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Líbano en el torbellino

El deterioro de la situación del pequeño país mediterráneo beneficia a Hezbolá y a su patrón, Irán

Con cuatro primeros ministros diferentes en lo que va de año, resulta difícil escapar del círculo vicioso en el que se halla el Líbano, de modo que la continuidad del sistema político actual y la grave crisis financiera parecen inevitables. De esta perpetuación resultan algunas posibilidades, sombrías casi todas, para el futuro libanés. He aquí algunos de esos escenarios.

Estado del puerto de Beirut tras la explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 [Mehr News Agency/Wikipedia]

▲ Estado del puerto de Beirut tras la explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 [Mehr News Agency/Wikipedia]

ARTÍCULOSalvador Sánchez Tapia

Decir que el sistema político libanés es disfuncional no es ninguna novedad. Basado en un equilibrio de poder sectario establecido en 1989 al cabo de una larga guerra civil, perpetúa la existencia de redes clientelares, favorece la corrupción, lastra el desarrollo económico del país y dificulta la creación de una identidad nacional libanesa transversal que trascienda las confesiones religiosas.

De un tiempo a esta parte, el Líbano vive inmerso en una crisis económica y social de tal magnitud que lleva a no pocos analistas a preguntarse si nos encontramos ante un nuevo caso de estado fallido. En octubre de 2019, el país se vio sacudido por una ola de manifestaciones que el propio Gobierno consideró sin precedentes, desatada por el anuncio del Ejecutivo de hacer frente a la grave crisis económica con varias medidas impopulares entre las que se encontraba la de gravar con un impuesto el uso de la popular aplicación Whatsapp. Las protestas, concentradas inicialmente en esta cuestión, incorporaron pronto quejas contra la corrupción rampante, el descontrolado incremento del coste de la vida, o la falta de empleo y oportunidades que vive el país.

Esta presión popular forzó la dimisión del Gobierno de unidad dirigido por Saad Hariri a finales de ese mismo mes. El Ejecutivo fue sustituido en enero de 2020 por un Gobierno de perfil más técnico que el anterior, y dirigido por el exministro de educación Hassan Diab. El nuevo Gobierno tuvo poco margen de maniobra para introducir reformas antes de que se declarase la pandemia por coronavirus, y pronto se vio acosado por la misma presión en la calle que había derrocado el Gobierno anterior, con manifestaciones que continuaron a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia.

La devastadora explosión de comienzos de agosto de 2020 en el puerto de Beirut no hizo sino hundir más al país en la espiral descendente en la que ya estaba sumido. A pesar de las voces que trataron de ver la mano de Israel o la de Hezbolá detrás de la catástrofe que costó la vida a 163 personas, la población libanesa pronto intuyó que esta no era sino la consecuencia lógica de años de corrupción, desidia burocrática  y abandono de la infraestructura nacional. De nuevo se produjo un crescendo de indignación popular; de nuevo el Gobierno se vio forzado a dimitir en pleno.

Con los ecos de la explosión aún vivos, a finales del mes de agosto, Mustafa Adib, exembajador del Líbano en Alemania, recibió del presidente Aoun el encargo de formar Gobierno. Incapaz de culminar tan ardua tarea, entre otras razones por culpa de la insistencia de Hezbolá en controlar el Ministerio de Hacienda, el 26 de septiembre Adib renunció al encargo y presentó su dimisión, dejando al país al borde del precipicio en el que todavía se encuentra.

Es difícil hacer pronósticos sobre el futuro del Líbano, más allá de augurar que se antoja sombrío, pues una compleja dinámica de fuerzas internas y externas atenazan al país. A pesar de la presión que, al menos desde la urbanizada y cosmopolita Beirut, se hace para acabar con ella, resulta enormemente complejo desenredar la tupida madeja de redes clientelares que han controlado el país desde su independencia, no solo por los beneficios que ha generado a un reducido grupo de privilegiados, sino también porque muchos temen las alternativas a un modelo que, con todos sus defectos, ha evitado una reproducción de la salvaje guerra civil que se vivió entre 1975 y 1990.

Su situación geográfica complica al Líbano la tarea de sustraerse al clima de inestabilidad general que reina en Oriente Medio, y a la influencia que ejercen sobre el país actores regionales e internacionales como Israel, Irán, Siria, o Francia, máxime si se considera que los problemas del estado levantino son tan profundos, y su liderazgo nacional tan débil, que no parece sea capaz de superarlos por sí solo.

El drama del Líbano es que su propia división sectaria hace difícil que surjan naciones dispuestas a donar con criterios transversales que ayuden a superar la brecha que divide internamente al país, y que la ayuda que pueda recibir de actores como Irán o Arabia Saudita, no hace sino apuntalarla. Los esfuerzos del presidente francés, Emmanuel Macron, autoerigido como impulsor de la reconstrucción libanesa, no parecen, por el momento, ganar momento. En la conferencia de donantes que convocó el 9 de julio con quince jefes de estado, obtuvo contribuciones por valor de 250 millones de dólares para revitalizar la mortecina economía libanesa. Mientras, el alcalde de Beirut estima que el montante de la reconstrucción por la explosión de agosto en el puerto de la capital asciende a una cifra que sitúa entre los 3.000 y los 5.000 millones de dólares.

Como imagen especular de esta dificultad, las comunidades libanesas, cómodamente instaladas en el statu quo, rechazan una ayuda, sin duda necesaria, si sienten que puede ir en detrimento de sus respectivas bases de poder. Hezbolá, por ejemplo, no acepta los programas del FMI, complicando la consecución del consenso nacional necesario que facilite el apoyo de esta institución. Resulta difícil escapar de este círculo vicioso, de modo que la continuidad del sistema político actual, y con él la de la grave crisis financiera libanesa, parecen hechos inevitables. De esta perpetuación resultan algunas posibilidades, sombrías casi todas, para el futuro libanés. La primera de ellas es que el Líbano continúe precipitándose por el plano inclinado que la está convirtiendo en un estado fallido, y que esta condición acabe por provocar una guerra civil precipitada por sucesos similares a los sucedidos durante la Primavera Árabe en otros estados de la región. Esta eventualidad resucitaría los fantasmas del pasado, produciría una inestabilidad regional difícilmente mensurable pero que, sin duda, provocaría la intervención de actores regionales e internacionales, y podría acabar desmembrando el país, resultado este último que no haría sino sembrar la semilla de más inestabilidad en toda la región.

Sin llegar a ese extremo, el desorden interno puede llegar a quebrar el precario equilibrio de poder sobre el que se basa la vida política libanesa, en beneficio de alguno de sus grupos sectarios. Hezbolá, líder indiscutible de la fracción chií del país, aparece aquí como el grupo más organizado y fuerte dentro del país y, por tanto, como el que más podría ganar de esta quiebra. Debe tenerse en cuenta que, además de con el apoyo de la práctica totalidad del 27 por ciento de chiitas libaneses, la organización-milicia es vista de forma favorable por muchos miembros de la dividida comunidad cristiana –algo más de un 45 por ciento de la población del país– que anteponen su anhelo de orden y seguridad interna en el país a otras consideraciones. Sabedor de ello, el líder de Hezbolá, Hasan Nasrallah, se muestra moderado en sus propuestas, viendo en la comunidad sunnita, apoyada por Arabia Saudita, a su verdadero rival, y tratando de ampliar su base de poder.

Irán sería, sin duda, el verdadero triunfador de este escenario, pues no parece realista pensar en un Hezbolá que, una vez alcanzada la mayoría de edad, pase a tener una vida propia al margen del régimen de los ayatolás. Teherán completaría, con esta nueva pieza, el arco chiita que conecta Irán con Irak y, a través de Siria, con el Mediterráneo Oriental. Los efectos desestabilizadores de tal situación, sin embargo, no pueden ser subestimados si se tiene en cuenta que la sola posibilidad de que la República Islámica de Irán se haga con el control absoluto del Líbano constituye un casus belli para Israel.

En una nota positiva, la grave crisis que atraviesa el país y la fuerte presión popular, al menos en áreas urbanas, puede ser, paradójicamente, un acicate para superar el sistema sectario que tanto ha contribuido a generar esta situación. Sin embargo, semejante transición únicamente tiene posibilidades de avanzar –no importa cómo de tenues– con un decidido apoyo externo al por mayor.

En este escenario, el papel de la comunidad internacional no debe limitarse al aporte de recursos económicos para evitar el colapso del país. Su implicación tiene que favorecer el desarrollo y sostenimiento de movimientos cívico-políticos de base intersectaria que sean capaces de reemplazar a quienes perpetúan el actual sistema. Para ello, a su vez, es imperativo que las naciones contribuyentes presten su ayuda con altura de miras, renunciando a cualquier intento de configurar un Líbano a la medida de sus respectivos intereses nacionales, y forzando a las élites que controlan las facciones a abdicar del statu quo en pro de una verdadera identidad libanesa. La pregunta obvia es: ¿hay alguna posibilidad real de que esto suceda? La realidad, desafortunadamente, no permite albergar grandes esperanzas.

Resurgen las hostilidades abiertas por Nagorno-Karabaj

Armenia y Azerbaiyán se enfrentan en un conflicto en el que también se han implicado Turquía y Rusia

Monumento a la captura de la ciudad de Shusha por parte armenia en la guerra por Nagorno Karabaj en la década de 1990 [Wikipedia]

▲ Monumento a la captura de la ciudad de Shusha por parte armenia en la guerra por Nagorno Karabaj en la década de 1990 [Wikipedia]

ANÁLISISIrene Apesteguía

La región de Nagorno Karabaj, tradicionalmente habitada por armenios cristianos y turcos musulmanes, es internacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán. No obstante, su población es de mayoría armenia, y con sentimiento independentista. En época soviética se convirtió en una región autónoma dentro de la república de Azerbaiyán y fue en la guerra de la década de 1990 cuando, además de dejar unos 30.000 muertos y alrededor de un millón de personas desplazadas, las fuerzas separatistas capturaron territorio adicional azerí. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, las discrepancias étnicas entre Azerbaiyán y Armenia se han hecho más profundas. Incluso un censo de 2015 de Nagorno Karabaj reportó que no vivía allí ningún azerí, mientras que, en época soviética, los azeríes conformaban más de un quinto de la población. Desde la tregua entre las dos exrepúblicas soviéticas de 1994, se ha dado una situación de punto muerto, con el fracaso de varias negociaciones para lograr un acuerdo de paz permanente. La disputa ha continuado congelada desde entonces.

El pasado 27 de septiembre, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán volvió a conducir a un enfrentamiento militar. Los últimos acontecimientos van mucho más allá de los enfrentamientos habituales, ya que hay informes de helicópteros derribados, uso de drones de combate y ataques con misiles. En 2016 se produjo una violenta escalada del conflicto, pero no se ocupó Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj, y tampoco se declaró ninguna ley marcial. Si algo queda claro es que la escalada actual es una consecuencia directa del congelamiento del proceso de negociaciones. Además, es la primera vez que los estallidos armados se producen en intervalos tan cortos, pues la última escalada del conflicto tuvo lugar el pasado mes de julio.

El ministro de Defensa de Azerbaiyán, Zakir Hasanov, amenazó el pasado 27 de septiembre con un “gran ataque” contra Stepanakert, si los separatistas no cesaban de bombardear sus asentamientos. Nagorno Karabaj declaró que respondería de forma “muy dolorosa”. Armenia, por su parte, advirtió que el enfrentamiento podría desatar una “guerra a gran escala en la región”.

Los líderes de ambos países se responsabilizan mutuamente de esta nueva escalada de la violencia. Según Azerbaiyán, las Fuerzas Armadas de Armenia provocaron constantemente al país, disparando contra el ejército y contra aglomeraciones de civiles. Además, en múltiples canales de televisión locales azerbaiyanos, el presidente Ilham Aliyev ha declarado que Armenia se está preparando para una nueva guerra, concentrando todas sus fuerzas en Karabaj. Incluso las autoridades azeríes han restringido el uso de internet en el país, limitando principalmente el acceso a las redes sociales.

En su operación de contraofensiva, Azerbaiyán movilizó personal y unidades de tanques con el apoyo de tropas de artillería y misiles, aviación de primera línea y vehículos aéreos no tripulados (UAV), decía el comunicado de prensa del Ministerio. Además, de acuerdo con el Observatorio sirio de Derechos Humanos, varios sirios de grupos yihadistas, de facciones respaldadas por los turcos, son combatientes en Nagorno-Karabaj. Esto ha sido corroborado por fuentes rusas y francesas. En cualquier caso, no sería sorprendente cuando Turquía se sienta al lado de Azerbaiyán.

Por su parte, Armenia culpa a Azerbaiyán de comenzar el combate. Autoridades armenias anunciaron que el ejército azerbaiyano había atacado con lanzagranadas propulsadas por cohetes y con misiles. Armenia no ha dejado de prepararse, pues en las semanas previas al inicio del combate, se habían detectado múltiples envíos de armas rusas al país a través de vuelos de transporte pesado. Por otro lado, el ministro de Defensa de Armenia ha acusado a Turquía de ejercer el comando y control de las operaciones aéreas de Azerbaiyán a través del avión Boeing 737 Airborne Early Warning & Control, ya que Turquía tiene cuatro de estos aviones.  

Desencadenantes

Ambas potencias estaban en alerta debido a los enfrentamientos de julio. Desde entonces, no han abandonado la preparación militar a manos de sus aliados externos. Por tanto, los acontecimientos actuales no pueden describirse como surgidos de la nada. Después del estallido de julio ha persistido la sensación de que el enfrentamiento armado simplemente había quedado en suspenso.

Horas después del estallido de los combates, Armenia declaró la ley marcial y la movilización general. Azerbaiyán, al contrario, declaró que tal actuación no era necesaria, pero finalmente el parlamento decidió imponer la ley marcial en algunas regiones del país. No solo se decretó la ley marcial, sino que también el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán declaró la liberación de siete aldeas, el establecimiento de un toque de queda en varias ciudades y la reconquista de múltiples alturas importantes. Está claro que todos los territorios ocupados tienen un crucial valor estratégico: Azerbaiyán ha asegurado el control visual de la carretera Vardenis-Aghdara, que conecta con el Karabaj, ocupado por Armenia. La carretera fue terminada por Armenia hace tres años, con el fin de facilitar las transferencias de carga militar de forma rápida, algo que indica que se trata de una posición estratégica para Armenia.

