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Biden no pondrá el reloj donde lo dejó Obama

Joe Biden y Barack Obama en febrero de 2009, un mes después de llegar a la Casa Blanca [Pete Souza]

▲ Joe Biden y Barack Obama en febrero de 2009, un mes después de llegar a la Casa Blanca [Pete Souza]

COMENTARIOEmili J. Blasco

Este artículo fue previamente publicado, algo abreviado, en el diario ‘Expansión’.

Uno de los grandes errores que revelan las elecciones presidenciales de Estados Unidos es haber subestimado la figura de Donald Trump, creyéndole una mera anécdota, y haber desconsiderado, por antojadiza, gran parte de su política. En realidad, el fenómeno Trump es una manifestación, si no una consecuencia, del actual momento estadounidense y algunas de sus principales decisiones, sobre todo en el ámbito internacional, tienen más que ver con imperativos nacionales que con volubles ocurrencias. Esto último sugiere que hay aspectos de política exterior, dejando aparte las maneras, en los que Joe Biden como presidente puede estar más cerca de Trump que de Barack Obama, sencillamente porque el mundo de 2021 es ya algo distinto al de la primera mitad de la anterior década.

En primer lugar, Biden tendrá que confrontar a Pekín. Obama comenzó a hacerlo, pero el carácter más asertivo de la China de Xi Jinping se ha ido acelerando en los últimos años. En el pulso de superpotencias, especialmente por el dominio de la nueva era tecnológica, Estados Unidos se lo juega todo frente a China. Cierto que Biden se ha referido a los chinos no como enemigos sino como competidores, pero la guerra comercial ya la empezó a plantear la Administración de la que él fue vicepresidente y ahora la rivalidad objetiva es mayor.

El repliegue de Estados Unidos tampoco responde a una locura de Trump. En el fondo tiene que ver, simplificando algo, con la independencia energética alcanzada por los estadounidenses: ya no necesitan el petróleo de Oriente Medio y ya no tienen que estar en todos los océanos para asegurar la libre navegación de los tanqueros. El ‘America First’ de algún modo ya lo inició también Obama y Biden no irá en dirección opuesta. Así que, por ejemplo, no cabrá esperar una gran implicación en asuntos de la Unión Europea ni que se retomen negociaciones en firme para un acuerdo de libre comercio entre ambos mercados atlánticos.

En los dos principales logros de la era Obama –el acuerdo nuclear con Irán sellado por Estados Unidos, la UE y Rusia, y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana– Biden tendrá difícil transitar por el sendero entonces definido. Puede haber intentos de nueva aproximación a Teherán, pero habría una mayor coordinación en contra por parte de Israel y el mundo suní, instancias que ahora convergen más. Biden podría encontrarse con que una menor presión sobre los ayatolás empuja a Arabia Saudí hacia la bomba atómica.

En cuanto a Cuba, la vuelta a una disensión estará más en las manos del gobierno cubano que del propio Biden, que en la pérdida electoral en Florida ha podido leer un rechazo a cualquier condescendencia con el castrismo. Pueden desmontarse algunas de las nuevas restricciones impuestas por Trump a Cuba, pero si La Habana sigue sin mostrar voluntad real de cambio y apertura, la Casa Blanca ya no tendrá por qué seguir apostando por concesiones políticas a crédito.

En el caso de Venezuela, Biden posiblemente replegará buena parte de las sanciones, pero ya no cabe una política de inacción como la de Obama. Aquella Administración no confrontó más el chavismo por dos razones: porque no quiso molestar a Cuba dadas las negociaciones secretas que mantenía con ese país para reabrir sus embajadas y porque el nivel de letalidad del régimen aún no se había hecho insoportable. Hoy los informes internacionales sobre derechos humanos son unánimes sobre la represión y la tortura del gobierno de Maduro, y además la llegada de millones de refugiados venezolanos a los distintos países de la región obligan a tomar cartas en el asunto. Aquí lo esperable es que Biden pueda actuar de modo menos unilateral y, sin dejar de presionar, busque la coordinación con la Unión Europea.

Suele ocurrir que quien llega a la Casa Blanca se ocupa de los asuntos nacionales en sus primeros años y que más adelante, especialmente en un segundo mandato, se centre en dejar un legado internacional. Por edad y salud, es posible que el nuevo inquilino solo esté un cuadrienio. Sin el idealismo de Obama de querer “doblar el arco de la historia” –Biden es un pragmático, producto del establishment político estadounidense– ni las prisas del empresario Trump por el beneficio inmediato, es difícil imaginar que su Administración vaya a tomar serios riesgos en la escena internacional.

Biden ha confirmado su compromiso de arrancar su presidencia en enero revirtiendo algunas decisiones de Trump, notablemente en lo relativo al cambio climático y el acuerdo de París; en lo que afecta a algunos frentes arancelarios, como el castigo innecesario que la Administración saliente ha aplicado a países europeos, y en relación a diversos asuntos de inmigración, lo que sobre todo incumbe a Centroamérica.

De todos modos, aunque la izquierda demócrata quiera empujar a Biden hacia ciertos márgenes, creyendo tener en la vicepresidenta Kamala Harris una aliada, el presidente electo puede hacer valer su personal moderación: el hecho de que en las elecciones él haya obtenido mejor resultado que el propio partido le da, de momento, suficiente autoridad interna. Por lo demás, los republicanos han resistido bastante bien en el Senado y la Cámara de Representantes, de forma que Biden llega a la Casa Blanca con menos apoyo en el Capitolio que sus antecesores. Eso, en cualquier caso, puede contribuir a reforzar uno de los rasgos en general más valorados hoy del político de Delaware: la predictibilidad, algo que las economías y las cancillerías de buena parte de los países del mundo esperan con ansiedad.

Multilateralismo: infectado por COVID-19

COMENTARIO Sebastián Bruzzone

“Hemos fallado… Debimos haber actuado antes frente a la pandemia”. No son palabras de un politólogo, científico o periodista, sino de la propia canciller Angela Merkel dirigiéndose a los otros 27 líderes de la Unión Europea el 29 de octubre de 2020.

Cualquier persona que haya seguido las noticias desde marzo hasta hoy puede darse cuenta fácilmente de que ningún gobierno en el mundo ha sabido controlar la expansión del coronavirus, excepto en un país: Nueva Zelanda. Su primera ministra, la joven Jacinda Ardern, cerró las fronteras el 20 de marzo e impuso una cuarentena de 14 días para los neozelandeses que volviesen del extranjero. Su estrategia “go hard, go early” ha obtenido resultados positivos si se comparan con el resto del planeta: menos de 2.000 infectados y 25 fallecidos desde el inicio de la crisis sanitaria. Y la pregunta es: ¿cómo lo han hecho? La respuesta es relativamente sencilla: su comportamiento unilateral.

Los más escépticos a esta idea pueden pensar que “Nueva Zelanda es una isla y ha sido más fácil de controlar”. Sin embargo, es necesario saber que Japón también es una isla y tiene más de 102.000 casos confirmados, que Australia ha tenido más de 27.000 infectados, o que Reino Unido, que es incluso más pequeño que Nueva Zelanda, tiene más de un millón de contagiados. El porcentaje de casos sobre los habitantes totales de Nueva Zelanda es ínfimo, tan solo un 0,04% de su población ha sido infectada.

Mientras los Estados del mundo esperaban que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableciese unas directrices para dar una respuesta común frente a la crisis mundial, Nueva Zelanda se alejó del organismo desoyendo sus recomendaciones totalmente contradictorias, que el presidente estadounidense Donald J. Trump calificó como “errores mortales” mientras suspendía la aportación americana a la organización. El viceprimer ministro japonés Taro Aro llegó a decir que la OMS debería cambiar de nombre y llamarse “Organización China de la Salud”.

El caso neozelandés es el ejemplo del debilitamiento del multilateralismo actual. Lejos queda aquel concepto de cooperación multilateral que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la Segunda Guerra Mundial, cuyo fin era mantener la paz y la seguridad en el mundo. Los fundamentos de la gobernanza global fueron diseñados por y para Occidente. Las potencias del siglo XX ya no son las potencias del siglo XXI: países emergentes como China, India o Brasil exigen más poder en el Consejo de Seguridad de la ONU y en el Fondo Monetario Internacional (FMI). La falta de valores y objetivos comunes entre países desarrollados y países emergentes está minando la legitimidad y relevancia de las organizaciones multilaterales del siglo pasado. De hecho, China ya propuso en 2014 la creación del Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB) como alternativa al FMI o al Banco Mundial.

La Unión Europea tampoco se salva del desastre multilateral porque tiene atribuida la competencia compartida en los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública (TFUE: art. 4.k)). El 17 de marzo, el Consejo Europeo tomó la incoherente decisión de cerrar las fronteras externas con terceros Estados cuando el virus ya estaba dentro en lugar de suspender temporal e imperativamente el Tratado de Schengen. En el aspecto económico, la desigualdad y el recelo entre los países del norte y del sur con tendencia a endeudarse ha aumentado. La negativa de Holanda, Finlandia, Austria y demás frugales frente a la ayuda incondicional requerida por un país como España que tiene más coches oficiales y políticos que el resto de Europa y Estados Unidos juntos ponía en tela de juicio uno de los principios fundamentales sobre los que se construyó la Unión Europea: la solidaridad.

