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Perú erradica plantas de coca por primera vez en el VRAEM, área de acción de Sendero Luminoso

Bolivia se ha consolidado en el papel de distribuir la cocaína peruana y la propia para consumo en Sudamérica y exportación a Europa

  • En 2019 el gobierno de Martín Vizcarra erradicó 25.526 hectáreas de cultivo de coca, la mitad de la extensión total estimada de plantaciones

  • Perú tuvo en 2018 una producción potencial de cocaína récord de 509 toneladas; la de Bolivia fue de 254, una de las históricamente más altas, según EEUU

  • EEUU acusó a Morales hacia el término de su mandato de haber “faltado manifiestamente” a sus obligaciones internacionales con su plan antinarcóticos 2016-2020

Operación de erradicación de cultivo de coca en el Alto Huallaga, Perú [Proyecto CORAH)

▲ Operación de erradicación de cultivo de coca en el Alto Huallaga, Perú [Proyecto CORAH]

INFORME SRA 2020Eduardo Villa Corta [versión PDF]

Desde que en Perú los planes nacionales contra el cultivo de coca comenzaron en la década de 1980, las campañas de erradicación de las plantaciones nunca habían llegado a lo que se conoce como VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), una zona de difícil acceso en el centro de la mitad sur del país. En esa zona opera el crimen organizado, especialmente los residuos de la vieja guerrilla de Sendero Luminoso, dedicada ahora al narcotráfico y otros negocios ilícitos. El área es origen del 64% de la producción potencial de cocaína del país. Perú es el segundo productor del mundo, después de Colombia.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra llevó a cabo en 2019 una decidida política de supresión de cultivos ilícitos. El plan de erradicación (Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga o CORAH) se aplicó el año pasado a 25.526 hectáreas de cultivos de coca (la mitad de las existentes), de las cuales 750 habrían correspondido al VRAEM (las operaciones se desarrollaron en las zonas de Satipo, río Tambo y Alto Anapati, en la región de Junín).

Estas acciones debieran traducirse, cuando se presenten las cifras referidas a 2019, en una reducción del cultivo total de coca y de la potencial producción de cocaína, rompiendo así el incremento que se venía experimentando en los últimos años. Según el último Informe Internacional de Estrategia de Control de Narcóticos (INCSR), del Departamento de Estado norteamericano, que sigue de cerca esta actividad ilícita en los países de la región, en 2018 había en Perú 52.100 hectáreas de coca (frente a las 44.000 de 2016 y las 49.800 de 2017), cuya extensión y calidad de cultivo podría generar una producción récord de 509 toneladas de cocaína (frente a las 409 de 2016 y 486 de 2017). Aunque en 2013 llegó a haber una mayor área cultivado (59.500 hectáreas), entonces el potencial de cocaína se quedó en 359 toneladas.

De Perú a Bolivia

Ese incremento de los últimos años en la generación de cocaína en Perú ha consolidado el papel de Bolivia en el tráfico de esa droga, pues además de ser el tercer país productor del mundo (en 2018 había cultivadas 32.900 hectáreas, con una producción potencial de 254 toneladas de sustancia estupefaciente, según EEUU), es zona de tránsito de la cocaína de origen peruano.

El hecho de que solo alrededor del 6% de la cocaína que alcanza Estados Unidos proceda de Perú (el resto llega de Colombia), indica que la mayor parte de la producción peruana va hacia el creciente mercado de Brasil y Argentina y hacia Europa, y por tanto su lugar natural de salida es por Bolivia. De esta forma, Bolivia es considerada como un gran “distribuidor”.

Parte de la droga llega en pasta y es refinada en laboratorios bolivianos. Las mercancías se introducen en Bolivia utilizando avionetas, que en ocasiones vuelan a menos de 15 metros de altura y sueltan los paquetes de cocaína en áreas rurales no habitadas; luego son recogidos por elementos de la organización. El traslado también se realiza por carretera, con la droga camuflada en caminos de carga, y en menor medida utilizando el lago Titicaca y otras vías fluviales que conectan ambos países.

Una vez pasada la frontera, la droga de Perú, junto con la producida en Bolivia, viaja a Argentina y Chile, especialmente a través de la ciudad boliviana de Santa Cruz y el paso fronterizo chileno de Colchane, o se interna en Brasil –directamente o a través de Paraguay, usando por ejemplo el paso entre la población paraguaya de Pedro Juan Caballero y la brasileña Ponta Pora– para consumo propio del mayor país de Sudamérica, cuyo volumen ha escalado al segundo puesto mundial, o para llegar a puertos internacionales como el de Santos. Este puerto, que es la salida al mar de Sao Paulo, se ha convertido en el nuevo 'hub' del comercio mundial de narcóticos, del cual sale casi el 80% de las drogas de Latinoamérica con destino a Europa (en ocasiones a través de África).

La producción en Bolivia volvió a crecer a partir de mediados de la década recién terminada, si bien en el caso boliviano existe una notoria diferencia entre las a menudo divergentes cifras ofrecidas por Estados Unidos y por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Ambas estimaciones concuerdan en que previamente hubo un descenso, atribuido por el gobierno de La Paz a la llamada “racionalización de la producción de la coca”, que redujo la producción en un 35% y ajustó las áreas de cultivo a las permitidas por la ley, en un país donde están permitidos usos tradicionales de la coca.

Sin embargo, la Ley de la Coca promovida en 2017 por el presidente Evo Morales (su carrera política se originó en los sindicatos cocaleros, cuyos intereses luego siguió defendiendo) amparó una extensión de la producción, elevando las hectáreas permitidas de 12.000 a 22.000. La nueva ley venía a cubrir un incremento que ya se estaba produciendo e incentivó mayores excesos que han sobrepasado con creces el volumen requerido por los usos tradicionales, que estudios de la Unión Europea sitúan en menos de 14.700 hectáreas. De hecho, la UNODC estimó en su informe de 2019 que entre el 27% y el 42% de la hoja de coca cultivada en 2018 no fue vendida en los dos únicos mercados locales autorizados para ello, lo que indica que al menos el resto fue destinada a la producción de cocaína.

Para 2018, la UNODC determinó una producción de 23.100 hectáreas, en cualquier caso por encima de lo permitido por la ley. Los datos de EEUU hablan de 32.900 hectáreas, lo que suponía un incremento del 6% respecto al año anterior, y una producción potencial de cocaína de 254 toneladas (un 2% más).

El 65% de la producción boliviana se realiza en la zona de los Yungas, próxima a La Paz, y el 35% restante en Chapare, cerca de Cochabamba. En esta última zona los cultivos se están expandiendo, invadiendo el parque-reserva natural de Tipnis. El parque, que se adentra en la Amazonia, sufrió en 2019 importantes incendios: intencionados o no, la vegetación tropical aniquilada podría paso a plantaciones clandestinas de coca.

 

 

Después de Morales

El informe del Departamento de Estado norteamericano de 2020 destaca el mayor compromiso antidroga de las autoridades bolivianas que en noviembre de 2019 sucedieron al gobierno de Morales, el cual había mantenido “controles inadecuados” sobre el cultivo de coca. EEUU considera que el plan antidroga de Morales para 2016-2020 “priorizaba” acciones contra organizaciones criminales en lugar de combatir la producción de los cocaleros que excediera el volumen permitido. Poco antes de dejar el poder, en el mes de septiembre, Morales fue señalado desde EEUU por haber “fallado manifiestamente” a las obligaciones internacionales en materia de control de drogas.

Según EEUU, el gobierno de transición “ha dado importantes pasos en la interceptación de droga y en la extradición de narcotraficantes”. Este mayor control de las nuevas autoridades bolivianas, junto con la decidida actuación del gobierno de Vizcarra en Perú debiera conducir a una reducción del cultivo de coca y de producción de cocaína en ambos países, y por tanto de su exportación.

Latinoamérica aporta solo el 3% del contingente de las misiones de paz de la ONU

Uruguay contribuye con el 45,5% de los efectivos latinoamericanos y El Salvador es el segundo, con el 12%; ambos por delante de las potencias regionales

  • Del total de 82.480 efectivos de las catorce misiones de paz de la ONU a comienzos de 2020, 2.473 procedían de países latinoamericanos, la mayoría militares y policías

  • Casi todo el contingente procedente de la región sirve en misiones en África; el 45,4% lo hace en el plan de estabilización de la República Democrática del Congo

  • Tras Uruguay y después El Salvador, siguen Argentina, Brasil, Perú y Guatemala; en cambio México es de los que menos aporta (solo 13 expertos y empleados, no tropa)

Soldado boliviano en unos ejercicios de entrenamientos para misiones de paz de la ONU, en 2002 [Wikipedia]

▲ Soldado boliviano en unos ejercicios de entrenamientos para misiones de paz de la ONU, en 2002 [Wikipedia]

INFORME SRA 2020Jaime Azpiri [versión en PDF]

La aportación de Latinoamérica a las misiones internacionales de mantenimiento de la paz auspiciadas por Naciones Unidas queda por debajo del peso de su población y economía en el mundo (alrededor del 8% y del 7%, respectivamente). Del total de 82.480 personas que participaban en las distintas misiones de la ONU a 31 de enero de 2020, solo 2.473 procedían de países latinoamericanos, lo que supone el 2,9% del total. Similar porcentaje (3%) se registraba al considerar únicamente el personal militar o policial de las misiones (cerca de 2.150 uniformados, de un total de 70.738; el resto correspondía a empleados y expertos).

Se trata de una presencia exterior menor de la que cabría esperar, dada además la insistencia de muchos países de la región en el multilateralismo y la conveniencia de instituciones internacionales fuertes que limiten impulsos expansivos de las grandes potencias. Especial excepción constituye Uruguay, justamente la nación más coherente en su defensa del arbitraje internacional, que a pesar de su reducida población es la que, con diferencia, aporta más personal a las misiones de paz. Sus 1.125 enviados constituyen el 45,5% del contingente total latinoamericano.

Si la decidida contribución de Uruguay no extraña, sí sorprende que como segundo país con mayor participación sea El Salvador, con 293 personas (el 12% de la aportación latinoamericana). Siguen luego dos países de gran peso, Argentina y Brasil, (272 y 252 enviados, respectivamente); después Perú (231) y Guatemala (176). En cambio, México, a pesar de todo su potencial económico y humano, está especialmente ausente de estas misiones internacionales (solo 13 personas, además en concepto de empleados o expertos, no de tropa), tanto por restricciones constitucionales como por doctrina política. En el caso de Colombia (únicamente 2 expertos) puede deberse a la necesidad de destinar su fuerza militar íntegramente a la pacificación del propio país, si bien cabría esperar mayor capacidad y disponibilidad de un socio global de la OTAN, designación única en Latinoamérica que alcanzó en 2018.

