando cualquier tipo de responsabilidad legal, dada la incapacidad de aplicarse retroactivamente la ley internacional del momento, la imprecisión de la definición de estaciones de confort, la no vigencia de leyes contra la esclavitud durante la Segunda Guerra Mundial y la no prohibición en las leyes internacionales de cometer violaciones en situaciones de conflicto internacional. Además, adujo que las leyes existentes durante la guerra solo se podían aplicar a la conducta cometida por los militares japoneses contra ciudadanos de un Estado beligerante, pero no contra los ciudadanos de Corea, ya que esta fue anexionada y formaba parte del territorio japonés.

En 1998, la abogada estadounidense Gay J. McDougall presentó ante la UNHRC un documento que concluía que las acciones tomadas por las Fuerzas Armadas de Japón eran crímenes contra la humanidad. Más tarde, ese mismo año, la ONU adoptó el texto y cambió la definición previa a estaciones de violación.

Entendimiento que no llega

A lo largo de los años, el problema no ha hecho más que crecer y la política japonesa ha ido alejándose de un posible camino de mejora de las relaciones diplomáticas con sus vecinos. Este problema de revisión de la historia es la base de los movimientos políticos que observamos en Japón desde 1945. Las reformas impuestas por la ocupación estadounidense y los tribunales de Tokio jugaron un papel de gran importancia, así como el Tratado de San Francisco, firmado en 1948. Todo ello ha establecido en la población japonesa una aceptación pasiva de la historia pasada y de sus responsabilidades.

Al haber sido juzgados en los tribunales de 1948, la responsabilidad y culpabilidad que cargaban los nipones se creyó absuelta. Por otro lado, la ocupación de EEUU sobre el archipiélago, tomando el control militar, afectó al orgullo de los ciudadanos. La transformación de la economía, la política, la defensa y, sobretodo, la educación también tuvo sus repercusiones. Desde los comienzos democráticos de Japón, la política se ha centrado en una defensa pasiva, una educación antinacionalista y unas relaciones exteriores alineadas con los intereses de la potencia norteamericana.

Sin embargo, tras las elección como primer ministro en 2012 de Shinzo Abe, líder del Partido Liberal Democrático (LDP), se han introducido numerosos cambios en la política exterior e interior del país, con reformas en campos que van desde la economía hasta la educación y la defensa. Respecto a esta última, Abe se ha enfocado mayormente en reintroducir la fuerza militar en Japón a partir de una enmienda en el artículo 9 de la Constitución de 1945. Este giro se debe a la ideología propia del partido, que quiere dar a Japón un mayor peso en la política internacional. Uno de los puntos clave en su Gobierno es precisamente la postura frente al polémico tema de las mujeres confort.

En 2015, Shinzo Abe y la presidenta de la República de Corea, Park Geun-hye, firmaron un tratado en el que se establecían tres objetivos a cumplir: las disculpas oficiales de Japón, la donación de mil millones de yenes a una fundación surcoreana para el beneficio de estas mujeres y la retirada de la estatua en recuerdo de las mujeres confort levantada frente a la embajada de Japón en Seúl. Este tratado fue el mayor logro en el largo proceso del conflicto, y fue recibido como la solución a tantos años de disputa. Los dos primeros objetivos se cumplieron, pero la controvertida estatua no fue apartada de su emplazamiento. La llegada del presidente Moon Jae-in en 2017 complicó la completa implementación del acuerdo. Ese año, Moon criticó abiertamente el tratado, por considerar que deja de lado a las víctimas y al pueblo coreano en general. Su presidencia ha variado ciertos enfoques estratégicos de Corea del Sur y se desconoce exactamente qué quiere conseguir con Japón.

Acuerdo pendiente

Lo que sí puede concluirse es que retrasar la solución no es beneficioso para ninguna de las partes. Dejar el problema abierto está frustrando a todos los países involucrados, sobre todo a Japón. Un ejemplo de ello es la reciente ruptura de la hermandad entre las ciudades de San Francisco y Osaka en 2018 debido a una estatua en la población estadounidense que representa a las víctimas de este conflicto. En ella se encuentran tres niñas, una niña china, una coreana y una filipina, cogiéndose de las manos. El alcalde de Osaka, Hirofumi Yoshimura, y su predecesor, Toru Hashimoto, habían escrito cartas a su ciudad hermanada desde que se redactó la resolución para construir el memorial. Asimismo, dentro del propio LDP, Yoshitaka Sakurada, calificó de ‘prostitutas’ a este grupo de mujeres en 2016; poco después de haber establecido el tratado de 2015 sobre este tema. Eso ha provocado una respuesta negativa al tratado, ya que se cree que en realidad Japón no busca la reconciliación, sino olvidar el tema sin aceptar la responsabilidad que conlleva. 

El problema radica en cómo afrontan la controversia estos países. La República de Corea, con el presidente Moon, busca cerrar las heridas pasadas con nuevos acuerdos, pero Japón solo aspira a cerrar el asunto lo antes posible. La renegociación de un tratado no es la mejor opción para Japón: incluso buscando la mejor solución para ambas partes, saldría perdiendo. En caso de que el presidente Moon logre llegar a un nuevo acuerdo con el primer ministro Abe para solventar los problemas del anterior tratado, se demostraría que las negociaciones anteriores y las medidas adoptadas por Japón en 2015 han fracasado.

Por muchas disculpas que el Gobierno de Japón haya emitido a lo largo de los años, nunca se ha aceptado la responsabilidad legal sobre las acciones en relación a las mujeres confort. Mientras que esto no suceda, no se pueden proyectar futuros escenarios donde la discusión se solucione. El presidente Moon renegociará el tratado con Japón, pero las probabilidades de que resulte son escasas. Todo indica que Japón no tiene ninguna intención de renegociar el tratado ni de hacerse cargo legalmente. Si no alcanzan una solución, las relaciones entre los dos países se pueden llegar a deteriorar debido a la carga emocional que presenta el problema.

