[Michael Reid, Forgotten Continent: A History of the New Latin America. Yale University Press, New Haven, 2017. 425 pages]

RESEÑA / María F. Zambrano

La historia reciente de Latinoamérica tiene mucho de progreso, aunque en ocasiones solo trasciendan algunos pasos atrás. A los importantes cambios ocurridos desde la década de 1980, cuando la región abrazó la democracia, comenzó a superar el proteccionismo económico y domó el problema de la inflación, se ha sumado más recientemente una etapa de aceleración económica –la conocida como década dorada, debida al boom de las materias primas– que entre 2002 y 2012 ha supuesto un notable impulso social: 60 millones de personas escaparon en esos años de la pobreza, de forma que, aunque siguen existiendo grandes desigualdades, al menos la clase media se extiende ya al 50% de la población. Eso ha generado sociedades mejor educadas, que han reconocido la primacía del derecho sobre el paternalismo del caudillo. Pero los cuantiosos ingresos que muchos estados obtuvieron en esa década de oro también condujeron a cursos negativos.

Este optimismo moderado sobre Latinoamérica –sin ignorar las dificultades, pero sin desconocer tampoco los avances–, es el que transmite el libro Forgotten Continent: A History of the New Latin America, de Michael Reid, editor de América Latina en The Economist, donde escribe la columna Bello. Corresponsal durante casi 35 años en la región, en la que ha vivido la mayor parte de este tiempo, Reid es una de las voces con mejor conocimiento sobre la múltiple realidad continental. Fruto de esa experiencia personal es Forgotten Continent, que Reid publicó en 2007 (entonces con el subtítulo de “La batalla por el alma de Latinoamérica”) y que ahora ofrece de nuevo en una edición revisada y actualizada, con amplios cambios respecto a la primera versión.

¿Qué es lo que ha ocurrido en Latinoamérica en estos diez años para que Reid haya visto la necesidad de una nueva presentación de su libro? Aunque hay diversos elementos, como el fin del boom de las materias primas, que ha traído dificultades económicas a algunos países, y ciertos cambios de orientación política (Kirschner por Macri, o Temer por Rousseff), quizá lo más notorio es que, en términos democráticos, Latinoamérica se ve hoy con menos esperanza que una década atrás. Hace diez años, el nuevo populismo de izquierda podía parecer un mero paréntesis en la progresiva consolidación democrática de las sociedades latinoamericanas; hoy ciertamente el bolivarianismo ya ha dado muestras de fracaso, pero puede tener mayor continuidad de la esperada al insertarse con la corriente de populismo de diverso género que aflora en muchos otros lugares del mundo.

Reid constata la fallida senda emprendida por Chávez, seguida también por otros dirigentes vecinos del mismo corte: “Hay lecciones para la región en el catastrófico fracaso del chavismo. Un accidente en la historia –la subida del precio del petróleo de 2001 en adelante– dio durante un tiempo espuria plausibilidad en algunos lugares a un curso alternativo al que los latinoamericanos parecía haber dado la espalda no hacía mucho tiempo. La 'alternativa bolivariana' estaba basada en premisas erróneas (...) En su encantamiento con el bolivarianismo y la renovada consideración por Cuba, mucha de la izquierda olvidó las permanentes lecciones del final de la Guerra Fría: que la planificación central había fracasado y que el comunismo era tiranía, no liberación”. En cualquier caso, la experiencia bolivariana ha demostrado que Latinoamérica no entró al final de sus dictaduras militares en una era de democracia asegurada, como ahora vemos que tampoco lo hizo el resto del mundo con la caída del muro de Berlín, a pesar de la percepción de entonces. El riesgo en la región quizá sea mayor, debido a la persistencia de fuertes diferencias sociales: como dice Reid, el chavismo es “otro recordatorio de que la extrema desigualdad ofrece tierra fértil al populismo”.

Retos por delante

En una era post-Chávez y post-boom del precio de las commodities, Latinoamérica afronta una serie de retos, que ciertamente vienen de atrás pero que en algunos casos revisten mayor urgencia. El doble objetivo de alcanzar instituciones fuertes y un desarrollo económico y sostenible pasa por resolver desafíos importantes, entre los que Reid destaca varios.

Uno de ellos es el de la seguridad. El crimen y la violencia se han convertido en una epidemia. En 2013, ocho de los diez países y 42 de las 50 ciudades con mayor violencia del mundo, fuera de escenarios de guerra, estaban en la región. Reid apunta la necesidad de control territorial por parte de las fuerzas armadas, la profesionalización de los cuerpos policiales, una cooperación más estrecha entre la policía y los jueces y una clara rendición de cuentas de esas de esas instancias ante la sociedad.

Otro reto es la consolidación de la nueva clase media. Hay avances en la educación primaria y secundaria, pero la preparación tanto de alumnos como de profesores queda muy por debajo de sus pares de países desarrollados. En el informe PISA de 2015, los alumnos latinoamericanos de 15 años se encontraba en el tercio inferior de la clasificación mundial. Si la situación no evoluciona favorablemente con un incremento de la calidad de la enseñanza pública, advierte Reid, las entidades privadas pasarían a ser la primera alternativa del nuevo estrato social, que se sometería incluso a endeudamientos sin garantías de calidad. Es un fenómeno que también se da en la atención sanitaria.

En la lucha contra la desigualdad social muchos gobiernos han promovido diversas fórmulas de Transferencia Condicionada de Recursos (TCR), que son programas de asistencia social que persiguen elevar estándares de actitudes, como la matriculación escolar de niños, a cambio de subsidios. Algunos programas han contribuido acertadamente al desarrollo social, pero en muchos casos transfieren recursos sin lograr avances a largo plazo, amén de convertirse en ciertos países en un claro cultivo de un voto cautivo. Al tener dos sistemas de seguridad social paralelos, el gobierno está gravando al sector formal, mientras que subsidia al sector informal.

Esperanza

Para superar esos retos, Forgotten Continent plantea la necesidad de avanzar en la integración regional, la diversificación de la economía y la superación de los dogmatismos políticos. Así, una verdadera integración regional permitiría una competencia que estimulara economías de escala y cadenas de suministro regionales. Para superar, al menos en parte, las barreras naturales que dificultan esa integración, es necesaria una inversión real en infraestructuras que vaya más allá del actual 3% del PIB.

Las materias primas seguirán siendo un motor económico importante de la región, pero no debieran ser el único. La producción agrícola debiera aportar un valor añadido, derivado de la aplicación de tecnologías innovadoras, como los avances que está habiendo en Argentina y Brasil con la “siembra directa” y “agricultura de precisión”. Para eso se requiere un aumento de la inversión en investigación y desarrollo, que hoy es solo un 0,5% del PIB. Latinoamérica también cuenta con múltiples recursos naturales que son propicios para el del desarrollo del turismo, o la expansión de industrias manufactureras.

El autor plantea romper con el debate histórico entre el libre mercado sin restricciones y el proteccionismo, y dejar de alimentar la cultura corporativista de ver el poder como un patrimonio personal. «Para llegar ahí se requiere un nuevo tipo de política: frente a la polarización y confrontación ofrecida por populistas (y a veces por sus oponentes), Latinoamérica necesita construcción de consensos, donde el estado, el sector privado y la sociedad civil trabajen juntos para fijar metas a medio plazo y responsabilicen al gobierno de su cumplimiento”.

Estos elementos propositivos de Reid llegan al final de un libro que sobre todo es una descripción del alma de América Latina. Se trata de un continente que no ha sido lo suficientemente pobre, ni peligroso, ni ha crecido lo suficientemente rápido económicamente, como para atraer la mirada internacional. De ahí el título del libro. Este comienza exponiendo las dificultades estructurales, geográficas y culturales que ha tenido que afrontar la región en su intento de establecer democracias duraderas y superar sus desequilibrios. Continúa con un análisis de los ciclos políticos y económicos, desde las independencias hasta las últimas dictaduras. Y finalmente concluye con un diagnóstico. Aunque los problemas de Latinoamérica ya estaban bien diagnosticados en la primera edición, hace diez años, es en esta parte final del libro donde el autor ha cambiado más páginas. Su conclusión no varía mucho, pero el tono es ligeramente más sombrío; no obstante, Reid prefiere terminar el relato con la misma cita esperanzadora del liberal argentino Bautista Alberdi: “Las naciones, como los hombres, no tienen alas; hacen sus viajes a pie, paso a paso”.

Los Estados se mueven entre asegurar su soberanía nacional y la cooperación entre vecinos

Ninguna otra región del mundo puede suponer un cambio de juego geopolítico tan importante como el Ártico. El deshielo abre perspectivas logísticas de gran magnitud y revaloriza los territorios al norte del Círculo Polar por el acceso que dan a recursos naturales aún no explotados. Muchas cuestiones están siendo consensuadas por los ocho integrantes del Consejo del Ártico, aunque de ellos son Rusia, Canadá y Estados Unidos los que más influencia pretenden ejercer en la región. Examinemos la estrategia que están siguiendo en el Ártico esos tres países.

ARTÍCULO / Martín Biera Muriel

El círculo polar Ártico comprende el 6% de la superficie total de la Tierra, con 21 millones de kilómetros cuadrados de extensión. A medida que las temperaturas aumentan y se agravan los efectos del calentamiento global, la capa de hielo en el Ártico se reduce desvelando una zona rica en materias primas y recursos naturales, y aumentando su importancia estratégica para la conexión marítima entre Europa y Asia. Esto ha propiciado que el Ártico sea una región de gran trascendencia geopolítica en las Relaciones Internacionales del siglo XXI.

Agencias de diversos países, como la National Oceanic and Atmospheric Administration o el National Snow & Ice Data Center de Estados Unidos, así como organizaciones internacionales y empresas de distintas nacionalidades, destacan que la capa de hielo en la plataforma ártica se ha visto considerablemente reducida debido a las consecuencias del cambio climático y el aumento de las temperaturas. Esto permite a los Estados con soberanía en esas aguas e islas un fácil acceso a la región, ofreciendo una oportunidad para la explotación de petróleo, gas natural, minerales, pesca, transporte marítimo y turismo.