El encargo internacional más atendido, que congrega al 45,4% del contingente total de la región, es la de misión de la ONU para la estabilización de la República Democrática del Congo, de cuyo nombre en francés deviene el acrónimo MONUSCO. En ella participan 1.123 latinoamericanos, cuya mayoría se ve constituida por el grueso de enviados uruguayos (934), con la mayor participación también de los guatemaltecos que están en misiones militares en el exterior (153).

 

 

Misiones anteriores destacadas

Si bien los países de América Latina en general participan poco en misiones militares en el extranjero, el envío de tropas al exterior no es ajeno a la propia historia de las repúblicas americanas tras su independencia. Una primera intervención fue la llamada “ABC”, coalición formada por Argentina, Brasil y Chile en el contexto de la Revolución Mexicana, a principios del siglo pasado, para evitar la guerra civil en el país norteamericano. Otro conflicto que requirió de intermediación fue la Guerra del Chaco en la década de 1930. En esta confrontación entre Paraguay y Bolivia, fueron cruciales las intervenciones de Chile y Argentina para definir posteriormente la reafirmación de la nacionalidad de la región del Chaco.

A finales del siglo XX la misión más importante fue la destinada a pacificar las repúblicas exyugoslavas, denominada por la ONU como UNPROFOR. Argentina fue el país latinoamericano con mayor presencia de efectivos en ese escenario. Poco después, en la misma década de 1990, se implementaron dos misiones internacionales, esta vez en el propio Hemisferio Occidental, para asegurar los acuerdos que ponían fin a las guerras civiles de El Salvador (ONUSAL) y Guatemala (MINUGUA). Al final de esa década se articuló la MOMEP para imponer un armisticio entre Perú y Ecuador, enfrentados en la Guerra del Cenepa.

También en Colombia algunos dirigentes barajaron en algún momento la posibilidad de solicitar la presencia de cascos azules con el fin de controlar y a largo plazo acabar con la insurrección de las FARC. El después presidente colombiano Álvaro Uribe propuso en 1998 la presencia de tropas internacionales ante la incapacidad del gobierno del momento de controlar la situación, pero la iniciativa no fue llevada a cabo. Tras el acuerdo de paz en 2016 las partes firmantes solicitaron a la ONU una misión de vigilancia del cumplimiento de los términos pactados, conocida como UNVMC, en la que opera un máximo de 120 personas (algunos civiles y un centenar de militares y policías), de las cuales, en enero de 2020, 94 procedían de países latinoamericanos.

 

 

La contraposición de Uruguay y México

Hoy los países de la región se encuentran presentes en 14 misiones de paz diferentes (del total de 21 que impulsa la ONU), especialmente en África pero también en otras partes del mundo. En MINUSCA, convocada para la pacificación de la República Centroamericana, participan 9 naciones latinoamericanas, el mismo número que lo hace en UNVMC, la misión de verificación de los acuerdos de paz en Colombia. En UNMISS, misión de asistencia en Sudán del Sur, participan 8 países y en MONUSCO, implementada en la República Democrática del Congo, lo hacen 7.

Como ya se ha dicho, Uruguay es el que aporta un mayor contingente a las misiones en curso (1.126 personas, a fecha de 31 de enero). Ese personal está destinado básicamente a MONUSCO (934) y en menor medida a UNDOF (170), que vela por la seguridad en los Altos del Golán como fuerza de separación entre sirios e israelíes; en total los cascos azules uruguayos están presente en 6 misiones distintas. Ese servicio ha sido especialmente reconocido por Naciones Unidas, que valora la larga trayectoria de Uruguay en esta materia: por ejemplo, destacó su asistencia en la misión llevada a cabo en Haití tras el desastre del huracán Dean, a la que entre 2007 y 2014 destinó 13.000 efectivos. La aportación de Uruguay, un país de apenas 3,5 millones de habitantes, es superior a la que en estos momentos realizan España (648), Francia (732) o Italia (1084).

Por el contrario, el caso de México es el más llamativo por su muy escasa participación en misiones de paz, teniendo en cuenta que es una de las potencias de la región. El país norteamericano es la segunda nación latinoamericana que más recursos emplea para el desarrollo de sus Fuerzas Armadas, con un total de 7 millones de dólares, situándose, con mucha diferencia, por detrás del primer puesto que le corresponde a Brasil, con un total de casi 29,5 millones de dólares. Históricamente, México ha llegado a participar en más de 80 misiones de paz, cediendo efectivos de la Policía Federal y del Ejército, generalmente en bajo número. El anterior presidente, Enrique Peña Nieto, anunció en 2014 que unidades mexicanas volverían a participar decididamente en operaciones armadas en apoyo a la ONU, sin embargo hoy su aportación se reduce a 13 personas (9 expertos y 4 empleados), que suponen solo el 1% de la participación latinoamericana. La razón más relevante para explicar el fenómeno mexicano es la larga tradición en favor de la doctrina Estrada de no intervención en los asuntos internos de otros países. Además, la Constitución mexicana restringe la actuación de tropas en el extranjero a menos que México haya declarado la guerra a un enemigo.

La designación de Hezbolá como terrorista a lo largo del Hemisferio Occidental aúna estrategias

Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras ya han aprobado el señalamiento, mientras que Brasil y Guatemala se han comprometido a hacerlo en breve

  • El 25 aniversario del atentado contra la AMIA sirvió para desencadenar una cascada de pronunciamientos, rompiendo la falta de instrumentos legales adecuados contra el grupo

  • Varios países han erigido listados de organizaciones terroristas, lo que permite una mayor coordinación con Estados Unidos en la lucha antiterrorista en la región

  • La implicación de Hezbolá en economías ilícitas de la Triple Frontera y en redes de narcotráfico explican la decisión de los países afectados en América del Sur y Central

Memoria a los fallecidos en atentado contra la AMIA, en Buenos Aires [Nbelohklavek]

▲ Memoria a los fallecidos en atentado contra la AMIA, en Buenos Aires [Nbelohklavek]

INFORME SRA 2020Mauricio Cardarelli [versión en PDF]

El 25 aniversario del mayor atentado terrorista en Latinoamérica –el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994– sirvió para que varios países de la región anunciaran su propósito de declarar a la organización chií libanesa Hezbolá como grupo terrorista. A Hezbolá se atribuye el atentado contra la AMIA, en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas, así como el perpetrado también en la capital argentina contra la Embajada de Israel dos años antes, que causó la muerte de otras 22 personas.

El año 2019, pues, significó un salto importante en la confrontación de Hezbolá en el Hemisferio Occidental, ya que previamente ninguna nación latinoamericana había declarado como terrorista a esa organización, que sí es señalada como tal por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. De hecho, los códigos de derecho latinoamericanos, más allá del fenómeno propiamente guerrillero, apenas han tenido en cuenta el hecho terrorista externo, al tratarse de estados que no han sufrido como otros lugares del planeta el auge del terrorismo internacional, especialmente en lo que va de siglo y sobre todo de la mano del radicalismo islamista.

La ronda de declaraciones la abrió la propia Argentina en el mes de julio, en el aniversario mismo de la masacre de la AMIA. A mediados de agosto fue el turno de Paraguay, mientras que Brasil anunció también entonces su intención de seguir esos mismos pasos. Luego las gestiones de Estados Unidos catalizaron el proceso, de forma que en el marco de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, celebrada a mediados de enero de 2020 en Bogotá, tanto Colombia como Honduras procedieron a incluir a Hezbolá en listados de organizaciones terroristas. Por su parte, el presidente electo guatemalteco se comprometió a una medida semejante cuando asumiera la presidencia.

La catalogación realizada ya de modo efectivo por Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras (países atentos a la actividad de Hezbollá en la llamada Triple Frontera o a su implicación en el narcotráfico), y la aún no ejecutada, pero supuestamente inminente, de Brasil y Guatemala deberá ayudar a una mayor contundencia en la lucha contra ese grupo radical por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y en las sentencias de los respectivos tribunales de justicia.

Si ya en 2018 la detención de parte de la red del clan de los Barakat supuso un avance en la coordinación policial de Argentina, Brasil y Paraguay en el área de frontera compartida (la Triple Frontera, lugar de intensa actividad comercial y de financiación y ocultamiento de operativos de Hezbolá, amparados por elementos de una nutrida población musulmana), los pasos de 2019 constituyen una actuación decisiva.

Infiltración en América Latina

Militantes y células de Hezbolá han podido penetrar en las últimas décadas en América Latina en primer lugar aprovechando la diáspora libanesa. A raíz de la guerra civil vivida por el Líbano entre 1975 y 1990, miles de personas emigraron al continente americano, en ocasiones instalándose en lugares en los que ya existía cierta presencia árabe, como era el caso de palestinos o sirios. Aunque parte de esos inmigrantes eran cristianos, otros eran musulmanes; la concienciación entre estos últimos sobre la lucha contra Israel llevó a que se formalizaran redes de financiación de grupos radicales, en un proceso de lavado de dinero a partir de la profusa actividad comercial –y también de contrabando– llevada a cabo en muchos de esos enclaves.

Un punto estratégico en esa dinámica ha sido la Triple Frontera, en la que viven unas 25.000 personas de origen libanés, así como como otros grupos árabes: se trata del área con más musulmanes de Latinoamérica. La porosa frontera conecta Ciudad del Este (Paraguay), que cuenta con 400.000 habitantes; Foz de Iguazú (Brasil), con 300.000, y Puerto Iguazú (Argentina), con 82.000. Se trata de un foco de actividades ilícitas ligadas el blanqueo de dinero, la falsificación, el contrabando y el narcotráfico. Se estima que el comercio ilícito en la Triple Frontera supone unos 18.000 millones de dólares al año. Las autoridades han podido constatar redes de financiación de Hezbolá, así como la presencia de operativos del grupo (el trazo de la preparación de los atentados de Buenos Aires de 1992 y 1994 llevó hasta ese enclave trifronterizo). El año pasado pudo detenerse a Assad Ahmad Barakat y una quincena de miembros de su clan, dedicado a generar fondos para Hezbolá.

Otros puntos de apoyo para Hezbolá han sido determinados lugares de Brasil que cuentan con mezquitas y centros culturales chiís radicalizados, que acogen actividades de clérigos extremistas como Bilal Mohsen Wehbe. Por otra parte, la estrategia de acercamiento de Hugo Chávez a Irán supuso una estrecha colaboración manifestada en la entrega de pasaportes venezolanos a islamistas y su participación en el negocio de la droga amparado por la cúpula chavista. Esa interrelación también contribuyó su mayor dispersión por la región, mediante progresivos lazos de Hezbolá con quienes participan en la estructura del narcotráfico, como las FARC o algunos carteles mexicanos (Los Zetas y Sinaloa).

