Entradas con Categorías Global Affairs Artículos .

Horizonte del consumo petrolero de América Latina

La demanda interna aumentará, a diferencia de lo que ocurrirá en regiones más avanzadas

En las próximas décadas, el consumo petrolero en América Latina seguirá creciendo, frente a una tendencia a la baja que ya se vislumbra en el horizonte de muchos países avanzados. El crecimiento de población y el incremento de la clase media explica ese aumento de la demanda. Esta demanda interna servirá para fortalecer las industrias extractivas de los productores de crudo latinoamericanos, pero hará crónico el déficit de refinación que sufre la región.

Horizonte del consumo petrolero de América Latina

ARTÍCULOIgnacio Urbasos

La industria petrolera está viviendo un cambio en los patrones exportadores y de consumo en la región de América Latina. La clásica orientación del sector hacia los Estados Unidos ha cambiado en un nuevo contexto en el que las exportaciones están mucho más diversificadas con una basculación hacia los países emergentes de Asia. De igual modo, la demanda interna aumenta de forma constante debido al crecimiento poblacional y económico. Sin embargo, la capacidad refinera de la región seguirá siendo insuficiente. En este documento se ofrecerá un análisis enfocado en el largo plazo para tratar de ofrecer una mejor comprensión del futuro energético de la región, principalmente en sus consumos, extracción y posterior refinamiento.

En primer lugar, se deben tener en cuenta las expectativas demográficas y económicas de Latinoamérica: el crecimiento demográfico supondrá el aumento de 800 millones de personas para 2050, y el económico podría ser de un 2% anual durante al menos la próxima década. Efecto directo de esto será el aumento de la demanda eléctrica en un 91% para 2040 y el incremento del número de vehículos en la región de 94 millones en 2016 a los 165 millones esperado para 2040.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico inferior, la mayor demanda de petróleo en la región vendrá asociada al transporte, el cual sí tenderá a una mayor eficiencia en los consumos, pero aún está lejos la prometida llegada del coche eléctrico con expectativas de menos del 4% para 2030 a nivel mundial. Igualmente, el incremento de la clase media en 126 millones de personas para 2030 tendrá un impacto directo en el aumento del transporte aéreo, el cual se prevé que crezca de media un 3,4% anual hasta 2034, de acuerdo al último informe de la OACI, con el consiguiente aumento del consumo de keroseno.

 

Expectativas en el consumo diario de petróleo en millones de barriles diarios (Mb/d) en América Latina y Caribe entre 2016 y 2014

 

Se debe tener en cuenta que en América Latina existen subsidios tanto a la gasolina como al diésel, lo cual genera precios más asequibles distorsionando la demanda claramente al alza. Estos subsidios responden principalmente a la lógica de que los ciudadanos deben ser beneficiarios de la posesión de recursos naturales por su país, y se concentran en países tradicionalmente petroleros como Ecuador, Venezuela, México o Argentina. No obstante, estos países importan en gran medida el combustible debido a su limitada capacidad refinera, generando un doble déficit comercial y fiscal, como destaca la CEPAL. El futuro de estos subsidios es una incógnita, pero cualquier cambio tendría un alto coste político, ya que al afectar al precio de un bien básico tendría consecuencias sobre amplios sectores sociales con gran impacto electoral.

Por su parte, la contribución del petróleo a la generación eléctrica se mantendrá constante en los 500.000 barriles diarios, descendiendo su importancia desde el 46% actual, según las cifras para Latinoamérica de la Agencia Internacional de la Energía Renovable. La región se verá enormemente beneficiada de la mayor presencia de energías renovables, sector que ya lidera por unas condiciones geográficas incomparables, destacando la enorme importancia de la energía hidroeléctrica.

Durante las próximas décadas dos grandes fenómenos ocurrirán en Latinoamérica: la universalización del acceso a la energía y un nuevo modelo energético con menor presencia del petróleo y biocombustible (madera y desechos) en favor del gas y las energías alternativas. Uno de los grandes retos que afronta la región es la de desarrollar un sistema eléctrico más integrado nacional e internacionalmente que aumente la eficiencia en consumos y permita una mayor flexibilidad en las fuentes de producción. La excepcionalidad geográfica de la región exige enormes inversiones para desarrollar esta tarea; no obstante, ya existen diversos proyectos regionales en esta dirección: Sistema de Interconexión Eléctrico Andino que comprende los países de la Comunidad Andina más Chile y el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).

Déficit de refinación

Este alza en los consumos no está acompañada de una mayor capacidad refinera, la cual ya es enormemente deficitaria, y genera una crítica dependencia de las importaciones de gasolina y otros derivados desde EEUU. Una tendencia que probablemente sea una constante en el corto y en el medio plazo para la región y se añade al descenso del 14% en la actividad refinera en la región desde 2012 (World Oil Outlook 2017), que ya suma una pérdida de un millón de barriles refinados al día desde ese año. Los altos costes de instalación y de mantenimiento, en torno al 2% del coste de instalación anual, se suman a la crónica incertidumbre política de la región que ahuyenta en gran medida la inversión privada.

Un caso ilustrativo es el de la refinería del Pacífico en Ecuador, la cual se presentó como el mayor proyecto refinero del país en los comienzos de la presidencia de Rafael Correa en 2007. El proyecto comenzó con una participación financiera del 49% por parte de PDVSA y un 51% por parte de Petroecuador, además de la adjudicación del proyecto a la constructora Odebrecht. A día de hoy, PDVSA ha retirado su aportación y la constructora brasileña enfrenta juicios en el país por corrupción, dando como resultado una década perdida y obligando a Lenin Moreno a reformular el proyecto, incluido el nombre: ahora Refinería de Manabí.

 

Relación entre la extracción de petróleo, refinamiento y demanda en América Latina y el Caribe (Mb/d)

 

Tal y como podemos ver en el gráfico, los grandes productores petroleros de América Latina cuentan con una deficitaria capacidad refinera. Debe tenerse en cuenta que en la región no solo existe una infra capacidad, sino también una infra actividad, lo que genera una brecha todavía mayor. La actividad de estas plantas se encuentra en la actualidad en torno al 70% de su capacidad total. Aquellos países que no cuentan con producción petrolera, pero sí con una relevante industria del refino, son Curaçao, que cuenta con una de los mayores centros de PDVSA, Chile y Perú.

En definitiva, el sector petrolero latinoamericano encara las próximas décadas con enormes dudas en su capacidad refinera y lejos de alcanzar una autosuficiencia. La falta de capacidad para atraer inversión extranjera de los países históricamente petroleros ha generado un escenario decepcionante que agrava la ya de por sí limitada industria en la región. Las transformaciones sociales propias de una sociedad que crece demográfica y económicamente exigen inversión en infraestructuras para poder colmar las expectativas de un acceso universal a la red eléctrica y el consumo propio de la incipiente clase media.

Taipéi paga a Centroamérica su reconocimiento con importaciones

Taiwán llega a importar hasta cuatro veces más que China desde los países centroamericanos que le reconocen como Estado

De los casi doscientos países que existen en el mundo, solo 19 tienen relaciones diplomáticas con Taiwán (y, por tanto, no las tienen con China). De ellos, cinco están en Centroamérica y cuatro en el Caribe. El reconocimiento de Taipéi tiene algunas ventajas para esos países, aunque han ido quedando neutralizadas por el peso comercial de China. Panamá estableció relaciones con Pekín en 2017 y República Dominicana lo acaba de hacer ahora. Aquí examinamos el interés que aún tiene la preferencia por Taiwán para ciertos países de Centroamérica.

Taipéi paga a Centroamérica su reconocimiento con importaciones

ARTÍCULOBlanca Abadía Moreno

La especial relación de Taiwán con Centroamérica se remonta al período que siguió a la salida de Taiwán en 1971 de la Organización de las Naciones Unidas, donde la China nacionalista fue desplazada por la República Popular de China. Varios países latinoamericanos habían establecido relaciones con Taiwán en la década de 1960, pero la mayoría pasaron paulatinamente a reconocer a Pekín tras el cambio en la ONU. Taiwán retuvo, no obstante, el apoyo de las naciones centroamericanas y en la década de 1980 ganó además el de pequeñas islas del Caribe que entonces adquirieron la independencia.