Europa ha sido la tormenta perfecta en un mar de incertidumbre y España, el ojo del huracán. El fondo de recuperación económico europeo es un término que eclipsa lo que realmente es: un rescate financiero. Un total de 750.000 millones de euros repartidos principalmente entre Italia, Portugal, Francia, Grecia y España, que recibirá 140.000 millones y que devolverán los hijos de nuestros nietos. Parece una fantasía que las primeras ayudas sanitarias que recibió Italia proviniesen de terceros Estados y no de sus socios comunitarios, pero se convirtió en una realidad cuando los primeros aviones de China y Rusia aterrizaron en el aeropuerto de Fiumicino el 13 de marzo. La pandemia está resultando ser un examen de conciencia y credibilidad para la Unión Europea, un barco camino del naufragio con 28 tripulantes intentando achicar el agua que lo hunde lentamente.

Grandes académicos y políticos confirman que los Estados necesitan el multilateralismo para responder de forma conjunta y eficaz a los grandes riesgos y amenazas que han traspasado las fronteras y para mantener la paz global. Sin embargo, esta idea se derrumba al reparar en que el máximo referente del bilateralismo de hoy, Donald J. Trump, ha sido el único presidente estadounidense desde 1980 que no ha iniciado una guerra en su primer mandato, que ha acercado posturas con Corea del Norte y que ha conseguido el reconocimiento de Israel por Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos.

Es hora de cambiar la geopolítica hacia soluciones actualizadas y propuestas en el consenso basado en una gobernanza en cooperación y no en una gobernanza global dirigida por instituciones obsoletas y realmente poderosas. El multilateralismo globalista que busca unificar la actuación de países con raíces culturales e históricas muy dispares bajo una misma entidad supranacional a la que éstos ceden soberanía puede causar grandes enfrentamientos en el seno de la entente, provocar la salida de algunos de los miembros descontentos, la posterior extinción de la organización pretendida e, incluso, una enemistad o ruptura de relaciones diplomáticas.

Sin embargo, si los Estados con valores, leyes, normas consuetudinarias o intereses similares deciden agruparse bajo un Tratado o crean una institución regulatoria, incluso cediendo la soberanía justa y necesaria, el entendimiento será mucho más productivo. Así, una red de acuerdos bilaterales entre organizaciones regionales o entre Estados tiene la posibilidad de crear objetivos más precisos y específicos, a diferencia de firmar un tratado globalista en el que las extensas letras y listas de sus artículos y miembros pueden convertirse en humo y una mera declaración de intenciones como ha ocurrido con la Convención de París contra el Cambio Climático en 2015.

Esta última idea es el verdadero y óptimo futuro de las relaciones internacionales: el bilateralismo regional. Un mundo agrupado en organizaciones regionales formadas por países con características y objetivos análogos que negocien y lleguen a acuerdos con otros grupos de regiones mediante el diálogo, el entendimiento pacífico, el arte de la diplomacia y pactos vinculantes sin la necesidad de ceder el alma de un Estado: la soberanía.

Trump-Biden: Dos candidatos con estrategia internacional en clave interna

COMENTARIORafael Calduch Torres*

Tal y como manda la tradición desde 1845, el primer martes de noviembre, el próximo día 3, los habitantes con derecho a voto de los cincuenta estados que conforman Estados Unidos, tomarán parte en el quincuagésimo noveno Election Day, el día en el que se conforma el Colegio Electoral, que tendrá que elegir entre mantener al cuadragésimo quinto Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, o escoger al cuadragésimo sexto, Joe Biden.

Pero el verdadero problema al que se enfrentan no sólo los habitantes de EEUU, sino el resto de población del planeta es que tanto Trump como Biden plantean su estrategia internacional en clave interna, siguiendo la estela del cambio que se produjo en el país a raíz de los atentados del 11-S y cuyo resultado fundamental ha sido la ausencia de un liderazgo efectivo de la superpotencia americana en los últimos veinte años. Porque si hay algo que nos tiene que quedar claro es el hecho de que ninguno de los candidatos, como no lo hicieron sus predecesores, tiene un plan que permita retomar el liderazgo internacional del que disfrutaron los Estados Unidos hasta el final de la década de los ’90; por el contrario lo que les urge es resolver los problemas domésticos y supeditar las cuestiones internacionales, que una superpotencia de la talla de los EEUU debe afrontar, a las soluciones que se adopten internamente, lo que es uno de los graves errores estratégicos de nuestra era, pues los liderazgos internacionales fuertes y coherentes con la gestión de los problemas internos han permitido históricamente la creación de puntos de encuentro en la sociedad estadounidense que amortiguan las divisiones y cohesionan al país.

Sin embargo, pese a estas similitudes generales hay una clara diferencia entre ambos candidatos a la hora de abordar los temas internacionales que afectará a los resultados de la elección que harán el martes los estadounidenses.

The Power of America’s example”. Con este eslogan, la propuesta general de Biden, mucho más clara y accesible que la de Trump, desarrolla un plan para liderar el mundo democrático en el S. XXI basado en utilizar la forma en la que se solucionarán los problemas domésticos estadounidenses como ejemplo, aglutinante y sostén de su liderazgo internacional; ni que decir tiene que la mera suposición de que los problemas internos de los Estados Unidos no sean exactamente extrapolables al resto de actores internacionales no se tiene tan siquiera en cuenta.

Así el candidato demócrata, utilizando una retórica bastante tradicional en torno a la dignificación del liderazgo, utiliza la conexión entre realidad interna e internacional, para plantear un programa de regeneración nacional sin concretar cómo ello conseguirá restablecer el liderazgo internacional perdido. Este planteamiento se sustentará sobre dos pilares principales que serán la regeneración democrática del país y la reconstrucción de la clase media estadounidense que, a su vez, permitirán apuntalar otros proyectos internacionales

La regeneración democrática descansará en el refuerzo de los sistemas educativo y judicial, la transparencia, la lucha contra la corrupción o el fin de los ataques a los medios y se plantea como el instrumento para el restablecimiento del liderazgo moral del país que, además de inspirar a otros, serviría para que los EE.UU. trasladasen esas políticas nacionales estadounidenses al ámbito internacional, para que otros las sigan y las imiten a través de una suerte de liga global por la democracia que se nos antoja muy nebulosa.

Mientras tanto, la reconstrucción de la clase media, la misma a la que apeló Trump hace cuatro años, pasaría por una mayor inversión en innovación tecnológica y una supuesta mayor equidad global respecto al comercio internacional, del que se beneficiaría sobre todo Estados Unidos.

Finalmente, todo lo anterior se complementaría con una nueva era en el control armamentístico internacional a través de un nuevo tratado START entre EEUU y Rusia, el liderazgo de EEUU en la lucha contra el cambio climático, el fin de las intervenciones en suelo extranjero, particularmente en Afganistán, y el restablecimiento de la diplomacia como elemento vertebrador de la política exterior estadounidense.

Promises Made, promises kept!”. ¿Cuál es la alternativa de Trump? El actual Presidente no desvela cuáles son sus proyectos y plantea, sin embargo, un repaso a sus “logros” que, entendemos, nos dará idea de lo que será su política exterior que girará en torno a la continuidad en el reequilibrio comercial de los EEUU basado, como hasta ahora, en un blindaje de las compañías estadounidenses frente la inversión extranjera, la imposición de nuevos aranceles, la lucha contra prácticas comerciales fraudulentas especialmente por parte de China y el restablecimiento de las relaciones de EEUU con sus aliados en Asia/Pacífico, Oriente Medio y Europa, pero sin propuestas específicas.

Con respecto al ámbito de la seguridad, tratado de forma diferenciada por Trump, la receta es el aumento de los gastos en defensa, el blindaje del territorio de los Estados Unidos contra el terrorismo y la oposición a Corea del Norte, Venezuela e Irán, a la que se unirá el mantenimiento y expansión de la reciente campaña de acciones dirigidas específicamente contra Rusia, con el objetivo declarado de contenerla en Ucrania y de evitar ciberataques.

Pero la realidad es que ambos candidatos tendrán que enfrentar retos globales que no han considerado en sus programas y que les condicionarán decisivamente en sus mandatos, empezando por la gestión de la pandemia y sus efectos económicos a escala mundial y pasando por la creciente competición de la Unión Europea, sobre todo a medida que se desarrollen sus capacidades militares y de defensa comunes.

Como acabamos de evidenciar, ninguno de los candidatos ofrecerá soluciones nuevas y por ello no es probable que la situación mejore, al menos en el corto plazo.

