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El proceso de paz de Colombia aguanta

El cambio de Gobierno y su visión más estricta han ralentizado la implementación del acuerdo, pero este avanza en su aplicación

La implementación del acuerdo de paz en Colombia se está llevando a cabo con más lentitud de la que preveían quienes lo firmaron hace dos años, pero no ha habido la parálisis o incluso la crisis que vaticinaban quienes se opusieron a la elección de Iván Duque como presidente del país. La última estimación habla de un cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de paz cercano al 70%, si bien ya se está produciendo un incumplimiento en el 30% restante.

El presidente colombiano, Iván Duque, en una acto público [Efraín Herrera-Presidencia]

▲ El presidente colombiano, Iván Duque, en una acto público [Efraín Herrera-Presidencia]

ARTÍCULOMaría Gabriela Fajardo

Iván Duque llegó a la Casa de Nariño –la sede de la presidencia colombiana– con el lema “Paz con Legalidad”, título que sintetizaba su compromiso de aplicar el acuerdo de paz, firmado en noviembre de 2017, pero reduciendo los márgenes de impunidad que a su juicio y el de su partido, el Centro Democrático, existían para los antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cuando se cumple un año de su elección como presidente, cabe realizar un análisis de cómo está siendo la implementación del acuerdo de paz.

Cerca del 70% de las disposiciones del acuerdo se han cumplido ya, total o parcialmente, o lo harán en el tiempo fijado, de acuerdo con la estimación del Instituto Kroc, encargado de hacer la estimación oficial de la implementación del proceso de paz. Según su tercer informe, publicado en abril, el 23% de los compromisos se han cumplido completamente, el 35% han alcanzado niveles avanzados de implementación y se espera que el 12% se cumplan del todo en el momento estipulado. Con todo, existe casi un 31% del contenido del acuerdo que no se ha comenzado a ejecutar, cuando debía estar ya en marcha.

Las Naciones Unidas, a las que el acuerdo concede un papel supervisor, han subrayado los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno para activar las distintas instancias previstas en el texto. En su informe al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó a finales de 2018 la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

Como ha indicado Raúl Rosende, jefe de gabinete de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el informe de Guterres estimó positivamente que se hubiera “obtenido la aprobación de 20 proyectos colectivos y 29 proyectos individuales de excombatientes en proceso de reincorporación, valorados en 3,7 millones de dólares y que beneficiarán en total a 1.340 excombatientes, incluidas 366 mujeres”. Esos proyectos han contado con la participación de las gobernaciones de Antioquia, Chocó, Cauca, Meta, Santander, Sucre y Valle del Cauca, las cuales han facilitado mesas departamentales de reincorporación para coordinar esfuerzos locales y regionales, involucrando así en mayor medida a la sociedad civil colombiana.

La ONU también ha expresado algunas preocupaciones, compartidas por la sociedad civil colombiana. La principal tiene que ver con la seguridad en algunas de las zonas históricas del conflicto en las que un elevado número de líderes sociales han sido asesinados. Los asesinatos se han concentrado en Antioquia, Cauca, Caquetá, Nariño y Norte de Santander. De esta forma, a lo largo 2018 fueron asesinados al menos 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La Defensoría del Pueblo situó la cifra en 164.

Además, como ha recordado Rosende, en muchas de las comunidades indígenas han tenido lugar asesinatos, amenazas y desplazamiento forzoso. Esto se ha dado en territorios étnicos de los pueblos awá, embera chamí y nasa en Caldas, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Junto a los éxitos y las preocupaciones, la ONU también apunta una serie de retos que tiene por delante el posconflicto. Por un lado, está el de garantizar a los excombatientes una necesaria seguridad jurídica, generando confianza y produciendo reales avances en cuestión de reinserción social y política. Otro gran desafío es lograr el funcionamiento autónomo y efectivo de mecanismos clave como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición o Comisión de la Verdad. Además, está también el reto social de atender a las comunidades afectadas por el conflicto, las cuales reclaman seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables contra las economías ilegales.

Aspectos controvertidos

Los asuntos relacionados con la JEP han centrado las mayores controversias de la actuación de Duque. En marzo, el mandatario presentó objeciones formales a la ley que regula la JEP, de la que desea modificar seis puntos de sus 159 artículos. Dos de ellos se refieren a la extradición de excombatientes, algo que ahora no se contempla si colaboran con el sistema de justicia transicional, especialmente en el caso de delitos cometidos tras la firma del acuerdo. Duque también plantea una reforma constitucional que excluya de la JEP los crímenes sexuales contra menores, determine la pérdida de todos los beneficios si hay reincidencia en un delito y transfiera a la justicia ordinaria los casos de conductas ilegales comenzadas antes del acuerdo y que continuaron después. Las objeciones fueron rechazadas en el mes de abril por la Cámara de Representantes y también por el Senado, aunque la validez del resultado en este último quedó en cuestión, alargando así el debate.

Una nueva polémica puede suscitarse cuando en el mes de agosto deba darse fin a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En ellos o en sus alrededores todavía se encuentran alrededor de 5.000 excombatientes. El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, ha manifestado que para ese momento, con la ayuda de la FARC (el partido político que sucedió a la guerrilla) y el Gobierno, los excombatientes deben contar con trabajo, tener claro cuál va a ser su residencia y estar preparados para la reincorporación a la vida civil.

Dentro del proceso de reincorporación, es preocupante la falta de cumplimiento por parte de los cabecillas de las FARC de su compromiso, estipulado en el acuerdo de paz, de permanecer hasta el final en los ETCR con el fin de contribuir con su liderazgo a la buena marcha del proceso. Sin embargo, en los últimos meses, diversos jefes han abandonado esos territorios, entre ellos “el Paisa”, quien además no se ha presentado ante la JEP, por lo que esta ha reclamado su captura.

Tampoco el antiguo cabecilla Iván Márquez está colaborando con el sistema de justicia transicional, retrasando sucesivas veces su comparecencia ante la JEP alegando cuestiones de seguridad. Márquez ha mencionado el asesinato de 85 exguerrilleros desde la firma del acuerdo de paz, y ha acusado al Gobierno de serios incumplimientos.

Está además el caso de Jesús Santrich, quien como Márquez había adquirido un asiento en el Congreso gracias a la implementación del proceso de paz. Santrich se encuentra detenido desde abril de 2018 con base a una circular roja de la Interpol a petición de los Estados Unidos, que le acusa del envío de 10 toneladas de cocaína realizado después de la firma del acuerdo de paz.

Un tema bastante abordado desde el momento de las negociaciones tiene que ver con la erradicación forzada y aspersión de cultivos. El programa de sustitución de cultivos ilícitos empezó a dar resultados en 2018, dando lugar a que miles de familias campesinas acordaran con el Gobierno Nacional sustituir sus cultivos de coca por otros cultivos lícitos. Aunque en algunos departamentos como el Guaviare se dio de manera voluntaria la erradicación de cultivos, eso no fue suficiente para compensar el aumento de siembras en 2016 y 2017. En 2018, cerca de 100.000 familias —responsables de un poco más de 51.000 hectáreas de coca— firmaron acuerdos de sustitución y se espera que este número continúe aumentando a lo largo del 2019. Según el gobierno de Colombia, citando cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos, se han sembrado más de 209.000 hectáreas de hoja de coca, una muy cifra superior a la de la época de Pablo Escobar, según cifras presentadas por el presidente Iván Duque el mes pasado ante la Corte Costitucional.

Los beneficios de la paz son indiscutibles y queda mucho por hacer para consolidarla. Es una labor que no puede dejarse solamente en manos del Gobierno, sino que requiere del apoyo de los excombatientes, de sus antiguos cabecillas y de la sociedad civil. El gran reto es acelerar la implementación del acuerdo y disminuir la polarización política, todo en busca de lograr la reconciliación nacional.

Rusia aumenta su atención estratégica en el Gran Caribe por la crisis venezolana

Moscú estrecha su relación con Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el ‘near abroad’ de Estados Unidos

  • Exhibición militar de Putin en Caracas: envío de bombarderos (diciembre de 2018), de fuerzas especiales (enero de 2019) y de un centenar de militares (marzo 2019)

  • El jefe del Comando Sur estadounidense denuncia propósitos “no benignos” de la Escuela de Policías abierta por Rusia en Managua para la formación agentes centroamericanos

  • El acuerdo para instalar en Cuba una estación de Glonass reaviva las sospechas de que los rusos pueden volver a usar la isla para el espionaje sobre EEUU como en la Guerra Fría

Recibimiento del ministro de Defensa venezolano a dos bombarderos rusos en el aeropuerto de Maiquetía, en diciembre de 2018 [Emisión de RT]

▲ Recibimiento del ministro de Defensa venezolano a dos bombarderos rusos en el aeropuerto de Maiquetía, en diciembre de 2018 [Emisión de RT]

Informe SRA 2019 Irene Isabel Maspons [Versión en PDF]

En los últimos años Latinoamérica se ha convertido en un escenario cada vez más estratégico para la Rusia de Vladimir Putin. Aunque no es la principal área de atención del Kremlin, sus calculados movimientos en la zona le permiten ganar influencia en el flanco sur de Estados Unidos. Desde 2006 Rusia ha aumentado sus intereses en la región, tomando como incentivo la menor atención de EEUU hacia el resto del continente por el cambio de prioridades que en 2001 supuso el 11-S y aprovechando la aparición desde entonces de gobiernos populistas de izquierda, en un ciclo político inaugurado con la llegada Hugo Chávez al poder.

La relación de Rusia ha sido especial con los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) –Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia–, singularmente con los tres primeros, pues eso le permite confrontar geopolíticamente a Estados Unidos en el Caribe, como en su día hizo la URSS. Siendo uno de los principales países productores de armamento, Rusia ha vendido también armas a otros países latinoamericanos, pero además de un trato comercial, en el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba se ha establecido una relación estratégica.

La vinculación se ha estrechado en el último año con esas tres naciones: la última gran crisis abierta en Venezuela ha hecho a este país aún más dependiente de Moscú; el cambio presidencial y constitucional operado en Cuba ha llevado a La Habana a asegurarse el patrocinio ruso en este tiempo de complicada transición, mientras que la actividad de Rusia en Nicaragua ha suscitado la alerta pública del Pentágono.

El hecho que desde otoño pasado Estados Unidos se refiera a Venezuela, Cuba y Nicaragua como “eje del mal” en el Hemisferio Occidental obedece precisamente a la percepción en Washington de una mayor actuación de Rusia en la región. Si el último decenio marcó el “regreso” de Rusia al Caribe, en 2018 se registró el “regreso” de Estados Unidos a una política de prioritaria atención a lo que ocurre en esa zona geográfica, precisamente por la mayor actividad de Rusia, y también de China. Moscú está demostrando a EEUU (y a sus aliados) que puede ser recíproco ante la presión que está recibiendo en su propio near abroad, como destaca un reciente informe del Instituto Elcano, y Washington ha comenzado a contestar esos movimientos.

Por otra parte, 2018 fue un año electoral en un buen número de países. La Casa Blanca alertó de la posibilidad de que Moscú quisiera interferir especialmente en México, para propiciar la elección de Andrés Manuel López Obrador, por considerarle incómodo para EEUU. Aunque en volúmenes poco considerables, México es el segundo socio comercial de Rusia en Latinoamérica, tras Brasil, y el segundo comprador de armas rusas, a mucha distancia de Venezuela (el tercer país es Perú). No obstante, no hubo pruebas de que en esas u otras elecciones latinoamericanas se produjera especial actividad rusa. Sí que hay evidencias, no obstante, de que las capacidades rusas para la diseminación de fake news en la globosfera hispanohablante han contado con la ayuda de redes venezolanas.

Venezuela

La influencia de Rusia en Venezuela en el último año ha sido visible en diversos aspectos. Por seguir un orden temporal, cabe mencionar la puesta en marcha de la criptomoneda Petro, presentada en febrero de 2018 como una forma de efectivo digital supuestamente vinculado al valor de las reservas petroleras de Venezuela. Una investigación realizada por la revista Time reveló que empresarios rusos habían actuado de asesores del Gobierno de Nicolás Maduro para el lanzamiento del Petro, si bien el Ministerio de Finanzas ruso negó que las autoridades de Moscú estuvieran involucradas en la iniciativa. Con la creación de esta moneda virtual, Maduro esperaba tener un mecanismo para evadir las sanciones decretadas por Estados Unidos contra los bonos venezolanos y PDVSA. De existir un interés ruso, este podría haber sido aprovechar el Petro para evadir alguna de las sanciones impuestas a Rusia por parte de EEUU y de la Unión Europea, aunque el Petro demostró pronto su poca utilidad como vehículo financiero.