 

Designación de Hezbolá como grupo terrorista

 

Cascada de señalamientos

Argentina abrió la ronda de señalamientos de Hezbolá (y de creación, en la mayoría de los casos, de listas de grupos terroristas, que no existían previamente en los países latinoamericanos) al cumplirse 25 años del atentado contra la AMIA, en julio de 2019. El entonces presidente Mauricio Macri, que había puesto fin a las presidencias kirchneristas, de cierta complicidad con Irán, aprobó la creación de un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET).

Con motivo del destacado aniversario, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, animó a que los países del continente procedieran a ese tipo de declaración contra Hezbolá.

Paraguay siguió los pasos de Argentina un mes después. El gobierno de Mario Abdo Benítez había sido criticado por no actuar con decisión en la Triple Frontera, cuyo contrabando, como el de tabaco, y otras actividades ilícitas alimentan la percepción de corrupción que acompaña a los políticos del país. El presidente paraguayo cuenta además con introducir un paquete de reformas legislativas en contra del blanqueo de capital.

Brasil anunció el 20 de agosto su intención de proceder del mismo modo que sus dos vecinos, aunque de momento no ha ejecutado esa decisión. A finales de febrero de 2020, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño y diputado nacional, confirmó que el paso se daría “pronto”; sugirió que el retraso en adoptar la medida se debía a que se estudia aplicar la calificación de grupo terrorista también a otras organizaciones, como Hamas.

En diciembre fue el anuncio de Guatemala, cuyo presidente electo, Alejandro Giammattei, comunicó que cuando tomara posesión de su cargo pondría a Hezbolá en una lista negra. Giammattei vinculó la decisión a una política proisraelí que le llevaría también a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos (también Honduras y Paraguay se encuentran en la misma línea). Giammattei ocupó la presidencia el 14 de enero, pero aún no ha ejecutado sus promesas.

Detrás de estos movimientos de los países latinoamericanos estuvo la diplomacia estadounidense. El despliegue de esta quedó de manifiesto en el tercer encuentro de la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, una iniciativa impulsada por Washington con Hezbolá en la mirilla, entre otros objetivos. Ese encuentro se celebró el 20 de enero de 2020 en Bogotá y contó con la asistencia del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.

Colombia aprovechó esa reunión, en la que actuaba como anfitriona, para anunciar su consideración de Hezbolá como grupo terrorista. El presidente Iván Duque anunció que tres días ante el Consejo de Seguridad Nacional del país había adoptado los listados de Estados Unidos y de la Unión Europea de personas y organizaciones terroristas. La lista aprobada incluía la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, y de ella desaparecían las antiguas FARC.

Honduras, el país centroamericano más plegado a las estrategias de Estados Unidos, también realizó su anuncio internacional en la misma conferencia. Su canciller comentó al término de una reunión previa del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa que Honduras había designado a Hezbolá como grupo terrorista y se proponía crear un registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiación.

Bolsonaro redujo los homicidios un 19,2% y López Obrador los vio subir un 2,5%

Del éxito del superministro Sérgio Moro al fracaso de ‘abrazos, no balazos’: dos signos distintos en el primer año de los presidentes populistas de Brasil y México

  • AMLO prometió terminar con la continua alza anual de los homicidios registrada en los mandatos de sus dos predecesores, pero a lo largo de 2019 la acentuó

  • La mejora de las cifras en Brasil se ve empañada por el aumento de las muertes accidentales en operaciones policiales y del número de presos provisionales en las cárceles

  • En los primeros meses de 2020 tanto en México como en Brasil los homicidios han aumentado, pero el confinamiento por el Covid-19 podría afectar a la estadística anual

El presidente mexicano en la puesta de largo de la Guardia Nacional, en junio de 2019 [Gob. de México]

▲ El presidente mexicano en la puesta de largo de la Guardia Nacional, en junio de 2019 [Gob. de México]

INFORME SRA 2020Túlio Dias de Assis y Marcelina Kropiwnicka [versión en PDF]

Uno de los conflictos más conocidos de Latinoamérica es su alto índice de violencia, a menudo como consecuencia de la gran presencia del crimen organizado. Dentro de este paradigma regional, no todos los mandatarios afrontan el problema de la criminalidad de igual manera. Mientras que unos optan por una política más pasiva, otros prefieren apostar por la mano dura, pese a los riesgos que esta puede suponer. 2019 fue el primer año de mandato de Andrés Manuel López Obrador y el de Jair Bolsonaro, líderes populistas de ideologías contrarias, que llegaron al poder con apenas un mes de diferencia. En Brasil los homicidios bajaron, en México subieron.

México

A lo largo de 2019 hubo en México un total de 35.588 víctimas de homicidio intencional. Esto significa que, al llegar a su fin el año 2019, se dejó atrás un máximo histórico de homicidios a nivel nacional. Con ello, el presidente López Obrador, conocido por la abreviatura AMLO, incumplía su promesa electoral de reducir la violencia. Aunque mantuvo su índice de aprobación en un 72% a finales de 2019, su aceptación se ha visto dañada después por su gestión de la crisis sanitaria del coronavirus.

Tres gobiernos anteriores habían favorecido el combate militar contra los cárteles de narcotráfico, pero López Obrador estableció al llegar una estrategia de seguridad divergente, centrándose más en el enfoque autodescrito de “abrazos, no balazos”. Este enfoque condujo a la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que el gobierno argumentó por el deseo de evitar una escalada de violencia de los cárteles. Además, AMLO creó la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad que ha estado desplegando decenas de miles de efectivos, anteriormente pertenecientes al Ejército y a la Policía Federal, para hacer frente a la delincuencia organizada en zonas clave de todo el país. Si bien la nueva estrategia tiene por objeto reforzar la seguridad y hacer frente a la violencia en las ciudades, hasta el momento no se ha frenado la barbarie. El presidente incluso se ha desdicho de otra promesa y ha anunciado que de momento el Ejército seguirá en las calles compartiendo la función de seguridad ciudadana.

El número de homicidios dolosos en 2019 fue de 34.582, un 2,5% más que los 33.743 del año anterior; los feminicidios llegaron a 1.006, con incremento del 10,3% respecto a los 912 de 2018, según el Sistema Nacional de Seguridad Público (SNSP). Aunque en años precedentes, durante el mandato de los presidentes Enrique Peña Nieto, hubo mayores aumentos —los anteriores incrementos fueron de un 15,7% (de 2017 a 2018), un 26,5% (de 2016 a 2017) y un 25,1% (de 2015 a 2016)—, los homicidios de 2019 representan la cifra global más alta registrada en los dos últimos decenios. Las cifras del mandato de Felipe Calderón (PAN), el primero en sacar a la calle el Ejército para combatir el narco, fueron superadas en el mandato de Peña Nieto (PRI) y ahora ha vuelto a haber un incremento en el primer año de López Obrador (Morena). Los tres criticaron la gestión en seguridad de sus antecesores y los tres fallaron en su propósito (AMLO al menos de momento).

En promedio, en 2019 se cometieron 2.881 asesinatos por mes; el número más alto registrado fue de 2.993 asesinatos en junio y el número más bajo el de 2.731 en abril. El estado con más homicidios fue Guanajuato, seguido del estado de México y Baja California. En cuanto a la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, Colima ocupó el primer lugar, con 98,3, seguido de Baja California (80,6) y Chihuahua (68,7).

Gran parte de la violencia que se ha producido en todo el país está directamente relacionada con las formaciones de bandas y los narcotraficantes, y la lucha por el dominio de los mercados locales. Por lo tanto, no es de extrañar que Colima, donde se encuentra el estratégico puerto de Manzanillo, foco de actividades ilícitas, sea el estado que encabece la lista negra. Además, existe colaboración entre los grupos delictivos de ambos lados de la frontera de Estados Unidos y México para el abastecimiento mutuo de drogas y armas. El 70% de los homicidios son cometidos con armas de fuego, muchas de las cuales han sido introducidas de contrabando a través de la frontera. La situación no solo socava la seguridad en México sino también en Estados Unidos. 

Donald Trump ha instado a México a que “haga la guerra” contra los cárteles. En noviembre anunció que iba a catalogar oficialmente a estos como organizaciones terroristas. “Estados Unidos están listos, dispuestos y capacitados para involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y eficaz”, tuiteó entonces Trump. Sin embargo, acabó aplazando esa proclamación a petición del presidente mexicano.

En el primer trimestre de 2020 los homicidios han mantenido su tendencia al alza, con 269 homicidios más que en el mismo trimestre del año anterior. Si bien las medidas de distanciamientos social adoptadas durante la crisis del Covid-19 pueden bariar la tendencia en el segundo semestre, la menor inversión en seguridad para dirigir el gasto público hacia el sector sanitario y el económico puede empujar al alza el número de asesinatos.

 

 

Brasil

Al contrario de México, Brasil ha logrado una serie de resultados más positivos, siguiendo una tendencia a la baja ya experimentada en el último año de la presidencia de Michel Temer. Ello se debe sobre todo a las medidas tomadas por el hasta hace poco ministro de Justicia y Seguridad Pública Sérgio Moro, exjuez federal al mando de la Operación Autolavado. La elección de Moro como ministro por parte de Bolsonaro no fue aleatoria, puesto que Moro es considerado por buena parte de la población como un héroe de la lucha contra la corrupción, debido a los varios procesos que dirigió contra miembros de Odebrecht y de la clase política, incluyendo el que llevaría a la prisión del expresidente Lula da Silva. Habiendo prometido en campaña mano dura contra el crimen y la corrupción, Bolsonaro decidió fusionar los ministerios de Justicia y de Seguridad Pública y ofrecer a Moro su dirección.

La decisión fue certera y una de las que mejor sostuvo la popularidad del presidente brasileño en su primer año de mandato. Prueba de ello fue la significativa bajada del número de crímenes violentos, entre los que destaca un descenso del 19% del número de homicidios. Se trata de uno de los indicadores más preocupantes en Brasil, puesto que es el país con mayor número bruto de homicidios anuales del mundo. En 2018 los homicidios fueron 51.558, mientras que en 2019 se redujeron a 41.635, lo que supuso un descenso del 19,2%. Excluidos de estas cifras los latrocinios, el descenso fue de 49.120 a 29.750.

Además, los robos de cargas en un 35% y aumentó en un 81% la aprehensión de droga. En Río de Janeiro, uno de los estados más problemáticos en lo que seguridad se refiere, los latrocinios (robo seguido de muerte) se vieron reducidos en un 34% y las aprehensiones de armas ilegales se incrementaron un 32%.