* Doctor en Historia Contemporánea. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Profesor de la UNAV y de la UCJC

Los JJOO de Tokio 2021 y la diplomacia pública japonesa: una oportunidad de proyección internacional en un mundo post-Covid

COMENTARIOJuan Luis López Aranguren

Si la diplomacia tradicional se entiende como las relaciones ejercidas entre representantes oficiales de los Estados, en los últimos años ha ganado popularidad un nuevo concepto de diplomacia que se ha vuelto cada vez más importante en las relaciones entre las naciones: la diplomacia cultural. Asumiendo que la cultura es el vehículo a través del cual las naciones se comunican entre sí, la diplomacia cultural es el intercambio de cultura, ideas e información que las naciones de todo el mundo realizan para lograr una comprensión mutua que permita avanzar en la construcción de un mundo más justo y estable. En este ámbito, la celebración de los Juegos Olímpicos es uno de los eventos de diplomacia cultural más importante que una nación puede lograr para proyectar y compartir su cultura e identidad con el resto del mundo. En este sentido, Japón reafirmó su posición como referente mundial de esta diplomacia con la aparición pública en la ceremonia de clausura de los JJOO de Río de Janeiro de 2016. En ella, el primer ministro japonés Shinzo Abe apareció caracterizado como el personaje mundialmente conocido Mario para recoger el testigo de cara a los JJOO de Tokio 2020. Japón empleaba, de esta manera, un icono de la cultura pop japonesa para proyectar su identidad cultural a todo el planeta. 

En esta dimensión del poder blando o diplomacia cultural, los Juegos Olímpicos son el mayor exponente del mismo. Ya en su origen, en el año 776 a.C., los JJOO se revelaban como una herramienta diplomática de extraordinaria fortaleza al obligar a una tregua sagrada a las diferentes ciudades-estado que participaban en los mismos. Por lo tanto, desde su mismo origen fue posible lograr objetivos políticos internacionales empleando esta herramienta cultural. Esta medida se observaba hasta el punto de que si alguna ciudad-estado violaba esta tregua, sus atletas eran expulsados de la competición.

Esta misma manifestación se ha repetido en épocas más recientes, demostrando que los JJOO han sido durante toda la Historia un campo de batalla diplomático. En 1980 los EEUU y otros 65 países boicotearon los JJOO de Moscú en protesta por la invasión de Afganistán por parte de la URSS. Como represalia, la URSS y otros 13 Estados boicotearon la siguiente edición de los JJOO en 1984 celebrada en Los Ángeles.

Los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 (retrasados un año debido a la pandemia) no arrastran ninguna polémica de este tipo. En su lugar han sido concebidos como una oportunidad histórica de reinvención del país a nivel interno y global tras la catástrofe de Fukushima (o Gran Terremoto del Este de Japón). Para ello se ha aprobado un proyecto oficial titulado Tokyo 2020 Action & Legacy Plan 2016 en el cual se pretende conseguir tres objetivos: en primer lugar, lograr la máxima conexión de ciudadanos japoneses y colectivos con los JJOO de Tokio. En segundo lugar, maximizar la proyección cultural tanto nacional como global. En tercer y último lugar, asegurar un legado de valor a las futuras generaciones, tal y como fue con ocasión de los JJOO de Tokio 1964.

Estos tres objetivos apuntados por el Gobierno japonés se manifestarán en cinco pilares dimensionales en los cuales se va a actuar. Estos cinco pilares se articulan a modo de los anillos olímpicos, entrelazándose entre ellos y fortaleciendo el impacto doméstico e internacional de estos JJOO. Estas dimensiones, son, empezando por el más inmediato a la propia vertiente puramente deportiva, la promoción del propio deporte y la salud. El segundo, conectar con la cultura y educación. El tercero, también con gran importancia por su potencial de reforma de Tokio en particular y Japón en general, la planificación urbana y la sostenibilidad. No en vano, El Gobierno japonés y el Gobierno metropolitano de Tokio han realizado grandes esfuerzos para construir infraestructuras ambiciosas que den cabida a estos JJOO, hasta el punto de relocalizar la famosa e icónica lonja de Tsukiji que ha sido un símbolo de la ciudad desde 1935. En cuarto lugar, estos JJOO se van a emplear para reactivar la economía y la innovación tecnológica, de la misma manera que ya lo hicieron los JJOO de Tokio de 1964 cuando sirvieron de escaparate para los primeros Shinkansen o trenes bala que se han convertido en uno de los iconos tecnológicos de Japón. Finalmente, en quinto lugar, Japón se planteó estos JJOO como una oportunidad de superar la crisis y el trauma provocado por el desastre de Fukushima (catástrofe que en el país nipón se denomina empleando el terremoto que lo provocó: el Gran Terremoto del Este de Japón).

A estos cinco objetivos que van desde lo más específico a los más general se les suma este 2020 un sexto objetivo o dimensión no oficial: proyectar a nivel doméstico e internacional la recuperación de Japón frente a la pandemia del COVID. En este sentido, los JJOO no serán solamente un símbolo de superación frente a un desastre particular japonés, sino que puede permitir al país nipón colocarse como un modelo en la gestión contra la pandemia y en la promoción de la recuperación económica.

Psicología y seguridad en tiempos de pandemia

COMENTARIO / Luis Ángel Díaz Robredo*

Puede resultar sarcástico para algunos, e incluso cruel, escuchar que estas circunstancias de pandemia mundial por COVID-19 son tiempos interesantes para la psicología social e individual. Y aún puede resultar más extraño, tener en cuenta estos tiempos difíciles a la hora de establecer relaciones con la seguridad y la defensa de los estados.

En primer lugar hay que señalar lo evidente: las actuales circunstancias son excepcionales puesto que no habíamos conocido antes una amenaza para la salud tal que trascendiera a ámbitos tan diversos y decisivos como la economía mundial, la política internacional, la geoestrategia, la industria, la demografía… Los individuos e instituciones no estábamos preparados hace unos meses y, aun a día de hoy, los solventamos con cierta improvisación. Las tasas de mortalidad y contagio se han disparado y los recursos que la administración pública ha movilizado son desconocidos hasta la fecha. Sin ir más lejos, la operación Balmis –misión de apoyo contra la pandemia, organizada y ejecutada por el Ministerio de Defensa– ha desplegado en 20.000 intervenciones, durante 98 días de estado de alarma y con un total de 188.713 militares movilizados.

Además de las labores sanitarias de desinfección, logística y apoyo sanitario, se han dado otras tareas más propias del control social, como la presencia de militares en las calles y en puntos críticos o el refuerzo en fronteras. Esta labor que a algunas personas puede desconcertar por su naturaleza poco habitual de autoridad sobre la propia población está justificada por comportamientos grupales atípicos que hemos observado desde el inicio de la pandemia. Baste citar unos pocos ejemplos españoles que reflejan cómo en algunos momentos se han dado conductas poco lógicas de imitación social, como la acumulación de bienes de primera necesidad (alimentos) o no de tan primera necesidad (papel higiénico) que vaciaban durante unas horas las estanterías de los supermercados.

Ha habido momentos también de insolidaridad e incluso de cierta tensión social ante el miedo al contagio contra colectivos vulnerables, como los ancianos con COVID-19 trasladados de una localidad a otra y que eran abucheados por el vecindario que los recibía y debían ser escoltados por la policía. También, con escasa frecuencia pero igualmente negativo e insolidario, se han conocido casos en los cuales algunos sanitarios sufrían el miedo y el rechazo por parte de sus vecinos. Y últimamente la sanción y detención de personas que no respetaban las normas de distancia social y protección individual ha sido otra actuación habitual de las autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos hechos, que afortunadamente han sido limitados y solventados con rapidez por las autoridades, han sido sobradamente superados por muchos otros comportamientos sociales positivos de solidaridad, altruismo y generosidad entre ciudadanos.

Sin embargo, y puesto que la seguridad nacional debe contemplar no solo los escenarios ideales sino también situaciones con carencias o posibles riesgos, se debe tener en cuenta esas variables sociales a la hora de establecer una estrategia.

En segundo lugar, el flujo de información ha sido un verdadero tsunami de fuerzas e intereses que han arrollado las capacidades informativas de sociedades enteras, grupos empresariales e incluso individuos. En este juego por llegar a captar la atención del ciudadano han competido tanto medios de comunicación oficiales, como medios de comunicación privados, redes sociales e incluso grupos anónimos con intereses desestabilizadores. Si algo ha demostrado esta situación es que el exceso de información puede resultar tan incapacitante como la falta de información y que, incluso, el uso de información falsa, incompleta o de alguna forma manipulada nos
hace más influenciables frente a la manipulación de agentes exteriores o incluso vulnerables al ciberhacking, con evidentes peligros para la estabilidad social, la operatividad de servicios sanitarios, la facilitación del crimen organizado o incluso la salud mental de la población.