Ya en 2008 el US Geological Survey, estimó que el Ártico contenía aproximadamente 240.000 millones de barriles de petróleo y gas natural, una cifra que constituye alrededor del 10% de los recursos existentes en el mundo; eso sin tener en cuenta la cantidad de recursos que, por motivos prácticos, aún no se han descubierto. En total se estima que los recursos existentes aún no descubiertos comprenderían el 16% de las reservas mundiales de petróleo, el 30% de las de gas y el 26% de las de gas natural; alrededor del 84% de esos recursos se encuentran fuera de la costa. Las estimaciones hablan de la posible existencia en el subsuelo ártico de 10 billones de barriles de petróleo y 1,55 cuatrillones de metros cúbicos de gas natural.

El Consejo del Ártico

El Consejo del Ártico, creado en 1996, es un foro intergubernamental de alto nivel que trata debates políticos sobre cuestiones comunes a los gobiernos de los Estados árticos y sus habitantes. Es el único foro circumpolar para debates políticos sobre cuestiones del Ártico. De él forman parte todos los Estados árticos, con la participación activa de sus pueblos indígenas. Está formado por ocho miembros: Islandia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Noruega y Finlandia. En cuanto a su funcionamiento, se divide en distintos grupos de trabajo y task force, cada uno de los cuales tiene sus campos de actuación y funciones. Así, está el Artic Contaminants Action Program (ACAP), cuya función es fomentar mecanismos para que los Estados reduzcan las emisiones contaminantes, o el Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group (EPPR), que trata de proteger el medioambiente de posibles liberaciones accidentales de contaminantes. Aunque su presencia sea muy limitada, se puede destacar que en numerosas ocasiones los distintos task force y grupos de trabajo han logrado conseguir los objetivos que tenían planeado como, por ejemplo, una reducción de las emisiones de CO2.

De los ocho países que forman parte del Consejo del Ártico, los que ejercen una mayor influencia en la región son Canadá, Estados Unidos y Rusia. ¿Qué estrategias está siguiendo cada uno de ellos?

Canadá: más medios para patrullar las aguas

Para Canadá, el Ártico no solamente es fundamental para su identidad nacional, sino que representa un potencial para el futuro del país, especialmente en materia de geopolítica. El gobierno de Canadá ve el Ártico como un área de oportunidades y retos, que los agrupa en cuatro áreas: ejercer su soberanía, promover el desarrollo económico y social, proteger el medioambiente y mejorar su gobernanza en las regiones del norte. Estos cuatro pilares de la política canadiense en el Ártico se concretan en múltiples aspectos: resolver disputas territoriales, mantener la soberanía y seguridad en el territorio ártico, promover las condiciones para el desarrollo sostenible y abordar la gobernanza de las cuestiones emergentes como la seguridad pública o contaminación, entre otros.

Canadá ha reforzado desde 2007 sus iniciativas de defensa para garantizar la soberanía en su territorio ártico. Ese año anunció medidas para aumentar su capacidad en la zona, las cuales han incluido el lanzamiento del satélite RADARSAT-2 destinado a vigilar el Ártico y el desplazamiento de 1.500 efectivos para patrullar sus aguas. Para esta última función se ha contado con la incorporación de rompehielos y patrullas marítimas. El gobierno también anunció una mayor inversión en el cuerpo de los Canadian Rangers para mejorar su presencia en la zona y trabajar conjuntamente con el North American Aerospace Defense Command para monitorear el espacio aéreo del norte de Canadá.

Estados Unidos: el Pentágono establece su Estrategia del Ártico

La actividad de Estados Unidos en el Ártico, región a la que pertenece desde la compra de Alaska, comprende un amplio espectro de actividades, desde la extracción de recursos y comercio a operaciones científicas y de defensa nacional. La estrategia del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el Ártico consiste en mantener una región segura y estable, en el que los intereses norteamericanos sean salvaguardados y su espacio de soberanía protegido, y donde las naciones trabajen de forma conjunta para afrontar los distintos retos, entre ellos singularmente el cambio climático. La estrategia estadounidense tiene dos objetivos:

1. Garantizar y apoyar la seguridad y promover la cooperación en defensa.

2. Prepararse para una amplia gama de desafíos y contingencias.

Además, el Departamento de Defensa estableció en un documento denominado Arctic Strategy que esos objetivos deben lograrse con criterios innovadores, con bajo presupuesto y mediante ejercicios multilaterales con otros países, como el Search and Rescue Exercise. Para lograr estos propósitos, el Departamento de Defensa fijó una serie de estrategias: ejercer la soberanía en su territorio, involucrar a entidades del sector público y privado para mejorar la conciencia de dominio en el Ártico, asociarse con otros departamentos, agencias y naciones para apoyar la seguridad humana y medioambiental, etc. El Departamento de Defensa, en colaboración con el North American Aerospace Defense Command, desarrolló un programa de análisis e informes para monitorear la actividad regional y anticipar futuras tendencias, con el fin de que futuras inversiones puedan sostener la actividad humana en la región a través del tiempo.

Rusia: mayor costa, mayor acceso a los recursos

Rusia es el Estado polar con mayor litoral, eso le da un acceso a ciertos recursos, como el petróleo, mucho más amplio que el de otros países, incluido Canadá, que es el segundo Estado polar con más costa. En los últimos meses Rusia ha experimentado un aumento en la producción de recursos naturales en el Ártico, especialmente en hidrocarburos. Cabe destacar que las sanciones internacionales por la crisis de Crimea han supuesto un reto para la producción rusa, por ello el Ártico es clave para su desarrollo. La política rusa en el polo norte se basa en dos planos, el militar y el de defensa con los siguientes objetivos:

• Usar los recursos en la región, principalmente petróleo y gas, para promover el desarrollo económico de Rusia.

• Mantener el Ártico como una zona de paz y cooperación.

• Preservar la ecología en el Ártico.

• Que la ruta del norte sea reconocida como una ruta de transporte.

En el plano militar continúa la necesidad de mantener tropas en caso de ataque en la región. Por ello, Rusia ha desarrollado en los últimos años sistemas de radares para controlar sus dominios, y también ha fomentado la construcción de pequeñas bases, puertos y aeródromos militares para proteger su territorio. Cabe destacar que en el puerto de la ciudad de Severomorsk se encuentra el cuartel general de la Flota del Mar del Norte, una de las flotas con más submarinos del mundo y el único crucero nuclear del mundo, llamado Pedro el Grande.

No obstante, ese acento en cuestiones militares y de defensa, Rusia también propone la opción de alcanzar acuerdos con otros Estados árticos, sin importar su extensión, para mejorar la cooperación.

Medio ambiente, desarrollo económico, defensa

La elaboración de estrategias específicas para el Ártico por parte de los países presentes en la región demuestra que el área es un escenario relevante para la geopolítica y las relaciones internacionales del siglo XXI. Los Estados implicados se mueven en dos planos: el de la cooperación con los vecinos, en materias como la protección del medio ambiente y el compromiso con un desarrollo económico sostenible, y el de la defensa de sus propios intereses, manifestada especialmente en asegurar la soberanía sobre sus territorios árticos y en preservar los derechos que estos puedan otorgarles en una futura explotación del área compartida.

Si atendemos a las teorías de las relaciones internacionales, los Estados árticos juegan en el plano realista, de toma de posiciones respecto a los demás, pensando en cualquier futura competición, y a su vez en el plano liberal, de disposición a la cooperación y resolución conjunta de problemas.

El nuevo programa de cooperación de la UE deberá llevar a una mayor inversión en seguridad y defensa

Tras siete largos años de hibernación, el pasado 11 de diciembre se puso en marcha la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) de la Unión Europea, cuya misión es lograr una mayor convergencia en asuntos de seguridad y defensa. La iniciativa supone un salto hacia adelante en el proceso de integración europea, que viene a superar la etapa de estancamiento y dudas que trajo consigo la última crisis económica y financiera.

▲Soldados llevando la bandera de la Unión Europea frente a las instituciones comunitarias, en 2014 [Parlamento Europeo]

ARTÍCULO / Manuel Lamela Gallego

El mismo año en el que se conmemoraba el 60º aniversario de los Tratados de Roma finalizó con un cierto sentido de reivindicación y reafirmación por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros, al conseguir contra todo pronóstico generar inversión y cooperación en las áreas de seguridad y defensa. La puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO por sus siglas en inglés) es la respuesta a la urgente necesidad de inversión en estas dos áreas, necesidad que la UE tiene planteada desde hace décadas y que ni el fracaso en los Balcanes consiguió que fuera afrontada.

Hablamos de reafirmación frente a la evidente crisis que ha sufrido la Unión Europea en estos últimos años, en los que ha visto cómo se generaban dudas acerca de su propia continuidad. Pese a esta delicada situación, la UE ha actuado con una admirable flexibilidad y se ha planteado su propio rol en el escenario mundial con el objetivo poder seguir marcando una diferencia positiva en el mundo. En este contexto de reflexión y cambio es dónde debemos enmarcar la puesta en marcha de PESCO.

A esta reciente pérdida de credibilidad hay que sumarle la colección de “fracasos” que acumula la UE a la hora de generar una estrategia común de defensa. Las palabras de Javier Solana en 2003 al reconocer el fracaso y la fractura de la Unión en la gestión de la crisis de Irak generaron una sombra de impotencia e ineptitud que la UE no ha conseguido desprenderse hasta el momento. La aplicación de PESCO supone un gran destello de luz en la acción europea de cara al exterior, ya que pone de manifiesto la unidad dentro del proyecto europeo en un área tan delicada como es la seguridad y la defensa.   

De esta manera y cumpliendo con lo que se establece en la Tratado de Lisboa, el pasado 13 de noviembre y tras varios meses de insistencia por parte del Consejo Europeo, 23 Estados miembros firmaron una notificación que supone el primer paso para la puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente. Este momento es declarado como “histórico” por parte de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. Sin ninguna duda nos encontramos ante un punto de inflexión dentro de la historia de la Unión Europea, pues tras varias décadas se consigue romper con la tendencia que reducía la cooperación europea al ámbito de la integración económica.  PESCO aspira a sentar la base desde la cual, con proyectos verdaderamente vinculantes, se puedan generar estrategias comunes y compartidas que poco a poco vayan configurando a la nueva Europa de la seguridad y la defensa. En su medida, la Cooperación Estructurada Permanente se posiciona como en lo que su día fue la Comisión de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), cuya dimensión decisoria constituyó uno de los pilares para la expansión del supranacionalismo europeo hacia otras áreas más ambiciosas.      