La raíz de las tensiones se sitúa en el pasado histórico y su aceptación. Tanto Moon Jae-in como Shinzo Abe deben reevaluar la situación con ojos críticos en relación a sus propios países. Japón debe comenzar a comprometerse con las acciones pasadas y la República de Corea debe mantenerse una posición constante y decidir cuáles son sus prioridades respecto a las mujeres confort. Solo ello puede permitirles avanzar en la búsqueda del mejor tratado para ambos.

[Josep Piqué. El mundo que nos viene. Retos, desafíos y expectativas del s. XXI: ¿un mundo post-occidental con valores occidentales? Deusto. Barcelona, 2018. 254 págs.]

RESEÑA / Ignacio Yárnoz

Puede que Europa pierda peso económico relativo o, lo que es peor, peso demográfico y competitividad, poniendo en riesgo la sostenibilidad de su estado de bienestar. Puede que sea cada vez menos relevante en el escenario geopolítico global y alejarse del nuevo centro de gravedad del planeta. Sin embargo, sigue siendo un polo indiscutible de atracción para el resto de la humanidad debido a su paz, democracia, libertad, igualdad de género y oportunidades, tolerancia y respeto. Esto es lo que el autor Josep Piqué nos desea transmitir en El mundo que nos viene. Estamos hablando de un economista, empresario y dirigente político –titular de varios ministerios, entre ellos el de Asuntos Exteriores, durante el Gobierno de José María Aznar–, que ha vivido de primera mano la transición de un mundo eurocéntrico hacia un otro que mira más a una pujante Asia.

La obra resulta ser un buen análisis geopolítico del mundo, en el que se destaca una Unión Europea fragmentada, una China muy pujante, una Rusia nostálgica de su pasado imperial, un Oriente Medio dividido en guerras entre bandos irreconciliables y un mundo anglosajón replegado en sí mismo. Divido en diferentes capítulos dependiendo del área geográfica, el libro analiza en profundidad todos y cada uno de los temas.

En primer lugar, el autor recalca la situación que el mundo anglosajón vive, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, países que han renunciado a su hegemonía mundial en aras de un repliegue en sí mismos. En el caso de Reino Unido hablamos del divorcio con la Unión Europea y en el caso de los Estados Unidos hablamos de las políticas del presidente Donald Trump, como el abandono del TPP (Trans Pacific Partnership) con Japón, Chile, Canadá, Australia, Brunei, Nueva Zelanda, México, Perú, Malasia, Vietnam y Singapur. Paradójicamente, frente a la actitud de esos dos actores se registra el auge como potencia de una China que ya no disimula en sus acciones, que ya no quiere ser aquella potencia silenciosa que formulaba Deng Xiaoping.

Rusia y sus acciones en el exterior también son objeto de análisis desde distintas perspectivas, pero principalmente teniendo en cuenta la obsesión rusa con su seguridad. Como argumenta el autor, se trata de un Estado muy sensible con sus fronteras que procura tener los polos enemigos lo más alejados posible, lo que implica una política de influencia en los Estados colindantes con su frontera. Esto explica sus reacciones ante el cambio de bando de los países de Europa del este y su gradual incorporación a la Unión Europea o la OTAN. Tampoco podemos olvidar el tema del gas, las implicaciones del deshielo del Ártico, los yacimientos de petróleo en el mar Caspio u otros asuntos que el autor repasa.

Si observamos el panorama en Oriente Medio, la situación no parece llegar a una paz duradera. Ni en el panorama del conflicto palestino-israelí, ni en las diferentes guerras proxy entre Irán y Arabia Saudí, sin olvidar el fracaso de las diferentes primaveras árabes. Esta situación lleva al autor a analizar en perspectiva histórica cómo ha sucedido todo ello. Por otro lado, analiza la complejidad de los diferentes intereses cruzados entre Turquía, Siria, Rusia, Arabia Saudí e Irán que completan el tablero que representa Oriente Medio.

Por último, no debemos olvidar el capítulo que Josep Piqué reserva para su tesis principal formulada al principio de este artículo: el futuro de la Unión Europea. Como él mismo indica, Europa representa la síntesis neo occidental en un mundo post-occidental. Sin embargo, debe darse cuenta de este potencial y beneficiarse de ello. Como argumenta Piqué, el atractivo de la Unión Europea tanto como proyecto integrador como por los valores liberales y democráticos que representa debe de ser una carta que la UE debe jugar más a su favor. Sin embargo, también se enfrenta a retos como el auge del nacionalismo y del antieuropeísmo, la injerencia rusa en asuntos internos o la falta de credibilidad de las instituciones europeas. Todo ello en el marco de la fuerte recesión económica de 2007 que también analiza el autor como buen economista de carrera. Por último, no debemos olvidar unas notas finales dedicadas a las implicaciones de las nuevas tecnologías, a Latinoamérica y a las oportunidades que tiene España.

Todo ello en su conjunto representa un completo viaje por el mundo de la geoestrategia –en el repaso de las regiones del planeta únicamente se echa en falta una mención a África–, en el que se detallan todas las claves que una persona con interés en las relaciones internacionales debe de tener en cuenta a la hora de analizar la actualidad.

El recelo geopolítico acerca de supuestos intereses exteriores no debiera distraer a los países beneficiarios de aplicar un aprovechamiento sostenible

El Acuífero Guaraní ha dado lugar a una literatura más política que científica en Sudamérica, en la que se denuncia el supuesto interés de grandes potencias (antes Estados Unidos, ahora China) de arrebatar el agua que naturalmente les pertenece a los países de la región. Son cruzadas que muchas veces distraen de un hecho más incontestable: el riesgo no viene tanto del exterior, como de las prácticas incontroladas y la falta de clara legislación en los propios países del acuífero. Este artículo repasa los resultados de algunos recientes estudios sobre las características y el estado del Acuífero Guaraní.