La guerra de drones ha estado también presente en el conflicto con drones turcos e israelíes usados por Azerbaiyán. Las medidas anti-drones que Armenia tiene que llevar a cabo están haciendo partícipe en el asunto a Irán.

Un factor importante que ha podido llevar al conflicto han sido los cambios en la cúpula diplomática de Bakú. Elmar Mammadyarov, ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, abandonó su cargo durante los enfrentamientos de julio. Ha sido reemplazado por el exministro de Educación, Jeyhun Bayramov, quien no tiene mucha experiencia diplomática. Mientras tanto, Hikmet Hajiyev, asesor de política exterior del presidente de Azerbaiyán ha visto aumentado su papel en estas áreas.

Pero el problema no se centra tanto en los nuevos nombramientos. Durante los últimos años, Mammadyarov fue el mayor optimista acerca de las concesiones que Armenia podría estar dispuesta a hacer bajo el nuevo gobierno de Nikol Pashinyan. Y es que, desde la Revolución de Terciopelo de Armenia, que llevó al puesto de primer ministro a Pashinyan en 2018, Azerbaiyán había abrigado la esperanza de poder resolver el conflicto. Esta esperanza era compartida por muchos diplomáticos y expertos de Occidente. Es más, incluso dentro de Armenia, los oponentes de Pashinyan lo calificaron de traidor porque, según afirmaban, vendía los intereses del país a cambio de dinero occidental. Toda esta esperanza en torno a Armenia desapareció, pues la posición del nuevo primer ministro armenio con relación a Nagorno-Karabaj fue más dura que nunca. Hasta declaró en varias ocasiones que “Karabaj es Armenia”. Todo esto llevó a reforzar la posición de Azerbaiyán, que tras los enfrentamientos de julio se endureció. Y es que Bakú nunca ha descartado el uso de la fuerza para intentar solucionar el problema de su integridad territorial.

En el conflicto de 2016 hubo muchos esfuerzos para minimizar estos disturbios armados, principalmente por parte de la diplomacia rusa. Estos han contado con el respaldo de Occidente, que vio la mediación de Moscú como algo positivo. Sin embargo, las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán no se han reanudado, y la excusa de la pandemia de coronavirus no ha sido muy convincente, según medios nacionales.

Más puntos han llevado a la escalada actual, como una mayor participación turca. Después de los enfrentamientos de julio, Turquía y Azerbaiyán realizaron ejercicios militares conjuntos. Los representantes de Ankara comenzaron a hablar sobre la ineficacia del proceso de paz, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hablando el pasado mes en la Asamblea General de la ONU, describió a Armenia como el mayor obstáculo para la paz a largo plazo en el sur del Cáucaso. Esto no quiere decir que Turquía haya provocado la nueva escalada, pero sin duda contribuyó a empujar a Azerbaiyán a una actitud más envalentonada. El presidente turco afirmó en Twitter que “Turquía, como siempre, está con todos sus hermanos y hermanas de Azerbaiyán”. Además, el pasado mes de agosto, el ministro azerí de Defensa dijo que, con la ayuda del ejército turco, Azerbaiyán cumpliría “su sagrado deber”, algo que puede interpretarse como la recuperación de los territorios perdidos.

Importancia internacional

En un breve repaso por los aliados, cabe mencionar que los azeríes son una población mayoritaria de origen turco, con la que Turquía tiene estrechos lazos, aunque a diferencia de los turcos, la mayor parte de azeríes son musulmanes chiítas. En cuanto a Armenia, Turquía no tiene relaciones con el país, pues el primero es un país mayoritariamente cristiano ortodoxo que históricamente siempre se ha apoyado en Rusia.

Nada más comenzar las hostilidades, varios estados y organizaciones internacionales pidieron un alto al fuego. Por ejemplo, el canciller ruso Sergei Lavrov, en una conversación telefónica con su homólogo armenio, Zohrab Mnatsakanyan, pidió el fin de los combates y declaró que Moscú continuaría con sus esfuerzos de mediación. Mientras tanto, tal como hizo después de los enfrentamientos de julio, Turquía volvió a expresar a través de varios canales su pleno apoyo a Azerbaiyán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía aseguró que Ankara está dispuesta a ayudar a Bakú de cualquier forma. El presidente armenio, horas previas al inicio del fuego, mencionó que un nuevo conflicto podría “afectar a la seguridad y estabilidad no solo del Cáucaso Sur, sino también de Europa”. El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, expresó serias preocupaciones y pidió a ambas partes detener los combates.

Por otro lado, está Irán, que es principalmente chiíta y además tiene una gran comunidad de etnia azerí en el noroeste del país. No obstante, mantiene buenas relaciones con Rusia. Además, teniendo frontera con ambos países, Irán se ofreció a mediar en conversaciones de paz. Aquí se centra el problema actual de Irán sobre el nuevo conflicto. Los activistas azeríes convocaron protestas en el Azerbaiyán Iraní, que es el territorio nacional de los azeríes bajo soberanía de Irán, en contra del apoyo de Teherán a Armenia. Los arrestos llevados a cabo por el gobierno iraní no han impedido que sigan las protestas por parte de este sector social. Esta respuesta en las calles es un importante indicador de la temperatura actual en el noroeste de Irán.

En cuanto a países occidentales, Francia, que tiene una gran comunidad armenia, pidió un alto el fuego y el inicio del diálogo. Estados Unidos aseguró haber contactado con ambas partes para urgirles a “cesar las hostilidades inmediatamente y evitar palabras y acciones de poca ayuda”.

Rusia puede tener serias preocupaciones en la reanudación de las hostilidades a gran escala. Ha dejado claro en múltiples ocasiones que lo importante es evitar que el conflicto vaya a más. Un motivo de esa insistencia puede ser que el Kremlin tiene ya frentes abiertos en Ucrania, Siria y Libia, además de la situación actual en Bielorrusia, y el envenenamiento de Alexéi Navalni. Además, a pesar del intento actual por parte de los presidentes de Rusia y Turquía por mostrar que las relaciones entre sus países van bien, cada vez son mayores y más diversas las discrepancias entre ellos, como sus puntos de vista en Siria o en Libia. Y ahora, Vladimir Putin no podría dejar a Armenia en manos de Azerbaiyán y Turquía.

El Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tiene como principal misión la mediación de las negociaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán, y está copresidida por Rusia, Francia y Estados Unidos. Como respuesta al presente conflicto, pidió “regreso al alto el fuego y reanudación de negociaciones sustantivas”. A principios de este año, Armenia rechazó los Principios de Madrid, el principal mecanismo de resolución de conflictos que propuso el Grupo de Minsk. Además, esta iniciativa se ha visto cada vez más imposibilitada por el concepto de “nueva guerra por nuevos territorios” del Ministerio de Defensa de Armenia, así como por la idea de unificación de Armenia y Karabaj de Nikol Pashinyan. Todo esto ha enfurecido al gobierno y la ciudadanía azerí, que ha criticado cada vez más al Grupo de Minsk. Azerbaiyán también ha criticado la pasividad del grupo ante lo que considera acciones incendiarias de Armenia, como el traslado de la capital de Karabaj a Susa, una ciudad con gran importancia cultural para los azerbaiyanos, o como el asentamiento ilegal de libaneses y armenios en territorios ocupados de Azerbaiyán.  

Si alguna conclusión debe de ser obtenida de esto es que, para muchos, tanto en Azerbaiyán como en Armenia, el proceso de paz se ha desacreditado en las últimas tres décadas de negociaciones fallidas, lo que ha provocado cada vez más advertencias de que el status quo conduciría a una mayor intensificación del conflicto.

Entre algunos expertos existe una creciente preocupación de que los países occidentales no comprenden la situación actual y las consecuencias que se podrían derivar del peor estallido en la región en años. El director de la Oficina del Cáucaso Sur en la Fundación Heinrich Boell, Stefan Meister, ha afirmado que los combates entre estas dos regiones pueden llegar lejos. En su opinión, “la Unión Europea y Occidente subestiman el conflicto”.

La Unión Europea también se ha posicionado. Ya ha pedido a Armenia y Azerbaiyán la reducción de las tensiones transfronterizas, instando a detener el enfrentamiento armado y a abstenerse de acciones que provoquen más tensión, debiendo tomar medidas para evitar una mayor escalada.

El conflicto en el Cáucaso tiene gran importancia internacional. En la zona se dan periódicos enfrentamientos y resurgimientos de tensiones. La relevancia se centra en que cualquier escalada de la violencia puede desestabilizar la economía global, dado que el Cáucaso sur es un pasillo para gasoductos que llegan desde el mar Caspio hasta los mercados mundiales, y más concretamente, a Europa. Si Armenia decide que Azerbaiyán ha escalado demasiado, podría atacar el Gasoducto del Cáucaso del sur de Azerbaiyán, que envía gas para el TANAP de Turquía, y termina con el TAP, que abastece a Europa. Otro aspecto estratégico es el control de la ciudad Ganyá, pues controlarla podría conectar a Rusia con Karabaj. Además, el control de ese emplazamiento podría cortar la conectividad entre Azerbaiyán, Georgia y Turquía en relación con los gaseoductos. Ya hubo conflictos en esta área el pasado mes de julio, por ello a raíz del nuevo conflicto Azerbaiyán se ha predispuesto a cerrar el espacio aéreo de la región.

 

En verde fuerte, territorio de Nagorno-Karabaj acordado en 1994; en verde suave, territorio controlado por Armenia hasta este verano [Furfur/Wikipedia]

En verde fuerte, territorio de Nagorno-Karabaj acordado en 1994; en verde suave, territorio controlado por Armenia hasta este verano [Furfur/Wikipedia]

 

¿Una nueva guerra?

Hay varios resultados posibles para la situación actual. Lo más probable es una batalla por zonas pequeñas y no particularmente importantes, que permitan la declaración simbólica de una “victoria”. El problema se centra en que cada oponente puede tener una visión muy diferente de las cosas, siendo entonces inevitable una nueva vertiente de confrontación, subiendo el listón del conflicto, y derivando en una menor posibilidad de entendimiento entre las partes.

Aunque poco probable, muchos analistas no descartan la posibilidad de que la escalada actual sea parte de los preparativos para las negociaciones y sea necesaria para apuntalar las posiciones diplomáticas y aumentar la presión sobre el oponente antes de reanudar las conversaciones.

Cualquiera que sea el razonamiento detrás de los enfrentamientos armados, una cosa está clara: la importancia de la fuerza militar en el proceso de paz de Nagorno-Karabaj crece día a día. La ausencia de conversaciones se está volviendo crítica. Si el péndulo de Karabaj no se arregla pronto y no pasa de los generales a los diplomáticos, puede volverse irreparable. Y será entonces cuando las perspectivas de que estalle otra guerra regional una vez más dejarán de ser un mero escenario descrito por los expertos.

Mientras que Rusia sigue insistiendo en que no hay otra opción más que la vía pacífica, la Línea de Contacto entre ambos lados en Nagorno Karabaj se ha convertido en la zona más militarizada de Europa. Muchos expertos han mostrado en varias ocasiones como posible escenario que Azerbaiyán decida lanzar una operación militar para recuperar su territorio perdido. El país, cuya principal fuente de ingresos es su riqueza petrolera del Mar Caspio, ha gastado miles de millones de dólares en nuevo armamento. Además, ha sido Azerbaiyán quien ha reemplazado a Rusia como el mayor portador de gas natural a Turquía.

Una gran consecuencia del conflicto se centra en las posibles pérdidas de Rusia e Irán. Una víctima más del conflicto puede ser la posición rusa como líder de Eurasia. Otro argumento se basa en el Consejo turco, que ha exigido la retirada de Armenia de tierras azerbaiyanas. El problema está en que los miembros de ese consejo, Kazajistán y Kirguistán, son también miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC), liderada por Rusia junto con Armenia. Por otro lado, además, Irán muestra pánico ante la solidaridad total expresada por Turquía a Azerbaiyán, pues viven más azeríes en el Azerbaiyán Iraní que en la República de Azerbaiyán.

Nos situamos ante uno de los tantos conflictos ejemplificativos del nuevo y actual “estilo” de guerra, donde grandes potencias se sitúan a espaldas de pequeños conflictos. No obstante, el territorio de Nagorno-Karabaj será pequeño en extensión, pero no en importancia, ya que además de contribuir a la continuidad en la desestabilización del área caucásica, puede afectar a potencias cercanas, e incluso a Europa. Occidente debiera otorgarle la importancia que se merece, pues de continuar en la misma línea, la puerta está abierta a un conflicto bélico más violento, extenso y prolongado.

‘Mavi Vatam’: la doctrina turca de la ‘patria azul‘

Ankara está implementando un plan estratégico para el control de las tres zonas marítimas que rodean al país

Desfile de miembros de la Fuerza Naval de Turquía [Nérostrateur]

▲ Desfile de miembros de la Fuerza Naval de Turquía [Nérostrateur]

ANÁLISISLucas Martín*

Varias son las acciones que ha llevado a cabo Turquía en los últimos tiempos que indican la puesta en marcha de la llamada doctrina “Patria Azul”.

Entre los diversos hechos a tener en cuenta podemos tomar como elemento inicial el acuerdo firmado con uno de los dos contendientes que se disputan el poder en Libia, el GNA para ser más precisos.

Mediante el mismo, el GNA entregaba de facto a Turquía el control de las aguas territoriales libias al tiempo que establecía un corredor marítimo para Ankara en el este del Mar Mediterráneo.

Lo importante de tener el control de facto de esas aguas no es sólo el enorme volumen de tráfico marítimo que por ellas transita, sino que bajo las mismas se encuentran estratégicas reservas de gas natural y son además zona de paso de varios gasoductos que abastecen a Europa.