Base legal

La base legal de PESCO la encontramos en los Artículos 42(6) y 46, junto con el Protocolo número 10, del Tratado de Lisboa (2009).

Artículo 42(6): “Los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes en la materia para realizar las misiones más exigentes establecerán una cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión. Esta cooperación se regirá por el artículo 46 y no afectará a lo dispuesto en el artículo 43”.

Si algo se debe destacar de la Cooperación Estructurada Permanente es su naturaleza vinculante, por lo que los Estados se verán verdaderamente obligados a cumplir sus compromisos, como podemos observar en el Artículo 46(4): “Si un Estado miembro participante ya no cumple los criterios o ya no puede asumir los compromisos contemplados en los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la cooperación estructurada permanente, el Consejo podrá adoptar una decisión por la que se suspenda la participación de dicho Estado”.

La nula influencia que PESCO posee sobre la soberanía estatal es una de sus características fundamentales. Esto se ve claramente reflejado en los artículos 46(5) y 46(6) del Tratado de Lisboa. El primero clarifica los pasos que deberá seguir un Estado miembro para abandonar el proyecto: solamente será necesario que notifique al Consejo su abandono. El segundo trata de la toma de decisiones dentro de la Cooperación Estructurada Permanente: se tomarán de forma unánime, en una unanimidad constituida por los votos de los representantes de todos los Estados miembros que participen en PESCO.

Gasto del 2%

El 11 de diciembre el Consejo Europeo decidió finalmente poner en marcha PESCO, iniciativa a la que se sumaron Irlanda y Portugal, elevando el número de integrantes a 25 países. De esta manera se adoptaron los primeros 17 proyectos en los que los Estados participantes se comprometen a cooperar y que se adoptarán formalmente por el Consejo en 2018. Estos proyectos abarcarán diversos ámbitos dentro de la seguridad y la defensa europea, como pueden ser la formación de tropas o la estandarización y facilitación del transporte militar transfronterizo (este último altamente demandado por parte de la OTAN en los últimos años). Aparte de esta lista de proyectos cabe destacar el compromiso de los Estados de aumentar de forma constante y continuada los presupuestos de defensa en términos reales. Tras varios años de recesión económica y financiera en la mayoría de Estados europeos, los gastos en defensa no alcanzan el 2% del PIB acordado en la cumbre de la OTAN de Gales de 2014. Esta es sin duda una de las tareas más importantes que PESCO ha de cumplir para poder continuar con un desarrollo estable.

La iniciativa de la Cooperación Estructurada Permanente la tuvieron Francia, Alemania, España e Italia, lo que confirma el funcionamiento de la Europa de las dos velocidades, aunque finalmente al proyecto se ha sumado prácticamente la Unión en su conjunto, con las únicas ausencias de Malta, Dinamarca (que no participa en la defensa europea) y obviamente Reino Unido, que tiene pensada su salida para marzo de 2019. Habrá que ver si esta alta participación no pone en riesgo la ambición inicial del proyecto. Aunque la propia naturaleza de PESCO facilita la convivencia de las dos Europas siempre que se cumplan con los compromisos mínimos.

La fricción que PESCO y la OTAN puedan tener o la futura posición que Reino Unido detentará en la defensa europea tras su salida de la UE, son otros de los interrogantes que PESCO genera. Solo su puesta en marcha despejará esas incertidumbres. Dejando de lado estas dudas por un momento, lo que sí se puede afirmar es que la Cooperación Estructurada Permanente abre un amplio horizonte y que está exclusivamente en manos de los ciudadanos europeos poder aprovecharlo.

Como afirma el actual ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno le Maire: “Europa no es una certeza, es un combate”.

Bibliografía

Council of the EU. (11 de 12 de 2017). consilium.europa.eu. Obtenido de Cooperación en materia de defensa: Comunicado de prensa

Council of the European Union. (2017). Legislative acts and other instruments (PESCO), (pág. 20). Brussels.

European Union. (2009). Treaty of Lisbon. Lisbon, Portugal.

The Council and the High Representative of foreign affairs and security policy (2017). Notificaction on Permanent Structured Cooperation, (pág. 10).

▲Presidents Enrique Peña Nieto and Donald Trump, in the latest G20 Summit; Hamburg, July 2017 [Presidency of México]

ANALYSIS / Dania Del Carmen Hernández [Spanish version]

Canada, the United States and Mexico find themselves immerse in the renegotiation of the North American Free Trade Agreement (NAFTA). The trade treaty between these three countries has been controversial in the past few years, especially in the US, where many have doubted its benefits. During the presidential campaign, Donald Trump defended the complete elimination of the treaty; subsequently, when already in the White House, he agreed to make the renegotiation happen. President Trump argues that the pact has hollowed out US manufacturing and caused a trade deficit of over $60 billion with Mexico ($18 billion with Canada), so unless he can rework it in favor of the United States, he said, he won’t hesitate to withdraw from it.

Overall, the American people have pretty positive views on the treaty, with 56% of the population who say that NAFTA is beneficial to the country, and just a 33% who say it’s bad, according to a poll conducted by Pew Research in November 2017. Out of those who have a negative view, the majority are Republicans with 53% of them claiming Mexico benefits more, compared to Democrats who are generally more supporting of the trade pact and with just 16% who agree with the Republicans on that matter.

Regardless of public acceptance, opinion on the treaty hasn’t always been so dubious. When President Bill Clinton signed it into law, it was actually considered one of the first successes in his presidency. The same way globalization has liberalized trade all over the world, NAFTA effectively expanded trade and presented a great number of opportunities for the US, all while strengthening the country's economy.

Under NAFTA, US trade in goods and services with Canada and Mexico went from $337 billion in 1994 when the treaty came into force, to about $1.4 trillion in 2016. Under NAFTA, cross-border investment among the three member countries has surged as well, from $126.8 billion in 1993 to $731.3 billion in 2016.

The concern in Washington is that, despite of the increasing volume of trade, in relative terms the US isn’t getting fruitful enough results, compared to what its neighbors are getting from it. In any case, Canada and Mexico accept that, almost after 25 years of validity, the agreement must be revised to be able to adapt it to the new productive and commercial conditions, defined by technological innovations that, as is with the case of the development of the internet, weren’t contemplated when the treaty was signed.

Round to round examination

The discussion between the three countries affects numerous aspects, but we can talk about three main blocks that have to do with certain red lines set by the different parts in the negotiation: rules of origin; the desire of the United States to end the independent system of arbitration, through which Canada and Mexico can terminate the measures that might violate the treaty (elimination of Chapter 19), and finally other proposals, perhaps less decisive but equally important, oriented towards the general wish to update the agreement.

When the negotiations started, in August 2017, the countries expressed a concern to reach a final decision in January 2018. The plan was to have six rounds of meetings. That number has been already overcome: a seventh round is happening at the end of February and there will be possibly more. As we have reached the initial deadline an examination on the state of the discussion is relevant. A good way of doing it is following the evolution of the conversations through the rounds of meetings celebrated and this way we can evaluate the results that have been registered so far.

1st Round (Washington D.C.; August 16-20, 2017)

The first round of negotiations set the priorities for each one of the three countries on the table; it served to fixate the agenda of the principal issues that would be discussed later on, without going into much detail about the measures and the how- to’s.

In the first place, Donald Trump had already set clear during his campaign that he considered NAFTA an unjust agreement for the United States, due to the commercial deficit that the country has mostly with Mexico, and to a lesser extent, with Canada. According to the Office of the United States Trade Representative (USTR), the US went from a surplus of $1.3 billion in 1994 to a deficit of $64 billion in 2016. The major part of this deficit comes from the automotive industry. For the new administration, this puts in doubt that the treaty may have beneficial effects on American economy. Mexico, less predisposed to introduce important changes, insists that NAFTA has been good for all parties involved.

Another topic that was noted was Mexico’s salary gap against the US and Canada. Mexico defends that, despite having one of the lowest minimum wages in South America, and having had their medium wage stuck during the two past decades, this shouldn't be taken into account in the negotiations, for it is estimates that Mexican salaries will eventually reach those of their commercial partners. On the contrary, for the US and Canada, this remains a matter of concern; both countries insist that a wage increase would not damage Mexican economy.

Rules of origin was one of the principal recurring topics of discussion. The United States is looking for augmentation in the percentage of content that is required to consider a product as of origin so that it won’t be necessary to pay tariffs when moving it between the three countries. This proved to be rather controversial in this first round, as it could negatively affect Mexican and Canadian companies. Specialists have made the remark that a minimum of national content does not exist in any free trade treaties in the world.

Lastly, Trump’s administration let their intentions of eliminating Chapter 19 show. A section of the treaty which guarantees equality in the solving of disputes between the countries, making it so that it isn’t national laws what will dictate the outcome. The US understands it as a threat to their sovereignty and believes that conflicts should be resolved in a way in which their own democratic processes wont be ignored or jeopardized. For their part, Canada conditioned their permanence in the treaty with the maintenance of the chapter. Mexico also defends guarantees of independence in the resolution of conflicts even though for the moment it hasn't been categorical in this discussion, since it lingers on the side, and will act accordingly to what results most favorable.

2nd Round (Mexico City; September 1-5, 2017)

Although considered successful by many analysts, the second round of the renegotiation followed a very slow pace. Some of the matters that made advances were: salaries, access to markets, investment, rules of origin, commercial facilitation, environmental issues, digital commerce, SME’s, transparency, anti- corruption laws, agronomy and textiles.

The president of Corporate Coordinating Council in Mexico, Juan Pablo Castañon, insisted that for now the salary issue wasn't up for negotiation, and rejected the idea that any of the parties had the intention of pulling out of the treaty, despite the previous threats from the Trump administration. Castañon rallied in favor of Mexico supporting the maintenance of Chapter 19 or the establishment of a similar instrument with the purpose of solving commercial controversies amid the three countries.

3rd Round (Ottawa; September 23-27, 2017)

The delegates made important advances in competition policies, digital commerce, state-owned companies and telecommunications. The principal development had to do with some aspects related to SME’s.