▲ Fuente: UC Irvine/NASA/JPL-Caltech

ARTÍCULO / Albert Vidal

Alrededor de un tercio de los grandes acuíferos subterráneos están en una situación crítica. La técnica actual no nos permite predecir con exactitud cuánta agua nos queda en el planeta, y precisamente por esa incertidumbre, una extracción acelerada del agua subterránea es un riesgo demasiado grande que no vale la pena correr. 

En el mapa superior se nos muestran los 37 mayores acuíferos del mundo, que han sido estudiados por una misión satelital de la NASA conocida como Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE). Esta misión ha intentado medir los niveles de agua en los acuíferos, para de esta forma comprobar el estrés hídrico al que están sometidos, así como su nivel de renovación. De estos, hay 21 cuya extracción no es sostenible, y están perdiendo agua muy rápidamente. Entre estos hay 13 cuya situación es especialmente crítica (rojo más oscuro), y amenaza a la seguridad hídrica regional. Hay otros 16 acuíferos que disfrutan de una recarga suficiente como para no perder agua o incluso ganar; estos están marcados en azul.

Esta investigación de la NASA, cuyos resultados analiza un estudio de Water Resources Research, divide el estrés hídrico de los acuíferos en 4 tipos distintos, de mayor a menor intensidad: estrés extremo, estrés variable, estrés variable dominado por el hombre y ausencia de estrés. Veamos ahora otro mapa, recogido en ese estudio, en el que se muestra la distribución espacial de la extracción de agua subterránea en el mundo:

El color de los puntos indica la intensidad de la extracción, medida con milímetros anuales. Así, esta estadística muestra la suma de extracciones para uso industrial, agrícola y doméstico. A primera vista, se aprecia que los países que sufren una extracción más acelerada son India, Pakistán, China, Egipto y Estados Unidos. En el caso del Acuífero Guaraní, los puntos de extracción se sitúan en territorio paraguayo y cerca de Sao Paulo, con una extracción de entre 0 y 5 milímetros anuales.

La investigación ha producido otros mapas que podrán sernos de ayuda para comprender más a fondo la problemática. En este caso, el siguiente mapa nos muestra un promedio de la recarga anual de los acuíferos en el mundo.

El color amarillo representa una recarga negativa, es decir, son sistemas que están perdiendo agua. El color azul, en cambio, marca aquellos acuíferos que tienen una recarga positiva (mayor recarga a mayor intensidad del azul). El acuífero Guaraní, en concreto, tiene una recarga de 225 milímetros anuales.

Por último, veremos dos mapas referido al estrés hídrico de los acuíferos.

Los países que aparecen aquí arriba (a) sufren un estrés hídrico extremo, esto es, la recarga natural es negativa, y además hay un intenso uso humano. Esto afecta especialmente al continente africano, a Estados Unidos, a Oriente Medio y al corazón de Asia.

Aquí se nos muestran (b) aquellos acuíferos con un nivel de estrés variable. Esto significa que tienen una recarga natural positiva, pero al mismo tiempo existe un uso humano que podría llegar a ser perjudicial. El Acuífero Guaraní se enmarca en este último grupo.

El Acuífero Guaraní

Haciendo referencia a una famosa frase de un discurso de Franklin D. Roosevelt –“un gran poder conlleva una gran responsabilidad”– podemos decir que los países que gozan del acceso al Sistema Acuífero Guaraní (SAG), deben asumir la responsabilidad que conlleva haber sido dotados de ese importante recurso natural. Saben que, muchas veces, dichas riquezas traen competición, malestar e incluso problemas tales como la inestabilidad interna y tensiones entre algunas grandes empresas y gobiernos.

El SAG es un acuífero transfronterizo que se extiende por debajo de la superficie a través de 1,2 millones de km2, entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Según las investigaciones más recientes, esta es la tercera mayor reserva de agua subterránea del mundo según extensión superficial, y contiene alrededor de 45.000 km3. La poca capacidad de recarga es el problema más común en los acuíferos de nuestro planeta, ya que esta no suele ser suficiente para cubrir la cantidad extraída, poniendo así en riesgo su aprovechamiento sostenible. Este sistema es especialmente importante por su grandísima capacidad de renovación (entre 160 y 250 km3 al año), que tiene lugar gracias a las abundantes lluvias que lo alimentan.

Desafíos que plantea

Empecemos, pues, con una breve contextualización histórica. Ha habido diversos momentos que nos ayudarán a comprender el estado actual de los intereses y retos alrededor del SAG. En 1969 se firmó el Tratado de la Cuenca de La Plata, para realizar una serie de estudios sobre la cuenca hidrológica del Plata (que engloba al Acuífero Guaraní). Tres décadas después, en 2001 se ratificó el Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente del  Mercosur, en el que se destacó la importancia del medio ambiente y se propuso la creación de un marco jurídico para conservarlo. Entre 2003 y 2009 se desarrolló el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (PSAG) gracias al impulso de los cuatro países de la cuenca del Río de la Plata, para preparar un marco de gestión del SAG con criterios de sostenibilidad ambiental (y para anticipar problemas futuros). Finalmente, en 2010, se firmó el Tratado de San Juan; un tratado de cooperación mucho más amplio, pero que no fue ratificado por todos los estados parte. También conocido como Acuerdo del Acuífero Guaraní, fue influido por muchos organismos supranacionales y compañías transnacionales. Entonces, cabe la pregunta, ¿dónde están los problemas?

Pues bien, en primer lugar, Argentina y Uruguay ratificaron el Acuerdo del Acuífero Guaraní en 2012, en el que se preveían una serie de restricciones a la extracción del agua, para gestionar los recursos del acuífero de una manera más sostenible. Lo que ocurrió es que ni Brasil ni Paraguay lo ratificaron en ese entonces y, sus firmas son necesarias para que el acuerdo entre en vigencia. Sorprendentemente, Paraguay dio un paso adelante en 2018 y ratificó el acuerdo, dando signos de querer una mayor cooperación. Brasil depende muchísimo del agua extraída del SAG (especialmente sus provincias sureñas), por lo que quiere renegociar el Acuerdo del Acuífero Guaraní, para obtener condiciones más favorables.

