Efectos en Sudán del Sur
Tras cinco años de guerra civil en Sudán del Sur, el presidente Salva Kiir y el vicepresidente Riek Machar, pertenecientes a los grupos étnicos rivales Dinka y Nuer, respectivamente, firmaron en agosto de 2018 un acuerdo de alto el fuego y reparto de poder. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS, por sus siglas en inglés) había establecido campamentos en el territorio para proteger a los civiles de la violencia que se estaba ejerciendo contra ellos durante la guerra. Sin embargo, desde 2020, UNMISS comenzó a reducir la cantidad de personal dedicado a esta labor, generando cierta inseguridad.
Desde el fin de la guerra civil, el incremento de la violencia intercomunal y los ataques, la amenaza de que el proceso de paz se desmorone y las graves condiciones humanitarias en amplias zonas del país, han generado una urgente necesidad de mejorar la seguridad y protección de los civiles de Sudán del Sur, cuya situación empeoró desde el inicio de la guerra en Sudán, en abril de 2023, con un desplazamiento de refugiados hacia el vecino del sur que ha agravado el problema de sobrepoblación en los campamentos; los refugiados quedan expuestos al hambre y a violentos enfrentamientos, y ven cómo sus necesidades humanitarias no pueden ser debidamente atendidas por las organizaciones asistenciales, o por el propio gobierno por falta de recursos; como consecuencia, Sudán del Sur sufrió en 2023 la peor crisis de hambre a la que se ha enfrentado nunca el territorio.
Además de por lo anterior, la inestabilidad y la situación humanitaria en Sudán del Sur se ve agravada por el impacto que la guerra tiene sobre la capacidad de Yuba para continuar exportando el petróleo que produce, y que constituye la principal fuente de ingresos del país, con un volumen estimado del 90% de su PIB. El principal oleoducto que transporta petróleo desde Sudán del Sur hacia la terminal cerca de Puerto Sudán, en la costa del Mar Rojo, estuvo sufriendo obstrucciones en Sudán desde febrero de 2024. En marzo de ese mismo año, el ministro de Petróleo de Sudán declaró en una carta un “estado de fuerza mayor” en la entrega de crudo, justificando el incumplimiento de sus obligaciones de transporte del combustible fósil por la imprevisibilidad de las rupturas del oleoducto en zonas de operaciones militares. El ministro afirmó en la carta que las condiciones de la guerra en el país obstruyeron la debida resolución del asunto. Las Fuerzas Armadas sudanesas afirmaron que las rupturas tuvieron lugar en territorio controlado por las Fuerzas de Apoyo Rápido, atribuyéndoles la responsabilidad de lo ocurrido. Por su parte, las FAR denegaron estas acusaciones.
Las obstrucciones han tenido consecuencias en el sector petrolífero y el PIB: desde que el conflicto se inició en Sudán, el sector de petróleo y gas se ha contraído un 70%, mientras que el PIB ha disminuido un 5%. Antes de las interrupciones, y tal como se acordó cuando el país se independizó de Jartum en 2011, Sudán del Sur había estado exportando unos 150.000 barriles al día; el corte del oleoducto Petrodar redujo el volumen de las exportaciones a unos 58.000 barriles diarios a finales de 2024.
Estas interrupciones han afectado seriamente a la economía del país, que ya se hallaba debilitada por la guerra, dando pie a una crisis monetaria marcada por la inflación: el valor del dólar pasó de 1.100 libras sudanesas en febrero a 1.550 en julio. También han producido un aumento de la inseguridad por la dependencia de Sudán del Sur de las infraestructuras sudanesas para exportar el petróleo, ya que las tensiones del conflicto en Sudán no parecen disminuir.
Los efectos de la inflación se han percibido seriamente por los distintos sectores del país. El radical incremento de precios ha afectado, en primer lugar, a los consumidores y pequeños comercios: el precio del maíz, un producto alimenticio básico para los sudaneses, pasó de 800 a 2.000 libras en tan solo unos pocos meses, lo que ha dificultado el acceso de muchas familias a las necesidades básicas, así como la capacidad de los vendedores para mantener sus negocios a flote. La inflación también ha repercutido en el sector público: en mayo de 2024, Awow Daniel Chuang, ministro de Finanzas, advirtió de la incapacidad del Estado de pagar los salarios de policías, militares y funcionarios como consecuencia del déficit presupuestario causado por la pérdida de un 70% de los ingresos del petróleo.
El 4 de enero de este año, el ministro de Petróleo de Sudán declaró en una nueva carta el levantamiento de la “fuerza mayor”, gracias a la mejora de las condiciones de seguridad en el territorio y a una serie de acuerdos para asegurar el trasporte seguro de petróleo realizados entre Yuba y Bapco, la empresa sudanesa que se encarga del oleoducto. Las exportaciones a través del oleoducto Petrodar, con una longitud de más de 1.500 kilómetros, y que une Sudán del Sur con Port Sudán, en el Mar Rojo, alcanzan ahora los 90.000 barriles diarios, lejos aún de los más de 150.000 previos a la paralización.