The Canadian chancellor, Chrystia Freeland, criticized that the United States had not made any written formal proposals on the most complex areas, demonstrating a passive attitude of the country in the context of the negotiation.

The US trade official, Robert Lighthizer, said that his country is interested in incrementing the salaries in Mexico to avoid an unfair competence, seeing that Mexico has attracted factories and investments with their low salaries and their weak trade-union regulations.

Canada endured a firm posture on Chapter 19, which they consider one of the greatest achievements of the current agreement. “Our government is absolutely committed to defending it”, said Freeland. Washington requested, though without presenting a formal proposition, the modification of the rules of origin so that they are more strict, avoiding that imports from other nations are considered “made in North America”, just because they were assembled in Mexico.

This round took place while the United States fixated a tariff of almost 220% to the CSeries aircrafts by the Canadian manufacturer Bombardier, after considering that the enterprise had used a governmental subsidy to sell its planes to the United States at artificially low prices.

4th Round (Virginia; October 11-17, 2017)

The United States presented their formal proposal of elevating the rules of origin in the automobile industry and suggested introducing a termination clause in the treaty.

The US proposed elevating the percentage of components of national origin from any of the three countries from 62,5% to 85% so that the production in the automobile industry can benefit from NAFTA. This way 50% of it will be American production.

It was also debated, in the interest of Washington, the debilitation of the system of controversy resolution present in Chapter 19, which was done without registering an approximation of the positions.

To finish, they talked about a termination clause that would give the treaty five years of life and once that time was over, it would automatically disappear, unless, when the time came, the countries decided to renovate it. This proposal received several critiques, many claiming that this could infringe the essence of the agreement and that every five years would generate uncertainty in the region, considering that it would affect the investment plans of companies.

These proposals just sum to the harsh climax of the negotiation that had been present since the last round in which the US had started to defend difficult proposals like the trials for dumping (selling a product for a price below its normal price) in the imports of perishable Mexican products (tomatoes and berries, governmental and textile purchases.

5th Round (Mexico City; November 17-21, 2017)

The fifth round didn't show too many advances. The United States kept their requests and that generated frustration amongst the representatives of Mexico and Canada.

The US didn't receive alternatives to their proposal to change the regional composition from a 62,5% to an 85%, and that at least 50% is American, On the contrary, its commercial partners showed the damage that this proposal could cause to the three economies.

Faced with the US’ intentions to limit the number of concessions that their federal government offers to Mexican and Canadian enterprises, Mexican negotiators responded with a proposal to limit the country’s public contracts to the number of the contracts attained by Mexican companies with other governments inside the NAFTA. Given that the number of those contracts is significantly reduced, US companies will see their contracting being restricted.

Upon completion of this fifth round, the topics that are now more developed are the ones that involve a regulatory enhancement of telecommunications and the chapter on sanitary and phytosanitary measures. With this last thing, Americans are looking to establish new transparent and non discriminatory norms, that will allow each country to establish the degree of protection they find appropriate.

6th Round (Montreal; January 23-29, 2018)

The Sixth Negotiation Round saw some progress. The chapter on corruption was finally closed, and progress was made in other fields. More importantly, we finally saw a discussion that involved some of the core issues that had been pushed back in the previous negotiations. The progression is slow, but steady.

Robert Lightizer rejected the compromise on rules of origin that Canada had previously proposed. The structure was based on the idea that the rules of origin should be  calculated to also include the value of software, engineering and other high-value work, which is currently not counted toward the regional content targets. This would guarantee the safeguarding of high-paying jobs in the area. The US expressed its disapproval to the Canadian proposal. Mexico didn’t find this surprising at all, as it already expected the cold shoulder from their American trade partner on this matter.

In another proposal, Canada made a threat as they claimed that they will keep the right to treat their neighbors worse than other countries if they enter into agreements. One of which could be China. The proposal was obviously not passed, as the US and presumably Mexico considered it ‘unacceptable’.

Although the countries successfully worked towards installing measures against corruption during the round of negotiations, they were far from successful at reaching an agreement on the topic of modifying rules of origin and calculating the regional content of the country in which automobiles are manufactured. All three countries remain motivated to keep making progress and will resume the negotiations for an speculation of two more sessions before the deadline that has been set in March, in order to avoid interference with the presidential election in Mexico and the US midterm elections in November.

Beyond the deadline

After more than seven months of meetings, as we have seen in the round-by-round examination, the negotiations between the three countries still have not reached the pre-agreement threshold that, even waiting to resolve more or less important points, should confirm the shared will to give continuity to NAFTA. The hard positions of the United States and the pressure of Canada and Mexico to save the treaty have so far resulted in a 'tug-of-war' that has allowed some partial, but not decisive, result. Thus, it remains to be determined if the treaty has actually reached its expiration date or may be reissued instead. For the time being, the three countries agree to continue working towards a renewed treaty.

From what has been seen so far in the negotiations, it is difficult to determine which country will be more willing to give in to the pressure exerted by the others. The most controversial issues have barely been addressed until recently, so it is also not possible to point out what achievements each country achieves in this negotiating process.

The two neighbors of the United States, but especially Canada, continue to warn of Trump's risk to end the treaty. An acceleration of the negotiations could help the positive resolution of the process, but the electoral calendar rather threatens delays. On March 30 begins the campaign of the presidential elections in Mexico, which will take place on July 1. In September, the United States will begin to pay more attention to the November Mid-term elections. A substantial progress before the Mexican elections could put the agreement on track, although some issues should have to be agreed later, but if in the next meetings there is not a breakthrough, the three countries could get used to the possibility of ending NAFTA, what would harm the negotiations.

▲Enrique Peña Nieto y Donald Trump, en la cumbre el G20 de julio de 2017 celebrada en Hamburgo [Presidencia de México]

ANÁLISIS / Dania Del Carmen Hernández [Versión en inglés]

Canadá, Estados Unidos y México se encuentran inmersos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El acuerdo comercial entre esos tres países ha sido algo controvertido en los últimos años, especialmente en EEUU, donde se ha puesto en duda su conveniencia. Durante la campaña presidencial, Donald Trump defendió la cancelación del tratado; luego, ya en la Casa Blanca, aceptó que hubiera una renegociación. Trump argumentó que el pacto ha reducido empleos en la industria manufacturera de EEUU y generado un déficit comercial de más de 60.000 millones de dólares con México (18.000 millones de dólares con Canadá), así que a menos de que nuevas condiciones redujeran sustancialmente ese déficit, EEUU se retiraría del acuerdo.

En general, los estadounidenses tienen opiniones positivas sobre el tratado, con un 56% de la población que dice que el TLCAN es beneficioso para el país, y un 33% que dice que es perjudicial, de acuerdo con una encuesta de Pew Research de noviembre de 2017. De entre esos que tienen una opinión negativa, la mayoría son republicanos, con un 53% de ellos que aseguran que México se beneficia en mayor parte, mientras que los demócratas en su mayoría apoyan el pacto y solo un 16% lo ve de modo negativo.

Independientemente de la aceptación pública, la opinión sobre el tratado no siempre ha sido tan dudosa. Cuando el presidente Bill Clinton ratificó el tratado, este fue considerado uno de los mayores logros de su presidencia. De la misma manera que la globalización ha liberalizado el comercio en todo el mundo, el TLCAN también ha expandido el comercio muy eficazmente y ha presentado un gran número de oportunidades para Estados Unidos, al tiempo que reforzaba la economía estadounidense.

Bajo el TLCAN, el comercio de bienes y servicios estadounidenses con Canadá y México pasó de 337.000 millones de dólares en 1994, cuando el tratado entró en vigor, a 1,4 billones en 2016. El impacto ha sido aún mayor si se tienen en cuenta las inversiones transfronterizas entre los tres países, que de 126.800 millones de dólares en 1993 pasaron a 731.300 millones en 2016.

La inquietud de Washington es que, a pesar de ese aumento del volumen comercial, en términos relativos Estados Unidos no está logrando resultados suficientemente fructíferos, comparado con lo que sus vecinos están obteniendo del tratado. En cualquier caso, Canadá y México aceptan que, después de casi 25 años vigencia, el tratado debe revisarse para adaptarlo a las nuevas condiciones productivas y comerciales, marcadas por innovaciones tecnológicas que, como es el caso del desarrollo de internet, no se contemplaban cuando el acuerdo se firmó.

Examen ronda a ronda

La discusión de los tres países afecta a numerosos aspectos, pero puede hablarse de tres bloques, que tienen que ver con ciertas líneas rojas puestas por las distintas partes en la negociación: las reglas de origen; el deseo de Estados Unidos de acabar con el sistema independiente de arbitraje, a través del cual Canadá y México tienen la capacidad de acabar con medidas que violen el acuerdo comercial (eliminación del capítulo 19), y finalmente propuestas, quizás menos decisivas pero igualmente importantes, orientadas a la actualización general del tratado.

Cuando las negociaciones comenzaron, en agosto de 2017, se expresó de poder concluirlas hacia enero de 2018, con la previsión de seis rondas de reuniones. Ese número ya está siendo superado, con una séptima ronda a final de febrero, a la que posiblemente sucedan otras. Alcanzado el inicial deadline, de todos modos, es ocasión de examinar el estado de las discusiones. Una buena forma de hacerlo es seguir la evolución de las conversaciones a través de las rondas de reuniones celebradas y poder valorar así los resultados que se han ido registrando hasta el momento.

1ª Ronda (Washington, 16-20 de agosto de 2017)

La primera ronda de negociaciones puso sobre la mesa las prioridades de cada uno de los tres países; sirvió para fijar la agenda de los principales asuntos que en adelante se discutirían, sin entrar a abordar aún medidas concretas.

En primer lugar, Donald Trump ya dejó claro durante su campaña electoral que consideraba el TLCAN como un acuerdo injusto para Estados Unidos debido al déficit comercial que ese país tiene sobre todo con México y, en menor medida, con Canadá.

Según cifras de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, EEUU pasó de un superávit de 1.300 millones de dólares en 1994 a un déficit de 64.000 millones de dólares en 2016. La mayor parte de este déficit proviene de la industria automotriz. Para la nueva Administración estadounidense, esto pone en duda que el acuerdo tenga efectos beneficiosos para la economía nacional. México, menos predispuesto a introducir importantes cambios, insiste en que el TCLAN ha sido bueno para todas las partes.