La emergencia de China como gran socio comercial internacional ha ido restando reconocimientos diplomáticos a Taiwán. Costa Rica estableció plenos vínculos con China en 2007, Panamá en 2017 y República Dominicana el pasado 1 de mayo. Aun así, de los 19 países que siguen optando por Taipéi frente a Pekín, cinco están en Centroamérica: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua (este país con un hiato de cinco años, de 1985-1990). Otros cuatro se encuentran en el Caribe: Haití y tres minúsculas naciones de las Antillas menores. Si se tiene en cuenta que el resto de países que reconocen a Taiwán tienen poca importancia comercial, salvo Paraguay (se trata del Vaticano, Burkina Faso, Suazilandia y seis microestados de Polinesia), se entiende que Centroamérica absorba el interés diplomático de Taiwán.

Dado que la teoría constitutiva de la estadidad define un Estado como una persona de derecho internacional si, y solo si, es reconocido como soberano por otros, Taiwán se esfuerza en asegurarse que esos países sigan reconociéndolo como sujeto de pleno derecho en el concierto de las naciones; perder su apoyo afectaría directamente a la legitimidad de sus alegaciones como Estado soberano.

Para ello, Taipéi fomenta la relación comercial con ellos, les procura inversiones y utiliza lo que se llama la “diplomacia de la chequera”: la entrega de regalos (y sobornos) para que se mantengan esas relaciones. Los países centroamericanos reciben un promedio de 50 millones de dólares anuales de cooperación no reembolsable declarada. Taiwán orienta la ayuda hacia sus aliados Latinoamericanos por medio del Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional (ICDF), con programas que van desde la construcción de infraestructura hasta la producción de café. Así, Taiwán ha financiado y construido diversos edificios gubernamentales en Nicaragua y El Salvador.

Además, la nación asiática contribuye a programas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y es país observador en el Parlamento Centroamericano y otras organizaciones regionales.

Ese esfuerzo, no obstante, no ha impedido que en los últimos años se hayan dado bajas entre los países centroamericanos que le veían dando reconocimiento diplomático. El desarrollo económico de Costa Rica llevó en 2007 a este país a querer mejorar sus cifras comerciales mediante una aproximación a China, que supuso la apertura de una embajada en Pekín y el cierre de la que tenía en Taipéi. Por el mismo motivo, Panamá también optó en 2017 por romper con las relaciones diplomáticas con Taiwán, afirmando que China, un destacado usuario del canal panameño, “siempre ha jugado un papel relevante en la economía de Panamá” y había que eliminar cualquier restricción que lo impidiera seguir siendo.

 

Comercio centroamericano con China y Taiwán (2016)

 

Relaciones comerciales

Las relaciones comerciales entre Taiwán y los países centroamericanos que le reconocen como Estado se incrementaron significativamente gracias a la apertura en 1997 de la Oficina Comercial de Centroamérica (CATO) en Taiwán, la incorporación de este país al BCIE y la entrada en vigor de varios tratados comerciales. Así, Taiwán firmó tratados de libre comercio con Guatemala (2006), con Honduras y El Salvador (2006) y con Nicaragua (2008).

Esos tratados han facilitado especialmente la exportación centroamericana a Taiwán. Como ocurre con la mayoría de países latinoamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen a China como uno de los principales orígenes de sus importaciones (el 1º sigue siendo Estados Unidos). Su alineamiento político con Taiwán no les impide ser clientes de la producción de China. De esta forma, en 2016, China estuvo entre los puestos 2º y el 3º como mercado de procedencia, mientras que Taiwán se situó muy abajo en la tabla (entre el puesto 14º y el 23º). Sin embargo, la particular relación con Taipéi hace que Taiwán iguale o sobrepase a China como destino de las exportaciones de los cuatro países centroamericanos mencionados. Ese es el beneficio comercial que obtienen del reconocimiento diplomático a la isla asiática.

De este grupo de países, Nicaragua es el que en 2016 más exportó a Taiwán (83,7 millones de dólares) en comparación con las exportaciones a China (21,5 millones), en una proporción de cuatro a uno. Los principales productos nicaragüenses exportados fueron camarón, azúcar, carne bovina y café.

Honduras exportó a Taiwán por valor de 24,7 millones de dólares –principalmente productos textiles, café y aluminio– frente a los 18,5 millones colocados a China. Por su parte, El Salvador envió a Taiwán cargas por valor de 53,3 millones –sobre todo azúcar–, y de 46,5 millones a China. Guatemala, cuya economía tiene un volumen mayor, fue el único país en vender más a China (75,5 millones), pero en cifras muy similares a las de Taiwán (74 millones), a donde envió sobre todo café, papel y cartón.

Con estas relaciones diplomáticas y comerciales Taiwán pretende mostrar a la sociedad internacional que es un aliado capaz y responsable para la cooperación internacional. Así como hacer ver al mundo que la diplomacia taiwanesa existe pese a los intentos de asilamiento de China. El hecho de que China tenga un especial interés por mercados que le faciliten el acceso a materias primas hace que el gigante asiático esté más atento a las relaciones con diversos países de Sudamérica, ricos en minerales; es ahí donde Pekín concentra sus inversiones latinoamericanas.

Centroamérica, con menor actividad extractiva, se escapa de esta forma de la prioridad china (el interés por el Canal de Panamá es un caso aparte), y queda de momento para la acción de Taiwán. No obstante, el carácter cada vez más residual del apoyo a la isla y el peso mismo de las relaciones con China hacen prever que los países centroamericanos seguirán dándose de baja, uno tras otro, de este particular club.

La batería del planeta: el litio de los salares andinos

Casi dos tercios de las reservas mundiales de litio identificadas se encuentran en Bolivia, Chile y Argentina

La explosión de la automoción eléctrica mediante el uso de baterías de ión de litio ha puesto las grandes reservas de este metal del altiplano boliviano y el desierto de Atacama en el centro del interés mundial de esa nueva industria. ¿Aprovechará Sudamérica la ocasión para adentrarse ella misma en procesos de innovación tecnológica, o volverá a resignarse, como ha ocurrido con tantos otros minerales, a una mera labor de extracción?

Salar de Uyuni, en el altiplano de Bolivia

▲Salar de Uyuni, en el altiplano de Bolivia [Luca Galuzzi, Wikimedia Commons]

ARTÍCULOMilene Pardo-Figueroa

Con la incorporación gradual de vehículos eléctricos al mercado, además del aumento de la venta de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos –productos todos ellos activados por baterías de ión de litio–, la demanda mundial de litio está aumentando. Este elemento químico alcalino, que en su forma pura se presenta como un metal blando, especialmente ligero, es abundante en la naturaleza, si bien las mayores reservas están concentradas en unos pocos países. Debido a las condiciones de su extracción, esta es especialmente rentable en las zonas secas del triángulo delimitado por las fronteras de Bolivia, Chile y Argentina. Si el litio es conocido como “petróleo blanco” o “nueva gasolina”, por el color del salitre de los depósitos donde se encuentra y por ser impulso motriz de los modernos automóviles, la zona fronteriza de esos países es denominada la “Arabia Saudí del litio”.

La “fiebre” por el litio ha llevado a una producción actual de 40.000 toneladas anuales, una cifra que queda por debajo de la enorme demanda existente, que en estos momentos plantea una necesidad de 180.000 toneladas. Aunque ese volumen pueda alcanzarse en los próximos años, los cálculos hablan de una demanda de entre 500.000 y 800.000 toneladas en 2025. Para entonces, de acuerdo con algunas previsiones, el mercado mundial de baterías de litio podría tener un valor de 46.000 millones de dólares. Parte del empuje del sector viene de la innovación de los automóviles eléctricos. La expansión de ese mercado, no obstante, podría verse ralentizada si no se acelera la producción de litio. Como ha advertido el empresario visionario Elon Musk, promotor de la marca de autos eléctricos de alta gama Tesla, “para crear 500.000 vehículos al año, básicamente tenemos que retener toda la generación de litio en el planeta”.

La dificultad para atender esa creciente demanda viene de los altos costos de extracción, que varían considerablemente en función de las características del depósito. Los depósitos más rentables se hallan en los concentrados de salmuera existentes en climas áridos, que al sacarlos a la luz experimentan una rápida evaporación. El lugar donde eso se da especialmente es el área formada por el desierto de Atacama y el altiplano boliviano.

