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Tailandia ante otro intento de volver a la democracia

Tras cuatro años de junta militar, las próximas elecciones abren la posibilidad de retornar a una legitimidad demasiado interrumpida por golpes de Estado

Tailandia ha conocido diversos golpes de Estado e intentos de vuelta a la democracia en su historia más reciente. La Junta militar que se hizo con el poder en 2014 ha convocado elecciones para el 24 de marzo. El deseo, sin éxito, de la hermana del rey Maha Vajiralongkorn de concurrir a las elecciones para acceder al puesto de primera ministra ha llamado la atención mundial sobre un sistema político que no logra atender las aspiraciones políticas de los tailandeses. 

Escena de una calle de Bangkok [Pixabay]

▲ Escena de una calle de Bangkok [Pixabay]

ARTÍCULOMaría Martín Andrade

Tailandia es uno de los países integrantes de ASEAN que más rápido se está desarrollando en términos económicos. No obstante, estos avances se encuentran con un difícil obstáculo: la inestabilidad política que el país arrastra desde principios del siglo XX y que abre un nuevo capítulo ahora, en 2019, con las elecciones que tendrán lugar el 24 de marzo. Estas elecciones suponen un antes y un después en la política tailandesa reciente, después de que en 2014, el general Prayut Chan-Ocha diese un golpe de Estado y se convirtiera en primer ministro de Tailandia encabezando el NCPO (Consejo Nacional para la Paz y el Orden), la junta de gobierno constituida para dirigir el país.

Sin embargo, no son pocos los que se muestran escépticos ante esta nueva entrada de la democracia. Para empezar, las elecciones se fijaron inicialmente para el 24 de febrero, pero poco tiempo después el Gobierno anunció un cambio de fecha y las convocó para un mes más tarde. Algunos han expresado sospechas acerca de una estrategia para que las elecciones no tengan lugar, ya que, según la ley, no pueden celebrarse una vez transcurridos ciento cincuenta días a partir de la publicación de las diez últimas leyes orgánicas. Otros temen que el NCPO se haya dado más tiempo para comprar votos, al tiempo que comentan su inquietud por la posibilidad de que la Comisión Electoral, que es una administración independiente, sea manipulada para lograr un éxito que a la junta militar le va a resultar difícil asegurar.

Centrando este análisis en lo que el futuro depara a la política tailandesa, es necesario remontarse a su trayectoria en el último siglo para darse cuenta de que sigue una estela circular.

Los golpes de Estado no son algo nuevo en el país (1). Ha habido doce desde que en 1932 se firmó la primera Constitución. Todo responde a una interminable pugna entre el “ala castrense”, que ve el constitucionalismo como una importación occidental que no termina de encajar con las estructuras tailandesas (también defiende el nacionalismo y venera la imagen del rey como símbolo de la nación, la religión budista y la vida ceremonial), y la “órbita izquierdista”, originariamente compuesta por emigrantes chinos y vietnamitas, que percibe la institucionalidad del país como similar a la de la “China pre-revolucionaria” y que a lo largo de todo el siglo XX se expresó por medio de guerrillas. A esta última ideología hay que añadir el movimiento estudiantil, que desde los comienzos de la década de 1960 critica la “americanización”, la pobreza, el orden tradicional de la sociedad y el régimen militar.

Con el boom urbano iniciado en la década de 1970, el producto interior bruto se quintuplicó y el sector industrial pasó a ser el de mayor crecimiento, gracias a la producción de bienes tecnológicos y a las inversiones que las empresas japonesas empezaron a hacer en el país. Durante esta época se produjeron golpes de Estado, como el de 1976, y numerosas manifestaciones estudiantiles y acciones guerrilleras. Tras el golpe de 1991 y nuevas elecciones se abrió un debate sobre cómo crear un sistema político eficiente y una sociedad adaptada a la globalización.

Estos esfuerzos se truncaron cuando llegó la crisis económica de 1997, que generó divisiones y despertó rechazo hacia la globalización, por considerarla la fuerza maligna que había llevado el país a la miseria. Es en este punto cuando entró en escena alguien que desde entonces ha sido clave en la política tailandesa y que sin duda marcará las elecciones de marzo: Thaksin Shinawatra.

Shinawatra, un importante empresario, creó el partido Thai Rak Thai (Thai ama Thai) como reacción nacionalista a la crisis. En 2001 ganó las elecciones y apostó por el crecimiento económico y la creación de grandes empresas, pero a la vez ejerció un intenso control sobre los medios de comunicación, atacando a aquellos que se atrevían a criticarle y permitiendo únicamente la publicación de noticias positivas. En 2006 se produjo un golpe de Estado para derrocar a Shinawatra, acusado de graves delitos de corrupción. No obstante,  Shinawatra volvió a ganar los comicios en 2007, esta vez con el Partido del Poder Popular.

En 2008 se produjo una nueva asonada, pero la marca Shinawatra, representada por la hermana del exprimer ministro, ganó las elecciones en 2011, esta vez con el partido Pheu Thai. Yingluck Shinawatra se convirtió así en la primera mujer en presidir el Gobierno de Tailandia. En 2014 otro golpe la apartó a ella e instauró una junta que ha gobernado hasta ahora, con un discurso basado en la lucha contra la corrupción, la protección de la monarquía, y el rechazo a las políticas electorales, consideradas como la epidemia nacional.

En este contexto, todo el esfuerzo de la junta, que se presenta en marzo bajo el nombre del partido Palang Pracharat, se ha centrado en debilitar a Pheu Thai y así eliminar del mapa todo rastro que quede de Shinawatra. Para conseguir esto, la junta ha procedido a reformar el sistema electoral (en 2016 una nueva Constitución sustituyó a la de 1997), de forma que el Senado ya no es elegido por los ciudadanos.

A pesar de todos los esfuerzos manifestados en la compra de votos, la posible manipulación de la Comisión Electoral y la reforma del sistema electoral, se intuye que la sociedad tailandesa puede hacer oír su voz de cansancio del gobierno militar, que además pierde apoyo en Bangkok y en el sur. A esto se añade el convencimiento colectivo de que, más que perseguir el crecimiento económico, la Junta se ha centrado en conseguir la estabilidad haciendo más desigual la economía de Tailandia, según datos de Credit Suisse. Por ello mismo, el resto de los partidos que se presentan a estas elecciones, Prachorath, Pheu Thai, y Bhumjaithai, coinciden en que Tailandia se tiene que volver a integrar en la competencia global y que el mercado capitalista tiene que crecer.

A principios de febrero el contexto se complicó aún más, cuando la princesa Ulboratana, la hermana del actual rey, Maha Vajiralongkorn, comunicó la presentación de su candidatura en las elecciones como representante del partido Thai Raksa Chart, aliado de Thaksin Shinawatra. Esta noticia supuso una gran anomalía, no únicamente por el hecho de que un miembro de la monarquía mostrase su intención de participar activamente en política, algo que no ocurría desde que en 1932 se pusiera fin a la monarquía absoluta, sino porque además todos los golpes de estado que se han dado en el país han contado con el respaldo de la familia real. El último, de 2014, contó con la bendición del entonces rey Bhumibol. Asimismo, la familia real siempre ha contado con el apoyo de la Junta militar.

En aras de evitar un enfrentamiento que dañaba a la monarquía, el rey reaccionó con rapidez y mostró públicamente su rechazo a la candidatura de su hermana; finalmente la Comisión Electoral decidió retirarla del proceso de elecciones.

Gobierno deficiente

Durante los últimos años la Junta militar ha sido responsable de mala gobernanza, de la débil institucionalidad del país y de una economía amenazada por las sanciones internacionales que buscan castigar la falta de democracia interna.

Para empezar, siguiendo el artículo 44 de la Constitución proclamada en 2016, el NCPO tiene legitimidad para intervenir en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo con el pretexto de proteger a Tailandia de amenazas contra el orden público, la monarquía o la economía. Esto no solo impide toda posibilidad de interacción y resolución efectiva de conflictos con otros actores, sino que es un rasgo inequívoco de un sistema autoritario.

Han sido precisamente sus características de régimen autoritario, que es como se puede calificar a su sistema gubernamental, las que han hecho a la comunidad internacional reaccionar desde el golpe de 2014, imponiendo diversas sanciones que pueden afectar a Tailandia seriamente. Estados Unidos suspendió 4,7 millones de dólares de asistencia financiera, mientras que Europa ha puesto objeciones en la negociación de un acuerdo de libre comercio, pues como ha indicado Pirkka Tappiola, representante de la UE ante Tailandia, solo será posible establecer un acuerdo de ese tipo con un gobierno democráticamente elegido. Además, Japón, principal inversor en el país, ha empezado a buscar vías alternativas, implantando fábricas en otros lugares de la región como Myanmar o Laos.

Ante el cuestionamiento de su gestión, la Junta reaccionó dedicando 2.700 millones de dólares a programas destinados a los sectores más pobres de la población más pobres, especialmente los campesinos, e invirtiendo cerca de 30.000 millones en la construcción de infraestructuras en zonas aún no explotadas.

Dado que las exportaciones en Tailandia son el 70% de su PIB, el Gobierno no se puede permitir el lujo de tener a la comunidad internacional enfrentada. Eso explica que la Junta creara un comité para gestionar problemas referentes a los derechos humanos, denunciados desde el exterior, si bien el objetivo de la iniciativa parece haber sido más bien publicitario.

De cara a una nueva etapa democrática, la Junta tiene una estrategia. Habiendo puesto la mayor parte de sus esfuerzos en la creación de nuevas infraestructuras, espera abrir un corredor económico, el Eastern Economic Corridor (EEC), con el que convertir las tres principales provincias costeras (Chonburi, Rayong, y Chachoengsao) en zonas económicas especiales donde se potencien industrias como las del automóvil o la aviación, y que sean atractivas para la inversión extranjera una vez despejada la legitimación democrática.

Es difícil prever qué ocurrirá en Tailandia en las elecciones del 24 de marzo. Aunque casi todo habla de una nueva vuelta a la democracia, está por ver el resultado del partido creado por los militares (Pralang Pracharat) y su firmeza en el compromiso con un juego institucional realmente honesto. Si Tailandia quiere seguir creciendo económicamente y atraer de nuevo a inversores extranjeros, los militares debieran dar pronto paso a un proceso completamente civil. Posiblemente no será un camino sin contratiempos, pues la democracia es un vestido que hasta ahora le ha venido un tanto ajustado al país.

 

(1) Baker, C. , Phongpaichit, P. (2005). A History of Thailand. Cambridge, Univeristy Press, New York.

B-52: longevidad 2050

Los bombarderos estratégicos seguirán importando en el equilibrio geopolítico como “armas de disuasión masiva”

La flota estadounidense de bombaderos B-52 va a recibir una serie de mejoras que impulsarán su vida en activo al menos hasta la década de 2050. Para entonces, el B-52 llevará volando cerca de 90 años, desde su despegue en la presidencia de Eisenhower. Esto le convertirá, de lejos, en el modelo de avión que más tiempo llevará volando con su operador principal, en este caso la USAF.

Un B-52G cuando estaba en servicio

▲ Un B-52G cuando estaba en servicio [USAF]

ARTÍCULOJairo Císcar Ruiz

Puede que las palabras “bombardero estratégico” suenen a Guerra Fría, a Unión Soviética y a aviones espías, pero hoy es un concepto que está al orden del día a pesar de sonar muy lejano. Es cierto que la situación actual de la aviación estratégica se ve limitada por el Acuerdo de Praga de 2010 (START III), que restringe a 700 los vectores de lanzamiento de armas nucleares desplegados. Entre estos vectores se encuentran los bombarderos estratégicos, los ICBM (misiles intercontinentales) y los SLBM (lanzamiento submarino). A pesar de que actualmente tanto Rusia como EEUU han reducido notablemente el número de sus bombarderos (EEUU cuenta “solo” con 176), las armas estratégicas (y con ello, los bombarderos) van a seguir siendo una parte fundamental del equilibrio geopolítico en las relaciones internacionales.