En tercer y último lugar, no podemos olvidar que la sociedad y nuestras instituciones –también las relacionadas con seguridad y defensa– tienen su máxima debilidad y fortaleza basadas en las personas que las forman. Si hay algo que la pandemia está poniendo a prueba es la fortaleza psicológica de los individuos debido a la circunstancia de incertidumbre hacia el presente y futuro, gestión del miedo a la enfermedad y a la muerte, y una necesidad innata de apego a las relaciones sociales. Nuestra capacidad de afrontar este nuevo escenario VUCA (del inglés Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) que afecta a todos y cada uno de los ambientes
sociales y profesionales exige un estilo de liderazgo fuerte, adaptado a esta situación tan exigente, auténtico y basado en los valores grupales. No existe a día de hoy una solución unilateral, si no es con el esfuerzo de muchos. No son palabras vacías el afirmar que la resiliencia de una sociedad, de unas Fuerzas Armadas o de un grupo humano, se basa en trabajar juntos, luchar juntos, sufrir juntos, con una cohesión y un trabajo en equipo convenientemente entrenados.

Dicho esto, podemos entender que las variables psicológicas –a nivel individual y de grupo– están en juego en esta situación de pandemia y que podemos y debemos usar los conocimientos que nos aporta la Psicología como ciencia seria, adaptada a las necesidades reales y con espíritu constructivo, para planificar la táctica y la estrategia de los escenarios actual y futuro derivados del Covid-19.

Sin duda, son momentos interesantes para la Psicología.

* Luis Ángel Díaz Robredo es profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra

España: Directiva de Defensa Nacional 2020, consideraciones preliminares

Programa VCR 8x8 [Marco Romero/MDE]

▲ Programa VCR 8x8 [Marco Romero/MDE]

COMENTARIOSalvador Sánchez Tapia

Tras un vacío de ocho años desde la publicación de la última en 2012, el pasado día 11 de junio, el presidente del Gobierno firmó una nueva Directiva de Defensa Nacional (DDN), marcando con ello el inicio de un nuevo ciclo de Planeamiento de la Defensa que, de acuerdo con lo establecido por la Orden de Defensa 60/2015, debe tener una vigencia de seis años.

La redacción de la DDN 20 constituye un loable esfuerzo de puesta al día para adaptar la Defensa Nacional a los retos de un complejo entorno estratégico en continua transformación. Su redacción ofrece, además, una oportunidad excelente para construir por el camino una comunidad intelectual sobre tan relevante cuestión, que resultará fundamental a lo largo de todo el ciclo.

Este artículo aborda un análisis preliminar de la DDN 20 centrado en sus aspectos más relevantes. En una primera aproximación, el documento oficial sigue la línea, ya consagrada por otras Directivas, de subsumir el concepto de Defensa, esencialmente militar, dentro del más amplio de Seguridad, que afecta a todas las capacidades del Estado. En este sentido, la primera dificultad que ha tenido que sortear la DDN 20 es, precisamente, la falta de un documento estatutario similar a la DDN, redactado al nivel de la Seguridad Nacional, que lo ilumine y oriente. A decir verdad, el vacío no ha sido total, pues tal como manifiesta la DDN 20 en su introducción se dispone de una Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) que, aunque publicada en 2017, ha servido de referencia en su elaboración, a pesar de la evidente falta de consistencia que se aprecia entre los escenarios estratégicos descritos en ambos documentos.

A este respecto, precisamente, cabe señalar la poca concreción con que la nueva DDN define el escenario estratégico, en comparación con la algo mayor con que lo hace la ESN. La DDN 20 dibuja un escenario vago, casi genérico, aplicable casi sin cambios a cualquier nación del mundo, sin referencias a zonas geográficas concretas; una acumulación de amenazas y riesgos para la seguridad con impacto en la Defensa, ninguna de las cuales aparece como más probable, o más peligrosa, y a las que se une el reconocimiento de cambios en el orden internacional que acercan de nuevo la posibilidad de conflictos armados de envergadura.

Un planteamiento como este hace difícil la posterior definición de objetivos de la Defensa y de directrices de actuación y, quizás por ello, se observan ciertas incoherencias entre las tres partes del documento. Sí llama la atención que, pese a que el documento levanta acta, un tanto apresurada, de la emergencia del COVID-19, la posibilidad de que se desencadene una pandemia no aparezca considerada en la descripción del escenario estratégico, algo que, por otra parte, sí recoge la ESN 17.

Junto a la descripción de este escenario, la DDN 20 aparece entreverada con un conjunto de consideraciones de naturaleza programática, en sí positivas y relevantes, pero que poco tienen que ver con lo que cabe esperar en un documento de esta naturaleza, pensado para orientar el planeamiento de la Defensa Nacional. En unos casos, como el del fomento de la perspectiva de género, o el de la mejora de la calidad de vida del personal en sus dimensiones de mejora de instalaciones de vida, conciliación de la vida profesional con la familiar, y reinserción en la vida civil una vez finalizado el vínculo con las Fuerzas Armadas, las consideraciones son más propias de la Política de Personal del Departamento que de una DDN. En otros, como el de la obligación de respetar las culturas locales en las operaciones militares, parecen más materia propia de las Reales Ordenanzas o de otro tipo de código deontológico.

Sin duda motivada por la emergencia del COVID-19, y a la vista del papel que las Fuerzas Armadas han asumido durante la misma, la DDN enfatiza la importancia de las misiones de colaboración con las autoridades civiles y de apoyo a las mismas, algo, por lo demás, consustancial a las Fuerzas Armadas, y establece el objetivo concreto de adquirir capacidades que permitan la colaboración y apoyo a dichas autoridades en situaciones de crisis y emergencia.

La gestión de la pandemia habrá podido poner de relieve lagunas en las capacidades de respuesta, carencias en los instrumentos de coordinación, etc., abriendo con ello una ventana de oportunidad para avanzar en este terreno y producir una respuesta más eficaz en el futuro. Conviene, no obstante, precaverse contra la posibilidad, abierta en esta DDN, de perder de vista los cometidos centrales de las Fuerzas Armadas, para evitar que un excesivo foco en las misiones de apoyo a la población civil termine por desnaturalizar su organización, dotación y adiestramiento, mellando con ello la capacidad de disuasión de los Ejércitos y su operatividad en combate.

La DDN contiene también la habitual referencia, obligada por necesaria, a la promoción entre los españoles de una verdadera Cultura de Defensa. La mención está justificada por el papel que el Ministerio de Defensa debe jugar en este esfuerzo. Sin embargo, no es al ámbito de la Defensa al que hay que recordar la importancia de esta cuestión. El impacto de cualquier esfuerzo de promoción de la Cultura de Defensa estará limitado si no es asumido como propio por otros departamentos ministeriales, además de por todas las administraciones del Estado, siendo conscientes además de que no es posible generar una Cultura de Defensa sin un consenso previo de ámbito nacional sobre cuestiones tan esenciales como los objetivos o valores compartidos por todos. Es, tal vez, en este aspecto en el que hay que poner el acento.

Quizás el punto más controvertido de la DDN 20 sea el de la financiación. La consecución de los objetivos establecidos en el documento requiere de una inversión financiera sostenida en el tiempo que rompa el techo actual de gasto en defensa. Mantener a las Fuerzas Armadas en la élite tecnológica, mejorar sustancialmente la calidad de vida del personal profesional –lo que empieza por dotarle del equipo que mejor garantice su supervivencia y superioridad en el campo de batalla–, reforzar la capacidad de apoyar a las autoridades civiles en situaciones de emergencia, robustecer las capacidades de inteligencia y actuación en el ciberespacio, o hacer frente con garantías a las obligaciones operativas derivadas de nuestra participación activa en organizaciones internacionales sobre las que, además, se suscribe el compromiso de reforzarlas hasta el 50% por espacio de un año, es tan necesario como costoso.

La DDN 20 así lo reconoce en su párrafo final cuando dice que el desarrollo de las directrices del documento precisará de la financiación que resulte necesaria. Esta afirmación, sin embargo, es poco más que el reconocimiento de lo obvio, y no va acompañada de ningún compromiso ni garantía de financiación. Teniendo en cuenta los importantes compromisos que ya tiene suscritos el Ministerio con los Programas Especiales de Armamento pendientes, y a la vista del panorama económico-financiero que se dibuja en el horizonte por los efectos del COVID-19, que ha llevado al JEME a anunciar al Ejército de Tierra la llegada de un período de austeridad, y que merecería figurar entre las principales amenazas a la seguridad nacional, parece difícil que los objetivos de la DDN 20 puedan ser cubiertos en los términos que esta plantea. Este es el verdadero Talón de Aquiles del documento, que puede convertirlo en poco más que papel mojado.

En conclusión, hay que congratularse por la emisión de una nueva DDN por lo que tiene de esfuerzo de puesta al día de la política de Defensa Nacional, incluso a falta de un instrumento similar que articule periódicamente el nivel de la Política de Seguridad en el que la de Defensa debe quedar subsumida.