La producción mundial está encabezada por Australia, que en 2016 extrajo 14.300 toneladas, seguida de Chile, con 12.000, y Argentina, con 5.700, de acuerdo con las cifras del Estudio Geológico de EEUU. El volumen de reservas identificadas sitúa a los países suramericanos claramente por delante, especialmente a Bolivia, que reúne los mayores depósitos aunque por ahora haya desarrollo poco la actividad minera de este metal. Así, Bolivia cuenta con unas reservas identificadas de 9 millones de toneladas (22,7% del total mundial), Chile de 7,5 millones (18,9%) y Argentina de 6,5 millones (16,4%), lo que supone que los tres países cuentan con el 58% de las reservas mundiales. Tras ellos están Estados Unidos, con 5,6 millones (13,9%), y China, con 5,4 millones (13,6%). Otras estimaciones otorgan a China unas reservas similares a las de Argentina. El sector está dominado por cinco grandes compañías, que controlan el 90% de la producción mundial: SQM (Chile), FMC y Albermarle (EEUU), Talison (Australia) y Tianqi Lithium (China).

 

El triángulo del litio

El triángulo del litio

Reservas de litio identificadas

Reservas de litio identificadas

 

El triángulo blanco

El Salar de Uyuni en el altiplano boliviano –una superficie cubierta de sal, generada por la evaporación de las aguas de mar que quedaron encerradas en un lago al emerger la cordillera de los Andes en su formación–, acoge lo que podría ser el mayor depósito de litio del mundo. Su obtención se enfrenta al problema de que aquí el metal está especialmente mezclado con magnesio y la separación de ambos requiere del acceso a tecnología que de momento Bolivia no dispone a gran escala. Ante el temor de empresas extranjeras sean las que controlen la extracción y dejen escaso beneficio al país, como pasó históricamente con el desarrollo de la minería, el gobierno de Evo Morales ha optado de momento por una explotación limitada. Las autoridades bolivianas han preferido impedir la penetración de multinacionales, con el fin de asegurarse de que la nación sudamericana mantiene el control del negocio. Morales ha anunciado planes para la puesta en marcha, con financiación pública, de una instalación para la fabricación de carbonato de litio en la planta de sal de Uyuni.

La explotación de litio está mucho más avanzada en Chile, país que representa alrededor del 33% del suministro mundial, gracias a los grandes yacimientos en el desierto de Atacama y al desarrollo de una industria propia. La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), compañía privada chilena, lidera el sector nacional, en el que las concesiones están estrechamente controladas por el Estado. Por su parte, Argentina está dando pasos para impulsar el negocio del litio; con ese fin, el gobierno de Mauricio Macri está procediendo a la liberalización del sector y ha establecido contactos para atraer capital extranjero.

Más allá de los beneficios económicos que estos países sudamericanos pueden obtener del auge de la explotación de litio, en sus sociedades se ha generado un debate sobre el impacto ecológico que esta puede causar en lugares tan singulares por sus características naturales como Atacama o Uyuni; hay voces que advierten de que la solución salina andina pueden estar condenada a desaparecer para satisfacer el interés exterior por las baterías. También se teme un impacto social, sin compensaciones para los grupos humanos asentados en los territorios afectados.

Por otra parte, el impacto negativo que ha tenido históricamente en Latinoamérica la perpetuación de una cultura económica de extracción aconseja a Bolivia, Chile y Argentina que aprovechen la ocasión para intentar desarrollar iniciativas propias de transformación y nuevas tecnologías en la generación de baterías, sin limitarse, como ocurre con tantos otros minerales, en una actividad extractora.

Tren para África Oriental con inversión china

Kenia cuenta con el primer tramo de la nueva red ferroviaria financiada con ayuda de Pekín

La participación africana en la Nueva Ruta de la Seda promovida por China pasa por conectar el interior de varios países de África oriental con los principales puertos de su litoral índico. La diseñada red ferroviaria, que introduce en la región el ancho de vía estándar, ha comenzado a operar entre las dos principales ciudades de Kenia: Nairobi y el puerto de Mombasa. Pero la realización completa del proyecto está sujeta al cuestionable modelo de inversión china.

Transporte de mercancías entre Nairobi y Mombasa

▲Transporte de mercancías entre Nairobi y Mombasa [Kenia Railways]

ARTÍCULOClaudia Correa y Alexia Cosmello

Las relaciones sino-africanas se remontan al siglo XV cuando Zhang, el navegador y comerciante, llegó a las costas de Mozambique. Sin embargo, fue con Mao Zedong en 1949 cuando las verdaderas relaciones se establecieron. Con promesas de respeto y teniendo en cuenta las heridas que dejó la colonización, China ha asistido económicamente a África hasta convertirse en su principal socio económico desde el año 2009. Mediante la implementación de proyectos de cooperación económica y tecnológica ha financiado la construcción de centrales hidroeléctricas, represas, aeropuertos, acueductos, hospitales, refinerías, gaseoductos, líneas férreas y autopistas en 52 de los 54 países africanos.

La cooperación entre China y África ha crecido considerablemente. Desde el año 2000 se han llevado a cabo conferencias ministeriales del Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC) mediante las cuales se ha aumentado el comercio y la colaboración en áreas como la educación, la ciencia, la tecnología y la salud. Por otro lado, refiriéndose a los prestamos e inversiones, China ha anunciado que destinará gran parte de su capital a proyectos en el continente africano. En 2013, por ejemplo, el presidente chino, Xi Jinping, prometió otorgar 14.400 millones de euros para infraestructuras construidas por empresas chinas, mientras que en 2014, el premier Li keqiang anunció que China destinaría 8.600 millones de euros más a proyectos de desarrollo en África.

El auge chino y la intención de ampliar y profundizar su influencia en el mundo ha sido muy clara estos últimos años. En septiembre de 2013, Xi Jinping presentó un nuevo proyecto de expansión de obras públicas llamado la nueva ruta de la Seda. Con el objetivo de posesionarse en el comercio mundial, China pretende mejorar las conexiones de Asia con otras regiones mediante la construcción de rutas terrestres y la articulación de una vía marítima que faciliten el comercio. A pesar de que es una iniciativa que será útil para la comunidad internacional, es preciso recalcar los beneficios que representarán para África, puesto que en su territorio se construirá la red de transporte de África Oriental, por lo que esa parte del continente africano podrá tener mayor acceso al comercio mundial, al igual que tendrá nuevas infraestructuras con tecnología de punta.

Standard Gauge Railway

La red de transporte de Africa oriental, de mercancías y pasajeros, tiene como objetivo conectar las ciudades más importantes de Kenia con Kampala, capital de Uganda; Bujumbura, capital de Burundi; Juba, capital de Sudán del Sur, y Kigali, capital de Ruanda. Está previsto aplicar el ancho de vía estándar a la mayor parte del trayecto, por lo que el proyecto es conocido como Standard Gauge Railway (SGR). Se calcula que la red ferroviaria medirá alrededor de 2.935 kilómetros en total y costará cerca de 13.800 millones de dólares. La financiación estará mayoritariamente a cargo del gobierno chino, junto a la ayuda del banco EiximBank, el cual financiará un 90% de los costes de la construcción, mientras que el gobierno keniano financiará tan solo el 10% restante. La obra será llevada a cabo por la empresa china Road & Bridge Corporation, la cual es considerada la empresa pública con mayor presencia y emprendimiento en África.

La primera fase del proyecto, denominada Madaraka Express ya está terminada y fue inaugurada en mayo de 2017. La iniciativa consistía en la construcción de una línea ferroviaria para unir Nairobi, capital de Kenia, con Mombasa, la ciudad portuaria más importante de ese país y de África Oriental. El tren puede llevar a 1.260 pasajeros por un tramo de aproximadamente 470 km de distancia. Teniendo ya construido una de las partes claves de la red de transportes es posible continuar con el proyecto y pasar a la segunda fase, la cual consistirá en extender las líneas férreas con el resto de las ciudades antes mencionados.