Solo hay 3 países en el mundo que tengan en su arsenal bombarderos estratégicos, EEUU, Rusia y China (aunque el Xian H-6 chino se encuentra muy por debajo de sus homólogos rusos y estadounidenses), y esta escasez de aviones hace que sean tan preciados y supongan un elemento diferenciador en el campo de batalla. Pero no solo es en el campo de batalla donde estos aviones provocan un desequilibrio, sino que especialmente destacan en el ámbito de las relaciones internacionales como “armas de disuasión masiva”.

Un bombardero estratégico es un avión diseñado no para el campo de batalla directamente, sino para penetrar en el territorio enemigo y atacar tanto objetivos estratégicos (bases militares, cuarteles generales, búnkers...) como lugares críticos para el esfuerzo de guerra de un país. El hecho de que un país cuente en su flota de aeronaves con un avión así claramente supone un elemento disuasorio hacia posibles enemigos. Tanto Rusia como EEUU –especialmente este último país– son capaces de tener permanentemente en el aire a sus bombarderos (gracias a los repostajes en vuelo) cargados con hasta casi 32 toneladas de armamento, con una duración de vuelo solo restringida a la capacidad de aguante de la tripulación. En esta “diplomacia del miedo”, los bombarderos estratégicos seguirán siendo elementos destacados en el plano de la geoestrategia y el equilibrio de fuerzas a nivel mundial. EEUU es plenamente consciente de ello y por eso se está embarcando en una serie de ambiciosos planes para seguir gozando de superioridad aérea y geoestratégica. De estos planes, uno de los más nuevos y, quizás, más esperados es el anuncio de que los B-52 americanos seguirán volando hasta, al menos, 2050.

Aunque se presuponía que iba a ser así, la confirmación que dio la US Air Force no deja de ser menos sorprendente: la flota de B-52 en activo va a recibir una serie de mejoras que van a impulsar su vida en activo hasta, como mínimo, la década de 2050. No sería una noticia demasiado notable teniendo en cuenta que es habitual la aprobación de paquetes de mejora, ya sea de aviónica o de software para aumentar la vida útil de los aviones en servicio, pero la realidad es que último B-52 Stratofortress salió de la planta de ensamblaje de Boeing en Wichita (Kansas) en el año 1962. Es decir, que en 2050 la flota completa llevaría volando cerca de 90 años, lo que le haría ser, con gran diferencia, el modelo de avión que más tiempo llevará volando con su operador principal, en este caso la USAF.

Polivalencia, efecto disuasorio y menor coste operativo

¿Pero puede un avión que fue puesto en servicio a partir de 1955, con Eisenhower como presidente, plantar cara a los nuevos modelos de bombarderos, como el B-2 o el futuro B-21 Raider? ¿Es justificable el enorme desembolso que pretende realizar el Congreso de EEUU? Se calcula que solo en motores podría gastar 11.000 millones; para el ejercicio 2019 están aprobados casi 300 millones.

La respuesta es sí. Tanto por su polivalencia estratégica, como por su efecto disuasorio y su, comparativamente, escaso coste operativo, el B-52 se convierte en un aparato vital para EEUU.

Su polivalencia en combate ha sido largamente probada, desde su “debut” en la Guerra de Vietnam, donde fue protagonista de los bombardeos en alfombra (es capaz de lanzar más de 32 toneladas de explosivos). Conforme fue avanzando el tiempo demostró que no solo podía lanzar bombas, sino misiles de largo alcance como el AGM-158 JASSM o el antibuque Harpoon. Su gran capacidad armamentística le hace ser uno de los aviones insignia de ataque a larga distancia de EEUU. Así se ha atestiguado en la misión internacional contra el Daesh, en la que, hasta ser relevados por el B-1, los B-52 realizaron 1.850 misiones de combate, arrojando unas 12.000 bombas, algo que fue fundamental para la victoria sobre el Daesh en Mosul.

Precisamente hablando de larga distancia es donde el B-52 apabulla: sin repostaje, un B-52 puede volar más de 15.000 km, llegando a haber volado 20.000 km en situaciones extraordinarias. Esto ofrece una capacidad de ataque a nivel global, ya que en caso de repostar, solo impediría estar indefinidamente en vuelo la propia resistencia de la tripulación. Esta capacidad los hace ideales no solo para efectuar bombardeos desde bases alejadas del enemigo, sino para participar en tareas de búsqueda, pudiendo realizar entre dos aviones un “escaneo” de 364.000 km2  en una dos horas. Esto resulta vital para su uso por parte de la US Navy en misiones antisubmarinas o de detección de armadas enemigas.

Los mismos parámetros y ventajas se aplican al uso del B-52 como arma de disuasión “masiva”. Creado inicialmente para tener permanentemente una escuadra en vuelo armada con bombas nucleares, y así garantizar una respuesta inmediata ante cualquier agresión, actualmente los aviones destacados en Guam se utilizan como parte de la táctica estadounidense de libre paso por las aguas internacionales del Mar de China. También se han empleado como apoyo aéreo permanente en zonas de especial riesgo como el valle de Korengal, en Afganistán, o al principio de la propia guerra, en Tora Bora. Al tener un B-52 en espera, las tropas podían disponer en pocos momentos (y durante un largo tiempo) de un apoyo aéreo que, de otra manera, tardaría en llegar.

Otra ventaja incontestable de estos aparatos es su, relativo, bajo coste en proporción con los otros bombarderos de la flota estadounidense. Primero hay que aclarar que el coste por hora de vuelo no es solo cuenta el combustible utilizado, sino también el coste de mantenimiento, repuestos... Es cierto que a estos precios teóricos no se les añaden ni el coste de la munición (que puede ascender a decenas de millones) ni otras variables como el sueldo de pilotos, mecánicos, coste de seguro, costes de aparcamiento en hangares u otras variables que resultan clasificadas, pero sí que sirven para darnos una visión global de su coste operativo. Los B-52 cuestan al contribuyente estadounidense unos 70.000 dólares por hora. Puede parecer un precio extraordinariamente alto, pero su “hermano” el B-2 alcanza los 130.000 dólares la hora. A pesar de ser precios exorbitantes para un ejército como el español (los Eurofighter cuestan unos 15.000 dólares/hora), para el presupuesto de Defensa de EEUU no es significativo (Trump pretende llegar hasta los 680.000 millones de dólares en presupuesto).

 

Un B-52H después de ser reabastecido en vuelo por un KC-135 Stratotanker sobre Afganistán

 Un B-52H después de ser reabastecido en vuelo por un KC-135 Stratotanker sobre Afganistán [USAF]

 

Renovación de motores

Hemos visto que el B-52, ese Big Ugly Fat Fellow como lo apodan cariñosamente sus tripulaciones, puede seguir siendo un vector a tomar en cuenta en el aire durante los próximos años, pero la USAF no quiere que se convierta en un actor secundario, sino que siga siendo el actor principal. Para ello, ha creado el programa Commercial Engine Reengining Program (CERP) para sustituir los viejos motores originales. Los TF33 tienen ya más de 50 años, y en los últimos 20 años su coste se ha duplicado, debido a la falta de recambios (actualmente tienen que canibalizar las piezas de motores retirados) y a su ineficiente consumo. No hay que olvidar que tiene 8 motores, por lo que el consumo no es asunto baladí. Para sustituirlos, la USAF ha abierto un concurso que se debería fallar a partir de mediados de 2019. De momento, las especificaciones de la USAF pretenden, como mínimo, conseguir motores un 25% más eficientes y que tarden 5 veces más en necesitar una reparación, lo que supondría un ahorro a 30 años vista (hasta 2050) de cerca de 10.000 millones de dólares. Con un contrato muy jugoso (se habla del orden de 11.000 millones de dólares para sustituir los 650 motores de la flota de B-52), las grandes empresas de aviación militar han empezado a presentar sus propuestas, entre ellas Pratt&Whitney (con el PW815), General Electric (con el nuevo Passport Advanced Turbofan) y Rolls-Royce (con el Pearl o el BR735). Otras insignias de la industria aeronáutica están pendientes de presentar sus propuestas.

Pero no solo los motores se verán beneficiados de las mejoras y la inversión, sino que precisamente la compra de nuevos motores va a hacer necesario un cambio en la instrumentación de la cabina: de esta manera, también van a aprovechar la remodelación para cambiar los viejos indicadores analógicos y pantallas de rayos catódicos por las modernas pantallas multifuncionales que vemos en cualquier caza actualmente. El secretario asistente de la USAF para compras, William Roper, también ha comentado que se están considerando nuevos asientos eyectables.

Más allá de las especulaciones, es seguro que en el marco del Radar Modernization Program (RMP), se van a invertir 817 millones de dólares entre los ejercicios fiscales de 2019 y 2023 en la compra de nuevos sistemas de radar para sustituir los APQ-166, de los años 60. También se va a comprar nuevo software táctico de datos Link 16, ya que es el único avión de la USAF que no lo tiene incorporado y es vital para llevar acabo operaciones conjuntas, tanto dentro del propio ejército estadounidense como con ejércitos OTAN europeos.

En futuro, se adaptará el software y el propio avión para aumentar sus capacidades ofensivas, como ya se hizo con el programa IWBU, que aumentó su capacidad de carga en la bodega en un 67%. Uno de los objetivos principales de la remodelación de corte ofensivo es poder llevar como mínimo una GBU-43/b (o MOAB; Madre de todas las bombas; la bomba no nuclear más potente del mundo). Para ello se está diseñando un nuevo pilón alar que pueda soportar 9.000 kilos de peso. Ya de cara a un futuro, el B-52 podrá llevar misiles hipersónicos, pero eso no se verá hasta mediados de la década de 2020 como mínimo.

De esta manera, la USAF pretende conseguir que el B-52 Stratofortress siga siendo la opción A de su flota a la hora de realizar bombardeos pesados. Por tanto, el B-52 va a seguir siendo un factor estratégico-militar fundamental para entender las relaciones internacionales durante los años venideros. Nadie hubiera afirmado en 1955 que aquel avión, por muy bueno que fuera, podría seguir volando hasta cien años más tarde. Para ello quedan todavía 31 años, pero veremos qué nos depara el B-52, ese “gran tipo gordo y feo” que se ha convertido, gracias a su magnífico diseño y construcción, en el decano de los aviones de bombardeo: el B-52 (posiblemente) el mejor bombardero del mundo.

La larga marcha de China en el espacio

Del auxilio soviético a la carrera con EEUU para aprovechar la riqueza mineral de asteroides

La llegada de un artefacto chino al lado oculto de la Luna ha llevado a la opinión pública mundial a fijarse en el programa espacial chino, más desarrollado de lo que muchos imaginaban. Auxiliados por los soviéticos en sus inicios, los chinos han acabado cogiendo en algunos programas la delantera (probablementes más aparente que real, dados ciertos contratiempos sufridos), como el desarrollo de una estación espacial permanente propia, y compiten con Estados Unidos en el deseo de aprovechar la riqueza mineral de asteroides.

Centro de lanzamiento de satélites Jiuquan

▲ Centro de lanzamiento de satélites Jiuquan [CNSA]

ARTÍCULOSebastián Bruzzone [Versión en inglés]

El origen del programa espacial chino1 se encuentra en los inicios de la Guerra Fría, en plena tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el control de la política internacional. Desde 1955, el presidente Mao Zedong buscaba el respeto de las potencias mundiales y decidió seguir los pasos del país vecino, la URSS. En marzo del año siguiente, la Quinta Academia del Ministerio de Defensa Nacional comenzó el desarrollo de un primer misil balístico (Plan Aeroespacial Chino de Doce Años). Tras el lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión Soviética en 1957, Mao se volcó en el desarrollo de un satélite artificial chino que sería activo en el espacio dos años después (Proyecto 581), en un esfuerzo material y económicamente apoyado por la Unión Soviética. Sin embargo, a principios de la década de 1960, la URSS retiró toda su asistencia económica y tecnológica tras la acusación de Pekín de que el primer secretario del Comité Central del PCUS, Nikita Kruschev, era revisionista y quería restaurar el capitalismo.