Una de las medidas que más contribuyeron a este descenso fue la integración de las diferentes instituciones de fuerzas de seguridad del estado en todos los niveles: federal, estadual y municipal. Esto ha permitido un mayor nivel de coordinación, especialmente significativo en el ámbito del servicio de inteligencia, cuya información fluye ahora más fácilmente entre instituciones. Además, en esta misma área, cabe destacar las inversiones realizadas en Big Data y sistemas de inteligencia. Principal atención se ha puesto en sistemas de reconocimiento facial y videovigilancia.

Otra política de gran relevancia ha sido la transferencia de jefes de bandas a presidios de mayor nivel de aislamiento, impidiendo así su posible comunicación y coordinación con los miembros de bandas que se hallan en el exterior.

Finalmente habría que mencionar el llamado “pack anticrimen”: una serie de leyes y reformas del código penal que aumentan el poder de actuación de las fuerzas de seguridad, además de establecer penas más duras para delitos de crímenes violentos, crimen organizado y corrupción. El proyecto aprobado finalmente por el Parlamento Brasileño dista bastante de la propuesta original de Moro, pero ha contribuido, si bien en menor medida, al descenso de la criminalidad.

Como contrapartida, las positivas cifras mencionadas fueron acompañadas de un preocupante incremento de muertes accidentales en operaciones policiales, habiéndose viralizado varios casos de niños fallecidos por balas perdidas en tiroteos entre bandas de narcos y las fuerzas de seguridad. Adicionalmente, el número de presos provisionales en las cárceles brasileñas se vio incrementado en un 4,3% respecto al año anterior. Todo esto ha alentado las críticas de la mayor parte de la oposición y diversas ONG de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

En los dos primeros meses de 2020, se registraron 548 muertes más que en el mismo período del año anterior. Este repunte se dio en 20 de los 27 estados federales de Brasil, de lo cual se puede inferir que se trata de una tendencia más bien general, antes que un episodio esporádico. No obstante, debido a la ordenanza de cuarentena obligatoria en varios estados y municipios, los homicidios volvieron a bajar, haciendo difícil cualquier extrapolación para el conjunto del presente año. Otro factor a tener en cuenta para 2020 es la reciente dimisión del ministro Moro; sin él, la posibilidad de que sigan las reformas iniciadas en el primer año se ve muy reducida.

El ELN y las exFARC cuentan con 1.700 efectivos en Venezuela, con un tercio de reclutas locales

El carácter de guerrilla binacional colombo-venezolana aporta al régimen de Maduro otra fuerza de choque frente a un hostigamiento militar exterior o golpe

  • El ELN ha llegado a unos 2.400 combatientes entre ambos países; su principal financiación viene ahora de los negocios ilícitos en Venezuela, como droga y minería ilegal

  • Las disidencias de las FARC suman al menos 2.300 efectivos; el grupo con mayor proyección es el liderado en Venezuela por Iván Márquez, ex número dos de las FARC

  • ‘Elenos’ y exFARC cooperan operativamente en ciertas actividades promovidas por el régimen de Maduro, pero no está clara su futura convergencia orgánica

Disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez anuncian su vuelta a las armas, en agosto de 2019 [imagen de vídeo]

▲ Disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez anuncian su vuelta a las armas, en agosto de 2019 [imagen de vídeo]

INFORME SRA 2020María Gabriela Farjardo [versión en PDF]

La consolidación de los dos principales grupos guerrilleros colombianos –el ELN y algunos restos de las antiguas FARC– como fuerzas activas también en Venezuela, articulándose así como grupos colombo-venezolanos, constituye una de los principales notas de 2019 en el ámbito de la seguridad regional americana.

Ambos grupos tendrían unos 1.700 efectivos en Venezuela (dos tercios serían del ELN), de los cuales la tercera parte (570) corresponderían a reclutamiento hecho entre venezolanos. Utilizados por el régimen chavista para adiestramiento guerrillero de sus fuerzas irregulares y como vanguardia de choque en caso de hostigamiento militar exterior o golpe, los elenos y los exFarc están volcados en el narcotráfico, el contrabando y la extracción de oro y demás minería ilegal, tanto en las zonas próximas a la frontera con Colombia, donde han operado durante muchos años, como en puntos del interior venezolano, como los estados Amazonas y Bolívar, de riqueza minera.

Tras el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzó un proceso de expansión que le permitió llenar el vacío dejado por las FARC en diversas actividades ilícitas, si bien su estimado número de 2.400 efectivos queda lejos de los más de 8.000 que tenían las FARC en el momento de su desmovilización. Aunque ha debido competir con residuos de las FARC que siguen activos como elementos mafiosos, el ELN se ha convertido en la principal guerrilla de Colombia, también centrada en el crimen organizado. El atentado cometido por el ELN el 17 de enero de 2019 en Bogotá contra la Escuela de Cadetes de Policía, en el que murieron 22 personas, supuso el final de un agónico diálogo de paz con el gobierno y una huida hacia adelante como organización delictiva.

En ese proceso, el ELN ha ido implantándose también en Venezuela, no ya solo en zonas fronterizas y como lugar de refugio y escondite como antes, sino en otras partes del vecino país y como ámbito de actividad. Lo mismo ha ocurrido con los disidentes de las FARC encabezados por Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa, que el 29 de agosto anunciaron su vuelta a las armas, en un vídeo grabado presumiblemente en Venezuela. El interés del régimen de Nicolás Maduro de contar con el auxilio de elementos armados de esas características ha propiciado que el ELN y los exFARC de Márquez, que era el número 2 de las FARC y su jefe negociador en las negociaciones de paz sostenidas en La Habana, hayan pasado a ser grupos binacionales, con reclutamiento también de venezolanos.

ELN

La creciente presencia de esos grupos en Venezuela ha sido señalada por las autoridades colombianas. El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Navarro, indicó a mediados de año que unos 1.100 miembros del ELN (algo más del 40% de 2.400 combatientes que tiene esa organización, si bien otras fuentes consideran baja esta cifra total) se refugiaban en Venezuela y que el grupo albergaba en sus filas al menos a 320 ciudadanos venezolanos.

Por su parte, a su paso por la Asamblea General de Naciones Unidas a finales de septiembre, el presidente Iván Duque elevó la presencia del ELN en Venezuela a 1.400 efectivos. Duque indicó que existían 207 puntos geográficos controlados por el ELN en suelo venezolano, entre los que existían diversos campos de entrenamiento y veinte pistas de aterrizaje para el narcotráfico, según se documentaba en un polémico dossier que no se entregó a la opinión público por contener alguna prueba fotografía errónea.

Unos días previos, el canciller Carlos Holmes Trujillo expuso ante la OEA la ubicación de frentes del ELN y de disidencias de las FARC en Venezuela y se refirió a sus estrechas conexiones con el régimen chavista. “Los vínculos se harían con miembros de las fuerzas armadas, la guardia nacional, la inteligencia militar, así como con grupos irregulares como la Fuerza Bolivariana de Liberación”, dijo.

Otros detalles fueron investigados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que en su informe afirmaba que el ELN se financia por medio de actividades delictivas como la extorsión y mantiene el control del contrabando de la gasolina y de la minería en varias regiones de Colombia y Venezuela. En territorio venezolano, con una presencia en al menos doce de sus 24 estados, destaca el control de minas de oro en el estado Bolívar a cientos de kilómetros de la frontera con Colombia, y las actividades de extracción de coltán en el estado Amazonas. Estos actos ilícitos supondrían el 70 por ciento de sus ganancias según información atribuida a la inteligencia colombiana. De esta manera, la base de operaciones del ELN en Venezuela sería actualmente la mayor fuente de ingresos del grupo insurgente.

 

 

Disidencias de las FARC

En cuanto a las disidencias de las FARC, a mitad de 2019 fuentes gubernamentales colombianas las cifraron en unos 2.300 individuos (incluye elementos no desmovilizados, otros que regresaron a las armas y nuevo reclutamiento). Si bien se trata de una cifra próxima a la ofrecida para el ELN, hay que tener en cuenta que las disidencias de las FARC están atomizadas.

Unos 600 de ellos se encontrarían en Venezuela, incluyendo unos 250 venezolanos que habrían engrosado sus filas (casi el 10% de su fuerza total). Aunque se trata de grupos separados que operan pro su cuenta, la mayor atención ha sido para el liderado por Iván Márquez, por su coordinación con el régimen de Maduro. Un episodio protagonizado por este grupo fue el presunto intento de asesinato en Colombia de Rodrigo Londoño, que dirigió las FARC como Timochenko y que se ha mantenido fiel a los acuerdos de paz. Londoño acusó a Márquez y El Paisa de ordenar la acción, frustrada por las fuerzas de seguridad colombiana y desvelada en enero de 2020, para que otros exguerrilleros volvieran a las armas al quedarse sin liderazgo en la vida civil.

Documentación interna de los servicios secretos venezolanos difundida por Semana ponen de manifiesto la estrecha colaboración entre el gobierno de Maduro, el ELN y las exFARC. “El régimen pasó de esconder guerrilleros prófugos, a comienzos de la década de 2000, a servir de sede de operaciones de estos grupos. No solo se preparan militarmente, sino que entrenan a las milicias y a los llamados colectivos en tácticas y estrategias de guerra de guerrilla”, indicó el semanario.

Todo esto está produciendo una convergencia operativa en Venezuela entre el ELN y las exFARC. Sin embargo, la situación no tiene por qué conducir a una fusión de ambos grupos, que en Colombia mantienen sus diferencias, alentadas además por las aspiraciones de las distintas partidas delictivas en que se han dividido las disidencias de las FARC, de las que por algo se habla en plural.

Por otro lado, la implementación de los Acuerdos de Paz se vio enmarcada en 2019 en un creciente clima de inseguridad provocado por el asesinato a lo largo del año de 77 exguerrilleros de las FARC (suman 173 desde la firma de la paz en 2016) y de 86 líderes sociales locales, según el informe del secretario general de la ONU, António Guterres. Organizaciones colombianas elevan esta última cifra, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que habla de 282 homicidios, muchas veces vinculados al intento de sustituir la coca por cultivos legales en regiones donde el narcotráfico está activo. En cualquier caso, se trata de un descenso respecto a 2018, algo que cabe atribuir a que los nueva distribución territorial de los grupos armados ya se ha consolidado y cuentan con menos resistencia efectiva.