Con el agravamiento de la situación en Venezuela –desde las elecciones presidenciales avanzadas al mes de mayo de 2018, cuyo resultado no fue reconocido por un gran número de países, a las consecuencias de la juramentación de Juan Guairó en enero de 2019 como presidente legítimo del país–, elementos militares rusos han protagonizado una exhibición de apoyo a Maduro. En diciembre dos bombarderos estratégicos Tupolev-160 aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, como parte de unas supuestas maniobras conjuntas entre ambos países. Al mes siguiente, Reuters reportó la presencia en Venezuela de contratistas militares privados llegados de Rusia, pertenecientes a la compañía privada Wagner, la cual ha prestado diversos servicios al Kremlin. En marzo de 2019 dos aviones de carga del Ministerio de Defensa ruso descargaron en Maiquetía un centenar de militares, con el general Vasily Tonkoshkurov, jefe de personal del Ejército, al frente y 35 toneladas de diverso material militar no especificado, que supuestamente pudo estar destinado a la implementación de la protección antiaérea del área de Caracas.

En 2018 Rusia prosiguió, con su política de créditos, la toma de posiciones en los sectores petrolero y minero venezolanos. Si bien los 17.000 millones de dólares que Rusia ha dado en crédito a Venezuela desde 2006 –la mayoría para la compra de armamento ruso– quedan muy por detrás de los 67,2 millones de dólares otorgados por China desde 2007 a cambio de petróleo a futuro, lo cierto es que el Kremlin se ha convertido en el último par de años en un sostén mayor del régimen de Maduro: en 2016 China bajó a 2.200 millones de dólares sus préstamos a Venezuela y no otorgó ninguno en 2017; solo a finales de 2018 volvió a volúmenes previos, con un crédito de 5.000 millones de dólares. En cambio Rusia ha estado auxiliando muy activamente el sector energético venezolano a través de Rosneft, que en 2016 se hizo como garantía de un préstamo con el 49% de las acciones de Citgo, la filial de PDVSA y uno de los grandes activos de la estatal venezolana. En 2017 Rusia aceptó refinanciar 3.150 millones de dólares de la deuda contraída por Venezuela, atrasando casi todos los pagos hasta 2023.

El último compromiso tuvo lugar en la reunión que Putin y Maduro mantuvieron en diciembre en Novo Ogaryovo, la residencia presidencial rusa a las afueras de Moscú. A su término, Maduro anunció que en el encuentro se había “garantizando” una inversión petrolera por superior a los 5.000 millones de dólares y contratos por más de 1.000 millones de dólares para la explotación de oro”, ampliando así también a ese metal precioso la cartera de intereses rusos en el país caribeño.

Por otra parte, en marzo de 2019 Maduro ordenó el traslado de la oficina de PDVSA para Europa desde Lisboa a Moscú, con el objetivo de evitar su confiscación ante el reconocimiento progresivamente obtenido por Juan Guaidó como presidente en los países europeos.

Nicaragua

Parte de la alerta de Estados Unidos expresada en el último año acerca de la creciente actividad de Rusia en la región corrió a cargo del Pentágono. En su comparecencia ante el Congreso de febrero de 2018, el entonces jefe del Comando Sur, el almirante Kurt W. Tidd, ya trasladó la preocupación estadounidense por la mayor presencia de Rusia y China en zonas de las Américas de interés estratégico para Washington. Esa denuncia adquirió una mayor concreción en la siguiente comparecencia anual en el Capitolio de su sucesor, el almirante Craig S. Faller, quien en su intervención de febrero de 2019 indicó que Rusia está usando la región “para diseminar información, recoger inteligencia sobre Estados Unidos y proyectar poder”. En una entrevista concedida entonces a la Voz de América, Faller se refirió, entre otros aspectos concretos, a varias iniciativas de Rusia en Nicaragua.

El jefe del Comando Sur puso especial énfasis en el Centro de Capacitación Profesional de la Policía que Rusia ha construido y dirige en Nicaragua, inaugurado en octubre de 2017 y destinado a la formación de policías centroamericanos en la lucha contra la droga y el crimen organizado. “No se qué otros propósitos podría tener ese centro, pero estoy seguro que no todos son ingenuos y benignos”, dijo Faller.

Ya en 2017 fue reportado que alrededor de doscientos militares rusos rotan su presencia en Nicaragua, acuartelados la mayor parte de ellos en las instalaciones militares de Puerto Sandino, en la costa pacífica, que a efectos prácticos funciona como una base rusa.

Las advertencias de Faller sobre recolección de inteligencia en la región por parte de Rusia tienen que ver en alguna medida con una estación satelital instalada por Rusia en Managua, a poca distancia de la Embajada de Estados Unidos. Desde 2013, Rusia ha emplazado en Latinoamérica cuatro estaciones de su sistema de posicionamiento Glonass: cuatro estaciones se encuentran en Brasil y en 2017 se instaló una Nicaragua. A diferencia de las estaciones en Brasil, las cuales son manejadas con transparencia y fácil acceso, la construida en Managua está rodeada de secretismo y esto ha generado dudas sobre su verdadero uso, pudiendo tratarse de una instalación destinada a escuchas.

En mayo de 2018, la corporación científica industrial Sistemas de Fabricación de Equipos de Alta Precisión (SPP, por sus siglas en ruso) comunicó haber firmado un contrato para emplazar en Cuba una estación de mediciones para el sistema de navegación Glonass.

 

Presencia de Rusia en el Caribe

 

Cuba

Ese último anuncio dio pie a nuevos rumores sobre la posibilidad de que Rusia reactivara en Cuba la base Lourdes, que durante la Guerra Fría contó con grandes medios como centro de inteligencia de señales para el espionaje de EEUU. Moscú ha negado hasta el momento que existan proyectos en ese sentido. En cambio, sí ha expresado el deseo de contar con una base militar en Cuba, Venezuela o Nicaragua, como en alguna ocasión ha sugerido el propio Ministerio de Defensa ruso, sin que después esos planes se hayan concretado oficialmente.

En 2018 las relaciones entre La Habana y Moscú se estrecharon institucionalmente, con la primera visita de un presidente cubano a Rusia en casi una década. La sustitución de Raúl Castro por Miguel Díaz-Canel llevó a ambos países a escenificar su mutuo compromiso frente las expectativas occidentales sobre cambios políticos en la isla. Unos meses antes de esa visita, ambos países firmaron diversos acuerdos para la colaboración en áreas como la industria del acero, el deporte y los servicios aduaneros, al tiempo que apostaron por fortalecer la colaboración bilateral, el comercio y las inversiones del país euroasiático en la isla.

A raíz de la grave crisis venezolana, en mayo de 2017 Rusia retomó la entrega de importantes cantidades de petróleo a Cuba, como había hecho décadas atrás, con el fin ahora de compensar la reducción de crudo enviado por Venezuela. En un primer acuerdo, Rosneft se comprometió a suministrar 250.000 toneladas de petróleo y productos refinados, aunque no consta por cuánto tiempo y posiblemente se trató de un auxilio temporal o intermitente.

EEUU sigue el regreso de yihadistas de ISIS al ‘semillero’ de Trinidad y Tobago

El país caribeño, de solo 2 millones de habitantes y apenas 100.000 musulmanes, fue el que proporcionalmente más luchadores envió a Siria: un total de 130

  • Las autoridades de Trinidad y Tobago arrestaron el 8 de febrero de 2018 a cuatro presuntos yihadistas por planear un atentado en el Carnaval de Puerto España

  • El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó en septiembre a dos ciudadanos trinitenses por participar en las actividades de financiación del Estado Islámico

  • El Gobierno insular desarrolló en 2018 un nueva estrategia antiterrorista, urgida por el temor de la Casa Blanca a una fácil exportación de extremistas a EEUU

Yihadistas de Trinidad y Tobago en Siria, en una imagen difundida por la revista Dabiq, del ISIS

▲ Yihadistas de Trinidad y Tobago en Siria, en una imagen difundida por la revista Dabiq, del ISIS

Informe SRA 2019Ignacio Yárnoz [Versión en PDF]

En medio de la preocupación occidental por la desbandada de yihadistas que está suponiendo la pacificación de Siria, donde fueron a luchar elementos radicalizados de muchos otros países, Estados Unidos mira con atención a un pequeño vecino. El 8 de febrero del año 2018, cuatro hombres fueron arrestados en Mohammedville bajo sospecha de que planeaban cometer un acto terrorista. El lugar donde el presunto atentado iba a suceder puede sorprender: el carnaval caribeño de la ciudad de Puerto España. Efectivamente, estamos hablando de una nación caribeña que también es víctima –y exportadora– del fenómeno globalizado del terrorismo yihadista: Trinidad y Tobago. En los últimos años, Trinidad y Tobago ha hecho saltar las alarmas de los analistas occidentales, sobretodo en Estados Unidos por su proximidad geográfica a estas islas y por la posibilidad de que este fenómeno desestabilice su patio trasero, el Caribe.

El fenómeno del radicalismo islamista en Trinidad y Tobago no es algo nuevo teniendo en cuenta que ya en 1990 existían grupos radicales como Jamaat Al Muslimeen, que incluso intentó derrocar al Gobierno mediante un golpe de Estado. Además, también se conocía de existencia de terroristas procedentes de este país como Kareem Ibrahim, quien en 2012 fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por planear un atentado en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York.

Sin embargo, el fenómeno terrorista isleño conoció una escalda en 2014 y 2015 con el auge del autoproclamado Estado Islámico (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham, o Daesh por sus siglas en árabe). Este pequeño país caribeño aportó a la causa yihadista por lo menos 130 combatientes, de acuerdo con las propias autoridades, según datos también avalados por el anuario antiterrorista del Departamento de Estado norteamericano. Esto hace a Trinidad y Tobago el país que proporcionalmente más combatientes envió a Siria a unirse al Estado Islámico (la comunidad musulmana trinitense es de tan solo 104.000 fieles, el 5% de una población que puede alcanzar los 2 millones de habitantes, si bien el ceso oficial es de 1,3 millones). Aunque se calcula que unos 300 combatientes se unieron al ISIS desde EEUU y desde Canadá, la cifra per cápita es mayor en el caso de Trinidad y Tobago, país que además en números absolutos aportó más yihadistas que otras naciones latinoamericanos y caribeños.

Según una investigación de Simon Cottee, profesor de Criminología en la Universidad de Kent. De estos 130 trinitenses, el 34% eran hombres, el 23% mujeres, el 9% adolescentes y el 34% restante menores de 13 años. Esto indica que no solamente eran jóvenes, sino familias enteras las que viajaron al Estado Islámico.

Reacción y vigilancia

Esos datos alarmaron tanto al Gobierno de Puerto España como al de Washington y el de otras naciones vecinas. El hecho mismo de que Trinidad y Tobago no tuviera ninguna ley que prohibiera viajar al “Califato” para unirse a la guerra santa fue considerado por Estados Unidos como una amenaza para su propia seguridad, teniendo en cuenta que un ciudadano trinitense podría cruzar todo el Caribe sin visado hasta llegar a las Bahamas y estar solamente a un salto de Florida.

Al mes siguiente de llegar a la presidencia estadounidense, Donald Trump contactó en febrero de 2017 con el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, con quien se reunió en la Casa Blanca. Rowley se comprometió a mayores medidas para combatir la amenaza que suponía la marcha de tantos trinitenses a la yihad.

En primer lugar, se procedió a una enmienda de la ley antiterrorista, que fue aprobada unánimemente, para mejorar las herramientas legales destinadas a detectar, prevenir y perseguir el terrorismo y sus fuentes en Trinidad y Tobago. Las medidas incluyeron también un procedimiento denominado Sistema de Evaluación, Comparación e Identificación Personal (Personal Identification Secure Comparison and Evaluation System, PISCES), acordado con EEUU e implementado en los puestos de entrada de Trinidad y Tobago. Añadida a la acción legislativa, en noviembre de 2017, el Consejo de Seguridad Nacional trinitense aprobó una estrategia comprensiva antiterrorista con el fin de detener aquellos que apoyan al terrorismo o lo ensalzan. Esta estrategia fomenta la estrecha colaboración entre las agencias de inteligencia de Reino Unido, Israel y Estados Unidos para la puesta en común de información.