La Administración Espacial Nacional China (CNSA) es la responsable de los programas espaciales. El primer vuelo espacial tripulado chino tuvo lugar en 2003, con Yang Liwei, a bordo de la nave Shenzhou 5, que se acopló a la estación espacial Tiangong-1. De este modo, China se convertía en la tercera nación en mandar hombres fuera de la Tierra. El principal objetivo de las misiones Shenzhou es el establecimiento de una estación espacial permanente. Hasta hoy, nueve hombres y siete mujeres chinos han viajado al espacio. 


Desde 2007, China ha mostrado un especial interés por Luna. El programa chino de exploración lunar consta de cuatro fases. En la primera (Chang’e 1 y 2), llevada a cabo con CZ-3A, se lanzaron dos sondas orbitales lunares no tripuladas. En la segunda (Chang’e 3 y 4), en 2013, con CZ-5/E, tuvo lugar el primer alunizaje de dos rovers. La tercera (Chang’e 5 y 6) se ejecutó en 2017 con CZ-5/E, consistiendo en alunizaje y regreso de muestras. La cuarta, con CZ-7, está prevista para 2024; consistirá en una misión tripulada y la implantación de bases permanentes en la superficie lunar.

La misión Chang’e 4 fue lanzada el 8 de diciembre de 2018 y se posó sobre la superficie lunar el 3 de enero de 2019, en el cráter Von Kárman (186 kilómetros de diámetro), en el hemisferio sur de la cara oculta del satélite. Las imágenes transmitidas por el rover Yutu-2 mostraron que esta superficie lunar nunca antes explorada está densamente perforada por cráteres de impacto y que su corteza es más gruesa que el lado visible. Como parte de un ensayo biológico, pudo hacerse brotar una semilla de algodón, pero los altos niveles de radiación, la gravedad menor que la terrestre y los bruscos cambios de temperatura hicieron sucumbir la planta de algodón pocos días después. Los astrónomos consideran que el lado oculto está protegido de las interferencias que proceden de la Tierra, por lo que desde ese lugar sería posible estudiar mejor la evolución de estrellas y galaxias.

A mediados de 2017, se hicieron públicas las intenciones chinas de buscar minerales escasos en la Tierra en la superficie de asteroides, y a ser posible en su interior. Dentro del programa espacial de China, este tema concreto ocupa un importante lugar. De acuerdo con Ye Peijan, máximo responsable del programa de exploración lunar, su país está estudiando en los últimos años la posibilidad de ejecutar una misión que capture un asteroide para situarlo en la órbita de la Luna, y así poder explotarlo mineralmente, o incluso utilizarlo como una estación espacial permanente, según South China Morning Post. El mismo responsable ha destacado que en el Sistema Solar y cerca de nuestro planeta existen asteroides y astros con una gran cantidad de metales preciosos y otros materiales. Dicho plan se pondrá en marcha a partir del año 2020. Para ello, la CNSA utilizará las naves de carga Tianzhou, a diferencia de las Shenzhou tripuladas de exploración cuyo objetivo principal es el establecimiento de una estación espacial permanente, o las Chang’e de misiones lunares.

El coste de este plan futurista sería elevadísimo, pues supondría la organización de misiones complejas y de alto riesgo, pero el interés no decaerá, ya que podría ser muy rentable a largo plazo y daría beneficios billonarios. Según Noah Poponak, analista de Goldman Sachs, un solo asteroide podría tener más de 50.000 millones de dólares en platino, así otros metales preciosos y agua.

La captura de un asteroide exige, primero, que una nave aterrice en su superficie, para anclarse. La nave deberá tener motores extremadamente potentes, para que, al estar anclado, pueda ser capaz de arrastrar el asteroide entero a la órbita de la Luna. Estos propulsores, con la potencia suficiente como para poder mover una roca de miles de toneladas, todavía no existen. Ye Peijan ha advertido que esta tecnología necesaria para tal experiencia espacial podría tardar 40 años aproximadamente en desarrollarse. Por el momento, en marzo de 2017 China comunicó en la prensa oficial que tenía intención de enviar sondas al cosmos para estudiar trayectorias y características de algunos asteroides. Con ello, entra en directa competencia con la NASA, que también está desarrollando un programa dirigido a un asteroide.

Tiangong-1 fue el primer laboratorio espacial que China puso en órbita, en 2011, con una longitud de 10,5 metros, un diámetro de 3,4 metros y un peso de 8,5 toneladas. Su objetivo era realizar experimentos dentro del programa espacial chino y poner en marcha la estación permanente que la CNSA busca tener en órbita para el año 2023. Contra todo pronóstico, en 2016 se perdió el control digital de la nave que acabó destruido en pedazos sobre el océano Pacífico, al noroeste de Nueva Zelanda. Ese mismo año de 2016 se lanzó un segundo módulo, Tiangong-2, con los mismos objetivos. Por otro lado, China está progresando en el plan de establecer una estación espacial permanente. Según Yang Liwei, la cápsula central se lanzará en 2020 y los dos módulos experimentales en los dos años posteriores, con misiones tripuladas y naves espaciales de carga.

Plan 'Made in China 2025' para liderar las manufacturas mundiales

Pekín acelera su cambio de estrategia económica mientras Alemania intenta reinventarse como potencia manufacturera con su 'Industry 4.0'

De ser la gran fábrica de los productos más bajos en la cadena mundial de precios a convertirse en una potencia manufacturera apreciada por el valor añadido que China pueda aportar a su producción. El plan 'Made in China 2025' está en marcha con el propósito de operar el cambio en unas pocas décadas. El empuje chino pretende ser contrarrestado por Alemania con su 'Industry 4.0', para preservar el reconocimiento internacional a lo producido por la industria germana.

Stand de Huawei en el Mobile World Congress 2017

▲ Stand de Huawei en el Mobile World Congress 2017 [Huawei]

ARTÍCULOJimena Puga

“Made in China 2025” es un plan político-económico presentado por el primer ministro chino Li Keqiang en mayo de 2015. El principal objetivo de esta iniciativa es el crecimiento de la industria China, y a su vez fomentar el desarrollo industrial en las áreas más pobres de China situadas en el interior del país, como las provincias de Qinghai, Sinkiang o Tíbet. Una de las metas es aumentar el contenido nacional de los materiales básicos hasta un 40% para 2020 y un 70% para 2025.

Pero, ¿qué quiere conseguir la República Popular con esta iniciativa? Tal y como anunciaba Mu Rongping, director general del Centro de Innovación y Desarrollo de la Academia China de Ciencia, “no creo que el plan Made in China 2025 y otros planes relacionados con la industria supongan una amenaza para la economía mundial y la innovación. Estas políticas industriales dimanan de la cultura tradicional china. En China siempre que establecemos una nueva medida política o económica tenemos las expectativas altas. Así, si conseguimos solo la mitad, estaremos satisfechos. Este punto de vista ha llevado a China al cambio y hasta cierto punto, a la innovación”.

Evolución económica china

En 1978 Deng Xiaoping llegó al poder y cambió todas las estructuras maoístas. Así, desde una perspectiva económica, el Derecho se ha convertido en un elemento decisivo para resolver conflictos y mantener el orden social en China. Deng trató de instaurar un sistema socialista, pero con “características chinas”. De esta forma se justificó una economía de libre mercado y, en consecuencia, la obligación de desarrollar nuevas normas y estructuras. Además, el presidente introdujo el concepto de democracia como un instrumento necesario para la nueva China socialista. La reforma legal más importante fue la posibilidad de crear negocios privados. En 1992 se adoptó la expresión de una “economía de mercado socialista”, una etiqueta para esconder un capitalismo real (1).

El actual presidente de la República Popular, Xi Jinping, se ha manifestado contrario al proteccionismo económico y a favor de equilibrar la globalización para “hacerla más incluyente y equitativa”. También añadió un aumento en el estudio del capitalismo actual y el desarrollo del socialismo con características chinas propio del país, ya que si el partido abandonase el marxismo perdería “su alma y dirección”, además de calificarlo como “irreemplazable para comprender y transformar el mundo”.

El plan Made in China 2025 y el Industry 4.0

Durante esta última década, China ha emergido como uno de los milagros manufactureros más relevantes de la historia desde que empezase la Revolución Industrial en Gran Bretaña en el siglo XVIII. A finales de 2012, China se convirtió en un líder global en operaciones de manufacturas y en la segunda potencia económica del mundo por encima de Alemania. El paradigma Made in China ha sido evidenciado por productos hechos en China, desde productos de alta tecnología como ordenadores o teléfonos móviles hasta bienes de consumo como aires acondicionados. El objetivo del Imperio del Centro es extender este plan a tres fases. En la primera, del año 2015 al año 2025, China pretende figurar en la lista de potencias manufactureras globales. En la segunda, de 2026 a 2035, China prevé posicionarse en un nivel medio en cuanto a poder manufacturero mundial. Y por último, en la tercera fase, de 2036 a 2049, año en que la República Popular celebrará su centenario, China desea convertirse en el país manufacturero líder del mundo.

En 2013, Alemania, un país mundialmente líder en cuanto a industrialización, publicó su plan estratégico Industry 4.0. Conocido por sus marcas prestigiosas como Volkswagen o BMW, las industrias líderes del país han enfatizado su fuerza innovadora que les permite reinventarse una y otra vez. El plan Industry 4.0 es otro ejemplo de la estrategia manufacturera del país germano para competir en una nueva revolución industrial basada en la integración industrial, en la integración de la información industrial, Internet y la inteligencia artificial. Alemania es mundialmente conocida por el diseño y calidad de sus productos. El plan Industry 4.0, presentado en 2013 por el Gobierno alemán, se centra en la smart factory, es decir, que las fábricas del futuro sean más sostenibles e inteligentes; en sistemas ciberfísicos, que integran tecnologías avanzadas como la automoción, el intercambio de datos en la tecnología de manufacturación y la impresión 3D, y en las mercancías y las personas.

Ambos planes, Industry 4.0 y Made in China 2025 se centran en la nueva revolución industrial y emplean elementos de digitalización manufacturera. El núcleo del plan alemán es el sistema ciberfísico, es decir un mecanismo controlado o monitorizado por algoritmos estrechamente ligados a Internet y a sus usuarios, y la integración en mecanismos de creación de valor dinámico. El plan chino, además del plan de acción “Internet Plus Industry”, tiene un objetivo fijado especialmente en la consolidación de las industrias existentes, en el fomento de la diversidad y la ampliación del margen de actuación de numerosas industrias, realzando la cooperación regional mediante el uso de Internet para una manufacturación sin fronteras, la innovación de nuevos productos y la mejora en la calidad de los mismos.

En 2020 Estados Unidos será el país más competitivo en cuanto a manufacturación del mundo, seguido por China, Alemania, Japón, India, Corea del Sur, México, Taiwán, Canadá y Singapur. De estos diez países, seis son países asiáticos, uno europeo y los tres restantes miembros del NAFTA (North American Free Trade Agreement).

Este nuevo giro en la estrategia industrial se traduce en una anticipación del mundo a una cuarta revolución industrial propiciada por los avances tecnológicos. China será sin duda uno de los líderes internacionales de esta revolución gracias a los planes Made in China 2025 y One Belt One Road, sin embargo, las nuevas economías emergentes como Sudáfrica, Vietnam o Hungría que han contribuido a la economía mundial en los últimos años requerirán más atención.

 

(1) Vid. ARANZADI, Iñigo González Inchaurraga, Derecho Chino, 2015, p. 197 y ss.