Otro tema que se apuntó fue el de la brecha salarial de México frente a Estados Unidos y Canadá. México defiende que, a pesar de contar con uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina, y haber tenido el salario medio estancado durante las dos últimas décadas, esto no se debería tener en cuenta en las negociaciones, pues estima que los salarios mexicanos irán alcanzando los de sus socios comerciales. Por el contrario, para EEUU y Canadá es un tema de preocupación; ambos países advierten que un incremento salarial no dañaría el crecimiento de la economía mexicana.

Las reglas de origen fue uno de los principales temas de discusión. Estados Unidos busca lograr que se aumente el porcentaje de contenido que se requiere para considerar un producto como de origen para que no sea necesario pagar aranceles al moverlo entre alguno de los tres países. Esto resultó controvertido en esta primera ronda, ya que podría afectar de manera negativa a las empresas mexicanas y canadienses. Los especialistas advierten que el mínimo de contenido nacional no existe en ningún tratado de libre comercio del mundo.

Por último, el gobierno de Trump dejó ver sus intenciones de eliminar el Capítulo 19, que garantiza la igualdad a la hora de resolver disputas entre los países, haciendo que no sean leyes nacionales de cada país las que resuelvan el conflicto. Estados Unidos entiende esto como una amenaza a su soberanía y cree que los conflictos deben resolverse de manera que sus propios procesos democráticos no sean ignorados. Canadá condicionó su permanencia en el tratado al mantenimiento de este capítulo. México también defiende garantías de independencia en la resolución de conflictos, aunque de momento en esta discusión no fue categórico.

2ª Ronda (Ciudad de México, 1-5 de septiembre de 2017)

Aunque considerada como exitosa por muchos analistas, la segunda ronda de renegociación siguió un ritmo lento. Algunos temas que avanzaron fueron: salarios, acceso a mercados, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pymes, transparencia, anticorrupción, agro y textiles.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, Juan Pablo Castañón, insistió en que de momento la cuestión salarial no estaba sujeta a negociación, y negó que alguna de las partes tuviera intención de salir del tratado, a pesar de las amenazas en ese sentido de la Administración Trump. Castañón se manifestó a favor de que México apoye el mantenimiento del capítulo 19 o el establecimiento de un instrumento similar para la solución de controversias comerciales entre los tres países.

3ª Ronda (Ottawa, 23-27 de septiembre de 2017)

Los delegados hicieron avances importantes en políticas de competencia, comercio digital, empresas de propiedad estatal y telecomunicaciones. El principal avance fue sobre algunos aspectos relacionados con las pymes.

La canciller canadiense, Chrystia Freeland, se quejó de que Estados Unidos no hubiera realizado propuestas formales ni por escrito en las áreas más complejas, lo que a su juicio demuestra una actitud pasiva de ese país en el contexto de las negociaciones.

El titular de Comercio de EEUU, Robert Lighthizer, dijo que su país está interesado en que se incrementen los salarios en México, bajo la lógica de que eso supone una competencia desleal, pues México ha atraído fábricas e inversiones con sus bajos salarios y sus débiles reglas sindicales. No obstante, líderes empresariales y sindicales mexicanos resisten esas presiones.

Canadá se mantuvo firme en su postura sobre el capítulo 19, que considera uno de los grandes logros del vigente acuerdo. “Nuestro Gobierno está absolutamente comprometido a defenderlo”, dijo Freeland. Washington planteó, aunque sin presentar una propuesta formal, la modificación de las reglas de origen para que fuesen más estrictas y evitar que importaciones de otras naciones sean consideradas “hechas en América del Norte”, solo porque se ensamblaron en México.

Esta ronda se llevó a cabo mientras Estados Unidos fijaba un arancel de casi 220% a las aeronaves Serie C de la armadora canadiense Bombardier, al considerar que la empresa había utilizado un subsidio gubernamental para vender sus aviones a EEUU a precios artificialmente bajos.

4ª Ronda (Virginia, 11-17 de octubre de 2017)

Estados Unidos presentó su propuesta formal de elevar las reglas de origen de la industria automotriz y su sugerencia de introducir una cláusula de extinción del acuerdo.

Estados Unidos propuso elevar del 62,5% al 85% el porcentaje de componentes de origen nacional de alguno de los tres países para que la producción de la industria automotriz pueda beneficiarse del TLCAN, y que el 50% sea de producción estadounidense. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) rechazó la propuesta.

También se debatió el interés de Washington de debilitar el sistema de solución de controversias dentro del tratado (Capítulo 19), sin que se registrara una aproximación de las posiciones.

Por último se habló de la pretensión de incluir una cláusula de extinción, que haría que el tratado dejara de existir a los cinco años, a menos que los tres países decidan renovarlo. Esta propuesta recibió amplias críticas, advirtiendo que esto atentaría contra la esencia del acuerdo y que cada cinco años generaría incertidumbre en la región, pues afectaría los planes de inversión de las empresas.

Estas propuestas se suman al clima de dureza de la negociación, pues ya en la tercera ronda Estados Unidos había empezado a defender propuestas difíciles, en asuntos como los juicios por dumping (vender un producto por debajo de su precio normal) en la importación de productos mexicanos perecederos (jitomates y bayas), las compras gubernamentales y la compra de textiles.

5ª Ronda (Ciudad de México, 17-21 de noviembre de 2017)

La quinta ronda se desarrolló sin grandes avances. EEUU mantuvo sus demandas y eso generó gran frustración entre los representantes de México y Canadá.

Estados Unidos no recibió alternativas a su propuesta de querer aumentar la composición regional desde el 62,5% hasta el 85%, y que al menos el 50% sea estadounidense. Por el contrario, sus compañeros comerciales pusieron sobre la mesa datos que muestran el daño que esta propuesta provocaría en las tres economías.

Ante el deseo de EEUU de limitar el número de concesiones que su gobierno federal ofrece a compañías mexicanas y canadienses, los negociadores mexicanos respondieron con una propuesta para limitar los contratos públicos del país al número de contratos alcanzados por compañías mexicanas con otros gobiernos dentro del TLCAN. Dado que el número de estos contratos es bastante reducido, las compañías de EEUU verían restringida su contratación.

Al terminar esta quinta ronda, los temas que se encuentran más avanzados son los de una mejora regulatoria de las telecomunicaciones y el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Con esto último, los estadounidenses buscan establecer nuevas normas transparentes y no discriminatorias, que permitan que cada país establezca el grado de protección que considere apropiado.

6ª Ronda (Montreal; Enero 23-29, 2018)

La sexta negociación demostró algo de progreso. El capítulo sobre la corrupción fue cerrado finalmente, y hubo avances en otros ámbitos. Se discutieron algunas de las cuestiones importantes que se habían estado dejando de lado en las anteriores negociaciones. El progreso es lento, pero parece abrirse paso.

Robert Lightizer rechazó el compromiso sobre las reglas de origen que Canadá había propuesto previamente. La estructura se basaba en la idea de que las reglas de origen deberían ser calculadas incluyendo el valor del software, la ingeniería y otros trabajos de gran valor, facetas que hoy en día no se tienen en cuenta con vistas al objetivo de contenido regionales.

Como forma de presión, Canadá amenazó con reservaría el derecho de tratar a sus países vecinos peor que a otros países si entran en acuerdos. Uno de ellos podría ser China. La propuesta no fue considerada, puesto que Estados Unidos y México la consideraron inaceptable.

Mas allá de la fecha limite

Después de más de siete meses de reuniones, como queda reflejado en este repaso de las conversaciones ronda  a ronda, las negociaciones entre los tres países siguen sin haber alcanzado el umbral de preacuerdo que, aún a la espera de resolver puntos más o menos importantes, confirmara la voluntad compartida de dar continuidad al TLCAN. Las posturas duras de Estados Unidos y la presión de Canadá y México por salvar el tratado han dado lugar hasta ahora a un 'tira y afloja' que ha permitido algún resultado parcial, pero no decisivo. Así, aún está por determinar si el tratado en realidad ha llegado a su fecha de caducidad o en cambio podrá reeditarse. Por el momento los tres países están de acuerdo en seguir trabajando por conseguir un tratado renovado.

Por lo que se ha visto hasta el momento en las negociaciones es difícil determinar qué país estará más dispuesto a ceder a la presión ejercida por los otros. Las cuestiones más controvertidas apenas han sido abordas hasta recientemente, por lo que tampoco es posible apuntar qué logros consigue cada país en este proceso negociador.

Los dos vecinos de Estados Unidos, pero especialmente Canadá, siguen alertando del riesgo de Trump quiera acabar con el tratado. Una aceleración de las negociaciones podría ayudar a la resolución positiva del proceso, pero el calendario electoral más bien amenaza con aplazamientos. El 30 de marzo comienza la campaña de las presidenciales de México, que tendrán lugar el 1 de julio. En septiembre, Estados Unidos comenzará a estar más pendiente de las elecciones legislativas de noviembre. Un avance sustancial antes de las presidenciales mexicanas podría encarrilar el acuerdo, aunque quedaran para después algunos asuntos por cerrar, pero si en las próximas reuniones no se da ese gran paso, los tres países podrían irse haciendo a la idea acerca del fin del TLCAN, lo que lastraría las negociaciones.

ESSAY / Martín Villegas Jordán

The concept of humanity is a contemporary idea that took shape just recently. Many say that it took place after the conference of Yalta in 1945[1]. In other words, this concept was beginning to be conceived by one of the three leaders that shaped today’s world, U.S. President Franklin D. Roosevelt. During the conference, the three big leaders of the world, who at the time were British Prime Minister Winston Churchill, Soviet Premier Joseph Stalin, and U.S. President Roosevelt[2], came to an agreement (mostly encouraged by Roosevelt) that would eventually give birth to the United Nations. Now it’s vital to know that this intergovernmental organization is intricately composed of the idea of a global union.

Moreover, the concept of a global union, of the United Nations, embodies the idea of humanity as universal. It encompasses the idea of humanity as a composition of every existing nation. In short, humanity eventually becomes the nation for all human beings, a nation of nations. And this is where Mr. Roosevelt plays a relevant role when he said: “A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people”[3].