Como fruto de esa acción decidida y de la especial colaboración con Washington, en septiembre de 2018 el Departamento del Tesoro estadounidense puso sanciones a dos ciudadanos trinitenses por considerar que estuvieron implicados en procurar financiación para el “Califato”. Además, las autoridades nacionales están atentas al regreso de combatientes. La Corte Suprema ha autorizado repatriar y tomar la custodia de algunos menores de edad.

Muchos de los combatientes han fallecido en batalla y los pocos que han querido volver, han sido detenidos o puestos bajo vigilancia, pero la amenaza aún es latente. También porque con su regreso pueden impulsar una nueva radicalización de ciudadanos trinitenses que, dada la imposibilidad de viajar a Siria por la actual situación de debacle del Estado Islámico, decidan actuar dentro de sus fronteras o en países vecinos. Hay que destacar que esta ha sido la estrategia del Estado Islámico durante los últimos años, animando a sus seguidores en Occidente a cometer atentados “low cost” con vehículos o con arma blanca.

 

 

Reclutamiento

Lo que hace a la situación de Trinidad y Tobago una situación excepcional es que no ha habido un patrón claro de reclutamiento, sino que en los últimos años se han dado varias situaciones distintas.

En la página 64 del nº 15 de Dabiq, la revista de propaganda del Estado Islámico, arrancaba una extensa entrevista a un combatiente del “Califato” llamado Abu Sa´ad at-Trinidadi. Este soldado del “Califato”, cuyo verdadero nombre es Shane Crawford, fue uno de los primeros soldados de Trinidad y Tobago en acudir a la llamada de Daesh. Resulta curioso que Dabiq le dedicara diversas páginas, pero es que los combatientes trinitenses suponían un valioso tesoro para esta organización, por dos motivos: 

–En primer lugar, por hablar inglés, lo que mejoraba el radio de difusión de la organización. Como declaró al New York Times el exembajador de EEUU en Trinidad y Tobago John L. Estrada, “a los trinitenses les va muy bien en el ISIS. Están muy arriba en sus filas, son muy respetados y hablan inglés”.

–En segundo lugar, suponen un atractivo para los jóvenes caribeños desencantados con la sociedad, independientemente de su religión.

Por mucho que la revista Dabiq insista con el testimonio de Sa´ad at-Trinidadi –un joven supuestamente desencantado con la religión cristiana, que descubrió en el Islam la verdadera respuesta a sus preguntas– la religión en realidad no fue el motivo fundamental que llevó a los jóvenes trinitenses a unirse al “Califato”. Como indica Simon Cottee en la investigación citada, la mayoría de los 130 trinitenses alistados habían nacido en familias musulmanas de clase media de origen indo-oriental.

Los motivos que pudieron afectar a los jóvenes captados en Trinidad y Tobago probablemente tenían más que ver con la necesidad sociológica de pertenencia a un grupo o banda. Como al respecto declara al diario británico The Guardian el investigador de la Universidad de West Indies Dylan Kerrigan, “una banda proporciona una familia, unos modelos masculinos a seguir, un orden social, y promete acceso a lo que muchos hombres jóvenes creen que quieren: dinero, poder, mujeres, respeto. Un imán me dijo que, en lugar de unirse a una banda local, algunos ven el viaje a Oriente Medio como unirse a otra banda”. Asimismo, unirse a Daesh constituía un medio de escape a aquellos que se enfrentaban a cargos judiciales. De hecho, el idealizado Sa´ad at-Trinidadi (Shane Crawford) ya había sido detenido varias veces por las autoridades y los dos compañeros con los que viajó a Siria habían pasado por la cárcel.

Los jóvenes de Trinidad y Tobago pudieron verse radicalizados en sus visitas a las mezquitas locales, sin olvidar que, como en otros lugares del mundo, la radicalización también pudo darse por medio de la propaganda online, el “Cibercalifato”. En cuanto a posibles agentes de radicalización en primer lugar está quien Sa´ad at-Trinidadi menciona como su mentor, Shaykh Ashmead Choate. Este hombre fue la cabeza de la conspiración que en 2011 planeó el asesinato del primer ministro y otras autoridades y que en última instancia fue frustrado. Ashmead Choate estudió ciencias naturales en su país natal, pero más adelante estudió el hadith (las conductas que provienen de las enseñanzas de Mahoma; son uno de los pilares fundamentales de la Sunna) en la Universidad Islámica de Medina, en Arabia Saudí. Se estima que abandonó el país en 2013 para unirse a las filas de Daesh, como menciona Sa´ad at-Trinidadi en su entrevista: “Hizo la hégira al Estado Islámico y encontró el martirio luchando en Ramadi”. Los motivos de su radicalización no son conocidos, pero podrían tener relación con su viaje a Arabia Saudí, donde podría haber sido atraído por una versión del Islam más salafista.

Del mismo modo, hay indicios que apuntan en otras direcciones. Uno de los nombres que afloran es el de Yasin Abu Bakr, antiguo líder del grupo Jamaat Al Muslimeen, quien al haber sido el precursor de la violencia en los años 90 y el autor del golpe de Estado, puede haber creado indirectamente un modelo a seguir, aunque hoy en día no difunda un claro llamamiento a la violencia. Asimismo, la mezquita Boos de Río Claro, al sur de Trinidad, dirigida por el imán Nazim Mohammed, fue una parada para muchos de los que después fueron a combatir en las filas del ISIS, como Shane Crawford y Fareed Mustapha. En una entrevista con Al Jazeera, el propio imán negó ser precursor de la causa de Daesh, si bien quince miembros de su familia han emigrado a Siria y varios testigos de sus sermones declaran que en alguna ocasión ha enaltecido al Estado Islámico. 

También hay que tener en cuenta a Abdullah Al-Faisal, originario de Jamaica, quien vía internet y redes sociales se había dedicado a la propaganda del Estado Islámico a través de grupos de Facebook y blogs como Authentic Tauheed, donde distribuía la propaganda y publicaba videos de sermones suyos. Su actividad se sospecha que ha ido desde el contacto con Jesse Morton, un ciudadano estadounidense que trabajaba con Zachary Chesser para solicitar el asesinato de los redactores de South Park televisión show hasta la radicalización de Germaine Lindsay, uno de los cuatro británicos que perpetraron el atentado del 7 de Julio de 2007 en el metro de Londres. En septiembre de 2014, Faisal se unió a Mohammed Mizanur Rahman y otros propagandistas islamistas en una plataforma online en la que exhortaron a sus seguidores a unirse a las filas del ISIS. El Gobierno de Estados Unidos ha relacionado a Faisal con otros terroristas como  Umar Farouk Abdulmutallab y sospecha que también ha podido ser uno de los instigadores de la radicalización en Trinidad y Tobago.

Lista elaborada a partir de las sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU e información del diario británico The Guardian y de periódicos de Trinidad y Tobago

Lista elaborada a partir de las sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU e información del diario británico The Guardian y de periódicos de Trinidad y Tobago

 

La volatilidad de la estructura de partidos en Holanda

La sorpresa electoral de Thierry Baudet y la nueva derecha holandesa

Holanda ha conocido los últimos años no solo el declive de algunos de los partidos tradicionales, sino que incluso el nuevo partido del populista Geert Wilders se ha visto superado por una formación aún más reciente, liderada por Thierry Baudet, también marcadamente de derecha pero algo más sofisticada. El terremoto político de las elecciones regionales de marzo podría llevarse por delante la coalición de Gobierno del liberal Mark Rutte, quien ha dado continuidad a la política holandesa a lo largo de los últimos nueve años.

Thierry Baudet, en un spot publicitario de su partido, Foro para la Democracia (FVD)

▲ Thierry Baudet, en un spot publicitario de su partido, Foro para la Democracia (FVD)

ARTÍCULOJokin de Carlos Sola

El pasado 20 de marzo se celebraron elecciones regionales en los Países Bajos. Los partidos que conforman la coalición que mantiene en el poder a Mark Rutte sufrieron un fuerte castigo en todas las regiones, y lo mismo ocurrió con el partido del celebre y polémico Geert Wilders. El gran ganador de estas elecciones fue el partido Foro para la Democracia (FvD), fundado y dirigido por Thierry Baudet, de 36 años y nueva estrella de la política neerlandesa. Estos resultados siembran dudas sobre el futuro del Gobierno de Mark Rutte una vez se renueve la composición del Senado el próximo mes de mayo.

Desde la Segunda Guerra Mundial tres fuerzas han protagonizado la política holandesa: la Llamada Demócrata Cristiana (CDA), el Partido Laborista (PvA) y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), de tendencia liberal. Las tres sumaban el 83% del electorado neerlandés en 1982. Debido al sistema holandés de representación proporcional ningún partido ha tenido nunca mayoría absoluta, por lo que siempre han existido gobiernos de coalición. El sistema también propicia, al no ser castigados, que los pequeños partidos siempre logren representación, dándose así una gran variedad ideológica en el Parlamento.

Con el pasar de los años los tres partidos principales fueron perdiendo influencia. En 2010, tras ocho años de gobierno, la CDA paso del 26% y el primer puesto en el Parlamento al 13% y cuarto puesto. Esta caída llevó por primera vez al VVD al poder bajo el liderazgo de Mark Rutte y provocó la entrada de Geert Wilders y su Partido por la Libertad (PVV), una formación populista de derecha, en la política holandesa. Poco después Rutte formó una Gran Coalición con el PvA. Sin embargo, esta decisión causó que los laboristas bajaran del 24% al 5% en las elecciones de 2017. Estos resultados hicieron que tanto el VVD como Rutte quedasen como el último elemento de la antigua política neerlandesa.

Esas elecciones de 2017 generaron aún mayor diversidad en el Parlamento. En ellas lograron representación partidos como el Partido Reformado, de ideología Ortodoxa Calvinista; el bautizado como 50+, con el objetivo de defender los intereses de los jubilados, o el partido DENK, creado para defender los intereses de la minoría turca en el país. Sin embargo, ninguno de estos partidos tendría tanta relevancia posterior como el Foro para la Democracia y su líder Thierry Baudet.

Foro para la Democracia

El Foro para la Democracia fue fundado como un think tank en 2016, dirigido por el franco-neerlandés Thierry Baudet, de 33 años. Al año siguiente el FvD se convirtió en partido, presentándose como una formación conservadora o nacional conservadora, y logró dos parlamentarios en las elecciones regionales. Desde entonces ha ido creciendo, a costa principalmente de Geert Wilders y su PVV. Una de las principales razones de esto es que Wilders es acusado de no tener más programa que el rechazo de la inmigración y la salida de la Union Europea. Tan celebre como polémico fue el hecho que PVV presentó su programa en tan solo una página. Por el contrario, Baudet ha creado un programa amplio en el que se proponen temas como la introducción de la democracia directa, la privatización de ciertos sectores, el fin de los recortes militares y un rechazo al multiculturalismo en general. Por otra parte, Baudet se ha creado una imagen de mayor talla intelectual y respetabilidad que Wilders. No obstante, el partido también ha sufrido descensos de popularidad por ciertas actitudes de Baudet, como su negacionismo del cambio climático, su relación con Jean Marie Le Pen o Filip Dewinter y su negativa a responder si relacionaba el coeficiente intelectual con la raza.

Elecciones Regionales

Los Países Bajos están divididos en 12 regiones, cada región dispone de un Consejo, el cual puede tener entre 39 y 55 representantes. Cada consejo elige tanto al Comisario Real, quien actúa como máxima autoridad de la región, como al ejecutivo, generalmente formado mediante una coalición de partidos. Las regiones tienen una serie de competencias concedidas por el Gobierno central.