Revisión del paradigma del poder aéreo en operaciones de contrainsurgencia

La necesidad de un apoyo aéreo cercano en la lucha contra el ISIS ha hecho replantearse la preferencia de la tecnología sobre la efectividad

En las últimas décadas la constante apuesta por la superación tecnológica había llevado a descartar viejos modelos de aviones de combate que, convenientemente equipados, estás demostrando ser más efectivos en operaciones de contrainsurgencia. Las urgencias planteadas especialmente por la lucha contra el Estado Islámico han convertido esos viejos modelos en una suerte de capacidad de Operaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas.

OV-10 Bronco

▲ OV-10 Bronco [USAF, TSgt Bill Thompson]

ARTÍCULOIgnacio Yárnoz

Agosto de 2015. En el marco del Programa de Operaciones Especiales “Combat Dragon II”, dos aviones OV-10G+ Bronco despegan de una base aérea de Estados Unidos en el norte de Irak. La misión de estos aviones bimotores de tiempos de la guerra de Vietnam es doble. En primer lugar, socorrer a los combatientes peshmergas ante los ataques de los insurgentes del Daesh (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham); la segunda, demostrar la eficacia de los aviones a hélice low cost en operaciones COIN (Counter Insurgency). La misión resultó ser un éxito e hizo replantearse muchas cosas en el Pentágono, donde el asombro inundó los despachos al tratarse de una misión de contrainsurgencia con aviones de hace 50 años.

Hay que destacar los tres pilares fundamentales que hicieron de esta misión un éxito. En primer lugar, está el factor humano que formaba parte de la misión. Los valientes pilotos que se embarcaron en ella fueron minuciosamente escogidos por su experiencia en misiones especiales, además de ser oficiales instructores de la USAF Weapons School. Esto tenía una gran importancia dada la delicadeza de la misión y la precisión que esta requería. A continuación veremos por qué.

El segundo pilar a destacar es el armamento y material utilizado. Más concretamente se trata de los nuevos, pero muy prometedores cohetes guiados por láser APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) y múltiples sistemas modernos de vigilancia infrarroja como el MX-15HD FLIR. Los primeros son cohetes de 70 mm parecidos a los “Hydra” (un sistema estadounidense de cohetes aire-aire/aire-tierra conocidos por ser los más utilizados en el mundo como armamento en helicópteros) a los que se les puede incorporar un sistema de guiado y control láser. Son cohetes que pueden ser disparados o desde muy cerca o a distancias más largas en todos los ángulos que se quiera, dando un margen de tiro al piloto muy amplio que le otorga una importante ventaja táctica. Además, su alta precisión hace que pueda eliminar enemigos o destruir vehículos de blindaje ligero con una eficacia que otros sistemas no llegarían a alcanzar, al menos no sin causar mayor daño colateral. Ahí está la clave comentada en el primer pilar: unos pilotos experimentados en el manejo de armas de precisión acompañados de los medios adecuados hacen de esta una combinación perfecta que convertía a los OV-10G+ Bronco en verdaderas armas de precisión.

Por último, y como tercer pilar, está el propio avión: el OV-10G+ Bronco (o “Black Pony”). Este veterano de la guerra de Vietnam es una leyenda de la aviación. El Bronco nació tras ser aprobada por la Marina y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos una especificación de servicio triple llamada “LARA” (Light Armed Reconnaissance Aircraft, Aeronave Ligeramente Armada de Reconocimiento), expedida a finales de 1963 y concebida para dicha guerra. LARA estaba basada en la necesidad de un nuevo tipo de avión de ataque ligero y observación para la “lucha en la jungla”. Durante el conflicto, los Bronco realizaron operaciones de observación, control aéreo avanzado, escolta de helicópteros, reconocimiento armado, servicios de transporte ligero y limitadas acciones de ataque al suelo. Los Bronco también llevaron a cabo reconocimiento radiológico aerotransportado, observación aérea táctica y para la artillería naval, así como control aéreo de operaciones de apoyo tácticas y, en el frente de batalla, fotografía aérea de baja altura.

Sin embargo, las doctrinas cambiaron desde que las bombas inteligentes se integraron en las fuerzas aéreas. El control aéreo avanzado, una de las misiones principales de este avión, pasó a manos de las tropas terrestres de élite con designadores láser y transmisiones digitales. El concepto de usar los Bronco para merodear sobre una zona y dejar caer munición no fue explorado. Finalmente, el aparato fue dado de baja en julio de 1994.

 

A-10 Thunderbolt

A-10 Thunderbolt [USAF, MSgt William Greer]

 

OV-10 Bronco y A-10 Thunderbolt

Se trata de un avión de ataque ligero y observación propulsado por dos turbohélices que, aun siendo un avión de ala fija, cumple con las capacidades de un helicóptero y de un dron. Como los drones, el OV-10 puede sobrevolar el campo de batalla durante horas, pero con mayor visibilidad que un RQ9 Reaper y con mayor capacidad de armamento. El modelo original era capaz de volar a una velocidad de hasta 560 km/h, llevar hasta 3 toneladas de munición externa y permanecer sobrevolando una zona durante más de tres horas. Por último, este versátil aparato es capaz de operar desde pistas cortas o semipreparadas (STOL) con bajos costes de operación y mantenimiento. En la mayoría de los casos puede volar con un solo motor. Esto último hace del OV-10 Bronco y todos sus homólogos un gran activo dado que mientras los aviones a reacción tienen un gran consumo de combustible en cada vuelo (desde 20.000 dólares el jet más barato, el F16), los aviones ligeros de ataque solo cuestan unos miles de dólares por operación. Asimismo, los aparatos disponibles en estos momentos solo pueden despegar y aterrizar en pistas largas y caras de mantener que se deben ubicar a cientos de kilómetros de la línea del frente y, en consecuencia, el tiempo eficaz de sus misiones es menor y su consumo de combustible es mayor.

Sin embargo, la tendencia de la USAF siempre ha inclinado la balanza hacia la alta tecnología en vez de hacia la efectividad. Desde la Segunda Guerra Mundial y con el principio de la Guerra Fría, la manera estadounidense de luchar ha sido contar con una tecnología superior. Ha habido un constante enfoque en los más importantes avances tecnológicos en los que se encuentra a la vanguardia. Sin embargo, estos aviones efectivos han encontrado un nicho dentro del Ejército, posiblemente las Operaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas. Y es que la necesidad de un apoyo aéreo cercano en la lucha contra el ISIS ha hecho replantearse la estrategia de muchos mandos. De hecho, también ayudó a convencer a la Fuerza Aérea a reconsiderar sus planes de retirar el A-10 Thunderbolt II (A-10 Warthog como lo apodan en la USAF). Los motivos resultan ser análogos al de la puesta en marcha de aviones como el OV-10 Bronco: la necesidad de efectividad, experiencia, apoyo aéreo cercano y control aéreo avanzado, todo ello combinado con bajos costes de mantenimiento.

En el caso del A-10 Thunderbolt II, se trata de un avión diseñado específicamente en torno a su arma principal, un cañón GAU-8/A de 30 mm montado directamente bajo el fuselaje. Con un blindaje de titanio de 540 kg, incorpora dos turbinas General Electric TF34-GE-100 montadas en una posición elevada, de manera que el avión pueda aterrizar en entornos austeros tales como terrenos difíciles, sucios o arenosos. Además, la aerodinámica y tecnología de los motores permiten al A-10 volar más lento y más bajo, y por tanto más cerca de las fuerzas en tierra y los blancos enemigos, específicamente a 555 km/h y a 30 metros de altitud. Por último y no menos importante, es barato de comprar (una media de 11 millones de dólares por cada uno de los 715 construidos) y de operar (unos 17.000 dólares por hora de vuelo).

Aunque el OV-10 Bronco no fue finalmente el seleccionado por la USAF en el marco del Combat Dragon II, ha marcado un hito en la historia aeronáutica. La USAF ha decidido finalmente decantarse por el modelo brasileño A29 SuperTucano, un avión biplaza que ronda los 580 km por hora y posee la aviónica sofisticada típica de los cazas de cuarta generación, incluidos receptores de alerta por radar, sensores por infrarrojos de barrido frontal y la capacidad de lanzar bombas y misiles guiados de precisión. En definitiva, un avión con las mismas capacidades que el OV-10 Bronco de control aéreo avanzado y observación táctica. Este modelo ya forma parte de las fuerzas aéreas afganas, libanesas y nigerianas (países con amenazas de insurgencia como Boko Haram, Hizbulá y Al-Qaeda) además de estar en proceso de sustitución de los Bronco en Filipinas, donde también se están aplicando las mismas técnicas de contrainsurgencia usadas en Iraq para combatir a Daesh en esta región. Independientemente de que no se trate del legendario Bronco, el paradigma sigue latente. Ha quedado demostrado que la aviación ligera puede ser capaz de erigirse como un poderoso aliado en las operaciones COIN de la actualidad.

La estrategia de misiles de Trump reafirma el compromiso con Europa

La Administración Trump avala completar en el teatro europeo el despliegue del sistema Aegis puesto en marcha por Obama

El principal despliegue de defensa en Europa lo constituye el Sistema de Defensa de Misiles Balísticos, una capacidad de la OTAN que se ha ido completando siguiendo el llamado Enfoque Adaptativo por Fases Europeo (EPAA). Puesto este en marcha durante la Administración Obama, la Administración Trump lo acaba de ratificar en su Missile Defense Review. El abandono del tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermedio (INF Treaty), que ataba a Estados Unidos y Rusia, pone el sistema de defensa de misiles en la agenda de prioridades europea.

Lanzamiento del misil ESSM desde la fragata española Álvaro de Bazán

▲ Lanzamiento del misil ESSM desde la fragata española Álvaro de Bazán [Armada]

ARTÍCULOMartín Biera

En la era preindustrial las batallas se libraban en gran medida cara a cara, pero en la era tecnológica la línea de defensa puede situarse a gran distancia. Así, en Europa el principal despliegue de defensa lo constituye el Sistema de Defensa de Misiles Balísticos. Se trata de una capacidad de la OTAN que integra el sistema naval Aegis y el sistema terrestre Patriot, producidos por las empresas Lockeed Martin y Raytheon, respectivamente, y que pueden emplearse en un mismo escenario.

Su despliegue en Europa fue propuesto por la Administración Obama en 2009 en lo que se conoce como Enfoque Adaptativo por Fases Europeo (European Phased Adaptive Approach o EPAA). Este programa pretende desarrollar progresivamente capacidades antibalísticas que ayuden a la defensa de los aliados de la OTAN en el teatro europeo.

El documento Missile Defense Review, hecho público por el Pentágono en enero, reitera el compromiso estadounidense con el programa pautado. “Estados Unidos está comprometido con completar el despliegue del EPAA”, indica el texto.

Si en otros aspectos, la Administración Trump ha dado indicios de un cierto retraimiento de su despliegue militar en el mundo, en este punto mantiene su contribución tecnológica y operativa para que la OTAN pueda sostener en el teatro europeo su arquitectura de defensa de misiles. “Estados Unidos reforzará las capacidades regionales de defensa de misiles y las relaciones cooperativas con sus aliados y socios”, añade el documento. Reclama, no obstante, como ya ha hecho en relación a las contribuciones generales a la OTAN por parte de sus Estados miembro, “inversiones adicionales de los aliados en defensa de misiles, incluyendo desarrollo y producción conjuntos, para repartir mejor la carga de la defensa común”.

Implementación en fases

El EPAA se plantea en cuatro fases, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Polonia y la administración del ex -Presidente Obama en la estrategia de implementar sistemas avanzados anti misiles balísticos en Europa.