Irán regresa a Venezuela como último resorte tras el fin de los créditos de China y Rusia

El Comando Sur de Estados Unidos destaca el interés iraní en la consolidación de las redes de inteligencia y financiación de Hezbolá en la región

  • A lo largo de 2019 Rosneft extremó su control sobre PDVSA, llegando a comercializar el 80% de la producción, pero las sanciones estadounidenses obligaron a su marcha del país

  • La llegada de efectivos de la Guardia Revolucionaria iraní se produce en medio de un despliegue naval y aéreo de EEUU en el Caribe, no lejos de las aguas de Venezuela

  • Los iraníes, acuciados de nuevo por las sanciones de Washington, vuelven a país que les ayudó a burlar el cerco internacional durante la era de la alianza Chávez-Ahmadineyab

Nicolás Maduro y el presiente iraní, Hassan Rouhani, en un encuentro en Teherán en 2015 [Hossein Zohrevand, Tasnim News Agency]

▲ Nicolás Maduro y el presiente iraní, Hassan Rouhani, en un encuentro en Teherán en 2015 [Hossein Zohrevand, Tasnim News Agency]

INFORME SRA 2020Emili J. Blasco  [versión en PDF]

En poco tiempo Venezuela ha pasado de depender de los créditos de China, a echarse en manos del sector energético ruso (como quedó especialmente de manifiesto en 2019) y luego a pedir la ayuda de los técnicos petroleros de Irán (como se ha visto a comienzos de 2020). Si los créditos públicos chinos se suponía que iban a mantener en funcionamiento el país, el auxilio de Rosneft ya solo pretendía salvar la petrolera nacional, PDVSA, mientras que la ayuda de la Guardia Revolucionaria iraní únicamente busca reactivar algunas refinerías. Cada vez quien asiste a Venezuela tiene una talla menor y el propósito es más reducido.

En apenas diez años los grandes bancos públicos chinos otorgaron 62.200 millones de dólares de créditos al gobierno de Venezuela. El último de los 17 créditos llegó en 2016; desde entonces Pekín ha desoído los golpes que Nicolás Maduro ha dado a su puerta. Aunque ya desde 2006 el chavismo había recibido también créditos de Moscú, (unos 17.000 millones de dólares, para la compra de armas a la propia Rusia), Maduro se volcó en las súplicas a Vladimir Putin cuando la ayuda china terminó. Sin querer tampoco dar más créditos, el Kremlin articuló otro modo de auxiliar al régimen que al mismo tiempo asegurara el cobro inmediato de beneficios. Así comenzó la implicación directa de Rosneft en diversos aspectos del negocio petrolero venezolano, más allá de la explotación específica de algunos campos.

Ese mecanismo tuvo especial relevancia en 2019, cuando las progresivas sanciones de Estados Unidos sobre la actividad petrolera de Venezuela comenzaron a tener un gran efecto. Para burlar las sanciones a PDVSA, Rosneft se convirtió en comercializadora del petróleo venezolano, controlando la puesta en el mercado de la mayor parte de la producción total (entre el 60% y el 80%).

La amenaza de Washington de castigar también a Rosneft hizo que esta compañía derivara el negocio a dos subsidiarias, Rosneft Trading y TNK Trading International, que a su vez dejaron esa actividad cuando Estados Unidos las señaló. A pesar de que Rosneft sirve generalmente los intereses geopolíticos del Kremlin, el hecho de que en su accionariado esté BP o fondos de Qatar obliga a que la compañía no arriesgue tan fácilmente su cuenta de resultados.

La marcha de Rosneft, que por otra parte tampoco vio sentido económico a seguir implicándose en reactivar las refinerías venezolanas, cuya parálisis ha sumido al país en una generalizada falta de suministro de carburante a la población, dejó a Maduro sin muchas opciones. Los rusos abandonaron la refinería de Armuy a finales de enero de 2020 y al mes siguiente ya había iraníes retomando el intento de ponerla en funcionamiento. En unas semanas se hacía pública la nueva implicación de Irán en Venezuela: Tarek el Assami, el dirigente chavista con mayores conexiones con Hezbolá y el mundo chií, fue nombrado ministro del Petróleo en abril, y en mayo cinco cargueros llevaron fuel y presumiblemente maquinaria de refinación de Irán a Venezuela.

El suministro no resolvía mucho (la gasolina apenas serviría para el consumo de pocas semanas) y difícilmente los técnicos iraníes, parte de ellos al menos dirigidos por la Guardia Revolucionaria, iban a poder arreglar el problema de refinación. Mientras, Teherán lograba a cambio importantes cargamentos de oro como pago a sus servicios (nueve toneladas, según la Administración Trump). En los transportes intervino la compañía aérea iraní Mahan, utilizada por la Guardia Revolucionaria en sus operaciones.

Así, ahogado por el nuevo esquema de sanciones impuesto por Donald Trump, Irán volvía a Venezuela en busca de oxígeno económico y también de colaboración política frente a Washington, como cuando Mahmud Ahmadineyad se alió con Hugo Chávez para aliviar las restricciones del primer régimen de sanciones que padecía la nación islámica.

 

 

Despliegue naval y aéreo de EEUU

La «injerencia» de Irán en el Hemisferio Occidental ya había sido mencionada, entre el elenco de riesgos para la seguridad regional, en la comparecencia del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, en el Capitolio de Washington (en enero acudió al Senado y el marzo a la Cámara de Representantes, con un mismo discurso escrito). Faller se refirió sobre todo al uso que Irán hace de Hezbolá, cuya presencia en el continente se ha visto ayudada por el chavismo desde hace años. Según el almirante, esa actividad vinculada a Hezbolá «permite a Irán recoger inteligencia y llevar a cabo planes de contingencia para posibles ataques de represalia contra Estados Unidos y/o intereses occidentales».

No obstante, lo novedoso de la intervención de Faller estuvo en otros dos asuntos. Por un lado, por primera vez el jefe del Comando Sur situaba el riesgo de China por delante del de Rusia, en un contexto de creciente rivalidad entre Washington y Pekín, que también se manifiesta en la toma de posiciones de las inversiones en chinas en obras de infraestructura estratégicas de la región.

Por otro lado, anunció un próximo «aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el hemisferio», algo que comenzó a tener lugar a finales de marzo de 2020 cuando embarcaciones y aviones estadunidenses se desplegaron en el Caribe y el Pacífico para reforzar la lucha contra el narcotráfico. En el contexto de su discurso, esa mayor actividad militar en la región se entendía como un necesario aviso hacia los países extrahemisféricos.

«Por encima de todo, en esta lucha lo que importa es la presencia persistente», dijo, «tenemos que estar presentes en el campo para competir, y tenemos que competir para ganar». En concreto, propuso más actuaciones y maniobras conjuntas con otros países de la región y la «rotación recurrente de pequeños equipos de fuerzas operaciones especiales, soldados, marineros, pilotos, marines, guardas costeros y personal de la Guardia Nacional para ayudarnos a fortalecer esas colaboraciones».

Pero la llegada de barcos de Estados Unidos cerca de las aguas de Venezuela, apenas unos días después de que el 26 de marzo se anunciara desde Nueva York y Miami la apertura de una macrocausa judicial por narcotráfico y otros delitos contra los principales dirigentes chavistas, entre ellos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, dio a ese despliegue militar una connotación de cerco físico al régimen chavista.

Ese despliegue dio también cierto contexto a otros dos desarrollos ocurridos poco después, ofreciendo lecturas equivocadas: la fracasada Operación Gedeón, el 3 de mayo, de un grupo de mercenarios que aseguraron tener la intención de infiltrarse en el país para Maduro (las mayores capacidades de transmisiones adquiridas por EEUU en la zona, gracias a sus maniobras, en principio no fueron empleadas en esa operación), y la llegada de los buques de Irán a finales de mes (el despliegue estadounidense hizo sospechar que Washington podía interceptar el avance de los navíos, cosa que no sucedió).

Russia became an important arms supplier for Latin America, but its sales have dropped

The region purchased only 0.8% of total Russian arm exports in 2015-2019; the US has recovered its position as the main arms supplier for the Americas

  • Over the last five years, the region carried out 40% less arms imports than during 2010-2014; the end of the commodity boom era reduced military equipment purchases

  • Chavez's Venezuela got almost $20 billion in Russian loans to buy weapons, but the collapse of the Venezuelan oil industry has left Moscow without a clear full repayment

  • The arrival of the Bolivarian left to power in many countries brought tight relations with Moscow. But the pink revolutions wave has subsided in almost all places

A Russian Sukhoi Su-30MK2 bought by Venezuela, in Barquisimeto in 2016 [Carlos E. Pérez]

▲ A Russian Sukhoi Su-30MK2 bought by Venezuela, in Barquisimeto in 2016 [Carlos E. Pérez]

ARS Report 2020Peter Cavanagh [PDF version]

Over the last two decades Latin America increased its military expenditure. As the Latin American countries improved their economies, they looked to modernize their military and defense systems. The purchasing spree was notorious during the golden decade of high commodity prices (2004-2014), specially during the first five years, which were the more profitable in public income terms. After the commodity boom was over the region lowered its military purchases.

The trend was not uniform. Meanwhile Central America and the Caribbean, less affected by the commodity cycle, kept increasing the expenditure in arms imports over the last years, South America, more depending on minerals and oil exports, reduced the volume of arms transfers. Taken the region as a whole, Latin America's military purchases were 10% of global arms transfers in 2010-2014, and 5.7% in 2015-2019, according to SIPRI. Between the two periods, arms imports by Latin America dropped 40%.

This general evolution was mirrored by the ups and down of Russia's portfolio in the region. Moscow managed to exploit the opportunity of the golden decade to the fullest. Russia positioned itself as a willing partner in arms sales and became the leading arms exporter in the region, surpassing China and the United States by far. Russia tried to exert its influence in Latin America to the highest extent possible, taking advantage of a wave of leftist governments (the so-called pink revolutions). Latin America has traditionally fallen under the sphere of influence of the United States. With Russian arms sales in the region, it serves as a direct challenge to US influence. As the second largest exporter of military arms in the world, after the US, Russia has a unique opportunity to affect policy in the region.

However, it is important to note that from 2014 onwards, Latin American arms imports have really begun to drop off, and this includes Russian exports as well. Russian arms exports decreased by 18% globally between 2010-2014 and 2015-2019, first affected by a prominent drop of purchases by India (-47%), which is its main client (25% of Russia's sales in that period), and, less importantly, by a reduction of imports from the Americas. Russian sells to Latin American countries were only 0.8% of total Russian military exports. From 2014 onwards the US recovered its traditional position as the main arms supplier for the region.

 

 

Countries

In the last two decades Venezuela has been Russia's biggest customer in the Western Hemisphere. Since the mid 2000’s, after Hugo Chávez consolidated his power, Venezuela has purchased almost $20 billion in military equipment from Moscow. The years 2005 and 2006 saw the beginning of the transactions: Russian loans for Chavez's government to buy arms in exchange of future Venezuelan oil deliveries.