 

Proyecto de la nueva red ferroviaria

Proyecto de la nueva red ferroviaria [Kenia Railways]

 

Claroscuros de la inversión china

¿Cuáles son los propósitos de China para invertir en África? Probablemente lo hace porque es un gran mercado potencial para la venta de productos de sus productos, además de una gran fuente de recursos naturales como. En África oriental, por ejemplo, está el petróleo de Kenia o materiales imprescindibles para las baterías de los teléfonos móviles en Malawi. En cualquier caso, está claro es que no es un acto caritativo por parte de los chinos, pues se ha demostrado que los bancos y compañías chinas ofrecen financiación porque eso les permite asegurarse mayor cuota de mercado en África como parte de su estrategia para ser globales”.

Según Li Keqiang, primer ministro chino, la “cooperación con África está basada en el respeto, la igualdad y el beneficio mutuo”. Los representantes africanos se muestran entusiastas con la idea de que China invierta en el desarrollo de África. El presidente de Kenia declaró que el nuevo tren “revolucionará la economía de la región y reafirmará el estatus de Kenia como centro económico”, y el embajador de Malawi, Wang Shiting, manifestó su idea sobre el desarrollo africano, publicando que África solo mejorará cuando todos contribuyan a su desarrollo, y es lo que precisamente China está haciendo actualmente.

De acuerdo con esas opinines oficiales, desde el punto de vista africano, la intervención de China en el continente no es vista como algo negativo. Sin embargo, presenta ciertos problemas, como la sospecha y acusación de corrupción por parte de los inversores chinos o la denuncia de que está abriendo de manera agraviante la brecha de diferencia económica entre los más y menos adinerados, ya que, lógicamente, los inversores chinos esperan negociar con las élites del continente. También hay un maltrato del medio ambiente, como la controversia por las repercusiones medioambientales de la red ferroviaria mencionada, sobretodo en Kenia, donde la población ha cuestionado el trayecto por el parque Nairobi debido al impacto ambiental.

No solamente las empresas chinas están invirtiendo en el continente africano, algunas empresas occidentales y europeas han substituido, en algunos casos, a las empresas chinas. Un gran ejemplo es la multinacional estadounidense General Electric, que en tan solo un año ha triplicado su plantilla de empleados en Nigeria, Kenia y Etiopía. Esto les es posible a consecuencia de los retrasos o parálisis que algunos proyectos han sufrido a causa de la repentina bajada de precios de materias primas y la desaceleración china. Gracias a esto mismo, algunos Estados africanos con suficiente estructura financiera han tomado la iniciativa ellos mismos para no dejar que los proyectos queden enterrados.

México: el Ejército seguirá en la calle contra el narco

Las presidenciales del 1 de julio no abren un debate en serio sobre el combate contra el narcotráfico

La 'mano dura' que en 2006 comenzó Felipe Calderón (PAN), con el despliegue de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, fue prorrogada en 2012 por Enrique Peña Nieto (PRI). En estos doce años la situación no ha mejorado, sino que ha aumentado la violencia. En las elecciones de este 2018 ninguno de los principales candidatos presenta un radical cambio de modelo; el populista Andrés Manuel López Obrador (Morena) propone algunas llamativas medidas, pero sigue contando con la labor del Ejército.

El presidente mexicano en el Día de la Bandera, en febrero de 2018

▲El presidente mexicano en el Día de la Bandera, en febrero de 2018 [Presidencia de la República]

ARTÍCULOValeria Nadal [Versión en inglés]

México afronta un cambio de sexenio después de cerrar 2017 como el año más violento en la historia del país, con más de 25.000 homicidios. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Puede comenzar a resolverse en los próximos años?

Existen diversas teorías sobre el inicio del narcotráfico en México, pero la más consensuada argumenta que el narcotráfico mexicano vio su nacimiento cuando Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 1933 y 1945, impulsó el cultivo de la amapola en territorio mexicano con la velada intención de fomentar la producción de grandes cantidades de morfina para aliviar los dolores a los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el narcotráfico no fue un problema nacional grave hasta la década de 1980; desde entonces los cárteles se han multiplicado, la violencia ha aumentado y los delitos se han expandido por la geografía mexicana.

La nueva etapa de Felipe Calderón

En la lucha contra el narcotráfico en México la presidencia de Felipe Calderón marcó una nueva etapa. Candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Calderón fue elegido para el sexenio 2006-2012. Su programa incluía la declaración de guerra a los cárteles, con un plan de “mano dura” que se tradujo en el envío del Ejército a las calles mexicanas. Aunque el discurso de Calderón era contundente y tenía un objetivo claro, exterminar la inseguridad y la violencia provocada por el narcotráfico, el resultado fue el opuesto a causa de que su estrategia se basada exclusivamente en la acción de policías y militares. Esta militarización de las calles se realizó a través operativos conjuntos que combinaban las fuerzas del Gobierno: Defensa Nacional, Seguridad Pública, la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, y pese al gran despliegue realizado y el incremento de un 50% en el gasto en seguridad, la estrategia no funcionó; los homicidios no solo no se redujeron, sino que aumentaron: en 2007, el primer año presidencial completo de Calderón, se registraron 10.253 homicidios y en 2011, el último año entero de su presidencia, se llegó a un récord de 22.409 homicidios.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ese año récord de 2011 casi un cuarto del total de la población mexicana mayor de 18 años (24%) fue asaltada en la calle, sufrió algún robo en el transporte público o fue victima de extorsión, fraude, amenazas o lesiones. Las tasas de violencia fueron tan altas que sobrepasaron aquellas de países en guerra: en Irak hubo entre 2003 y 2011 una media de 12 asesinatos diarios por cada 100.000 habitantes, mientras que en México esa media alcanzaba los 18 asesinatos diarios. Finalmente, cabe mencionar que la cifra de denuncias ante esta ola indiscriminada de violencia fue bastante baja: solo un 12% de las víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico denunció. Esta cifra está probablemente relacionada con la alta tasa de impunidad (70%) que marcó también el mandato de Calderón.

El nuevo enfoque de Peña Nieto

Tras el fracaso del PAN en la lucha contra el narcotráfico, en 2012 fue elegido presidente Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con ello, este partido que había gobernado durante décadas ininterrumpidas, volvía al poder después de dos sexenios seguidos de ausencia (presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del PAN). Peña Nieto asumió el cargo prometiendo un enfoque nuevo, contrario a la “guerra abierta” planteada por su predecesor. Principalmente puso el acento de su política de seguridad en la división del territorio nacional en cinco regiones para incrementar la eficacia y coordinación de los operativos, en la reorganización de la Policía Federal y en el fortalecimiento del marco legal. Con todo, el nuevo presidente mantuvo el empleo del Ejército en la calle.

Los resultados de Peña Nieto en su lucha contra el narcotráfico han sido peores que los de su predecesor: durante su mandato, los homicidios dolosos han aumentado en 12.476 casos respecto al mismo periodo en la administración de Calderón y 2017 cerró con la pesarosa noticia de ser el año más violento en México hasta la fecha. A escasos meses de que termine su sexenio, y en un último esfuerzo por enmendar los errores que la han marcado, Peña Nieto propició la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que fue votada por el Congreso de México y promulgada en diciembre del pasado año. Esta ley no remueve a los militares de las calles, sino que pretende garantizar jurídicamente esa capacidad de actuación policial por parte de las Fuerzas Armadas, algo que antes solo tenía carácter provisional. Según la ley, la participación militar en las operaciones diarias antinarcóticos no es para suplantar a la Policía, sino para reforzarla en aquellas zonas donde esta se vea incapaz de poder hacer frente al narcotráfico. La iniciativa contó con críticas que, si bien reconocían el problema de la escasez de medios policiales, advertían del riesgo de un despliegue militar ilimitado en el tiempo. Así pues, aunque Peña Nieto comenzó su mandato intentando distanciarse de las políticas de Calderón, lo ha concluido consolidándolas.

 

Homicidios dolosos anuales en México

Fuente: Secretariado Ejecutivo, Gobierno de México

 

Qué esperar de los candidatos de 2018

Ante la ineficacia evidente de las medidas adoptadas por ambos presidentes, la pregunta en este año electoral es qué política antinarcóticos adoptará el próximo presidente, en un país en el que no hay reelección y por tanto cada sexenio presidencial supone un cambio de rostro. Los tres principales candidatos son, por el orden que vienen marcando las encuestas: Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Ricardo Anaya, de la coalición del PAN con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y José Antonio Meade, del PRI. López Obrador estuvo cerca de alcanzar la presidencia en 2006 y en 2012, en ambas ocasiones como candidato del PRD (previamente había sido dirigente del PRI); luego creó su propio partido.