La primera fase, implementada en 2011, incluyó el despliegue en el mar Mediterráneo de barcos equipados con el Sistema Antimisiles Balísticos (SAMB) Aegis y lanzaderas de misiles SM-3 IA capaces de interceptar misiles de corto y medio alcance (hasta 3.000 kilómetros). Con el sistema de combate Aegis está dotada la fragata Álvaro de Bazán (la Armada española es la única en Europa, además de la noruega, integrada en este sistema). También incluyó la instalación de un dispositivo de radar situado en Turquía, el AN/TPY-2, que funciona en la banda X (sección de microondas del espectro electromagnético, utilizada por satélites de comunicación).

La segunda fase se implementó en 2015. Cubre adicionalmente el despliegue en Rumanía de un sistema de lanzamiento de misiles tierra-aire tipo IB-SM-3 capaz de combatir misiles de corto y mediano alcance de más de 500 kilómetros de alcance efectivo, y el despliegue de los cuatro barcos con la capacidad Aegis AMB. Las capacidades de radar AN/TPY-2 fueron mejoradas con una red de sensores adicionales.

La tercera fase, en 2018, consistió en el despliegue en Polonia de un lanzador de misiles de tipo II-SMA basado en tierra capaz de combatir misiles de alcance intermedio (IRBM hasta 5.500 km). Las lanzaderas se sitúan en la base de Redzikowo.

La última fase tendrá lugar en 2020 que permitirá a los aliados de los Estados unidos mejorar los sistemas anti misiles contra proyectiles de medio y largo alcance e ICMBs, está fase se culminará con la implementación de sistemas SM-3 Block IIB que incluirá además un sistema de control y comando

Así, pues, el sistema SAMB Aegis incluye las capacidades desplegadas en las dos bases permanentes (en Polonia y Rumanía) y a bordo de cuatro barcos Aegis BMD (en el mar Mediterráneo, con base en Rota), así como un radar que opera en la banda X y una red de sensores, lo que permite defender al continente europeo frente a misiles de corto, medio y largo alcance.

Funcionamiento

Primero satélites de infrarrojos y de comunicación se encargan de la alerta temprana. Cuando un misil balístico es lanzado, es detectado por el satélite infrarrojo; la información que capta es enviada a un satélite de comunicaciones, que notifica a un cuartel de la OTAN, donde se analiza. En el caso de Europa esa información es enviada a la base de Ramstein en Alemania, donde se confirma si ese proyectil es una amenaza. Después, se comunica a todos los efectivos apropiados, tanto comandancias como sistemas de defensa.

Cuando en el trayecto ascendente del misil el motor termina de quemar el combustible, el satélite de infrarrojo ya no puede detectarlo, por lo que ahí se cuenta con la actuación de sensores de largo alcance, como el sistema AN/TPY-2 o el sistema naval Smart-L Radar que está localizado en Holanda. Esos sensores detectan y continúan analizando el misil para que pueda ser interceptado. El proceso también integra el sistema Aegis, que consta de radares AN/SPY-1 con capacidad de rastrear más de cien objetos. Juntos, estos sistemas realizan un análisis más detallado de rastreo y posibles consecuencias que pueda tener misil balístico.

Todos los sistemas, tanto en tierra como en mar y aire, tienen la capacidad de compartir y actualizar al momento la información. La clave de este sistema es la capacidad de destruir el misil fuera de la atmósfera, gran parte gracias al sistema Aegis, aunque también sistemas como el THAAD pueden proporcionar capacidades adicionales. El sistema Aegis ofrece cobertura a misiles que sobrepasaron la atmósfera; en el caso de que un proyectil vuelva a entrar en la atmósfera, entra en funcionamiento el sistema Patriot, que es usado por Francia, Alemania, España y otros países.

Sistema Patriot

Tras la decisión de Polonia de destinar a defensa un mayor porcentaje del PIB, se espera que este país aumente su capacidad militar. El pasado 28 de marzo Polonia firmó un acuerdo con Estados Unidos, valorado en 4.750 millones de dólares, para la compra del sistema de misiles Patriot. Su fabricante, Raytheon, se comprometió a construir en Polonia partes clave del sistema, creando “empleos nuevos de alta tecnología”, tal como requería la legislación polaca.

Polonia se unirá a otros quince países de Europa, el Pacífico y Oriente Medio que comparten y operan con este sistema Este acuerdo llega después de que Polonia firmara un acuerdo de diez años con Raytheon para facilitar la introducción de los misiles Patriot entre las capacidades defensivas del país. A mediados de 2018 Varsovia tuvo ciertas complicaciones en la adquisición de los Patriot, pues la oposición puso trabas para la aprobación de la compra. Finalmente, el gobierno polaco y Raytheon firmaron el proyecto en el valor acordado de 4.750 millones de euros

En noviembre de 2017 Rumanía y Suecia mostraron interés también por la compra de Patriots. En el caso de Oriente Medio, los países que principalmente utilizan este sistema son Israel y Qatar, si bien el Pentágono ha manifestado su deseo de retirar sus baterías de la región.

 

Esquema del Sistema de Defensa de Misiles Balísticos

Esquema del Sistema de Defensa de Misiles Balísticos [Ministerio de Defensa de Japón]

 

Alternativa rusa

La compra polaca de misiles Patriot fue criticada por Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, condenó la “progresiva militarización” de ese país. Moscú ve esos movimientos de “militarización” como un elemento de desestabilización del aparato militar y político en Europa y una amenaza para Rusia.

El Kremlin criticó el despliegue de las baterías de sistemas de misiles Patriot como una violación del tratado de control de armamentos firmado en 1987 entre Mijaíl Gorbachov y Ronald Reagan. Este tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF Treaty) está a punto de ser abandonado por Estados Unidos por entender que Rusia lo ha estado vulnerando con algunos de sus desarrollos de misiles.

Ante la carrera por avances en la tecnología para los misiles tierra aire, la industria armamentística rusa desarrolló los S-400 Triumf, que la OTAN designa como SA-21 Growler. El sistema del S-400 es un sistema de defensa móvil, lo que ofrece una mayor versatilidad y potencia de fuego. Países como Arabia Saudí, Turquía o India han mostrado su interés de comprar este sistema a pesar de las sanciones de EEUU. Que grandes usuarios y clientes del armamento estadounidense se interesen por empresas de la competición plantea un problema para la industria militar norteamericana. El S-400 tiene capacidad de llegar a un techo de vuelo de 185 kilómetros y una distancia de alcance efectivo de 120, 250 y 400 kilómetros dependiendo del misil empleado. Para 2020 el Ejército ruso contará con una nueva generación de sistema de misiles, los S-500, una versión más avanzada y más potente que las actuales.

Disuasión

“La invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad en el adversario. 
La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad, una cuestión de ataque. Mientras no hayas observado vulnerabilidades en el orden de batalla de los adversarios, oculta tu propia formación de ataque, y prepárate para ser invencible, con la finalidad de preservarte. Cuando los adversarios tienen órdenes de batalla vulnerables, es el momento de salir a atacarlos”. El arte de la guerra, Sun Tzu.

Los sistemas tanto de la OTAN como de Rusia tienen claramente una faceta disuasoria. Todo operativo militar tiene un papel relevante en el plano diplomático, político y de intereses. Tras la anexión rusa de Crimea y de las maniobras Vostok 2018 y Trident Juncture los sistemas de defensa antimisiles se muestran como el futuro de la seguridad europea e internacional. En los últimos años, en un contexto de militarización del espacio por parte de las potencias militares mundiales, se está llevando a cabo una actualización de los sistemas de misiles que no solamente permite llegar más lejos sino también ser más precisos. De acuerdo con la estrategia de defensa tanto europea como de la organización atlántica ha llevado a sus socios a tener mejores capacidades que sus competidores para velar por la seguridad de los Estados. En consecuencia, una progresiva pero efectiva modernización de los sistemas antimisiles.

En los últimos años, ante el avance y la modernización armamentística de Rusia y China, Estados Unidos ha visto la necesidad de desarrollar sistemas en el espacio capaces de derribar misiles, con cierto parecido al cancelado Pebbles Program. El programa Pebbles trataba de poner en órbita sistemas autónomos con capacidad para interceptar cualquier proyectil lanzado por los competidores de Estados Unidos. Estos sistemas otorgarían a Estados Unidos y sus aliados con una capacidad de contrarrestar casi cualquier tipo de proyectil concediendo una ventaja sin precedentes. El empleo de los sistemas antimisiles refuerza la unión entre Estados Unidos y sus aliados, de esta manera permite que la defensa sea más efectiva y la cooperación como una relación de necesidad.

Por otra parte, hay analistas que pueden ver esta escalada en la compra y utilización de sistemas AMB como una nueva guerra fría, al menos a menor escala, principalmente porque se da en Europa y en nuevas facetas como la económica, manifestada a través de la influencia que las empresas armamentísticas ejercen sobre los gobiernos nacionales.

La nueva Guyana petrolera y su proyección internacional

Uno de los países más pobres de América puede pasar a tener la mayor producción de petróleo per cápita del mundo, trastocando la relación con sus vecinos

Los prometedores hallazgos petroleros en aguas de Guyana auguran una mayor relevancia regional para este pequeño y pobre país sudamericano. Las disputas territoriales entre Venezuela y su vecino, a cuentas del territorio Esequivo que históricamente Caracas ha reclamado (más de la mitad de la superficie guyanesa), pueden verse exacerbadas por la apertura de pozos en aguas profundas que Guyana administra pero sobre las que Venezuela pide un justo arbitraje internacional.

Imagen creada por ExxonMobil sobre sus prospecciones en aguas de Guyana

▲ Imagen creada por ExxonMobil sobre sus prospecciones en aguas de Guyana

ARTÍCULOIgnacio Urbasos Arbeloa

Guyana ha hallado a 193 km de su costa de la mano de ExxonMobil yacimiento petroleros que pueden cambiar por completo el rumbo de su economía y su influencia a nivel internacional. Tras varias décadas de fallidos intentos en la búsqueda de hidrocarburos en su subsuelo y una búsqueda exhaustiva desde 1999, en el año 2015 el yacimiento Liza respondió positivamente a los análisis sísmicos mostrando posteriormente abundantes reservas de petróleo a 1.900 metros de profundidad marina. Por el momento las estimaciones hablan de 3.200 millones de barriles de petróleo recuperables que se encontrarían en la Cuenca Guayanesa, la cual se extiende hasta Surinam, otro país con un prometedor futuro petrolero. Compañías como Total, Repsol o Anadarko ya han obtenido derechos de prospección en los diferentes bloques ofrecidos hasta el momento por el Gobierno Guyanés, sin embargo es el Bloque Stabroek, explotado por Exxon (45%), Hess (30%) y la china CNOOC (25%), el primero que comenzará a producir, en 2020.

Con expectativas de alcanzar los 700.000 barriles al día para 2025, este es el mayor hallazgo del lustro en aguas profundas a nivel mundial y una de las más valiosas adiciones de producción de petróleo convencional. El crudo es apto para destilados medios, precisamente lo que las refinerías del Golfo de México buscan en un mercado saturado por el liviano crudo procedente del fracking. De acuerdo a estimaciones optimistas, para 2025 este empobrecido país de aproximadamente 700.000 habitantes superaría en producción petrolera al miembro de la OPEP Ecuador, convirtiéndose en el mayor productor de barriles per cápita del mundo (por delante del actual líder, Kuwait, que tiene una producción de 3,15 millones de barriles diarios y 4,1 millones de habitantes). Los costes de producción por barril se estiman en los 26 dólares considerando impuestos, por lo que las ganancias se esperan abundantes en prácticamente cualquier escenario futuro (actualmente el barril de WTI se encuentra en torno a los 50 dólares), convirtiendo a Guyana en uno de los grandes atractivos en la industria petrolera del momento. Las prospecciones encabezadas por Exxon, compañía que ya domina la explotación en las denominadas deepwaters, tuvieron en 2018 tasas de acierto cercanas al 80%, lo que ha generado una enorme expectación en un sector acostumbrado a tasas del 25%.