En las elecciones provinciales del pasado mes de marzo el FvD logró ser el primer partido en 6 de 12 regiones, incluidas las de Holanda del Norte y Holanda del Sur, donde se encuentran las ciudades de Amsterdam, Rotterdam y La Haya, que habían sido tradicionales bastiones del VVD. Además de esto consiguió ser el partido con más representantes de toda Holanda. Estos avances se lograron principalmente a expensas del PVV. Aunque estos resultados no garantizan al FvD tener el gobierno en ninguna región, si le dan influencia y eco mediático, algo que Baudet ha sabido aprovechar.

Varios medios relacionaron la victoria de Baudet con el asesinato días previos en Utrech de tres holandeses a manos de ciudadano turco, que según las autoridades tuvo muy posiblemente una motivación terrorista. No obstante, el FvD llevaba tiempo creciendo y ganando terreno. Las razones de su auge son varias: el declive de Wilders, las acciones del primer ministro Rutte en favor de empresas holandesas como Shell o Unilever (empresa donde él trabajó previamente), el desgaste de los partidos tradicionales, que a su vez daña a sus aliados, y el rechazo a ciertas políticas migratorias que Baudet relacionó con el atentado en Utrecht. También los Verdes holandeses han experimentado un gran crecimiento, acumulando el voto joven que antes apoyaba a Demócratas 66.

 

Resultado de las elecciones regionales holandesas del 20 de marzo de 2019 [Wikipedia]

Resultado de las elecciones regionales holandesas del 20 de marzo de 2019 [Wikipedia]

 

Impacto en la Política Holandesa

La victoria del partido Baudet sobre el de Rutte afecta directamente al Gobierno central, al sistema electoral holandés y al propio primer ministro. En primer lugar, muchos medios acogieron los resultados como una valoración de los holandeses sobre el Gobierno de Rutte. El mayor castigo fue para los aliados de Rutte, los Demócratas 66 y la Llamada Demócrata Cristiana, que fueron los que más apoyos perdieron en las regiones. Desde que llegó al poder en 2010, Rutte ha logrado mantener la fidelidad de su electorado, pero todos sus aliados han terminado siendo castigados por sus votantes. Por ello cabe la posibilidad que el Gobierno de Rutte no llegue a terminar su mandato, si sus aliados terminan dándole la espalda.

El resultado de las regionales de marzo puede tener un segundo impacto en el Senado. Los neerlandeses no designan a sus senadores de forma directa, sino que son los consejos regionales los que eligen a los senadores, por lo que los resultados de las elecciones regionales tienen un efecto directo en la composición de la cámara alta. Por ello es muy posible que los partidos que conforman el Gobierno de Rutte sufran un gran retroceso en el Senado y eso le complique al primer ministro la aprobación de sus iniciativas legislativas.

La tercera consecuencia afecta de forma directa al propio Rutte. En 2019 Donald Tusk termina su segundo mandato como presidente del Consejo Europeo y Rutte tenía muchas posibilidades de sucederle, pero siendo él el principal activo electoral de su partido, su marcha podría hundir al VVD. Podría ocurrir entonces como sucedió con la salida de Tusk de Polonia, que resultó en una victoria conservadora un año más tarde.

Cualquiera que sea el desenlace, la política holandesa ha demostrado en los últimos años una gran volatilidad y mucho movimiento. En 2016 se creía que Wilders ganaría las elecciones y anteriormente que el D66 arrebataría al VVD el liderazgo liberal. Es difícil predecir la dirección en la que el viento hará girar el molino.

La legislación antiterrorista, un debate divisivo en Brasil

La posibilidad de que el Gobierno de Bolsonaro busque catologar de terrorista al Movimiento Sin Tierra por ocupar fincas a la fuerza reabre una histórica controversia

Cuando en torno a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Brasil aprobó su primera legislación antiterrorista, la iniciativa fue vista como un ejemplo a seguir por otros países latinoamericanos, hasta entonces poco familiarizados en general con un fenómeno que desde el 11-S tenía preeminencia en muchas otras partes del mundo. Sin embargo, la posiblidad de que, con el impulso político de Jair Bolsonaro, algún movimiento social, como el de los Sin Tierra, pase a ser catalogado como terrorista, viene a reavivar viejos temores de la izquierda brasileña y a acentuar la polarización social.

Bandera del Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

▲ Bandera del Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

ARTÍCULO / Túlio Dias de Assis

En el último Festival de Cine de Berlín, el famoso actor y cineasta brasileño Wagner Moura presentó una película un tanto controvertida, “Marighella”. El filme retrata la vida de un personaje de la historia brasileña reciente, amado por unos y odiado por otros: Carlos Marighella, lider de la Ação Libertadora Nacional. Esta organización fue una guerrilla revolucionaria responsable de varios atentados contra del régimen dictatorial militar que entre 1964 y 1985 rigió Brasil. Por ello, la película provocó reacciones muy dispares: para algunos, es la justa exaltación de un auténtico mártir de la lucha antifascista; para otros, una apología del terrorismo de guerrillas armadas. Esta pequeña contienda ideológica acerca de “Marighella”, aunque pueda parecer insignificante, es el reflejo de una antigua herida en la política brasileña que se reabre cada vez que el país debate sobre la necesidad de una legislación antiterrorista.

El concepto de legislación antiterrorista es algo que se ha asentado en muchas partes del mundo, especialmente en Occidente tras el 11-S. Sin embargo, esta noción no es tan común en Latinoamérica, probablemente por la poca frecuencia de ataques de este tipo sufridos por la región. Con todo todo, la falta de atentados no implica que no haya presencia de movimientos de ese género en los países americanos; es más, varios de ellos son conocidos por ser “refugio” de organizaciones de esta índole, como ocurre en la Triple Frontera, la zona de contacto entre las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. Lo que sucede en ese área se debe en gran medida a la falta de legislación directa y efectiva contra el terrorismo organizado por parte de los gobiernos nacionales.

En el caso de Brasil, al igual que ocurre en algunos de sus países vecinos, la falta de una legislación antiterrorista se debe al temor histórico por parte de los partidos de izquierda a su posible en contra de movimientos sociales de cierto carácter agresivo. En Brasil, esto se vio ya reflejado en transición política de finales de la década de 1980, cuando hubo una clara protesta por parte del PT (Partido dos Trabalhadores), entonces bajo el mando de Luiz Inácio “Lula” da Silva, en contra de todo intento de introducir el concepto antiterrrorista en la legislación. Curiosamente, la misma Constitución Federal de 1988 menciona la palabra “terrorismo” dos veces: primero, como algo que debe rechazarse en la política exterior brasileña, y segundo, como uno de los crímenes imperdonables contra la Federación. Pese a ello, no prosperó ningún intento de definir dicho crimen, y aunque tras los atentados del 11-S se reanudaron las discusiones acerca de una posible ley, la izquierda laborista –ya durante la presidencia de Lula– siguió justificando su negativa invocando la persecución ejecutada por la Junta Militar de la dictadura. Véase que la misma expresidenta Dilma Rousseff fue encarcelada por formar parte de la VAR-Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares), un grupo revolucionario de extrema izquierda que formaba parte de la oposición armada al régimen.

Amenaza terrorista en los JJOO

Durante los mandatos del PT (2003-2016) no hubo ningún tipo de iniciativa legislativa por parte del Gobierno sobre el tema; además, cualquier otro proyecto que surgiera desde el Legislativo, ya fuera el Senado o la Cámara de los Diputados, se veía bloqueado por el Ejecutivo. A menudo el Gobierno también justificaba su posición aludiendo una supuesta “neutralidad”, escudándose en el deseo de no involucrarse en conflictos externos. Esta actitud llevaría a que varios prófugos acusados de participar o colaborar en atentados en otros países se refugiaran en Brasil. Sin embargo, a mediados de 2015, al acercarse al inicio de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, se valoró el riesgo de un posible atentado ante un evento de tamaña relevancia. Esto, junto a la presión de la derecha en el Congreso (téngase en cuenta que Rousseff ganó las elecciones de 2014 con un margen muy estrecho, de menos del 1%), llevó a que el Gobierno petista pidiera al parlamento que redactara una definión concisa de terrorismo y de otros crímenes relacionados, como los relativos a la financiación. Finalmente, la primera ley antiterrorista brasileña fue firmada por Rousseff en marzo de 2016. Si bien esta es la versión “oficial” de ese proceso, no son pocos los que defienden que la razón real para la implantación de la ley fuera la presión ejercida por el FATF (Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, creada por el G8), dado que esta entidad había amenazado con incluir a Brasil en la lista de países no cooperantes contra el terrorismo.

La ley antiterrorista brasileña tuvo su eficacia, pues sirvió de marco legal para la llamada Operação Hardware. Mediante esta operación la Policía Federal Brasileña logró arrestar a varios sospechosos de una rama del DAESH operativa en Brasil, los cuales planeaban realizar un atentado durante los JJOO de Río. El juez federal Marcos Josegrei da Silva condenó a ocho sospechosos por afiliación a un grupo terrorista islámico, en la primera sentencia de este tipo en la historia de Brasil. La decisión del juez fue bastante controvertida en su momento, en gran medida debido a la poca familiaridad de la sociedad brasileña con este tipo de riesgos. Por ello, muchos brasileños, incluida parte de la prensa, criticaron la “desproporcionalidad” con la que se les trataba a los acusados.

Impulso Bolsonarista

Desde entonces Brasil viene a ser considerado como una especie de ejemplo entre los país sudamericanos en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, no parece que el status quo mantenido durante el final de la administración Rousseff y el corto mandato de Temer vaya a quedar intacto por mucho tiempo. Esto se debe al ardiente debate suscitado por la derecha bolsonarista, que aboga para que sean clasificadas como terrorismo las actividades delictivas de varios grupos de extrema izquierda, especialmente el MST (Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). El MST es el mayor movimiento social agrario, de talante marxista, y es conocido a nivel nacional por sus ocupaciones de aquellas tierras que el grupo considera “inútiles o malaprovechadas” a fín de que “se les de un mejor uso”. La ineficacia del Estado a la hora de detener las invasiones de propiedad privada llevadas a cabo por el MST ha sido denunciada de modo recurrente en el Congreso, especialmente durante los años de gobierno del PT, sin mayores consecuencias. Sin embargo, ahora que la derecha tiene un mayor peso, el debate ha vuelto a cobrar vida y no son pocos los diputados que han mencionado ya su intención de procurar denominar al Movimiento Sin Tierra como organización terrorista. El propio Bolsonaro ha sido un férreo defensor de proscribir al MST.

Asímismo, a la vez que el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, anuncia la posibilidad de la creación de un sistema de inteligencia antiterrorista, siguiendo el modelo de su homólogo estadounidense, y el Congreso debate la expansión de la actual lista de orrganizaciones terroristas para incluir grupos como Hezbolá, otros políticos brasileños han decidido poner en marcha en el Senado una propuesta de legislación para criminalizar las acciones del MST. En caso de ser aprobada, esta iniciativa vendría a hacer realidad el temor que la izquierda ha invocado todos estos años. Al fin y al cabo, esta no es que sea la mejor manera de cumplir la promesa de “gobernar para todos”. Es más, una medida tan desproporcionada para este tipo de actividades no haría más que aumentar la ya intensa polarización política hoy presente en la sociedad brasileña: más bien sería lo equivalente a echar sal a una vieja herida, una que parecía estar ya a punto de cicatrizar.

Operations and impact of people smuggling in African economies

The illicit money outflows to foreign safe havens is another negative impact suffered by countries of origin

The people smuggling networks, as any other organized crime groups that operate across different countries, are very sophisticated, not only in their operational structure but also in the organization of their finances. Fighting against money laundering internationally and against the outflow of the illicit profits from the countries of origin should ameliorate the severe burden that people smuggling means for a lot of African nations.

A rescue of refugees in the Mediterranean Sea [Spain's Navy]

▲ A rescue of refugees in the Mediterranean Sea [Spain's Navy]

ARTICLE / Pablo Arbuniés

According to the UNHCR, the United Nations Refugee Agency, 116,000 migrants crossed the Mediterranean from North Africa to Europe in 2018 and more than 2,200 died in the process. The majority of these migrants are believed to have used smuggling services. This flow of irregular migrants moves around 4 billion euros yearly worldwide and has a crucial impact on African economies.

People smuggling is possible due to the constant interaction and cooperation of many specialized networks. These networks are part of different Organized Crime Groups (OCGs) across many different countries, constituting an even bigger highly-organized network. The global smuggling network provides a wide range of different “services” including other illegal features such as document fraud, and involves a certain degree of infiltration in both sending and host societies (1).