Meade, que representa una cierta continuidad respecto a Peña Nieto, aunque en la campaña electoral ha adoptado un mayor tono anticorrupción, se ha pronunciado a favor de la Ley de Seguridad Interior: “Es una ley importante, es una ley que nos da marco, que nos da certeza, es una ley que permite que la participación de las Fuerzas Armadas esté bien regulada y normada”. Anaya también se ha posicionado favorablemente ante esa ley, ya que considera que una retirada del Ejército de las calles sería “dejar a los ciudadanos a su suerte”. No obstante, apuesta por la necesidad de que la Policía recupere sus funciones y critica duramente la falta de responsabilidad del Gobierno en materia de seguridad pública alegando que México ha entrado en un “círculo vicioso que se volvió comodísimo para gobernadores y alcaldes”. En cualquier caso, ni Meade ni Anaya han especificado qué giro podrían dar que resultara realmente efectivo para reducir la violencia.

López Obrador, desde posiciones de un populismo de izquierda, supone un mayor cambio respecto a políticas anteriores, si bien no está clara la eficacia que podrían tener sus medidas. Además, alguna de ellas, como la de otorgar amnistía a los principales líderes de los cárteles de droga, se antoja claramente contraproducente. En los últimos meses, el candidato de Morena cambió el foco de su discurso, que primero estuvo centrado en la erradicación de la corrupción y luego abundó en cuestiones de seguridad. Así, ha dicho que si logra la presidencia asumirá la responsabilidad completa de la seguridad del país integrando en un mando único al Ejército, la Marina y la Policía, a los que se añadiría una guardia nacional, de nueva creación. Además, ha anunciado que sería exclusivamente él quién asumiría el mando único: “Voy a asumir de manera directa esta responsabilidad”. López Obrador se compromete a acabar la guerra contra el narco en los tres primeros años de su mandato, asegurando que, junto a medidas de fuerza, sus gestión logrará un crecimiento económico que se traducirá en la creación de empleo y la mejora del bienestar, lo que reducirá la violencia.

En conclusión, la década contra el narcotráfico que se inició hace casi doce años ha resultado ser un fracaso que se puede medir en cifras: desde que Calderón llegó a la presidencia de México en 2006 con el lema “Las cosas pueden cambiar para bien”, 28.000 personas han desaparecido y más de 150.000 han fallecido a causa de la narcoguerra. A pesar de pequeñas victorias para las autoridades mexicanas, como la detención de Joaquín “el Chapo” Guzmán durante la presidencia de Peña Nieto, la realidad que impera en México es la de una intensa actividad delictiva de los carteles de droga. De las propuestas electorales de los candidatos presidenciales no cabe esperar una rápida mejora en el próximo sexenio.

El conflicto de Kasai, en el corazón del Congo

El despliegue de casi 19.000 'cascos azules' ha reducido la violencia, pero siguen las violaciones de los derechos humanos

El apalancamiento en el poder del presidente Joseph Kabila y el resentimiento social y tribal han alimentado en el último año y medio un violento conflicto en el interior de la República Democrática del Congo. Hasta la hecha ha habido 3,9 millones de desplazados; solo en 2017 se registraron 3.300 muertos. La intervención de la ONU ha reducido los niveles de violencia, pero el conflicto en la provincia de Kasai sigue vivo.

Fuerzas de la Misión de Estabilización en la RDC de la ONU

▲Fuerzas de la Misión de Estabilización en la RDC de la ONU [MONUSCO/Sylvain Liechti]

ARTÍCULO / Eduardo Villa Corta

La República Democrática del Congo (RDC) se encuentra sumergida en una gran crisis civil que dura ya largo tiempo. Si bien este país ha tenido numerosos problemas y conflictos internos, el de la región de Kasai, en el centro-sur del país, destaca por el elevado número de muertes y violaciones de derechos humanos.

El origen de este conflicto se remonta al año 2016, cuando el presidente Joseph Kabila, en el poder desde 2001, decidió retrasar las elecciones para permanecer más tiempo en el poder. La muerte de su principal opositor, Étienne Tshisekedi, facilitó las intenciones de Kabila de seguir en la presidencia, pero desde entonces este ha tenido que confrontar una oposición armada: la milicia de Kamuina Nsapu.

Para entender la situación generada hay que partir de la división tribal presente en la RDC. Las jefaturas y divisiones territoriales son administradas por un jefe tradicional y su consejo. Estas líneas hereditarias siguen un proceso de sucesión, que debe ser ratificado por el Ministerio del Interior. En el caso de la tribu de los Kamuina Nsapu, en enero de 2012 hubo un problema con el acceso a la jefatura de Jean Pierre Nsapu Pandi, porque el Ministerio del Interior (nombrado por Kabila) no llegó a reconocer al nuevo líder. Después de un tiempo, este recibió la noticia de que el Ministerio había seleccionado a otro jefe ajeno a la tribu. Esta selección generó un resentimiento que condujo a una revuelta. Desde ese momento Nsapu Pandi decidió empezar a reclutar gente en la zona.

Entre las razones por las que este movimiento creció y se expandió en la región está en primer lugar la situación de pobreza generalizada. Dadas las bajas condiciones de vida y el escaso crecimiento económico, las promesas que ofrecía el líder constituyeron un incentivo popular. El conocimiento de la lengua local tshilub y el propio carisma personal de Nsapu Pandi lo ayudaron también a conseguir partidarios, de forma que a finales de julio de 2016 unos 800 jóvenes ya lo seguían. Fue entonces cuando la milicia, llamada Kamuina Nsapu por devoción a su líder y guía, empezó la revuelta, con el incendio de una comisaría a 20 kilómetros de la ciudad de Tsimbulu.

 

El conflicto de Kasai, en el corazón del Congo

 

El conflicto dio un salto pocas semanas después, cuando se produjo un enfrentamiento entre policías y militares en Tsimbulu. El episodio terminó con la orden de muerte en combate de Pandi, dada por el mismo presidente. Desde ese momento la recientemente formada milicia se agrupó con la oposición a Kabila y pasó de ser un grupo local a convertirse en uno nacional. Ahora es una milicia en guerra civil con el gobierno, en una confrontación que ha devastado a la población congoleña.

La milicia Kamuina Nsapu y sus atrocidades tuvieron una rápida respuesta de Kabila. Este respondió con una fuerza desmesurada y desproporcionada, pues en sus acciones contra la milicia las autoridades causaron en las primeras semanas unos 400 muertos, tanto entre elementos armados como entre la población civil. El grupo ha crecido exponencialmente debido a la fuerte oposición social a Kabila, quien no obstante a día de hoy sigue manteniendo el poder en Kasai. Ambos bandos del conflicto han protagonizado atrocidades y violaciones graves de los derechos humanos.

Los datos sobre muertes y daño a personas no son fáciles de obtener. Según fuentes de la Iglesia Católica, solo en 2017 el conflicto provocó al menos 3.300 muertes. Ese mismo año hubo 1,7 millones de personas que dejaron sus hogares y se desplazaron a países vecinos en busca de asilo. Hasta la fecha ha habido un total de 3,9 millones de personas desplazadas. El conflicto ha agravado la hambruna en el país, que alcanza los 7,7 millones de personas. De ellas, 3,3 millones se ubican en la región de Kasai, que es la más azotada por el conflicto. En enero de 2018, se estimó en 400.000 el número de niños malnutridos. Las cifras no hacen más que elevarse debido a la migración y a la situación de peligro que sufren miles de personas. La RDC ha pedido al Banco Mundial 1.700 millones de dólares para poder establecer y ayudar a la población. Pero esta suma no ha sido entregada ni ha habido ninguna aportación económica por parte de ninguna organización internacional.

Lo cierto es que estas atrocidades son responsabilidad de los dos bandos en conflicto. La participación de ambas partes se puede ver en el descubrimiento de fosas comunes (se han encontrado 80 en la zona) tras una iniciativa de las Naciones Unidas. Permitió ver que se habían cometido desde decapitaciones hasta mutilaciones y que las víctimas iban de militares a niños. La ONU ha enviado observadores y “cascos azules” a la zona: en total son 19.000 efectivos cuya misión es intentar mantener la paz, apoyar a los civiles e investigar los hechos sucedidos. Esos trabajos han contabilizado de momento 2.800 violaciones de derechos humanos. Al menos dos observadores de la ONU fueron decapitados en la región de Kasai, a la que las organizaciones internacionales tienen difícil acceso debido a las restricciones gubernamentales y al despliegue mismo de la violencia.