Si añadimos este tratado a los movimientos de Turquía en el Mediterráneo, el Egeo, así como su implicación en los conflictos de Siria y Libia, se observa que no son sino partes diferentes pero complementarias de un ambicioso plan minuciosamente trazado por Ankara desde hace algunos años para conseguir el control marítimo del Mediterráneo Este y las zonas adyacentes. El fin último de este plan sería otorgar a Turquía una independencia económica y energética que asegure el crecimiento del país en todos los órdenes.

Mavi Vatam” - Patria Azul

De sobra es conocida la llamada “Doctrina Gerasimov”, que teoriza sobre la evolución de los conflictos bélicos y proporciona pautas de actuación en el marco actual. Pero mucho menos conocido es que un país como Turquía desarrolló hace casi dos décadas su propia doctrina tratando de dibujar los movimientos geoestratégicos necesarios para alcanzar unos objetivos básicos para el desarrollo de la nación turca y lograr su papel protagonista en el concierto internacional.

El padre de dicho plan es el almirante Cem Gurdeniz, y fue expuesto por primera vez en 2006 bajo el nombre de “Doctrina Patria Azul”.

El almirante basa su teoría en tres pilares, los cuales llevaría mucho tiempo tratar en detalle. Sin embargo, y para el caso que nos ocupa, es interesante detenerse al menos brevemente en el segundo pilar. Bajo este, Gurdeniz define lo que él considera las zonas de jurisdicción marítima que corresponden a Turquía y que valora como vitales para su supervivencia y desarrollo. Estas abarcan zonas del Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo. Mediante la definición de estas establece las aguas territoriales, la plataforma continental y la zona económica exclusiva (ZEE).

El propio almirante reconoce que el problema no se encuentra ni mucho menos en al Mar Negro, donde se llegó a un acuerdo con la extinta Unión Soviética para establecer los límites de la plataforma continental en 1978 y posteriormente, en 1987, la ZEE. Es más, con posterioridad a la desaparición de la URSS se alcanzaron acuerdos con Georgia, Bulgaria y Ucrania.

La cuestión se centra en el Mediterráneo y en el Egeo. Precisamente el epicentro actual de los acontecimientos.

Los límites actuales establecidos, acuerdos de ZEE, etc., han sido impuestos a Turquía por la Unión Europea, según nuestro protagonista, que los considera especialmente gravosos en lo que se refiere a la zona griega y a Chipre. Turquía focaliza en la UE la responsabilidad de impedir en cierto modo el desarrollo turco, lo cual no deja de ser interesante cuando la propia Turquía ha tratado de formar parte de la Unión.

El eje sobre el que pivotan las acciones turcas en los últimos tiempos es el desafío. Y ello se encuentra de nuevo en las propias palabras del almirante, que afirma que la “Patria Azul” “desafía y reta notoriamente al mapa actual”.

Pero a pesar de lo que pueda parecer ese no es el objetivo final de la doctrina “Mavi Vatam”. Ese desafío es el camino para alcanzar su verdadero fin, y este no es otro que alcanzar el control y la consolidación de este de las tres zonas marítimas que rodean al país para, de este modo, ejercer su influencia tanto a nivel regional como internacional, haciéndose con los recursos energéticos necesarios para sostener el crecimiento económico y demográfico de Turquía sin tener que depender de terceros países.

Pero como es norma en estos asuntos, la historia siempre juega un papel fundamental, y en esta ocasión no es diferente.

Los turcos continúan viendo como una afrenta el Tratado de Lausana firmado en 1923 que circunscribe el país a sus fronteras y límites actuales. Mediante éste quedó invalidado el tratado de Sèvres, mucho más beneficioso, pero firmado por el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial.

En Lausana se dictó de facto la fragmentación del imperio, definiendo no sólo las fronteras de Turquía, sino las de Grecia y Bulgaria, concluyendo la soberanía turca sobre las islas del Dodecaneso, Chipre, Egipto, Sudán, Siria e Irak. El Kurdistán dejó de ser una unidad, dividiéndose entre varios países, y Armenia se repartió entre Turquía y la URSS. Las condiciones limitaron la capacidad de acción de los turcos, poniendo al país bajo el paraguas de las potencias occidentales, situación que se ha mantenido durante los casi 100 años transcurridos desde la firma.

Para poder entender la situación actual ha de tenerse en cuenta una serie de factores y circunstancias que constituyen la base de la misma.

Durante el periodo de la Guerra Fría y con la existencia del bloque comunista y su alianza militar, el Pacto de Varsovia, ese paraguas protector de occidente sobre Turquía se transformó más en una necesidad forzada por las circunstancias que en una imposición. La situación geoestratégica del país otomano le otorgaba una importancia vital para ambos bloques, y en el supuesto de que se desatasen las hostilidades sería uno de los primeros territorios en sufrir sus consecuencias. Como ejemplo vivo de esa clave geoestratégica, se debe recordar el papel que desempeñaron las bases americanas equipadas con misiles balísticos nucleares situadas en suelo turco en las negociaciones para desescalar lo que posteriormente se conoció como “la crisis de los misiles de Cuba”.

Pero desde los lejanos años sesenta hasta la actualidad, el mundo ha cambiado por completo. Los balances de poder han variado, y los acontecimientos que se han ido produciendo desde comienzos del siglo XXI, y especialmente durante la última década, han propiciado que los actuales dirigentes consideren que ha llegado su momento.

En su momento, la caída del bloque comunista y el periodo de debilidad de Rusia comenzaron a sentar las bases de una idea muy arraigada en la Turquía actual cuyo eje principal es que el paraguas protector de occidente ya no es tan necesario (no se puede olvidar que ese paraguas también era visto en cierto modo como un corsé).

El afianzamiento de esta idea ha coincidido con una etapa de gran crecimiento tanto económico como demográfico del país otomano, con previsiones de alcanzar los 90 millones de habitantes en 2030. Ambos parámetros tienen grandes implicaciones económicas, pues suponen un incremento notable en las necesidades energéticas del país. Si estas necesidades no son satisfechas no será posible sostener ese crecimiento poblacional ni acompasarlo con un adecuado desarrollo industrial.

La base del imprescindible desarrollo industrial es la independencia energética. Es uno de los factores clave que pueden permitir llevar adelante los diferentes proyectos. Actualmente las necesidades energéticas son cubiertas mediante el suministro desde terceros países. Los principales exportadores de recursos energéticos a Turquía son Rusia, Irán, Irak y Libia. Esta dependencia externa es una de las razones para el espectacular desarrollo de las capacidades militares turcas en los últimos años y su implicación directa en diversos escenarios inestables: mantener asegurado sin interrupciones el suministro de energía. Y ahí se puede encontrar una de las principales razones de las intervenciones en el norte de Siria, norte de Irak, o en Libia.

No obstante, esta no es la única razón para dichas intervenciones; existen otras motivaciones de índole política, compromisos que obligan a Turquía a tomar partido de un modo u otro. El problema kurdo, digno por si mismo de un documento monográfico, es uno de ellos.

Pero a pesar de las posibles motivaciones políticas, en la “Doctrina Patria Azul” el eje principal es la necesidad de alcanzar la independencia energética. Para ello es necesario tomar el control de los recursos energéticos necesarios y lograr la libertad de acción en este campo.

Dos son las esferas que define para conseguir este objetivo. La primera consistiría en el establecimiento de un área de seguridad y de control inmediato de los mares que rodean el país: el Mediterráneo, el Egeo y el Mar Negro. La segunda, de carácter estratégico, se extiende al Mar Rojo, el Mar Caspio y el Mar Arábigo, incluido el Golfo Pérsico.

 

 

El dominio turco del espacio marítimo señalado incluye el control sobre las reservas de gas y petróleo que hay en esas aguas. Esa posición de dominio marítimo se refuerza mediante el establecimiento de alianzas con los países de la zona, proporcionándoles apoyo, estableciendo bases militares en su territorio y facilitando material y adiestramiento militar a sus ejércitos, asegurándose así su apoyo. Esto es un hecho, y Turquía ya dispone de bases en Somalia, Sudán, Libia y Qatar, países a los que suministra sistemas de armas de fabricación propia y con los que mantiene acuerdos militares de diversa índole.

En este punto se debe hacer un inciso. Estos movimientos no son bien vistos por todos los países de la zona, algunos de los cuales ven amenazada su actual posición y sus propias aspiraciones de crecimiento en poder e influencia en ella. La existencia de una potencia regional dominante no suele dejar demasiado margen de maniobra. Y es importante citar también en este punto otras palabras del padre de la doctrina “Patria Azul”: “Turquía no necesita ningún aliado para proteger la Patria. La Patria es la Patria. Nuestra plataforma continental es nuestra patria y tenemos que protegerla”.

Sin embargo, afirma que en el futuro las relaciones entre Italia, Túnez, Libia y Turquía serán el eje principal del Mediterráneo. Obviando deliberadamente a países como Francia, Grecia y España.

Tradicionalmente, la Fuerza Naval turca tenía como área habitual de operaciones el Mediterráneo, el Mar Negro y el Egeo. Pero, desde hace no mucho, ha ampliado su zona de actuación extendiéndola hacia el Mar Rojo, el Mar Arábigo y el Golfo Pérsico, y llegando incluso a operar en estrecha colaboración con Pakistán.

Esta visión estratégica, centrada en el dominio del mar, aparte de en las razones expuestas previamente referidas al control de los recursos energéticos, tiene su explicación en el convencimiento que tiene Turquía de que su especial orografía, muy abrupta, ofrece ya de por sí una defensa natural y disuasoria ante cualquier agresión por tierra.

Además, la doctrina “Patria Azul” parte de la base de que Turquía debe ser una potencia eminentemente marítima. Es, por tanto, una doctrina realista de autodefensa de las zonas marítimas que por derecho corresponden a Turquía, para protegerlas con la mirada puesta en las generaciones venideras.

Por tanto, las fronteras marítimas, que se extienden por tres mares diferentes, son percibidas hasta el momento como el punto débil de la nación. Y eso es precisamente lo que está en proceso de transformación.

Este punto de vista tiene su raíz histórica en el antiguo Imperio Otomano, al cual hace referencia en numerosas ocasiones el almirante Cem Gürdeniz en sus escritos. Fue el que llevó a Erdogan, poco después de acceder al poder, a iniciar un programa completo de desarrollo y modernización de su Fuerza Naval conocido como “Milgem”. En este proyecto se han realizado fuertes inversiones de todo tipo, y no se han escatimado esfuerzos, pues para lograr el desarrollo de unas fuerzas armadas, especialmente en su vertiente marítima, que sustenten el objetivo de erigirse como una potencia regional e internacional, es clave un desarrollo tecnológico independiente de la industria turca.

En los últimos años, la industria de defensa turca ha experimentado una espectacular evolución, demostrando la efectividad de sus desarrollos en los escenarios libio, sirio y, más actualmente, en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Se ha puesto gran énfasis en el desarrollo de buques de guerra, sistemas aéreos no tripulados (UAVs) y sistemas de armas avanzados de gran calidad. Especialmente el capítulo de los UAVs es particularmente significativo, y debe ser objeto de un estudio en profundidad, incluso desde el punto de vista nacional en España.

De nuevo, aquí encontramos dos intenciones claramente definidas. Por un lado, la de alcanzar un nivel tecnológico puntero en sus fuerzas armadas que respalde la consecución de los objetivos señalados previamente, y por otro, la de situarse como referencia en el campo de la exportación de armas, para lograr ingresos y poder influir en los países de su interés y sus políticas del mismo modo en que lo hacen Estados Unidos, China y Rusia.

Siendo más concretos, en el marco del programa “Milgem” se han construido cuatro corbetas antisubmarinas, un buque de obtención de inteligencia, cuatro fragatas para guerra de superficie y cuatro fragatas antiaéreas. El programa también incluye cuatro corbetas de última generación para la Armada de Pakistán como una forma de exportar sus avances, aumentar la ya estrecha colaboración entre ambos países y obtener como no beneficios económicos para la industria armamentísticas.

Del mismo modo, 33 nuevas barcazas de desembarco con capacidad para el transporte tanto de tropas como de vehículos acorazados han sido entregadas a la Fuerza Naval turca. El desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades de asalto anfibio por parte de Turquía suponen un factor a tener en cuenta en un hipotético aumento de la tensión con Grecia, especialmente en lo que se refiere a las reclamaciones sobre las islas situadas al este del país y sus aguas.

El desarrollo de las capacidades de guerra naval se completa con la fabricación de seis nuevos submarinos de factura alemana construidos bajo licencia de HDW en la propia Turquía, concretamente del modelo U-214. Estos nuevos sumergibles están equipados con un sistema AIP que les permite permanecer durante largos periodos sin salir a superficie, y se unen a los diez que el país otomano operaba hasta el momento.

Este dato es uno de los más significativos desde el punto de vista de su capacidad desestabilizadora. Hasta el momento ha sido Grecia la que ha mantenido cierta superioridad tecnológica en este campo. Pero la entrada en servicio de las nuevas unidades turcas cambia significativamente el sentido de la balanza. Los submarinos, además de ejercer como perfectas plataformas de obtención de inteligencia, especialmente en las disciplinas SIGINT (Inteligencia de Señales) y COMINT (Inteligencia de Comunicaciones), son excelentes armas disuasorias, capaces de negar a una flota entera el acceso a una extensa área.

El elemento más significativo del pretencioso programa turco es un buque de asalto anfibio (LHD) llamado “Anadolu”. Este barco, de características muy similares al “Juan Carlos I” que opera la Armada española es un salto cualitativo en cuanto a las capacidades que proporciona, pues no solo puede transportar barcazas de desembarco, sino que desde su cubierta pueden operar diferentes tipos de helicópteros, UAVs y, en su caso, aviones de combate de despegue vertical.