La emergencia del COVID-19 parece haber sobrepasado al documento, haciéndole perder parte de su vigencia y poniendo en tela de juicio, no ya la voluntad, sino la capacidad real de alcanzar los ambiciosos objetivos que propone. Al menos, cabe la posibilidad de que el documento actúe, siquiera de forma limitada, como una suerte de escudo que proteja al sector de la Defensa contra el escenario de escasez de recursos que, sin duda, España va a vivir en los próximos años.

Vietnam, un modelo con lastres

Terrazas de campos de arroz en Vietnam [Pixabay]

▲ Terrazas de campos de arroz en Vietnam [Pixabay]

COMENTARIOEduardo Arbizu

La combinación de una economía de mercado y un régimen autoritario dominado por el Partido Comunista de Vietnam (PCV) ha llevado a Vietnam, un país con más de 90 millones de habitantes, a convertirse en una pieza esencial para el futuro del Sudeste Asiático

El Vietnam actual es la consecuencia de un proceso de cambio confuso y contradictorio que ha transformado no solo la economía del país, sino que ha tenido también un profundo impacto en la vida social, la configuración urbana, el medio ambiente, las políticas internas y exteriores y cuyos efectos finales se verán en el largo plazo.

Un impresionante cambio económico

La transformación del modelo económico en Vietnam deriva formalmente de la decisión adoptada en el sexto congreso del PCV en diciembre de 1986 de abrir el país a la economía de mercado, pero sus raíces las encontramos antes, en la crisis económica que siguió a la guerra, en el colapso de la producción agrícola que la radical implantación de un modelo comunista provocó en 1979. Esta debacle obligó a permitir el comercio privado de cualquier excedente de producción que superara los objetivos establecidos por el Estado para las empresas o tierras públicas. Esta especie de capitalismo de Estado abonó el terreno para la liberalización que siguió al fallecimiento del líder estalinista, Le Duan, en 1986. La aprobación de la política de do-moi o renovación supuso el abandono de la planificación y la opción por el libre mercado. No fue una decisión ideológica sino instrumental. Si el PC quería mantener el control del país necesitaba generar un millón de puestos de trabajo al año, garantizar el alimento para 90 millones de habitantes y reducir la pobreza.

Ha sido un éxito económico y social: la renta per cápita se ha incrementado radicalmente y la población bajo el umbral de la pobreza se ha reducido del 60 al 20 %. El embargo de Estados Unidos acabó en 1993 y en 1997 ambos países firmaron un nuevo acuerdo de comercio. En 2007 Vietnam fue admitido en la OMC. En ese contexto de apertura, más de 150.000 nuevas empresas se crearon bajo la nueva ley de empresas y grandes compañías internacionales como Clarks, Canon, Samsung e Intel instalaron centros de producción en Vietnam.

Los logros del proceso, sin embargo, no deben ocultar sus debilidades: una economía controlada por el Estado a través de joint ventures y empresas estatales, un frágil Estado de Derecho, corrupción masiva, un entramado de familias leales al PCV que acumulan riqueza y poseen la mayoría de los negocios privados, una desigualdad creciente y un profundo deterioro ecológico.

La agricultura ha evolucionado desde la súbita caída de producción que siguió a la colectivización comunista a la situación actual en la que Vietnam es el segundo mayor exportador de arroz en el mundo, cultivo que representa el 20% de sus exportaciones. La industrialización de la economía ha hecho que la agricultura, que era el 40% del PIB, sea hoy solo el 20%. La vida sigue dependiendo del cultivo del arroz, todavía la principal fuente de ingresos en los hogares rurales, donde vive la mitad de la población. Las exportaciones de arroz se gestionan por una combinación del libre mercado y un funcionariado corrupto, con las negativas consecuencias vividas en la crisis especulativa del 2008. Se ha experimentado una intensa migración del campo a las grandes ciudades donde los salarios son cinco veces superiores. La presión en busca de la riqueza está convirtiendo la tierra agrícola en parcelas residenciales o industriales. Cada año se recalifican 10.000 nuevas hectáreas. La transformación del mundo rural está apartando las antiguas estructuras que proporcionaban seguridad, sentido y propósito y está por ver como afecta a la estabilidad futura.

Un cambio social y medioambiental

La construcción de ciudades proletarias tras la guerra, bajo el programa comunista de vivienda, no ha impedido la superpoblación ni la continuidad de una vida comunal. Los emigrantes continúan llegando en búsqueda de trabajo, dinero y protección. Toneladas de desechos industriales siguen sin tratarse; los ríos alrededor de la ciudad de Ho Chi Min están biológicamente muertos y la polución en Hanói se sitúa muy por encima de los niveles internacionalmente aceptados. Problemas como la prostitución, con más del 1 % de las mujeres trabajando en tráfico sexual ilícito, o los niños abandonados en las calles son una realidad. Sin embargo, mientras doblaba o triplicaba su población urbana, Vietnam ha gestionado mejor estos problemas que sus países vecinos, evitando en mayor medida las ciudades fantasmas y sus problemas de criminalidad, pobreza extrema y drogadicción tan comunes en el resto de Asia.

El dinamismo comercial y urbano se refleja en miles de negocios ilegales de venta de alimentos en la calle y pequeñas empresas, pioneras del capitalismo a menor escala, que hoy constituyen un símbolo turístico de Vietnam. En ciudades llenas de jóvenes que identifican la libertad con una motocicleta contaminante, la juventud se rebela contra años de austeridad comunista pero no contra las tradiciones familiares.

Vietnam es un país donde una maravilla natural como la Bahía de Ha Long, una de las imágenes icónicas del país, es simultáneamente una atracción turística y un desastre medioambiental. Es también una de las zonas más expuestas a los efectos del cambio climático, debido a su poca altura y su dependencia en la producción agrícola en el Delta de Mekong y al turismo. El respeto por la vida silvestre y el medioambiente son cuestiones de una prioridad baja para las autoridades.

El PCV sigue al mando

Hay cuestiones que no han cambiado con la misma intensidad. Vietnam vive todavía bajo un “sistema natural de control”, el profundo sistema de vigilancia puesto en marcha por el régimen comunista para controlar los valores y el comportamiento de su pueblo. Un sistema en el que uno de cada seis vietnamitas acabo trabajando en las fuerzas de seguridad y que desembocó en un control de las “familias cultivadas”, aquellas que se comportan de acuerdo con los valores establecidos por el partido. Aunque ha probado su eficacia en crisis como la gripe aviar y en parte ahora en la del Covid-19, el sistema resulta hoy controvertido por la difusión de Internet y las redes sociales y de cambios sociales radicales que plantean la exigencia de más libertad. A pesar de este control, la corrupción está extendida y perjudica el futuro del país.

El PCV sigue teniendo el poder. Manteniendo sus raíces leninistas, es ahora una organización elitista e inteligente en búsqueda de su propia supervivencia. Un nuevo mandarinato que ha evolucionado de un poder centralizado presente en todos los aspectos de la vida pública y social a un control frágil y parcial; de un “insignificante sistema legal”, donde las decisiones se adoptaban directamente por el PCV y su adecuación a la ley era irrelevante, a un “Estado basado en la Ley”, donde las normas son la herramienta para supervisar a emprendedores e inversores, permitiéndoles crear riqueza y empleo pero simultáneamente cumplir con las expectativas del PCV. De manera similar el partido controla el poder legislativo, los tribunales e indirectamente la prensa, los medios y la cobertura de las noticias, lo que impide considerar a Vietnam como un país realmente libre.

La vida ha sido difícil y solitaria para aquellos pocos que intentaron oponerse al régimen y promover una democracia real. El nombre del sacerdote católico padre Ly y el de sus seguidores, brutalmente reprimidos, juzgados y condenados en marzo de 2007, una vez el país fue admitido en la OMC, ensombrece la esperanza de una transición hacia una libertad política efectiva.

Política exterior y futuro

La política exterior vietnamita trata de encontrar un equilibrio en sus relaciones con dos actores principales: Estados Unidos y China, con el contrapeso de un conjunto de alianzas con terceros países. Superar las heridas de guerra y establecer una cooperación confiada en materia de seguridad es el objetivo de la política de aproximación con Estados Unidos, que ya es un inversor significativo en el país. La relación especial con China, el mayor importador de productos vietnamitas, un gigante industrial y el mayor ejército de Asia, es el otro eje de su política a pesar de los viejos conflictos territoriales.

La sobrexplotación del entorno, la desigualdad, el atrincheramiento de las élites y, sobre todo, la incertidumbre sobre la evolución del Partido Comunista de Vietnam y del sistema político son aspectos que lastran las perspectivas. Sin embargo, una población joven y bien educada, así como el flujo de inversión extranjera, constituyen razones para el optimismo sobre una mayor liberalización del país, también política.

El caso George Floyd y el empleo de las Fuerzas Armadas

Cruce de calles en Minneapolis donde George Floyd fue detenido por la policía local [Fibonacci Blue]

▲ Cruce de calles en Minneapolis donde George Floyd fue detenido por la policía local [Fibonacci Blue]

COMENTARIOSalvador Sánchez Tapia [Gral. de Brigada (Res.)]