El impacto positivo que este descubrimiento tendrá para la economía guyanesa es evidente, aunque no está exento de desafíos, dados los altos niveles de corrupción o una burocracia y clase política sin experiencia para negociaciones de este nivel. El FMI, que está asesorando a Guyana, ya ha recomendando congelar nuevas negociaciones hasta que no se reforme el sistema impositivo y se mejore la capacidad burocrática del país. Este mismo organismo ha estimado un crecimiento para Guyana del 28% de su PIB para 2020, un dato histórico para una economía cuyas exportaciones se basan en arroz, caña de azúcar y oro. El Gobierno ya está diseñando un marco institucional para gestionar los ingresos fiscales provenientes del petróleo y amortiguar su impacto en otros sectores. Entre las propuestas se encuentra la creación de un fondo soberano similar al de Noruega, Qatar o Emiratos Árabes Unidos, que podría hacerse efectivo este mismo año con colaboración de expertos de la Commonwealth, organización a la que el país pertenece.

Histórica disputa con Venezuela

Estos nuevos descubrimientos, sin embargo, aumentan la tensión con Venezuela, la cual mantiene una disputa territorial por el 70% del territorio guyanés, la Guayana Esequiba perteneciente a la Capitanía General de Venezuela durante el Imperio Español. El territorio en disputa fue posteriormente colonizado de facto por el Imperio Británico cuando los ingleses tomaron control sobre los territorios neerlandeses de Guyana en 1814. En 1899 un tribunal internacional falló por unanimidad en favor del Reino Unido en contra de las pretensiones venezolanas. No obstante, revelaciones posteriores demostraron la existencia de graves elementos de corrupción en el proceso judicial, haciendo “nulo e írrito” (inexistente) dicho laudo en 1962. En 1966 Reino Unido, como representante de la Guyana Británica, y Venezuela firmaronn el Acuerdo de Ginebra, por el que se establecía el compromiso de alcanzar un acuerdo: el Protocolo de Puerto España de 1970, que congelaba las negociaciones por 12 años. Tras el fin del periodo, Venezuela reclamó a Guyana el retorno de las negociaciones directas, acordándose conforme a la Carta de las Naciones Unidas la fórmula diplomática de buenos oficios presente hasta el día de hoy, sin que se hayan registrado avances relevantes. Desde la independencia de Guyana en 1966, Venezuela promovió en la región un movimiento separatista de carácter indigenista, Rupununi, que fue duramente reprimido por Georgetown, lo que sentó un precedente de tensión militar en la frontera.

Si bien  nunca se ha alcanzado un acuerdo formal sobre la disputa territorial, la llegada al Gobierno en Guyana en 1992 del People's Progressive Party (PPP), de corte socialista, y la victoria electoral de Hugo Chávez en 1999 en Venezuela alineó ideológicamente a ambos países, lo que les permitió alcanzar grados de cooperación sin precedentes durante la primera década del siglo XXI. En el marco de esta etapa dorada, Guyana participó entre 2007 y 2015 en la iniciativa venezolana de Petrocaribe, recibiendo unos 25.000 barriles diarios de petróleo y derivados, que constituían el 50% de su consumo, a cambio de arroz valorado sobre precio de mercado. Por otra parte, Guyana apoyó la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2006 a cambio de la promesa expresa de Caracas de no emplear en la disputa territorial la posición privilegiada que temporalmente adquiría. Un importante precedente fue la declaración de Hugo Chávez en 2004 de no oponerse a que Guyana “otorgue de manera unilateral concesiones y contratos a compañías multinacionales, siempre y cuando esto favorezca el desarrollo de la región”. A pesar de la existencia de actos inamistosos entre los dos Estados durante esta época, la importancia vital que la política exterior venezolana antiimperialista dio al Caribe durante el mandato de Chávez, obligó a este a tratar el tema desde la más absoluta moderación para evitar un desencuentro con el CARICOM y mantener el apoyo de Guyana en la OEA.

 

Mapa de los bloques de explotación petrolífera de Guyana (en amarillo), con los trazos de delimitación de aguas territoriales y las reclamaciones de Venezuela

Mapa de los bloques de explotación petrolífera de Guyana (en amarillo), con los trazos de delimitación de aguas territoriales y las reclamaciones de Venezuela

 

Nuevas tensiones

A consecuencia de los descubrimientos petrolíferos, la histórica disputa territorial con Venezuela ha vuelto a la actualidad. También ha contribuido a ello un cambio de signo en el Gobierno de Georgetown. Las elecciones de 2015 llevaron al poder en Guyana a la Alianza para la Unidad Nacional, liderada por el exmilitar David Granger. Se trata de una coalición multiétnica que podría ser descrita como de centro-derecha y con menos simpatías ideológicas hacia la vecina Venezuela que las que profesaba el anterior presidente, Bharrat Jagdeo, del PPP. A finales de 2018 se produjo una escalada de tensión, tras la incautación el 23 de diciembre por la Armada Nacional Bolivariana de dos buques de pabellón guyanés pertenecientes a ExxonMobil que realizaban prospecciones en la zona y que, de acuerdo a la versión del Gobierno de Nicolás Maduro, se habían internado en aguas venezolanas. La respuesta internacional no se hizo esperar y Estados Unidos urgió a Venezuela a “respetar el derecho internacional y la soberanía de sus vecinos”. Precisamente uno de los temas más complejos en la disputa territorial se halla en la proyección de las aguas de cada país. La posición defendida por Venezuela es trazar los límites marinos de acuerdo a la proyección del delta del río Orinoco, frente a la posición guyanesa que traza la línea de forma favorable a sus intereses territoriales. Si bien este era un elemento secundario en la disputa territorial, el potencial económico de estas aguas las sitúa en el centro del debate.

A todo esto se suma la declaración del Grupo de Lima, del que Guyana forma parte, de no reconocer los comicios de mayo en Venezuela y amenazar con sancionar económicamente al país (si bien, hasta la fecha, no ha reconocido como presidente interino al opositor Juan Guaidó). El ostracismo internacional de la República Bolivariana ha permitido a Guyana obtener importantes apoyos diplomáticos desde el mencionado Grupo de Lima, CARICOM y los Estado Unidos con relación a su disputa internacional y la detención de los buques de Exxon.

El devenir de las futuras relaciones entre Venezuela y Guyana depende en cierta medida del resultado de los futuros comicios de marzo en este último país, que enfrentarán al hasta ahora presidente, David Granger, recién despojado del poder por medio de una moción de censura, con el líder del PPP, Bharrat Jagdeo, cuyo partido sostuvo las mejores relaciones con la Venezuela chavista. La moción de censura es un hito histórico para el país sudamericano, que deberá demostrar su cohesión social y estabilidad política en medio de tensiones geopolíticas y una comunidad internacional de inversores que mira atentamente el desarrollo de los eventos.

 

 

Mayores ingresos para defensa

Georgetown, por el momenot, se limita a la acción diplomática para defender su soberanía territorial, pero documentos de las Fuerzas de Defensa Guyanesas previos a los hallazgos de petróleo ya identificaban la necesidad de desarrollar capacidades militares en caso de hallarse dichos recursos en el país. De acuerdo a estimaciones de Exxon, Guyana pasaría a ingresar 16.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, lo que permitiría incrementar el gasto militar situado a día de hoy en torno al 1% del PIB. El Ejército de la República Cooperativista de Guyana realizó en agosto de 2018 los mayores ejercicios militares de su historia, movilizando 1.500 efectivos de un Ejército que se estima en torno a 7.000. La información disponible acerca de los recursos materiales de marina y aviación muestran la necesidad de una mejora cuantitativa y cualitativa. Superar las divisiones étnicas existentes entre la población de origen indio y africano debe ser una de las prioridades de las Fuerzas Armadas, que sufren de una clara infrarrepresentación de la comunidad originaria de la India, motivo de histórico recelo de la sociedad civil.

En definitiva, la región caribeña de Sudamérica va a estar marcada en los próximos años por el potencial económico de Guyana y su lucha por la supervivencia territorial frente a las demandas también legítimas de Venezuela. Lograr un desarrollo real de la industria petrolera será, sin duda, el mejor blindaje a su futuro como país soberano e independiente. La incertidumbre política de Venezuela, sumida en una enorme crisis, genera el temor a una posible escalada militar como válvula de escape a la presión económica y política interna contra un rival que carece de los recursos para hacerle frente. La capacidad de la clase política de Guyana para gestionar el brutal incremento de sus recursos económicos a partir de 2020 todavía es una incógnita, pero permite imaginar que el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental alcanzará grandes cotas de desarrollo si es capaz de aprender de sus vecinos y gestionar un contexto regional que sea favorable a sus intereses nacionales.

Rohingyas: el porqué de un conflicto

Origen étnico disputado, agravios de la era colonial británica y miedo a una minoría 'quintacolumnista'

La crisis humanitaria sufrida en Myanmar por minoría musulmana de los rohingyas nos habla también de cuestiones estratégicas. Rodeado el país por poblaciones islámicas, ciertos grupos dirigentes, especialmente los elementos budistas, temen que los rohingyas, que son declarados extranjeros a pesar de llevar generaciones en su territorio, actúen de quintacolumnistas. El miedo a la contaminación yihadista también es invocada por un Gobierno que no ha respetado los derechos humanos de esta minoría.

Refugiados rohingyas

▲ Refugiados rohingyas [Tasnim News Agency/CC]

ARTÍCULOAlexia Cosmello Guisande

En agosto de 2017 se daba en Myanmar el que fue conocido como “el gran éxodo de los rohingyas”; un año después, en 2018, reapareció en las primeras páginas de los periódicos internacionales la catástrofe humanitaria que estaba teniendo lugar en ese país. La comunidad internacional, automáticamente, se mostró a favor del grupo minoritario rohingya. Los medios de comunicación hablaron sobre el problema, y siguen haciéndolo, utilizando un lenguaje populista, tratando de buscar la emoción del público.

La historia rohingya es muy poco conocida por la opinión pública, que generalmente desconoce el origen del conflicto y las razones que mueven al Gobierno birmano. Actualmente, los rohingyas están considerados por la ONU como “una de las minorías más perseguidas del mundo”. Para entender bien el núcleo del actual problema es de gran importancia hacer un pequeño análisis sobre la historia de Myanmar, de los rohingyas y de las relaciones entre esa minoría y el país que la acoge.

Historia

El actual estado de Myanmar es un auténtico mosaico de etnias, lenguas, religiones y movimientos insurgentes. Están reconocidas 135 etnias distintas, pero el 90% de la población, aproximadamente, es de religión budista, por lo que las restantes confesiones quedan consideradas como minorías en el país [1]. Concretamente, los rohingyas son de religión musulmana y más de la mitad de la comunidad se encuentra concentrada en la región de Rakhine o Arakan, una de las más pobres del país. Aquí la población está aproximadamente dividida entre: 59,7% budistas, 35,6% musulmanes y el 4,7% restante otras religiones.

Los musulmanes de Rakhine se dividen en dos grupos, por un lado, los kaman que a pesar de ser de otra confesión comparten costumbres con la población budista y tienen reconocida y garantizada la ciudadanía en Myanmar por parte del Gobierno. Por otro lado, los rohingyas, que son una mezcla de diferentes etnias como la árabe, la mogol y la bengalí. A este segundo grupo no se le tiene reconocida la nacionalidad o ciudadanía en el Estado, ya que, a pesar de que sus integrantes llevan generaciones en el país, todavía son considerados inmigrantes ilegales de Bangladesh.

Fue entre 1974, año en que se publicó la Ley de Emergencia sobre Inmigración, y 1982, cuando se aprobó la Ley sobre Ciudadanía, durante el período dictatorial del general Ne Win, que los rohingyas fueron declarados por ley inmigrantes ilegales sin derecho a la ciudadanía en Myanmar. Esta ley, junto a la negativa por parte del Gobierno a una separación en identidades, es una de las razones por las cuales comenzó el conflicto entre las autoridades y los rohingyas. Al conflicto cabe añadirle la participación de los militares, que tienden a instigar la confrontación en la región entre distintos grupos  étnicos.