Actualmente, el único aparato de dichas características compatible con el buque es el norteamericano F-35 B, que es la variante con capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VSTOL). Turquía formaba parte de las naciones que habían decidido adquirir dicho avión de combate, aunque en su versión A, que es la estándar para la Fuerza Aérea, la entrega de cuyas primeras unidades ya tenía fecha fijada.

Pero la decisión del gobierno de Ankara de adquirir material antiaéreo ruso de última generación, como es el sistema S-400, ha llevado a los Estados Unidos a vetar su continuidad en el programa de adquisición del F-35 B. De hecho, los primeros aparatos destinados al país otomano han sido vendidos a la USAF. De todos modos, la intención de Turquía no era la de adquirir la versión VSTOL, lo cual deja en el aire su verdadera intención sobre qué aeronaves equiparán el buque.

El proyecto se completará con la construcción de un segundo buque de asalto anfibio, el “Trakya”. La posesión de dos unidades de este tipo proporciona a la fuerza naval turca unas capacidades muy superiores a las de sus vecinos en la región, otorgándole la capacidad de proyectar su fuerza anfibia en operaciones estratégicas y en dos escenarios simultáneamente.

El verdadero valor de estas capacidades no es el operativo en sí mismo, sino la capacidad disuasoria que representa.

La implicación de Turquía en los conflictos de Siria y Libia ha servido a las Fuerzas Armadas turcas, y dentro de estas a sus unidades navales, una enorme y valiosa experiencia en combate que le ha sido de gran utilidad para actualizar y mejorar su doctrina y sus capacidades operacionales. Esto, unido a la elevada calidad de la formación que tienen sus unidades, a la calidad de su equipamiento y al desarrollo tecnológico y armamentístico descritos, son los tres pilares necesarios para la puesta en marcha de la doctrina “Patria Azul”. La gran incógnita es cómo reaccionarán las otras potencias regionales, directamente afectadas ante el avance de este plan estratégico.

A modo de conclusión, puede decirse que los intereses son múltiples y a menudo cruzados, y afectan no solo a los países ribereños de esa zona del Mediterráneo, sino a potencias como Rusia y Francia y a organizaciones internacionales como la OTAN.

Los incidentes entre naciones en principio aliadas ya se han producido, llevando incluso a que Francia se retire de la operación de la OTAN en el Mediterráneo debido al problema acaecido entre una fragata gala y otra turca, y teniendo como consecuencia un ataque contra posiciones turcas por parte de aviones “Rafale” procedentes de bases en los Emiratos Árabes, pero cuya nacionalidad continúa sin estar clara.

No hay duda de que la actitud turca, y la puesta en marcha de su plan, pone en una situación de debilidad a la Alianza Atlántica, pues uno de los motivos que sustentan el plan es la percepción que tiene Turquía de que ya no necesita el amparo del paraguas de Occidente para la defensa de sus intereses.

Por otro lado, Turquía juega con la baza de poseer la llave de la puerta de entrada al torrente de inmigrantes procedentes de Siria, Libia, Somalia y Eritrea hacia la Unión Europea. Y la usará como medida de presión ante cualquier reacción o posicionamiento de Europa en contra de sus intereses.

El Mediterráneo Oriental ha recobrado el papel protagonista en la geopolítica mundial que ya tuvo en el siglo XVI, solo que esta vez tenemos a nuevas potencias como Rusia que también reclaman su espacio y su necesidad de una presencia permanente y fuerte en esa zona. No podemos obviar la relación que tiene esa necesidad rusa con el conflicto de Crimea y la necesidad estratégica de poder controlar en cierto modo ambos lados del Bósforo y asegurar la salida al Mediterráneo de la flota del Mar Negro.

Todos estos intereses económicos, energéticos y políticos están creando una situación muy complicada donde además se unen los conflictos “internos” de Siria y Libia, creando una sobrepresencia de unidades militares, combatientes, compañías militares privadas, sistemas de armas, aviones, UAVs, etc. que en cualquier momento, y a causa de cualquier error inopinado, pueden dar lugar a un incidentes que por leve que sea tenga consecuencias imprevisibles e irreparables.

* El autor es teniente coronel de Infantería y analista de Geopolítica

 

BIBLIOGRAFÍA

Kasapoglu,  ‘The Blue Homeland’: Turkey’s largest naval drill. Anadolu Agency 27 February.

SETA Security Sadar Turkey’s geopolitical landscape in 2020

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, “An assesment of eastern mediterranean maritime boundary delimitation agreement between Turkey and Libya” Science Journal of Turkish Military Academy Haziran /June 2020

Eyal Pinko, “Turkey’s Maritime Strategy Ambitions: The Blue Homeland Doctrine (Mavi Vatan)”  Research Institute for European and American Studies (www.rieas.gr) April 2020

Psicología y seguridad en tiempos de pandemia

COMENTARIO / Luis Ángel Díaz Robredo*

Puede resultar sarcástico para algunos, e incluso cruel, escuchar que estas circunstancias de pandemia mundial por COVID-19 son tiempos interesantes para la psicología social e individual. Y aún puede resultar más extraño, tener en cuenta estos tiempos difíciles a la hora de establecer relaciones con la seguridad y la defensa de los estados.

En primer lugar hay que señalar lo evidente: las actuales circunstancias son excepcionales puesto que no habíamos conocido antes una amenaza para la salud tal que trascendiera a ámbitos tan diversos y decisivos como la economía mundial, la política internacional, la geoestrategia, la industria, la demografía… Los individuos e instituciones no estábamos preparados hace unos meses y, aun a día de hoy, los solventamos con cierta improvisación. Las tasas de mortalidad y contagio se han disparado y los recursos que la administración pública ha movilizado son desconocidos hasta la fecha. Sin ir más lejos, la operación Balmis –misión de apoyo contra la pandemia, organizada y ejecutada por el Ministerio de Defensa– ha desplegado en 20.000 intervenciones, durante 98 días de estado de alarma y con un total de 188.713 militares movilizados.

Además de las labores sanitarias de desinfección, logística y apoyo sanitario, se han dado otras tareas más propias del control social, como la presencia de militares en las calles y en puntos críticos o el refuerzo en fronteras. Esta labor que a algunas personas puede desconcertar por su naturaleza poco habitual de autoridad sobre la propia población está justificada por comportamientos grupales atípicos que hemos observado desde el inicio de la pandemia. Baste citar unos pocos ejemplos españoles que reflejan cómo en algunos momentos se han dado conductas poco lógicas de imitación social, como la acumulación de bienes de primera necesidad (alimentos) o no de tan primera necesidad (papel higiénico) que vaciaban durante unas horas las estanterías de los supermercados.

Ha habido momentos también de insolidaridad e incluso de cierta tensión social ante el miedo al contagio contra colectivos vulnerables, como los ancianos con COVID-19 trasladados de una localidad a otra y que eran abucheados por el vecindario que los recibía y debían ser escoltados por la policía. También, con escasa frecuencia pero igualmente negativo e insolidario, se han conocido casos en los cuales algunos sanitarios sufrían el miedo y el rechazo por parte de sus vecinos. Y últimamente la sanción y detención de personas que no respetaban las normas de distancia social y protección individual ha sido otra actuación habitual de las autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos hechos, que afortunadamente han sido limitados y solventados con rapidez por las autoridades, han sido sobradamente superados por muchos otros comportamientos sociales positivos de solidaridad, altruismo y generosidad entre ciudadanos.

Sin embargo, y puesto que la seguridad nacional debe contemplar no solo los escenarios ideales sino también situaciones con carencias o posibles riesgos, se debe tener en cuenta esas variables sociales a la hora de establecer una estrategia.

En segundo lugar, el flujo de información ha sido un verdadero tsunami de fuerzas e intereses que han arrollado las capacidades informativas de sociedades enteras, grupos empresariales e incluso individuos. En este juego por llegar a captar la atención del ciudadano han competido tanto medios de comunicación oficiales, como medios de comunicación privados, redes sociales e incluso grupos anónimos con intereses desestabilizadores. Si algo ha demostrado esta situación es que el exceso de información puede resultar tan incapacitante como la falta de información y que, incluso, el uso de información falsa, incompleta o de alguna forma manipulada nos
hace más influenciables frente a la manipulación de agentes exteriores o incluso vulnerables al ciberhacking, con evidentes peligros para la estabilidad social, la operatividad de servicios sanitarios, la facilitación del crimen organizado o incluso la salud mental de la población.

En tercer y último lugar, no podemos olvidar que la sociedad y nuestras instituciones –también las relacionadas con seguridad y defensa– tienen su máxima debilidad y fortaleza basadas en las personas que las forman. Si hay algo que la pandemia está poniendo a prueba es la fortaleza psicológica de los individuos debido a la circunstancia de incertidumbre hacia el presente y futuro, gestión del miedo a la enfermedad y a la muerte, y una necesidad innata de apego a las relaciones sociales. Nuestra capacidad de afrontar este nuevo escenario VUCA (del inglés Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) que afecta a todos y cada uno de los ambientes
sociales y profesionales exige un estilo de liderazgo fuerte, adaptado a esta situación tan exigente, auténtico y basado en los valores grupales. No existe a día de hoy una solución unilateral, si no es con el esfuerzo de muchos. No son palabras vacías el afirmar que la resiliencia de una sociedad, de unas Fuerzas Armadas o de un grupo humano, se basa en trabajar juntos, luchar juntos, sufrir juntos, con una cohesión y un trabajo en equipo convenientemente entrenados.

Dicho esto, podemos entender que las variables psicológicas –a nivel individual y de grupo– están en juego en esta situación de pandemia y que podemos y debemos usar los conocimientos que nos aporta la Psicología como ciencia seria, adaptada a las necesidades reales y con espíritu constructivo, para planificar la táctica y la estrategia de los escenarios actual y futuro derivados del Covid-19.

Sin duda, son momentos interesantes para la Psicología.

* Luis Ángel Díaz Robredo es profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra

The Crime-Terror Continuum: The case of the Andean region

Members of Colombia's National Liberation Army  [Voces de Colombia]

▲ Members of Colombia's National Liberation Army [Voces de Colombia]

ESSAY / Ángel Martos

Terrorism and transnational organized crime are some of the most relevant topics nowadays in international security. The former represents a traditional threat that has been present during most our recent history, especially since the second half of the twentieth century. International organized crime, on the other hand, has taken place throughout history in multiple ways. Examples can be found even in the pre-industrial era: In rural and coastal areas, where law enforcement was weaker, bandits and pirates all over the world made considerable profit from hijacking vehicles along trade routes and roads, demanding a payment or simply looting the goods that the merchants carried. The phenomenon has evolved into complex sets of interconnected criminal networks that operate globally and in organized way, sometimes even with the help of the authorities.

In this paper, the author will analyze the close interaction between terrorism and organized crime often dubbed the “crime-terror continuum”. After explaining the main tenets of this theory, a case study will be presented. It is the network of relations that exists in Latin America which links terrorist groups with drug cartels. The evolution of some of these organizations into a hybrid comprising terrorist and criminal activity will also be studied.

Defining concepts

The crime-terror nexus is agreed to have been consolidated in the post-Cold War era. After the 9/11 attacks, the academic community began to analyze more deeply and thoroughly the threat that terrorism represented for international security. However, there is one specific topic that was not paid much attention until some years later: the financing of terrorist activity. Due to the decline of state sponsorship for terrorism, these groups have managed to look for funding by partnering with organized criminal groups or engaging in illicit activities themselves. Starting in the 1980s with what later came to be known as narco-terrorism, the use of organized crime by terrorist groups became mainstream in the 1990s. Taxing drug trade and credit-card fraud are the two most common sources of revenues for these groups (Makarenko, 2010).

The basic level of relationship that exists between two groups of such different nature is an alliance. Terrorists may look for different objectives when allying with organized crime groups. For example, they may seek expert knowledge (money-laundering, counterfeiting, bomb-making, etc.) or access to smuggling routes. Even if the alliances may seem to be only beneficial for terrorist groups, criminal networks benefit from the destabilizing effect terrorism has over political institutions, and from the additional effort law enforcement agencies need to do to combat terrorism, investing resources that will not be available to fight other crimes. Theirs is a symbiotic relation in which both actors win. A popular example in the international realm is the protection that Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) offered to drug traders that smuggle cocaine from South America through West and North Africa towards Europe. During the last decade, the terrorist organization charged a fee on the shipments in exchange for its protection along the route (Vardy, 2009).

The convergence of organizations

Both types of organizations can converge into one up to the point that the resulting group can change its motives and objectives from one side to the other of the continuum, constituting a hybrid organization whose defining points and objectives blur. An organization of this nature could be both a criminal group with political motivations, and a terrorist group interested in criminal profits. The first one may for example be interested in getting involved in political processes and institutions or may use violence to gain a monopolized control over a lucrative economic sector.

Criminal and terrorist groups mutate to be able to carry out by themselves a wider range of activities (political and financial) while avoiding competitiveness, misunderstandings and threats to their internal security. This phenomenon was popularized after the 1990s, when criminal groups sought to manipulate the operational conditions of weak states, while terrorist groups sought to find new financial sources other than the declining state sponsors. A clear example of this can be found in the Italian Mafia during the 1990s. A series of deliberate bombing attacks were reported in key locations such as the Uffizi Galleries in Florence and the church of St. John Lateran in Rome. The target was not a specific enemy, but rather the public opinion and political authorities (the Anti-Mafia Commission) who received a warning for having passed legislation unfavorable to the interests of the criminal group. Another example far away from Europe and its traditional criminal groups can be found in Brazil. In the early 2000s, a newly elected government carried out a crackdown on several criminal organizations like the Comando Vermelho, the Amigos dos Amigos, and the group Terceiro Comando, which reacted violently by unleashing brutal terrorist attacks on governmental buildings and police officers. These attacks gave the Administration no other choice but to give those groups back the immunity with which they had always operated in Rio de Janeiro.