It’s possible, then to say that the previous century was the time when global issues were given the attention that they deserved. For instance, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) marks 407.62 parts per million of carbon dioxide of earth and 0.99 degrees Celsius for the temperature anomaly of 2016 (denoting that year as one of the sixteen warmest years since 2001)[4].

Besides, humanity faces dramatic gaps in temperature. Take a look, for instance, at Oymyakon, Russia, where the temperature is normally around negative fifty-four degrees Celsius[5]. Now, looking at the Sahara desert, it’s inhabitants face temperatures of fifty-nine degrees Celsius or more.

Moreover, climate change becomes a more pressing matter when looking at two reports of the NASA. On the first hand, the one titled “November of 2017 was the third warmest November on record” states: “The last three Novembers — 2015, 2016, and 2017 — are the three warmest in the entire modern record.”[6]. On the other hand, the one titled “Greenland melt speeds East Coast sea level rise” states the following: “the Greenland and Antarctic influence alone would account for an increase in the rate of sea level rise on the East Coast of 0.0016 to 0.0059 inches (0.04 to 0.15 millimeters) each year, varying by location. That’s equivalent to 7.8 inches (0.2 meters) of sea-level rise on the northern East Coast over the next century, and 2.5 feet (0.75 meters) in the south, though the estimates are quantitative and not an attempt at an actual projection”[7].

Still, having such a clear evidence of climate change, it is true that legislators choose to deny this, which actually ends up convincing people. This is evident, for example, when analyzing the politics of the current President of the U.S., Donald Trump. For instance, during his campaign (when addressing the mining community) he said: “If I take hairspray, and I spread it in my apartment, which is all sealed, you are telling me that affects the ozone layer. I say “no way folks” (…) that is like all of the rules and regulations you people have in mines”[8].

What is also true about this blind humanity is that the many pronunciations of the United States’ president have a strong pull towards decisions that countries in Mesoamerica and South America take. Take Colombia, for instance. Now, this country had banned the eradication of illicit cultivations of drugs by aspartame but president Trump has been insisting and pushing for this harmful way for the environment and for humans that can possibly live by the crops[9]. Furthermore, it can be said that pressure from the North American country has not been light in the rest of Latin America.

Summing up, it is clear that America is clearly in need of renewable energy sources no matter what the political discourse states. Specifically, America is in need of “those sources of energy obtained from natural means that are renewable and susceptible to indefinite use”[10]. Take, for instance, countries like Brazil, Mexico and Argentina, which are called to be the future in the study of sustainability due to their “geographical and climatological conditions, which make Latin America one of the regions that pose high potential from renewable energy sources”[11]. Furthermore, these countries are pioneer in the ambits of wind, hydropower, and large-scale soy growing, which makes them subject to the advantages that the implementation of renewable energy poses. In fact, experts Emma Mendoza and Vadim Pérez at the University of Chile insist on these advantages being: (1) the potential for creating almost six times of what global consumption is today (2) the production being national (3) the de-centralized consumption, meaning that energy is consumed in the place where it is produced and there is no necessity to export (4) the hygiene of the obtained energy, meaning that there are no significantly harmful remnants (5) and the inversion in high tech industry[12].

In fact, in America there has been an exponential growth in the implementation of renewable energy projects since the implementation of the Paris 2015 accords on Climate Change. Such growth though, is directly proportional with the increments in federal or particular centralized companies with strong governmental support [13].

In Latin America the three pillars in the ambit of sustainability are the eolian industry, the hydroelectric industry, and the industry of the monocultures[14]. Of the countries previously mentioned, for example, Brazil and Mexico specialize in the eolian industry, Brazil also plays an important role in hydropower development, and Argentina leads the large scale soy growing. It is of vast importance though, to previously mention the fact that the development of renewable energies is not the only factor that is taken into account when analyzing the socio-scientific field of sustainable energies. Then, in addition to the plain development of these energies, the social movements that emerge in response to the expansion of these industries play a key role for the future of sustainable energies in the world.

It is interesting to look at each of the fields with important developments in America. Firstly, taking a close look at how the wind power is transformed in renewable energy and the toll that it has within a socio-economic sphere. Now, this type of energy is the least efficient between the three types analyzed in this paper because it has the least impact on the environment and on society. However, the two countries that contribute primarily are Brazil and Mexico, respectively, with a generation of 256 MW and 88 MW[15]. Mainly, the power generated in each country is based upon eolian parks built on the appropriate territories. For example, Brazil’s main park is found in the municipality of Osório and it includes three projects that sum a generation potential of 150 MW. Unfortunately, the social outcome of eolian implementation has been negative. Experts Mendoza and Pérez state that the probable origin for the social unrest is the government for ignoring the process of negotiation between enterprises and local habitants. Also, the clean energy enterprises are paying only 1.5% of the incomes to the landowners that put their terrains for the disposition of these enterprises. Besides, other social unrest is the co-ownership of most of the terrains, presenting more negotiation difficulties between enterprises and landowners.  In short, the main opponents (via judicial demands) in Mexico are: “la Union de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Itsmo” and “los centros de Derechos Humanos Topeyec y Gubiña”[16]. As if there was not enough opposition already, these denunciators even claim that some of the acts committed by the enterprises are unconstitutional. 

Secondly, it is important to look at hydroelectric power principally developed in Brazil because hydroelectricity is the principal source of electricity generation in Latin America. For example, Brazil’s hydroelectric power in 2006 accounted for 60% of the total of electricity generated. Furthermore, hydroelectricity can be developed under low costs of operation and high efficacy. It is also important to look at hydroelectric power in Brazil as a pioneer due to the first efforts of implementation that have been present in the country since 1970.

Thirdly, the large-scale soy production can also be considered as a renewable energy source.

Examen a la reformulación del modelo económico castrista intentada por el sucesor de Fidel

El próximo mes de abril, año y medio después de la muerte de Fidel Castro, su hermano Raúl tiene previsto dejar la presidencia de Cuba, en la que ha estado una década. Su legado es el intento de alargar el régimen castrista en el tiempo mediante el obligado saneamiento económico de la isla. Pero las restricciones de las reformas mismas, la lentitud de su aplicación y el hecho de no ir acompañadas de mayor libertad política, han limitado el efecto de los cambios. En cualquier caso, pueden constituir un buen punto de partida para el próximo presidente, si realmente desea avanzar hacia una plena apertura.

ARTÍCULO / Valeria Vásquez

Raúl Castro sustituyó en 2008 a su hermano Fidel como presidente del Consejo de Estado de Cuba. Desde entonces la isla ha vivido cambios en su organización, aunque sin dejar su estructura comunista ni los principios revolucionarios puestos en marcha en 1959. A su llegada al poder, Castro tomó la decisión de encaminarse por una senda de reformas estructurales para “actualizar” el modelo económico-social cubano y salir de la grave crisis económica.

Como parte de ese programa, Raúl Castro aprobó una serie de reformas sociales y económicas de carácter “transformativo”, las cuales tendieron a la introducción de mecanismos de mercado, pero manteniendo la adhesión a los principios socialistas basados en la planificación centralizada (y sin acompañar esos cambios con una liberalización político). La revitalización fue el principal objetivo de las reformas en el ámbito económico, dando un giro a lo que venía siendo una política con un enfoque totalmente socialista y de rechazo a las reformas de libre mercado.

Diez años después del relevo entre los hermanos Castros, el régimen cubano se está preparando para la llegada en abril del primer presidente ajeno a la familia. Aunque todavía no se ha confirmado quién será el nuevo mandatario, se prevé que, dentro de una continuidad, el designado sea el actual vicepresidente, Miguel Díaz-Canel.

El país se encuentra actualmente en una situación desventajosa, con la incertidumbre política sobre la nueva etapa que se abre, las graves dificultades económicas que atraviesa Venezuela ( el principal país benefactor de la isla por más de una década), y las truncadas expectativas exteriores que supuso hace uno año la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Actualización del modelo económico

Desde 1959, el modelo económico cubano se ha basado en principios revolucionarios socialistas. Desde la llegada de Raúl Castro al poder, sin embargo, se abordó un proceso de transformación, considerado necesario para sacar adelante una economía que se encontraba estancada y sumergida en una grave crisis.

En realidad no se dio una modificación sustancial del modelo económico, sino una actualización del mismo, manteniendo el predominio de la planificación central estatal y de la propiedad estatal sobre las leyes del libre mercado. El objetivo de ese proceso ha sido garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, como han declarado las autoridades cubanas, así como fomentar el desarrollo económico del país y mejorar el nivel de vida de la población.

El marco de reformas se aprobó en el VI Congreso del Partido Comunista Cubano, celebrado en 2011. Entre otros puntos, los acuerdos aprobados establecían la entrega de un usufructo a campesinos y cooperativas, y abrían las puertas al despido masivo de cientos de empleados estatales. Las pautas de la reforma, sin embargo, no fijaban el papel específico que el sector estatal y el estatal debían jugar en la economía.

La llamada actualización del modelo cubano ha logrado la expansión del mercado y de las propiedades no estatales, pero en una economía que sigue estando condicionada por la planificación estatal esta medida sigue resultando ineficiente, al igual que sucedió en China o Vietnam. Aunque la empresa estatal sigue prevaleciendo (de una forma más descentralizada, mediante el autofinanciamiento y sin subsidios fiscales), en el sector privado se la logrado una flexibilización, pero los fuertes impuestos a este sector siguen obstaculizando su desarrollo.

Tierras en usufructo

Uno de los grandes pilares de las reformas del gobierno de Castro fue la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas a campesinos y cooperativas, con el propósito de reducir las importaciones y aumentar la producción. Los usufructuarios han obtenido el derecho a cultivar esas tierras y a quedarse lo que cosechen, pero el Estado sigue manteniendo la propiedad y puede rescindir el contrato por razones de interés público.

La regulación se llevó a cabo mediante dos leyes: una primera, en 2008, sujeta a muchas restricciones y en realidad desventajosa para los agricultores; y una segunda, en 2012, más flexible, mediante la cual el gobierno ampliaba el tamaño de la parcela (de 13 a 67 hectáreas), aprobaba la plantación de huertos y bosques, y además permitía la construcción de casas al lado de las tierras (anteriormente prohibidas).