Separation of tasks is extremely important for the survival of the business, as a well-organized network is less vulnerable to criminal investigations, and if the investigations succeed, only small units of the network are exposed. The migration process can be divided into three main stages: mobilization, requirements en route and integration into the destination countries. Each stage is managed by one or more specialized networks that can be independent actors or part of a bigger network.

The process of mobilization involves the recruitment of the migrants in their countries of origin. At this point, it is important to remark that recruiters will only deal with “clients” of their same nationality. After the recruitment, the smugglers ensure them a safe passage to the meeting points located in Khartoum (Sudan) and Agadez (Niger). These cities, respectively located in the south-eastern and south-western entries of the Sahara, serve as focal communication points and are home to some networks’ headquarters. From here, another part of the network takes charge of the migrants and safeguards their journey to Libya often crossing the Sahara on foot. Once in Libya the migrants go under the custody of a third network that takes them to the coast of either Tripoli or Benghazi with the paid protection of the local militias, and once in the coast they can finally embark on one of the overcrowded boats that hopefully will take them to the closest European islands, often being Lampedusa and Malta the destination.

This journey is very expensive for the migrants, as they have to pay the different smugglers in each step. However, the exact prices are hard to estimate due to the scarce reliable sources on the subject and the heterogeneity of the networks involved. Moreover, not only is it expensive, it is also extremely dangerous, with a vast number of fatalities all along this odyssey. Only in 2016, a record number 4,720 migrants died in the Mediterranean Sea according to the International Organization for Migration (IOM), and the number of deaths in the Sahara is impossible to estimate. However, the variety of offers can provide much safer—and thus much more expensive—options such as embarking on a plane with false documentation, which grants the clients a non-existing risk of dying during the journey and a much lower risk of being caught and deported.

As we can see, people smuggling networks offer a wide range of services and prices in order to suit best the demands and financial capabilities of their potential clients, just like any other successful business in the world, involving different forms of interaction and cooperation. Indeed, these networks operate as cartels with centralized systems of management and planning. Another critical part of the business is the gathering of information, mainly about border patrols, changing routes and armed militias that could be a threat or potential co-workers, but also on asylum procedures. This information gathering is tasked to a core group of individuals that manage the constant flows of information and have access to well organized and centralized communication systems.

To deal with the overwhelming amounts of money involved in the process, these networks need a highly organized financial branch, able to deal with the payments and also to launder the money obtained and reinvest it on other legal or illegal activities.

Money laundering and impact in the local economies

International smuggling of migrants is said to move around 4 billion euros yearly all around the world. According to Frontex, most of this money is used to fund other illegal activities such as drugs trafficking or buying weapons to reinforce the network’s power. But also, a big amount of money is laundered in order to be invested in legal activities or to be transferred to tax havens.

The money moved by these networks which carry illegal activities is classified as Illicit Financial Flows (IFFs), which we can define as illegal movements of money or capital from one country to another, or those in which the funds have been illegally obtained, transferred or utilized. IFFs are considered very harmful for developing economies such as the ones we can find in Africa, because usually they involve international monetary aids leaving the country for tax havens instead of being utilized according to their intended ends.

In order to launder the money, the most complex networks have what we could consider to be accountancy branches, just like any other OCGs around the world. These accountancy branches seek to place the money outside the countries of origin or operation in order to avoid scrutiny and look for stable economies with predictable financial systems and weak anti-money laundering policies. There they can diversify their investment portfolios and spread the risk without a major threat of being caught by Financial Intelligence Units (FUIs). OCGs seek to invest in products that move extremely quickly in the market such as food products, which makes tracking the money even harder.

An interesting case of money laundering takes place in Europe involving the Pink Panthers, a Serbian band of thieves formed during the Yugoslavian war and now extended as a method, which only reinvested their benefits in their cities of origin back in Serbia. These investments proved to be very beneficial to local economies and helped the country fight the devastating effect of the war. In the same way, IFFs originated by people smugglers could in some way be beneficial for the receiving countries, but in reality only a small part of the network’s income is reinvested in Africa, and overall, the continent losses a big amount of money in favour of tax havens and funding other illicit activities. In addition, we shall not forget that the source of these funds are illegal activities involving violence and connected to other illicit activities.

In conclusion, it is crucial for the development of the continent to efficiently tackle not only money laundering but also all kinds of IFFs such as tax evasion, international bribery and the recovery of stolen assets.  This is an indispensable step in order to have the financial stability required for a sustainable economic development. Moreover, repatriation on flight capital should be prioritized, as it would help a higher sustainable growth without depending on external borrowing and development funds.

 

Main routes for African irregular migrants [UNODC, before Sudan's split]

Main routes for African irregular migrants [UNODC, before Sudan's split]

 

The case of Nigeria

We must take into consideration that Nigeria had often been referred in the past as the most corrupt country in the world, and it has serious problems involving money laundering and capital flight. In addition, effectively tackling money laundering could potentially cut the finances of the terrorist group Boko Haram, which operates in the north of the country.  These financial characteristics added to the inefficiency of the Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) and its dependence from the government, made Nigeria a very suitable country for money laundering.

In 2017, the Egmont Group, a body of 159 national Financial Intelligence Units focused on money laundering and terrorist financing, suspended Nigeria from its membership due to the lack of a legal framework and its dependence from Nigeria’s state Economic and Financial Crimes Commission.

However, in the past months the Nigerian government, headed by Muhammadu Buhari, has been an example on how to tackle money laundering and deal with the institutional problems that it involves. In March 2018, the parliament passed a new law that aims to tackle money laundering and funding for terrorism by allowing its financial technology unit to operate independently from the control of the state, thus eliminating the unnecessary bureaucracy that used to slow down the investigations. More precisely, this law makes the NFIU an independent body able to share information and to cooperate with its counterparts in other states.

The international community showed its conformity with the new legislation and the NFIU was readmitted in the Egmont Group in July. Whether these policies will fulfil their potential or not, only time can tell.

 

 

(1) Salt, J. and Stein, J. (1997). Migration as a Business: The Case of Trafficking.

Las armas láser pueden restar utilidad a misiles y drones

Carrera entre las fuerzas armadas de las principales potencias para desarrollar e incorporar sistemas láser

Con el desarrollo de las armas láser el uso de misiles intercontinentales podrían dejar de tener sentido, ya que son estos pueden ser fácilmente interceptados y derribados, sin provocar daños colaterales. De esta manera, la amenaza nuclear deberá girar hacia otras posibilidades, y las armas láser muy probablemente se conviertan en el nuevo objeto de deseo de las fuerzas armadas.

Láser táctico de alta energía [US Army]

▲ Láser táctico de alta energía [US Army]

ARTÍCULO / Isabella León

Desde que, antes de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno británico ofreció más de 76.000 dólares a quien fuera capaz de diseñar un arma de rayos que pudiera matar a una oveja a 100 metros, mucho ha avanzado la tecnología en este campo. En 1960 Theodore Maiman inventó el primer láser y eso aceleró la investigación para desarrollar rayos mortales capaces de destruir cualquier artefacto enviado por el enemigo y a la vez generar importantes daños en componentes eléctricos a través de un efecto secundario de radiación. Hoy se valoran los progresos en este materia como el mayor avance militar desde la bomba atómica.

Las armas láser se valoran debido a su velocidad, agilidad, precisión, rentabilidad y propiedades antibloqueo. Estas armas son, literalmente, un haz de luz que se mueve de manera coherente, por lo que pueden golpear objetivos a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, interceptar numerosos objetivos o el mismo objetivo muchas veces, llegar al objetivo con extrema precisión sin ocasionar daños colaterales y resistir a las interferencias electromagnéticas. También son mucho más baratas que las municiones convencionales, al costo de un dólar con cada disparo láser.

Sin embargo, las armas láser poseen algunas limitaciones: requieren una gran cantidad de potencia, un tamaño y peso adaptado a las plataformas militares y un manejo térmico efectivo. Además, su estructura depende de la composición de sus objetivos (las longitudes de onda se absorben o reflejan según las características de la superficie del material), de los diferentes rangos que deben alcanzar y de los distintos ambientes y efectos atmosféricos a las que serán sometidas. Estos aspectos afectan el comportamiento del arma.

No obstante, a pesar de estas limitaciones, las principales potencias han apostaron desde hace tiempo por el inmenso potencial de esta tecnología como un arma estratégica.

Estados Unidos

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha trabajado extensamente para contribuir al desarrollo del sistema de armas láser en campos de protección específicos, como la Marina de los Estados Unidos, el Ejército y la Fuerza Aérea.

En el departamento de defensa naval, está particularmente implicado en este campo. La Marina ha desarrollado lo que se conoce como el Sistema de Armas Láser (LaWS, por sus siglas en inglés) que consta de un láser de estado sólido y fibra óptica que actúa como arma adjunta, y está vinculado a un sistema antimisiles de fuego rápido, como un arma defensiva y ofensiva para aeronaves. El LaWS tiene como objetivo derribar pequeños drones y dañar pequeños barcos a una milla de distancia aproximadamente.

Los desarrollos más recientes han sido otorgados a la compañía multinacional Lockheed Martin, con un contrato de 150 millones de dólares, para el avance de dos sistemas de armas láser de alta potencia, conocido como HELIOS, que será el sucesor de LaWS. Este es el primer sistema en mezclar un láser de alta energía con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de largo alcance, y su objetivo es destruir y cegar a drones y pequeñas embarcaciones.

El Ejército también está experimentando con sistemas de armas láser para su instalación en vehículos blindados y helicópteros. En 2017, el Mando Estratégico de las Fuerzas Armadas (ARSTRAT) armó un Stryker con un láser de alta energía y desarrolló el Boeing HEL MD, su primer láser móvil de alta energía, con una plataforma contra misiles, artillería y mortero (C-RAM), que consta de un láser de estado sólido de 10kW. Simultáneamente, se han realizado investigaciones para llegar a los 50 kW y 100 kW de energía.

Por otro lado, la Fuerza Aérea desea conectar láseres a aviones de combate, aviones no tripulados y aviones de carga para atacar objetivos terrestres y aéreos. De hecho, el Ejército ha continuado con sus investigaciones para probar sus primeras armas láser aerotransportadas en el 2021. Uno de sus programas es un Gamma de 227 kg que arroja 13.3kW y cuya su estructura permite que muchos módulos láser se combinen y produzcan una luz de 100kW.

Asimismo, se ha le ha otorgado otro contrato a Lockheed Martin para que la empresa trabaje en una nueva torreta láser para aviones, en la que se implemente un haz que controle 360 grados para derribar los aviones enemigos y misiles que se encuentren arriba, debajo y detrás del avión. El sistema ha sido sometido a muchos exámenes y surgió en el proyecto SHiELD, cuyo objetivo es generar un arma láser de alta potencia para aviones tácticos de combate para 2021.

China

En los últimos años China ha implementado políticas de apertura que han puesto a la nación en contacto con el resto del mundo. El mismo proceso ha sido acompañado por una modernización de su equipo militar que se ha convertido en fuente de preocupación para sus rivales estratégicos. De hecho, han existido diversas confrontaciones diplomáticas al respecto. Con dicha modernización, China ha desarrollado un sistema de láser químico de cinco toneladas que se ubicará en la baja órbita terrestre para 2023.

China divide su sistema de armas láser en dos grupos: estratégicas y tácticas. Las primeras son de alta potencia, aéreas o terrestres que tienen como objetivo interceptar ICBM y los satélites a miles de kilómetros de distancia. Las segundas son de bajo poder, generalmente utilizadas para defensa aérea de corto alcance o defensa personal. Estos objetivos son vehículos aéreos no tripulados, misiles y aeronaves de vuelo lento y con rangos de efectividad entre pocos metros y 12 kilómetros de distancia.

Entre las innovaciones chinas más llamativas, se encuentra el Silent Hunter, un arma láser de 30 a 100kW basada en vehículos de 4 kilómetros de alcance, capaz de cortar acero de 5 mm de grosor a una distancia de un kilómetro. Este sistema fue utilizado por primera vez en la Cumbre del G20 de Hangzhou como medio de protección.