Por el hecho de ser apátridas, que es en sí una violación de los Derechos Humanos, carecen del reconocimiento de otros derechos básicos como el de acceso al trabajo, la educación o la sanidad, además del de libertad de movimiento dentro del propio país. El conflicto con esta comunidad minoritaria va más allá de la religión, pues también afecta a los aspectos político-económicos del grupo. Están siendo discriminados culturalmente, explotados económicamente y políticamente marginados.

Argumentos

Región de Rakhine, en la costa de Myanmar, contigua a Bangladesh

Región de Rakhine, en la costa de Myanmar, contigua a Bangladesh

Para entender los argumentos del gobierno de Myanmar para negarles la ciudadanía hay que comprender la historia de la comunidad. En sí, su origen es confuso, lo cual hace que su situación sea más compleja y controvertida. Ellos mismos dicen ser indígenas originarios de la región donde habitan ahora, Rakhine. La historia no lo contradice, pero tampoco lo confirma; de lo que sí hay evidencia histórica es de que llevan generaciones viviendo allí. Por un lado, una versión de su origen, recogida por la historiadora Jasmine Chia, fecha los primeros asentamientos musulmanes en Arakan (antiguo nombre de Rakhine) durante el siglo VII; esos pobladores continuaron viviendo en la región hasta el siglo IX, pero no es hasta el siglo XV cuando se asientan definitivamente y forman una comunidad. Versiones de historiadores locales contradicen la versión anterior y fechan los primeros asentamientos rohingyas en el siglo XIX cuando el lugar estaba bajo la colonización del Imperio Británico, junto a India y Bangladesh, por lo cual sostienen que en realidad estaban asentados en Chittagong y con el tránsito de personas y los éxodos internos migraron a Rakhine. Por último, el historiador francés Jacques P. Leider afirma que la primera vez que se utilizó el término “rohingya” fue por un médico británico en el siglo XVIII, así que, a pesar de que en esa época no estuvieran todavía asentados en la zona, la etnia ya existía.

Se considera la Segunda Guerra Mundial como el origen de la problemática actual. Japón quiso invadir Birmania, por lo que el Imperio Británico decidió armar a los rohingyas para que lucharan contra los nipones. Pero el grupo empleó las armas otorgadas por las autoridades, así como las técnicas aprendidas, para defender al país en su contra. Quemaron tierras y templos de otras étnicas, principalmente budistas. En 1944 hicieron retroceder a los japoneses, por lo cual los británicos, que seguían teniendo el control de la zona, los elogiaron [2].

En 1948 Birmania consiguió la independencia del Imperio Británico, lo que dio la oportunidad a varias minorías que representan el 40% del actual Myanmar de armarse y rebelarse contra el nuevo sistema político. Aun hoy en día partes del país siguen controladas por estos grupos. Antes de la independencia los musulmanes del país crearon la Muslim Liberation Organization (MLO), que tras 1948 pasó a denominarse Partido Mujahid. Este grupo está dentro de la lista de grupos terroristas redactada por el Terrorism Research and Analysis Consortium (TRAC). El Gobierno permitió la eliminación de la lista de terroristas del país de aquellos grupos que hubieran firmado el alto el fuego con el Estado. Esto implica que desde el Gobierno se permite su libre desarrollo y la inversión en estas zonas necesitadas tras años de aislamiento. Es decir, estos grupos ahora pueden moverse libremente por el país y participar en política. Este no es el caso de los rohingyas, que siguen siendo considerados un grupo de extranjeros y un vehículo para la expansión del jihad, de acuerdo con el punto de vista del Gobierno de Myanmar y los budistas. En el último período, el Estado Islámico ha estado expandiendo internacionalmente la narrativa de la religión islámica, por este motivo los monjes budistas (Ashin Wirathu) han calificado al Islam como una religión que amenaza directamente al Estado de Myanmar y advierten que es a través de la minoría musulmana cómo esas ideas violentas pueden impregnar el país más fácilmente debido al contacto de elementos de esa minoría con los grupos terroristas internacionales.

El Gobierno birmano justifica sus actuaciones contra los rohingyas alegando que el conflicto entre las dos religiones desde el período de colonización británica puede dar lugar a conflictos posteriores. De otro lado, existe miedo por parte del Gobierno, los budistas y las otras minorías hacia los roghingyas por sus organizaciones como la Arakan Rohingha National Organization o la Rohingya Solidarity Organization, las cuales tienen una conexión casi directa con líderes y/o miembros de grupos terroristas como Al-Qaeda o los talibanes.

Los budistas ven con preocupación el rápido crecimiento demográfico de los musulmanes, que llevará posiblemente en un futuro no muy lejano a que los musulmanes estén en condiciones de superar en número a la comunidad budista, dejando así de ser una minoría. Ligado a este miedo, está el hecho de que el país se encuentra rodeado por naciones de religión musulmana, y según los budistas, si se diera una invasión inesperada de Myanmar por parte de algunos de estos países, los rohingyas lucharían a favor de los invasores, ya que no se sienten parte del país [3].

Resentimiento

Aunque puede entenderse ese temor de los budistas y del Gobierno mismo, no son justificables las violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales han generado verdaderas crisis humanitarias. En realidad, detrás de la actitud contraria a los rohingyas, más allá de los argumentos invocados oficialmente ante la comunidad internacional, parece esconderse un resentimiento histórico hacia esa minoría por la quema de templos y tierras en la época colonial y un temor a una confrontación abierta.

Claramente, la historia de un país marca su presente y su futuro, y aquellos sucesos de décadas atrás explican parte de lo que hoy ocurre en Myanmar. Si bien no se pueden olvidar agravios pasados, arrastrar el deseo de venganza de generación en generación es la mejor receta para el fracaso como sociedad o incluso la tragedia. Los maltratados niños rohingyas están creciendo odiando al país donde residen, lo que es contraproducente para los objetivos del Gobierno y retroalimenta el miedo de unos a la reacción de los otros.

 

[1] FARZANA, Kazi Fahmida. Memories of Burmese Rohingya Refugees: Contested Identity and Belonging. “Introduction” (p. 1-40)

[2] ROGERS, Benedict. Burma: A Nation at the Crossroads. Rider Books, 2015

[3] FARZANA, K. F. op. cit. “The Refugee Problem from an Official Account” (p. 59-86)

Acuífero Guaraní: mejor que otros, pero pervivencia no asegurada

El recelo geopolítico acerca de supuestos intereses exteriores no debiera distraer a los países beneficiarios de aplicar un aprovechamiento sostenible

El Acuífero Guaraní ha dado lugar a una literatura más política que científica en Sudamérica, en la que se denuncia el supuesto interés de grandes potencias (antes Estados Unidos, ahora China) de arrebatar el agua que naturalmente les pertenece a los países de la región. Son cruzadas que muchas veces distraen de un hecho más incontestable: el riesgo no viene tanto del exterior, como de las prácticas incontroladas y la falta de clara legislación en los propios países del acuífero. Este artículo repasa los resultados de algunos recientes estudios sobre las características y el estado del Acuífero Guaraní.

▲ Fuente: UC Irvine/NASA/JPL-Caltech

ARTÍCULOAlbert Vidal

Alrededor de un tercio de los grandes acuíferos subterráneos están en una situación crítica. La técnica actual no nos permite predecir con exactitud cuánta agua nos queda en el planeta, y precisamente por esa incertidumbre, una extracción acelerada del agua subterránea es un riesgo demasiado grande que no vale la pena correr. 

En el mapa superior se nos muestran los 37 mayores acuíferos del mundo, que han sido estudiados por una misión satelital de la NASA conocida como Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE). Esta misión ha intentado medir los niveles de agua en los acuíferos, para de esta forma comprobar el estrés hídrico al que están sometidos, así como su nivel de renovación. De estos, hay 21 cuya extracción no es sostenible, y están perdiendo agua muy rápidamente. Entre estos hay 13 cuya situación es especialmente crítica (rojo más oscuro), y amenaza a la seguridad hídrica regional. Hay otros 16 acuíferos que disfrutan de una recarga suficiente como para no perder agua o incluso ganar; estos están marcados en azul.

Esta investigación de la NASA, cuyos resultados analiza un estudio de Water Resources Research, divide el estrés hídrico de los acuíferos en 4 tipos distintos, de mayor a menor intensidad: estrés extremo, estrés variable, estrés variable dominado por el hombre y ausencia de estrés. Veamos ahora otro mapa, recogido en ese estudio, en el que se muestra la distribución espacial de la extracción de agua subterránea en el mundo:

 

Fuente: Water Resouces Research

 

El color de los puntos indica la intensidad de la extracción, medida con milímetros anuales. Así, esta estadística muestra la suma de extracciones para uso industrial, agrícola y doméstico. A primera vista, se aprecia que los países que sufren una extracción más acelerada son India, Pakistán, China, Egipto y Estados Unidos. En el caso del Acuífero Guaraní, los puntos de extracción se sitúan en territorio paraguayo y cerca de Sao Paulo, con una extracción de entre 0 y 5 milímetros anuales.

La investigación ha producido otros mapas que podrán sernos de ayuda para comprender más a fondo la problemática. En este caso, el siguiente mapa nos muestra un promedio de la recarga anual de los acuíferos en el mundo.

 

Fuente: Water Resouces Research

 

El color amarillo representa una recarga negativa, es decir, son sistemas que están perdiendo agua. El color azul, en cambio, marca aquellos acuíferos que tienen una recarga positiva (mayor recarga a mayor intensidad del azul). El acuífero Guaraní, en concreto, tiene una recarga de 225 milímetros anuales.

Por último, veremos dos mapas referido al estrés hídrico de los acuíferos.

 

Fuente: Water Resouces Research

 

Los países que aparecen aquí arriba (a) sufren un estrés hídrico extremo, esto es, la recarga natural es negativa, y además hay un intenso uso humano. Esto afecta especialmente al continente africano, a Estados Unidos, a Oriente Medio y al corazón de Asia.

Aquí se nos muestran (b) aquellos acuíferos con un nivel de estrés variable. Esto significa que tienen una recarga natural positiva, pero al mismo tiempo existe un uso humano que podría llegar a ser perjudicial. El Acuífero Guaraní se enmarca en este último grupo.

El Acuífero Guaraní

Haciendo referencia a una famosa frase de un discurso de Franklin D. Roosevelt –“un gran poder conlleva una gran responsabilidad”– podemos decir que los países que gozan del acceso al Sistema Acuífero Guaraní (SAG), deben asumir la responsabilidad que conlleva haber sido dotados de ese importante recurso natural. Saben que, muchas veces, dichas riquezas traen competición, malestar e incluso problemas tales como la inestabilidad interna y tensiones entre algunas grandes empresas y gobiernos.

El SAG es un acuífero transfronterizo que se extiende por debajo de la superficie a través de 1,2 millones de km2, entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Según las investigaciones más recientes, esta es la tercera mayor reserva de agua subterránea del mundo según extensión superficial, y contiene alrededor de 45.000 km3. La poca capacidad de recarga es el problema más común en los acuíferos de nuestro planeta, ya que esta no suele ser suficiente para cubrir la cantidad extraída, poniendo así en riesgo su aprovechamiento sostenible. Este sistema es especialmente importante por su grandísima capacidad de renovación (entre 160 y 250 km3 al año), que tiene lugar gracias a las abundantes lluvias que lo alimentan.