Claro que Brasil no es el único que tiene problemas con la situación actual. Paraguay, por ejemplo, no ratificó el acuerdo hasta 2018, alegando una violación de la soberanía nacional (algo totalmente comprensible, si tomamos en cuenta que Paraguay posee el área de recarga del acuífero con mayor extensión). Como ejemplo de todo esto, Miguel Giraut, del Ministerio de Minas y Energía de Argentina, comentó en 2016 que la coordinación era inexistente.

Además de estas tensiones regionales, existen otro tipo de problemas relacionados con las interferencias de potencias exteriores, organizaciones internacionales y corporaciones transnacionales. De nuevo, una reserva como el SAG es especialmente atractiva para empresas y algunos países que necesitan asegurarse el suministro de recursos hídricos. De todos modos, estos peligros son relativamente inocuos si los comparamos con otros que podrían ocasionar la contaminación del acuífero o un cambio irreversible en el ecosistema.

Si afrontamos esta cuestión con cierto realismo, es poco probable que se produzca una contaminación intencionada del acuífero (por ataque químico, por ejemplo), ya que es algo que no beneficiaría a nadie. Ciertamente, existe el peligro de la contaminación accidental por el vertido de sustancias tóxicas de la agricultura. En Brasil, concretamente, hay mucha agroindustria que se está desarrollando sobre el acuífero (especialmente para el cultivo de soja). Ocurre que, por aquellas mismas grietas por las que pasa el agua que recarga el acuífero, también pueden entrar pesticidas, residuos y agrotóxicos. Además, la reciente introducción de técnicas de fractura hidráulica (conocidas como fracking) supone otra vía de potencial contaminación.

Otro posible riesgo proviene de una extracción acelerada por parte de las empresas transnacionales o los propios gobiernos, que superase el nivel de recarga y produjera cambios irreversibles en el ecosistema. La deforestación trae otro factor de riesgo: la capacidad de infiltración del agua es menor cuando los árboles son talados, y el suelo queda expuesto a la erosión y a contaminantes al perder nutrientes (especialmente en zonas de recarga). A ello se suma la presión demográfica y el crecimiento económico, que añaden aún más variables al incierto futuro.

Futuro incierto, pero esperanzador

En síntesis, aunque estos desafíos pueden evolucionar negativamente, existen muchas razones que nos dan esperanza. Al fin y al cabo, el agua del acuífero es muy preciada por sus fines medicinales, su utilidad para la industria del café y su uso en la producción de energía geotérmica. Por eso que los poseedores de este preciado  recurso son los primeros interesados en conservarlo y gestionarlo de manera sostenible, y son totalmente conscientes que para ello, la cooperación es crucial.

Es más, el SAG podría incrementar la importancia geopolítica y geoeconómica de la región, que hasta ahora ha sido considerada como región periférica en el escenario internacional. Es obvio que el agua no deja de ganar importancia como recurso natural, dada su escasez y demanda creciente. Aunque no es probable que la región adquiera un protagonismo de magnitud, por su localización geográfica y dificultades de integración, sí que podría dar pie a que los cuatro países del Cono Sur tomaran posiciones de liderazgo en ámbitos relacionados con la extracción sostenible y la distribución justa del agua en un futuro. Para cazar esta oportunidad, es necesario adoptar actitudes ejemplares desde ya mismo. Si esto ocurre, no solamente van a ser considerados países ejemplares, sino que seguramente atraigan inversión en nuevos métodos de extracción más eficientes. Todo ello, además, potenciará el desarrollo socioeconómico de la población que vive encima del acuífero, que si se consigue mantener va a marcar el futuro de América del Sur.

COMENTARIO / Naiara Goñi

El deslumbramiento de hace unos años por las enormes posibilidades del big data, cuando los grandes medios se hacían eco de su extrema utilidad para la prestación de servicios en una sociedad democrática, siempre que estuviera en buenas manos, ha dado paso en poco tiempo a un pesimismo generalizado, alimentado por el incremento de ciberataques a empresas y Estados y a una mayor amenaza contra la privacidad y las libertades de los ciudadanos.

En 2010, la revista The Economist publicó un reportaje especial titulado “Data, data everywhere” dando la bienvenida a la era de una nueva revolución, esta vez no basada en el vapor o el chip, sino en el dato. “El efecto se siente en todas partes, desde los negocios a la ciencia, desde los gobiernos a las artes. Científicos e ingenieros informáticos han acuñado un nuevo término para el fenómeno: 'big data'”.

Los peligros que para la privacidad y las libertades abría el almacenamiento de ingente información sobre cada uno de los individuos de una sociedad eran ya señalados, pero entonces pesaban más las posibilidades que se abrían. Desde el campo de la ciberseguridad, que ha tenido un desarrollo paralelo al del big data, con el que está estrechamente relacionado, Henry Kissinger advertía ya en ese momento de optimismo de que el futuro no sería plácido.

En su libro Orden Mundial (2014)¹, el experimentado político y diplomático estadounidense apuntaba al riesgo que el desarrollo de esta nueva tecnología suponía para la estabilidad internacional. Aunque no fue la única voz en alzarse pronto sobre este asunto, la autoridad de Kissinger en el campo de la diplomacia nos permite utilizarle aquí como referencia. Si Zhou Enlai dijo que la diplomacia es una guerra continuada por otros medios, hoy podemos afirmar lo mismo de la ciberguerra.