También destacan innovaciones como las armas láser individuales, que son pistolas láser que ciegan a los combatientes enemigos o sus dispositivos electro-ópticos. Dentro de esta categoría se encuentran los rifles láser deslumbrantes BBQ-905 y WJG-2002, y el arma láser cegadora PY132A y PY131A.

Otros países

Poco es conocido acerca del nivel que poseen las capacidades relacionas a la tecnología láser de Rusia. No obstante, en diciembre del año pasado, un representante del Ministerio de Defensa ruso, Krasnaya Zvezda, se refirió al sistema láser Peresvet, que forma parte del programa de modernización militar en curso del país. Los objetivos son muy claros, derribar misiles hostiles y aviones, y cegar el sistema del enemigo.

Es presumible que Rusia posee un extenso campo de investigación en esta materia, pues su política y comportamiento relacionado con las armas ha sido de constante competencia y rivalidad con Estados Unidos.

La apuesta de Alemania en relación a la tecnología láser es el demostrador de armas láser Rheinmetall, que consta con 50kW de energía y es sucesor de la última versión de 10 kW. Este sistema fue diseñado para operaciones de defensa aérea, guerra asimétrica y C-RAM. El láser Rheinmetall está compuesto por dos módulos láser montados en torretas de defensa aérea Oerlikon Revolver Gun. Este logró llegar a un destructivo láser de 50kW con la combinación de la tecnología de superposición del haz de Rheinmetall para enfocar un láser de 30kW y un láser de 20 kW en el mismo lugar.

El futuro de las armas láser

Cuando se habla de las armas láser, lo primero que se debe tener en cuenta es el tremendo impacto que tendrá esta tecnología en términos militares, que la hará determinante en el campo de batalla. De hecho, muchos otros países que cuentan con un ejército en constante modernización, han implementado este sistema: es el caso de Francia en las aeronaves Rafale F3-R; el Reino Unido con el láser de alta energía Dragonfire, o incluso Israel, que ante la creciente amenaza de misiles ha acelerado el desarrollo de esta tecnología.

Hoy en día muchos barcos, aviones y vehículos terrestres se están diseñando y ensamblando de manera tal que puedan acoger la instalación de armas láser. Se están realizando mejoras continuas para crear mayores rangos de alcance, aumentar la energía, y realizar haces de adaptación. Puede afirmarse, así, que el momento de las armas láser finalmente ha llegado.

Con el desarrollo de esta tecnología, equipos militares como los misiles ICBM o los VANT (aparatos no tripulados), principalmente, podrían dejar de tener sentido, ya que las armas láser son capaces de interceptar y derribar esos misiles, sin provocar daños colaterales. Al final, lanzar el ICBM sería una pérdida de energía, munición y dinero. De esta manera, la amenaza nuclear deberá girar hacia otras posibilidades, y las armas láser muy probablemente sean el nuevo énfasis de las fuerzas armadas.

Adicionalmente, es importante resaltar el hecho de que esta innovación militar conduce la seguridad internacional hacia la defensa, más que hacia acciones ofensivas. Por esta razón, las armas láser no anularían las tenciones de la esfera internacional, pero sí podrían llegar a disminuir de alguna manera las posibilidades de un enfrentamiento militar.

Cumbre del Clima 2018, un paso hacia adelante

El encuentro COP24 avanzó en reglamentar el Acuerdo de París, pero siguieron bloqueados los “mercados de carbono”

Las movilizaciones en favor de que los gobiernos tomen medidas más drásticas frente al cambio climático pueden hacer olvidar que muchos países están dando pasos ciertos en la reducción de gases con efecto invernadero. Aunque normalmente las cumbres internacionales se quedan cortas respecto a las expectativas, los acuerdos climáticos van progresivamente abriéndose paso. He aquí los resultados de la última de esas cumbres: un paso pequeño, cierto, pero un paso hacia delante.

Sesión plenaria de la COP24, celebrada en diciembre en Katowice (Polonia) [COP24]

▲ Sesión plenaria de la COP24, celebrada en diciembre en Katowice (Polonia) [COP24]

ARTÍCULOSandra Redondo

La cumbre climática (también conocida como COP: Conference of the Parties) es una conferencia global preparada por la Organización de Naciones Unidas, donde se negocian medidas y acciones relacionadas con la política climática. La última, bautizada como COP24, tuvo lugar del 2 al 14 de diciembre de 2018, en la ciudad polaca de Katowice. En ella participaron cerca de 3.000 delegados de 197 países que son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entre ellos se encontraban políticos, representantes de organizaciones no gubernamentales, miembros de la comunidad científica y del sector empresarial.

La primera COP tuvo lugar en 1995, y desde entonces estas cumbres han llevado a la creación del Protocolo de Kioto (COP3, 1997) y al Acuerdo de Paris (COP21, 2015), entre otros mecanismos de actuación internacional. El objetivo principal de la cita en Katowice consistía en encontrar el modo de llevar a cabo el Acuerdo de París de 2015, es decir, de implementar recortes en las emisiones contaminantes para evitar un aumento del calentamiento global. La COP24 era la última cumbre antes de 2020, año en el que entrará en vigor el Acuerdo de París.

El Acuerdo de París de 2015 fue firmado por 194 países con el objetivo de evitar que las emisiones contaminantes, causantes del efecto invernadero, aumenten la temperatura del planeta por encima de los dos grados con respecto a niveles preindustriales. La comunidad internacional pide la realización de un esfuerzo, por parte de todos, para que el aumento de temperatura no sea superior a los 1.5 grados respecto a dichos niveles. En la cumbre se pretendía crear un esquema a seguir por todos los países que fuese claro, concreto y común y así hacer realidad el acuerdo.

Desafíos

Uno de los desafíos para alcanzar ese objetivo se encuentra en establecer un equilibrio que permita a todas las naciones participar en esta lucha, pero teniendo en cuenta la realidad de cada una de ellas: las distintas capacidades tecnológicas y financieras, así como las circunstancias de vulnerabilidad y contaminación histórica. Al participar países con grandes diferencias entre ellos, es comprensible la dificultad de la tarea a realizar para llegar a un consenso. Esta era una de las medidas que se pretenden implementar del Acuerdo de París, en el cual gobiernos se comprometieron a ayudar a los países en desarrollo para lograr una adaptación mayor y más permanente.

En palabras de Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático, además de medidas para hacer efectivo el Acuerdo de París es importante “impulsar un cambio cultural en las formas de producir y consumir de nuestras sociedades para repensar nuestros modelos de desarrollo”.

Wang Yi, ministro de Exteriores de China, sostuvo que su país reafirma que solo el trabajo conjunto entre todos países dará una solución efectiva en esta lucha contra el cambio climático.

En estas cumbres, los acuerdos deben ser aceptados por todos los Estados participantes, lo que puede causar que las negociaciones se alarguen. Esto fue lo que sucedió en la COP24. Se había planeado el fin de las negociaciones para el viernes, pero se prolongaron hasta que se llegó al acuerdo definitivo al día siguiente. El texto final, aprobado por todos los países asistentes, resultó ser menos ambicioso de lo esperado, especialmente en referencia a los recortes de emisiones de gases de efecto invernadero.

A pesar de las declaraciones de disposición de algunos países, ciertas tensiones fueron inevitables en las negociaciones, especialmente a la hora de asumir que es necesaria más ambición en esta lucha. Por un lado, estaba el lado conservador, con países como Estados Unidos (el cual es uno de los países que más CO2 per cápita aporta al calentamiento global) o Arabia Saudí entre otros. Al otro lado se encontraban la Unión Europea y otros Estados, algunos de ellos insulares, amenazados por el incremento del nivel del mar y que irá en aumento a causa de la subida de la temperatura global.

Otra causa de demora fue una exigencia de Turquía en el último momento, para mejorar las condiciones de financiación. Con respecto a la financiación, el acuerdo final reconoce que es necesario dedicar más recursos a esta lucha, particularmente a la reducción de gases causantes del efecto invernadero.

Informe del Panel Internacional del Cambio

Además de las medidas y los recortes que se acordaron en esta cumbre, debía realizarse una declaración con las conclusiones del informe realizado por los expertos Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), en la cual se advertiría que al mundo no le queda mucho tiempo para poder evitar las peores consecuencias de este cambio climático.

En este informe, que supuso una de las grandes batallas de la cumbre, se detalla lo que pasará si la temperatura global aumenta 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Actualmente la temperatura se encuentra un grado por encima de los mencionados niveles. A pesar de que debería haber sido considerado de gran importancia por todos los países, al tratarse de hechos que afectan a escala mundial, hubo países como Rusia, Kuwait, Estados Unidos o Arabia Saudí, que trataron de restarle importancia y plantearon dudas sobre la veracidad de las conclusiones del informe, mientras que otros Estados defendieron la incuestionabilidad de las conclusiones. Una característica común a estos países que se opusieron es que son los grandes productores de petróleo del planeta.

El informe del Panel Internacional del Cambio Climático (IPCC), presentado en la COP24, indica que, si se sigue sin ningún cambio, entre 2030 y 2050, estas serán las consecuencias:

–Aumento del riesgo de inundaciones de un 100% (con 1,5°C) a un 170% (con 2°C).

–Si superamos ese 1,5°C más de 400 millones de personas residentes en ciudades estarán expuestas a sequías extremas a finales de siglo.

–El hielo en el Ártico disminuirá tanto que habrá un verano sin hielo al menos una vez cada 10 años.

–150 millones de fallecimientos podrían evitarse limitando esa subida 1,5°C de temperatura

–Casi 50 millones de personas podrían verse afectadas por una subida del nivel del mar en 2100 si el incremento de temperatura excede los 1,5°C.

–Los corales serían unos de los mayores perjudicados ya que debido al aumento de la acidez de los océanos se perderían todos en 2100 si se sobrepasa el aumento de 1,5°C. Llegar a 1,5°C ocasionaría la pérdida del 70% de ellos.

Según los cálculos realizados también por el IPCC, las emisiones de CO2 deberán caer un 45% de aquí a 2030 para limitar el calentamiento a 1,5 grados. Además, en 2050 se deberá alcanzar la “neutralidad de carbono”, es decir, empezar a tener emisiones negativas o lo que es lo mismo, dejar de emitir más CO2 del que se elimina de la atmósfera. Cuanto más tiempo se tarde en llevar estas medidas a cabo, menos tiempo nos quedará antes de que las consecuencias negativas nos afecten a todos, e incluso puede que lleguen a ser irreversibles. Cada año que pasa no sólo no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que éstas aumentan. Es por eso que ahora es el momento de actuar.

Como conclusión del informe del IPCC debe quedar claro que para evitar el aumento por encima de 1,5 grados era necesario recortar en un 45% las emisiones actuales. Sin embargo, por el desacuerdo de varios Estados con este informe, y junto con el miedo al fracaso de la cumbre, se omitieron estos recortes del acuerdo final. Esta demora en la toma de medidas drásticas solo reduce el tiempo del que disponemos para salvar nuestro planeta, arriesgándonos a llegar demasiado tarde para evitar las peores consecuencias.

Resultado

En el encuentro de Katowice fue posible el consenso en torno al reglamento sobre las medidas del Acuerdo de París, lo cual ya supone un gran logro, pero el pacto se produjo a costa de dejar a un lado los mercados de carbono, es decir, el conjunto de mecanismos de comercio de carbono que permite que países que emiten más gases de efecto invernadero puedan comprar derechos de emisión a aquellos países que sí cumplen con los objetivos y emiten gases por debajo del límite establecido. Este apartado bloqueó durante horas la negociación de otros temas, pues diversos países que se benefician de la actual situación, como Brasil, se opusieron a modificaciones. Finalmente decidió posponer la negociación hasta la convocatoria de COP25 el próximo año en Chile.

El conjunto de reglas comunes para todos los países permite presentar sus avances en la lucha contra el cambio climático del mismo modo. Hemos de recordar, que el problema que se presentó tras el Acuerdo de París fue que cada país decidió presentar los datos sobre las promesas de recortes de manera diferente. Por esta razón, un acuerdo para unificar reglas y criterios de forma común es un gran avance. Estas reglas de transparencia son especialmente importantes, puesto que permitirán analizar el avance de lo propuesto en cada momento y eso hará posible un análisis de los objetivos alcanzados y la necesidad de tomar medidas adicionales. Por ejemplo, entre los datos que se exigen a todos los países en sus informes están los sectores incluidos en sus objetivos, la emisión de gases y el año de referencia respecto al que van a medir el proceso.