Over the years Caracas carried out more than thirty operations of arms acquisitions. more than the number of operations done by the other countries combined: Mexico 7, Peru 6, Nicaragua 5, Brazil 4, Colombia 3, Ecuador 2, and Argentina, Uruguay and Cuba 1 each. Among other significant material Venezuela acquired 24 Sukhoi fighters Su-30MK2s (and ordered 12 more), the S-300 surface-to-air missile system, various combat and transport helicopters such as the Mi-35M and Mi-26 models, and 92 T-72M1 tanks.

The prospects of Russia getting all its money back any time soon from Venezuela is quite low. Due to the severe economic conditions of the country, Venezuela has not been able to continue its payments, so the terms of the debt had to be renegotiated. Since 2014 Moscow has not delivered any new material. After the withdraw of the giant Russian energy company Rosneft from the country at the beginning of 2020 there have been less ways for the Russians to recover the loans. In many respects, this has left Venezuelan-Russian relations at a crossroads.

As Venezuela continues to decline rapidly, Russia is faced with deciding whether to keep making large investments in a country where it is tremendously risky or just abandon all efforts which have been made over the past few decades. Only time will tell which course of action the Kremlin will take.

Besides Venezuela there are a handful of other nations which have also carried out arms deals with Moscow. Nicaragua for example has been the beneficiary of many arms deals. According to the SIPRI Arms Transfers Database, in the first decade of the 21st century almost no arms orders had been made. However, this changed two years after Daniel Ortega came to power in 2007. Since then 90% of all military imports that Nicaragua has received have been supplied by Russia. In 2016, 50 T-72B1 Russian tanks were shipped to Nicaragua as part of a reported $80 million deal. Then in 2017 two Antonov An-26 military transport aircraft were sent.

The Nicaraguan government justified these purchases, saying that the equipment would be used as part of the struggle against drug trafficking. However, this has caused many other Latin American nations to become concerned of a military imbalance in the region, especially because some of the new equipment is more proper for waging war rather than keeping internal security.

Reports on Nicaraguan-Russian relations point to the fact that Russia may have ulterior motives beyond just influence. In many ways it comes down to military real estate. The arms deals between the two countries has been seen as an attempt on the part of Russia to curry favor with the Nicaraguan government in attempts to gain access refuelling facilities by the equator.

Other significant Russian arms sales recipients, as already mentioned, include states such as Peru, Mexico and Brazil. In the case of Peru, a country that even during the Cold War had some Soviet weapons systems in its inventory in order to diversify its arm imports, the most recent deal occurred between 2014 and 2016 valued at approximately half a billion dollars: the purchase of 24 transport helicopters Mi-8MT and Mi-17 (another 24 units were ordered in 2017).

Mexico has not Russians among its main arms suppliers (64% of Mexican purchases were to the US in the period 2015-2019; 9,5% to Spain and 8,5% to France), but still it carried out six arms deals with Russia since 2000. There has not been a deal made since 2011 when three Mil Mi-17 Military helicopters were purchased.

Brazil has also had a handful of deals with Russia in recent years, during the presidencies of Lula da Silva and Dilma Rousseff, when a amore pro-Russia stance was held by the government. This has changed immensely since the election of Jair Bolsonaro in 2018. The Brazilian government is now openly concerned for Russian influence in the region and has begun to take a more pro-USA stance when it comes to foreign policy. In any case, in the period 2015-2019 the main arms suppliers to Brazil were France (26%), the US (20%) and the UK (17%).

Overall, Russian arms sales to Latin America grew considerably, with some fluctuations, over the course of the last twenty years. The latest trend however has been a significant drop in overall Russian arms exports to Latin America. Between 2015 and 2019, as already mentioned, Latin America accounted for only 0.8% of all Russian arms exports.

This drop can be attributed to two main factors. In the first place, the change of ideological orientation in the Latin American countries, with less leftist parties in power. Secondly, the end of a booming economy in the region. And additional reason could be the international sanctions against some specific Russian industries due to the aggressive foreign policy conducted by Putin.

La exportación española de armas a América Latina, por debajo del máximo de 2015

España vende menos material de defensa a los países latinoamericanos de lo que le correspondería por el volumen de su comercio

  • En 2019 hubo una recuperación de la venta de armamento español a Latinoamérica, superando las cifras de 2018, que fueron las más bajas en mucho tiempo

  • En los últimos cinco años, España vendió a la región material de defensa por valor de 691,2 millones de euros, el 3,6% de sus exportaciones armamentísticas mundiales

  • México (24,8%), Ecuador (22,5%), Brasil (16,1%), Perú (14,4%) y Colombia (8,6%) son los cinco países que más material adquirieron a España en el último lustro

Helicóptero Airbus NH90, cuyo ensamblaje final se realiza en instalaciones de Airbus Military en España [Airbus]

▲ Helicóptero Airbus NH90, cuyo ensamblaje final se realiza en instalaciones de Airbus Military en España [Airbus]

INFORME SRA 2020Álvaro Fernández [versión en PDF]

Los países latinoamericanos constituyen un área de claro interés comercial para España. Sin embargo, a pesar de ser el séptimo exportador de armamento del mundo y por tanto especialmente activo en ese sector, España vende a América Latina y el Caribe menos material de defensa que le podría corresponder por la cuota de exportación general que mantiene con la región.

Si entre 2014 y 2018 España mantuvo su exportación general de productos a Latinoamérica entre el 5,3% y el 6,5% de sus exportaciones globales, en el caso del sector armamentístico se movió entorno al 3,2% en 2016 y 2017 y bajó al 1,06% en 2018. Es de prever que este mínimo porcentaje haya vuelto a subir en 2019, año del que aún no existen datos oficiales completos, pero a la vista de los del primer semestre cabría pensar que no se acercará siquiera al 3%.

La explicación de ese menor peso de las exportaciones armamentísticas en el conjunto de las exportaciones españolas a Latinoamérica puede encontrarse en dos hechos. Uno es el menor presupuesto dedicado a compra de este tipo de material por la mayor parte de los países de América Latina, comparado con algunos grandes compradores (en 2018 el primer cliente de España fue Alemania –a su vez el cuarto mayor exportador del mundo–, que acaparó el 33% de las ventas españolas). El otro es que las naciones latinoamericanas tienen otras importantes opciones de mercado: Estados Unidos, Rusia y China (primer, segundo y quinto exportador de armas del mundo; Francia es el tercero).

En 2018 se produjo un importante descenso en las exportaciones de material de defensa español a Latinoamérica, que fueron de 38,3 millones de euros, muy por debajo de cualquiera de los años precedentes. Los datos parciales de 2019 indican una recuperación, aunque sin llegar a las cifras registradas en 2015, cuando se alcanzó un máximo de 239,4 millones de euros, o a las de los años previos de 2016 y 2017, cuando fueron de 130,7 millones y 139,3 millones, respectivamente.

El descenso de 2018 corresponde a una menor lista de compra de la mayor parte de los clientes latinoamericanos. De los cinco mayores clientes en los últimos cinco años, Colombia fue el único que mantuvo un parecido nivel de adquisiciones, por valor de 11 millones de euros. Colombia y el siguiente comprador, México, fueron los únicos que ligeramente aumentaron sus importaciones en 2017, aunque quedaron por debajo respecto a años previos. La reducción fue importante en el caso de los dos siguientes clientes de 2018, Brasil y Perú. Ese año marcó una nueva reducción de importaciones por parte de Ecuador, que a lo largo del lustro ha ido cortando continuamente su cartera de pedidos a España.

Las cifras consideradas en este artículo solo tienen en cuenta el material de defensa, no otro tipo de material, que la Secretaría de Estado de Comercio considera aparte, como son el material antidisturbios, las armas de caza y deportivas, así como productos de tecnología de doble uso.

 

 

Ventas generales y a Latinoamérica

España cuenta con cerca de 130 empresas dedicadas al sector armamentístico. Entre ellas destacan Airbus Military, Navantia e Indra, que se encuentran entre las cien mayores compañías mundiales del sector de defensa y seguridad. La mayor parte del sector son empresas privadas, aunque existe algún caso singular de titularidad pública, como Navantia, dedicada a la construcción naval, tanto civil como militar, creada en 2005 al segregarse los activos de otra empresa pública, el Grupo IZAR.

Según los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio, el número de exportaciones de material de defensa ha ido incrementando notablemente durante los últimos años. Más de la mitad de las exportaciones de armas españolas durante el año 2018 y el primer semestre de 2019 tuvieron como receptores países pertenecientes a la OTAN o a la Unión Europea. En 2017 se superaron los 4.300 millones de euros, tras varios años de alzas en este mercado. Por el contrario, en 2018 se vendieron armas por valor de 3.720,4 millones de euros, lo que supuso un 14,4% menos. En el primer semestre de 2019, no obstante, se registró una mejora, alcanzando los 2.413 millones de euros, lo que constituye un aumento del 41.5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por lo que se refiere al comercio con Latinoamérica, entre 2014 y 2018 España vendió a la región material militar por valor de 691,2 millones de euros, cifra que supone un 3,6% del total de 19.042 millones exportados por España en concepto de armas.

En el conjunto de los cinco años, el primer importador fue México, que con compras por valor de 171,4 millones de euros (de los cuales 140,9 millones correspondieron solo a 2015), adquirió la cuarta parte (24,8%) del material de defensa vendido por España a América Latina en ese lustro. Como segundo país destaca Ecuador, con 155, 7 millones y un 22,5% (algo más de la mitad –85,9 millones– fueron compras realizadas solo en 2014). Sigue Brasil, que hizo adquisiciones más regulares a lo largo de este tiempo, con 111,8 millones y un 16,1%); Perú, con 99,5 millones y 14,4% (la mayor cuantía –78,4 millones– se ejecutó en 2017), y Colombia, con 59,5 millones y 8,6%.

 

 

Algunos países

México figura como primer comprador de material de defensa español en los últimos cinco años (2014 y 2018) debido a las compras realizadas en 2015, cuando adquirió cuatro aviones de transporte, por valor de 127,2 millones de euros. En 2018 únicamente importó 10,1 millones de euros en partes, piezas y repuestos para los aviones de fabricación española, equipos para motores de un avión derivado de un programa de cooperación europeo e instrumentos de un sistema de vigilancia aérea.

Brasil es de los países con una mayor diversidad de destino de sus importaciones. En recientes compras, el 19,7% fueron para empresa privadas, el 74,2% para las Fuerzas Armadas y el restante 5,9% fueron para particulares. En 2018 adquirió 7,9 millones de euros en pistolas, rifles y cargadores para particulares, así como visores diurnos, repuestos para vehículos blindados y repuestos de aviones de fabricación española y estadounidense para las Fuerzas Armadas.