Este conflicto está basado en el resentimiento social y tribal y en la lucha por el control del país. Para que el país se pueda recuperar, tanto Kabila como los Kamuina Nsapu deberían llegar a algún tipo de compromiso. Para lograr esto la comunidad internacional debería reiterar la presión ejercida en 2016 al inicio de un conflicto que se ha acrecentado a lo largo de casi dos años. La Unión Africana y la ONU deberían empujar a ambas partes en litigio hacia el alto al fuego, en una mediación tanto como regional como extracontinental. La solución más propicia para lograr la estabilización del país pasa por la celebración de elecciones libres.

Delta del Níger: conflicto sobre el impacto petrolero

Las tribus locales reclaman participación en los beneficios y reducción del daño medioambiental

La estabilidad social de Nigeria, uno de los países más poblados del mundo y la mayor economía de África, preocupa internacionalmente por su posible incidencia en la seguridad continental y mundial. De ahí que un conflicto local como el que enfrenta a las tribus del Delta del Níger con el gobierno nigeriano, a raíz de la explotación del abundante petróleo del área, sea seguido con atención desde el exterior.

El área de luz en la parte inferior de la imagen satelital corresponde a las instalaciones petrolíferas del Delta del Níger

▲El área de luz en la parte inferior de la imagen satelital corresponde a las instalaciones petrolíferas del Delta del Níger [NASA]

ARTÍCULOBaltasar Martos

La fuerte disputa por los recursos energéticos en la desembocadura del río Níger, al sur de Nigeria, es desde hace décadas uno de los conflictos africanos de mayor resonancia. La marginalización, el confinamiento y el empobrecimiento de los Ogoni y los Ijaw –así es como se llaman las tribus étnicas de las provincias costeras de Rivers, Bayelsa, y Delta– han contribuido a una escalada de tensión entre los locales y el gobierno federal.

Para entender el problema de fondo, conviene antes hacer un breve recorrido en el tiempo y discernir las tres etapas cronológicas que han configurado el panorama actual del conflicto, a saber: el comienzo de la explotación del petróleo, la hegemonía de la Royal Dutch Shell y el período posterior a la independencia.

En el año 1903, en la región meridional costera de la actual Nigeria, convertida en protectorado británico (1901) y posteriormente en colonia (1914), se descubrió un gran yacimiento de minerales e hidrocarburos, como carbón, betún, petróleo y gas natural. La compañía británica Nigeria Properties Ltd. inició entonces actividades de exploración y extracción de petróleo, llegando a alcanzar una producción de 2.000 barriles por día en el año 1905. Más tarde, en 1937, y tras la sucesión de varias empresas petrolíferas, la multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell se hizo con el monopolio de las actividades de prospección de las fuentes de petróleo –y, en menor medida, otros hidrocarburos–, llegando a unas tasas de producción de 5.000 barriles por día.

Tres décadas más tarde, tras la independencia y el establecimiento oficial de la República Federal de Nigeria (1960-1963), el gobierno militar de Yakubu Gowon emprendió una política de nacionalización y adquisición de las firmas extranjeras en el país, obligándolas por mandato legal a volver a registrarse mediante joint-ventures con empresas estatales. De esta manera, consiguió transformar esta actividad en el principal sector estratégico para la economía del país. Además, teniendo en cuenta la entrada de Nigeria en la OPEP en 1971, no resulta llamativo que el gobierno federal posea, a día de hoy, el 60% de la participación en el capital de prácticamente la totalidad de las petroleras en activo, ocupando un importante papel como socio mayoritario.

Por el contrario, la población civil de la zona ha resultado la gran perdedora. Las minorías étnicas más damnificadas por las actividades de prospección, extracción y comercialización –con el subsiguiente enriquecimiento para unos y la contaminación del medio ambiente para otros– vienen reclamando la atención del gobierno y exigiéndole medidas legislativas de protección ambiental y social desde hace décadas [1].

Por una parte, los locales reclaman “justicia medioambiental”, definida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos como “el tratamiento justo y la participación significativa en procesos de toma de decisiones políticas sobre las actividades que afecten el entorno natural de todos los pueblos, independientemente de su raza, color, cultura… concernientes a la implementación y aplicación de leyes, regulaciones y políticas medioambientales”.

Los Ogoni y los Ijaw son pueblos dedicados fundamentalmente a la agricultura y la pesca como forma de subsistencia para los que el medio natural es la única y principal fuente de riqueza. Protestan contra la ya larga connivencia (desde la independencia) entre el gobierno y las compañías multinacionales petrolíferas, calificándolos a ambos de “expropiadores y contaminadores” y culpándolos del empobrecimiento de la región y del deplorable estado de los ríos que circulan por ella. Reclaman, además, sus derechos a obtener y utilizar, para sus comunidades locales, la parte correspondiente de los beneficios que reporta la explotación de los yacimientos energéticos por estar ellos asentados tradicionalmente sobre una gran bolsa de crudo [2].

La corrupción, el clientelismo y la debilidad estructural del gobierno, sumados a su gran interés y dependencia de este sector –que ha llegado a suponer un beneficio para la economía nacional de hasta el 55% del PIB a mediados de la década de 1990 según las estadísticas del World Data Bank– hace extremadamente difícil que el presidente y su gabinete accedan a atender las necesidades de estas comunidades del Delta del río Níger. Las crecientes protestas desembocaron en un verdadero conflicto, iniciado en la última década del pasado siglo, que enfrenta a la población civil y al gobierno federal confabulado con las multinacionales. Dicha confrontación ha tomado dos vertientes, una pacífica y otra violenta, y ha recabado la atención mediática de buena parte de la comunidad internacional.

Atención internacional

Por otra parte, el conflicto del Delta del Níger constituye un caso claro de globalización, ya que la extracción de petróleo involucra a un conjunto de fuerzas transnacionales, actores no-estatales y procesos interdependientes. Fruto de la prolongada situación de malestar de las tribus indígenas de la zona, han crecido dos movimientos en denuncia del lucro por parte de un gobierno que apenas invierte en el desarrollo de esta región del país, sumida en la pobreza y el abandono, y degradada por la explotación de sus recursos naturales.

Por un lado se encuentra el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP por sus siglas en inglés), creado a raíz de las protestas en los años noventa y utilizado como modelo para que otras asociaciones civiles expresen públicamente su descontento con los impactos negativos de la industria petrolera en la calidad de vida de los habitantes de la zona. Esta organización, iniciada por el escritor Ken Saro-Wiwa y compuesta principalmente por académicos y docentes, denuncia pacíficamente la actuación conjunta del gobierno y las corporaciones instaladas en la zona y aboga por los derechos humanos civiles de los Ogoni a unas condiciones de vivienda dignas, a la justicia medioambiental y a una legislación que les respete y proteja de las amenazas medioambientales.

Por otro lado, existe el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (con el acrónimo inglés MEND). Está formado por una amalgama de grupos de jóvenes armados y organizados en milicias locales de resistencia, cuyo objetivo principal es luchar por el control del beneficio del petróleo para las etnias minoritarias asentadas en la zona. Se trata de una rama militar del MOSOP que ya ha saboteado oleoductos y ha secuestrado a trabajadores extranjeros de las fábricas, exigiendo al gobierno un rescate por ellos, en varias ocasiones.

Lo más importante de ambos movimientos es que han llamado la atención de un gran número de Organizaciones No Gubernamentales, locales e internacionales, que se han aliado con ellos y han comenzado a promover y visibilizar su causa frente a toda la comunidad internacional. Amnesty International, Human Rights Watch  o Niger Delta Human and Environmental Rescue Organization son algunas de las muchas entidades que han abierto un espacio de trabajo dedicado única y exclusivamente a la cuestión del Delta del Níger. Estas abogan mundialmente por la defensa de los derechos medioambientales de las comunidades afectadas por la explotación de los recursos y la contaminación del entorno natural. También han conseguido asociarse a medios de comunicación transnacionales y redes de derechos humanos para extender la situación del conflicto a una audiencia global. 