Desafíos que plantea

Empecemos, pues, con una breve contextualización histórica. Ha habido diversos momentos que nos ayudarán a comprender el estado actual de los intereses y retos alrededor del SAG. En 1969 se firmó el Tratado de la Cuenca de La Plata, para realizar una serie de estudios sobre la cuenca hidrológica del Plata (que engloba al Acuífero Guaraní). Tres décadas después, en 2001 se ratificó el Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente del  Mercosur, en el que se destacó la importancia del medio ambiente y se propuso la creación de un marco jurídico para conservarlo. Entre 2003 y 2009 se desarrolló el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (PSAG) gracias al impulso de los cuatro países de la cuenca del Río de la Plata, para preparar un marco de gestión del SAG con criterios de sostenibilidad ambiental (y para anticipar problemas futuros). Finalmente, en 2010, se firmó el Tratado de San Juan; un tratado de cooperación mucho más amplio, pero que no fue ratificado por todos los estados parte. También conocido como Acuerdo del Acuífero Guaraní, fue influido por muchos organismos supranacionales y compañías transnacionales. Entonces, cabe la pregunta, ¿dónde están los problemas?

 

Fuente: Elaboración propia a partir de varios estudios

 

Pues bien, en primer lugar, Argentina y Uruguay ratificaron el Acuerdo del Acuífero Guaraní en 2012, en el que se preveían una serie de restricciones a la extracción del agua, para gestionar los recursos del acuífero de una manera más sostenible. Lo que ocurrió es que ni Brasil ni Paraguay lo ratificaron en ese entonces y, sus firmas son necesarias para que el acuerdo entre en vigencia. Sorprendentemente, Paraguay dio un paso adelante en 2018 y ratificó el acuerdo, dando signos de querer una mayor cooperación. Brasil depende muchísimo del agua extraída del SAG (especialmente sus provincias sureñas), por lo que quiere renegociar el Acuerdo del Acuífero Guaraní, para obtener condiciones más favorables.

Claro que Brasil no es el único que tiene problemas con la situación actual. Paraguay, por ejemplo, no ratificó el acuerdo hasta 2018, alegando una violación de la soberanía nacional (algo totalmente comprensible, si tomamos en cuenta que Paraguay posee el área de recarga del acuífero con mayor extensión). Como ejemplo de todo esto, Miguel Giraut, del Ministerio de Minas y Energía de Argentina, comentó en 2016 que la coordinación era inexistente.

Además de estas tensiones regionales, existen otro tipo de problemas relacionados con las interferencias de potencias exteriores, organizaciones internacionales y corporaciones transnacionales. De nuevo, una reserva como el SAG es especialmente atractiva para empresas y algunos países que necesitan asegurarse el suministro de recursos hídricos. De todos modos, estos peligros son relativamente inocuos si los comparamos con otros que podrían ocasionar la contaminación del acuífero o un cambio irreversible en el ecosistema.

Si afrontamos esta cuestión con cierto realismo, es poco probable que se produzca una contaminación intencionada del acuífero (por ataque químico, por ejemplo), ya que es algo que no beneficiaría a nadie. Ciertamente, existe el peligro de la contaminación accidental por el vertido de sustancias tóxicas de la agricultura. En Brasil, concretamente, hay mucha agroindustria que se está desarrollando sobre el acuífero (especialmente para el cultivo de soja). Ocurre que, por aquellas mismas grietas por las que pasa el agua que recarga el acuífero, también pueden entrar pesticidas, residuos y agrotóxicos. Además, la reciente introducción de técnicas de fractura hidráulica (conocidas como fracking) supone otra vía de potencial contaminación.

Otro posible riesgo proviene de una extracción acelerada por parte de las empresas transnacionales o los propios gobiernos, que superase el nivel de recarga y produjera cambios irreversibles en el ecosistema. La deforestación trae otro factor de riesgo: la capacidad de infiltración del agua es menor cuando los árboles son talados, y el suelo queda expuesto a la erosión y a contaminantes al perder nutrientes (especialmente en zonas de recarga). A ello se suma la presión demográfica y el crecimiento económico, que añaden aún más variables al incierto futuro.

Futuro incierto, pero esperanzador

En síntesis, aunque estos desafíos pueden evolucionar negativamente, existen muchas razones que nos dan esperanza. Al fin y al cabo, el agua del acuífero es muy preciada por sus fines medicinales, su utilidad para la industria del café y su uso en la producción de energía geotérmica. Por eso que los poseedores de este preciado  recurso son los primeros interesados en conservarlo y gestionarlo de manera sostenible, y son totalmente conscientes que para ello, la cooperación es crucial.

Es más, el SAG podría incrementar la importancia geopolítica y geoeconómica de la región, que hasta ahora ha sido considerada como región periférica en el escenario internacional. Es obvio que el agua no deja de ganar importancia como recurso natural, dada su escasez y demanda creciente. Aunque no es probable que la región adquiera un protagonismo de magnitud, por su localización geográfica y dificultades de integración, sí que podría dar pie a que los cuatro países del Cono Sur tomaran posiciones de liderazgo en ámbitos relacionados con la extracción sostenible y la distribución justa del agua en un futuro. Para cazar esta oportunidad, es necesario adoptar actitudes ejemplares desde ya mismo. Si esto ocurre, no solamente van a ser considerados países ejemplares, sino que seguramente atraigan inversión en nuevos métodos de extracción más eficientes. Todo ello, además, potenciará el desarrollo socioeconómico de la población que vive encima del acuífero, que si se consigue mantener va a marcar el futuro de América del Sur.

La controvertida estación espacial de China en la Patagonia

El riesgo de uso militar de la instalación, alimentado por cláusulas de confidencialidad, avivan el debate en Argentina y la suspicacia en Washington

La llegada de China al lado oculto de la Luna ha puesto de relieve los avances espaciales chinos. Para esa nueva carrera, Pekín cuenta con una estación de seguimiento y observación en la Patagonia, la primera fue de su propio territorio. En Argentina ha habido un amplio debate sobre posibles fines no reconocidos de esas instalaciones y presuntas cláusulas secretas negociadas en su día por la Administración Kirchner. El Gobierno de Mauricio Macri garantiza los usos pacíficos de la estación, pero la polémica no ha cesado.

Estación espacial china en la provincia argentina de Neuquén

▲ Estación espacial china en la provincia argentina de Neuquén [Casa Rosada]

ARTÍCULONaomi Moreno Cosgrove

Tras años de paulatina penetración económica, que le ha llevado a convertirse en el primer socio comercial de varios países de Sudamérica y un importante prestamista e inversor en toda la región, la incursión de China en Latinoamérica ya no es silenciosa. La influencia alcanzada en diversas naciones –por ejemplo, adquiere casi el 90% del petróleo exportado por Ecuador y sus créditos han sido básicos para la subsistencia de Venezuela o de ciertas empresas públicas brasileñas– hace que las actividades de China atraigan una especial atención y que su expansión sea cada vez más nítida.

El creciente poder chino en Latinoamérica es especialmente observado por Estados Unidos, aunque su propia desatención a la región, presentada en ocasiones como una consecuencia de su giro hacia Asia, ha contribuido a que los gobiernos nacionales intenten cubrir sus necesidades buscando otros socios de referencia.

Ya suspicaz ante ese crecimiento de la presencia china en el continente americano, cualquier actividad en campos estratégicos, como el de la seguridad, despierta un especial recelo en Washington. Así ha ocurrido con movimientos realizados también por Moscú, como el emplazamiento de una estación para el Sistema Global de Navegación por Satélite ruso (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema o GLONASS) en Managua (Nicaragua). El secretismo en torno al funcionamiento de las instalaciones ha causado desconfianza entre la misma población, levantando sospechas sobre si de verdad su uso está dirigido únicamente a ofrecer una calidad más alta del sistema de navegación ruso o si existe la posibilidad de un aprovechamiento estratégico por parte de las fuerzas de defensa aeroespaciales rusas.

Negociación

Las sospechas sobre la llamada Estación del Espacio Lejano, la estación de la Administración Espacial Nacional China (CNSA) en la Patagonia, en la provincia de Neuquén, parten de entrada del hecho de que fue negociada en un momento de especial desventaja para Argentina, por la debilidad financiera del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y su necesidad de créditos urgentes. Cuando Argentina quedó fuera de los mercados crediticios a nivel internacional por haber incumplido el pago de cerca de 100.000 millones de dólares en bonos, el país asiático supuso una bendición para la entonces presidenta.

En el año 2009, en medio de la crisis financiera, China envió representantes al país latinoamericano para discutir un asunto que poco tenía que ver con las fluctuaciones monetarias: los intereses espaciales de Pekín. Esto obedecía al deseo chino de contar con un centro en el otro hemisferio del globo que pudiera servir de apoyo para su actividad espacial, como la expedición al lado más lejano de la Luna.

Después de meses de negociación bajo gran discreción, el Gobierno chino y el de la provincia de Neuquén firmaron un acuerdo en noviembre de 2012, por el que China obtenía el derecho a utilizar el terreno —sin pago de renta— durante cincuenta años. El acuerdo técnico fue firmado por la empresa estatal china Lanzamiento de Seguridad y Control de Satélites (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) argentina.

Enorme en tamaño la mayor de dos antenas circulares –mide doce pisos de altura, 450 toneladas de peso y cuenta con un extenso diámetro– y visible a mucha distancia por estar en medio de una planicie desértica, la estación se convirtió pronto en un blanco idóneo para la polémica y las suspicacias. El temor a que, además del uso civil declarado, tuviera también un uso militar y fuera utilizada para recabar información interceptando las comunicaciones en esa parte de Sudamérica, alimentó la controversia.

Después de llegar a la presidencia argentina en 2015, Mauricio Macri encomendó a la entonces canciller Susana Malcorra y al embajador argentino en Pekín, Diego Guelar, la tarea de negociar que al acuerdo se agregara la especificación de que la estación solo se usaría para fines pacíficos, algo que los chinos aceptaron.

A pesar de todo, el debate sobre los riesgos y beneficios de la base china sigue vivo en la opinión pública argentina. Políticos de la oposición en Neuquén consideran que “es vergonzoso renunciar a la soberanía en tu propio país”, como dijo la diputada Betty Kreitman cuando los legisladores provinciales se enteraron del proyecto.

Más allá de las fronteras argentinas, funcionarios de la Casa Blanca han tildado el proyecto de “Caballo de Troya”, reflejando la preocupación estadounidense por esta iniciativa, según fuentes citadas por The New York Times. Incluso al margen cualquier disputa estratégica con Estados Unidos, algunos líderes latinoamericanos tienen dudas y remordimientos sobre los lazos establecidos con China, pues les preocupa que gobiernos anteriores hayan sometido a sus países a una excesiva dependencia de la potencia asiática.

Confidencialidad

El principal cuestionamiento de la base china, pues, tiene que ver con su eventual uso militar y con la posible existencia de cláusulas secretas. Estas últimas han sido la causa principal de sospecha internacional, pues es el propio Macri llegó a dar validez a la existencia de esas cláusulas, cuando este se convirtió en arma arrojadiza contra el Gobierno Kirchner, y prometió revelarlas al llegar a la presidencia, algo que no ha hecho. No obstante, las propias autoridades espaciales argentinas desmienten cualquier apartado secreto.

Tal vez el equívoco pueda encontrarse en que el contrato firmado entre la CLTC china y la CONAE argentina establece que “ambas partes mantendrán la confidencialidad respecto de la tecnología, actividades y programas de seguimiento, control y adquisición de datos”. Aunque la confidencialidad respecto a terceros en relación a tecnología es una práctica habitual, en este caso contribuye a la desconfianza pública.

Dado que la CLTC depende del Ejército Popular chino, es difícil negar que los datos que obtenga pasen a dominio de la jerarquía de Defensa y que acaben teniendo un uso militar, aunque no necesariamente ordenado a una acción bélica. Los expertos aseguran, además, que las antenas y otros equipos que se utilizan de respaldo en misiones espaciales, similares a las que tienen los chinos en la Patagonia, posiblemente aumenten la capacidad de China para recabar información. “Una antena gigante es como una enorme aspiradora. Succiona señales, información, todo tipo de cosas”, comentó Dean Cheng, experto de la política de seguridad nacional de China, en el citada información del NYT.