En el capítulo titulado “Tecnología, equilibrio y conciencia humana”, Kissinger constata que la espina dorsal en el concepto de ciberseguridad es la tecnología. Enfatiza el hecho de que antes lo cibernético era un elemento que no se podía controlar en su totalidad, y por ello pasaba a ser un complemento en situaciones de guerra. En la actualidad, sin embargo, se ha consolidado como un factor a tener en cuenta, alterando así las capacidades de los actores que intervienen en el orden mundial. Kissinger afirma que la mayor o menor estabilidad mundial dependerá de quién y con qué propósitos desarrolla esta tecnología

Por consiguiente corresponde indagar sobre los límites teóricos y éticos que atañen a este desarrollo tecnológico. De hecho, Kissinger afirma que “la penetración de las comunicaciones en red en los sectores social, financiero, industrial y militar (…) adelantándose a la mayoría de reglas y regulaciones (…) ha creado ese estado de naturaleza con el que especulaban los filósofos”.

Kissinger da un apunte más cercano a la noción de la ciberseguridad, al mencionar que la revolución tecnológica ha supuesto dos tipos distintos de respuesta. Por un lado, los países democráticos permiten esta revolución. Por el contrario, los países con regímenes totalitarios tienden a dominar o imponerse sobre ella.

Si bien, como se ha dicho, el acceso a los datos fue acogido con optimismo, en las palabras de Kissinger se puede percibir cierta alarma y preocupación, que recientemente no ha hecho más que acentuarse. En los últimos meses, se han sucedido numerosos ejemplos internacionales de hackeo disruptivo, ciberespionaje a empresas o formaciones políticas y ciberinjerencia en campañas electorales.

En su edición de 2018, el informe Ciberamenazas y Tendencias del Centro Criptológico Nacional (CNN) indica que “los actores estatales –análogamente a las organizaciones delincuenciales– se encuentran en una permanente búsqueda de nuevos métodos que les permitan infiltrarse en las redes sin ser detectados”.

No son pocos los casos que se han dado de tentativas de ciberespionaje por parte de gobiernos no democráticos. En China, por ejemplo, se está desarrollando un nuevo buscador online: “Dragonfly”. Esta herramienta permitirá al Gobierno chino ejercer una mayor censura y control, como afirmaba un editorial de The New York Times.

Sin embargo, el CCN señala que el pronóstico en países democráticos no es mucho más esperanzador: “Durante el próximo período, los expertos esperan un crecimiento en el ciberespionaje debido a desencadenantes geopolíticos o sanciones económicas, pero también, debido a los objetivos estratégicos de las naciones.”

La única vía posible para controlar este fenómeno es una legislación clara y estricta, tanto internacional, como de cada uno de los Estados. Sin embargo, debemos constatar que se trata de una realidad que avanza a una velocidad mucho más acelerada que la legislación, y que lo hace al margen de consensos y definiciones.

1. Kissinger, H. (2014). World Order. Nueva York: Penguin Press

El riesgo de uso militar de la instalación, alimentado por cláusulas de confidencialidad, avivan el debate en Argentina y la suspicacia en Washington

La llegada de China al lado oculto de la Luna ha puesto de relieve los avances espaciales chinos. Para esa nueva carrera, Pekín cuenta con una estación de seguimiento y observación en la Patagonia, la primera fue de su propio territorio. En Argentina ha habido un amplio debate sobre posibles fines no reconocidos de esas instalaciones y presuntas cláusulas secretas negociadas en su día por la Administración Kirchner. El Gobierno de Mauricio Macri garantiza los usos pacíficos de la estación, pero la polémica no ha cesado.

▲ Estación espacial china en la provincia argentina de Neuquén [Casa Rosada]

ARTÍCULO / Naomi Moreno Cosgrove

Tras años de paulatina penetración económica, que le ha llevado a convertirse en el primer socio comercial de varios países de Sudamérica y un importante prestamista e inversor en toda la región, la incursión de China en Latinoamérica ya no es silenciosa. La influencia alcanzada en diversas naciones –por ejemplo, adquiere casi el 90% del petróleo exportado por Ecuador y sus créditos han sido básicos para la subsistencia de Venezuela o de ciertas empresas públicas brasileñas– hace que las actividades de China atraigan una especial atención y que su expansión sea cada vez más nítida.

El creciente poder chino en Latinoamérica es especialmente observado por Estados Unidos, aunque su propia desatención a la región, presentada en ocasiones como una consecuencia de su giro hacia Asia, ha contribuido a que los gobiernos nacionales intenten cubrir sus necesidades buscando otros socios de referencia.

Ya suspicaz ante ese crecimiento de la presencia china en el continente americano, cualquier actividad en campos estratégicos, como el de la seguridad, despierta un especial recelo en Washington. Así ha ocurrido con movimientos realizados también por Moscú, como el emplazamiento de una estación para el Sistema Global de Navegación por Satélite ruso (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema o GLONASS) en Managua (Nicaragua). El secretismo en torno al funcionamiento de las instalaciones ha causado desconfianza entre la misma población, levantando sospechas sobre si de verdad su uso está dirigido únicamente a ofrecer una calidad más alta del sistema de navegación ruso o si existe la posibilidad de un aprovechamiento estratégico por parte de las fuerzas de defensa aeroespaciales rusas.

Negociación

Las sospechas sobre la llamada Estación del Espacio Lejano, la estación de la Administración Espacial Nacional China (CNSA) en la Patagonia, en la provincia de Neuquén, parten de entrada del hecho de que fue negociada en un momento de especial desventaja para Argentina, por la debilidad financiera del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y su necesidad de créditos urgentes. Cuando Argentina quedó fuera de los mercados crediticios a nivel internacional por haber incumplido el pago de cerca de 100.000 millones de dólares en bonos, el país asiático supuso una bendición para la entonces presidenta.

En el año 2009, en medio de la crisis financiera, China envió representantes al país latinoamericano para discutir un asunto que poco tenía que ver con las fluctuaciones monetarias: los intereses espaciales de Pekín. Esto obedecía al deseo chino de contar con un centro en el otro hemisferio del globo que pudiera servir de apoyo para su actividad espacial, como la expedición al lado más lejano de la Luna.