En una controvertida declaración pública hecha el pasado 2 de junio, el presidente norteamericano Donald Trump amagó con desplegar unidades de las Fuerzas Armadas para contener las revueltas desatadas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de la policía en Minnesota, y para mantener el orden público si estas llegaran a escalar en el nivel de violencia.

Con independencia de la gravedad del hecho, y más allá de que el incidente haya sido politizado y esté siendo empleado como una plataforma de expresión de rechazo a la presidencia de Trump, la posibilidad apuntada por el presidente plantea un reto casi inédito a las relaciones entre civiles y militares en Estados Unidos.

Por razones enraizadas en su pasado anterior a la independencia, Estados Unidos mantiene una cierta prevención contra la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan ser empleadas domésticamente contra los ciudadanos por quien ostente el poder. Por tal razón, cuando los Padres Fundadores redactaron la Constitución, a la vez que autorizaron al Congreso a organizar y mantener Ejércitos, limitaron explícitamente su financiación a un máximo de dos años.

Con este trasfondo, y con el de la tensión entre la Federación y los estados, la legislación norteamericana ha tratado de acotar el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas domésticas. Así, desde 1878, la Ley de Posse Comitatus limita la posibilidad de emplearlas en el cumplimiento de misiones de mantenimiento del orden público que corresponde ejecutar a los estados con sus medios, entre los que se cuenta la Guardia Nacional.

Una de las excepciones a esta regla la constituye la Ley de Insurrección de 1807, invocada, precisamente, por el presidente Trump como argumento en favor de la legalidad de una eventual decisión de empleo. Ello, pese a que dicha ley tiene un espíritu restrictivo, pues exige en su aplicación el concurso de los estados, y porque está pensada para casos extremos en los que estos no sean capaces, o no quieran, mantener el orden, circunstancias que no parecen aplicables al caso que nos ocupa.

De lo polémico del anuncio da fe el hecho de que voces tan autorizadas y tan poco proclives a romper públicamente su neutralidad como la del teniente general (ret.) James Mattis, secretario de Defensa de la Administración Trump hasta su prematuro relevo en diciembre de 2018, o la del teniente general (ret.) Martin Dempsey, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor entre 2011 y 2015, se hayan alzado en contra de este empleo, uniéndose con ello a las manifestaciones hechas por expresidentes tan dispares como George W. Bush o Barak Obama, o a las del propio secretario de Defensa, Mark Esper, cuya posición en contra de la posibilidad de uso de las Fuerzas Armadas en esta situación ha quedado clara recientemente.

El anuncio presidencial ha abierto una crisis en las habitualmente estables relaciones cívico-militares (CMR) norteamericanas. Trascendiendo el ámbito de Estados Unidos, la cuestión, de hondo calado, y que afecta a la entraña de las CMR en un estado democrático, no es otra que la de la conveniencia o no de emplear las Fuerzas Armadas en cometidos de orden público o, en un sentido más amplio, domésticos, y la de los riesgos asociados a tal decisión.

En la década de los noventa del pasado siglo, Michael C. Desch, una de las principales autoridades en el campo de las CMR, identificó la correlación existente entre las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas por un estado y la calidad de sus relaciones cívico-militares, concluyendo que las misiones militares orientadas al exterior son las que más facilitan unas CMR saludables, mientras que las misiones internas no puramente militares son susceptibles de generar diversas patologías en dichas relaciones.

De forma general, la existencia de las Fuerzas Armadas en cualquier estado obedece primordialmente a la necesidad de proteger al mismo contra cualquier amenaza que proceda del exterior. Para llevar a cabo con garantías tan alto cometido, los Ejércitos están equipados y adiestrados para el empleo letal de la fuerza, a diferencia de lo que sucede con los cuerpos policiales, que lo están para un uso mínimo y gradual de la misma, que solo llega a ser letal en los casos, excepcionales, más extremos. En el primer caso, se trata de confrontar un enemigo armado que intenta destruir las fuerzas propias. En el segundo, con la fuerza se hace frente a ciudadanos que pueden, en algunos casos, emplear la violencia, pero que siguen siendo, al fin y al cabo, compatriotas.

Cuando se emplean fuerzas militares en cometidos de esta naturaleza, se incurre siempre en el riesgo de que produzcan una respuesta conforme a su adiestramiento, que puede resultar excesiva en un escenario de orden público. Las consecuencias, en tal caso, pueden ser muy negativas. En el peor de los casos, y por encima de cualquier otra consideración, el empleo puede derivar en una, quizás, evitable pérdida de vidas humanas. Además, desde el punto de vista de las CMR, los soldados que la nación entrega para su defensa exterior podrían convertirse, a ojos de la ciudadanía, en los enemigos de aquellos a los que deben defender.

El daño que esto puede producir para las relaciones cívico-militares, para la defensa nacional y para la calidad de la democracia de un estado es difícilmente mensurable, pero puede intuirse si se considera que, en un sistema democrático, las Fuerzas Armadas no pueden vivir sin el apoyo de sus conciudadanos, que las ven como una fuerza benéfica para la nación y a cuyos miembros extienden su reconocimiento como sus leales y desinteresados servidores.

El abuso en el empleo de las Fuerzas Armadas en cometidos domésticos puede, además, deteriorar su preparación, de por sí compleja, debilitándolas para la ejecución de las misiones para las que fueron concebidas. Puede, también, terminar condicionando su organización y equipamiento en detrimento, de nuevo, de sus tareas esenciales.

Por otra parte, y aunque hoy en día nos veamos muy lejos y a salvo de un escenario así, este empleo puede derivar, paulatinamente, hacia una progresiva expansión de los cometidos de las Fuerzas Armadas, que extenderían su control sobre actividades netamente civiles, y que verían ampliada cada vez más su paleta de cometidos, desplazando en su ejecución a otras agencias, que podrían, indeseablemente, atrofiarse.

En tal escenario, la institución militar podría dejar de ser percibida como un actor desinteresado para pasar a ser considerada como un competidor más con intereses particulares, y con una capacidad de control que podría utilizar en su propio beneficio, incluso si éste estuviera contrapuesto al interés de la nación. Tal situación, con el tiempo, llevaría de la mano a la politización de las Fuerzas Armadas, de donde se seguiría otro daño a las CMR difícilmente cuantificable.

Decisiones como la apuntada por el presidente Trump pueden, finalmente, poner a los miembros de las Fuerzas Armadas frente al grave dilema moral de emplear la fuerza contra sus conciudadanos, o desobedecer las órdenes del presidente. Por su gravedad, por tanto, la decisión de comprometer las Fuerzas Armadas en estos cometidos debe ser tomada de forma excepcional y tras haberla ponderado cuidadosamente.

Es difícil determinar si el anuncio hecho por el presidente Trump fue tan solo un producto de su temperamento o si, por el contrario, encerraba una intención real de emplear a las Fuerzas Armadas en los disturbios que salpican el país, en una decisión que no se ha producido desde 1992. En cualquier caso, el presidente, y quienes le asesoren, deben valorar el daño que de ella puede inferirse para las relaciones cívico-militares y, por ende, para el sistema democrático norteamericano. Ello sin olvidar, además, la responsabilidad que recae sobre los hombros de Norteamérica ante la realidad de que una parte de la humanidad mira al país como una referencia y modelo a imitar.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Covid-19

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Covid-19

COMENTARIOCarlos Jalil

El Covid-19 ha obligado a muchos estados a tomar medidas extraordinarias para proteger el bienestar de sus ciudadanos. Esto incluye la suspensión de ciertos derechos humanos por motivos de emergencia pública. Derechos como la libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de reunión y privacidad, se ven afectados por las respuestas estatales a la pandemia. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿Afectan los estados indebidamente la libertad de expresión cuando combaten las noticias falsas? ¿Restringen indebidamente nuestra libertad de movimiento y reunión o incluso nos privan de nuestra libertad? ¿Infringen nuestro derecho a la privacidad con las nuevas aplicaciones de rastreo? ¿Está justificado?

Para proteger la salud pública, los tratados de derechos humanos permiten a los estados adoptar medidas que pueden restringir derechos. El artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) establecen que en situaciones de emergencia pública que amenazan la vida de la nación, los estados pueden tomar medidas y derogar sus obligaciones establecidas en dichos tratados. Del mismo modo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), permite a los estados parte suspender sus obligaciones en situaciones de emergencia que amenazan la independencia o seguridad de la nación.

Durante la pandemia, algunos estados han declarado estado de emergencia y, por la imposibilidad de respetar ciertos derechos, han derogado sus obligaciones. Sin embargo, las derogaciones están sujetas a requerimientos. La Observación General 29 sobre Estados de Emergencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece seis condiciones para efectuar derogaciones, que son similares en los tratados mencionados: (1) proclamación oficial de estado de emergencia y emergencia pública que amenace la vida de la nación; (2) proporcionalidad requerida por las exigencias de la situación en cuanto a la duración, cobertura geográfica y base sustantiva; (3) no discriminación (sin embargo el ECHR no incluye esta condición); (4) conformidad con otras obligaciones de derecho internacional; (5) notificación formal de la derogación a los respectivos organismos establecidos por los tratados (estas deben incluir información completa sobre las medidas, sus razones y documentación de leyes adoptadas); y (6) prohibición de derogar derechos no derogables.