La denuncia conjunta de las “supuestas violaciones de Derechos Humanos y Medioambientales sobre los miembros de la etnia Ogoni del Delta del Níger” ha resonado a nivel mundial y ha obtenido una importante suma de ayudas económicas destinadas al restablecimiento de los asentamientos de los que los pueblos autóctonos habían sido desplazados, así como a la promoción de la justicia medioambiental, la protección y garantía de los derechos civiles de los locales al aprovechamiento de la riqueza natural propia de su zona, la prosecución de sus actividades económicas y la salvaguarda de su entorno medioambiental. La repercusión mundial de este conflicto es probable que incida en el modo de resolución de conflictos similares.

 

[1] Obi, Cyril. “Insights from the Niger Delta”, Young, Tom. Readings in the International Relations of Africa. Indiana University Press, 2016.

[2] Botchway, Francis N., ed. Natural Resource Investment and Africa's Development. Edward Elgar Publishing, 2011.

La hegemonía militar aérea en Asia

China, India y Japón están invirtiendo en sus respectivas fuerzas aéreas con la mirada puesta en el vecino

Corea del Norte es quien llena los titulares de prensa sobre armamento que atraviesa el espacio, pero son las grandes potencias de Asia –China, India y Japón– las que se están esforzando por tener una completa potencialidad aérea.

Caza furtivo chino J-20

▲Caza furtivo chino J-20

ARTÍCULOSebastián Bruzzone

Corea del Norte no es el poder aéreo militar más poderoso de Asia. Los desfiles exuberantes y frecuentes lanzamientos de misiles balísticos por parte de esta nación están ciertamente lejos de su poder armamentístico real, aunque invierten aproximadamente el 15% de su PIB en él. La hegemonía aérea militar está principalmente en tres centros-Estados:

Japón. La fuerza aérea japonesa, establecida en 1954, combina su nivel de técnica y sofisticación con aviones de Estados Unidos. Ambos países, también con Corea del Sur, realizan prácticas en el espacio aéreo del Océano Pacífico. Su flota de aviación varía de generación en generación. Cuenta con modernos aviones F-15 y F-2 fabricados por Mitsubishi Industries (compañía japonesa, nacional) y Lockheed Martin (compañía estadounidense), y con aviones más antiguos como el Phantom F-4. Del mismo modo, tiene un equipo de alerta temprana y asistencia inmediata, y otro de aviones cisterna para mantener el resto de los aparatos en el aire el mayor tiempo posible.

India. La Fuerza Aérea de la India posee tecnología soviética y nacional, al mismo tiempo que un sistema de entrenamiento y gestión de la Royal Air Force británica. Su flota tiene 300 cazas de última generación complementados con MiG-21, más antiguo. Además, 200 aviones de ataque terrestre ofensivos y C-17 Globemaster en el campo de la logística para garantizar el transporte de carga y el reabastecimiento de combustible y la advertencia inmediata.

China. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno chino ha invertido en su armamento aéreo para convertirse en la principal potencia militar del continente. Hoy, tiene 600 cazas de las generaciones 4 y 4.5, así como los aviones de los países antes mencionados. A diferencia de Japón y la India, el principal fabricante de sus equipos es el propio país y no han sido importados de ninguna otra nación. Lo que más destaca de la Fuerza Aérea de China es la evolución en los últimos años. Ha pasado de tener una flota muy grande y poco entrenada a estar formada por pilotos que pueden pasar más de 24 horas en un avión. Sin embargo, la industria de la aviación china todavía tiene problemas de calidad en sus motores. Aun así, podemos estar hablando del poder aéreo más importante de Asia.

China como potencia de recursos minerales

Genera muchas de las materias primas necesarias para la producción mundial de tecnología

China no solo tiene importantes reservas de recursos minerales, sino que además lidera la producción mundial de muchos de ellos. Eso le da una notable ventaja geopolítica como fuente de los recursos imprescindibles para de la producción tecnológica global.

Imagen de satélite

▲Imagen de satélite [NASA]

ARTÍCULOGabriel Ros Casis [Versión en inglés]

Con un vasto territorio como el del país asiático, es obvio pensar que posee gran cantidad de materias primas y recursos naturales. A lo largo de la historia de China, esto se ha convertido en una fuerte baza geopolítica, no solo para el propio desarrollo del país en sí, sino también para sus socios comerciales a través de exportaciones. Hoy en día, cuando hablamos sobre estas materias primas, China destaca en dos principales grupos: los metales básicos y los elementos tecnológicos.

El grupo de los metales básicos comprende esencialmente cinco metales de la tabla periódica, siendo estos: hierro, cobre, aluminio, magnesio y zinc (en ocasiones, el plomo y el estaño también se incluyen). No es necesario recordar que podemos encontrar todos estos metales en objetos cotidianos, y que han sido la columna vertebral de la industria por mucho tiempo. Por lo tanto, todo país los necesita, situando a aquellos con mayores yacimientos de estos metales con una ventaja estratégica. Pero la riqueza mineral de un país no siempre viene dada por esta condición, ya que también puede ser medida por la facilidad y viabilidad de la extracción del producto. En el caso de China, ambos argumentos serían válidos, puesto que el país posee los mayores depósitos de muchos de estos minerales, con el magnesio a la cabeza (79% de las extracciones globales) seguido por el estaño (43%) y el zinc (31%).

En lo que respecta a los metales tecnológicos, es importante fijarse en que incluyen diversos minerales, tales como las tierras raras, metales preciosos, así como semiconductores. Desde un enfoque cuantitativo, la cantidad requerida de estos metales es mínima, a pesar de que su disponibilidad es crucial para la producción de la tecnología de hoy en día. Por ejemplo, algunos de los metales tecnológicos más comunes incluyen litio, itrio, paladio, cerio y neodimio, los cuales fácilmente se pueden hallar en las baterías de los teléfonos móviles, en medicamentos, imanes o catalizadores. Una vez más, China se sitúa a la cabeza con los mayores yacimientos de varios de estos elementos, destacando los de tungsteno (83%) seguidos por los conocidos como tierras raras (78%) y el molibdeno (38%).

De esto podemos sacar como conclusión que China no solo tiene los mayores yacimientos, sino que también es el primer exportador mundial. Además de la extracción este país también refina y fabrica componentes con minerales como aluminio, cobre y ciertas tierras raras e incluso en algunos casos llega a manufacturar el producto final.

Por lo tanto, debe tomarse en cuenta que la extracción trae consigo ciertas consecuencias. Ambientalmente, la extracción siempre tiene un impacto en el terreno, quizás menor en China si se compara con otros países (por la extensión de su territorio), pero igualmente significativo. Desde un enfoque económico, estas extracciones conllevan un gran coste, pero que, gestionado de la manera adecuada, puede generar un inmenso beneficio. En el escenario político, son vistas como una importante ventaja geopolítica, creando dependencia en la demanda de otros países.

Como conclusión, se puede extraer de esto que China tiene un gran poder en lo relativo a recursos de materias primas, pero esto acarrea una gran responsabilidad, ya que una parte sustancial de las materias primas usadas para casi toda la producción mundial de tecnología depende de este país, que proporciona los recursos, pero también los fabrica.

Integrar la ex-Yugoslavia, foco de la presidencia búlgara de la UE

El semestre de Bulgaria pone el acento en la crisis de los refugiados y los Balcanes Occidentales

La presidencia de Bulgaria de la Unión Europea, además de avanzar en la concreción del 'Brexit', pone sobre la mesa asuntos especialmente sensibles para Europa Central y Oriental, como son las rutas migratorias que entran en Europa por el sureste continental y la conveniencia de la futura integración de los estados nacidos de la ex-Yugoslavia, de los que de momento solo Croacia se ha adherido a la UE.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov

▲El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov [Nikolay Doychinov–Presidencia Búlgara]

ARTÍCULOPaula Ulibarrena García

Durante este primer semestre de 2018, por primera vez, Bulgaria ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE). La presidencia búlgara tiene como principales retos la gestión de la crisis migratoria y las negociaciones del 'Brexit'. Como especial objetivo se ha marcado poner el foco en los Balcanes Occidentales. Durante el semestre, Bulgaria confía en dar los últimos pasos hacia el euro y en integrarse en el espacio Schengen.