En marzo de 2011, el gobierno informó que ya se habían entregado 128.000 usufructos, que totalizaban 1,2 millones de hectáreas. De todos modos, aunque la ley de 2012 era menos restrictiva que la anterior, como se ha dicho, seguía incluyendo ciertas trabas que desincentivaban la implicación de los agricultores: estos registraron ganancias, pero solo después de sortear diversos obstáculos.

Despido masivo funcionarial y cuentapropismo

A principios del año 2011, la nómina estatal presentaba una tasa “inflada”, con millones de empleados estatales en puestos y condiciones de trabajo precarias. Por esta razón, Raúl Castro promovió el despido de 500.000 trabajadores estatales excedentes, entre octubre de 2010 y marzo de 2011, lo que elevó la tasa de desempleo al 12%. Para contrarrestar esta medida, se crearon en una primera etapa 250.000 empleos por cuenta propia y se fomentaron también otras actividades privadas.

Esta medida era necesaria para elevar la productividad laboral, reducir gastos y aumentar los salarios. Los acuerdos del VI Congreso del PCC permitieron la aprobación de 178 actividades por cuenta propia: muchas de ellas eran muy específicas y no cualificadas (como carretilleros o cuidadores de baño), y unas pocas cualificadas (como traductores o agentes de seguro). Con ello se flexibilizó el trabajo privado.

Así, en un país con una fuerza laboral de 5 millones de personas, del total de 11,2 millones que residen en la isla, un total de 4,2 millones de los que trabajan son empleados estatales y el resto se ubica en el sector no estatal, formado por cooperativas agrícolas, campesinos privados y empleados por cuenta propia [1]. Estos últimos alcanzan hoy las 500.000 personas. A pesar de este desarrollo de lo que en Cuba se conoce como cuestapropismo, existen restricciones que hacen que la mayoría de profesionales no puedan trabajar por su cuenta en su profesión, y esto reduce el capital humano disponible para potenciar la economía del país.

Apertura a la inversión extranjera

El flujo de inversiones desde el exterior no ha acompañado las reformas impulsadas por Raúl Castro, lo que ha constituido uno de los mayores obstáculos para el éxito buscado. Para atraer esas inversiones extranjeras, en 2013 se inauguró la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). Al puerto de Mariel, ubicado a 45 kilómetros al oeste de La Habana, se le adjudicó una zona industrial de extensión de 465,4 kilómetros cuadrados y una terminal de buques avanzada. El propósito era convertir la ZEDM, mediante la existencia de incentivos para atraer inversiones, en la principal puerta de entrada y salida del comercio exterior y la mayor estructura industrial de Cuba [2]. Sin embargo, a cuatro años de su inauguración, los resultados no han sido los esperados. En un proceso administrativo que ha seguido un ritmo extraordinariamente lento, hoy en día solo se ha aprobado la instalación de 33 empresas, algo que queda muy lejos de los 2.500 millones de dólares que la ZEDM pensaba atraer anualmente.

El restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington llevado a cabo al final de la Administración Obama no ha acelerado las inversiones de Estados Unidos o de otros países occidentales. Además de que el embargo estadounidense sigue en pie, la Administración Trump ha dado marcha atrás las disposiciones aprobadas por su antecesor que abrían una tímida puerta a una mayor relación económica.

Situación económica

El plan de reformas de Raúl Castro no ha tenido el éxito esperado, principalmente por el grado de restricción que las regula. La falta de la pretendida revitalización económica se ha manifestado en el pobre desempeño de la economía cubana en los últimos años. En 2016, Cuba cayó en recesión, con un decrecimiento económico del 0,9%. En 2017 pudo recuperarse ligeramente (cifras aún no cerradas hablan de un aumento del 1,6% del PIB) gracias al auge del turismo y a unos mejores resultados agrícolas.

En la ultima década, el turismo ha sido precisamente uno de los activos de la economía cubana. De acuerdo con un informe de la CEPAL, el turismo a la isla creció en 2017 un 11,9%, con 4,7 millones de visitantes. Ese aumento contabiliza el mayor número de visitas realizadas desde Estados Unidos, posibilitadas por la eliminación de restricciones aprobada por Obama, pero que Trump ha vuelto a imponer.

Por otra parte, Cuba mantiene su crónico déficit comercial. Si bien en 2016 logró reducirlo al 9,6% del PIB, las perspectivas no son buenas, dadas las dificultades de Venezuela para seguir suministrado petróleo, prácticamente a fondo perdido. En 2015, Venezuela fue el principal socio comercial de Cuba, con el que mantiene el 36% de su comercio exterior, en un intercambio valorado en 4.000 millones de dólares. Por detrás le sigue China, con un 28%, país que vende en condiciones de crédito blando a la isla.

Legado y nuevos retos

A punto de terminar la presidencia de Raúl Castro, Cuba se encuentra en una situación poco favorable, con una economía a la que le cuesta salir del estancamiento y con un programa de reformas estructurales que han sido insuficientes para resolver los problemas socio-económicos acumulados durante más de 60 años de socialismo estatal centralizado. El carácter tímido y el ritmo lento de las reformas económicas no han ayudado a relanzar la economía.

No obstante, durante su década en el poder, Castro ha liderado cambios en la gestión del modelo, algo que conviene tener en cuenta por más que en el ámbito político haya perpetuado la falta de libertad y la persecución de la actividad opositora, sin que eso suponga minusvalorar la culpa moral de la dictadura. Entre los cambios realizados está la apertura a la inversión extranjera, las nuevas relaciones diplomáticas, la participación en foros latinoamericanos y la inmersión de los cubanos en el trabajo por cuenta propia.

Probablemente obligado por las circunstancias, Raúl Castro supo romper algunos de los obstáculos y de las barreras ideológicas que su hermano Fidel había implementado en la isla por más de 40 años en el poder. El legado del presidente saliente marca un cierto avance, pero serán las acciones del entrante las que indique si Cuba verdaderamente camina hacia la apertura económica –y política– ansiada por los cubanos.

[1] VIDAL, P. y PÉREZ Villanueva, Omar E. “Se extiende el cuentrapropismo en Cuba”. Espacio Laical, vol. 6, n. 3 (2010), p. 53-58.

[2] HERSHBERG, E., & LEOGRANDE, W. M. (2016). A new chapter in US-Cuba relations: social, political, and economic implications. New York: Palgrave Macmillan.

[Riordan Roett, Guadalupe Paz (Eds.). Latin America and the Asian Giants: Evolving Ties with China and India. Brookings Institution Press, 2016, 336 páginas]

RESEÑA / Ignacio Urbasos Arbeloa

El comercio entre América Latina y la región de Asía-Pacífico ha crecido durante la última década a un vertiginoso ritmo del 21% anual[1]. Sin embargo, el protagonismo de China ha eclipsado y concentrado la gran mayoría de los análisis académicos, dejando a otros actores tan relevantes como India en un segundo plano.  Este libro de Riordan Roett, Guadalupe Paz y otros colaboradores de diferentes partes del mundo ofrece una interesante comparativa entre los dos “gigantes asiáticos” en sus relaciones con los países latinoamericanos en un nuevo contexto global. Esta reseña, va a centrarse en el ascenso de India en la región, si bien las referencias a China son ineludibles.

Los lazos históricos entre América Latina e India, aunque débiles, han existido desde el periodo colonial. A día de hoy un millón de personas[2] descendientes de migrantes  indios viven en el Caribe, un hecho que puede considerarse una oportunidad para generar canales de diálogo, sin embargo la magnitud de la diáspora India elimina todo rasgo de excepcionalidad. Otro elemento interesante relaciona directamente a India y Brasil, dos países que comparten en cierta medida el legado portugués y han sido abanderados de la cooperación Sur-Sur hasta el día de hoy, un planteamiento que han compartió tanto Lula y Dilma como Modi.  En el apartado histórico, la relevancia de India es mucha mayor que la de China, la cual carece de relevantes referencias socio-culturales en la región.

La creciente presencia económica de los dos gigantes asiáticos en Latinoamérica no ha pasado desapercibida en el debate político. Históricamente, lo sectores de izquierda han apoyado en mayor medida el incremento de las relaciones comerciales con China al considerarlo una vía para lograr la emancipación e independencia del continente con respecto de los Estados Unidos.  La derecha, por el contrario, se ha mostrado reacia a una mayor presencia de China, alineándose en el caso de los países de la Alianza Pacífico con el TPP, el cual hasta la llegada de Trump pretendía ser un tratado de libre comercio orientado a incrementar la presencia del continente americano en Asía-Pacífico al margen de China[3].  En opinión de los autores, América Latina carece de una narrativa y estrategia cohesionada sobre China, reduciendo así drásticamente su capacidad de negociación e influencia sobre el país asiático. El caso de India es diferente, al ser todavía el volumen de comercio una décima parte que el chino, tratarse de un país democrático, aliado de EEUU y con una mejor imagen en el continente.

A pesar de que la gran mayoría de las exportaciones latinoamericanas hacía Asia se componen de commodities y las importaciones, de productos manufacturados, existen sutiles diferencias que explican la mejor imagen de India en la región. En primer lugar, las importaciones chinas están mucho más diversificadas que las indias, generando una percepción general de destrucción del tejido industrial y empleos locales debido a la mayor competitividad por las economías de escala y la distorsión del yuan.  Igualmente, lo que India exporta a Latinoamérica son productos valorados socialmente (como es el caso de los fármacos genéricos, que han permitido reducir el precio de los medicamentos) y vehículos baratos, al tiempo empresarios indios instalan compañías de la información, que han generado 20.000 empleos en la región.

Por lo que se refiere a las importaciones, tanto India como China concentran sus compras en productos naturales, siendo el perfil de India más energético y el chino más minero. Ambos países concentran una enorme demanda de soja, un producto que de acuerdo con Riordan Roett será gradualmente cada vez más importante debido a su versatilidad como alimento, pienso y origen de biocombustibles. Es importante remarcar, que América Latina es una de las claves en la seguridad energética y alimentaria de  estos países, los cuales afrontan este enorme reto derivado del tamaño de su población de forma diferente: India apuesta por la inversión privada y China por acuerdos de compra a largo plazo a sus empresas públicas. Una posible colisión entre los dos gigantes asiáticos por acceder a estos mercados no puede ser descartada, con las implicaciones geopolíticas que eso conlleva.