La última condición es particularmente importante. Los tratados mencionados (ICCPR, ECHR y CADH) establecen explícitamente los derechos que no pueden ser derogados. Estos, llamados también derechos absolutos, incluyen, inter alia: derecho a la vida, prohibición de la esclavitud y servidumbre, principio de legalidad y retroactividad de la ley, y libertad de conciencia y religión.

Sin embargo, las derogaciones no siempre son necesarias. Hay derechos que, por el contrario, no son absolutos y tienen la inherente posibilidad de ser limitados, para lo cual no es necesario que un estado derogue sus obligaciones bajo los tratados. Esto quiere decir que el estado, por motivos de salud pública, puede limitar ciertos derechos no absolutos sin necesidad de notificar su derogación. Estos derechos no absolutos son: derecho a la libertad de movimiento y reunión, libertad de expresión, derecho a la libertad personal y privacidad. Específicamente, el derecho a la libertad de movimiento y asociación está sujeto a limitaciones por motivos de seguridad nacional, orden y salud pública, o los derechos y libertades de otros. El derecho a la libertad de expresión puede ser limitado por el respeto a los derechos o reputación de otros y por la protección de la seguridad nacional, orden y salud pública. Y los derechos de libertad personal y privacidad pueden ser sujetos de limitaciones razonables de conformidad con las provisiones estipuladas en los tratados de derechos humanos.

A pesar de estas posibilidades, países como Letonia, Estonia, Argentina y Ecuador, los cuales han declarado oficialmente estado de emergencia, han recurrido a la derogación. Consecuentemente, han justificado el Covid-19 como una emergencia que amenaza la vida de la nación, notificando a las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y el Consejo de Europa sobre la derogación de sus obligaciones internacionales en virtud de los tratados mencionados. Por el contrario, la mayoría de los estados adoptando medidas extraordinarias no han procedido a esa derogación, basándose en las limitaciones inherentes a estos derechos. Entre ellos están Italia y España, países gravemente afectados, que no han derogado, sino que han aplicado limitaciones.

Esto un fenómeno interesante porque demuestra las diferencias en las interpretaciones de los estados, también sujetos a sus legislaturas nacionales, sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Claramente existe el riesgo de que estados aplicando limitaciones abusen del estado de emergencia y atenten contra los derechos humanos. Por lo tanto, podría ser que algunos estados interpretan las derogaciones en el sentido de que reflejan su compromiso con el imperio de la ley y el principio de la legalidad. No obstante, es probable que los organismos de derechos humanos encuentren también las medidas adoptadas por los estados que no han derogado consistentes con la situación de la pandemia. Exceptuando, en ambos casos, situaciones de tortura, excesivo uso de la fuerza y otras circunstancias que afecten a los derechos absolutos.

Tras la pandemia, es factible que las cortes y tribunales decidan si las medidas adoptadas fueron necesarias. Pero mientras tanto, los estados deben considerar que las medidas extraordinarias adoptadas deben ser temporales, ateniendo a condiciones adecuadas de salud y dentro del marco de la ley.

Pandemia y Fuerzas Armadas en España

Miembros de las Fuerzas Armadas habilitando un pabellón de Ifema para el tratamiento del Covid-19 [Defensa]

▲ Miembros de las Fuerzas Armadas habilitando un pabellón de Ifema para el tratamiento del Covid-19 [Defensa]

COMENTARIOSalvador Sánchez Tapia*

La declaración por el Gobierno español del estado de alarma el pasado 15 de marzo como instrumento para luchar contra la expansión del COVID 19 ha traído consigo la no muy usual imagen de soldados de las Fuerzas Armadas (FAS) operando en las principales ciudades y vías de toda España para cooperar en la lucha contra el virus.

Para la mayor parte de los españoles, la presencia de unidades militares desarrollando sus misiones en la vía pública es una rareza a la que no están acostumbrados, excepción hecha de la relativamente frecuente actividad de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en apoyo a la sociedad civil, bien conocida por un público que, en general, la valora de forma muy positiva.

Fuera de estas actuaciones, puede decirse que la estampa de soldados uniformados trabajando directamente cara al público no es habitual. Este tipo de apoyos no es, sin embargo, una novedad, y responde a una larga tradición de asistencia social prestada por la institución militar a sus conciudadanos cuando se la ha reclamado.

Varios elementos en nuestra historia reciente han coadyuvado a producir lo que parece un cierto distanciamiento entre los españoles y sus FAS. Entre ellos, se encuentran algunos como el giro que experimentaron las misiones de las Fuerzas Armadas hacia el exterior con el alumbramiento del régimen democrático en 1975; los largos años de lucha contra el terrorismo de ETA, que llevaron a los soldados de España a ocultar al público su condición militar para salvaguardar su seguridad; la progresiva reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas, que eliminó muchas de las guarniciones provinciales que mantenían los Ejércitos; o el fin de servicio militar, que terminó por convertir a las Fuerzas Armadas en unas desconocidas para sus ciudadanos.

Ese alejamiento, si es que ha existido o existe, ha sido de una sola dirección pues, incluso en los momentos en que la institución militar haya podido ser más ignorada, los soldados se han mantenido unidos a sus conciudadanos, de los que proceden, y a los que sirven, apoyándoles en las situaciones más difíciles. Numerosos ejemplos dan testimonio del largo historial de servicio de los Ejércitos a la ciudadanía. Para corroborar esa afirmación basta citar casos como el del apoyo militar en las inundaciones que sufrió Valencia en 1957; el de la Operación “Alazán”, ejecutada en 1981 en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo etarra, impermeabilizando la frontera franco-española; el de la Operación “Centinela Gallego” en la que, desde hace años, unidades del Ejército de Tierra vigilan los montes de Galicia para prevenir incendios forestales; el de la lucha contra la extensión del camalote en el Río Guadiana; o el del tendido de puentes móviles en numerosas localidades del territorio nacional, como Montblanc, para restaurar las comunicaciones después de que fenómenos meteorológicos violentos las hubieran interrumpido.

En esta ocasión, ha sido la declaración del estado de alarma la que ha traído a las Fuerzas Armadas a la primera línea de la atención del público. Por lo novedoso de esta intervención, parece conveniente, en este punto, hacer una referencia al fundamento que sostiene la decisión de empleo del instrumento militar, y dar a conocer qué puede esperarse y no de la actuación de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones.

La pandemia de coronavirus muestra bien a las claras la realidad de que los desafíos de seguridad a los que deben enfrentarse las sociedades modernas necesitan de una respuesta multidisciplinar, cooperativa, en la que participen todas las fuerzas de la sociedad aportando sus capacidades peculiares para producir la sinergia que la solución de una crisis demanda. Las Fuerzas Armadas no pueden permanecer ajenas a ese esfuerzo, y deben actuar en pie de igualdad con otros actores, públicos y privados. A veces, cuando la crisis sea de naturaleza militar, lo harán liderando el esfuerzo; otras, les corresponderá asumir una función de apoyo a otros agentes, que llevarán a cabo sin buscar ningún tipo de protagonismo.

En el caso concreto de esta crisis, la contribución de las Fuerzas Armadas al esfuerzo desplegando medios responde, no meramente a una intención de plasmar gráficamente esta realidad, sino también al reconocimiento de que la crisis va a ser larga, de que va a demandar el concurso de todos, y de que la solución hace necesaria la contribución de medios más allá de los ordinarios.

La misión principal de las Fuerzas Armadas es la defensa militar de España contra amenazas exteriores. De esta misión se derivan su organización, su preparación, sus dimensiones, y el equipo y armamento que las dota, optimizados, dentro de las posibilidades de los recursos humanos y materiales de la Nación, y de acuerdo con la voluntad de los españoles, para responder a las exigencias de esta misión, que constituye su verdadera razón de ser [1].

Lo anterior no obsta para que los Ejércitos puedan y deban cumplir otras misiones, que ejecutarán dentro de lo que sus capacidades les permitan. De hecho. desde el punto de vista legal, la participación militar en la crisis del coronavirus es razonable si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, una de las misiones de los Ejércitos es la de “preservar, junto con las instituciones el Estado y las Administraciones Públicas, la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente” [2].

El Real Decreto de declaración del estado de alarma no ofrece dudas respecto de la intención del legislador de involucrar a las Fuerzas Armadas en la resolución de la crisis pues constituye, en su Artículo 4, a la Ministra de Defensa como una de las autoridades competentes delegadas por el Presidente del Gobierno para la gestión coordinada de la misma, y porque faculta a dichas autoridades, específica y explícitamente, para requerir la actuación de las Fuerzas Armadas en cometidos que garanticen el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el decreto [3].