Bajo el lema "La unidad hace la fuerza", Bulgaria –el país más pobre de la UE– se ha impuesto una ambiciosa agenda hasta junio. El gobierno búlgaro, formado por el partido populista conservador GERB y el ultranacionalista Frente Patriótico, se ha propuesto contribuir a que el bloque europeo sea más fuerte, estable y solidario.

Para ello, Sofía quiere fomentar el consenso, la cohesión y la competitividad, con el desafío concreto de superar las diferencias existentes en el manejo de la crisis de refugiados. Dado el rechazo de varios socios a las cuotas de reubicación de demandantes de asilo, Bulgaria buscará "un sistema sostenible para gestionar la inmigración", con "reglas comunes que se cumplan", según destaca el programa de la presidencia búlgara.

Crisis migratoria

El diálogo con terceros países para facilitar la devolución de inmigrantes sin derecho a asilo y el fortalecimiento del control de las fronteras externas son algunas de las medidas previstas por el ejecutivo liderado por el primer ministro búlgaro, el populista conservador Boiko Borisov.

La posición de Bulgaria en la crisis de los refugiados sirios es que la adopción de un mecanismo para reubicar a los refugiados es solo una solución provisional. El gobierno de Sofía considera que hay que encontrar una solución perdurable y sólida en virtud de la cual limitar la presión en las fronteras exteriores de la UE y la migración secundaria que de ella se deriva. Propone que la UE trabaje de forma prioritaria y urgente junto con sus socios comunitarios con vistas a estabilizar los países de origen y ayudar a los países de tránsito. Bulgaria, que tiene a Turquía como vecino, estima que este país es clave para la resolución del problema y plantea que la UE debería forjar medidas urgentes para reforzar la capacidad de Turquía en la acogida de refugiados. Bulgaria ha tenido siempre un gran interés en que los acuerdos contemplen que Turquía admita los refugiados que la UE pueda devolver desde Grecia.

Para Sofía, hay que aclarar la distinción entre inmigrantes económicos y refugiados y avanzar hacia "mecanismos de solidaridad" que sean aceptables para todos los estados miembro, recordando a este respecto el fracaso del sistema de cuotas obligatorias para la reubicación de los refugiados en Italia y Grecia.

Balcanes Occidentales

Otra de las prioridades de la presidencia búlgara es colocar los países de los Balcanes Occidentales en el punto de mira de una UE, que de momento no se plantea ninguna nueva ampliación. Algunos países de la región, como Serbia y Montenegro, están negociando activamente su entrada, que esperan se produzca en los próximos cinco años. Mientras, Bosnia Herzegovina, Albania, Macedonia y Kosovo siguen a la espera de iniciar formalmente las negociaciones.

Entre las cerca de 300 reuniones previstas durante la presidencia búlgara de la UE, destaca una cumbre especial el 17 y 18 de mayo entre los líderes de la UE y esos seis aspirantes.

"El proyecto europeo no estará completo sin la integración de los Balcanes", ha advirtido la ministra responsable de la presidencia búlgara, Lilyana Pavlova. Bulgaria insiste en la conveniencia de ayudar a una región europea aún marcada por la inestabilidad política de los nuevos y pequeños Estados surgidos tras la guerra yugoslava.

Después de la integración de Croacia en la Unión Europea el 1 de julio de 2013, es lógico que otros países de la ex Yugoslavia pretendan seguirla. Montenegro (que incluso tiene un acuerdo bilateral con Bulgaria de asistencia técnico-política sobre el tema) y Albania ya son candidatos oficiales, y probablemente pronto habrá una invitación para Serbia y Macedonia.

La economía, la estabilidad de las instituciones y la transparencia democrática siempre han sido y serán unos factores decisivos en el proceso de integración. Por esto, hoy en día, la pregunta sobre el desarrollo de los Balcanes y la región del sureste de Europa está bien presente en la agenda europea ya que los grandes donantes de los presupuestos europeos no olvidan los problemas originados de la integración de países como Polonia, Hungría, Rumanía o la propia Bulgaria. De hecho, cuatro países de la zona están sometidos la política económica de la Unión: Grecia, Bulgaria, Rumania, Croacia.

De esta posible integración, por el momento, se excluyen Bosnia y Herzegovina, que todavía está bajo protectorado europeo, y Kosovo, sin reconocimiento oficial por parte de varios gobiernos, incluidos dos miembros del Consejo de Seguridad (China y Rusia) y cinco miembros de la UE (España, Grecia, Eslovaquia, Chipre y Rumanía). Además el nivel de desempleo en los Balcanes Occidentales es bastante alto en comparación con Bulgaria y Rumanía, con una media conjunta de los cuatro candidatos en torno al 25 %.

Por otra parte, con la desintegración del bloque soviético y la guerra de los Balcanes, los sistemas socioeconómicos se vieron colapsados y el periodo de transición se ha traducido no solo en crecientes desigualdades, sino en una ausencia de legalidad y de gobierno efectivo. Consecuencia de todo ello ha sido en muchos países de la zona el importante papel desempeñado por el dinero negro en la economía. Bulgaria lidera este triste palmarés, con un sector informal que supone el 31% de la economía, seguida muy de cerca por Rumanía y Croacia, cuyo economía sumergida constituye el 28%, y Grecia, con el 24%. El problema radica en preguntarse hasta qué punto la economía sumergida y los canales de tráfico ilegal en el sureste de Europa pueden suponer un peligro para la seguridad de los demás países de la Unión. Por esto, el esfuerzo de los países candidatos en mejorar las estructuras democráticas, la gobernabilidad, la transparencia y el control de los flujos de capital será un factor importante a tener en cuenta en las negociaciones.

'Brexit', Schengen y corrupción

Se espera que bajo la presidencia búlgara comience la fase decisiva de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE, después de los avances constatados a principios de diciembre por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Sofía quiere convertirse en un "coordinador neutral" en este proceso, según indicó el presidente búlgaro, Rumen Radev.

El avance en la economía digital del continente tras el impulso que ha dado a este tema la presidencia saliente de Estonia, así como en la unión bancaria, son otros puntos clave de la agenda búlgara. El país balcánico defenderá además la política de cohesión y la Política Agraria Común (PAC), que se verán afectadas por la pérdida de fondos debido al 'brexit'.

Al mismo tiempo, Bulgaria aspira a entrar durante su presidencia comunitaria en la "antesala" de la zona euro e ingresar en el espacio Schengen, de libre circulación comunitaria, un paso bloqueado hasta ahora por la falta de avances de Bulgaria en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Y es que el país balcánico, considerado el más corrupto de la UE, tardó once años en aprobar su primera ley anticorrupción, adoptada el 20 de diciembre pasado, menos de dos semanas antes de asumir su presidencia de la UE. A diferencia de lo ocurrido en la vecina Rumanía, hasta ahora la Justicia búlgara no ha investigado ni condenado a ningún político por casos de corrupción.

Conectividad aérea

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) pidió un enfoque de política renovado para fortalecer la competitividad de la aviación de Europa en la presidencia búlgara de la UE. Existe una necesidad urgente de planificar estratégicamente la capacidad necesaria para satisfacer la creciente demanda de conectividad global, mejoras ambientales y regulación de los costos de infraestructura.

IATA pronostica una expansión del 6 por ciento de la demanda de viajes aéreos en Europa en 2018. "Operar una línea aérea en Europa es un desafío. Hay altos costos y cargas regulatorias. La capacidad de infraestructura a menudo no es suficiente y los cargos por usar aeropuertos se han duplicado en toda Europa en la última década. El gobierno búlgaro ha puesto la competitividad y la conectividad en el centro de la agenda de su Presidencia de la UE. Esto impulsará una mayor competitividad y prosperidad para las economías europeas, pero solo si los estados miembros individuales de la UE cumplen con la adopción de políticas que promuevan la conectividad aérea ", dijo Rafael Schvartzman, vicepresidente regional de IATA Europa, en el Día de la Aviación de IATA Bulgaria, en Sofía.

Bulgaria ocupa una posición estratégicamente importante como puerta de entrada de Europa a Turquía y, más allá, a Asia. También es un mercado de rápido crecimiento por derecho propio, con un número de pasajeros que se duplicará en los próximos 20 años. Este es un desafío para la gestión del tráfico aéreo del país, y el proveedor búlgaro de servicios de navegación aérea BULATSA.