On the other side of the relationship, terrorist organizations have also engaged in criminal activities, most notably illicit drug trade, in what has been a common pattern since the 1970s. Groups like the FARC, ETA, the Kurdistan Workers Party (PKK), or Sendero Luminoso are among them. The PKK, for example, made most of its finances using its advantageous geographic location as well as the Balkan routes of entry into Europe to smuggle heroin from Asia into Europe. In yet another example, Hezbollah is said to protect heroin and cocaine laboratories in the Bekaa Valley, in Lebanon.

Drug trafficking is not the only activity used by terrorist groups. Other criminal activities serve the same purpose. For example, wholesale credit-card fraud all around Europe is used by Al Qaeda to gain profits (US$ 1 million a month). Furthermore, counterfeit products smuggling has been extensively used by paramilitary organizations in Northern Ireland and Albanian extremist groups to finance their activities.

Sometimes, the fusion of both activities reaches a point where the political cause that once motivated the terrorist activity of a group ends or weakens, and instead of disbanding, it drifts toward the criminal side and morphs into an organized criminal association with no political motivations) that the convergence thesis identifies is the one of terrorist organizations that have ultimately maintained their political façade for legitimation purposes but that their real motivations and objectives have mutated into those of a criminal group. They are thus able to attract recruits via 2 sources, their political and their financial one. Abu Sayyaf, the Islamic Movement of Uzbekistan and FARC are illustrative of this. Abu Sayyaf, originally founded to establish an Islamic republic in the territory comprising Mindanao and the Sulu Archipelago (Philippines), is now dedicated exclusively to kidnapping and marijuana plantations. The former granted them US$ 20 million only in 2000. Colombian FARC, since the 1990s, has followed the same path: according to Paul Wilkinson, they have evolved from a revolutionary group that had state-wide support into a criminal guerrilla involved in protection of crops and laboratories, also acting as “middlemen” between farmers and cartels; kidnapping, and extortion.  By the beginning of our century, they controlled 40 per cent of Colombia’s territory and received an annual revenue of US$ 500 million (McDermott, 2003).

“Black hole” states

The ultimate danger the convergence between criminal and terrorist groups may present is a situation where a weak or failed state becomes a safe haven for the operations of hybrid organizations like those described before. This is known as the “black hole” syndrome. Afghanistan, Tajikistan, Angola, Sierra Leone and North Korea are examples of states falling into this category. Other regions, such as the North-West Frontier Province in Pakistan, and others in Indonesia and Thailand in which the government presence is weak can also be considered as such.

Afghanistan has been considered a “black hole state” since at least the withdrawal of Soviet troops in 1989. Since the beginning of the civil war, the groups involved in it have sought to survive, oftentimes renouncing to their ideological foundations, by engaging in criminal activity such as the production and trafficking of opiates, arms or commodities across the border with Pakistan, together with warlords. The chaos that reigns in the country is a threat not only to the nation itself and its immediate neighbors, but also to the entire world.

The People’s Republic of Korea (DPRK) is, on the other hand, considered a criminal state. This is because it has engaged in transnational criminal activities since the 1970s, with its “Bureau 39”, a government department that manages the whole criminal activity for creating hard currency (drug trafficking, counterfeiting, money laundering, privacy, etc.). This was proved when the Norwegian government expelled officials of the North Korean embassy in 1976 alleging that they were engaged in the smuggling of narcotics and unlicensed goods (Galeotti, 2001).

Another situation may arise where criminal and terrorist groups deliberately foster regional instability for their own economic benefits. In civil wars, these groups may run the tasks that a state’s government would be supposed to run. It is the natural evolution of a territory in which a political criminal organization or a commercial terrorist group delegitimizes the state and replaces its activity. Examples of this situation are found in the Balkans, Caucasus, southern Thailand and Sierra Leone (Bangura, 1997).

In Sierra Leone, for example, it is now evident that the violence suffered in the 1990s during the rebellion of the Revolutionary United Forces (RUF) had nothing to do with politics or ideals - it was rather a struggle between the guerrilla and the government to crack down on the other party and reap the profits of illicit trade in diamonds. There was no appeal to the population or political discourse whatsoever. The “black hole” thesis illustrates how civil wars in our times are for the most part a legitimization for the private enrichment of the criminal parties involved and at the same time product of the desire of these parties for the war to never end.

The end of the Cold War saw a shift in the study of the nexus between crime and terrorism. During the previous period, it was a phenomenon only present in Latin America between insurgent groups and drug cartels. It was not until the emergence of Al Qaeda’s highly networked and globally interconnected cells that governments realized the level of threat to international security that non-state actors could pose. As long as weak or failed states exist, the crime-terror nexus will be further enhanced. Moreover, the activity of these groups will be buttressed by effects of globalization such as the increase of open borders policies, immigration flows, international transportation infrastructure, and technological development. Policymakers do not pay enough attention to the criminal activities of both types of organizations. Rather than dealing with the political motivations of a group, what really makes the difference is to focus on its funding resources – credit-card frauds, smuggling, money laundering, etc.

The following section focuses on the crime-terror continuum that exists between illegal drug trade and terrorist networks. This phenomenon has emerged in many regions all around the world, but the case of Latin America, or the Andean region more specifically, represents the paradigm of the characteristics, dangers and opportunities of these situations.

NARCO-TERRORISM CASE STUDY:

When drug trafficking meets political violence

The concept of narco-terrorism was born in recent years as a result of the understanding of illicit drug trade and terrorism as two interconnected phenomena. Traditionally linked with Latin America, the concept can now be found in other parts of the world like, for example, the Golden Crescent (Afghanistan, Iran and Pakistan), or the Golden Triangle (Thailand, Laos and Myanmar).

There is no consensus on the convenience and accuracy of the term “narco-terrorism,” if only because it may refer to different realities. One can think of narco-terrorism as the use of terrorist attacks by criminal organizations such as the Colombian Medellin Cartel to attain an immediate political goal. Or, from a different point of view, one can think of a terrorist organization engaging in illicit drug trade to raise funds for its activity. Briefly, according to Tamara Makarenko’s Crime-Terror Continuum construct all organizations, no matter the type, could at some point move along this continuum depending on their activities and motivations; from the one extreme of a purely criminal organization, to the other of a purely political one, or even constituting a hybrid in the middle (Makarenko, 2010).

There is a general perception of a usual interaction between drug-trafficking and terrorist organizations. Here, it is necessary to distinguish between the cooperation of two organizations of each nature, and an organization carrying out activities under both domains. There are common similarities between the different organizations that can be highlighted to help policymaking more effective.

Both type of organizations cohabit in the same underground domain of society and share the common interest of remaining undiscovered by law enforcement authorities. Also, their transnational operations follow similar patterns. Their structure is vertical in the highest levels of the organization and turns horizontal in the lowest. Finally, the most sophisticated among them use a cell structure to reduce information sharing to the bare minimum to reduce the risk of the organization being unveiled if some of its members are arrested.

The main incentive for organizations to cooperate are tangible resources. Revenues from narcotics trafficking might be very helpful for terrorist organizations, while access to explosive material may benefit drug trade organizations. As an example, according to the Executive Director of the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) in 2004, an estimated US$ 2.3 billion of the total revenue of global drug trade end up in the hands of organizations like Al Qaeda. Another example is the illegal market of weapons emerged after the collapse of the Soviet Union, field of interest of both types of networks. On the other hand, intangible resources are similar to tangible in usefulness but different in essence. Intangible resources that drug trafficking organizations possess and can be in the interests of terrorist ones are the expertise on methods and routes of transports, which could be used for terrorist to smuggle goods or people - drug corridors such as the Balkan route or the Northern route. On the other way around, terrorists can share the military tactics, know-how and skills to perpetrate attacks. Some common resources that can be used by both in their benefit are the extended networks and contacts (connections with corrupt officials, safe havens, money laundering facilities, etc.) A good example of the latter can be found in the hiring of ELN members by Pablo Escobar to construct car bombs.

The organizations are, as we have seen, often dependent on the same resources, communications, and even suppliers. This does not lead to cooperation, but rather to competition, even to conflict. Examples can be traced back to the 1980s in Peru when clashes erupted between drug traffickers and the terrorist Sendero Luminoso, and in Colombia when drug cartels and the FARC clashed for territorial matters. Even the protection of crops terrorists offer to drug traffickers is one of the main drivers of conflict, even if they do find common grounds of understanding most of the time; for example, in terms of government, revenue-motivated organizations are a threat to the state as they fight to weaken some parts of it such as law enforcement or jurisdiction, while politically-motivated ones wish not only to undermine the state but to radically change its structures to fit their ideological vision (state-run economy, religious-based society, etc.).

The terrorism and drug connection in the Andean Region

Nowhere has the use of illicit drug trade as a source of funds for terrorism been so developed as in the Andean Region (Steinitz, 2002). Leftist groups such as FARC and Peruvian Sendero Luminoso, as well as right-wing paramilitary organizations such as the United Self-Defense Forces of Colombia (AUC) are involved in this activity. At the beginning, the engagement between terrorists and drug traffickers was limited only to fees imposed by the former on the latter in exchange for the protection of crops, labs and shipments. Later, FARC and AUC have further expanded this engagement and are now involved in the early stages of the traffic itself – being the main substance cocaine, and the main reward money and arms from the drug syndicates. The terrorist cells can be therefore considered a hybrid of political and criminal groups. The following paragraphs will further analyze each case.

Peru’s Sendero Luminoso

Sendero Luminoso (SL) started to operate in the Huallaga Valley, a strong Peruvian coca region, several years after its foundation, in 1980. Peru was at the time the world’s first producer of coca leaf. The plant was then processed into coca paste and transported to Colombian laboratories by traffickers. Arguably, the desire for profit from the coca business rather than for political influence was the ultimate motive for Sendero Luminoso’s expansion into the region. SL protected the crops and taxed the production and transportation of coca paste: the 1991 document “Economic Balance of the Shining Path” shows that the group charged US$ 3,000-7,000 per flight leaving Huallaga. Taxes were also levied in exchange for a service that the group provided the cocaleros: negotiating favorable prices with the traffickers. In the late 1980s, SL’s annual income from the business was estimated at US$ 15-100 million (McClintock, 1998).

The Peruvian government’s fight against SL represents a milestone in the fight against the terrorism-crime nexus. Lima set up a political-military command which focused on combatting terrorism while ignoring drugs, because a reasonable percentage of the Peruvian population eked out a living by working in the coca fields. The government also avoided using the police as they were seen as highly corruptible. They succeeded in gaining the support of peasant growers and traffickers of Huallaga Valley, a valuable source of intelligence to use against SL. The latter finally left the Valley.

But it was not a final victory. Due to the vacuum SL left, the now more powerful traffickers reduced the prices paid for the coca leaf. SL was no longer there to act as an intermediary in defense of peasants and minor traffickers, so thanks to the new lower prices, the cocaine market experienced a boom. The military deployed in the area started to accept bribes in exchange for their laissez-faire attitude, becoming increasingly corrupted. President Fujimori in 1996 carried out a strategy of interdiction of the flights that departed from the Valley carrying coca paste to Colombia, causing the traffickers and farmers to flee and the coca leaf price to fall notably. However, this environment did not last long, and the country is experiencing a rise in drug trade and terrorist subversive activities.

The Colombian nexus expands

The collapse of the Soviet Union and an economic crisis in Cuba diminished the amount of aid that the FARC could receive. After the government’s crackdown, with the help of Washington, of the Medellin and Cali cartels, the drug business in Colombia was seized by numerous smaller networks. There was not any significant reduction of the cocaine flow into the United States. The FARC benefitted greatly from the neighboring states’ actions, gaining privileged access to drug money. Peru under Fujimori had cracked down on the coca paste transports, and Bolivia’s government had also put under strict surveillance its domestic drug cultivation. This elimination of competitors caused a doubling of coca production in Colombia between 1995 and 2000. Moreover, opium poppy cultivation also grew significantly and gained relevance in the US’ East-coast market. The FARC also benefitted from this opportunity.

According to the Colombian government, in 1998 the terrorist groups earned US$ 551 million from drug, US$ 311 million from extortion, and US$ 236 million from kidnapping. So much so that the organization has been able to pay higher salaries to its recruits than the Colombian army pays its soldiers. By 2000, the FARC had an estimated 15,000-20,000 recruits in more than 70 fronts, de facto controlling 1/3 of the nation’s territory. Most of the criminal-derived money in the country comes nowadays from taxation and protection of the drug business. According to the Colombian Military, more than half both the FARC’s fronts were involved in the collection of funds by the beginning of the 2000s decade, compared to 40% approx. of AUC fronts (Rebasa and Chalk, 1999).

The situation that was created in both scenarios required created a chaos in which the drug cartels, the cultivation syndicates and the terrorist organizations were the strongest actors. This makes it a very unstable environment for the peoples that lived in the territories under criminal/terrorist control. The tactics of law enforcement agents and government, in these cases, need to be carefully planned, so that multilateral counter-drug/counter-terrorist strategies can satisfactorily address threats existing at multiple dimensions. In the following section, the author will review some key aspects of the policies carried out by the US government in this domain.

The “War on Drugs” and the “War on Terror”

Since 9/11, policies considering both threats as being intertwined have become more and more popular. The separation of counter terrorism and counter-narcotics has faded significantly. Although in the Tashkent Conferences of 1999-2000 the necessary link between both was already mentioned, the milestone of cooperative policies is the Resolution 1373 of the UN Security Council (Björnehed, 2006). In it, emphasis is given to the close connection between terrorism and all kinds of organized crime, and therefore coordination at national, regional and global level is said to be necessary. War on drugs and war on terror should no longer be two separate plans of action.

The effectiveness of a policy that wishes to undermine the threat of illicit drug trade and terrorism is to a high degree dependent on successful intelligence gathering. Information about networks, suspects, shipments, projects, etc. benefits agencies fighting drug trafficking as well as those fighting terrorism, since the resources are most of the times shared.  Narco-terrorism nexus is also present in legal acts, with the aim of blocking loopholes in law enforcement efforts. Examples are the Victory Act and the Patriot Act, passed in the US. Recognizing the natural link and cooperation between drug trade and terrorism leads to security analysts developing more holistic theories for policymakers to implement more accurate and useful measures.