En cuanto al posicionamiento financiero de India en América Latina, la realidad muestra una presencia casi testimonial en comparación con el de China. Sin embargo, cabe destacar que a inversión y los préstamos indios son vistos con mucho mejores ojos que los chinos. En general, India actúa como un socio transparente y acostumbrado a las prácticas latinoamericanas, algo que no ocurre con China, cuyos actores están más acostumbrados a tratar con una compleja burocracia más que con un sistema democrático. Igualmente los préstamos chinos, cada vez más presentes en ciertas economías como la venezolana o ecuatoriana han demostrado ser menos ventajosos que los de los organismos internacionales como FMI o BID al tener mayores intereses y estar ligados a estrictas condiciones de compra de bienes.  Todo esto hace de India un socio más amable para la opinión pública: un reto que deberá afrontar conforme incremente su presencia en la región y con ello se pueda apreciar su verdadera forma de actuar en el exterior, todavía una incógnita.

En definitiva, el papel de India en la región es prometedor aunque todavía de alcance limitado. El crecimiento anual del comercio entre ese país y Latinoamérica fue de un 140% entre 2009-2014[4] y además India ya ha firmado los primeros tratados de libre comercio (con MERCOSUR y Chile), aunque de escasa magnitud. Hay que destacar que se trata principalmente de un comercio de naturaleza interindustrial, en el que los países latinoamericanos exportan productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales e importan manufacturas de distintas intensidades tecnológicas, lo que limita el potencial para establecer relaciones económicas más profundas entre ambas regiones[5] y las condena a las fluctuaciones en precio de las commodities. El hecho de que un carguero necesite entre 45 y 60 días en llegar desde la costa chilena a los puertos indios supone una verdadera barrera para el comercio, sin embargo existen muchos motivos para esperar de India una mayor presencia regional, como sus excelentes relaciones con Brasil, las expectativas de crecimiento anual de más del 7% de su PIB y la ineludible importancia de América Latina para garantizar la seguridad energética y alimentaria de la creciente población del país asiático.

Introducción al proyecto de cooperación de 12 países de la UE ubicados entre los mares Báltico, Adriático y Negro

A los esfuerzos de integración Este-Oeste propios de la ampliación de la Unión Europea, se han añadido varias iniciativas de conexión Norte-Sur entre los países de Europa Central y Oriental, como esta de los Tres Mares. El objetivo es superar el déficit de infraestructuras viarias y mejorar la conexión entre esas naciones, algo que potenciará la cooperación en la región y en el conjunto de la UE.

▲Primera reunión del nuevo foro, en la ciudad croata de Dubrovnik, en agosto de 2016 [i3]

ARTÍCULO / Paula Ulibarrena

¿Qué es y qué pretende?

Se trata de una iniciativa de Polonia y Croacia que reúne a 12 países ubicados entre el Báltico, el Adriático y el mar Negro por lo que también es conocida como la iniciativa del Báltico, Adriático y Mar Negro o de los tres mares de Europa Central (Baltic, Adriatic, Black Sea -BABS- Initiative).

El objetivo fundamental es promover que esos países de la Unión Europea tengan una mayor cooperación en el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo económico, la cooperación económica y sobre todo en recursos energéticos. El presidente polaco, Andrzej Duda, expresó el deseo de que la Iniciativa de los Tres Mares contribuya a la modernización, integración y unificación de Europa Central, Europa Oriental y toda Unión Europea.

¿Cómo y dónde nace este foro?

Tras la caída del Muro de Berlín, los avances hacia una Europa unida, libre y en paz han sido muchos. La entrada de los países de Europa Central en la Unión Europea y en la OTAN ha contribuido a la seguridad, estabilidad y prosperidad de todo el continente. Pero esta labor está lejos de haberse culminado. Y el papel cohesionador que juegan las infraestructuras será capital a la hora de conseguirlo.

Durante más de medio siglo, los esfuerzos por desarrollar conexiones e infraestructuras europeas se focalizaron en el eje Este-Oeste. Después de la caída del Muro, los gobiernos de la zona se centraron en integrar sus economías en los mercados occidentales, dejando aparcado el desarrollo de una infraestructura interregional Norte-Sur. Tras décadas de desinversión, en los últimos veinte años se ha hecho un esfuerzo importante para ponerse al día: se han construido 5.600 kilómetros de autopista. Pero el desajuste entre las dos Europas sigue siendo notorio: un ciudadano de la vieja Europa tiene, de media, el doble de kilómetros de autopista que uno de Europa Central.

Con el objetivo de revertir la situación, los presidentes de Polonia y de Croacia, Andrzej Duda y Kolinda Grabar-Kitarović, respectivamente, lanzaron en 2015 un proyecto para la construcción de infraestructuras de energía, transporte y telecomunicaciones en Europa Central. La llamaron la iniciativa de los Tres Mares.

¿Por quién está formado?

La iniciativa pretende modernizar los vínculos económicos entre las doce naciones de la UE situadas entre el Báltico, el Mar Negro y el Mar Adriático (Austria, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia). Esta región aglutina el 28% del territorio de la Unión Europea y el 22% de su población. Pero solo supone el 10% de su PIB.

En 2016 a Polonia y Croacia se sumaron la mayoría de los países de Europa Oriental: Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa y Rumanía. Por tanto un eje norte-sur que, salvo Austria,  se corresponde con los antiguos países comunistas.

La llamada iniciativa de los Tres Mares tuvo su primera sesión los días 25-26 de agosto de 2016 en Dubrovnik y finalizó con una declaración de cooperación en materia económica, sobre todo en el campo de la energía, transportes y comunicaciones.  Además de los países miembros, acudieron como invitados representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de China y del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU.

La segunda reunión tuvo lugar los días 6-7 de julio de 2017 en Varsovia, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como invitado. De hecho esta visita supuso cierto desaire a otros países de la UE.

La tercera reunión tendrá lugar en Rumanía, en 2018, si bien todavía no se ha fijado la ciudad.

¿Cómo se financia?

Lo cierto es que la UE ha jugado y juega un papel fundamental en este sentido, y ya ha dedicado 150.000 millones de euros de los Fondos Estructurales, más dinero adicional del Connecting Europe Facility y del Banco de Inversión Europeo. Sin embargo, todavía es necesario invertir más de 384.000 millones en otros 2.000 proyectos para completar o modernizar estos corredores.

Una inversión de esta cuantía sobrepasa las posibilidades de las instituciones públicas, por lo que tanto compañías de infraestructuras como instituciones financieras deberán tener un papel fundamental. Hasta la fecha, este tipo de financiación ha sido mucho menos importante que las aportaciones de los estados. Sin embargo, el aumento de la deuda pública hace que cada vez sea más interesante contar con fuentes que minimicen el impacto en las cuentas públicas.

Proyección

Ante el requerimiento de esta magnitud de recursos, cabe la pregunta de si Europa Central es realmente un mercado atractivo para la inversión. En este sentido, se pueden hacer dos apuntes. Nos encontramos con una región que cuenta, en primer lugar, con muy buenas perspectivas de crecimiento económico (se espera que adelante a la Vieja Europa en los próximos cinco años), y en segundo lugar, con un sector de la construcción que se prevé crezca a un ritmo del 3,1% de media anual (comparado con el 2,3% previsto para Europa Occidental), según datos de BMI Research. Esto, sin duda, es atractivo para los inversores.

La otra parte de la historia es que no dejamos de estar ante una región emergente. Y, como es lógico, esto además de generar reservas, conlleva un mayor nivel de riesgo. En este sentido, también nos encontramos con situaciones muy distintas dependiendo del país de la región en el que centremos la vista. Por ejemplo, Estonia es ahora mismo lo que los inversores llaman un “sweet spot”, con beneficios muy elevados y poco riesgo. Pero es el único país de la región en esta categoría. Hay países –como Lituania, Croacia, Eslovaquia y Eslovenia–, donde los riesgos son equivalentes a los de Grecia o Italia, pero los beneficios son relativamente bajos. Y otros presentan el problema contrario: beneficios cuantiosos pero demasiado riesgo.

La experiencia de aquellos players ya presentes en esta área –algunos españoles como Ferrovial, Bankia o BBVA–, enseñan que aunque cada país presenta peculiaridades importantes, se pueden hablar de algunos riesgos comunes. Por citarlos brevemente, la falta de apoyo político; regímenes regulatorios poco transparentes; procesos de contratación –como PPPs y concesiones– muy complejos; falta de proyectos con el nivel de madurez necesario para despertar el apetito de los inversores, y la poca habilidad del sector público de estos países para acogerse a esquemas de financiación privada, entre otros.

En una economía cada vez más competitiva y global, la prosperidad y el bienestar de una Europa unida dependerán de lo rápido que esta se adapte al mundo de hoy. En ese proceso, construir una red de transporte conectada, segura, asequible y sostenible que conecte la UE de norte a sur es clave. Hacerlo repercutirá, de forma directa, en un aumento de la competitividad de todos los países europeos, y en consecuencia, en el crecimiento económico de Europa en su conjunto.

DOC. DE TRABAJO / Iñigo González Inchaurraga

RESUMEN

El principal, aunque no el único, elemento de contención entre Estados Unidos y China es Taiwán. Mientras que Washington mantiene una política de una sola China, Pekín defiende el principio de “una sola China”, proclamando que solo hay una China en el mundo y que tanto la isla de Taiwán como la zona continental son la misma República Popular China. Las autoridades chinas también sostienen que la soberanía y el territorio chino no pueden dividirse. A los ojos de Pekín, Taiwán es una provincia renegada surgida de la guerra civil china, por lo que la reunificación es la única opción de futuro para la isla. Esta reunificación, preferiblemente, debería producirse de manera pacífica, pero el uso de la fuerza tampoco puede descartarse si Taiwán pretendiese una independencia de jure. Por su parte, el Gobierno de Taipéi reclama su estatus como Estado soberano. El caso es que estando a finales de la década de 2010, resulta complicado seguir pidiendo a China que cumpla con el Derecho Internacional en relación, por ejemplo, a la resolución del Tribunal Permanente de Arbitraje y las disputas territoriales en el Mar de la China Meridional, mientras que Taiwán sigue siendo una anomalía que atenta contra ese mismo Derecho Internacional que Pekín debe cumplir ateniéndose a las normas de la ONU sobre el Derecho del Mar.

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