A pesar de que algunos se muestran decepcionados debido a que esperaban más resultados de los que se obtuvieron, hay que considerar un éxito el mero hecho de haber alcanzado un acuerdo entre todos los países asistentes.

Debemos tener en cuenta que algunos de los Estados participantes que mostraron menos interés y pusieron menos esfuerzo en las negociaciones para esta lucha, e incluso plantearon obstáculos en las negociaciones, son países muy importantes en la esfera internacional, con gran poder económico y político. Por esta razón, debemos considerar que el acuerdo alcanzado es un paso más hacia la concienciación de la lucha contra el cambio climático. Un paso pequeño pero un paso hacia delante.

Pugna entre iglesias ortodoxas en la 'guerra híbrida'

La ruptura con Rusia de los ortodoxos de Ucrania traslada al ámbito religioso la tensión entre Kiev y Moscú

Mientras Rusia cerraba a Ucrania los accesos del Mar de Azov, a finales de 2018, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana avanzaba en su independencia respecto al Patriarcado de Moscú, cortando un importante elemento de influencia rusa sobre la sociedad ucraniana. En la “guerra híbrida” planteada por Vladimir Putin, con sus episodios de contraofensivas, la religión es un ámbito más de soterrada pugna.

Proclamación de autocefalia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, con asistencia del presidente ucraniano Poroshenko [Mykola Lazarenko]

▲ Proclamación de autocefalia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, con asistencia del presidente ucraniano Poroshenko [Mykola Lazarenko]

ARTÍCULOPaula Ulibarrena

El 5 de enero de 2019 fue un día importante para la Iglesia Ortodoxa. En la histórica Constantinopla, hoy Estambul, en la catedral ortodoxa de San Jorge, se verificó la ruptura eclesiástica entre el rus de Kiev y Moscú, naciendo así la decimoquinta Iglesia Ortodoxa autocéfala, la de Ucrania.

El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, presidió el acto junto al metropolitano de Kiev, Epifanio, que fue elegido en otoño pasado por parte de los obispos ucranianos que quisieron escindirse del Patriarcado de Moscú. Tras un solemne recibimiento coral a Epifanio, de 39 años, los dirigentes eclesiásticos colocaron en una mesa del templo el tomos (decreto), un pergamino escrito en griego que certifica la independencia de la Iglesia de Ucrania.

Pero quien realmente encabezó la delegación ucraniana fue el presidente de esa república, Petró Poroshenko. “Es un acontecimiento histórico y un gran día porque hemos podido escuchar una oración en ucraniano en la catedral de San Jorge”, escribió momentos después Poroshenko en su cuenta de la red social Twitter.

El acto contó con el frontal rechazo del Patriarcado de Moscú, que lleva tiempo enfrentado con el patriarca ecuménico de Constantinopla. El arzobispo Ilarión, jefe de relaciones exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa, comparó la situación con el Cisma de Oriente y Occidente de 1054 y advirtió de que el conflicto actual puede prolongarse "por decenios e incluso siglos".

El gran cisma

Así se denomina al cisma o separación de la Iglesia de Oriente (Ortodoxa) de la Iglesia Católica de Roma. La separación se gestó a lo largo de siglos de desavenencias comenzando por el momento en que el emperador Teodosio el Grande dividió a su muerte (año 395) el Imperio Romano en dos partes entre sus hijos: Honorio y Arcadio. Sin embargo, no se llegó a la ruptura efectiva hasta 1054. Las causas son de tipo étnico por diferencias entre latinos y orientales, políticos por el apoyo de Roma a Carlomagno y de la Iglesia oriental a los emperadores de Constantinopla pero sobre todo por las diferencias religiosas que a lo largo de esos años fueron distanciando a ambas iglesias, tanto en aspectos como santorales, diferencias de culto, y sobre todo por la pretensión de ambas sedes eclesiásticas de ser la cabeza de la Cristiandad.

Cuando Constantino el Grande mudó la capital del imperio de Roma a Constantinopla, esta pasó a ser denominada la Nueva Roma. Tras la caída del imperio romano de Oriente a manos de los turcos en 1453 Moscú utilizó la denominación de “Tercera Roma”. Las raíces de este sentimiento comenzaron a gestarse durante el reinado del gran duque de Moscú Iván III, que había contraído matrimonio con Sofía Paleóloga quien era sobrina del último soberano de Bizancio, de manera que Iván podía reclamar ser el heredero del derrumbado Imperio Bizantino.

Las diferentes iglesias ortodoxas

La Iglesia Ortodoxa no tiene una unidad jerárquica, sino que está constituida por 15 iglesias autocéfalas que reconocen solo el poder de su propia autoridad jerárquica, pero mantienen entre sí comunión doctrinal y sacramental. Dicha autoridad jerárquica se equipara habitualmente a la delimitación geográfica del poder político, de modo que las diferentes iglesias ortodoxas han ido estructurándose en torno a los Estados o países que se han configurado a lo largo de la historia, en el área que surgió del Imperio Romano de Oriente, y posteriormente ocupó el Imperio Otomano.

Son las siguientes iglesias: la de Constantinopla, la rusa (que es la mayor, con 140 millones de fieles), la serbia, la rumana, la búlgara, la chipriota, de georgiana, la polaca, la checa y eslovaca, la albanesa y la ortodoxa de América, así como las muy prestigiosas pero pequeñas de Alejandría, Jerusalén y Antioquía (para Siria).

La Iglesia Ortodoxa de Ucrania ha dependido históricamente de la rusa, paralelamente a la dependencia del país respecto a Rusia. En 1991 a raíz de la caída del comunismo y de la desaparición de la URSS, muchos obispos ucranianos autoproclamaron el Patriarcado de Kiev y se separan de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Esta separación fue cismática y no obtuvo apoyo del resto de iglesias y patriarcados ortodoxos, y de hecho supuso que en Ucrania coexistiesen dos iglesias ortodoxas: el Patriarcado de Kiev y la Iglesia Ucraniana dependiente del Patriarcado de Moscú.

Sin embargo esta falta de apoyos iniciales cambió el año pasado. El 2 de julio de 2018, Bartolomé, patriarca de Constantinopla, declaró que no existe ningún territorio canónico de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Ucrania ya que Moscú se anexionó la Iglesia Ucraniana en 1686 de forma canónicamente inaceptable. El 11 de octubre, el Santo Sínodo del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla decidió conceder la autocefalia del Patriarca Ecuménico a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y revocó la validez de la carta sinodal de 1686, que concedía el derecho al Patriarca de Moscú para ordenar al Metropolitano de Kiev. Esto llevó a la reunificación de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y su ruptura de relaciones con la de Moscú.

El 15 de diciembre, en la Catedral de Santa Sofía de Kiev, se celebró el Sínodo Extraordinario de Unificación de las tres iglesias ortodoxas ucranianas, siendo elegido como Metropolitano de Kiev y toda Ucrania el arzobispo de Pereýaslav-Jmelnitski y Bila Tserkva Yepifany (Dumenko). El 5 de enero de 2019, en la Catedral patriarcal de San Jorge en Estambul el Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I rubricó el tomos de autocefalia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania.

La política, ¿acompaña la división o es su causa?

En el Este de Europa es casi una tradición la relación íntima entre religión y política, como ha sido desde los principios de la Iglesia Ortodoxa. Parece evidente que la confrontación política entre Rusia y Ucrania es paralela al cisma entre las iglesias ortodoxas de Moscú y Kiev, e incluso es un factor más que añade tensión a este enfrentamiento. De hecho, el simbolismo político del acto de Constantinopla se vio reforzado por el hecho de que fue Poroshenko, y no Epifanio, el que recibió el tomos de manos del patriarca ecuménico, al que agradeció el “coraje de tomar esta histórica decisión”. Anteriormente el mandatario ucraniano ya había comparado este hecho con el referéndum mediante el que Ucrania se independizó de la URSS en 1991 y con la “aspiración a ingresar en la Unión Europea y la OTAN”.

Aunque la separación llevaba años gestándose, curiosamente la búsqueda de esa independencia religiosa se ha intensificado tras la anexión por parte de Rusia de la península ucraniana de Crimea en 2014 y el apoyo de Moscú a milicias separatistas en el este de Ucrania.

El primer resultado se hizo público el 3 de noviembre, con una visita de Poroshenko a Fanar, la sede de Bartolomé en Estambul, tras la cual el patriarca subrayó su apoyo a la autonomía eclesiástica de Ucrania.

El reconocimiento de Constantinopla de una iglesia autónoma ucrania supone también un impulso para Poroshenko, que se enfrenta a una dura carrera electoral en marzo. En el poder desde 2014, Poroshenko ha centrado en el asunto religioso gran parte de su discurso. “Ejército, idioma, fe”, es su principal eslogan electoral. De hecho, tras la separación, el mandatario afirmó: “nace la Iglesia Ortodoxa Ucraniana sin Putin y sin Kirill, pero con Dios y con Ucrania”.

Kiev asegura que las iglesias ortodoxas respaldadas por Moscú en Ucrania —unas 12.000 parroquias— son en realidad una herramienta de propaganda del Kremlin, que las emplea también para apoyar a los rebeldes prorrusos del Donbás. Las iglesias lo niegan rotundamente.

En el otro lado, Vladímir Putin, que se erigió hace años como defensor de Rusia como potencia ortodoxa y cuenta con el patriarca de Moscú entre sus aliados, se opone fervientemente a la separación y ha advertido de que la división producirá “una gran disputa, si no un derramamiento de sangre”.

Además, para el patriarcado de Moscú —que rivaliza desde hace años con el de Constantinopla como centro de poder ortodoxo— supone un duro golpe. La Iglesia Rusa tiene alrededor de 150 millones de cristianos ortodoxos bajo su autoridad, y con esta separación perdería una quinta parte, aunque todavía seguiría siendo el patriarcado ortodoxo más numeroso.

También este hecho tiene un gemelo político, pues Rusia ha afirmado que romperá relaciones con Constantinopla. Vladimir Putin sabe que pierde una de las mayores fuentes de influencia que posee en Ucrania (y en lo que él llama “el mundo ruso"): el de la Iglesia Ortodoxa. Para Putin, Ucrania se encuentra en el centro del nacimiento del pueblo ruso. Esta es una de las razones, junto a la importante posición geoestratégica de Ucrania y su extensión territorial, por las que Moscú quiere seguir manteniendo la soberanía espiritual sobre la antigua república soviética, ya que políticamente Ucrania se está acercando a Occidente, tanto a la UE y como a Estados Unidos.

Tampoco hay que olvidar la carga simbólica. La capital ucraniana, Kiev, fue el punto de partida y origen de la Iglesia Ortodoxa Rusa, algo que acostumbra a recordar el propio presidente Putin. Fue allí donde el príncipe Vladimir, figura eslava medieval reverenciada tanto por Rusia como por Ucrania, se convirtió al Cristianismo en el año 988. “Si la Iglesia Ucraniana gana su autocefalia, Rusia perderá el control de esa parte de la historia que reclama como origen de la suya propia”, asegura a la BBC el doctor Taras Kuzio, profesor en la Academia de Mohyla de Kiev. “Perderá también gran parte de los símbolos históricos que forman parte del nacionalismo ruso que defiende Putin, tales como el monasterio de las Cuevas de Kiev o la catedral de Santa Sofía, que pasarán a ser enteramente ucranianos. Es un golpe para los emblemas nacionalistas de los que presume Putin”.

Otro aspecto a considerar es que las iglesias ortodoxas de otros países (Serbia, Rumanía, Alejandría, Jerusalén, etc) se empiezan a alinear a un lado u otro de la gran grieta: con Moscú o con Constantinopla. No está claro si esto quedará como un cisma meramente religioso, de producirse, o si arrastrará también al poder político, pues no hay que olvidar, como ya se ha señalado, que en ese área que denominamos Oriente siempre han existido unos lazos muy fuertes entre poder religioso y político desde el gran cisma con Roma.

 

Ceremonia de entronización del erigido patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania [Mykola Lazarenko]

Ceremonia de entronización del erigido patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania [Mykola Lazarenko]

 

¿Por qué ahora?