Después de meses de negociación bajo gran discreción, el Gobierno chino y el de la provincia de Neuquén firmaron un acuerdo en noviembre de 2012, por el que China obtenía el derecho a utilizar el terreno —sin pago de renta— durante cincuenta años. El acuerdo técnico fue firmado por la empresa estatal china Lanzamiento de Seguridad y Control de Satélites (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) argentina.

Enorme en tamaño la mayor de dos antenas circulares –mide doce pisos de altura, 450 toneladas de peso y cuenta con un extenso diámetro– y visible a mucha distancia por estar en medio de una planicie desértica, la estación se convirtió pronto en un blanco idóneo para la polémica y las suspicacias. El temor a que, además del uso civil declarado, tuviera también un uso militar y fuera utilizada para recabar información interceptando las comunicaciones en esa parte de Sudamérica, alimentó la controversia.

Después de llegar a la presidencia argentina en 2015, Mauricio Macri encomendó a la entonces canciller Susana Malcorra y al embajador argentino en Pekín, Diego Guelar, la tarea de negociar que al acuerdo se agregara la especificación de que la estación solo se usaría para fines pacíficos, algo que los chinos aceptaron.

A pesar de todo, el debate sobre los riesgos y beneficios de la base china sigue vivo en la opinión pública argentina. Políticos de la oposición en Neuquén consideran que “es vergonzoso renunciar a la soberanía en tu propio país”, como dijo la diputada Betty Kreitman cuando los legisladores provinciales se enteraron del proyecto.

Más allá de las fronteras argentinas, funcionarios de la Casa Blanca han tildado el proyecto de “Caballo de Troya”, reflejando la preocupación estadounidense por esta iniciativa, según fuentes citadas por The New York Times. Incluso al margen cualquier disputa estratégica con Estados Unidos, algunos líderes latinoamericanos tienen dudas y remordimientos sobre los lazos establecidos con China, pues les preocupa que gobiernos anteriores hayan sometido a sus países a una excesiva dependencia de la potencia asiática.

Confidencialidad

El principal cuestionamiento de la base china, pues, tiene que ver con su eventual uso militar y con la posible existencia de cláusulas secretas. Estas últimas han sido la causa principal de sospecha internacional, pues es el propio Macri llegó a dar validez a la existencia de esas cláusulas, cuando este se convirtió en arma arrojadiza contra el Gobierno Kirchner, y prometió revelarlas al llegar a la presidencia, algo que no ha hecho. No obstante, las propias autoridades espaciales argentinas desmienten cualquier apartado secreto.

Tal vez el equívoco pueda encontrarse en que el contrato firmado entre la CLTC china y la CONAE argentina establece que “ambas partes mantendrán la confidencialidad respecto de la tecnología, actividades y programas de seguimiento, control y adquisición de datos”. Aunque la confidencialidad respecto a terceros en relación a tecnología es una práctica habitual, en este caso contribuye a la desconfianza pública.

Dado que la CLTC depende del Ejército Popular chino, es difícil negar que los datos que obtenga pasen a dominio de la jerarquía de Defensa y que acaben teniendo un uso militar, aunque no necesariamente ordenado a una acción bélica. Los expertos aseguran, además, que las antenas y otros equipos que se utilizan de respaldo en misiones espaciales, similares a las que tienen los chinos en la Patagonia, posiblemente aumenten la capacidad de China para recabar información. “Una antena gigante es como una enorme aspiradora. Succiona señales, información, todo tipo de cosas”, comentó Dean Cheng, experto de la política de seguridad nacional de China, en el citada información del NYT.

[Roberto Valencia, Carta desde Zacatraz. Libros del K.O. Madrid, 2018. 384 págs]

RESEÑA / Jimena Villacorta

La historia de El Directo –un joven salvadoreño al que a sus 17 años se le atribuían 17 asesinatos, que entró y salió de la cárcel y finalmente fue sentenciado por sus compañeros de mara– sirve de lienzo para un cuadro aún mayor: el grave problema social que suponen las pandillas violentas en Centroamérica, singularmente en El Salvador.

Roberto Valencia, un periodista español que lleva casi veinte años residiendo en ese país centroamericano, ha dedicado tiempo y esfuerzo a abordar en profundidad este problema como reportero de “El Faro”, portal informativo salvadoreño galardonado por sus investigaciones. Carta desde Zacatraz (como los medios locales llaman a la prisión de máxima seguridad de Zacateoluca) es un relato periodístico que a través de una historia concreta expone el panorama más amplio de una realidad verdaderamente compleja.

El 11 de septiembre de 2012 fue la primera vez que Valencia se sentó a platicar con Gustavo Adolfo Parada Morales, alias El Directo, alguien que durante años había acaparado la atención de los medios, a pesar de la existencia de otros miles de jóvenes implicados en las maras. Ese contacto personal animó al periodista a buscar otros testimonios, hasta completar un libro que recoge la voz directa de Parada y la de personas que le conocieron, a partir de entrevistas con quienes le querían, como su madre o su esposa, y con quienes se enfrentaron a él, como algunos jueces.

Fruto de un embarazo no deseado, El Directo nació el 25 de enero de 1982 en la ciudad de San Miguel. Apenas dos décadas después era ya el hombre más peligroso y temido de El Salvador, o por lo menos así lo proyectaban los medios. Miembro de la Pana di Locos, clica de la Mara Salvatrucha, se convirtió en el principal enemigo público. Desde los 17 años, acusado de otros tantos asesinatos (de los que solo reconoció seis) y diversos crímenes, El Directo estuvo en tres centros de internamiento de menores y nueve cárceles. Tuvo la oportunidad de empezar una nueva vida en Costa Rica, pero la echó a perder. No logró irse a Estados Unidos. Estuvo libre por varios meses, pero no pasó mucho tiempo antes de que la Policía lo volviera a capturar.