However, there are many aspects in which illicit drug trade and terrorist activity differ, and so do the measures that should be taken against them. An example of a failure to understand this point can be found in Afghanistan, where the Taliban in 2000 set a ban in poppy cultivation which resulted in a strong increase of its price, being this a victory for traffickers since the trade did not stop. Another idea to have in mind is that strategies of a war on drugs differ greatly depending on the nature of the country: whether it is solely a consumer like the UK or a producer and consumer like Tajikistan. In regard to terrorism, the measures adopted to undermine it (diplomacy, foreign aid, democratization, etc.) may have minimal effect on the fight against drug trade.

Sometimes, the risk of unifying counter-policies is leaving some areas in which cooperation is not present unattended. Certain areas are suitable for a comprehensive approach such as intelligence gathering, law enforcement and security devices, while others such as drug rehabilitation are not mutually beneficial. Not distinguishing the different motivations and goals among organizations can lead to a failed homogenous policy.

CONCLUSIONS:

Multilevel threats demand multilevel solutions

Terrorism has traditionally been considered a threat to national and international security, while illicit drug trade a threat to human security. This perception derives from the effects of drugs in a consumer country, although war on drugs policies are usually aimed at supplier ones. Although it was already constituting a threat to regional stability during the twentieth century, it was not considered a crucial political issue until 9/11 attacks, when the cooperative link between criminal and terrorist organizations became evident. An example of unequal attention paid to both threats can be found in US’s Plan Colombia in 2000: one of the main advocators of the legislation stated that the primary focus was on counter-drug, so the United States would not engage with Colombian counterinsurgency efforts (Vaicius, Ingrid and Isacson, 2003).The same type of failure was also seen in Afghanistan but in the opposite way, when the International Security Assistance Force (ISAF) completely neglected any action against drug traffickers, the trade or the production itself.

The merging of drug trafficking and terrorism as two overlapping threats have encouraged authorities to develop common policies of intelligence gathering and law enforcement. The similarities between organizations engaged in each activity are the main reason for this. However, the differences between them are also relevant, and should be taken into consideration for the counter policies to be accurate enough.

Evidence of a substantial link between terrorists and criminals has been proved all along our recent history. Around the world, leaders of mafias and terrorist commanders have oftentimes worked together when they felt that their objectives were close, if not similar. When cohabitating in the outlaw world, groups tend to offer each other help, usually in exchange for something. This is part of human behavior. Added to the phenomenon of globalization, lines tend to be blurred for international security authorities, and thus for the survival of organizations acting transnationally.

The consequences can be noticed especially in Latin America, and more specifically in organizations such as the FARC. We can no longer tell what are the specific objectives and the motivations that pushed youngsters to flee towards the mountains to learn to shoot and fabricate bombs. Is it a political aspiration? Or is it rather an economic necessity? The reason why we cannot answer this question without leaving aside a substantial part of the explanation is the evolution of the once terrorist organization into a hybrid group that moves all along the crime-terror continuum.

The ideas of Makarenko, Björnehed and Steinitz have helped the international community in its duty to protect its societies. It cannot be expected for affected societies to live in peace if the competent authorities try to tackle its structural security issues only through the counter-terrorist approach or through the organized crime lens. The hybrid threats that the world is suffering in the twenty-first century demand hybrid solutions.

 

BIBLIOGRAPHY

Bangura, Y. (1997) ‘Understanding the political and cultural dynamics of the sierra leone war’, Africa Development, vol. 22, no. 3/4 [Accessed 10 April 2020].

Björnehed, E., 2006. Narco-Terrorism: The Merger Of The War On Drugs And The War On Terror. [online] Taylor & Francis. Available at [Accessed 10 April 2020].

Galeotti, M. (2001) ‘Criminalisation of the DPRK’, Jane’s Intelligence Review, vol. 13, no. 3 (March) [Accessed 10 April 2020].

Makarenko, T., 2010. The Crime-Terror Continuum: Tracing The Interplay Between Transnational Organised Crime And Terrorism. [online] Taylor & Francis. Available at [Accessed 3 April 2020].

McClintock, C. Revolutionary Movements in Latin America: El Salvador’s FMLN and Peru’s Shining Path (Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1998), p. 341 [Accessed 10 April 2020].

McDermott, J. (2003) ‘Financing insurgents in Colombia’, Jane’s Intelligence Review, vol. 15, no. 2

(February) [Accessed 10 April 2020].

Mutschke, R., (2000) ‘The threat posed by organised crime, international drug trafficking and terrorism’, written testimony to the General Secretariat Hearing of the Committee on the Judiciary Subcommittee on Crime (13 December) [Accessed 14 June 2020].

Rebasa and Chalk, pp. 32–33; “To Turn the Heroin Tide,” Washington Post, February 22, 1999, p. A9; “Colombian Paramilitary Chief Shows Face,” Associated Press, March 2, 2000.

Steinitz, M., 2002. The Terrorism And Drug Connection In Latin America’S Andean Region. [online] Brian Loveman, San Diego State University. Available at [Accessed 10 April 2020].

Vaicius, Ingrid and Isacson, Adam “‘The War on Drugs’ meets the ’War on Terror’ ”(CIP International Policy Report February 2003) p. 13.

Vardy, N., 2009. Al-Qaeda's New Business Model: Cocaine And Human Trafficking. [online] Forbes. Available at [Accessed 14 June 2020].

¿Qué mueve a los hombres a la guerra?

[Azar Gat, War in Human Civilization. Oxford University Press. Oxford (Nueva York), 2006. 822 p.]

RESEÑA / Salvador Sánchez Tapia

War in Human CivilizationEntre las numerosas firmas que han escrito sobre el fenómeno bélico en las últimas décadas, el nombre de Azar Gat brilla con luz propia. Desde su cátedra de la Universidad de Tel-Aviv, este autor ha dedicado una importante parte de su carrera académica a teorizar desde distintos ángulos sobre la guerra, fenómeno que, por otra parte, conoce directamente por su condición de reservista en el Tsahal (Fuerzas Israelitas de Defensa).

War in Human Civilization es una obra monumental en la que el autor muestra su gran erudición, junto con su capacidad para tratar y estudiar el fenómeno bélico combinando el empleo de campos del saber tan diversos como la historia, la economía, la biología, la arqueología o la antropología, poniéndolos al servicio del objetivo de su obra, que no es otro que el de elucidar qué es lo que ha movido y mueve a los grupos humanos hacia la guerra.

A lo largo de las casi setecientas páginas de este extenso trabajo, Gat hace un estudio de la evolución histórica del fenómeno de la guerra en el que combina una aproximación cronológica que podríamos denominar como “convencional”, con otra sincrónica en la que pone en paralelo estadios similares de evolución de la guerra en diferentes civilizaciones para comparar culturas que, en un momento histórico dado, se encontraban en diferentes grados de desarrollo y mostrar cómo en todas ellas la guerra pasó por un proceso de evolución similar.

En su planteamiento inicial, Gat promete un análisis que trascienda cualquier cultura particular para considerar la evolución de la guerra de una forma general, desde su comienzo hasta la actualidad. La promesa, sin embargo, se quiebra al llegar al período medieval pues, a partir de ese momento adopta una visión netamente eurocéntrica que justifica con el argumento de que el modelo occidental de guerra ha sido exportado a otros continentes y adoptado por otras culturas lo que, sin ser totalmente falso, deja al lector con una visión un tanto incompleta del fenómeno.

Azar Gat bucea en el origen de la especie humana para tratar de dilucidar si el fenómeno de la guerra la hace diferente al resto de las especies, y para tratar de determinar si el conflicto es un fenómeno innato en la especie o si, por el contrario, se trata de una conducta aprendida.

Sobre la primera cuestión, la obra concluye que nada nos hace diferentes a otras especies pues, pese a visiones Rousseaunianas basadas en el “buen salvaje” que tan en boga estuvieron en los años sesenta, la realidad muestra que la violencia intra-especie, que se consideraba única en la humana, en realidad es algo compartido con otras especies. Respecto a la segunda cuestión, Gat adopta una postura ecléctica según la cual la agresividad sería, a la vez, innata y opcional; una opción básica de supervivencia que se ejerce, no obstante, de manera opcional, y que se desarrolla mediante el aprendizaje social.

A lo largo del recorrido histórico de la obra, aparece como un leitmotiv la idea, formulada en los primeros capítulos, de que las causas últimas de la guerra son de naturaleza evolutiva y tienen que ver con la lucha por la supervivencia de la especie.

Según este enfoque, el conflicto tendría su origen en la competición por recursos y por mejores oportunidades reproductivas. Aunque el desarrollo humano hacia sociedades cada vez más complejas ha terminado por oscurecerla, esta lógica seguiría guiando hoy en día el comportamiento humano, fundamentalmente a través del legado de mecanismos próximos que suponen los deseos humanos.

Un capítulo importante dentro del libro es el que el autor dedica a la disección de la teoría, adelantada por vez primera durante la Ilustración, de la Paz Democrática. Gat no refuta la teoría, pero la pone bajo una nueva luz. Si, en su original definición, esta defiende que los regímenes liberales y democráticos son reacios a la guerra y que, por tanto, la expansión del liberalismo hará avanzar la paz entre las naciones, Gat sostiene que es el crecimiento de la riqueza lo que realmente sirve a esa expansión, y que el bienestar y la interrelación que favorece el comercio son los auténticos motores de la paz democrática.

Dos son, pues, las dos principales conclusiones de la obra: que el conflicto es la norma en una naturaleza en la que la que los organismos compiten entre sí por la supervivencia y la reproducción en un ambiente de escasez de recursos, y que, recientemente, el desarrollo del liberalismo en el mundo occidental ha generado en este entorno un sentimiento de repugnancia hacia la guerra que se traduce en un casi absoluto rechazo a la misma en favor de otras estrategias basadas en la cooperación.

Azar Gat reconoce que una parte importante del género humano está todavía muy lejos de modelos liberales y democráticos, mucho más de la consecución del grado de bienestar y riqueza que, a su modo de ver, lleva de la mano al rechazo de la guerra. Aunque no lo dice abiertamente, de su discurso puede inferirse que esa es, no obstante, la dirección hacia la que se encamina la humanidad y que, el día en que ésta alcance las condiciones necesarias para ello, la guerra será finalmente erradicada de la Tierra.

Contra esta idea, cabría argumentar la posibilidad, siempre presente, de regresión del sistema liberal por efecto de la presión demográfica a que está sometido, o a causa de algún acontecimiento de orden global que la provoque; o la de que otros sistemas, igualmente ricos pero no liberales, reemplacen al mundo de las democracias en el dominio mundial.

La obra resulta una referencia obligada para cualquier estudioso o lector interesado en la naturaleza y evolución del fenómeno bélico. Escrita con gran erudición, y con una profusión de datos que, en ocasiones, la hacen un tanto áspera, War in Human Civilization supone, sin duda, una importante aportación al conocimiento de la guerra que resulta de lectura imprescindible.

España: Directiva de Defensa Nacional 2020, consideraciones preliminares

Programa VCR 8x8 [Marco Romero/MDE]

▲ Programa VCR 8x8 [Marco Romero/MDE]

COMENTARIOSalvador Sánchez Tapia

Tras un vacío de ocho años desde la publicación de la última en 2012, el pasado día 11 de junio, el presidente del Gobierno firmó una nueva Directiva de Defensa Nacional (DDN), marcando con ello el inicio de un nuevo ciclo de Planeamiento de la Defensa que, de acuerdo con lo establecido por la Orden de Defensa 60/2015, debe tener una vigencia de seis años.

La redacción de la DDN 20 constituye un loable esfuerzo de puesta al día para adaptar la Defensa Nacional a los retos de un complejo entorno estratégico en continua transformación. Su redacción ofrece, además, una oportunidad excelente para construir por el camino una comunidad intelectual sobre tan relevante cuestión, que resultará fundamental a lo largo de todo el ciclo.

Este artículo aborda un análisis preliminar de la DDN 20 centrado en sus aspectos más relevantes. En una primera aproximación, el documento oficial sigue la línea, ya consagrada por otras Directivas, de subsumir el concepto de Defensa, esencialmente militar, dentro del más amplio de Seguridad, que afecta a todas las capacidades del Estado. En este sentido, la primera dificultad que ha tenido que sortear la DDN 20 es, precisamente, la falta de un documento estatutario similar a la DDN, redactado al nivel de la Seguridad Nacional, que lo ilumine y oriente. A decir verdad, el vacío no ha sido total, pues tal como manifiesta la DDN 20 en su introducción se dispone de una Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) que, aunque publicada en 2017, ha servido de referencia en su elaboración, a pesar de la evidente falta de consistencia que se aprecia entre los escenarios estratégicos descritos en ambos documentos.

A este respecto, precisamente, cabe señalar la poca concreción con que la nueva DDN define el escenario estratégico, en comparación con la algo mayor con que lo hace la ESN. La DDN 20 dibuja un escenario vago, casi genérico, aplicable casi sin cambios a cualquier nación del mundo, sin referencias a zonas geográficas concretas; una acumulación de amenazas y riesgos para la seguridad con impacto en la Defensa, ninguna de las cuales aparece como más probable, o más peligrosa, y a las que se une el reconocimiento de cambios en el orden internacional que acercan de nuevo la posibilidad de conflictos armados de envergadura.

Un planteamiento como este hace difícil la posterior definición de objetivos de la Defensa y de directrices de actuación y, quizás por ello, se observan ciertas incoherencias entre las tres partes del documento. Sí llama la atención que, pese a que el documento levanta acta, un tanto apresurada, de la emergencia del COVID-19, la posibilidad de que se desencadene una pandemia no aparezca considerada en la descripción del escenario estratégico, algo que, por otra parte, sí recoge la ESN 17.