Colombia importó en 2018 un total de 11 millones de euros en repuestos para mantenimiento de obuses de artillería, munición de artillería, repuestos para vehículos blindados de fabricación española y estadounidense, y piezas para aviones de transporte de fabricación española.

Venezuela era hasta hace pocos años un importante cliente para la industria armamentística española. Sin embargo, tras la deriva autoritaria que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro, las relaciones en este campo se han debilitado. Aún en 2015, España le vendió material de defensa por valor de 15,3 millones de euros, en unas operaciones que se vieron envueltas en polémica ya que parte del equipamiento exportado podía ser usado en la grave represión llevada a cabo contra los ciudadanos. Desde entonces, con el aumento de tensiones entre el régimen chavista y Estados Unidos o la Unión Europea, se han puesto una serie de restricciones a la exportación de este tipo de material a Venezuela. Así, las ventas pasaron de tener un valor de 3,3 millones de euros en 2017 a tan solo 44.000 euros en 2018, correspondientes al pago por repuestos y partes para la modernización de vehículos blindados de fabricación francesa, en una transacción que se aprobó antes de las restricciones comerciales de este tipo impuestas por la UE.

Los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Estado de Comercio distinguen entre las exportaciones autorizadas y las exportaciones realizadas. Las autorizaciones no siempre se materializan en ventas efectivas y en ocasiones estas se ejecutan en ejercicios posteriores. La diferencia es destacable especialmente en Venezuela, cuya situación política obligó a restringir exportaciones para ese país. En 2018 España suspendió cuatro licencias ya aprobadas para Caracas, relativas al mantenimiento de helicópteros y a la aportación de suministros y sistemas electroópticos. Además, se denegaron ampliaciones de contratos de modernización de carros de combate.

Bolivia y Nicaragua han dejado de comprar material de defensa a España: si entre 2014 y 2018 no hicieron compras, entre 2007 y 2013 importaron 1,5 millones y 62.000 euros, respectivamente.

Cuba, que tuvo un pico de compras en 2015, con 208.080 euros, en 2018 gastó 20.600 euros en pistolas y cañones de pistolas para la Policía.

China aumenta su presencia en la Antártida

Pekín ha anunciado la construcción de una quinta base, igualando en número las que tiene Estados Unidos

Si bien existe un amplio seguimiento internacional sobre la toma de posiciones de las grandes potencias en el Ártico, dado que el calentamiento global abre rutas de comercio y posibilidades de explotación de recursos, los movimientos geopolíticos en torno a la Antártida pasan más desapercibidos. Congelada cualquier reivindicación nacional por los acuerdos vigentes sobre el continente del polo Sur, los pasos que dan las superpotencias son menores, pero también significativos. Como en el Ártico, China es un nuevo jugador, y está incrementando su apuesta.

Campamento compartido para la investigación científica en la Antártida [Pixabay]

▲ Campamento compartido para la investigación científica en la Antártida [Pixabay]

ARTÍCULOJesús Rizo

La Antártida es el continente más meridional y al mismo tiempo más extremo por sus condiciones geográficas y térmicas, que limitan seriamente su habitabilidad. La presencia humana es casi imposible en la llamada Antártida Oriental, situada a dos mil metros de altura sobre el nivel del mar y que constituye más de dos tercios del continente, siendo este, pues, el de mayor altitud media. Además, como la Antártida no es un océano, como ocurre con el Ártico, no se ve afectada, más que en su perímetro continental, por el incremento de la temperatura de los mares a causa del cambio climático.

A esas dificultades para la presencia humana se añaden las limitaciones impuestas por las disposiciones internacionales, que han aplicado una moratoria para cualquier reivindicación de soberanía o explotación comercial, algo que no sucede en el Ártico. La actuación en la Antártida está fuertemente determinada por el Tratado Antártico (Washington, 1959) que, en sus artículos I y IX, reserva el continente para investigación científica y actuaciones de carácter pacífico. Además, prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos (artículo V), y toda medida no pacífica de carácter militar (artículo I).

Este tratado lo complementan y desarrollan tres documentos más: la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA, Canberra, 1980), la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (CCFA, Londres, 1988) y el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Madrid, 1991), el cual prohíbe “cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica” hasta 2048. En definitiva, el llamado Sistema del Tratado Antártico (STA) “blinda” la región antártica frente a la explotación de sus recursos y al incremento de las tensiones internacionales, puesto que, además de lo anterior, congela las reclamaciones territoriales mientras tenga vigencia. No obstante, esto no impide que las potencias globales también busquen tener un pie en la Antártida.

La actuación más reciente corresponde a la República Popular China, que aspira a tener gran protagonismo en la zona, como ocurre en el Ártico. Contando ya con cuatro bases científicas en el continente austral (las bases antárticas Gran Muralla, Zhongshan, Kunlun y Taishan, las dos primeras permanentes y las dos últimas funcionales en verano), el noviembre pasado anunció la construcción de su quinta base (igualando así en número a Estados Unidos). La nueva instalación, en el mar de Ross, estaría operativa en 2022.

En relación con estas estaciones científicas, desde la llega al poder de Xi Jinping en 2013, China está buscando crear una Zona Antártica Especialmente Administrada, para la protección del medioambiente en torno a la base de Kunlun, algo a lo que se resisten sus vecinos regionales, puesto que daría a Pekín dominio sobre las actividades que allí se llevan a cabo. Esta es la base china con mayor protagonismo, esencial para sus estudios en materia astronómica y, por ende, para el desarrollo del BeiDou, sistema chino de navegación satelital, fundamental para la expansión y modernización de sus fuerzas armadas y que rivaliza con los sistemas GPS (Estados Unidos), Galileo (UE) y GLONASS (Rusia). A este respecto y en vista de las implicaciones militares que posee la Antártida, el Tratado estableció la posibilidad de que cualquier país realizara inspecciones a cualquiera de las bases allí presentes, como una forma de asegurar el cumplimiento de las predisposiciones del acuerdo (artículo VII). Sin embargo, la peligrosidad y coste de estas inspecciones han hecho que se reduzcan considerablemente, por no mencionar que la base de Kunlun se encuentra en una de las regiones climatológicamente más hostiles del continente.

Por otro lado, China cuenta actualmente con dos rompehielos, el Xue Long I y el Xue Long II, este último construido íntegramente en territorio chino con la asistencia de la finlandesa Aker Arctic. Los expertos consideran que, tras la construcción de este buque, la República Popular podría estar cerca de la construcción de rompehielos de propulsión nuclear, algo que actualmente solo lleva a cabo Rusia y que tendría consecuencias de alcance global.

Pero la importancia de la Antártida para China no sólo se refleja en los avances técnicos y tecnológicos que está realizando, sino también en sus relaciones bilaterales con países próximos al continente austral como Chile o Brasil, el primero con estatus consultivo original, y con reclamación territorial en el STA; el segundo con estatus consultivo únicamente. El pasado septiembre, el país andino mantuvo con la República Popular la primera reunión del Comité Conjunto de Cooperación Antártica, en la cual, entre otros asuntos, se trató el uso del puerto de Punta Arenas por parte de China como base para el abastecimiento de personal y materiales a sus instalaciones antárticas, conversaciones que requerirán de mayor profundización. En cuanto a Brasil, la empresa china CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation) financió en enero una nueva base antártica brasileña por valor de 100 millones de dólares.

 

Ubicación aproximada de las principales bases antárticas. En azul, las bases de Estados Unidos; en rojo, las de Rusia, y en amarillo, las de China.

Ubicación aproximada de las principales bases antárticas. En azul, las bases de Estados Unidos; en rojo, las de Rusia, y en amarillo, las de China.

 

Por último, cabe analizar el peso estadounidense y ruso en la Antártida, aunque previsiblemente será China quien adquiera mayor importancia en la región, al menos hasta la apertura del Protocolo de Madrid para su revisión en 2048. Estados Unidos posee tres bases permanentes (las bases McMurdo, Amundsen-Scott South Pole Station y Palmer) y dos únicamente de verano (las bases Copacabana y Cabo Shirreff), por lo que la construcción de la nueva base china igualará el número total de las bases estadounidenses.

Por su parte, Rusia, potencia dominante del Ártico, lo es también de su contraparte meridional, al menos en cuento el número de bases, ya que cuenta con seis, de las cuales cuatro son de funcionamiento anual (Mirni, Novolazárevskaya, Progrés y Vostok) y las otras dos únicamente en período estival (Bellingshausen y Molodiózhnaya). No obstante, conviene precisar que Rusia no ha abierto ninguna base antártica desde que cayó la URSS, siendo la más reciente Progrés (1988), si bien es cierto que ha intentado, por ejemplo, reabrir la base soviética Russkaya, sin éxito. También Estados Unidos estableció la mayoría de sus bases antárticas en plena Guerra Fría, en los años 50 y 60, salvo las dos de período estival (Copacabana en 1985 y Cabo Shirreff en 1991).

China, por el contrario, abrió la base Gran Muralla en 1985, la base Zhongshan en 1989, la Kunlun en 2009 y la Taishan en 2014 y, como ya se ha dicho, tiene una nueva pendiente para 2022.

Además de los países mencionados, otra veintena dispone de bases de investigación en la Antártida, entre ellos España, que tiene estatus consultivo en el Tratado Antártico. España cuenta con dos bases estivales en las islas Shetland del Sur, la base Juan Carlos I (1988) y la Gabriel de Castilla (1998). También cuenta con un campamento científico temporal situado en la Península Byers de la Isla Livingston.

La UE cambia las reglas de juego para la adhesión de los Balcanes occidentales

Albania y Macedonia del Norte se ven obligadas a aceptar normas de negociación más duras, mientras Serbia y Montenegro reevalúan sus opciones

El Brexit ha estado absorbiendo la atención negociadora de la UE durante muchos meses y ahora el Covid-19 ha ralentizado procesos de decisión no prioritarios. En octubre de 2019, la UE decidió enfriar las conversaciones con los Balcanes occidentales, por presión de Francia y algunos otros países. Albania y Macedonia del Norte, que habían realizado el trabajo que Bruselas había solicitado para poder abrir formalmente las negociaciones, han visto cómo se han cambiado las reglas de juego justo antes de comenzar el partido.

Encuentro de los Balcanes occidentales con países de la UE, celebrado en Londres en 2018 [Comisión Europea]

▲ Encuentro de los Balcanes occidentales con países de la UE, celebrado en Londres en 2018 [Comisión Europea]

ARTÍCULOElena López-Doriga

Desde sus orígenes, la Comunidad Europea ha ido evolucionando y expandiendo sus competencias a través de tratados que estructuraban su funcionamiento y fines. En el número de miembros de la organización también se ha dado una considerable expansión: comenzó con 6 países (Francia, Bélgica, la República Federal Alemana, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) y hoy está compuesta por 27 (tras la reciente salida del Reino Unido).