En virtud de lo previsto en la Ley de la Carrera Militar, al declararse el estado de alarma, los miembros de las Fuerzas Armadas son investidos como “agentes de la autoridad” en lo que se refiere a los cometidos previstos en el decreto de declaración, lo que les acerca a funciones de tipo policial. Concretamente, y de acuerdo con el Artículo 5.2. del decreto, esta condición les faculta para “practicar comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas”. Para ello, “podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo”.

Definido el marco legal de actuación, debe también considerarse que el empleo de las Fuerzas Armadas requiere una mínima familiarización con la organización militar, así como con sus capacidades y limitaciones. Si bien es cierto que las FAS ofrecen una amplia gama de posibilidades de actuación, es preciso ser consciente de que hay cometidos para los que no están capacitados, y de que el uso de estas capacidades debe atenerse a sus posibilidades y procedimientos específicos de empleo.

Esta realidad, junto con la imperiosa necesidad de que el empleo de medios militares se haga de una forma coordinada con todos los actores involucrados en la resolución de la crisis, justifica la presencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) –quien, además, es el asesor del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa en materia operativa– en el Comité se Situación que el Real Decreto de declaración del estado de alarma ha constituido en apoyo al Gobierno.

La primera y más importante capacidad con la que la institución militar contribuye a la resolución de la crisis es la que reside en las personas que en ella sirven de uniforme. Las Fuerzas Armadas ponen a disposición de la Nación, no sólo la potencia que le da el número de sus miembros sino, por encima de ello, la fuerza imponderable de sus valores, puestos al servicio del bien común: la entrega generosa, el espíritu de sacrificio, el trabajo en equipo, el sentido del deber, y tantos otros que tan necesarios se revelan en momentos como este, y que hace que puedan confiarse a las FAS aquellas misiones que entrañen más riesgo y fatiga, en la seguridad de que estas harán lo posible por cumplirlas.

En el terreno de lo no cuantificable, entra también la nada despreciable capacidad de planeamiento de operaciones que las Fuerzas Armadas tienen a todos los niveles, desde el estratégico hasta el táctico, pasando por el operacional. Los Estados Mayores de los tres Ejércitos, y los de sus unidades subordinadas, atesoran en este sentido un enorme potencial de organización, coordinación y planificación de operaciones complejas que resulta, si se recurre a él, de gran utilidad.

La diversidad y versatilidad de una gran parte de los medios materiales de las Fuerzas Armadas las hace particularmente útiles en circunstancias como la actual. Entre el catálogo de posibilidades se cuentan algunas tan variadas como el transporte, tanto de personal como equipo, suministros, mercancía, material, o cualquier artículo urgente o de primera necesidad, a cualquier distancia y por vía aérea, marítima, o terrestre, especialmente si ha de hacerse a lugares remotos o difícilmente accesibles; el apoyo a la construcción de alojamientos, hospitales, o a cualquier otra instalación con los medios de castrametación de los Ingenieros del Ejército de Tierra, quienes también pueden llevar a cabo trabajos especializados para mejorar las comunicaciones, o para asegurar el suministro de agua, electricidad, u otro servicio; el apoyo sanitario y epidemiológico a la población civil con personal especializado –tanto médicos como enfermeros–; la asistencia en la distribución e, incluso, confección de alimentos para grandes colectivos; la ejecución de tareas de seguridad y protección a instalaciones esenciales o consideradas especialmente sensibles, como centrales de producción y distribución de energía; la vigilancia y control del cumplimiento de los términos del estado de alarma por tierra, mar, y aire, sea con personal, o con medios convencionales o remotamente tripulados; el apoyo a operaciones de desinfección de grandes superficies; la producción de medicamentos o medios de protección sanitaria; el apoyo en comunicaciones; la prestación de servicios esenciales como el control del espacio aéreo, o el transporte público interurbano o en el interior de las principales ciudades; etc. La lista podría extenderse casi ad infinitum.

La constatación de la enorme cantidad de apoyos posibles, junto con la propia magnitud de la pandemia, y la consideración del hecho de que las capacidades militares están dimensionadas para satisfacer las necesidades derivadas de los escenarios operativos más probables, y no para un escenario de apoyo masivo como el que ahora confrontamos, sugieren que, en este caso, las necesidades superan ampliamente las posibilidades de las Fuerzas Armadas y que, sin una planificación correcta, la institución podría verse consumida totalmente en el desarrollo de estas nobles tareas.

Lo anterior sería muy loable, pero anclaría toda la capacidad de Defensa Nacional en un cometido distinto al de la defensa militar de España, incapacitando a los Ejércitos para hacer frente a los cometidos que, es razonable argumentar, constituyen la razón de ser de los Ejércitos, y que deben seguir atendidos, incluso en medio de una pandemia. Más allá de ello, también serían incapaces de sostener los esfuerzos operativos que el Gobierno ha decido que las Fuerzas Armadas lleven a cabo en el exterior, algunos de los cuales podrían verse reconsiderados.

Las limitaciones anteriores aconsejan dosificar el esfuerzo que se pida a las FAS –también porque deben de sostenerlo en un período de tiempo que se antoja largo–, que debe prestarse con un criterio selectivo, actuando las Fuerzas Armadas en aplicación del principio de subsidiariedad, cuando no haya agencias civiles, públicas y privadas, capaces de prestar el apoyo, o cuando éste revista un carácter de riesgo, peligrosidad, o penosidad que aconseje el empleo de recursos militares.

A excepción de la UME, las Fuerzas Armadas no están equipadas, organizadas, ni entrenadas, específicamente, para el tipo de cometidos propios de una emergencia como la actual. En algunos casos, las capacidades militares son de aplicación directa en una situación como la del coronavirus. En otros, sin embargo, la prestación del apoyo no puede ser inmediata y requiere un período mínimo de adaptación, reprogramación, y adiestramiento que garantice la aplicación de las capacidades militares de una forma adecuada a la naturaleza de un entorno operativo con el que el soldado puede no estar familiarizado. Por poner un ejemplo, no es conveniente emplear, sin más, una unidad adiestrada para el combate de alta intensidad en cometidos de apoyo en emergencia o humanitario sin antes haber efectuado esa transición [4].

En ese tiempo de adaptación, es necesario siempre incluir el tiempo de respuesta con que deben contar las unidades entre misiones para recuperarse, reorganizarse, mantener el material en condiciones operativas. completar los recursos consumidos, planear la nueva misión, desplazarse entre escenarios de empleo, etc. Aunque estén en una situación de alta disponibilidad y su tiempo de respuesta se reduzca al mínimo, éste nunca será igual a cero si ya han sido empleadas.

El empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de cometidos ha de hacerse siempre con un criterio de estricta temporalidad. Si esto no sucede así y los Ejércitos se perpetúan en sus misiones de apoyo a la población civil, cabe la posibilidad de que estos vayan expandiendo progresivamente sus cometidos, atrofiando el desarrollo de agencias civiles que pudieran y debieran realizarlos preferentemente, y convirtiéndose en su competidor; de que puedan, de paso, llegar a desatender sus cometidos fundamentales –hasta el punto de reorganizarse, equiparse, y adiestrarse únicamente para su dimensión de apoyo civil–; y de que comprometan la neutralidad y el carácter de servidores desinteresados que los ciudadanos demandan de sus Fuerzas Armadas y que tanto aprecian de ellas. En cuanto la situación lo permita, las Fuerzas Armadas, a excepción de la UME, se entiende, deben regresar a su marco habitual de actuación.

Ese momento aún no ha llegado. El final de la crisis aún no se vislumbra, y los españoles debemos estar preparados para una larga batalla contra el COVID 19. En esta lucha, los ciudadanos pueden estar convencidos de que sus Fuerzas Armadas, y todos los que las componen, estarán a su lado, atendiendo a sus necesidades, compartiendo las mismas penalidades, participando de su duelo. Cuando el virus haya sido vencido, se alegrarán con ellos y, en silencio, volverán con naturalidad a sus cometidos, sin esperar un aplauso, con la íntima satisfacción de haber cumplido con su deber sirviendo a sus compatriotas.

* General de Brigada (R)

 

[1] Excepción a esto es la UME, unidad especialmente organizada para llevar a cabo cometidos en apoyo a la población civil.

[2] Una cuestión al margen de este trabajo, y que sería objeto de un análisis más profundo, es la de que la citada Ley Orgánica 5/2005 introduce un cambio, ampliándolas, de las misiones constitucionales que el Artículo 8 de la Carta Magna impone a las Fuerzas Armadas.

[3] Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

[4] Piénsese, por ejemplo, en las diferencias existentes entre prestar un servicio de protección de instalaciones en Zona de Operaciones, en un ambiente que puede ser hostil, y que está sujeto a unas ciertas Reglas de Enfrentamiento (ROE), y prestarlo en una central nuclear en Territorio Nacional en una circunstancia como la actual. Como es fácilmente comprensible, la respuesta no puede ser la misma, y emplear en lo segundo a un individuo entrenado para lo primero, demanda una cierta adaptación.

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