Junto a la descripción de este escenario, la DDN 20 aparece entreverada con un conjunto de consideraciones de naturaleza programática, en sí positivas y relevantes, pero que poco tienen que ver con lo que cabe esperar en un documento de esta naturaleza, pensado para orientar el planeamiento de la Defensa Nacional. En unos casos, como el del fomento de la perspectiva de género, o el de la mejora de la calidad de vida del personal en sus dimensiones de mejora de instalaciones de vida, conciliación de la vida profesional con la familiar, y reinserción en la vida civil una vez finalizado el vínculo con las Fuerzas Armadas, las consideraciones son más propias de la Política de Personal del Departamento que de una DDN. En otros, como el de la obligación de respetar las culturas locales en las operaciones militares, parecen más materia propia de las Reales Ordenanzas o de otro tipo de código deontológico.

Sin duda motivada por la emergencia del COVID-19, y a la vista del papel que las Fuerzas Armadas han asumido durante la misma, la DDN enfatiza la importancia de las misiones de colaboración con las autoridades civiles y de apoyo a las mismas, algo, por lo demás, consustancial a las Fuerzas Armadas, y establece el objetivo concreto de adquirir capacidades que permitan la colaboración y apoyo a dichas autoridades en situaciones de crisis y emergencia.

La gestión de la pandemia habrá podido poner de relieve lagunas en las capacidades de respuesta, carencias en los instrumentos de coordinación, etc., abriendo con ello una ventana de oportunidad para avanzar en este terreno y producir una respuesta más eficaz en el futuro. Conviene, no obstante, precaverse contra la posibilidad, abierta en esta DDN, de perder de vista los cometidos centrales de las Fuerzas Armadas, para evitar que un excesivo foco en las misiones de apoyo a la población civil termine por desnaturalizar su organización, dotación y adiestramiento, mellando con ello la capacidad de disuasión de los Ejércitos y su operatividad en combate.

La DDN contiene también la habitual referencia, obligada por necesaria, a la promoción entre los españoles de una verdadera Cultura de Defensa. La mención está justificada por el papel que el Ministerio de Defensa debe jugar en este esfuerzo. Sin embargo, no es al ámbito de la Defensa al que hay que recordar la importancia de esta cuestión. El impacto de cualquier esfuerzo de promoción de la Cultura de Defensa estará limitado si no es asumido como propio por otros departamentos ministeriales, además de por todas las administraciones del Estado, siendo conscientes además de que no es posible generar una Cultura de Defensa sin un consenso previo de ámbito nacional sobre cuestiones tan esenciales como los objetivos o valores compartidos por todos. Es, tal vez, en este aspecto en el que hay que poner el acento.

Quizás el punto más controvertido de la DDN 20 sea el de la financiación. La consecución de los objetivos establecidos en el documento requiere de una inversión financiera sostenida en el tiempo que rompa el techo actual de gasto en defensa. Mantener a las Fuerzas Armadas en la élite tecnológica, mejorar sustancialmente la calidad de vida del personal profesional –lo que empieza por dotarle del equipo que mejor garantice su supervivencia y superioridad en el campo de batalla–, reforzar la capacidad de apoyar a las autoridades civiles en situaciones de emergencia, robustecer las capacidades de inteligencia y actuación en el ciberespacio, o hacer frente con garantías a las obligaciones operativas derivadas de nuestra participación activa en organizaciones internacionales sobre las que, además, se suscribe el compromiso de reforzarlas hasta el 50% por espacio de un año, es tan necesario como costoso.

La DDN 20 así lo reconoce en su párrafo final cuando dice que el desarrollo de las directrices del documento precisará de la financiación que resulte necesaria. Esta afirmación, sin embargo, es poco más que el reconocimiento de lo obvio, y no va acompañada de ningún compromiso ni garantía de financiación. Teniendo en cuenta los importantes compromisos que ya tiene suscritos el Ministerio con los Programas Especiales de Armamento pendientes, y a la vista del panorama económico-financiero que se dibuja en el horizonte por los efectos del COVID-19, que ha llevado al JEME a anunciar al Ejército de Tierra la llegada de un período de austeridad, y que merecería figurar entre las principales amenazas a la seguridad nacional, parece difícil que los objetivos de la DDN 20 puedan ser cubiertos en los términos que esta plantea. Este es el verdadero Talón de Aquiles del documento, que puede convertirlo en poco más que papel mojado.

En conclusión, hay que congratularse por la emisión de una nueva DDN por lo que tiene de esfuerzo de puesta al día de la política de Defensa Nacional, incluso a falta de un instrumento similar que articule periódicamente el nivel de la Política de Seguridad en el que la de Defensa debe quedar subsumida.

La emergencia del COVID-19 parece haber sobrepasado al documento, haciéndole perder parte de su vigencia y poniendo en tela de juicio, no ya la voluntad, sino la capacidad real de alcanzar los ambiciosos objetivos que propone. Al menos, cabe la posibilidad de que el documento actúe, siquiera de forma limitada, como una suerte de escudo que proteja al sector de la Defensa contra el escenario de escasez de recursos que, sin duda, España va a vivir en los próximos años.

El caso George Floyd y el empleo de las Fuerzas Armadas

Cruce de calles en Minneapolis donde George Floyd fue detenido por la policía local [Fibonacci Blue]

▲ Cruce de calles en Minneapolis donde George Floyd fue detenido por la policía local [Fibonacci Blue]

COMENTARIOSalvador Sánchez Tapia [Gral. de Brigada (Res.)]

En una controvertida declaración pública hecha el pasado 2 de junio, el presidente norteamericano Donald Trump amagó con desplegar unidades de las Fuerzas Armadas para contener las revueltas desatadas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de la policía en Minnesota, y para mantener el orden público si estas llegaran a escalar en el nivel de violencia.

Con independencia de la gravedad del hecho, y más allá de que el incidente haya sido politizado y esté siendo empleado como una plataforma de expresión de rechazo a la presidencia de Trump, la posibilidad apuntada por el presidente plantea un reto casi inédito a las relaciones entre civiles y militares en Estados Unidos.

Por razones enraizadas en su pasado anterior a la independencia, Estados Unidos mantiene una cierta prevención contra la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan ser empleadas domésticamente contra los ciudadanos por quien ostente el poder. Por tal razón, cuando los Padres Fundadores redactaron la Constitución, a la vez que autorizaron al Congreso a organizar y mantener Ejércitos, limitaron explícitamente su financiación a un máximo de dos años.

Con este trasfondo, y con el de la tensión entre la Federación y los estados, la legislación norteamericana ha tratado de acotar el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas domésticas. Así, desde 1878, la Ley de Posse Comitatus limita la posibilidad de emplearlas en el cumplimiento de misiones de mantenimiento del orden público que corresponde ejecutar a los estados con sus medios, entre los que se cuenta la Guardia Nacional.

Una de las excepciones a esta regla la constituye la Ley de Insurrección de 1807, invocada, precisamente, por el presidente Trump como argumento en favor de la legalidad de una eventual decisión de empleo. Ello, pese a que dicha ley tiene un espíritu restrictivo, pues exige en su aplicación el concurso de los estados, y porque está pensada para casos extremos en los que estos no sean capaces, o no quieran, mantener el orden, circunstancias que no parecen aplicables al caso que nos ocupa.

De lo polémico del anuncio da fe el hecho de que voces tan autorizadas y tan poco proclives a romper públicamente su neutralidad como la del teniente general (ret.) James Mattis, secretario de Defensa de la Administración Trump hasta su prematuro relevo en diciembre de 2018, o la del teniente general (ret.) Martin Dempsey, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor entre 2011 y 2015, se hayan alzado en contra de este empleo, uniéndose con ello a las manifestaciones hechas por expresidentes tan dispares como George W. Bush o Barak Obama, o a las del propio secretario de Defensa, Mark Esper, cuya posición en contra de la posibilidad de uso de las Fuerzas Armadas en esta situación ha quedado clara recientemente.

El anuncio presidencial ha abierto una crisis en las habitualmente estables relaciones cívico-militares (CMR) norteamericanas. Trascendiendo el ámbito de Estados Unidos, la cuestión, de hondo calado, y que afecta a la entraña de las CMR en un estado democrático, no es otra que la de la conveniencia o no de emplear las Fuerzas Armadas en cometidos de orden público o, en un sentido más amplio, domésticos, y la de los riesgos asociados a tal decisión.

En la década de los noventa del pasado siglo, Michael C. Desch, una de las principales autoridades en el campo de las CMR, identificó la correlación existente entre las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas por un estado y la calidad de sus relaciones cívico-militares, concluyendo que las misiones militares orientadas al exterior son las que más facilitan unas CMR saludables, mientras que las misiones internas no puramente militares son susceptibles de generar diversas patologías en dichas relaciones.

De forma general, la existencia de las Fuerzas Armadas en cualquier estado obedece primordialmente a la necesidad de proteger al mismo contra cualquier amenaza que proceda del exterior. Para llevar a cabo con garantías tan alto cometido, los Ejércitos están equipados y adiestrados para el empleo letal de la fuerza, a diferencia de lo que sucede con los cuerpos policiales, que lo están para un uso mínimo y gradual de la misma, que solo llega a ser letal en los casos, excepcionales, más extremos. En el primer caso, se trata de confrontar un enemigo armado que intenta destruir las fuerzas propias. En el segundo, con la fuerza se hace frente a ciudadanos que pueden, en algunos casos, emplear la violencia, pero que siguen siendo, al fin y al cabo, compatriotas.

Cuando se emplean fuerzas militares en cometidos de esta naturaleza, se incurre siempre en el riesgo de que produzcan una respuesta conforme a su adiestramiento, que puede resultar excesiva en un escenario de orden público. Las consecuencias, en tal caso, pueden ser muy negativas. En el peor de los casos, y por encima de cualquier otra consideración, el empleo puede derivar en una, quizás, evitable pérdida de vidas humanas. Además, desde el punto de vista de las CMR, los soldados que la nación entrega para su defensa exterior podrían convertirse, a ojos de la ciudadanía, en los enemigos de aquellos a los que deben defender.

El daño que esto puede producir para las relaciones cívico-militares, para la defensa nacional y para la calidad de la democracia de un estado es difícilmente mensurable, pero puede intuirse si se considera que, en un sistema democrático, las Fuerzas Armadas no pueden vivir sin el apoyo de sus conciudadanos, que las ven como una fuerza benéfica para la nación y a cuyos miembros extienden su reconocimiento como sus leales y desinteresados servidores.

El abuso en el empleo de las Fuerzas Armadas en cometidos domésticos puede, además, deteriorar su preparación, de por sí compleja, debilitándolas para la ejecución de las misiones para las que fueron concebidas. Puede, también, terminar condicionando su organización y equipamiento en detrimento, de nuevo, de sus tareas esenciales.

Por otra parte, y aunque hoy en día nos veamos muy lejos y a salvo de un escenario así, este empleo puede derivar, paulatinamente, hacia una progresiva expansión de los cometidos de las Fuerzas Armadas, que extenderían su control sobre actividades netamente civiles, y que verían ampliada cada vez más su paleta de cometidos, desplazando en su ejecución a otras agencias, que podrían, indeseablemente, atrofiarse.

En tal escenario, la institución militar podría dejar de ser percibida como un actor desinteresado para pasar a ser considerada como un competidor más con intereses particulares, y con una capacidad de control que podría utilizar en su propio beneficio, incluso si éste estuviera contrapuesto al interés de la nación. Tal situación, con el tiempo, llevaría de la mano a la politización de las Fuerzas Armadas, de donde se seguiría otro daño a las CMR difícilmente cuantificable.

Decisiones como la apuntada por el presidente Trump pueden, finalmente, poner a los miembros de las Fuerzas Armadas frente al grave dilema moral de emplear la fuerza contra sus conciudadanos, o desobedecer las órdenes del presidente. Por su gravedad, por tanto, la decisión de comprometer las Fuerzas Armadas en estos cometidos debe ser tomada de forma excepcional y tras haberla ponderado cuidadosamente.

Es difícil determinar si el anuncio hecho por el presidente Trump fue tan solo un producto de su temperamento o si, por el contrario, encerraba una intención real de emplear a las Fuerzas Armadas en los disturbios que salpican el país, en una decisión que no se ha producido desde 1992. En cualquier caso, el presidente, y quienes le asesoren, deben valorar el daño que de ella puede inferirse para las relaciones cívico-militares y, por ende, para el sistema democrático norteamericano. Ello sin olvidar, además, la responsabilidad que recae sobre los hombros de Norteamérica ante la realidad de que una parte de la humanidad mira al país como una referencia y modelo a imitar.

Perú erradica plantas de coca por primera vez en el VRAEM, área de acción de Sendero Luminoso

Bolivia se ha consolidado en el papel de distribuir la cocaína peruana y la propia para consumo en Sudamérica y exportación a Europa

  • En 2019 el gobierno de Martín Vizcarra erradicó 25.526 hectáreas de cultivo de coca, la mitad de la extensión total estimada de plantaciones

  • Perú tuvo en 2018 una producción potencial de cocaína récord de 509 toneladas; la de Bolivia fue de 254, una de las históricamente más altas, según EEUU

  • EEUU acusó a Morales hacia el término de su mandato de haber “faltado manifiestamente” a sus obligaciones internacionales con su plan antinarcóticos 2016-2020

Operación de erradicación de cultivo de coca en el Alto Huallaga, Perú [Proyecto CORAH)

▲ Operación de erradicación de cultivo de coca en el Alto Huallaga, Perú [Proyecto CORAH]

INFORME SRA 2020Eduardo Villa Corta [versión PDF]

Desde que en Perú los planes nacionales contra el cultivo de coca comenzaron en la década de 1980, las campañas de erradicación de las plantaciones nunca habían llegado a lo que se conoce como VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), una zona de difícil acceso en el centro de la mitad sur del país. En esa zona opera el crimen organizado, especialmente los residuos de la vieja guerrilla de Sendero Luminoso, dedicada ahora al narcotráfico y otros negocios ilícitos. El área es origen del 64% de la producción potencial de cocaína del país. Perú es el segundo productor del mundo, después de Colombia.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra llevó a cabo en 2019 una decidida política de supresión de cultivos ilícitos. El plan de erradicación (Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga o CORAH) se aplicó el año pasado a 25.526 hectáreas de cultivos de coca (la mitad de las existentes), de las cuales 750 habrían correspondido al VRAEM (las operaciones se desarrollaron en las zonas de Satipo, río Tambo y Alto Anapati, en la región de Junín).