El año más destacable de esa ampliación fue 2004, cuando la Unión Europea se comprometió a integrar a 10 nuevos países, lo que supuso un gran reto, dado que estos países eran principalmente de Europa Central y del Este, provenientes del “telón de acero”, con unas economías menos desarrolladas que salían de sistemas comunistas e influencia soviética.

La próxima meta en la ampliación es la posible integración en la UE de los países de los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia). No obstante, en una cumbre celebrada en Bruselas a finales de 2019 para la apertura de negociaciones de adhesión de nuevos miembros, algunos países de la UE se mostraron contrarios a seguir con el proceso, por lo que por el momento la adhesión de los países candidatos va a tener que esperar. Algunos líderes de la Unión han calificado de “error histórico” ese aplazamiento.

Ampliación hacia Europa Central y del Este

En mayo de 1999 la Unión Europea lanzó el Proceso de Estabilización y Asociación. La Unión se comprometía a desarrollar nuevas relaciones contractuales con los países de Europa Central y del Este que expresaran su deseo de adherirse a la Unión por medio de acuerdos de estabilización y asociación, a cambio de compromisos en la reforma política, económica, comercial o de derechos humanos. Como consecuencia en 2004 la UE integró a la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, y Eslovenia (primer integrante de los Balcanes occidentales). En 2007 Bulgaria y Romania también entraron a formar parte de la Unión y en 2013 lo hizo Croacia, segundo país de los Balcanes occidentales en sumarse.

La integración de los Balcanes occidentales

Desde la conclusión de las guerras yugoslavas a finales de 2001, la UE ha jugado un papel muy destacado en los Balcanes, ya no solo como potencia económica en materia de reconstrucción, sino también como garante de la estabilidad y la seguridad en la región. El objetivo de la UE es en parte evitar que los Balcanes occidentales se conviertan en un agujero negro para la seguridad, debido al alza de los nacionalismos en alza, la tensión creciente entre Moscú y Washington, que alimenta las tensiones entre los grupos étnicos en la región, y la penetración económica de China a la zona. El avance más claro hacia la integración de los Balcanes se reafirmó en la estrategia de la Comisión para los Balcanes occidentales de febrero de 2018 y en la Declaración de Sofía tras la Cumbre UE-Balcanes occidentales celebrada en la capital búlgara el 17 de mayo de 2018. En la Cumbre, los dirigentes de la UE reiteraron su apoyo inequívoco a la perspectiva europea de los Balcanes occidentales. “No veo para los Balcanes occidentales más futuro que la UE. No hay otra alternativa, no hay un plan B. Los Balcanes Occidentales forman parte de Europa y pertenecen a nuestra comunidad”, dijo el entonces presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Candidatos oficiales: Albania y Macedonia

Albania solicitó su ingreso en la Unión el 28 de abril de 2009. En 2012, la Comisión constató progresos notables y recomendó que se le concediera el estatuto de candidato, siempre que efectuara una serie de reformas pendientes. En octubre de 2013, la Comisión recomendó de manera inequívoca que se concediese a Albania el estatuto de país candidato a la adhesión. Angela Merkel realizó una visita a Tirana el 8 de julio de 2015 y afirmó que la perspectiva de ingreso de los países de la región balcánica en la Unión Europea (UE) era importante para la paz y la estabilidad. Destacó que en el caso de Albania el ritmo del proceso de adhesión dependía del cumplimiento de reformas en el sistema judicial y de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. A la vista de los progresos del país, la Comisión recomendó la apertura de negociaciones de adhesión con Albania en sus informes de 2016 y 2018.

Por otro lado, la República de Macedonia del Norte (antigua república yugoslava de Macedonia) solicitó su ingreso en la Unión en marzo de 2004 y se le concedió el estatuto de país candidato en diciembre de 2005. Sin embargo, el país no inició las negociaciones de adhesión por el litigio con Grecia sobre la utilización del nombre “Macedonia”. Cuando se resolvió satisfactoriamente mediante el Acuerdo de Prespa con el nuevo nombre del país –Macedonia del Norte–, el Consejo acordó la posibilidad de abrir las negociaciones de adhesión con este país en junio de 2019, suponiendo que se cumplieran las condiciones necesarias.

Candidatos potenciales: Bosnia y Herzegovina y Kosovo

Bosnia y Herzegovina es un país candidato potencial. Pese a que negoció y firmó en 2008 un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión, la entrada en vigor de este acuerdo quedó en suspenso principalmente debido a que el país no había ejecutado una sentencia clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entretanto, el Parlamento de Bosnia y Herzegovina no ha alcanzado un acuerdo en lo concerniente al reglamento interno que rige sus reuniones con el Parlamento Europeo (dos veces al año), ya que dichas reuniones llevan sin celebrarse desde noviembre de 2015, y esta situación constituye una infracción del Acuerdo por parte de Bosnia y Herzegovina. 

Kosovo es un candidato potencial a la adhesión a la Unión. Declaró su independencia de forma unilateral en febrero de 2008. Todos los Estados miembros han reconocido la independencia de Kosovo, menos cinco (Chipre, Eslovaquia, España, Grecia y Rumanía). De entre los países de la región, Serbia y Bosnia y Herzegovina tampoco han reconocido a Kosovo como Estado independiente. En septiembre de 2018 el Parlamento Europeo dio un paso más y decidió entablar negociaciones interinstitucionales, actualmente en curso. No obstante, el hecho de que no todos los países miembros actualmente reconozcan su independencia supone un gran freno.

Negociando el acceso: Montenegro y Serbia

Montenegro, uno de los Estados más pequeños del continente europeo, ha formado parte de diferentes imperios y Estados a lo largo de los últimos siglos, obteniendo finalmente la independencia de manera pacífica en 2006. Solicitó su ingreso en la Unión en diciembre de 2008; se le concedió el estatuto de país candidato en diciembre de 2010, y las negociaciones de adhesión dieron comienzo en junio de 2012. A finales de 2018, se habían abierto 32 capítulos de negociación, de un total de 35.

El proceso de Serbia comenzó en diciembre de 2009 cuando el expresidente Boris Tadić presentó oficialmente la solicitud de ingreso y, además, entregó a la justicia al criminal de guerra Ratko Mladić, responsable de la masacre de Srebrenica durante la Guerra de Bosnia, que se ocultaba en territorio serbio. Sin embargo, el conflicto con Kosovo es uno de los principales obstáculos que enfrenta Serbia para alcanzar su adhesión a la Unión Europea. Se le concedió el estatuto de país candidato en marzo de 2012, después de que Belgrado y Pristina llegaran a un acuerdo sobre la representación regional de Kosovo. La apertura oficial de las negociaciones de adhesión tuvo lugar el 21 de enero de 2014. En febrero de 2018, la Comisión publicó una nueva estrategia para los Balcanes occidentales en la que se afirmaba que Serbia (al igual que Montenegro) podría ingresar en la Unión de aquí a 2025, si bien reconocía el carácter “extremadamente ambicioso” de esta perspectiva. El futuro ingreso de Serbia en la Unión, al igual que el de Kosovo, sigue estando íntimamente ligado al diálogo de alto nivel entre estos dos países, celebrado bajo los auspicios de la Unión, que debería desembocar en un acuerdo exhaustivo jurídicamente vinculante sobre la normalización de sus relaciones.

Un paso atrás en las negociaciones

En octubre de 2019 se llevó a cabo en Bruselas una cumbre cuyo objetivo era estructurar las negociaciones de los candidatos oficiales a entrar en la UE. Tanto Macedonia del Norte como Albania estaban convencidas de que se fijaría una fecha para empezar el largo proceso de negociaciones. No obstante, el proceso quedó en un punto muerto después de siete horas de disputas, en las que Francia rechazó la entrada de ambos países. Francia lideró la campaña contra esta ampliación, pero también Dinamarca y los Países Bajos se sumaron al veto. Alegan que la UE no está preparada para asumir el ingreso de nuevos Estados. “No funciona demasiado bien a 28, no funciona demasiado bien a 27, y no estoy seguro de que vaya a funcionar mejor con otra ampliación. Así pues, hemos de ser realistas. Antes de ampliar, necesitamos reformarnos nosotros mismos”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron.

El entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, consideró que esa suspensión constituía un gran error histórico y confió en que solo sea momentánea. Por su parte, Donald Tusk dijo que se sentía “avergonzado” por la decisión, y concluyó que Macedonia del Norte y Albania no tenían la culpa de la situación creada, pues los informes de la Comisión Europea eran claros en que ambos habían hecho lo necesario para empezar las negociaciones con la UE.

En Albania, el primer ministro, Edi Rama, afirmó que la falta de consenso entre los líderes europeos no cambiaría las futuras aspiraciones de Albania para formar parte de la UE. Aseguró que su gobierno estaba decidido a llevar adelante las reformas iniciadas, en el ámbito electoral, judicial y administrativo, porque las consideraba necesarias para el desarrollo del país, no solo porque así se pidiera en Bruselas.

Por otro lado, en Macedonia del Norte el rechazo europeo decepcionó profundamente, pues el país había procedido a reformar sus instituciones y el sistema judicial y a combatir la corrupción; también había modificado su Constitución, su nombre y su identidad nacional. La negativa dejó a este país, candidato oficial a la adhesión desde hace 14 años, en una situación de gran incertidumbre, por lo que el primer ministro Zoran Zaev decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones para el 12 de abril de 2020 (luego pospuestas debido a la emergencia de Covid-19). “Nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones, pero la UE no lo ha hecho. Somos víctimas de un error histórico que ha provocado una enorme decepción”, aseguró Zaev.

Un nuevo proceso más estricto

A pesar de que, según la Comisión, Macedonia del Norte y Albania cumplían los requisitos para convertirse en candidatos de ingreso, Macron propuso endurecer el proceso de adhesión. Para poder desbloquear la situación y seguir con el proceso, que la UE asegura ser un objetivo prioritario, Bruselas ha cedido ante la petición del presidente francés fijando una nueva metodología para integrar a nuevos países.

El nuevo proceso contempla la posibilidad de reabrir capítulos de las negociaciones que se daban por cerrados o de suspender las conversaciones en marcha en alguno de los capítulos; incluso prevé paralizar el conjunto de las negociaciones. Pretende dar un peso más relevante a los gobiernos y facilitar la suspensión de fondos preadhesión o la paralización del proceso si los países candidatos paralizan o revierten las reformas comprometidas. El nuevo método se aplicará a Albania y Macedonia del Norte, cuyas negociaciones con la UE aún no han empezado, mientras que Serbia y Montenegro podrán elegir si se acogen a él, sin necesidad de cambiar su marco de negociación establecido, según la Comisión.