A través de la vida de Parada, el autor proyecta el fenómeno de las maras en El Salvador. Hace un énfasis en cómo este fenómeno afecta sobre todo a las clases más bajas, mientras que el resto de la sociedad no se percata de la completa magnitud del problema y, por tanto, no se interesa en buscar una solución. Cómo es posible, se plantea Valencia, que una sociedad como la salvadoreña, con 6,5 millones de habitantes, tolere un promedio de 10 homicidios diarios, por no mencionar los otros numerosos delitos, en un país en el que el 1% de la población son pandilleros.

Las medidas de represión aplicadas por los gobiernos de la derecha (ARENA) y de la izquierda (FMLN) no han mejorado el problema de las pandillas. Estas han ido creciendo, tanto fuera como dentro de los centros de detención, muchos de los cuales se encuentran en un estado deplorable. Precisamente la condición de las cárceles agrava la situación: la infraestructura está dañada, hay una gran insalubridad y el hacinamiento es extremo. En la mayoría de las prisiones, los dirigentes pandilleros tienen una gran parte del control y desde ellas dominan sus respectivas organizaciones. “El sistema penitenciario de El Salvador es el más hacinado del hemisferio, afirmación certificada por la Organización de los Estados Americanos”, constata Valencia.

El Directo pasó por diversos encarcelamientos, donde fue gravemente herido en múltiples ocasiones, unas veces por orden de la Mara Salvatrucha, que le declaró traidor y le amenazó de muerte, y otras por policías y empleados de centros penitenciarios. Después de algunos meses en la cárcel decidió reformarse y renunciar a su actividad en la MS. Esto le trajo diversas oportunidades, pero regresó a la prisión. Finalmente fue asesinado en 2013, a los 31 años, por miembros de su nueva mara, La Mirada Locos, pues había sido acusado de mandar matar a alguien de la organización con cuya esposa había tenido un romance.

Es interesante observar cómo en un país donde se registran una gran cantidad de crímenes, durante al menos diez años el caso de El Directo tuvo una absoluta prioridad en los medios, que muchas veces exageraron el historial delictivo de Parada. “Vivimos en un país donde se ha amnistiado a grandes asesinos. La droga circula con relativa libertad y, a pesar de que funcionarios de la Policía han dicho que hay nombres importantes de la empresa, del aparato estatal y del ejército involucrados en el tráfico de droga, no hemos visto ninguna detención a ese nivel”, declara a Valencia el rector de la Universidad Centroamericana, José María Tojeira. Y añade: “La evasión del impuesto sobre la renta es un vicio bastante extendido entre los sectores más pudientes. La policía se maneja todavía con un grado de corrupción significativa. A los diputados se les perdona o se les investiga actos en los que la vida o el honor de otros ciudadanos han sido severamente amenazados”. Por su parte, Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo emérito de San Salvador, lamenta que periodistas, comentaristas, analistas y políticos repitieran una y otra vez, “como coro de iglesia, el falso estribillo de los 17 años, 17 asesinatos”. En su opinión, “quizás se les pasó de la mano en exhibición y prepotencia”, según recoge Valencia.

Roberto Valencia concluye que el problema de los medios de comunicación es que al principio se mostraron benevolentes con las maras, y luego magnificaron el fenómeno, sin hablar de las medidas represivas y las políticas utilizadas para combatirlas.

Carta desde Zacatraz no es un libro condescendiente, pero la crítica no ahoga toda esperanza. Advierte de que los salvadoreños se han acostumbrado a vivir con este problema. Hoy en día es más común evitar ciertos lugares que se sabe que son peligrosos, que tratar de luchar por mejorar al país. Pero alienta la confianza en que vidas destrozadas como la de El Directo sirvan para que las nuevas generaciones quieran para ellas algo mejor.

Washington alerts on the increase of violent, transnational gangs and estimates that MS-13 has reached an all-time high with 10.000 members

The Trump Administration has reported on the increase of violent, transnational gangs within the United States, specifically on Mara Salvatrucha, also known as MS-13, which also keeps a connection to the organization in Central America’s Northern Triangle. Even though United States’ President Donald Trump has addressed this issue demagogically, criminalizing immigration and overlooking the fact that said organization originated in Los Angeles, California, the Federal Bureau of Investigation (FBI) asserts such organizations are recruiting more youths than ever and demanding more violent behavior from its members. American authorities estimate these gangs are partially controlled from El Salvador, although this hierarchy is not as clear.

▲ Mara Salvatrucha graffiti [Wikimedia Commons]

ARTICLE / Lisa Cubías [Spanish version]

Never has probably an utterance of the word “animal” caused as much controversy in the US as President Donald Trump’s reference to MS-13 gang members on May 16th, 2018. Initially, it seemed as a reference to all undocumented immigrants, thus provoking immediate and widespread rejection; it was then clarified that the address referred to gang members illegally entering the United States to commit acts of violence. Trump placed his already declared war on gangs within the frame of his zero tolerance immigration policies and reinforcement of national bodies, such as the Immigration and Customs Enforcement, in order to reduce immigration flows from Latin America to the United States.

The description of the phenomenon of gangs conformed by Latin American youths as a migratory issue had already surfaced on President Trump’s State of the Union address on January 28th, 2018. Before the US Congress, he shared the story of two American teenagers, Kayla Cuevas and Nisa Mickens, who were brutally murdered by six MS-13 gang members on their way home. He asserted that the perpetrators took advantage of loopholes in immigration legislation and reiterated his stance that the US Congress must address and fill in such loopholes in order to prevent gang members from entering the United States through them.

Despite Trump’s demagogical simplification of the issue at hand, truth is that such organizations were born in the US. They are, as The Washington Post said, “as American-made as Google.” They originated in Los Angeles, California, first due to Mexican immigration and furthered by the arrival of immigrants and refugees from the armed conflicts taking place in Central America. El Salvador saw the rise and fall of long twelve years of civil war between the government and left-wing guerrilla groups during the 1980s. The extent and brutality of the conflict, along with the political and economic instability the country was undergoing propelled an exodus of Salvadorans towards the United States. The flow of youths from El Salvador, Honduras and Guatemala propelled the rise of Mara Salvatrucha, also known as MS-13, and the 18th Street gang, both related to the already existing Mexican Mafia (The M).