No todas las consecuencias de la reanudación de las exportaciones serán positivas para el país: a pesar de proporcionar una importante fuente de ingresos al gobierno, los ciudadanos de Sudán del Sur temen que el incremento de ingresos petroleros dé lugar a un aumento de la corrupción y la desigualdad social, y a una vuelta al conflicto civil. La transparencia es un problema serio en el gobierno de Sudán del Sur, siendo calificada por Transparency International como una de las naciones más corruptas del mundo, ocupando el puesto 177 de 180 naciones. Además, los fondos recaudados podrían emplearse para financiar a los distintos bandos enfrentados en Sudán, especialmente si controlan alguna de las zonas por las que transcurre el oleoducto, con el fin de evitar nuevas obstrucciones.
Por último, hay una posibilidad real de que el conflicto en Sudán degenere en una contienda regional que termine implicando a su vecino del Sur. De hecho, Sudán del Sur ya ha entrado en contacto con las FAR: en febrero de este año tuvo lugar una alianza entre el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte, un partido político y organización militante de la República de Sudán que ha estado luchando contra el ejército sudanés durante décadas, y las FAR. Para contrarrestar esta alianza, el ejército de Sudán ha buscado el apoyo de milicias de Sudán del Sur en la zona fronteriza. Estos sucesos podrían contribuir aún más a la desestabilización del país, especialmente en la frontera, que ya estaba envuelta en una situación conflictiva como consecuencia de diversas prácticas del gobierno, como nombrar gobernadores corruptos, cooptar milicias locales y extraer recursos.
Perspectiva sombría
La situación de inestabilidad en ambos países no mejora: Sudán continúa acogiendo una sangrienta contienda en la que parece que ninguna de las partes pretende llegar a un acuerdo de paz, mientras que Sudán del Sur se halla en un periodo de transición desde el fin de la guerra civil para implementar el acuerdo de paz al que se llegó en 2018. Las elecciones previstas para 2024 se pospusieron hasta 2026, y la tensión que se vive en Sudán del Sur anuncia el posible inicio de un nuevo conflicto interno, tensión que se ha visto acrecentada como resultado de los efectos generados por la guerra en Sudán. Se trata de un país ya al límite, por lo que, si el gobierno no es capaz de mantener el orden y la estabilidad ni de gestionar adecuadamente los ingresos generados por la reanudación de las exportaciones de petróleo, la situación podría escalar a un nivel superior.
La realidad es que ambos estados se hallan estancados en sus respectivas crisis y no parecen estar dispuestos a cambiar la situación: en Sudán, la posibilidad de un acuerdo de paz parece muy remota sin la intervención de algún agente externo que trate de mediar en el conflicto, mientras que en Sudán del Sur será necesaria una adecuada planificación económica transparente y eficiente, que pueda aliviar las tensiones internas y el descontento de los ciudadanos, evitando así un levantamiento. Si la guerra en Sudán, la corrupción y la ineficacia institucional del gobierno continúan poniendo trabas al aprovechamiento adecuado de la riqueza petrolífera del país, es cuestión de tiempo de que la inestabilidad interna evolucione hacia una nueva guerra civil. La posibilidad de un conflicto a nivel regional no parece tampoco muy remota, lo que sin duda aumentaría las víctimas y el nivel de violencia, aunque ello podría atraer la atención internacional y favorecer la cooperación para llegar a un acuerdo.
El problema que, sin duda, parece más relevante y que obstaculiza en mayor medida el proceso de paz es la falta de compromiso de cada una de las partes involucradas para resolver el conflicto. Se trata de dos países que han convertido la violencia en su normalidad y que, al no verla como una anomalía, puede que tengan más interés en mantener el actual statu quo y sus deseos de poder político y económico que en resolver sus contradicciones. Es difícil imaginar que los respectivos bandos de la guerra en Sudán sean capaces de anteponer la estabilidad y las necesidades de la población civil a sus propios intereses; y está por ver si no sucede lo mismo en Sudán del Sur, pues, como ya se ha mencionado, las tensiones podrían desencadenar una guerra civil allí en un corto plazo, o incluso una guerra con ciertas facciones de su vecino del Norte.
Tampoco parece demasiado probable que un gobierno como el de Sudán del Sur, en el que no abundan precisamente los valores democráticos y en el que la corrupción se halla muy presente, sea capaz, por sí solo, de lograr una transición lo suficientemente estable como para favorecer la paz y recuperar la estabilidad económica, política y social. Son demasiados los intereses que hay detrás y demasiado pocos los incentivos para dejar de lado dichos intereses. Es necesaria y urgente la intervención de un tercero en ambos países.
Parece claro que tanto Sudán como Sudán del Sur no podrán alcanzar grandes mejoras en un corto plazo, al menos mientras la comunidad internacional continúe ignorando la situación. Es necesario que se preste apoyo urgente a esta causa, no solo por parte de organizaciones humanitarias, sino también por estados y organismos internacionales que estén dispuestos a poner orden y velar por la seguridad interna, en especial por la de la población civil, que es sin duda la mayor perjudicada.