El anuncio de la escisión entre ambas iglesias es, para algunos, algo lógico en términos históricos. “Tras la caída del Imperio Bizantino, las iglesias ortodoxas independientes fueron configurándose en el siglo XIX de acuerdo a las fronteras nacionales de los países y este es el patrón que, con retraso, está siguiendo ahora Ucrania”, explica en la citada información de la BBC el teólogo Aristotle Papanikolaou director del Centro de Estudios Cristianos Ortodoxos de la Universidad de Fordham, en Estados Unidos.

Hay que considerar que es la oportunidad de Constantinopla de restar poder a la Iglesia de Moscú, pero sobre todo es la reacción del sentimiento general ucraniano frente a la actitud de Rusia. “¿Cómo pueden los ucranianos aceptar como guías espirituales a miembros de una iglesia que se cree implicada en las agresiones imperialistas rusas?”, se pregunta Papanikolau, reconociendo el impacto que la guerra de Crimea y su posterior anexión pudo haber tenido en la actitud de los eclesiásticos de Constantinopla.

Existe, pues, una relación clara y paralela entre el deterioro de las relaciones políticas entre Ucrania y Rusia, y la separación entre el rus de Kiev frente a la Iglesia de Moscú. Ambas iglesias ortodoxas están muy imbricadas, no solo en sus respectivas sociedades, sino también en los ámbitos políticos y estos a su vez utilizan para sus fines la importante ascendencia de las iglesias sobre los habitantes de los dos países. En definitiva, la tensión política arrastra o favorece la tensión eclesiástica, pero a su vez las aspiraciones de independencia de la Iglesia Ucraniana ven este momento de enfrentamiento político como el idóneo para independizarse de la moscovita.

Tailandia ante otro intento de volver a la democracia

Tras cuatro años de junta militar, las próximas elecciones abren la posibilidad de retornar a una legitimidad demasiado interrumpida por golpes de Estado

Tailandia ha conocido diversos golpes de Estado e intentos de vuelta a la democracia en su historia más reciente. La Junta militar que se hizo con el poder en 2014 ha convocado elecciones para el 24 de marzo. El deseo, sin éxito, de la hermana del rey Maha Vajiralongkorn de concurrir a las elecciones para acceder al puesto de primera ministra ha llamado la atención mundial sobre un sistema político que no logra atender las aspiraciones políticas de los tailandeses. 

Escena de una calle de Bangkok [Pixabay]

▲ Escena de una calle de Bangkok [Pixabay]

ARTÍCULOMaría Martín Andrade

Tailandia es uno de los países integrantes de ASEAN que más rápido se está desarrollando en términos económicos. No obstante, estos avances se encuentran con un difícil obstáculo: la inestabilidad política que el país arrastra desde principios del siglo XX y que abre un nuevo capítulo ahora, en 2019, con las elecciones que tendrán lugar el 24 de marzo. Estas elecciones suponen un antes y un después en la política tailandesa reciente, después de que en 2014, el general Prayut Chan-Ocha diese un golpe de Estado y se convirtiera en primer ministro de Tailandia encabezando el NCPO (Consejo Nacional para la Paz y el Orden), la junta de gobierno constituida para dirigir el país.

Sin embargo, no son pocos los que se muestran escépticos ante esta nueva entrada de la democracia. Para empezar, las elecciones se fijaron inicialmente para el 24 de febrero, pero poco tiempo después el Gobierno anunció un cambio de fecha y las convocó para un mes más tarde. Algunos han expresado sospechas acerca de una estrategia para que las elecciones no tengan lugar, ya que, según la ley, no pueden celebrarse una vez transcurridos ciento cincuenta días a partir de la publicación de las diez últimas leyes orgánicas. Otros temen que el NCPO se haya dado más tiempo para comprar votos, al tiempo que comentan su inquietud por la posibilidad de que la Comisión Electoral, que es una administración independiente, sea manipulada para lograr un éxito que a la junta militar le va a resultar difícil asegurar.

Centrando este análisis en lo que el futuro depara a la política tailandesa, es necesario remontarse a su trayectoria en el último siglo para darse cuenta de que sigue una estela circular.

Los golpes de Estado no son algo nuevo en el país (1). Ha habido doce desde que en 1932 se firmó la primera Constitución. Todo responde a una interminable pugna entre el “ala castrense”, que ve el constitucionalismo como una importación occidental que no termina de encajar con las estructuras tailandesas (también defiende el nacionalismo y venera la imagen del rey como símbolo de la nación, la religión budista y la vida ceremonial), y la “órbita izquierdista”, originariamente compuesta por emigrantes chinos y vietnamitas, que percibe la institucionalidad del país como similar a la de la “China pre-revolucionaria” y que a lo largo de todo el siglo XX se expresó por medio de guerrillas. A esta última ideología hay que añadir el movimiento estudiantil, que desde los comienzos de la década de 1960 critica la “americanización”, la pobreza, el orden tradicional de la sociedad y el régimen militar.

Con el boom urbano iniciado en la década de 1970, el producto interior bruto se quintuplicó y el sector industrial pasó a ser el de mayor crecimiento, gracias a la producción de bienes tecnológicos y a las inversiones que las empresas japonesas empezaron a hacer en el país. Durante esta época se produjeron golpes de Estado, como el de 1976, y numerosas manifestaciones estudiantiles y acciones guerrilleras. Tras el golpe de 1991 y nuevas elecciones se abrió un debate sobre cómo crear un sistema político eficiente y una sociedad adaptada a la globalización.

Estos esfuerzos se truncaron cuando llegó la crisis económica de 1997, que generó divisiones y despertó rechazo hacia la globalización, por considerarla la fuerza maligna que había llevado el país a la miseria. Es en este punto cuando entró en escena alguien que desde entonces ha sido clave en la política tailandesa y que sin duda marcará las elecciones de marzo: Thaksin Shinawatra.

Shinawatra, un importante empresario, creó el partido Thai Rak Thai (Thai ama Thai) como reacción nacionalista a la crisis. En 2001 ganó las elecciones y apostó por el crecimiento económico y la creación de grandes empresas, pero a la vez ejerció un intenso control sobre los medios de comunicación, atacando a aquellos que se atrevían a criticarle y permitiendo únicamente la publicación de noticias positivas. En 2006 se produjo un golpe de Estado para derrocar a Shinawatra, acusado de graves delitos de corrupción. No obstante,  Shinawatra volvió a ganar los comicios en 2007, esta vez con el Partido del Poder Popular.

En 2008 se produjo una nueva asonada, pero la marca Shinawatra, representada por la hermana del exprimer ministro, ganó las elecciones en 2011, esta vez con el partido Pheu Thai. Yingluck Shinawatra se convirtió así en la primera mujer en presidir el Gobierno de Tailandia. En 2014 otro golpe la apartó a ella e instauró una junta que ha gobernado hasta ahora, con un discurso basado en la lucha contra la corrupción, la protección de la monarquía, y el rechazo a las políticas electorales, consideradas como la epidemia nacional.

En este contexto, todo el esfuerzo de la junta, que se presenta en marzo bajo el nombre del partido Palang Pracharat, se ha centrado en debilitar a Pheu Thai y así eliminar del mapa todo rastro que quede de Shinawatra. Para conseguir esto, la junta ha procedido a reformar el sistema electoral (en 2016 una nueva Constitución sustituyó a la de 1997), de forma que el Senado ya no es elegido por los ciudadanos.

A pesar de todos los esfuerzos manifestados en la compra de votos, la posible manipulación de la Comisión Electoral y la reforma del sistema electoral, se intuye que la sociedad tailandesa puede hacer oír su voz de cansancio del gobierno militar, que además pierde apoyo en Bangkok y en el sur. A esto se añade el convencimiento colectivo de que, más que perseguir el crecimiento económico, la Junta se ha centrado en conseguir la estabilidad haciendo más desigual la economía de Tailandia, según datos de Credit Suisse. Por ello mismo, el resto de los partidos que se presentan a estas elecciones, Prachorath, Pheu Thai, y Bhumjaithai, coinciden en que Tailandia se tiene que volver a integrar en la competencia global y que el mercado capitalista tiene que crecer.

A principios de febrero el contexto se complicó aún más, cuando la princesa Ulboratana, la hermana del actual rey, Maha Vajiralongkorn, comunicó la presentación de su candidatura en las elecciones como representante del partido Thai Raksa Chart, aliado de Thaksin Shinawatra. Esta noticia supuso una gran anomalía, no únicamente por el hecho de que un miembro de la monarquía mostrase su intención de participar activamente en política, algo que no ocurría desde que en 1932 se pusiera fin a la monarquía absoluta, sino porque además todos los golpes de estado que se han dado en el país han contado con el respaldo de la familia real. El último, de 2014, contó con la bendición del entonces rey Bhumibol. Asimismo, la familia real siempre ha contado con el apoyo de la Junta militar.

En aras de evitar un enfrentamiento que dañaba a la monarquía, el rey reaccionó con rapidez y mostró públicamente su rechazo a la candidatura de su hermana; finalmente la Comisión Electoral decidió retirarla del proceso de elecciones.

Gobierno deficiente

Durante los últimos años la Junta militar ha sido responsable de mala gobernanza, de la débil institucionalidad del país y de una economía amenazada por las sanciones internacionales que buscan castigar la falta de democracia interna.

Para empezar, siguiendo el artículo 44 de la Constitución proclamada en 2016, el NCPO tiene legitimidad para intervenir en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo con el pretexto de proteger a Tailandia de amenazas contra el orden público, la monarquía o la economía. Esto no solo impide toda posibilidad de interacción y resolución efectiva de conflictos con otros actores, sino que es un rasgo inequívoco de un sistema autoritario.

Han sido precisamente sus características de régimen autoritario, que es como se puede calificar a su sistema gubernamental, las que han hecho a la comunidad internacional reaccionar desde el golpe de 2014, imponiendo diversas sanciones que pueden afectar a Tailandia seriamente. Estados Unidos suspendió 4,7 millones de dólares de asistencia financiera, mientras que Europa ha puesto objeciones en la negociación de un acuerdo de libre comercio, pues como ha indicado Pirkka Tappiola, representante de la UE ante Tailandia, solo será posible establecer un acuerdo de ese tipo con un gobierno democráticamente elegido. Además, Japón, principal inversor en el país, ha empezado a buscar vías alternativas, implantando fábricas en otros lugares de la región como Myanmar o Laos.

Ante el cuestionamiento de su gestión, la Junta reaccionó dedicando 2.700 millones de dólares a programas destinados a los sectores más pobres de la población más pobres, especialmente los campesinos, e invirtiendo cerca de 30.000 millones en la construcción de infraestructuras en zonas aún no explotadas.

Dado que las exportaciones en Tailandia son el 70% de su PIB, el Gobierno no se puede permitir el lujo de tener a la comunidad internacional enfrentada. Eso explica que la Junta creara un comité para gestionar problemas referentes a los derechos humanos, denunciados desde el exterior, si bien el objetivo de la iniciativa parece haber sido más bien publicitario.

De cara a una nueva etapa democrática, la Junta tiene una estrategia. Habiendo puesto la mayor parte de sus esfuerzos en la creación de nuevas infraestructuras, espera abrir un corredor económico, el Eastern Economic Corridor (EEC), con el que convertir las tres principales provincias costeras (Chonburi, Rayong, y Chachoengsao) en zonas económicas especiales donde se potencien industrias como las del automóvil o la aviación, y que sean atractivas para la inversión extranjera una vez despejada la legitimación democrática.

Es difícil prever qué ocurrirá en Tailandia en las elecciones del 24 de marzo. Aunque casi todo habla de una nueva vuelta a la democracia, está por ver el resultado del partido creado por los militares (Pralang Pracharat) y su firmeza en el compromiso con un juego institucional realmente honesto. Si Tailandia quiere seguir creciendo económicamente y atraer de nuevo a inversores extranjeros, los militares debieran dar pronto paso a un proceso completamente civil. Posiblemente no será un camino sin contratiempos, pues la democracia es un vestido que hasta ahora le ha venido un tanto ajustado al país.

 

(1) Baker, C. , Phongpaichit, P. (2005). A History of Thailand. Cambridge, Univeristy Press, New York.