Estas acciones debieran traducirse, cuando se presenten las cifras referidas a 2019, en una reducción del cultivo total de coca y de la potencial producción de cocaína, rompiendo así el incremento que se venía experimentando en los últimos años. Según el último Informe Internacional de Estrategia de Control de Narcóticos (INCSR), del Departamento de Estado norteamericano, que sigue de cerca esta actividad ilícita en los países de la región, en 2018 había en Perú 52.100 hectáreas de coca (frente a las 44.000 de 2016 y las 49.800 de 2017), cuya extensión y calidad de cultivo podría generar una producción récord de 509 toneladas de cocaína (frente a las 409 de 2016 y 486 de 2017). Aunque en 2013 llegó a haber una mayor área cultivado (59.500 hectáreas), entonces el potencial de cocaína se quedó en 359 toneladas.

De Perú a Bolivia

Ese incremento de los últimos años en la generación de cocaína en Perú ha consolidado el papel de Bolivia en el tráfico de esa droga, pues además de ser el tercer país productor del mundo (en 2018 había cultivadas 32.900 hectáreas, con una producción potencial de 254 toneladas de sustancia estupefaciente, según EEUU), es zona de tránsito de la cocaína de origen peruano.

El hecho de que solo alrededor del 6% de la cocaína que alcanza Estados Unidos proceda de Perú (el resto llega de Colombia), indica que la mayor parte de la producción peruana va hacia el creciente mercado de Brasil y Argentina y hacia Europa, y por tanto su lugar natural de salida es por Bolivia. De esta forma, Bolivia es considerada como un gran “distribuidor”.

Parte de la droga llega en pasta y es refinada en laboratorios bolivianos. Las mercancías se introducen en Bolivia utilizando avionetas, que en ocasiones vuelan a menos de 15 metros de altura y sueltan los paquetes de cocaína en áreas rurales no habitadas; luego son recogidos por elementos de la organización. El traslado también se realiza por carretera, con la droga camuflada en caminos de carga, y en menor medida utilizando el lago Titicaca y otras vías fluviales que conectan ambos países.

Una vez pasada la frontera, la droga de Perú, junto con la producida en Bolivia, viaja a Argentina y Chile, especialmente a través de la ciudad boliviana de Santa Cruz y el paso fronterizo chileno de Colchane, o se interna en Brasil –directamente o a través de Paraguay, usando por ejemplo el paso entre la población paraguaya de Pedro Juan Caballero y la brasileña Ponta Pora– para consumo propio del mayor país de Sudamérica, cuyo volumen ha escalado al segundo puesto mundial, o para llegar a puertos internacionales como el de Santos. Este puerto, que es la salida al mar de Sao Paulo, se ha convertido en el nuevo 'hub' del comercio mundial de narcóticos, del cual sale casi el 80% de las drogas de Latinoamérica con destino a Europa (en ocasiones a través de África).

La producción en Bolivia volvió a crecer a partir de mediados de la década recién terminada, si bien en el caso boliviano existe una notoria diferencia entre las a menudo divergentes cifras ofrecidas por Estados Unidos y por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Ambas estimaciones concuerdan en que previamente hubo un descenso, atribuido por el gobierno de La Paz a la llamada “racionalización de la producción de la coca”, que redujo la producción en un 35% y ajustó las áreas de cultivo a las permitidas por la ley, en un país donde están permitidos usos tradicionales de la coca.

Sin embargo, la Ley de la Coca promovida en 2017 por el presidente Evo Morales (su carrera política se originó en los sindicatos cocaleros, cuyos intereses luego siguió defendiendo) amparó una extensión de la producción, elevando las hectáreas permitidas de 12.000 a 22.000. La nueva ley venía a cubrir un incremento que ya se estaba produciendo e incentivó mayores excesos que han sobrepasado con creces el volumen requerido por los usos tradicionales, que estudios de la Unión Europea sitúan en menos de 14.700 hectáreas. De hecho, la UNODC estimó en su informe de 2019 que entre el 27% y el 42% de la hoja de coca cultivada en 2018 no fue vendida en los dos únicos mercados locales autorizados para ello, lo que indica que al menos el resto fue destinada a la producción de cocaína.

Para 2018, la UNODC determinó una producción de 23.100 hectáreas, en cualquier caso por encima de lo permitido por la ley. Los datos de EEUU hablan de 32.900 hectáreas, lo que suponía un incremento del 6% respecto al año anterior, y una producción potencial de cocaína de 254 toneladas (un 2% más).

El 65% de la producción boliviana se realiza en la zona de los Yungas, próxima a La Paz, y el 35% restante en Chapare, cerca de Cochabamba. En esta última zona los cultivos se están expandiendo, invadiendo el parque-reserva natural de Tipnis. El parque, que se adentra en la Amazonia, sufrió en 2019 importantes incendios: intencionados o no, la vegetación tropical aniquilada podría paso a plantaciones clandestinas de coca.

 

 

Después de Morales

El informe del Departamento de Estado norteamericano de 2020 destaca el mayor compromiso antidroga de las autoridades bolivianas que en noviembre de 2019 sucedieron al gobierno de Morales, el cual había mantenido “controles inadecuados” sobre el cultivo de coca. EEUU considera que el plan antidroga de Morales para 2016-2020 “priorizaba” acciones contra organizaciones criminales en lugar de combatir la producción de los cocaleros que excediera el volumen permitido. Poco antes de dejar el poder, en el mes de septiembre, Morales fue señalado desde EEUU por haber “fallado manifiestamente” a las obligaciones internacionales en materia de control de drogas.

Según EEUU, el gobierno de transición “ha dado importantes pasos en la interceptación de droga y en la extradición de narcotraficantes”. Este mayor control de las nuevas autoridades bolivianas, junto con la decidida actuación del gobierno de Vizcarra en Perú debiera conducir a una reducción del cultivo de coca y de producción de cocaína en ambos países, y por tanto de su exportación.

Latinoamérica aporta solo el 3% del contingente de las misiones de paz de la ONU

Uruguay contribuye con el 45,5% de los efectivos latinoamericanos y El Salvador es el segundo, con el 12%; ambos por delante de las potencias regionales

  • Del total de 82.480 efectivos de las catorce misiones de paz de la ONU a comienzos de 2020, 2.473 procedían de países latinoamericanos, la mayoría militares y policías

  • Casi todo el contingente procedente de la región sirve en misiones en África; el 45,4% lo hace en el plan de estabilización de la República Democrática del Congo

  • Tras Uruguay y después El Salvador, siguen Argentina, Brasil, Perú y Guatemala; en cambio México es de los que menos aporta (solo 13 expertos y empleados, no tropa)

Soldado boliviano en unos ejercicios de entrenamientos para misiones de paz de la ONU, en 2002 [Wikipedia]

▲ Soldado boliviano en unos ejercicios de entrenamientos para misiones de paz de la ONU, en 2002 [Wikipedia]

INFORME SRA 2020Jaime Azpiri [versión en PDF]

La aportación de Latinoamérica a las misiones internacionales de mantenimiento de la paz auspiciadas por Naciones Unidas queda por debajo del peso de su población y economía en el mundo (alrededor del 8% y del 7%, respectivamente). Del total de 82.480 personas que participaban en las distintas misiones de la ONU a 31 de enero de 2020, solo 2.473 procedían de países latinoamericanos, lo que supone el 2,9% del total. Similar porcentaje (3%) se registraba al considerar únicamente el personal militar o policial de las misiones (cerca de 2.150 uniformados, de un total de 70.738; el resto correspondía a empleados y expertos).

Se trata de una presencia exterior menor de la que cabría esperar, dada además la insistencia de muchos países de la región en el multilateralismo y la conveniencia de instituciones internacionales fuertes que limiten impulsos expansivos de las grandes potencias. Especial excepción constituye Uruguay, justamente la nación más coherente en su defensa del arbitraje internacional, que a pesar de su reducida población es la que, con diferencia, aporta más personal a las misiones de paz. Sus 1.125 enviados constituyen el 45,5% del contingente total latinoamericano.

Si la decidida contribución de Uruguay no extraña, sí sorprende que como segundo país con mayor participación sea El Salvador, con 293 personas (el 12% de la aportación latinoamericana). Siguen luego dos países de gran peso, Argentina y Brasil, (272 y 252 enviados, respectivamente); después Perú (231) y Guatemala (176). En cambio, México, a pesar de todo su potencial económico y humano, está especialmente ausente de estas misiones internacionales (solo 13 personas, además en concepto de empleados o expertos, no de tropa), tanto por restricciones constitucionales como por doctrina política. En el caso de Colombia (únicamente 2 expertos) puede deberse a la necesidad de destinar su fuerza militar íntegramente a la pacificación del propio país, si bien cabría esperar mayor capacidad y disponibilidad de un socio global de la OTAN, designación única en Latinoamérica que alcanzó en 2018.

El encargo internacional más atendido, que congrega al 45,4% del contingente total de la región, es la de misión de la ONU para la estabilización de la República Democrática del Congo, de cuyo nombre en francés deviene el acrónimo MONUSCO. En ella participan 1.123 latinoamericanos, cuya mayoría se ve constituida por el grueso de enviados uruguayos (934), con la mayor participación también de los guatemaltecos que están en misiones militares en el exterior (153).

 

 

Misiones anteriores destacadas

Si bien los países de América Latina en general participan poco en misiones militares en el extranjero, el envío de tropas al exterior no es ajeno a la propia historia de las repúblicas americanas tras su independencia. Una primera intervención fue la llamada “ABC”, coalición formada por Argentina, Brasil y Chile en el contexto de la Revolución Mexicana, a principios del siglo pasado, para evitar la guerra civil en el país norteamericano. Otro conflicto que requirió de intermediación fue la Guerra del Chaco en la década de 1930. En esta confrontación entre Paraguay y Bolivia, fueron cruciales las intervenciones de Chile y Argentina para definir posteriormente la reafirmación de la nacionalidad de la región del Chaco.

A finales del siglo XX la misión más importante fue la destinada a pacificar las repúblicas exyugoslavas, denominada por la ONU como UNPROFOR. Argentina fue el país latinoamericano con mayor presencia de efectivos en ese escenario. Poco después, en la misma década de 1990, se implementaron dos misiones internacionales, esta vez en el propio Hemisferio Occidental, para asegurar los acuerdos que ponían fin a las guerras civiles de El Salvador (ONUSAL) y Guatemala (MINUGUA). Al final de esa década se articuló la MOMEP para imponer un armisticio entre Perú y Ecuador, enfrentados en la Guerra del Cenepa.

También en Colombia algunos dirigentes barajaron en algún momento la posibilidad de solicitar la presencia de cascos azules con el fin de controlar y a largo plazo acabar con la insurrección de las FARC. El después presidente colombiano Álvaro Uribe propuso en 1998 la presencia de tropas internacionales ante la incapacidad del gobierno del momento de controlar la situación, pero la iniciativa no fue llevada a cabo. Tras el acuerdo de paz en 2016 las partes firmantes solicitaron a la ONU una misión de vigilancia del cumplimiento de los términos pactados, conocida como UNVMC, en la que opera un máximo de 120 personas (algunos civiles y un centenar de militares y policías), de las cuales, en enero de 2020, 94 procedían de países latinoamericanos.

 

 

La contraposición de Uruguay y México

Hoy los países de la región se encuentran presentes en 14 misiones de paz diferentes (del total de 21 que impulsa la ONU), especialmente en África pero también en otras partes del mundo. En MINUSCA, convocada para la pacificación de la República Centroamericana, participan 9 naciones latinoamericanas, el mismo número que lo hace en UNVMC, la misión de verificación de los acuerdos de paz en Colombia. En UNMISS, misión de asistencia en Sudán del Sur, participan 8 países y en MONUSCO, implementada en la República Democrática del Congo, lo hacen 7.

Como ya se ha dicho, Uruguay es el que aporta un mayor contingente a las misiones en curso (1.126 personas, a fecha de 31 de enero). Ese personal está destinado básicamente a MONUSCO (934) y en menor medida a UNDOF (170), que vela por la seguridad en los Altos del Golán como fuerza de separación entre sirios e israelíes; en total los cascos azules uruguayos están presente en 6 misiones distintas. Ese servicio ha sido especialmente reconocido por Naciones Unidas, que valora la larga trayectoria de Uruguay en esta materia: por ejemplo, destacó su asistencia en la misión llevada a cabo en Haití tras el desastre del huracán Dean, a la que entre 2007 y 2014 destinó 13.000 efectivos. La aportación de Uruguay, un país de apenas 3,5 millones de habitantes, es superior a la que en estos momentos realizan España (648), Francia (732) o Italia (1084).

Por el contrario, el caso de México es el más llamativo por su muy escasa participación en misiones de paz, teniendo en cuenta que es una de las potencias de la región. El país norteamericano es la segunda nación latinoamericana que más recursos emplea para el desarrollo de sus Fuerzas Armadas, con un total de 7 millones de dólares, situándose, con mucha diferencia, por detrás del primer puesto que le corresponde a Brasil, con un total de casi 29,5 millones de dólares. Históricamente, México ha llegado a participar en más de 80 misiones de paz, cediendo efectivos de la Policía Federal y del Ejército, generalmente en bajo número. El anterior presidente, Enrique Peña Nieto, anunció en 2014 que unidades mexicanas volverían a participar decididamente en operaciones armadas en apoyo a la ONU, sin embargo hoy su aportación se reduce a 13 personas (9 expertos y 4 empleados), que suponen solo el 1% de la participación latinoamericana. La razón más relevante para explicar el fenómeno mexicano es la larga tradición en favor de la doctrina Estrada de no intervención en los asuntos internos de otros países. Además, la Constitución mexicana restringe la actuación de tropas en el extranjero a menos que México haya declarado la guerra a un enemigo.

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