When peace arrived in Central America during the 90s, various of such youths returned to their home countries, either following their families or expelled by American authorities due to their ongoing criminal activity. In this way it was that gangs began their criminal activity in the Northern Triangle, where to this date continue constituting a critical social problem.

Transnationality

According to the US Department of Justice, there are around 33.000 violent street gangs, with a total of 1,4 million members. MS-13, with around 10,000 enlisted youths, represents 1% from the total figure and in 2017 only 17 members were indicted, and still deserves the White House’s complete attention. At the margin of possible political interests on behalf of the Trump administration, truth is that US authorities have emphasized its increase and danger, besides stating certain commands are given all the way from El Salvador. Such transnationality is viewed in an alarming light.

The United States does not recognize MS-13 as a terrorist organization, as it is not included in their National Strategy for Counterterrorism, released during October 2018. It is instead catalogued as a transnational criminal organization, as mentioned by a document issued by the US Department of Justice on April 2017. According to the report, several of its leaders are imprisoned in El Salvador and are sending representatives to cross into the United States illegally to unify the gangs operating on US territory, while forcing US based MS-13 gangs to send their illegal profits back to gang leaders in El Salvador and motivating them to exert more control and violence over their territories.

According to the FBI, MS-13 and 18th Street “continue to expand their influence in the US.” These transnational gangs “are present in almost every state and continue to grow their memberships, now targeting younger recruits more than ever before.” The US Attorney General warned in 2017 that they numbers are “up significantly from just a few years ago.” “Transnational criminal organizations like MS-13 represent one of the gravest threats to American safety,” he said.

Stephen Richardson, assistant director of the FBI's criminal investigative division, told Congress in January 2018 that the mass arrests and imprisonment of MS-13 members and mid-level leaders over the past year in the US have frustrated MS-13 leaders in El Salvador. “They're very much interested in sending younger, more violent offenders up through their channels into this country in order to be enforcers for the gang,” he told the House Committee on Homeland Security.

The transnational character of MS-13 is contested by expert Roberto Valencia, author of articles and books on the maras. He works as journalist in El Faro, a leading investigative reporting digital media outlet in El Salvador; his latest book, titled Carta desde Zacatraz (Letter from Zacatraz), was just published some months ago.

“At first, gangs in Los Angeles served as moral guides over those who migrated back to El Salvador during the 90s. Some of the veteran leaders living now in El Salvador grew up in Los Angeles and they have kept personal and emotional ties with the gang structures where they were enrolled,” Valencia tells Global Affairs. “Notwithstanding,” he says, “that doesn’t imply an international connection: everyone, regardless of where they live, believe they are the gang’s essence and are not subordinated to other's country organization.” “They share a deeply personal relationship and that is not as easily dissolved, but the link as organization broke time ago,” he sums up.

Valencia strongly rejects any interference by the MS-13 chapter in the United States into the one in El Salvador. Instead, he admits there could be some type of influence going the other way around, as Salvadoran gang members in the United States “can be deported to El Salvador and end up in Salvadoran jails, where they can be punished by the jail mafias.”

Migrants: cause or consequence?

Roberto Valencia also addresses President Trump and his references to gangs: “Trump speaks about MS-13 in order to win votes under the premise of migration policy that ends up criminalizing every single immigrant. It is outrageous Trump presents them as the cause, when gangs actually started in the US. In fact, the vast majority of the Northern Triangle’s emigrants arrive in the United States escaping from gangs.”

In Central America, the control gangs exert over low-income territory ranges from the request of “rent” for businesses located within their areas, to forcing and threatening old women to take care of unregistered newly born children and “requesting” young girls to act as the gang’s head girlfriend or otherwise be killed along with her family. The request for young girls is an extremely common cause for migration, which also denotes the misogynistic culture in Latin American countries’ rural areas. 

The majority of President Trump’s remarks have depicted MS-13 as a threat to public safety and stability of American communities. Nevertheless, the Center for Immigration Studies, prominent independent and non-profit research organization, conducted a research on MS-13 impact in the United States and the immigration measures the administration should take to control their presence. It catalogues MS-13 and other gangs as a threat to public safety, sharing President Trump’s point of view. Notwithstanding, its view is not influenced by the political landscape, and it specifically refers to gangs alone; no mention of regular immigrants or those travelling the recent caravans is made and tied with criminal activity of said impact.

Greg Hunter, American criminal defense attorney and former member from the Arlington County Bar Association Board of Directors from 2002 until 2006 and active member at the Criminal Justice Act Panel for the United States District Court for the Eastern District of Virginia since 2001 until the present day, has closely worked with gang-related criminal cases and affirms how cases related to shoplifting and illegal migration are far more frequent than those that are catalogued as threats to public safety or to the “American community,” such as drug trafficking and murders. He also alluded to the fact that this organizations are not centralized and operate under the same identity and yet don’t follow the same orders. Efforts have been made to centralize operations but have proven ineffective.

It is crucial to consider statistical trends on the influx of immigrants in the face of the recent immigrant caravans parting from the Northern Triangle, which have proven to be a focal and recent point of discussion in the gang debate. Upon the news of their departure towards the United States, President Trump catalogued the entirety of the immigrants composing caravans as “stone cold criminals,” essentially contradicting previous US Customs and Border Protection records. In its Security Report for 2017, it depicts a total of 526,901 illegal immigrants with denied entry, from which 310,531 where apprehended and 31,039 arrested. Among the arrested immigrants there were only 228 MS-13 members (there were 61 members of the 18th Street gang as well). Instead, caravans are composed from various citizens fleeing the violence caused by MS-13 in the Northern Triangle, rather than gang members seeking to take their criminal activities towards the United States.